Javier García (ReMC), Agustín Yanel (FeSP) y Yolanda Quintana (PDLI) tras presentar el pedido
La Red de Medios Comunitarios (ReMC), la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) celebran que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado en el Congreso de los Diputados que va a derogar “los aspectos más virulentos de la Ley Mordaza“, y esperan acciones inmediatas para cumplir ese compromiso. Pero la democratización del sector audiovisual necesita más medidas.
Estas tres organizaciones han solicitado por escrito a la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, y al secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, Francisco Polo, que se cumpla la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) y se acabe inmediatamente con el bloqueo en el acceso a licencias de emisión a los medios de comunicación. Esta situación perjudica a más de 5.000 personas que ejercen su derecho a comunicar por los medios sin ánimo de lucro y a las miles que escuchan y ven estas emisoras.
En junio de 2017, hace ya un año, la misma mayoría parlamentaria que ha votado a Sánchez para llegar a La Moncloa (y algunos partidos más, como Ciudadanos y todo el Grupo Mixto) aprobó una proposición no de ley (PNL) en la que instaban al Ejecutivo de Mariano Rajoy a cumplir la LGCA en materia de medios comunitarios; es decir, a planificar licencias para estas radios y televisiones.
En esa PNL también piden al Gobierno que otorgue autorizaciones provisionales a los medios comunitarios anteriores a 2009. Cuatro comunidades autónomas han solicitado al Ejecutivo que planifique espectro radioeléctrico para los medios comunitarios, de forma que posteriormente las autonomías puedan adjudicar estas licencias. Se trata de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Islas Baleares y Andalucía. Navarra también ha anunciado que lo solicitará.
Tras la PNL, el Gobierno del PP siguió ignorando la voluntad popular y la de sus representantes. Eso no ha sido menos grave que haber incumplido la LGCA durante 7 años, haber excluido a las televisiones comunitarias del reparto de licencias de la TDT (el Comité de Derechos Humanos de la ONU investiga a España por ello) y, en definitiva, no haber planificado frecuencias para radios y televisiones comunitarias sin ánimo de lucro.
En la misiva, ReMC, FeSP, PDLI piden al Gobierno que cambie la actitud que ha mantenido hasta ahora la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y Agenda Digital sobre este asunto. La gestión del espectro radioeléctrico debe ajustarse a la realidad: sí hay espacio para los medios comunitarios en el dial. Además, dar seguridad jurídica a estas iniciativas ciudadanas es beneficioso para todo el sector audiovisual, ya que recorta el espacio a las emisiones pirata que hacen competencia desleal a otros operadores, tal y como asegura un informe jurídico de la Generalitat de Cataluña.
“Siempre hay tiempo para hacer justicia, aunque sea tarde. Pero para hacer historia solo hay una oportunidad. Y solo el Gobierno puede hacerlo. Este país y las miles de personas y organizaciones vinculadas a los medios comunitarios lo necesitamos”, subraya el presidente de la ReMC, Mariano Fernández.
“Es el momento de acercarnos a Europa en la democratización de la comunicación, promoviendo los medios comunitarios, impulsando el derecho de acceso de la ciudadanía a los medios de comunicación públicos, fomentando la alfabetización mediática y acabando con las Leyes Mordaza. En materia de comunicación, España aún no es una democracia plena”.
“En un país democrático es escandaloso e inconcebible que, ocho años después de la entrada en vigor de la LGCA, el Gobierno del PP no haya cumplido la disposición que le obligaba a elaborar en el plazo de un año un reglamento para la concesión de licencias”, ha manifestado el secretario general de la FeSP, Agustín Yanel.
“El Ejecutivo del PSOE debe hacerlo ahora, y los grupos parlamentarios deberían modificar la ley citada, para que el espacio radioeléctrico se reparta por tercios: una parte para los medios públicos, otra para los privados y una para los medios comunitarios”.
“Cuando en Europa desde las instituciones se reconoce como un problema la concentración mediática y la falta de pluralidad en la propiedad de los medios, en España seguimos sin ponerle solución, a pesar de que tenemos una norma, la Ley General de Comunicación Audiovisual, que abrió el camino a paliar ese déficit reconociendo el papel de los medios comunitarios”, ha explicado la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez.
“Desde la PDLI, convencidos de la importancia de los medios comunitarios para el derecho a la información a la ciudadanía que defendemos, exigimos el cumplimiento de la LGCA en lo que respecta a estos medios y el cese de los obstáculos legales para su funcionamiento y sostenibilidad”.
Sin coste económico, excepto si se incumple
La puesta en práctica de la PNL sobre medios comunitarios no supondría coste económico alguno, por lo que no afecta a los Presupuestos Generales del Estado. Por el contrario, no poner en marcha esta PNL sí puede suponer costes para las arcas públicas, ya que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas puede establecer la necesidad de reparar económicamente el daño hecho al sector de los medios comunitarios por el incumplimiento de la legislación por parte del Gobierno.
ReMC, FesP y PDLI consideran que los medios comunitarios deben gozar de seguridad jurídica para operar (licencias o instrumentos análogos), protección ante interferencias de emisoras comerciales piratas y acceso a medidas de fomento impulsadas por las administraciones públicas.
Aunque hay diversas formas de satisfacer esta necesidad democrática, una de las mejores maneras consiste en que el Gobierno de España cumpla de una vez por todas lo que establece la Ley General de la Comunicación Audiovisual para los medios comunitarios sin ánimo de lucro y planifique frecuencias para estas iniciativas ciudadanas ajustándose a las recomendaciones que la UNESCO hace a los Estados en materia de medios comunitarios.
Según los datos de la ReMC y la Red de Investigación en Comunicación Comunitaria y Participativa (RICCAP), unos 200 medios comunitarios emiten por ondas en todo el Estado español.
Estas tres organizaciones han solicitado por escrito a la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, y al secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, Francisco Polo, que se cumpla la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) y se acabe inmediatamente con el bloqueo en el acceso a licencias de emisión a los medios de comunicación. Esta situación perjudica a más de 5.000 personas que ejercen su derecho a comunicar por los medios sin ánimo de lucro y a las miles que escuchan y ven estas emisoras.
En junio de 2017, hace ya un año, la misma mayoría parlamentaria que ha votado a Sánchez para llegar a La Moncloa (y algunos partidos más, como Ciudadanos y todo el Grupo Mixto) aprobó una proposición no de ley (PNL) en la que instaban al Ejecutivo de Mariano Rajoy a cumplir la LGCA en materia de medios comunitarios; es decir, a planificar licencias para estas radios y televisiones.
En esa PNL también piden al Gobierno que otorgue autorizaciones provisionales a los medios comunitarios anteriores a 2009. Cuatro comunidades autónomas han solicitado al Ejecutivo que planifique espectro radioeléctrico para los medios comunitarios, de forma que posteriormente las autonomías puedan adjudicar estas licencias. Se trata de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Islas Baleares y Andalucía. Navarra también ha anunciado que lo solicitará.
Tras la PNL, el Gobierno del PP siguió ignorando la voluntad popular y la de sus representantes. Eso no ha sido menos grave que haber incumplido la LGCA durante 7 años, haber excluido a las televisiones comunitarias del reparto de licencias de la TDT (el Comité de Derechos Humanos de la ONU investiga a España por ello) y, en definitiva, no haber planificado frecuencias para radios y televisiones comunitarias sin ánimo de lucro.
En la misiva, ReMC, FeSP, PDLI piden al Gobierno que cambie la actitud que ha mantenido hasta ahora la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y Agenda Digital sobre este asunto. La gestión del espectro radioeléctrico debe ajustarse a la realidad: sí hay espacio para los medios comunitarios en el dial. Además, dar seguridad jurídica a estas iniciativas ciudadanas es beneficioso para todo el sector audiovisual, ya que recorta el espacio a las emisiones pirata que hacen competencia desleal a otros operadores, tal y como asegura un informe jurídico de la Generalitat de Cataluña.
“Siempre hay tiempo para hacer justicia, aunque sea tarde. Pero para hacer historia solo hay una oportunidad. Y solo el Gobierno puede hacerlo. Este país y las miles de personas y organizaciones vinculadas a los medios comunitarios lo necesitamos”, subraya el presidente de la ReMC, Mariano Fernández.
“Es el momento de acercarnos a Europa en la democratización de la comunicación, promoviendo los medios comunitarios, impulsando el derecho de acceso de la ciudadanía a los medios de comunicación públicos, fomentando la alfabetización mediática y acabando con las Leyes Mordaza. En materia de comunicación, España aún no es una democracia plena”.
“En un país democrático es escandaloso e inconcebible que, ocho años después de la entrada en vigor de la LGCA, el Gobierno del PP no haya cumplido la disposición que le obligaba a elaborar en el plazo de un año un reglamento para la concesión de licencias”, ha manifestado el secretario general de la FeSP, Agustín Yanel.
“El Ejecutivo del PSOE debe hacerlo ahora, y los grupos parlamentarios deberían modificar la ley citada, para que el espacio radioeléctrico se reparta por tercios: una parte para los medios públicos, otra para los privados y una para los medios comunitarios”.
“Cuando en Europa desde las instituciones se reconoce como un problema la concentración mediática y la falta de pluralidad en la propiedad de los medios, en España seguimos sin ponerle solución, a pesar de que tenemos una norma, la Ley General de Comunicación Audiovisual, que abrió el camino a paliar ese déficit reconociendo el papel de los medios comunitarios”, ha explicado la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez.
“Desde la PDLI, convencidos de la importancia de los medios comunitarios para el derecho a la información a la ciudadanía que defendemos, exigimos el cumplimiento de la LGCA en lo que respecta a estos medios y el cese de los obstáculos legales para su funcionamiento y sostenibilidad”.
Sin coste económico, excepto si se incumple
La puesta en práctica de la PNL sobre medios comunitarios no supondría coste económico alguno, por lo que no afecta a los Presupuestos Generales del Estado. Por el contrario, no poner en marcha esta PNL sí puede suponer costes para las arcas públicas, ya que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas puede establecer la necesidad de reparar económicamente el daño hecho al sector de los medios comunitarios por el incumplimiento de la legislación por parte del Gobierno.
ReMC, FesP y PDLI consideran que los medios comunitarios deben gozar de seguridad jurídica para operar (licencias o instrumentos análogos), protección ante interferencias de emisoras comerciales piratas y acceso a medidas de fomento impulsadas por las administraciones públicas.
Aunque hay diversas formas de satisfacer esta necesidad democrática, una de las mejores maneras consiste en que el Gobierno de España cumpla de una vez por todas lo que establece la Ley General de la Comunicación Audiovisual para los medios comunitarios sin ánimo de lucro y planifique frecuencias para estas iniciativas ciudadanas ajustándose a las recomendaciones que la UNESCO hace a los Estados en materia de medios comunitarios.
Según los datos de la ReMC y la Red de Investigación en Comunicación Comunitaria y Participativa (RICCAP), unos 200 medios comunitarios emiten por ondas en todo el Estado español.
Fuente: Medios Comunitarios
