La iniciativa amplía el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) vigente desde 2024 y establece un régimen de beneficios para proyectos de inversión de gran escala en sectores considerados estratégicos, entre ellos los centros de datos vinculados con inteligencia artificial, la minería, los hidrocarburos, la infraestructura digital, los semiconductores y la biotecnología.
La carta fue suscripta por integrantes de universidades nacionales, organismos científicos y tecnológicos y otras instituciones de distintas provincias. Entre los espacios bonaerenses representados figuran las universidades nacionales de Avellaneda, Hurlingham, Lanús, La Plata, Moreno, Noroeste, Quilmes, San Martín y Tres de Febrero, además de la Universidad Tecnológica Nacional y la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC).
Una copia del documento fue remitida a los senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires Eduardo "Wado" de Pedro, Juliana Di Tullio y Maximiliano Abad, en coincidencia con el tratamiento del proyecto en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General.
La renuncia al derecho de regular sectores estratégicos
En el documento, los firmantes cuestionan especialmente la extensión temporal y el alcance de los beneficios que contempla el régimen. Sostienen que el proyecto otorgaría a grandes corporaciones tecnológicas transnacionales beneficios fiscales, estabilidad regulatoria y protección jurídica durante varias décadas, sin establecer —según advierten— contraprestaciones equivalentes en materia de empleo, transferencia tecnológica, investigación y desarrollo o compromisos de desarrollo nacional.
"El Súper RIGI no es una ley de promoción de inversiones, es la renuncia al derecho de regular sectores estratégicos durante una generación entera", sostienen los autores de la carta.
Según el perfil del proyecto difundido junto con el documento, el régimen alcanzaría a inversiones de al menos 1.000 millones de dólares y contemplaría, entre otros beneficios, una alícuota reducida del Impuesto a las Ganancias del 15% durante 30 años, libre disponibilidad de exportaciones e importaciones, estabilidad regulatoria, fiscal y cambiaria por tres décadas y exenciones de aranceles de importación.
Los firmantes también cuestionan la posibilidad de recurrir a mecanismos de arbitraje internacional, como los contemplados en el CIADI, y advierten que ese esquema podría reducir el margen de acción de las autoridades nacionales frente a futuras controversias.
En ese punto, la carta menciona el litigio relacionado con YPF como antecedente de los costos que, a criterio de los autores, puede tener la pérdida de margen de decisión jurisdiccional sobre sectores estratégicos.
La discusión por la inteligencia artificial
Uno de los aspectos centrales del documento es la advertencia sobre la eventual combinación del "Súper RIGI" con otra iniciativa que, según los firmantes, contempla reconocer personalidad jurídica a entidades operadas íntegramente mediante inteligencia artificial.
Para los autores, ambas propuestas podrían conformar una estructura jurídica inédita, en la que grandes empresas tecnológicas contarían con amplios privilegios económicos y regulatorios mientras se mantienen, según su interpretación, interrogantes sobre los mecanismos de control democrático y la asignación de responsabilidades.
La advertencia se produce en un contexto de creciente debate internacional sobre la regulación de la inteligencia artificial, el poder económico de las grandes empresas tecnológicas y las consecuencias de la expansión de la infraestructura necesaria para sostener modelos y servicios de IA.
Beneficios fiscales y centros de datos
La carta también pone en duda que los incentivos tributarios sean suficientes para determinar la localización de grandes centros de datos.
Los científicos y académicos sostienen que la evidencia internacional no ubica a las exenciones impositivas como el principal factor para definir dónde se instalan estas infraestructuras y consideran, por lo tanto, que la magnitud de los beneficios fiscales previstos debería ser revisada en función de las contraprestaciones exigidas a las empresas.
El documento plantea además interrogantes sobre el impacto ambiental de las inversiones de gran escala asociadas a la inteligencia artificial. En particular, señala el elevado consumo de electricidad y agua que pueden requerir los centros de datos y reclama regulaciones específicas sobre el uso de recursos naturales y las emisiones de carbono.
"En un contexto de estrés hídrico y crisis climática, eso no es un detalle técnico: es una decisión sobre el territorio y los recursos de las próximas generaciones", sostienen los firmantes.
La autonomía de las provincias, otro de los cuestionamientos
Otro de los puntos destacados por los autores está relacionado con las facultades de las provincias.
De acuerdo con el documento distribuido junto con la carta, las jurisdicciones que adhieran al régimen deberían comprometerse a no aplicar una alícuota de Ingresos Brutos superior al 0,50% a los proyectos alcanzados. Para los firmantes, esta condición supone una limitación significativa de la autonomía fiscal provincial durante un período de 30 años.
También cuestionan que las inversiones incorporadas al régimen puedan quedar protegidas frente a modificaciones regulatorias posteriores y advierten sobre las consecuencias que esto podría tener en materia ambiental, territorial y de utilización de recursos como el agua y la energía.
Durante su tratamiento en Diputados, el proyecto incorporó la exigencia de un informe técnico ambiental y social y un compromiso mínimo de compras a proveedores locales. Sin embargo, los autores de la carta consideran que esas incorporaciones no constituyen una evaluación de impacto ambiental vinculante ni garantizan a las provincias capacidad suficiente para establecer condiciones adicionales.
La situación de Buenos Aires
El planteo adquiere una dimensión particular para la provincia de Buenos Aires. Según el documento difundido, actualmente existen dos proyectos bonaerenses aprobados bajo el RIGI, vinculados con los sectores siderúrgico y de infraestructura.
El "Súper RIGI", en tanto, ampliaría el alcance del régimen a proyectos de mayor escala, incluidos centros de datos e industrias digitales con inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares.
Los autores de la carta sostienen que la adhesión provincial al régimen podría comprometer durante décadas la autonomía fiscal de Buenos Aires y limitar la capacidad de establecer regulaciones propias frente a proyectos de gran impacto territorial.
El planteo también alcanza al sistema universitario bonaerense. La carta señala particularmente a las universidades nacionales del conurbano —entre ellas las de Hurlingham, Avellaneda, Moreno, José C. Paz y Quilmes— y contrapone los beneficios previstos para grandes inversiones con las dificultades presupuestarias que atraviesan las instituciones públicas de educación superior.
Críticas al financiamiento científico
Los firmantes vinculan el debate sobre el régimen de inversiones con la situación actual del sistema científico y tecnológico argentino.
En ese sentido, cuestionan el deterioro del financiamiento del CONICET, las restricciones presupuestarias que, según sostienen, afectan a las universidades y la pérdida de investigadores y profesionales altamente capacitados.
"Mientras se propone eximir durante décadas a grandes infraestructuras tecnológicas extranjeras, el Estado desfinancia al CONICET, desmantela todas las áreas del sistema científico, pone en crisis a las universidades y expulsa valioso capital humano formado durante décadas", afirma la carta.
Para los académicos, una política de desarrollo tecnológico debería combinar la llegada de inversiones extranjeras con el fortalecimiento de las capacidades científicas y productivas locales, la formación de recursos humanos y la generación de conocimiento propio.
Un llamado a los senadores
La carta concluye con un pedido a los integrantes del Senado para que analicen el proyecto no solamente en función de sus posibles beneficios inmediatos, sino también por sus efectos sobre el empleo, los recursos naturales, la soberanía tecnológica y la capacidad futura del Estado para establecer políticas públicas.
Los firmantes aclaran que no cuestionan la necesidad de atraer inversiones ni el desarrollo de nuevas tecnologías, pero plantean que esos objetivos no deberían implicar una renuncia permanente a las herramientas regulatorias del Estado.
"La Argentina necesita inversión y nuevas tecnologías. Pero no a cualquier precio, y no resignando para siempre las herramientas para decidir su propio desarrollo", concluyen.
El proyecto se encuentra ahora en una instancia decisiva de su tratamiento parlamentario. Con el texto ya aprobado por Diputados, el Senado deberá definir si avala el régimen, introduce modificaciones o posterga su tratamiento. Para los autores de la carta, la discusión excede la aprobación de un nuevo esquema de incentivos: se trata de determinar qué margen conservará el Estado argentino —y particularmente las provincias— para regular inversiones estratégicas durante las próximas décadas.
