La iniciativa del concejal Damián Pullaro fue aprobada por el Concejo Municipal el 6 de agosto. La Ordenanza Nº 10.924 fue promulgada el 20 de agosto por el intendente Pablo Javkin, junto a la secretaria de Igualdad, Género y Derechos Humanos, Mónica Ferrero, y el secretario de Control y Convivencia, Diego Herrera. Este miércoles 9 de septiembre fue publicada en el Boletín Oficial y entró formalmente en vigencia
Rosario incorporó formalmente a su marco normativo una política específica de prevención y abordaje de los discursos de odio. La Ordenanza Nº 10.924, aprobada por el Concejo Municipal el pasado 6 de agosto, fue promulgada el 20 de agosto y publicada este miércoles 9 de septiembre en el Boletín Oficial municipal y declara formalmente a Rosario como "Ciudad que Promueve la Convivencia en la Diversidad y Libre de Discursos de Odio".
La iniciativa fue presentada por el concejal de Unidos Damián Pullaro y había sido analizada por las comisiones de Igualdad, Género y Derechos Humanos y de Gobierno.
Al defender el proyecto en el recinto, Pullaro destacó que el objetivo es fortalecer la convivencia en una ciudad "plural, diversa e inclusiva" y remarcó que la ordenanza no establece sanciones ni restricciones a la libertad de expresión.
"Esta ordenanza busca fortalecer la convivencia, esta ciudad que es plural, diversa e inclusiva. Cabe destacar, para dejarlo claro, que no genera sanciones ni restringe derechos. Tampoco limita de ningún modo la libertad de expresión. Solo busca generar políticas de prevención, sensibilización y educación para fomentar el respeto", sostuvo.
Y agregó que la norma apunta a que el Estado municipal cuente con herramientas para actuar de manera preventiva: "De alguna manera, buscamos que el Estado tenga herramientas para prevenir estas cuestiones y que nadie tenga que padecer discursos de odio".
Una política centrada en la prevención
Uno de los puntos centrales de la nueva normativa es que no reemplaza el régimen antidiscriminatorio vigente en Rosario, sino que busca complementarlo con herramientas preventivas.
La ordenanza toma como antecedente la Ordenanza Nº 6.321/96 y sus modificatorias, entre ellas las Ordenanzas Nº 7.946/05 y Nº 8.299/08. Ese marco garantiza el derecho a ser diferente, prohíbe actos discriminatorios en espacios públicos y privados con acceso al público, establece sanciones en el Código Municipal de Faltas y dispone que el municipio desarrolle campañas periódicas de promoción de derechos.
La nueva norma incorpora específicamente la dimensión preventiva de los discursos de odio, tanto en el espacio público como en los entornos digitales. La iniciativa plantea que estas acciones funcionan como una instancia previa frente a actos discriminatorios que ya están contemplados por la legislación vigente.
Según los fundamentos de la ordenanza, los discursos de odio son expresiones que pueden promover, incitar o justificar la violencia, la discriminación o la exclusión contra personas o grupos por razones vinculadas con su identidad, orientación sexual, género, religión, nacionalidad, etnia, condición socioeconómica, discapacidad u otras características.
El texto advierte, además, que estas expresiones pueden generar condiciones propicias para la violencia simbólica, institucional y física, así como afectar la convivencia democrática y el tejido social.
Qué entiende Rosario por "discurso de odio"
El artículo 3º establece una definición concreta. La ordenanza considera discurso de odio a:
"Toda forma de expresión, comunicación o comportamiento —oral, escrito, simbólico o gráfico— que promueva, incite o justifique la discriminación, hostilidad o violencia contra una persona o grupo en razón de su identidad o condición".
Entre las condiciones mencionadas por la norma figuran el origen étnico, la nacionalidad, el género, la orientación sexual, la religión, la edad, la discapacidad y la condición socioeconómica, entre otras.
Los fundamentos también toman como referencia la definición de "discurso de odio" utilizada por la Organización de las Naciones Unidas y las obligaciones asumidas por Argentina mediante tratados internacionales, entre ellos la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, que cuenta con jerarquía constitucional.
En ese marco, la ordenanza reconoce que la libertad de expresión es un derecho fundamental garantizado por la Constitución Nacional, pero sostiene que no es absoluta y que encuentra límites en la protección de los derechos de terceros y el orden público.
Campañas, barrios, escuelas y redes sociales
La norma no se limita a una declaración institucional. El artículo 4º establece que el Departamento Ejecutivo deberá promover y articular acciones destinadas a fortalecer la convivencia y el respeto en la diversidad.
Entre las medidas previstas se encuentran:
La ordenanza también invita a instituciones educativas, medios de comunicación, plataformas digitales y organizaciones sociales a adherir a sus principios y promover prácticas responsables, inclusivas y respetuosas en la comunicación pública.
El antecedente de Santa Fe y Paraná
Entre los fundamentos del proyecto se menciona que otras ciudades de la región ya avanzaron en políticas específicas frente a la problemática.
La ordenanza destaca el caso de Santa Fe, que declaró su territorio como "Ciudad Libre de Discursos de Odio", y el de Paraná, que se declaró "Ciudad Libre de Discriminación".
En ese marco, la iniciativa rosarina busca profundizar las políticas locales de promoción de los derechos humanos, inclusión social y participación ciudadana. También plantea complementar los objetivos establecidos por el Decreto Nº 68.305, de autoría del concejal mandato cumplido Hernán Calatayud, mediante el fortalecimiento de las herramientas institucionales destinadas a prevenir y erradicar manifestaciones de odio o discriminación en la ciudad.
Concejales de La Libertad Avanza votaron en contra
El proyecto no tuvo el acompañamiento de todo el cuerpo. Cuatro concejales de La Libertad Avanza presentes en la sesión votaron en contra, mientras que la quinta integrante del espacio se ausentó.
Durante el debate, el concejal Lautaro Enríquez adelantó el rechazo de su bloque y aclaró que la posición no implicaba una oposición al respeto por los demás ni al combate contra la discriminación, sino la consideración de que ya existe normativa suficiente sobre la materia.
"Nosotros en sí no estamos en contra de la iniciativa. Más bien creemos en el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo", señaló.
Enríquez sostuvo además que la problemática ya está contemplada por tratados internacionales y por programas que, según afirmó, se encuentran actualmente en ejecución.
"El tema ya está regulado también por jerarquía constitucional. Hay tratados internacionales a los que adherimos como país por el mismo tema. Incluso hay programas en ejecución, con presupuesto de este año, de la Secretaría de Igualdad referidos al tema", afirmó.
Por ese motivo, explicó que el rechazo del bloque respondía a que consideraban innecesaria una nueva normativa.
"No es por estar en contra del tema, de la esencia del proyecto en sí, sino simplemente porque creemos que es más normativa sobre lo mismo. Ya hay un montón de programas y normativa vigente; lo consideramos innecesario", sostuvo.
Cómo fue la votación
La Ordenanza Nº 10.924 fue aprobada por 18 votos a favor, 4 en contra y 6 ausencias.
Entre los concejales que acompañaron la iniciativa estuvieron Leonardo Caruana, Fabrizio Fiatti, María Fernanda Gigliani, Sabrina Prence, María Fernanda Rey, Agustina Gareis, Carolina Labayru, Norma López, Alicia Pino, Damián Pullaro, Mariano Romero, María Eugenia Schmuck, Pablo Basso, Julián Ferrero, Pablo Gavira, María José Poncino, Lucas Raspall y Antonio Salinas.
En contra votaron los concejales de La Libertad Avanza Juan Pedro Aleart, Samanta Arias, Lautaro Enríquez y Franco Volpe.
En tanto, se registraron seis ausencias: Federico Lifschitz, Juan Monteverde, Anahí Schibelbein, Anabel Lencina, Ana Laura Martínez y Manuel Sciutto.
Una nueva herramienta de prevención
Con la sanción de la Ordenanza Nº 10.924, Rosario incorpora a su marco normativo una política específica de prevención y abordaje de los discursos de odio. La norma establece acciones de sensibilización y educación, intervenciones territoriales, estrategias frente a la violencia simbólica y la discriminación, promoción de buenas prácticas en entornos digitales y recuperación de espacios públicos afectados por expresiones discriminatorias.
El artículo 2º sintetiza el objetivo de la nueva normativa al declarar a Rosario "Ciudad que Promueve la Convivencia en la Diversidad y Libre de Discursos de Odio".
De esta manera, el municipio suma una política preventiva al régimen antidiscriminatorio ya vigente, con el foco puesto en la convivencia democrática, la diversidad y la protección de derechos, sin establecer nuevas sanciones ni restricciones a la libertad de expresión.
La iniciativa fue presentada por el concejal de Unidos Damián Pullaro y había sido analizada por las comisiones de Igualdad, Género y Derechos Humanos y de Gobierno.
Al defender el proyecto en el recinto, Pullaro destacó que el objetivo es fortalecer la convivencia en una ciudad "plural, diversa e inclusiva" y remarcó que la ordenanza no establece sanciones ni restricciones a la libertad de expresión.
"Esta ordenanza busca fortalecer la convivencia, esta ciudad que es plural, diversa e inclusiva. Cabe destacar, para dejarlo claro, que no genera sanciones ni restringe derechos. Tampoco limita de ningún modo la libertad de expresión. Solo busca generar políticas de prevención, sensibilización y educación para fomentar el respeto", sostuvo.
Y agregó que la norma apunta a que el Estado municipal cuente con herramientas para actuar de manera preventiva: "De alguna manera, buscamos que el Estado tenga herramientas para prevenir estas cuestiones y que nadie tenga que padecer discursos de odio".
Una política centrada en la prevención
Uno de los puntos centrales de la nueva normativa es que no reemplaza el régimen antidiscriminatorio vigente en Rosario, sino que busca complementarlo con herramientas preventivas.
La ordenanza toma como antecedente la Ordenanza Nº 6.321/96 y sus modificatorias, entre ellas las Ordenanzas Nº 7.946/05 y Nº 8.299/08. Ese marco garantiza el derecho a ser diferente, prohíbe actos discriminatorios en espacios públicos y privados con acceso al público, establece sanciones en el Código Municipal de Faltas y dispone que el municipio desarrolle campañas periódicas de promoción de derechos.
La nueva norma incorpora específicamente la dimensión preventiva de los discursos de odio, tanto en el espacio público como en los entornos digitales. La iniciativa plantea que estas acciones funcionan como una instancia previa frente a actos discriminatorios que ya están contemplados por la legislación vigente.
Según los fundamentos de la ordenanza, los discursos de odio son expresiones que pueden promover, incitar o justificar la violencia, la discriminación o la exclusión contra personas o grupos por razones vinculadas con su identidad, orientación sexual, género, religión, nacionalidad, etnia, condición socioeconómica, discapacidad u otras características.
El texto advierte, además, que estas expresiones pueden generar condiciones propicias para la violencia simbólica, institucional y física, así como afectar la convivencia democrática y el tejido social.
Qué entiende Rosario por "discurso de odio"
El artículo 3º establece una definición concreta. La ordenanza considera discurso de odio a:
"Toda forma de expresión, comunicación o comportamiento —oral, escrito, simbólico o gráfico— que promueva, incite o justifique la discriminación, hostilidad o violencia contra una persona o grupo en razón de su identidad o condición".
Entre las condiciones mencionadas por la norma figuran el origen étnico, la nacionalidad, el género, la orientación sexual, la religión, la edad, la discapacidad y la condición socioeconómica, entre otras.
Los fundamentos también toman como referencia la definición de "discurso de odio" utilizada por la Organización de las Naciones Unidas y las obligaciones asumidas por Argentina mediante tratados internacionales, entre ellos la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, que cuenta con jerarquía constitucional.
En ese marco, la ordenanza reconoce que la libertad de expresión es un derecho fundamental garantizado por la Constitución Nacional, pero sostiene que no es absoluta y que encuentra límites en la protección de los derechos de terceros y el orden público.
Campañas, barrios, escuelas y redes sociales
La norma no se limita a una declaración institucional. El artículo 4º establece que el Departamento Ejecutivo deberá promover y articular acciones destinadas a fortalecer la convivencia y el respeto en la diversidad.
Entre las medidas previstas se encuentran:
- campañas de sensibilización y educación ciudadana;
- acciones territoriales en barrios, instituciones educativas y espacios comunitarios;
- estrategias de prevención y abordaje de la violencia simbólica y la discriminación;
- promoción de buenas prácticas en entornos digitales;
- recuperación y puesta en valor de espacios públicos afectados por expresiones de odio o discriminación.
La ordenanza también invita a instituciones educativas, medios de comunicación, plataformas digitales y organizaciones sociales a adherir a sus principios y promover prácticas responsables, inclusivas y respetuosas en la comunicación pública.
El antecedente de Santa Fe y Paraná
Entre los fundamentos del proyecto se menciona que otras ciudades de la región ya avanzaron en políticas específicas frente a la problemática.
La ordenanza destaca el caso de Santa Fe, que declaró su territorio como "Ciudad Libre de Discursos de Odio", y el de Paraná, que se declaró "Ciudad Libre de Discriminación".
En ese marco, la iniciativa rosarina busca profundizar las políticas locales de promoción de los derechos humanos, inclusión social y participación ciudadana. También plantea complementar los objetivos establecidos por el Decreto Nº 68.305, de autoría del concejal mandato cumplido Hernán Calatayud, mediante el fortalecimiento de las herramientas institucionales destinadas a prevenir y erradicar manifestaciones de odio o discriminación en la ciudad.
Concejales de La Libertad Avanza votaron en contra
El proyecto no tuvo el acompañamiento de todo el cuerpo. Cuatro concejales de La Libertad Avanza presentes en la sesión votaron en contra, mientras que la quinta integrante del espacio se ausentó.
Durante el debate, el concejal Lautaro Enríquez adelantó el rechazo de su bloque y aclaró que la posición no implicaba una oposición al respeto por los demás ni al combate contra la discriminación, sino la consideración de que ya existe normativa suficiente sobre la materia.
"Nosotros en sí no estamos en contra de la iniciativa. Más bien creemos en el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo", señaló.
Enríquez sostuvo además que la problemática ya está contemplada por tratados internacionales y por programas que, según afirmó, se encuentran actualmente en ejecución.
"El tema ya está regulado también por jerarquía constitucional. Hay tratados internacionales a los que adherimos como país por el mismo tema. Incluso hay programas en ejecución, con presupuesto de este año, de la Secretaría de Igualdad referidos al tema", afirmó.
Por ese motivo, explicó que el rechazo del bloque respondía a que consideraban innecesaria una nueva normativa.
"No es por estar en contra del tema, de la esencia del proyecto en sí, sino simplemente porque creemos que es más normativa sobre lo mismo. Ya hay un montón de programas y normativa vigente; lo consideramos innecesario", sostuvo.
Cómo fue la votación
La Ordenanza Nº 10.924 fue aprobada por 18 votos a favor, 4 en contra y 6 ausencias.
Entre los concejales que acompañaron la iniciativa estuvieron Leonardo Caruana, Fabrizio Fiatti, María Fernanda Gigliani, Sabrina Prence, María Fernanda Rey, Agustina Gareis, Carolina Labayru, Norma López, Alicia Pino, Damián Pullaro, Mariano Romero, María Eugenia Schmuck, Pablo Basso, Julián Ferrero, Pablo Gavira, María José Poncino, Lucas Raspall y Antonio Salinas.
En contra votaron los concejales de La Libertad Avanza Juan Pedro Aleart, Samanta Arias, Lautaro Enríquez y Franco Volpe.
En tanto, se registraron seis ausencias: Federico Lifschitz, Juan Monteverde, Anahí Schibelbein, Anabel Lencina, Ana Laura Martínez y Manuel Sciutto.
Una nueva herramienta de prevención
Con la sanción de la Ordenanza Nº 10.924, Rosario incorpora a su marco normativo una política específica de prevención y abordaje de los discursos de odio. La norma establece acciones de sensibilización y educación, intervenciones territoriales, estrategias frente a la violencia simbólica y la discriminación, promoción de buenas prácticas en entornos digitales y recuperación de espacios públicos afectados por expresiones discriminatorias.
El artículo 2º sintetiza el objetivo de la nueva normativa al declarar a Rosario "Ciudad que Promueve la Convivencia en la Diversidad y Libre de Discursos de Odio".
De esta manera, el municipio suma una política preventiva al régimen antidiscriminatorio ya vigente, con el foco puesto en la convivencia democrática, la diversidad y la protección de derechos, sin establecer nuevas sanciones ni restricciones a la libertad de expresión.
