El Senado debatirá el próximo 6 de agosto un proyecto del gobierno de Javier Milei que modifica el régimen de propiedad rural y elimina los límites a la compra de tierras por parte de capitales extranjeros. Desde el Observatorio de Tierras advierten que la iniciativa desarma una herramienta creada en 2011 para preservar el control sobre zonas estratégicas, recursos naturales y áreas de frontera. Matías Oberlin, historiador e integrante del organismo, explica en Señales por qué el debate excede la discusión sobre inversiones y pone en juego la soberanía territorial
Lograron instalar una discusión que durante meses permaneció fuera de la agenda pública. Desde el Observatorio de Tierras advierten que detrás del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que el Senado prevé debatir el próximo 6 de agosto, se esconde una modificación profunda del régimen de propiedad rural vigente desde 2011: la eliminación de los límites a la compra de tierras por parte de capitales extranjeros.
La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional reabrió una disputa que excede la discusión sobre inversiones y crecimiento económico. Mientras el oficialismo sostiene que la reforma permitirá atraer capitales y dinamizar la economía, investigadores, organizaciones sociales y ambientales alertan que la medida implica un retroceso en materia de soberanía territorial, acceso a bienes naturales y capacidad del Estado para controlar recursos estratégicos.
Entre quienes vienen siguiendo este proceso desde hace años está Matías Oberlin, historiador, becario del CONICET e integrante del Observatorio de Tierras, un proyecto del Programa de Investigaciones de Historia Agraria (PRIHA) de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET.
Su trabajo se concentra en la propiedad de la tierra, la soberanía territorial y las políticas públicas vinculadas a los recursos estratégicos. Participó en la elaboración del mapa interactivo sobre extranjerización de tierras rurales en Argentina, construido a partir de datos oficiales del Registro Nacional de Tierras Rurales, una herramienta creada por la ley sancionada en 2011.
Para Oberlin, uno de los principales problemas del debate actual es que fue reducido a una falsa contradicción: inversión extranjera versus restricciones estatales.
"La idea de que la ley vigente impide que lleguen inversiones extranjeras es uno de los argumentos centrales que se instaló para justificar la reforma", explica en Señales. Sin embargo, sostiene que los propios datos oficiales muestran una realidad diferente.
Según la información recopilada por el Observatorio a partir de registros estatales, actualmente existen alrededor de 13 millones de hectáreas en manos extranjeras. Para el investigador, se trata de una cifra que "debería escandalizarnos", porque equivale aproximadamente a toda la superficie de la provincia de Santa Fe o al territorio de Inglaterra.
Pero hay un dato que considera clave: esa superficie representa cerca del 5% del territorio nacional, muy por debajo del límite del 15% establecido por la Ley de Tierras sancionada en 2011.
"Perfectamente, sin cambiarle nada a esta ley, todavía se podrían extranjerizar 26 millones de hectáreas más", afirma.
La frase resume uno de los ejes centrales de su análisis: para el Observatorio, la normativa vigente no bloquea la llegada de capitales extranjeros. Lo que hace es establecer límites para evitar que determinadas áreas estratégicas queden concentradas en manos de actores cuya relación con el territorio argentino puede ser exclusivamente económica.
El punto de discusión, entonces, no sería la posibilidad de invertir, sino la eliminación de las restricciones que hoy funcionan como resguardo.
Las zonas estratégicas: frontera, agua, minerales y la Hidrovía
Para Oberlin, las áreas que requieren mayor atención son precisamente aquellas donde el proceso de extranjerización avanzó con mayor intensidad durante las últimas décadas. No se trata de cualquier porción del territorio: son regiones ubicadas en la cordillera de los Andes, en zonas de frontera con Paraguay y Brasil, a lo largo de la Hidrovía Paraná-Paraguay y en lugares donde se concentran reservas de agua dulce, hidrocarburos y minerales considerados estratégicos.
"Todos los departamentos tienen alguna característica que los hace importantes en términos geopolíticos, de soberanía, de integridad territorial y de recursos", resume.
Desde esa perspectiva, el investigador sostiene que la discusión no puede limitarse al derecho individual de propiedad. La tierra, explica, tiene una particularidad que la diferencia de otros bienes económicos: es un recurso escaso e irreemplazable.
"No es una fábrica que uno puede construir una al lado de la otra; la tierra es la que hay", señala. Además de ser limitada, agrega, constituye un elemento indispensable para la vida, porque sobre ella se desarrollan actividades productivas, comunidades, ecosistemas y reservas naturales.
Por eso considera que el Estado tiene la responsabilidad de establecer reglas para administrar y preservar ese recurso.
La Ley de Tierras aprobada en 2011 surgió precisamente como respuesta a un proceso que llevaba décadas desarrollándose y que tuvo un fuerte impulso durante los años noventa. Aunque la extranjerización de tierras comenzó antes, Oberlin señala que durante el gobierno de Carlos Menem se produjeron cambios normativos que facilitaron operaciones de gran escala.
Entre los casos más conocidos menciona la adquisición de casi un millón de hectáreas en la Patagonia por parte del grupo Benetton y la compra de un lago ubicado en una zona de frontera por parte del empresario británico Joe Lewis.
Para el historiador, esos episodios fueron apenas algunos ejemplos visibles de un fenómeno más amplio: la concentración de grandes extensiones territoriales en manos de actores extranjeros con capacidad económica para adquirir superficies equivalentes a regiones enteras.
En los últimos días, recuerda, volvió a tomar relevancia un caso mencionado en el Senado por un legislador riojano: un establecimiento de alrededor de 200 mil hectáreas que incluía un pueblo completo dentro de sus límites.
"Acá está sucediendo un proceso que tiene una gravedad fenomenal", sostiene, porque entiende que la discusión no refiere solamente a quién figura como propietario de un campo, sino a qué ocurre cuando grandes extensiones territoriales quedan bajo control de actores alejados de las comunidades que viven allí.
Una ley creada para recuperar información sobre el territorio
Uno de los aspectos centrales de la Ley de Tierras de 2011 fue la creación del Registro Nacional de Tierras Rurales, un organismo destinado a relevar y contabilizar la superficie rural en manos extranjeras.
Ese registro permitió, por primera vez, contar con información oficial sobre la dimensión del fenómeno. Durante los gobiernos anteriores, esos datos eran publicados periódicamente y estaban disponibles para la consulta pública.
Según relata Oberlin, esa situación cambió con la llegada de la actual administración. La página donde se difundían los datos dejó de estar disponible y la información oficial ya no se publicó con la misma regularidad.
Ante ese escenario, el Observatorio de Tierras recurrió a la Ley de Acceso a la Información Pública para solicitar los registros estatales.
"Nosotros no construimos los datos; los datos son del Estado nacional", explica. El trabajo del equipo consistió en recuperar esa información, sistematizarla y transformarla en una herramienta accesible para la sociedad.
Así nació el mapa interactivo del Observatorio de Tierras.
La intención, explica, no fue simplemente publicar una planilla con cifras difíciles de interpretar, sino construir una herramienta que permitiera observar dónde están ubicadas las tierras extranjerizadas, qué características tienen esas zonas y por qué resultan estratégicas.
El proyecto fue acompañado por informes, gráficos e infografías destinados a explicar un fenómeno que, según el investigador, suele quedar oculto detrás de discusiones abstractas.
"Queríamos que cualquier persona pudiera entender qué significa la extranjerización de tierras y qué está realmente en juego", señala.
El Observatorio fue presentado el 10 de diciembre, apenas un día después de que el jefe de Gabinete anunciara la intención del Gobierno de avanzar nuevamente con la derogación de la Ley de Tierras.
La iniciativa ya había aparecido poco después de la asunción presidencial mediante el DNU 70, pero quedó frenada por un amparo judicial presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata.
Para Oberlin, esa secuencia muestra que la eliminación de las restricciones sobre la propiedad rural no es un aspecto secundario dentro del programa oficial, sino una de las reformas que el Gobierno busca impulsar desde el inicio de su gestión.
El mapa de la extranjerización: 36 departamentos en alerta
El trabajo realizado por el Observatorio de Tierras permitió construir una imagen más precisa del fenómeno. Más allá del promedio nacional —ese 5% de superficie rural en manos extranjeras—, los investigadores detectaron zonas donde la concentración supera ampliamente ese porcentaje y donde la propiedad extranjera adquiere una dimensión mucho más sensible.
El equipo identificó 36 departamentos con niveles especialmente elevados de extranjerización. Para facilitar la lectura de los datos, el mapa utiliza una lógica similar a la de un semáforo.
Los departamentos marcados en verde son aquellos que se encuentran por debajo del promedio nacional. Los señalados en amarillo superan ese promedio y, según Oberlin, ya deberían despertar atención porque muestran dinámicas territoriales que merecen ser analizadas.
Pero la situación más delicada aparece en los departamentos identificados en rojo: aquellos donde la propiedad extranjera supera el límite legal del 15% establecido por la Ley de Tierras.
El investigador aclara que ese dato no significa necesariamente que esas adquisiciones hayan ocurrido después de la sanción de la norma. En muchos casos, explica, se trata de procesos iniciados antes de 2011 y fue precisamente la aprobación de la ley la que permitió frenar una expansión que avanzaba sin límites claros.
"El objetivo de la ley era poner un freno, no revertir lo que ya había sucedido", explica.
Los 36 departamentos se distribuyen principalmente en zonas consideradas estratégicas: la cordillera de los Andes, áreas de frontera, regiones atravesadas por la Hidrovía Paraná-Paraguay y territorios con reservas de minerales, hidrocarburos o agua dulce.
Algunos presentan niveles superiores al 50% de extranjerización. Es decir, más de la mitad de sus tierras rurales están bajo propiedad extranjera.
Para Oberlin, ese escenario debería generar una discusión profunda porque no se trata solamente de una operación inmobiliaria.
"La tierra no es solamente un bien económico", insiste. "Es territorio."
Aluminé y el control extranjero sobre un río estratégico
Uno de los casos analizados por el Observatorio de Tierras es el del departamento Aluminé, en la provincia de Neuquén, uno de los cuatro distritos con mayor nivel de extranjerización del país.
Allí el equipo identificó cuatro grandes establecimientos ubicados sobre ambas márgenes del río Collón Curá, un curso de agua de importancia estratégica para la región.
Según explica Oberlin, esas estancias pertenecen a grandes propietarios extranjeros, entre ellos los herederos del empresario estadounidense Ted Turner, la familia Sharp y un empresario vinculado a la compañía propietaria de la marca Lay’s.
Para el investigador, que ambas orillas de un mismo río queden bajo control de propietarios extranjeros constituye una imagen concreta del problema que el Observatorio busca visibilizar.
"No estamos hablando de una hectárea aislada o de un pequeño campo productivo", plantea. "Estamos hablando de superficies enormes ubicadas en lugares estratégicos."
Desde su perspectiva, la consecuencia más importante no es solamente económica sino política: el Estado pierde capacidad para decidir sobre espacios donde se encuentran recursos fundamentales.
"Es una pérdida descomunal en términos de soberanía nacional", afirma.
Más que propiedad privada: una discusión sobre soberanía
A medida que avanza en el análisis territorial, Oberlin insiste en que el debate actual fue reducido deliberadamente a una cuestión jurídica: el derecho de propiedad.
Sin embargo, sostiene que el problema es mucho más amplio.
Para el Observatorio, la propiedad de grandes extensiones de territorio por parte de sociedades extranjeras tiene consecuencias sobre la seguridad nacional, el acceso a recursos naturales, la planificación territorial y las posibilidades de desarrollo de las comunidades locales.
Uno de los puntos que más preocupa al investigador son las zonas de frontera.
"Las fronteras son el lugar donde el Estado demuestra que existe", explica. Allí se define la capacidad de controlar ingresos y egresos del territorio, prevenir actividades ilegales y garantizar la presencia institucional.
Por eso recuerda que la legislación argentina históricamente consideró esas áreas como estratégicas.
Menciona, en particular, la Ley de Seguridad de Fronteras de 1944, que estableció la conveniencia nacional de que las tierras ubicadas en zonas de seguridad permanecieran en manos argentinas.
Aunque ese régimen fue modificado con posterioridad, sostiene que la idea central permaneció: las fronteras no pueden pensarse como un territorio más dentro del mercado inmobiliario.
Según Oberlin, el proyecto actualmente en debate avanza precisamente sobre ese principio porque elimina restricciones vinculadas a la adquisición extranjera de tierras en zonas sensibles.
"Así como derogan el corazón de la Ley de Tierras, derogan también este artículo que dice que las zonas de frontera tienen que permanecer en manos argentinas", afirma.
Capitales opacos, paraísos fiscales y la trazabilidad perdida
Uno de los principales cuestionamientos del Observatorio de Tierras al proyecto en debate en el Senado se concentra en la pérdida de herramientas estatales para conocer quiénes son los verdaderos propietarios detrás de las operaciones de compra de tierras.
Para Matías Oberlin, la discusión no puede reducirse a la nacionalidad formal de una empresa o sociedad. El punto central es saber quién está detrás de esos capitales, cuál es su origen y qué intereses representan.
Los datos oficiales recopilados por el Observatorio muestran que, de las aproximadamente 13 millones de hectáreas extranjerizadas, una parte importante pertenece a capitales estadounidenses, italianos y españoles. Los capitales estadounidenses aparecen como los principales propietarios extranjeros de tierras rurales en Argentina.
Pero existe otro dato que el investigador considera especialmente relevante: en el listado de propietarios aparecen sociedades radicadas en paraísos fiscales, que concentran alrededor de 1,1 millón de hectáreas.
Entre esos territorios menciona Liechtenstein, Luxemburgo, Andorra, Panamá y Suiza.
Para Oberlin, el problema no reside solamente en que esos capitales provengan del exterior, sino en la dificultad que existe para determinar quiénes son sus beneficiarios finales.
"El Estado nación no tiene capacidad de reponer cuál es el origen de esos capitales, de quién son, ni cómo los obtuvo, ni si son capitales lícitos o ilícitos", sostiene.
Esa falta de trazabilidad, explica, adquiere una dimensión especialmente sensible cuando las operaciones involucran zonas de frontera o territorios con recursos estratégicos.
El investigador recuerda que investigaciones internacionales como los Panamá Papers demostraron la complejidad que existe para reconstruir las estructuras societarias utilizadas por algunos grupos económicos.
Desde su perspectiva, permitir una mayor flexibilización en la compra de tierras sin fortalecer los mecanismos de control abre una posibilidad de utilización del territorio argentino para operaciones cuya naturaleza real resulta difícil de conocer.
"Es básicamente liberar nuestras fronteras", advierte.
Fronteras, crimen organizado y una "bomba de tiempo"
Oberlin sostiene que la combinación entre sociedades opacas, grandes extensiones territoriales y zonas fronterizas configura uno de los escenarios de mayor riesgo.
Las fronteras, explica, ya son espacios particularmente buscados por organizaciones dedicadas al narcotráfico, la trata de personas y otras actividades ilícitas porque permiten controlar pasos estratégicos.
Si a eso se suma la posibilidad de adquirir tierras mediante estructuras societarias difíciles de rastrear, el problema adquiere una nueva dimensión.
"Es una bomba de tiempo", afirma.
Para el investigador, la discusión sobre extranjerización no implica asociar a cualquier extranjero que llegue al país con una amenaza. Hace una aclaración que considera fundamental: el concepto no refiere a personas migrantes que vienen a vivir, trabajar o desarrollar su vida en Argentina.
Esa situación, explica, está contemplada por la Constitución Nacional y por la propia Ley de Tierras.
Cuando el Observatorio utiliza el término extranjerización, se refiere a un proceso económico específico: la adquisición de grandes extensiones territoriales por parte de corporaciones, fondos de inversión o sociedades cuya estructura de decisión se encuentra fuera del país.
"El problema no es el extranjero que viene a vivir acá", señala. "El problema es la concentración de territorio en manos de actores económicos que no tienen arraigo ni compromiso con el lugar donde compran."
¿Inversión o apropiación de un recurso escaso?
Otro de los puntos que cuestiona Oberlin es la idea de que toda compra de tierras debe ser interpretada automáticamente como una inversión beneficiosa.
A su entender, adquirir un campo no implica necesariamente generar empleo, producir más alimentos o impulsar el desarrollo local.
"La tierra es un bien escaso", insiste.
A diferencia de otros activos económicos, explica, no puede multiplicarse indefinidamente. Una superficie que pasa a manos de un actor determinado deja de estar disponible para otros usos posibles.
Por eso considera que la discusión sobre propiedad rural requiere una mirada estratégica.
El Estado, sostiene, debe preguntarse no solamente quién puede comprar una tierra, sino qué consecuencias tiene esa operación sobre el conjunto de la sociedad.
En ese sentido menciona un dato que considera ilustrativo: existen países o territorios considerados paraísos fiscales cuyos capitales poseen en Argentina superficies mayores que sus propios territorios nacionales.
Como ejemplo señala el caso de Luxemburgo, cuyos capitales —según explica— poseen en Entre Ríos una extensión superior a la superficie disponible en el propio Gran Ducado.
Para Oberlin, esa comparación muestra hasta qué punto la tierra argentina se convirtió en un activo buscado por grandes capitales internacionales.
La conflictividad social como consecuencia
El investigador también advierte que una eventual aprobación del proyecto podría profundizar conflictos ya existentes en distintas regiones del país.
A su juicio, la concentración territorial no queda limitada al ámbito rural: sus efectos alcanzan a comunidades indígenas, pequeños productores, trabajadores rurales y también a habitantes de las ciudades.
Uno de los puntos que menciona es la situación de las comunidades indígenas, muchas de las cuales aún esperan la finalización de los relevamientos territoriales establecidos por la legislación vigente.
Según Oberlin, la derogación de normas vinculadas a esos procesos dejó a numerosas comunidades en una situación de mayor vulnerabilidad jurídica.
A eso suma otros cambios impulsados por el Gobierno, como la incorporación de mecanismos de desalojos más rápidos y la eliminación de límites a la extranjerización.
La combinación de esas medidas, sostiene, puede aumentar la presión sobre los territorios y favorecer procesos de desplazamiento.
"Esta ley va a aumentar la conflictividad social", afirma.
Para explicar cómo ese fenómeno puede impactar más allá del campo, menciona el caso de una colega del CONICET oriunda del departamento Aluminé.
Después de escucharlo en una entrevista radial, la investigadora le contó que ella y su familia habían tenido que abandonar la región porque ya no podían alquilar ni comprar un terreno donde vivir.
Para Oberlin, ese ejemplo muestra cómo la concentración de la tierra termina afectando también el acceso a la vivienda y las posibilidades de arraigo.
"Esto va a afectar a la sociedad argentina toda", sostiene.
La batalla por el territorio: el Senado y el modelo de país en discusión
Para el Observatorio de Tierras, el debate que llegará al Senado el próximo 6 de agosto no representa solamente una discusión sobre una modificación legislativa. Lo que está en juego, sostiene Matías Oberlin, es la capacidad del Estado argentino para conocer, controlar y planificar el uso de su territorio.
El investigador explica que buena parte del trabajo realizado por el Observatorio fue posible gracias a las herramientas creadas por la Ley de Tierras de 2011. Entre ellas destaca el Registro Nacional de Tierras Rurales, el organismo encargado de relevar las operaciones de compra realizadas por personas o sociedades extranjeras.
Ese registro permitió construir estadísticas oficiales, identificar zonas críticas y monitorear la evolución del proceso de extranjerización.
Si la reforma avanza, advierte Oberlin, esas capacidades quedarían debilitadas.
"Se eliminan nuestras capacidades", resume.
No se trata solamente de perder una base de datos, explica, sino de perder instrumentos que permiten al Estado saber quién compra, qué compra, dónde lo hace y con qué estructura societaria.
Para el investigador, esa pérdida de información tiene consecuencias directas sobre la soberanía territorial.
La ley detrás del nombre
Uno de los aspectos que más cuestiona Oberlin es el propio nombre elegido para el proyecto: Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
A su entender, la denominación no refleja el verdadero alcance de la iniciativa.
"Es un nombre de fantasía", sostiene.
Según explica, aunque el proyecto modifica distintos aspectos normativos, su núcleo central está en la derogación de las principales restricciones establecidas por la Ley de Tierras de 2011.
Aquella norma fijó un límite máximo del 15% de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y subprovincial; estableció un tope de mil hectáreas en la zona núcleo —o su equivalente productivo en otras regiones—; prohibió la adquisición de predios que incluyan cuerpos de agua permanentes o de gran magnitud y evitó que una sola nacionalidad pudiera concentrar todo el porcentaje permitido.
Para Oberlin, ese conjunto de regulaciones no buscaba impedir inversiones sino preservar la capacidad de decisión nacional sobre espacios estratégicos.
Desde su perspectiva, el proyecto actual desmonta precisamente ese esquema.
Recuerda que desde que ingresó al Senado la iniciativa tuvo numerosas modificaciones. Según estima, ya circuló una versión número 16 entre los legisladores.
Sin embargo, afirma que un punto permaneció intacto: el artículo que elimina los límites a la extranjerización de tierras.
"Por eso nosotros decimos que más que una ley de inviolabilidad de la propiedad privada se trata de una ley de extranjerización de tierras", resume.
La pregunta de fondo
A lo largo de toda la conversación, Oberlin vuelve sobre una misma idea: la tierra no puede ser pensada únicamente como una mercancía.
Para el investigador, el territorio constituye una dimensión central de la soberanía y cualquier modificación del régimen de propiedad debe contemplar sus consecuencias políticas, sociales y ambientales.
Desde esa mirada, la discusión excede la compra y venta de campos.
Incluye el acceso al agua, el control de corredores estratégicos, la presencia del Estado en las fronteras, la protección de comunidades y la posibilidad de decidir sobre los recursos naturales.
"Acá lo que está en juego es si seguimos siendo un país soberano o pasamos a ser una colonia", afirma.
Su crítica apunta a una lógica que, según interpreta, convierte el territorio nacional en un activo disponible para quien tenga capacidad económica para adquirirlo.
"Bajo la lógica de la propiedad privada ellos están dispuestos a vender un país entero", sostiene.
La movilización y una discusión que volvió a la agenda pública
Frente al tratamiento parlamentario del proyecto, el Observatorio de Tierras participa de la convocatoria a movilizarse el 6 de agosto frente al Congreso y en distintas plazas del país.
La iniciativa reúne a organizaciones sociales, campesinas, científicas, religiosas y ambientales que buscan visibilizar las consecuencias que, según sostienen, tendría la derogación de la Ley de Tierras.
Oberlin considera que uno de los principales logros del Observatorio fue volver a poner información en circulación y permitir que la discusión saliera de ámbitos especializados.
El mapa interactivo, los informes y los materiales elaborados por el equipo tuvieron justamente ese objetivo: transformar datos técnicos en una herramienta pública para comprender qué está en juego.
"Queríamos que la sociedad pueda discutir con información", explica.
El territorio como definición de país
La entrevista termina de manera inesperada. Oberlin debe interrumpir la conversación porque su hijo reclama su atención. Antes de despedirse, agradece el espacio y expresa su deseo de que el intercambio haya servido para aclarar un debate que considera trascendental.
Mientras el Senado se prepara para discutir el proyecto, el conflicto alrededor de la tierra vuelve a ocupar el centro de la escena.
Para el Gobierno, la reforma representa una oportunidad para flexibilizar reglas y atraer inversiones.
Para el Observatorio de Tierras, en cambio, la modificación implica desmontar herramientas de protección construidas durante años y abrir la puerta a una mayor concentración extranjera del territorio.
La discusión, finalmente, no queda limitada al régimen de propiedad.
La pregunta que queda planteada es qué relación quiere construir Argentina con su propio territorio: si la tierra será entendida solamente como un activo económico disponible en el mercado o como un componente estratégico de la soberanía nacional.
En esa disputa, la tierra deja de ser solamente una superficie. Se convierte en una definición de país.
