José Luis Manzano se convierte en nuevo accionista de Right News Media, dueña de La Derecha Diario

El empresario argentino, cercano a Javier Milei y socio de figuras centrales del negocio mediático como Daniel Vila y Gustavo Scaglione, desembarca en un grupo cuyos medios han sido señalados por difundir desinformación y afirmaciones falsas o engañosas. La operación abre interrogantes sobre su apuesta por un ecosistema comunicacional cuestionado por sus prácticas periodísticas.

José Luis Manzano ha reordenado sus inversiones en el sector audiovisual español a menos de tres semanas del lanzamiento de La Séptima, la nueva cadena de televisión en abierto impulsada por el productor José Miguel Contreras. El empresario ha renunciado a ejecutar la opción que le habría permitido adquirir un 20% adicional del canal y, al mismo tiempo, ha adquirido el 33% de Right News Media, el grupo de comunicación encabezado por el periodista español Javier Negre, propietario de La Derecha Diario en Argentina, el sitio fundado por Fernando Cerimedo.

La coincidencia entre ambos movimientos coloca al inversor, exministro del Interior durante la presidencia de Carlos Menem y empresario próximo al presidente argentino Javier Milei, en dos proyectos de comunicación con perfiles editoriales muy diferentes. La Séptima se ha presentado como una alternativa televisiva dirigida al público progresista, mientras que el conglomerado de Negre reúne medios identificados con la ultraderecha, entre ellos EDATV y La Derecha Diario.

La noticia, adelantada por El Confidencial y recogida este miércoles por otros medios españoles, abre dos interrogantes: qué explica la reducción de la apuesta de Manzano por La Séptima y qué alcance tendrá su entrada en el grupo de Negre. Las informaciones publicadas apuntan a diferencias sobre la orientación editorial de la cadena, aunque sus responsables ofrecen una explicación distinta para la reorganización accionarial.

Un nuevo reparto de poder en La Séptima
La modificación de la estructura de propiedad deja a Andrés Varela Entrecanales con el 65% de La Séptima, a Manzano con el 25% y a José Miguel Contreras, consejero delegado y principal impulsor editorial del proyecto, con el 10% restante.

El reparto supone un cambio respecto al esquema anterior, en el que Varela Entrecanales y Manzano habían alcanzado una participación del 45% cada uno, mientras Contreras conservaba el 10%. El empresario argentino no abandona la cadena, pero renuncia a aumentar su posición hasta el 45%, como estaba previsto en el acuerdo que se había negociado entre los socios.

La nueva distribución otorga a Varela Entrecanales una mayoría suficiente para ejercer como accionista de referencia y reduce el riesgo de que dos inversores con participaciones idénticas puedan bloquear decisiones estratégicas. Según la versión trasladada por fuentes próximas a la dirección de La Séptima y recogida por El Mundo, la reorganización pretende precisamente evitar conflictos de gobierno corporativo. La cadena niega que el cambio responda a una ruptura entre los socios por motivos editoriales.

La interpretación publicada por El Confidencial es diferente: el periódico vincula la renuncia de Manzano a diferencias sobre la orientación ideológica que estaba adquiriendo el proyecto. El Debate añade que el empresario habría expresado a personas de su entorno su preocupación por que la televisión adoptara una línea más próxima al socialismo de lo que esperaba cuando decidió invertir.

Estas versiones no son equivalentes y, por el momento, no existe una explicación pública detallada de Manzano que permita establecer hasta qué punto las diferencias editoriales determinaron su decisión. Lo verificable es el cambio en las participaciones y la coincidencia temporal con su entrada en Right News Media.

Una inversión de entre 20 y 25 millones de euros
La reorganización también tiene consecuencias económicas. El plan financiero de La Séptima contempla una inversión de entre 20 y 25 millones de euros durante sus tres primeros años de actividad, con más de la mitad del desembolso previsto para el primer ejercicio, según las cifras difundidas por Expansión.

Con el nuevo reparto, las aportaciones asociadas a las participaciones quedarían aproximadamente distribuidas de la siguiente manera:

• Andrés Varela Entrecanales: entre 13 y 16 millones de euros.
• José Luis Manzano: entre 5 y 6 millones de euros.
• José Miguel Contreras: entre 2 y 2,5 millones de euros.

Las cantidades son estimaciones derivadas del compromiso de inversión y de los porcentajes accionariales, no una confirmación de que todo ese dinero se haya desembolsado ya.

La diferencia es importante porque un canal de televisión nacional por antena requiere un volumen considerable de recursos antes de alcanzar una audiencia y una facturación suficientes. El presupuesto debe cubrir la infraestructura técnica, los estudios, los equipos profesionales, la programación, los derechos y los costos de distribución de la señal.

Entre los principales gastos figuran unos cinco millones de euros anuales por la transmisión de la señal televisiva y un contrato de entre siete y ocho millones de euros para equipamiento técnico, estudios y producción audiovisual, según informó Expansión. A esos costos se suman los salarios de conductores, columnistas, periodistas y personal de redacción, una estructura de gastos fijos que la compañía deberá sostener durante sus primeros años, antes de alcanzar la rentabilidad.

El plan de negocio presentado por Contreras contempla alcanzar unos 40 millones de euros de facturación al cierre de 2029 y llegar a la rentabilidad alrededor de 2030. Son objetivos empresariales, no resultados garantizados. La renuncia de Manzano a ampliar su participación no demuestra por sí sola que el inversor haya perdido la confianza en la viabilidad económica del canal, pero sí modifica quién tendrá que asumir una mayor proporción de las necesidades de capital y de las eventuales ampliaciones futuras.

Varela Entrecanales pasa a soportar el mayor compromiso económico, mientras Manzano conserva una participación relevante que le permite seguir expuesto a la evolución del negocio sin mantener una posición equivalente a la del accionista mayoritario.

Del proyecto progresista de Contreras al grupo ultra de Javier Negre
La otra cara de la operación es la entrada de Manzano en Right News Media, con un 33% del capital. El grupo dirigido por Negre integra proyectos audiovisuales y digitales como EDATV, Informa Radio, UHN Plus y La Derecha Diario, además de otras iniciativas editoriales internacionales.

La inversión refuerza la estructura financiera de una red que ha buscado ampliar su presencia entre las audiencias hispanohablantes de Europa, Estados Unidos y América Latina. La Derecha Diario, en particular, cuenta con ediciones y cuentas nacionales en once países, según una investigación publicada en octubre por Chequeado, Factchequeado y La Silla Vacía.

El crecimiento de la red ha estado acompañado de controversias sobre sus contenidos y sus vínculos políticos. La investigación de Factchequeado documentó publicaciones de La Derecha Diario y del programa The Right News Show con afirmaciones falsas o sin pruebas sobre asuntos electorales, inmigración y adversarios políticos de Donald Trump. También reconstruyó conexiones empresariales y de distribución entre los proyectos de Negre en España, Estados Unidos y América Latina.

En Argentina, La Derecha Diario se hizo conocida durante la campaña presidencial de Milei y amplió su presencia regional después de que Negre adquiriera una participación en el medio. El proyecto se inscribe en un ecosistema mediático que promueve posiciones conservadoras, liberalismo económico y discursos asociados a la nueva derecha latinoamericana y estadounidense.

La incorporación de Manzano supone, por tanto, una inversión en una estructura de comunicación con una identidad editorial distinta de la que La Séptima ha reivindicado públicamente. Sin embargo, la participación del 33% no permite concluir por sí sola que el empresario vaya a controlar la línea editorial de los medios ni que su inversión responda exclusivamente a afinidades políticas. Para determinarlo serían necesarios datos sobre el acuerdo de accionistas, los derechos de gobierno corporativo y las responsabilidades concretas que asumirá dentro del grupo.

Una relación que ya tenía un escenario común: la gala de Washington

La conexión entre Manzano y Negre no surge únicamente de la operación accionarial anunciada este miércoles. Ambos quedaron vinculados públicamente en la Official Hispanic Heritage Gala, celebrada en Washington, un evento que reunió a figuras empresariales y políticas próximas al conservadurismo estadounidense y latinoamericano.

La gala reconoció a Manzano por la actividad de su holding, Integra Capital. El empresario no asistió personalmente y el premio fue recogido por una representante de su compañía. Negre, presentador del evento, destacó su trayectoria política, empresarial y de medios y su apoyo al Gobierno de Milei, según relató El Español.

La coincidencia resulta significativa por el contraste con La Séptima. En la presentación pública de la nueva cadena, Contreras defendió la necesidad de atender a una parte del público que considera insuficientemente representada en la televisión española y situó el proyecto en el espacio progresista. 

El proyecto también ha recibido respaldo público de representantes del Gobierno de Pedro Sánchez. En septiembre, durante su presentación, estuvieron presentes los ministros Félix Bolaños y Mónica García. Ese apoyo institucional y el posicionamiento editorial anunciado por sus responsables contribuyeron a identificar La Séptima con una propuesta dirigida al espectro progresista.

Jorge Mas Canosa, el aliado anticastrista que acompañó su desembarco en los medios
La operación española se produce mientras Manzano continúa expandiendo sus intereses en distintos sectores de la economía latinoamericana. Fundador de Integra Capital en 1995 y ministro del Interior durante la presidencia de Carlos Menem entre 1991 y 1992, el empresario construyó una cartera de negocios que abarca energía, telecomunicaciones, minería, servicios y medios de comunicación.

La expansión empresarial de Manzano tiene un antecedente clave en los años noventa: su alianza con Jorge Mas Canosa, el empresario cubanoamericano y dirigente anticastrista fallecido en 1997. El vínculo se consolidó tras la salida de Manzano de la función pública y resultó decisivo para su regreso al mundo de los negocios en la Argentina.

Fue Manzano quien acercó a Mas Canosa al empresario mendocino Daniel Vila, su socio en el negocio de los medios. A través de MasTec, la compañía de infraestructura y telecomunicaciones del empresario cubanoamericano, Mas Canosa adquirió el 28,8% de Supercanal, la operadora de televisión por cable vinculada a Vila y Manzano. La participación quedó formalizada en la estructura accionaria de la compañía durante aquella década.

Con el respaldo financiero de esa alianza, Vila y Manzano avanzaron en la expansión del Grupo UNO, el conglomerado que posteriormente evolucionaría hacia el actual Grupo América. Entre 1995 y 1997, el grupo incorporó cerca de 25 medios de comunicación en el interior del país, entre diarios, radios y canales de televisión, antes de ampliar su presencia en otros mercados. En Rosario, esa expansión tuvo una expresión central en el Multimedios La Capital, que hoy está en manos de su socio Gustavo Scaglione. La operación de Supercanal, por su parte, constituyó uno de los pilares del crecimiento del grupo y de su consolidación en el negocio de la televisión por cable. La operación de Supercanal constituyó uno de los pilares de ese crecimiento.

 
Décadas después, los medios siguen ocupando un lugar relevante en los negocios de Manzano. Su trayectoria está ligada al Grupo América, donde comparte intereses con Daniel Vila y otros socios, entre ellos Claudio Belocopitt. En octubre de 2025 participó, junto con otros inversores, cómo Gustavo Scaglione y Daniel Vila, en la adquisición de Telefe, uno de los principales canales de televisión de la Argentina. En febrero de 2026, su grupo amplió su presencia editorial con la compra de El Universo, uno de los diarios de referencia de Ecuador, de acuerdo con la información corporativa de Integra Capital.

En energía, Integra y sus socios avanzaron sobre activos relevantes de la Argentina. Entre las operaciones recientes figuran la adquisición de activos de Raízen Argentina junto con Mercuria y la operación relacionada con Metrogas. En telecomunicaciones, la compra del negocio de Telefónica del Perú en 2025 amplió su presencia regional, aunque se trataba de una filial con una situación financiera muy deteriorada.

Esta diversificación permite entender que las inversiones en comunicación forman parte de una estrategia empresarial más amplia. Los medios constituyen negocios con ingresos propios, pero también permiten construir redes de relaciones, ampliar la presencia pública y operar en mercados donde el empresario mantiene otros intereses. Esto no demuestra que exista una relación directa entre cada inversión mediática y sus negocios energéticos, pero ayuda a situar la compra de participaciones en grupos de comunicación dentro de una trayectoria de expansión multisectorial.

La cercanía de Manzano al presidente argentino Javier Milei es un elemento recurrente en la cobertura de sus negocios recientes. Su trayectoria combina vínculos políticos, alianzas empresariales e inversiones en sectores estratégicos de la economía. En ese contexto, su desembarco en Right News Media, el grupo encabezado por Javier Negre, abre interrogantes sobre el alcance de su apuesta por un conglomerado de comunicación identificado con la nueva derecha. El impacto de la operación dependerá de las condiciones del acuerdo, de los derechos que le otorgue su participación accionaria y del papel que asuma en la estrategia y el desarrollo de los medios del grupo, aspectos que todavía están por verse.

Las próximas semanas, con el estreno de La Séptima y la definición de la estructura de gobierno de Right News Media, permitirán comprobar hasta qué punto los dos movimientos responden a una estrategia de diversificación empresarial, a diferencias sobre el rumbo editorial o a una combinación de ambas.

Fuentes: El Mundo, El Confidencial, El Debate, Expansión, La Derecha Diario, Señales

Denuncian una contratación directa por $8.300 millones para organizar un acto por la posible visita del Papa a la Argentina

Alejandro Bercovich reveló en C5N que la Secretaría General de la Presidencia habría adjudicado una contratación directa por unos US$5,5 millones para organizar un acto en el Monumento a los Españoles. El procedimiento quedó bajo cuestionamiento por sus plazos, la escasa cantidad de oferentes y los vínculos de una productora con una colaboradora de Karina Milei y su esposo. 

Una contratación estatal por $8.300 millones, equivalentes a unos US$5,5 millones según las cifras difundidas en televisión, quedó bajo cuestionamiento tras las revelaciones del periodista Alejandro Bercovich en el programa Periodistas, de C5N. El contrato está destinado a organizar un acto en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la eventual visita del Papa León XIV a la Argentina.

Según detalló Bercovich, el procedimiento se impulsó desde la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, y se resolvió en un plazo extraordinariamente breve. De acuerdo con su exposición, los interesados dispusieron de apenas 24 horas para realizar consultas y 96 horas para analizar un pliego de más de 50 páginas, con especificaciones técnicas detalladas.

El periodista cuestionó que una contratación de semejante magnitud se tramitara con tiempos tan acotados, pese a que la posibilidad de una visita papal se conocía desde meses atrás. A su entender, una planificación anticipada podría haber ampliado la competencia entre proveedores y evitado gastos innecesarios para el Estado.

DF Entertainment, los tres oferentes y una contratación bajo sospecha
En su intervención en Periodistas, por C5N, Alejandro Bercovich señaló que la contratación para organizar el acto por la eventual visita papal quedó en manos de DF Entertainment, la productora de Diego Finkelstein vinculada a Lollapalooza Argentina y con participación de Live Nation, uno de los principales grupos internacionales de la industria del entretenimiento.

Según relató el periodista, hubo tres proveedores preseleccionados, a los que aludió como "los tres Diegos", en referencia a nombres conocidos dentro del sector de la producción de eventos. Bercovich cuestionó los plazos de la convocatoria y las condiciones para acceder al pliego, que habrían limitado la posibilidad de competir en igualdad de condiciones.

Pero el señalamiento más delicado apunta a los vínculos entre los empresarios del sector y el entorno de Karina Milei. Según expuso Bercovich, Marcelo Dionisio, esposo de Mara Natalia Gorini, colaboradora de la secretaria general de la Presidencia, trabajó durante mucho tiempo para DF Entertainment. Ese antecedente conecta a una de las productoras involucradas en el negocio de los grandes espectáculos con una persona que mantiene un vínculo familiar con una funcionaria del Gobierno.

Mara Natalia Gorini, Marcelo Dionisio y el antecedente de Tecnópolis
El vínculo adquiere otra dimensión a partir de los antecedentes de Foggia Group, la productora asociada a Marcelo Dionisio y Mara Natalia Gorini. La firma, vinculada también a empresarios del sector, había intentado obtener la concesión del microestadio de Tecnópolis, un procedimiento que quedó envuelto en cuestionamientos tras conocerse la relación de Gorini con Karina Milei, con quien continúa trabajando en el ámbito gubernamental.

Aquel antecedente vuelve a poner bajo la lupa las relaciones entre empresas proveedoras del Estado y personas cercanas a funcionarios con responsabilidades en la administración pública. En el caso actual, la cuestión es determinar si los vínculos profesionales y personales mencionados tuvieron alguna incidencia en la contratación para el acto papal.

Bercovich planteó que, dentro del sector de la producción de eventos, existen sospechas de que varias empresas pudieron haber coordinado sus movimientos para que el contrato se resolviera en determinadas condiciones y con un presupuesto millonario. Esa interpretación debe entenderse como una hipótesis atribuida al periodista y a las sospechas que recogió, no como una irregularidad probada.

Para establecer si hubo acuerdos entre oferentes, ventajas indebidas o conflictos de intereses, será necesario analizar el expediente de contratación, las ofertas presentadas, los antecedentes laborales y societarios de los involucrados y las eventuales comunicaciones entre las empresas. La coincidencia de vínculos personales y profesionales justifica preguntas sobre la transparencia del procedimiento, pero no demuestra por sí sola que haya existido una maniobra concertada.

$8.300 millones: un costo que exige explicaciones
La cifra de $8.300 millones —unos US$5,5 millones según la estimación citada en C5N— se convirtió en el eje de las críticas. Bercovich comparó ese monto con los aproximadamente US$4 millones que, según afirmó, habría costado el espectáculo de Shakira en Río de Janeiro, y planteó interrogantes sobre el presupuesto destinado al acto papal.

El periodista aclaró que sus cuestionamientos no apuntan a la importancia de una eventual visita pontificia ni a la necesidad de garantizar la seguridad de los asistentes. Por el contrario, sostuvo que un acontecimiento de semejante magnitud requiere organización, infraestructura y previsiones adecuadas.

La discusión pasa por determinar qué servicios están incluidos en el contrato, qué costos son razonables y por qué no se anticipó el procedimiento para permitir una competencia más amplia entre proveedores.

Bercovich también señaló que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podría participar de la organización y aportar recursos adicionales. De acuerdo con lo expuesto en el programa, el costo total del acto podría acercarse a los US$10 millones si se consideran los distintos aportes, una cifra que deberá contrastarse con los presupuestos oficiales.

Reclaman comparar los costos con Córdoba y Luján
Bercovich reclamó comparar el presupuesto del acto porteño con los gastos que demande la organización de otras actividades previstas durante una eventual visita papal, entre ellas las que podrían realizarse en Córdoba y Luján. También planteó la necesidad de analizar los costos de otros destinos regionales.

El objetivo es establecer cuánto cuesta organizar cada actividad, qué rubros se contratan, qué infraestructura aporta cada jurisdicción y si existen diferencias que justifiquen los montos presupuestados.

El periodista insistió en que una previsión más temprana podría haber permitido ahorrar recursos públicos y reclamó que se examine el procedimiento para determinar si se ajustó a las normas vigentes.

La cuestión de fondo es si el Estado pagará un precio razonable por los servicios contratados y si la selección de proveedores se realizó bajo condiciones que garantizaran una competencia efectiva.

La trama empresarial llega a Rosario: Dale Play, Live Nation y el Invencible Arena
La expansión del negocio del entretenimiento también tiene una pata estratégica en Rosario. Dale Play, la productora encabezada por Federico Lauría, participa junto con empresarios locales en la Unión Transitoria de Empresas que obtuvo la concesión del Invencible Arena y del predio de la ex Rural por 30 años.

El consorcio reúne a actores del negocio de los espectáculos y los medios, entre ellos el grupo de Gustavo Scaglione y productoras rosarinas como All Press, Asfalto y MA Producciones. La adjudicación municipal se concretó con una sola oferta, un dato relevante para analizar las condiciones de competencia en la explotación de un predio de gran escala.

A su vez, Dale Play quedó vinculada a Live Nation, mientras que este grupo internacional controla una participación mayoritaria de DF Entertainment, la productora de Diego Finkelstein asociada a Lollapalooza Argentina.

Se trata de empresas diferentes, pero sus vínculos con un mismo grupo internacional permiten observar cómo se articulan los negocios de producción de espectáculos, representación de artistas y explotación de grandes recintos. La presencia de Dale Play en el Invencible Arena muestra, además, cómo esa expansión se proyecta sobre mercados regionales estratégicos.

Este entramado vuelve relevante examinar quiénes participan de las contrataciones públicas para eventos masivos, bajo qué condiciones compiten y qué relaciones empresariales existen entre los distintos actores del sector. La existencia de vínculos societarios no demuestra por sí sola irregularidades, pero constituye un antecedente pertinente para analizar la concentración del mercado y la transparencia de los procedimientos estatales.

"¿Por qué la vida de las mujeres vale menos?", se pregunta Claudia Balagué

La diputada provincial del Frente Amplio por la Soberanía cuestionó las demoras legislativas para declarar la emergencia en violencia de género, presentó los principales ejes de la campaña Vivienda Activa y advirtió sobre el deterioro de las condiciones educativas. En diálogo con Aire Libre Radio Comunitaria, en el programa Señales, también criticó la subordinación de la Legislatura al Poder Ejecutivo, defendió la formación docente y apuntó contra el respaldo de legisladores santafesinos al gobierno de Javier Milei.

En una semana atravesada por debates importantes en la Legislatura provincial, la diputada provincial del Frente Amplio por la Soberanía Claudia Balagué analizó algunos de los problemas sociales más urgentes de Santa Fe y del país. Exministra de Educación entre 2012 y 2019 y exdecana de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, Balagué abordó la emergencia en violencia de género, las dificultades para acceder a una vivienda, los desafíos de la educación pública y la responsabilidad política de los representantes santafesinos frente a las decisiones del gobierno nacional.

La legisladora planteó una preocupación que atraviesa sus iniciativas parlamentarias: la distancia entre las necesidades concretas de la población y las respuestas que ofrecen los distintos niveles del Estado. Con ese telón de fondo, comenzó por una cuestión que considera impostergable: la violencia de género y la falta de avances para declarar la emergencia en la provincia.

La emergencia en violencia de género, una deuda que no admite más demoras

Balagué recordó que durante el año se produjo un crecimiento que calificó de inusitado en la cantidad de femicidios, transfemicidios e intentos de femicidio. Sobre estos últimos, advirtió que los registros disponibles solo alcanzan a reflejar una parte de la realidad, particularmente aquellos casos en los que las mujeres terminan gravemente internadas. En ese escenario, destacó el trabajo del Observatorio MuMaLá, integrado por compañeras y organizaciones feministas que monitorean de manera permanente estos indicadores.

Según explicó, las alertas recibidas indicaban que, a esa altura del año, los casos de femicidio ya superaban ampliamente los registrados durante el año anterior. El seguimiento de las cifras, la visibilización de cada hecho por parte de los medios de comunicación y la preocupación compartida con las organizaciones sociales llevaron a considerar indispensable la declaración de una emergencia.

La medida, sostuvo, permitiría disponer rápidamente de fondos para intensificar las acciones de prevención, contención y cuidado, además de fortalecer los refugios destinados a mujeres que necesitan abandonar sus hogares para ponerse a salvo de sus agresores. La situación se vuelve todavía más compleja cuando los hijos también viven en el mismo domicilio y quedan expuestos a la violencia.

Para responder a estas situaciones, Balagué consideró necesarias inversiones importantes en personal especializado, equipos de acompañamiento y dispositivos de Educación Sexual Integral (ESI), especialmente dentro del ámbito educativo. Los refugios, remarcó, son indispensables en numerosos casos y requieren recursos suficientes para cumplir su función.

Sin embargo, el proyecto de emergencia que había presentado tiempo atrás no logró avanzar como esperaba. La diputada señaló que el oficialismo no acompañó las firmas necesarias para que el dictamen pudiera continuar su recorrido legislativo y lamentó que el tema no se tratara durante la semana. Mientras tanto, explicó, las organizaciones feministas y las que defienden la ESI habían respaldado el reclamo y participado de las instancias de trabajo para impulsar la iniciativa.

A la propuesta original se sumaron, durante la sesión del jueves, dos proyectos del bloque del Partido Justicialista en Diputados y otro presentado por Unidos a través del Senado. Balagué aseguró que su espacio está dispuesto a trabajar con amplitud, analizar cada punto y buscar una iniciativa común que reúna los distintos aportes. Pero puso una condición política central: que las negociaciones no se conviertan en una nueva excusa para postergar la respuesta.

"No nos podemos demorar más, porque la vida de las mujeres está en juego", sostuvo.

Para la legisladora, no existe una justificación razonable para que no haya un acuerdo político capaz de destrabar el tratamiento. En ese sentido, comparó la falta de avances con otras emergencias que fueron aprobadas durante la gestión de Unidos. Según recordó, en ese período se sancionaron seis declaraciones de emergencia, aproximadamente una cada seis meses, entre ellas las de carácter vial, hídrico y sanitario. También mencionó que se estaba proponiendo una emergencia para las librerías y los libreros, una actividad que reconoció como importante.

La comparación le sirvió para formular una pregunta que sintetiza su cuestionamiento al oficialismo: "¿Por qué la vida de las mujeres vale menos? ¿Por qué no puede ser una emergencia también?".

Más allá de la discusión puntual, Balagué vinculó las dificultades para aprobar su proyecto con el funcionamiento institucional de la Legislatura santafesina. Desde su experiencia como integrante de un bloque minoritario, describió un escenario en el que impulsar iniciativas y conseguir acuerdos resulta particularmente difícil.

El Frente Amplio por la Soberanía está integrado en la Cámara por tres legisladores: la propia Balagué, Carlos del Frade y Fabián Palo Oliver. Pese a su reducido número, afirmó que el espacio es el que más proyectos presenta en relación con la cantidad de integrantes que tiene. Sin embargo, sostuvo que muchas de esas iniciativas encuentran obstáculos durante el trabajo en comisiones.

Según relató, es habitual que legisladores del oficialismo respondan que determinados asuntos deben consultarse con el Poder Ejecutivo antes de avanzar. Esa práctica, a su juicio, pone en cuestión la autonomía parlamentaria y evidencia un retroceso institucional.

"Hay una división de poderes que está anulada en Santa Fe", advirtió, aunque reconoció que la interacción entre los distintos poderes del Estado es necesaria para discutir y analizar políticas públicas. Lo que considera inadmisible es que el Poder Legislativo dependa exclusivamente de la opinión del Ejecutivo. Para Balagué, esa subordinación limita el debate democrático y dificulta la posibilidad de que la Cámara actúe con independencia.

Vivienda Activa: entre los departamentos vacíos y las familias que no pueden alquilar

El acceso a la vivienda fue otro de los ejes centrales de la conversación. Junto con el concejal rosarino Leonardo Caruana, Balagué impulsa la campaña Vivienda Activa, una iniciativa que busca generar herramientas para facilitar el acceso justo a una vivienda, promover alternativas de alquiler social y atender las dificultades que enfrentan jóvenes, estudiantes, jubilados y familias de bajos recursos.

La diputada describió una paradoja cada vez más visible: mientras tener una vivienda propia se convirtió en un privilegio para buena parte de la población, numerosas torres de edificios permanecen desocupadas durante años. A su entender, el derecho a la vivienda está perdiendo efectividad frente a los costos de compra y alquiler, al mismo tiempo que existe una cantidad importante de inmuebles ociosos.

La situación del mercado de alquileres, señaló, se volvió especialmente acuciante. Los jóvenes le transmiten que resulta cada vez más difícil pensar en independizarse, formar una familia o sostener un hogar propio. Incluso personas que ya habían logrado salir de la casa de sus padres deben regresar al ámbito familiar porque sus ingresos no alcanzan para pagar un alquiler.

A esto se suman los requisitos para alquilar: depósitos, garantías, varios meses de pago por adelantado y otras exigencias que obligan a reunir una suma considerable antes de acceder a una vivienda. El problema no se limita a los sectores de menores ingresos, aunque para ellos las barreras son todavía más difíciles de superar.

Frente a ese panorama, Vivienda Activa propone crear un observatorio de vivienda que permita relevar la situación de las tierras, identificar inmuebles desocupados, analizar el mercado de alquileres y conocer cómo se distribuye y ocupa el suelo urbano. La intención es construir un diagnóstico que contemple también las necesidades demográficas y los lugares donde se concentra la demanda.

A partir de esa información, el proyecto plantea desarrollar instrumentos concretos para que el Poder Ejecutivo pueda intervenir. Entre ellos, Balagué destacó la posibilidad de establecer líneas iniciales de financiamiento que ayuden a cubrir los depósitos, las garantías y los primeros meses de alquiler.

El acompañamiento estaría destinado especialmente a jubilados que cobran la mínima, estudiantes universitarios de bajos recursos y familias con dificultades económicas. La propuesta contempla una segmentación de acuerdo con las necesidades de cada grupo, con el objetivo de que el apoyo estatal permita superar los obstáculos iniciales para acceder a una vivienda.

Otro de los instrumentos previstos consiste en aplicar impuestos a las viviendas ociosas para estimular que sean destinadas efectivamente al uso habitacional. La idea es ampliar la oferta disponible y generar mayores posibilidades de acceso. Cuando un inmueble vuelva a ocuparse, explicó, el incremento impositivo debería dejar de aplicarse.

Balagué definió estas medidas como herramientas básicas y sencillas, pero capaces de intervenir sobre un problema que requiere respuestas coordinadas. También planteó la necesidad de promover viviendas sociales y modalidades de vivienda compartida.

En ese punto recordó una propuesta impulsada por Leonardo Caruana en el Concejo Municipal de Rosario. Se había identificado un edificio que estaba disponible para el municipio y que podía destinarse a cumplir una función social, pero finalmente se decidió venderlo. Para la diputada, ese tipo de decisiones supone perder oportunidades de aprovechar el patrimonio estatal para ofrecer alternativas a quienes atraviesan situaciones habitacionales difíciles.

Cuando el Estado dispone de un inmueble, sostuvo, también puede pensar en modalidades de ocupación comunitaria que permitan acceder a una vivienda de una manera diferente a la del mercado tradicional. El objetivo es que jóvenes y familias encuentren posibilidades concretas para independizarse y sostener un hogar.

La campaña ya comenzó a reunir adhesiones. Balagué explicó que el equipo está juntando firmas en distintos puntos de la ciudad, con puestos instalados en la peatonal y actividades previstas en la Feria del Libro, además de otros espacios. La respuesta, aseguró, es importante porque se trata de una problemática que atraviesa cotidianamente a muchas personas. La expectativa es que el proyecto pueda tratarse durante el año.

La iniciativa, aclaró, no pretende generar ventajas exclusivamente para los propietarios. Por el contrario, contempla la necesidad de regular valores de alquiler que, en ocasiones, considera completamente descontextualizados, y de penalizar la existencia de viviendas que permanecen vacías mientras otras personas no encuentran dónde vivir.

Mientras crece la oferta de viviendas de mediana y alta gama en Rosario, edificios enteros permanecen desocupados. Para Balagué, se trata de una contradicción que expone las tensiones del mercado inmobiliario. "Son inversiones, a veces no sabemos si no hay blanqueo de dinero, no sabemos de qué se trata todo eso", señaló, al referirse a las propiedades que permanecen vacías en una ciudad donde el acceso a la vivienda sigue siendo un problema.

A ese escenario se suman las estafas vinculadas con desarrollos inmobiliarios. Balagué advirtió sobre grandes empresas que ofrecen planes de pago a largo plazo y luego incumplen sus compromisos, dejando a quienes invirtieron sus ahorros sin la vivienda prometida.

La situación también se repite en los loteos del Gran Rosario. Según explicó, hay emprendimientos que venden terrenos sin contar con las habilitaciones estatales correspondientes. En algunos casos, se trata de zonas sin control ambiental adecuado o de terrenos inundables, donde no debería autorizarse ese tipo de desarrollo.

"Entonces, ¿quién controla todo eso?", planteó la legisladora, que reclamó un mayor compromiso de los gobiernos provincial y municipales para supervisar estas operaciones y evitar que el sueño de acceder a una vivienda termine convertido en una estafa.

Para Balagué, estas situaciones exponen una falla de control que exige un trabajo conjunto de los gobiernos provincial y municipales. No alcanza, consideró, con promover el acceso a la vivienda si no se garantiza que las operaciones inmobiliarias sean legítimas y que los terrenos ofrecidos cumplan las condiciones necesarias para ser habitados.

Educación pública: docentes desbordados y una escuela que debe adaptarse a otra época

La educación ocupó otro tramo central de la entrevista, cuando el periodista le preguntó a Balagué por los problemas más urgentes del sistema educativo. La consulta puso el foco en un contexto económico y social complejo, marcado por las dificultades de las familias para sostener la escolaridad y por la falta de acompañamiento a docentes, estudiantes e instituciones.

La diputada afirmó que la situación es extremadamente difícil para muchas familias, que deben hacer esfuerzos crecientes para garantizar a sus hijos los elementos necesarios para asistir a la escuela. A partir de sus recorridas por la provincia, dijo observar que numerosas maestras terminan haciéndose cargo de necesidades básicas para que los chicos puedan permanecer en las aulas.

Esa realidad, señaló, vuelve especialmente doloroso que el Estado no reconozca el esfuerzo docente con salarios dignos, que se estigmatice la tarea de enseñar y que no se acompañe suficientemente a las escuelas atravesadas por problemáticas sociales.

"Que el Estado las maltrate, no les dé un salario digno, trate de estigmatizar la labor docente y no acompañe a las escuelas que están atravesadas por las problemáticas sociales, la verdad que duele, y duele muchísimo", expresó.

Sin embargo, su diagnóstico no se limita a las dificultades económicas ni a las condiciones laborales. Balagué advirtió que la educación también atraviesa una transformación profunda vinculada con la expansión de lo digital, el uso de pantallas y las nuevas formas de comunicación y de atención.

En su análisis, la escuela y los docentes deben competir hoy con una cultura de la velocidad y la inmediatez, en la que un video de treinta segundos puede captar más fácilmente la atención que una actividad que exige concentración sostenida. Frente a ese escenario, consideró necesario recuperar el vínculo con los libros, los procesos de aprendizaje y los tiempos que requiere la formación.

Desde su perspectiva, aprender no consiste solamente en obtener una respuesta inmediata, sino en atravesar un proceso que permita comprender, elaborar conocimientos y desarrollar capacidades. Esa tarea necesita tiempo, continuidad y acompañamiento, precisamente algunos de los elementos que parecen entrar en tensión con los hábitos digitales contemporáneos.

La exministra señaló que ya se observan dificultades vinculadas con la ansiedad y la falta de atención. Por eso, sostuvo que esta nueva época obliga a repensar numerosas dimensiones de la educación, desde las estrategias de enseñanza hasta las formas de acompañar a los estudiantes.

En ese marco, presentó el Congreso Pedagógico de Santa Fe, una iniciativa que, según contó, tuvo una respuesta muy superior a la que esperaba. La convocatoria superó los cuatro mil inscriptos en apenas tres días, una cifra que interpretó como una señal de la necesidad existente entre docentes e instituciones de contar con espacios de debate, formación de calidad e intercambio de experiencias.

Balagué explicó que tenía la intuición de que hacía falta una instancia de estas características, con especialistas reconocidos y propuestas surgidas de las propias escuelas, pero admitió que no imaginaba una adhesión tan rápida y numerosa.

La edición de este año se desarrollaría de manera virtual, mientras que la del año siguiente sería presencial. Durante la entrevista, la diputada invitó a docentes y familiares de docentes interesados en participar y destacó la presencia de especialistas con trayectoria nacional e internacional.

Entre los disertantes mencionó a Axel Rivas, con aportes sobre educación y políticas públicas; Claudia Romero, sobre gestión y liderazgo pedagógico; Flavia Terigi, en torno a trayectorias e inclusión; María Laura Méndez, sobre instituciones y vínculos; y Mariana Maggio, en el campo de la enseñanza y las tecnologías.

Balagué destacó que se trata de referentes con amplia experiencia en Argentina y conocimiento de las realidades educativas de América Latina. La intención, remarcó, es ofrecer una formación de alto nivel y abrir un espacio para compartir propuestas que puedan contribuir a mejorar las prácticas escolares.

La organización del congreso también fue motivo de una reflexión sobre el papel del Ministerio de Educación provincial. Desde el estudio, el periodista señaló que no era habitual ver a la actual gestión ministerial organizando actividades de estas características y observó que ese tipo de iniciativas parecía haber quedado ausente.

Balagué coincidió con esa apreciación y recordó que, durante su experiencia en la gestión educativa, era habitual reunir a especialistas destacados, debatir propuestas, impulsar instancias de formación y acompañar a los docentes mediante concursos y actividades de alto nivel.

A su entender, hoy no se observa una propuesta equivalente desde el Ministerio de Educación de Santa Fe. La respuesta obtenida por el congreso, sostuvo, demuestra que existe una demanda concreta de formación y de espacios colectivos para pensar la escuela.

La propuesta no se agotará en las exposiciones virtuales. Según detalló, quienes participen podrán presentar proyectos por escrito. Durante el año siguiente se prevé desarrollar un proceso de análisis y evaluación de esas iniciativas, con la intervención de un jurado calificado.

El proceso culminaría con una publicación de la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe, tanto en formato impreso como digital. Balagué consideró importante recuperar la producción de libros y materiales que permitan compartir experiencias educativas, especialmente aquellas prácticas docentes que están dando buenos resultados.

La intención es fortalecer una red entre escuelas y docentes que, según explicó, muchas veces ya existe, pero funciona de manera informal. Sistematizar las experiencias y ponerlas en circulación permitiría que las instituciones aprendan unas de otras y que las propuestas exitosas puedan ser conocidas y adaptadas en distintos contextos.

"Tenemos que ayudar a todos a salir adelante", señaló, al vincular esa tarea con las dificultades que atraviesa el país.

Para participar, indicó que la inscripción se realizaba a través del sitio Hacer Escuela, en Hacerescuela.ar, y que el trámite llevaba menos de un minuto. La convocatoria, explicó, ya circulaba entre docentes e institutos de formación docente, pero insistió en la importancia de que también llegara a quienes todavía no conocían la iniciativa.

El acceso sería libre y gratuito, con certificación y puntaje para los concursos docentes. Las actividades estaban previstas para los sábados 24 y 31 de octubre, desde las nueve de la mañana, en una plataforma virtual interactiva.

Balagué aclaró que no se trataría simplemente de conectarse a una videollamada para escuchar exposiciones. La plataforma permitiría organizar aulas, grupos de trabajo e instancias de intercambio entre los participantes, con el propósito de que los docentes tuvieran una intervención activa.

El congreso llevaría por título Hacer escuela: el oficio de esperanzar en tiempos de incertidumbre, una denominación que, en el contexto descripto durante la charla, adquiere un sentido particular. Para la diputada, recuperar la formación, la participación y el intercambio docente constituye una forma de construir respuestas colectivas frente a una realidad educativa cada vez más compleja.

El DNU de Milei y la responsabilidad de los representantes santafesinos

Hacia el final de la entrevista, el análisis se trasladó al Congreso Nacional y al intento de avanzar con la derogación del DNU 70/2023, una de las principales normas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. El 15 de octubre, la sesión convocada en la Cámara de Diputados para debatir su rechazo fracasó por falta de quórum, por lo que el decreto continuó vigente. La ausencia de legisladores y las dificultades para reunir las presencias necesarias reavivaron las críticas de la oposición.

Balagué expresó una profunda indignación por la ausencia de la exvicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, quien ahora ocupa una banca como diputada nacional y conduce el bloque de Unidos en la Cámara baja. Según señaló, su ausencia se produjo durante el tratamiento de asuntos que consideró fundamentales para la situación económica y social del país.

Entre esos temas mencionó el endeudamiento de las familias, la legislación sobre tierras, la movilización universitaria en defensa de la universidad pública y las emergencias vinculadas con la discapacidad. Para Balagué, se trataba de cuestiones especialmente urgentes que requerían la presencia y el compromiso de quienes representan a Santa Fe en el ámbito nacional.

La diputada cuestionó que una dirigente que reúne responsabilidades políticas de semejante importancia no estuviera presente para participar de esas discusiones. Consideró que esa conducta revela una falta de responsabilidad y que, en la práctica, favorece las iniciativas del gobierno nacional.

"Por más que digan otra cosa, en la práctica eso favoreció al gobierno de Javier Milei", afirmó.

En su interpretación, la ausencia de representantes en debates de esa magnitud no es un hecho menor, porque muchas de las problemáticas que habían atravesado la entrevista están relacionadas con decisiones adoptadas por la administración nacional. Desde las dificultades económicas que afectan a las familias hasta la situación de las universidades públicas y las políticas de discapacidad, Balagué vinculó las consecuencias sociales con el rumbo político y económico del gobierno de ultraderecha.

La legisladora definió al DNU 70/2023 como una de las columnas vertebrales de esa gestión y consideró que se perdió una oportunidad importante para avanzar en su derogación. Aclaró que la responsabilidad no correspondía exclusivamente a los legisladores santafesinos, ya que algunos sí estuvieron presentes y ocuparon sus bancas, sino también a representantes de otras provincias que contribuyeron a que el decreto continuara vigente.

Su crítica se extendió a la dinámica política del Congreso Nacional, donde, a su juicio, resulta cada vez más evidente la facilidad con la que se consiguen apoyos para sostener determinadas decisiones del oficialismo.

"Es vergonzoso que se compren voluntades tan fácilmente en el Congreso Nacional", sostuvo, y agregó que esa situación se vuelve cada vez más visible y preocupante.

Los cuatro ejes de la entrevista confluyeron en una preocupación común: la capacidad del Estado para responder a problemas que afectan de manera directa la vida cotidiana. La emergencia en violencia de género, la falta de acceso a la vivienda, las dificultades de las escuelas y las decisiones que se toman en el Congreso aparecieron así como expresiones de una discusión más amplia sobre las prioridades políticas, la distribución de recursos y las responsabilidades de quienes gobiernan y legislan.

Para Balagué, el desafío consiste en transformar esas demandas en políticas concretas, sin que los obstáculos parlamentarios, la falta de planificación o las disputas partidarias terminen postergando respuestas que considera urgentes.

Escuchá la entrevista completa:

Fotos: Archivo Señales, Gobierno de Santa Fe, Andrés Macera

Nuestra vida son los ríos: la historia de Cosita Romero llega a la historieta

La historia de Luis "Cosita" Romero nace a orillas del Paraná, entre canoas, jornadas de pesca y una vida marcada por las dificultades, pero también por el compromiso con la defensa del río y la organización colectiva. Baqueano y referente de las luchas socioambientales de Entre Ríos, Romero se convirtió en uno de los rostros reconocibles de la resistencia a los proyectos de represas hidroeléctricas en el Paraná Medio durante la década de 1990. Décadas después, continúa al frente de las movilizaciones que reclaman la soberanía sobre el río, cuestionan su privatización y advierten sobre las consecuencias ambientales del dragado profundo. Ahora, su trayectoria llega al lenguaje de la historieta con Nuestra vida son los ríos. La historia de Luis "Cosita" Romero, una publicación del Colectivo Editorial Aguará, con guion de Pablo Mariano Russo e ilustraciones de Ricardo "Jaimo" Jaimovich, que se presentó en la Feria del Libro Rosario. En ese marco, Russo y Jaimovich participaron del programa Señales, de Aire Libre Radio Comunitaria, donde compartieron detalles del proceso creativo y reflexionaron sobre la historia de Romero, la memoria de las luchas socioambientales y la importancia de defender el Paraná.

Una historia personal que habla de toda una comunidad
La propuesta recupera una historia individual para contar, al mismo tiempo, las experiencias de lucha de toda una comunidad ribereña. No se trata solamente de reconstruir la biografía de un personaje conocido en Paraná, sino de poner en circulación una memoria colectiva vinculada con la defensa del territorio, el cuidado de los humedales y el derecho a un ambiente sano. A través de sus páginas, el libro busca acercar esas experiencias a las nuevas generaciones y ofrecer herramientas para comprender la importancia de la participación comunitaria frente a las transformaciones que amenazan los ecosistemas y las formas de vida asociadas al río.

Pablo Mariano Russo, periodista, docente universitario y gestor cultural radicado en Paraná, conoce de cerca ese entramado de experiencias. Es codirector y editor de la revista cultural digital 170 Escalones, integra la Radio Comunitaria Barriletes 89.3 y participa de la red del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCo), donde se desempeña como corresponsal y realiza reportes para el noticiero.

Durante la presentación del proyecto, aprovechó para actualizar una información sobre su participación en la emisora: ya no está a cargo de la coordinación de Barriletes, una responsabilidad que asumió su compañera Estefanía de la Fuente. Él continúa participando en la asociación y, según explicó, el cambio expresa también una decisión de dar lugar a las nuevas generaciones.

Su recorrido profesional se completa con la docencia en la Tecnicatura en Gestión Cultural de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la fundación y programación del Cine Club Musidora y la coautoría del libro El compañero que lleva la cámara. Cine militante argentino. Desde el Colectivo Editorial Aguará participa en proyectos de historieta relacionados con la memoria, la historia y las luchas sociales de la región. Su trabajo en la comunicación y la gestión cultural se enlaza, además, con el compromiso socioambiental y con iniciativas dedicadas a la defensa de los humedales y de la cuenca del Paraná.

De Paraná a Yacyretá: la travesía contra las represas
La elección de Romero como protagonista, explica Russo, responde a una historia que trasciende su propia vida. En Paraná, Cosita se convirtió en un personaje público en los años noventa, cuando encontró una forma singular de enfrentar los proyectos de represas hidroeléctricas en el Paraná Medio. Junto con otro pescador, Raúl Rocco, emprendió una travesía en canoa desde Yacyretá hasta Paraná, bajo la consigna "Por la Libertad de los Ríos", para oponerse a la construcción de las represas y advertir a las poblaciones ribereñas sobre los daños que esas obras podían provocar en el ecosistema y en las comunidades costeras.

La expedición fue una tarea de difusión y concientización que, vista desde el presente, adquiere dimensiones de epopeya. Los dos pescadores avanzaban a remo de pueblo en pueblo, haciendo paradas para conversar con los habitantes y repartir volantes. Llevaban alrededor de 80 kilos de material impreso con información sobre las consecuencias ambientales y sociales de las represas. Era una época sin redes sociales, sin teléfonos celulares y con muchas menos posibilidades de conexión inmediata entre comunidades. Por eso, cada llegada a una localidad suponía la oportunidad de establecer un vínculo directo, compartir información y sumar voces a una resistencia que se extendía por distintos puntos de la cuenca.

Aquella travesía convirtió a Romero y Rocco en símbolos de la lucha antirrepresas. Su recorrido contribuyó a visibilizar una amenaza que no afectaba únicamente a un lugar determinado, sino al conjunto del río y a las poblaciones que dependen de él. En esa experiencia, la defensa ambiental se construía desde el contacto con la gente, el intercambio de información y la convicción de que las comunidades debían tener un papel central en las decisiones sobre su territorio.

Del río como sustento a la defensa del territorio
Con el paso de los años, Romero continuó ligado al río desde distintos lugares. Fue baqueano y su figura quedó asociada a un islote situado frente a la ciudad de Paraná, reconocido como reserva natural. Su conocimiento del curso de agua, de sus movimientos y de sus paisajes forma parte de una relación cotidiana que no se limita a la contemplación: el río fue también su fuente de sustento y el de su familia. La pesca le permitió vivir y construir una experiencia que comparte con numerosos habitantes de las costas entrerrianas.

En los últimos años, esa relación volvió a traducirse en una participación activa en las luchas socioambientales. Romero se puso nuevamente al frente de una red de asociaciones y organizaciones ambientalistas de la cuenca que se oponen a la privatización del Paraná, defienden la soberanía sobre el río y cuestionan el dragado profundo por los daños que podría ocasionar en los ecosistemas. Las discusiones actuales recuperan, desde nuevas circunstancias, una preocupación que atraviesa toda su trayectoria: quién decide sobre el río, con qué intereses y qué consecuencias tienen esas decisiones para las comunidades y el ambiente.

El niño que pedía "una cosita"
Sin embargo, para Russo hay otro aspecto que vuelve especialmente significativa la historia de Romero. Detrás del referente ambiental hay una persona de origen humilde, marcada por una infancia muy difícil. Su apodo, "Cosita", remite precisamente a esos primeros años. Cuando era chico, salía a pedir ayuda por las calles y tocaba timbre en las casas, muchas veces acompañado por su abuela. Pedía "una cosita" —o "una coyita", como decía entonces—, y de aquella expresión nació el sobrenombre con el que más tarde sería conocido en Paraná.

Esa historia personal permite comprender una dimensión menos visible de su recorrido. Antes de convertirse en un referente de las luchas ambientales, Romero fue un niño que conoció las dificultades materiales y un pescador cuya vida estuvo estrechamente ligada al río. Para el equipo editorial, esas experiencias lo convierten en una figura representativa de muchos habitantes costeros de pueblos y ciudades de la región. Su historia reúne elementos de una experiencia compartida: la relación cotidiana con el agua, la dependencia de los recursos naturales, las dificultades de la vida y la necesidad de organizarse cuando el territorio se ve amenazado.

Por eso, la elección de Cosita como protagonista no busca presentar a un héroe aislado, sino encontrar en una persona concreta la expresión de una lucha colectiva. Su biografía funciona como una puerta de entrada a otras historias, a las de quienes acompañaron las campañas contra las represas, las organizaciones que defienden los humedales y las comunidades que se movilizan ante los proyectos que consideran perjudiciales para el Paraná.

Contar una vida en 24 páginas
Llevar esa trayectoria a una historieta supuso, no obstante, un desafío narrativo. La publicación tiene apenas 24 páginas y debió condensar una vida extensa, atravesada por diferentes momentos y experiencias. Russo reconoce que el trabajo exigió una síntesis importante y un proceso de elaboración compartido con Jaimovich. La historieta es, en ese sentido, una cocreación: guion e imágenes se desarrollaron mediante un diálogo constante, en un ida y vuelta que combinó reuniones de trabajo, conversaciones y muchos cafés y medialunas.

El proceso también incluyó encuentros con el propio Romero para reconstruir episodios de su vida y decidir cuáles podían incorporarse al relato. La dificultad consistía en preservar los momentos fundamentales de una trayectoria reconocida por su participación en las luchas ambientales sin convertir la narración en una sucesión apresurada de acontecimientos. Cada elección implicaba definir qué escenas podían transmitir, en pocas páginas, tanto la singularidad de su protagonista como el alcance colectivo de las experiencias que representa.

La historieta ofrece así una forma de acercamiento distinta a una historia que ya forma parte de la memoria social de Paraná. El lenguaje gráfico permite combinar episodios biográficos, imágenes del río y momentos de movilización para construir un relato accesible a lectores de distintas edades. Esa posibilidad resulta especialmente importante para el equipo editorial, que busca que las nuevas generaciones conozcan las luchas anteriores y encuentren en ellas elementos para interpretar los conflictos ambientales del presente.

Las luchas del Paraná, entre la memoria y el presente
Las movilizaciones de los años noventa contra las represas dejaron aprendizajes que siguen vigentes. La defensa del Paraná no terminó con aquellas campañas, sino que se prolonga en nuevas discusiones y formas de organización. En la actualidad, distintas agrupaciones ambientales y espacios de participación ciudadana trabajan sobre cuestiones relacionadas con la recuperación del río, la protección de los humedales y la soberanía sobre la cuenca. Entre ellas se encuentran el Foro por la Recuperación del Paraná y las asambleas vinculadas con la defensa de los humedales, cuyas iniciativas también tienen presencia en Paraná.

Para Russo, uno de los aspectos más interesantes de este escenario es que esas organizaciones y formas de participación están hoy interconectadas. La articulación entre colectivos permite coordinar esfuerzos, compartir información y construir respuestas comunes frente a problemas que no reconocen las fronteras entre localidades. Si en los años noventa Romero y Rocco debían recorrer el río para llevar personalmente sus volantes y explicar los riesgos de las represas, las organizaciones actuales cuentan con otras herramientas para comunicarse y vincular sus reclamos. Esa mayor conexión abre posibilidades para que las luchas se desarrollen de manera más coordinada.

La continuidad entre aquellas experiencias y las actuales es uno de los ejes que atraviesan Nuestra vida son los ríos. La historia de Romero permite reconocer que los conflictos ambientales no aparecen de manera aislada ni se agotan en una coyuntura: forman parte de una relación histórica entre las comunidades, el territorio y las decisiones políticas y económicas que inciden sobre ambos. También muestra que la defensa de un ecosistema puede convertirse en una causa compartida cuando quienes lo habitan reconocen que está en juego mucho más que un recurso natural.

Un río que también es identidad y soberanía
En esa trama, el Paraná es paisaje, sustento, memoria e identidad. Es el río que alimentó a Romero y a su familia, el escenario de su travesía contra las represas y el territorio que hoy vuelve a convocarlo frente a las amenazas de la privatización y el dragado profundo. Su historia, trasladada a la historieta, recupera la experiencia de un hombre que hizo de su vínculo con el agua una forma de compromiso público.

La publicación del Colectivo Editorial Aguará propone, finalmente, mirar más allá de una biografía y reconocer las voces que sostienen las luchas colectivas. Al contar la vida de Cosita Romero, reconstruye también una parte de la historia socioambiental entrerriana y plantea una pregunta que sigue abierta para las generaciones presentes y futuras: cómo defender un río que es mucho más que un curso de agua, porque en él se enlazan la vida de las comunidades, la riqueza de los humedales y la soberanía sobre el territorio.

Cosita Romero, entre el río y la memoria: las imágenes de una lucha colectiva
Las imágenes, a veces, pueden contar aquello que las palabras no alcanzan a explicar. En una historieta, el paisaje no es solamente el escenario donde transcurre una historia: también puede convertirse en una forma de expresar emociones, reconstruir una memoria y abrir preguntas que el texto deja deliberadamente abiertas. Para Ricardo "Jaimo" Jaimovich, ilustrador de Nuestra vida son los ríos. La historia de Luis "Cosita" Romero, dibujar el Paraná significó explorar esa relación entre la naturaleza, la experiencia humana y aquello que cada lector completa con su propia imaginación.

Dibujar lo que las palabras no alcanzan a contar
Jaimovich es arquitecto, vive en Paraná y es, además, un dibujante profundamente interesado en la naturaleza y el paisaje. Su formación y su trabajo lo acercan a la observación de los espacios, pero la historieta le propone otro desafío: encontrar imágenes capaces de complementar el relato sin limitarse a ilustrar literalmente lo que dicen las palabras. En el paisaje costero, señala, suele pensarse primero en la naturaleza, aunque también existe una naturaleza humana que vuelve a emerger, crece y transforma ese entorno.

El trabajo con Pablo Mariano Russo, guionista de la publicación, le permitió comprender hasta qué punto la ilustración podía abrir otros sentidos. Durante el proceso de creación, ambos realizaron entrevistas a Romero. Mientras Russo conversaba con él, Jaimovich dibujaba rápidamente las situaciones y los gestos que aparecían en el relato. Esos registros se convirtieron en parte de la elaboración gráfica de la historieta y permitieron que las imágenes surgieran del contacto directo con el protagonista.

El intercambio entre los autores también implicó aprender a correrse del propio lugar. Jaimovich recuerda que Russo le señalaba, en ocasiones, que no era necesario dibujar determinadas cosas, e incluso le acercaba algunos croquis para orientar la composición de las escenas. Para el ilustrador, esa experiencia puso en cuestión la idea de que saber dibujar implica poder resolverlo todo desde una mirada individual. En el proceso comprendió que había un tercer autor fundamental: el propio Cosita Romero, cuya voz, experiencia y manera de interpretar el mundo debían ocupar el centro del relato.

El río, la imaginación y lo que sucede entre viñetas
Los paisajes, entonces, no podían ser una simple reproducción de la realidad. Debían acompañar una experiencia que también se construye en la imaginación de quien observa. Jaimovich recupera, en ese sentido, una reflexión vinculada con el cineasta Werner Herzog y la pregunta acerca de qué constituye la verdad en una obra cinematográfica. Desde su interpretación, esa reflexión también puede trasladarse a aquello que el espectador imagina frente a una imagen. Una realidad puede resultar abrumadora, pero una representación artística también permite detenerse en un detalle, descubrir una perspectiva o imaginar cómo se encuentra una persona en medio de la inmensidad.

Uno de los dibujos que surgieron durante el trabajo expresa esa búsqueda. En una escena, Cosita aparece sobre la línea del horizonte, representado casi como un monstruo frente a la extensión del río, rodeado de canoas. La imagen transmite la dimensión del paisaje y, al mismo tiempo, la relación del protagonista con ese territorio. La idea surgió de un dibujo realizado por Russo que Jaimovich tomó como punto de partida para desarrollar la escena. El desafío consistía en encontrar una forma de narrar, dentro de los cuadros de la historieta, algo que excedía la descripción directa.

El ilustrador reconoce también que su manera de dibujar conserva una impronta de otra época, una línea gráfica que define con humor como propia de alguien de los años ochenta. Sin embargo, ese estilo se fue transformando durante el proceso, en diálogo con las fotografías y las imágenes que Russo le enviaba. La historieta se construyó así a partir de una combinación de registros, referencias y búsquedas personales que terminaron por darle forma a un lenguaje compartido.

Para Jaimovich, una de las particularidades de este género es precisamente aquello que sucede entre una viñeta y la siguiente. Allí existe un tiempo que no está dibujado de manera explícita, un espacio que el lector completa mentalmente. Ese vacío también forma parte de la narración: permite imaginar lo que ocurrió antes, lo que sucede después y aquello que no puede quedar contenido en una página. En el caso de Cosita, esa apertura hace posible que su figura continúe siendo descubierta más allá de los episodios seleccionados para el libro. La historieta cuenta una parte de su vida, pero deja abierta la posibilidad de seguir explorando todo lo que esa experiencia contiene.

Esa búsqueda gráfica dialoga con el sentido más amplio de la publicación. La resistencia a los proyectos de represas de los años noventa no pertenece únicamente al pasado, sino que mantiene una relación directa con las discusiones actuales sobre el dragado, la privatización, la gestión y la soberanía del Paraná. Para Russo, las continuidades entre aquellos conflictos y los que atraviesan hoy a las comunidades ribereñas hacen necesario preservar la memoria de las luchas anteriores. Conocer esas experiencias permite comprender lo que ocurrió y reconocer aquello que todavía es necesario defender.

Una historieta para llevar las luchas a las aulas
La elección de la historieta como lenguaje también está relacionada con la identidad del Colectivo Editorial Aguará, integrado por comunicadores, comunicadoras y diseñadores que trabajan en torno a problemáticas de la región. El colectivo tiene una presencia en Rosario y otra en Paraná, y sus publicaciones recuperan historias de Rosario, Victoria, Santa Fe y otras localidades vinculadas con luchas colectivas por derechos. Entre sus ejes de trabajo aparecen las cuestiones ambientales, los derechos humanos, la violencia institucional y las problemáticas de género.

En ese marco, Nuestra vida son los ríos no se limita a reconstruir una biografía ni a proponer una experiencia estética. El libro incorpora, en sus últimas páginas, una guía con información de contexto, referencias a leyes y preguntas destinadas a acompañar instancias educativas, tanto formales como no formales. El material permite profundizar algunas situaciones que aparecen en la narración, conocer mejor a determinados personajes y abrir discusiones que, por las limitaciones de espacio, no pudieron desarrollarse por completo dentro de las viñetas.

La dimensión pedagógica forma parte, de ese modo, del proyecto editorial. La intención es que el libro pueda circular en las aulas, en actividades de promoción de la lectura y en espacios comunitarios donde se discutan las relaciones entre el ambiente, los derechos y la participación ciudadana. La guía ofrece herramientas para que docentes y estudiantes continúen trabajando sobre los temas que plantea la historia, pero también para que otros lectores puedan acercarse a conflictos de su propia región y reconocerlos como parte de una trama colectiva.

Cuando se pregunta qué le gustaría que quedara en quienes lean la historieta, Russo señala dos objetivos: despertar la curiosidad por el territorio que habitamos y generar interés por aquellas personas que no se quedaron de brazos cruzados frente a las injusticias. La historia de Romero, considera, puede contagiar una actitud que él mismo sostiene desde hace años: no importa cuán poderoso sea el adversario, siempre hay algo que se puede hacer. Incluso una acción que parece pequeña puede contribuir a producir transformaciones importantes.

Esa idea atraviesa la figura del protagonista y ayuda a comprender por qué el libro evita presentarlo como un héroe extraordinario. Cosita es, antes que nada, uno de esos personajes que suelen permanecer ocultos en las historias oficiales, aunque sus acciones hayan contribuido a cambiar la realidad de sus comunidades. Reconocerlo y valorizar su recorrido implica mirar de otra manera a quienes, sin ocupar necesariamente lugares de poder, sostienen durante años las luchas por los derechos y la defensa del territorio.

Entre Tarzán y Juan L. Ortiz: imaginar a Cosita
Para representar esa singularidad, Russo y Jaimovich se permitieron una licencia poética: imaginaron a Romero como una combinación de Tarzán y Juan L. Ortiz, el gran poeta entrerriano cuya obra está profundamente vinculada con el río y el paisaje. La comparación reúne dos aspectos de su personalidad. Por un lado, su relación con las islas y los humedales; por otro, una manera de hablar que, según Russo, tiene una dimensión poética, aun cuando su formación académica haya sido escasa.

La referencia a Tarzán, además, tiene una raíz concreta en la infancia de Romero. Cuando era muy chico, atravesó situaciones de extrema dificultad y hubo temporadas en las que dormía en la calle. Durante los inviernos buscaba refugio en el cine para protegerse del frío. Al preguntarle cuáles eran sus películas favoritas, los autores descubrieron que Tarzán era uno de los personajes que admiraba. De esa memoria nació la imagen de una especie de Tarzán de los humedales, un hombre entre las islas, con el pelo erizado, que al mismo tiempo podía evocar la figura del poeta Juan L. Ortiz.

La representación no pretende convertirlo en un superhéroe, sino encontrar una imagen poética capaz de reunir su historia, su vínculo con el paisaje y su manera de comprender el mundo. Romero es un habitante del río, una persona común que se encuentra con otras y actúa junto a ellas para transformar la realidad. En esa condición reside, precisamente, la fuerza de su ejemplo.

Jaimovich agrega que la valentía puede comenzar en una sola persona, independientemente de las condiciones en las que viva. La acción colectiva es indispensable, pero no surge de la nada: comienza cuando alguien decide actuar y, a partir de ese gesto, moviliza a otros. En una intervención anterior de Romero durante una actividad vinculada con la serie de libros sobre Paraná, el protagonista había insistido en esa idea. Para los autores, su manera de hablar, sus expresiones y la fuerza de sus arengas fueron elementos que la historieta buscó recuperar mediante las imágenes.

La potencia gráfica aparece, entonces, en la posibilidad de transmitir no solamente lo que Cosita hizo, sino también su forma de estar en el mundo. Su voz, su presencia y su relación con el río se convierten en elementos centrales de una narración que busca representar tanto al individuo como al movimiento colectivo del que forma parte.

Historietas para reconstruir las memorias que faltan
La trayectoria de Aguará permite reconocer que este proyecto forma parte de una línea editorial más amplia, dedicada a contar historias que muchas veces quedan relegadas de los grandes relatos públicos. Entre sus publicaciones recientes se encuentra Escribir otra historia, con guion de Sonia Tessa e ilustraciones de Jimena Esborraz, que reconstruye la historia real de Lía Basso, una mujer que sobrevivió a un intento de femicidio en Rosario en 2015.

El caso permitió abordar no solamente la violencia ejercida por su pareja, sino también la violencia simbólica que sufrió después a través del tratamiento periodístico del diario La Capital. La cobertura mediática contribuyó a la revictimización de la mujer, y la historieta propone reflexionar sobre la violencia de género y las responsabilidades que intervienen en la construcción pública de estos casos.

Otro de los títulos del colectivo es Todos sabíamos, dedicado a la historia de Franco Casco, una publicación sobre violencia institucional con guion de Matías Gómez Vita e ilustraciones de Joaquín Álvaro Valdez. A ese trabajo se suma No fumiguen mi escuela, centrado en las fumigaciones en zonas cercanas a escuelas rurales de Entre Ríos, y Desde la raíz, que recupera la historia de una militante desaparecida y luchadora de las Ligas Agrarias durante la década de 1970.

Con alrededor de una docena de títulos, el catálogo de Aguará reúne relatos vinculados con conflictos sociales, ambientales y políticos que marcaron a las comunidades de la región. Las historietas funcionan como herramientas para reconstruir memorias, poner en circulación historias reales y promover debates sobre situaciones que continúan teniendo consecuencias en el presente.

Russo invita a quienes quieran conocer esas publicaciones a seguir al colectivo en las redes sociales y ponerse en contacto para consultar por los materiales. En Rosario, Aguará cuenta con un espacio en el Pasaje Pan, aunque el ilustrador y el guionista recomiendan consultar directamente al colectivo para conocer las posibilidades de acceso a sus libros. Durante los días de la Feria del Libro, además, las publicaciones pueden encontrarse en un stand donde se exhiben los distintos títulos.

La presentación de Nuestra vida son los ríos se inscribe así en un recorrido editorial que combina creación artística, investigación y compromiso social. La historieta no busca cerrar una historia ni ofrecer una imagen definitiva de su protagonista. Por el contrario, invita a descubrirlo desde distintas perspectivas y a reconocer que detrás de cada lucha hay personas con trayectorias complejas, experiencias difíciles y una capacidad concreta para intervenir en la realidad.

Una historia que sigue remando
Cosita no pudo asistir a la presentación debido a inconvenientes personales y envió mensajes para disculparse por su ausencia. Sin embargo, su participación en las actividades del Foro por la Recuperación del Paraná continúa siendo habitual. Russo recordó que, aproximadamente un mes antes, habían realizado una presentación junto con el foro en la Facultad de Medicina y anticipó una nueva actividad en Victoria para noviembre, probablemente a mediados de ese mes.

También destacó la presencia de Romero en las remadas que se realizaron durante este año y el anterior desde Formosa hasta Rosario. El baqueano suele acercarse a la llegada de las embarcaciones para participar del recibimiento en las playas rosarinas. Esas travesías recuperan, desde otras circunstancias, una forma de vincular las comunidades a través del río y de mantener visibles los reclamos por su defensa.

En esa continuidad entre memoria y acción se encuentra una de las claves del libro. La historia de Cosita Romero no se agota en su infancia, en sus años de pescador ni en las campañas contra las represas. Se prolonga en cada nueva discusión sobre el futuro del Paraná, en las organizaciones que defienden los humedales y en quienes deciden involucrarse cuando consideran que un derecho o un territorio están amenazados.

Las imágenes de Jaimovich y el guion de Russo construyen un relato que combina biografía, paisaje e imaginación para acercar esa experiencia a nuevos lectores. Entre una viñeta y otra queda un espacio abierto: allí pueden aparecer otras historias, otras voces y otras formas de comprender la relación entre las personas y el ambiente.

Pablo Mariano Russo y Ricardo "Jaimo" Jaimovich presentan así Nuestra vida son los ríos. La historia de Luis "Cosita" Romero, una historieta que recupera la memoria de las luchas por el Paraná y recuerda que detrás de la defensa de un territorio hay personas, comunidades y muchas historias por contar.

Porque conocer el pasado también es una manera de comprender el presente. Y reconocer a quienes actuaron antes puede ayudar a que otros encuentren la fuerza para hacerlo ahora. La historia de Cosita invita, en definitiva, a mirar el río con otros ojos, a preguntarse qué queremos proteger y a asumir que el futuro de ese paisaje compartido también depende de las decisiones y las acciones de quienes lo habitan.

Escuchá la entrevista completa:

Uber y Didi: una mañana sin acuerdo, una tarde de acusaciones y una maniobra que sacudió al Concejo

La legalización de Uber, DiDi y otras aplicaciones de transporte en Rosario volvió a quedar en suspenso este jueves, aunque lo que ocurrió durante la mañana estuvo lejos de anticipar el escenario que se desataría horas después en el recinto. Tras más de una hora de discusiones, cruces políticos y acusaciones, las comisiones de Gobierno y Servicios Públicos no consiguieron reunir los consensos necesarios para avanzar con el proyecto impulsado por el intendente Pablo Javkin. La iniciativa quedó fuera de la sesión y el debate pasó a un cuarto intermedio hasta la semana siguiente. El enfrentamiento entre Unidos por Rosario y La Libertad Avanza (LLA) parecía explicar, por entonces, el nuevo fracaso de las negociaciones.

La discusión matutina se había empantanado en una reunión conjunta convocada para acercar posiciones y avanzar hacia un dictamen. Las diferencias no se limitaban al contenido de la normativa: el desacuerdo central pasaba por la manera de encuadrar legalmente la actividad. Mientras el oficialismo pretendía modificar la ordenanza vigente para incorporar las plataformas de movilidad, los libertarios reclamaban una legislación nueva, con menos exigencias administrativas y mayor libertad para conductores y usuarios.

El cruce escaló cuando La Libertad Avanza cuestionó la forma y los tiempos del tratamiento, mientras que desde el oficialismo le reprocharon no haber presentado modificaciones concretas. La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, responsabilizó al bloque libertario por la falta de acuerdo. "Hoy no vamos a contar con la legalización de Uber y DiDi porque La Libertad Avanza, después de que le pidiéramos durante una hora cuáles eran sus propuestas de modificación a la normativa, no nos contestó y se levantó dejando la comisión", afirmó. También puso en duda que sus integrantes hubieran estudiado en profundidad el expediente y cuestionó el escaso desarrollo de su iniciativa alternativa.

En la misma línea se pronunciaron el presidente de la Comisión de Gobierno, Fabricio Fiatti, y la titular de Servicios Públicos Concedidos, Anahí Schibelbein. Ambos objetaron la consistencia de la propuesta libertaria, que contempla cambios en siete artículos de la normativa, y señalaron diferencias entre sus planteos públicos y el contenido del proyecto. Entre los puntos cuestionados mencionaron la incorporación de viajes en moto y la creación de una tasa.

La respuesta de La Libertad Avanza fue rechazar las acusaciones y negar que sus integrantes se hubieran retirado de la comisión. Su referente, Juan Pedro Aleart, cuestionó que se pretendiera discutir la iniciativa apenas dos horas antes de la sesión y sin aceptar modificaciones. También rechazó la intención oficialista de aprobar el proyecto en apenas quince días desde su envío. "Nosotros entendemos que es un servicio entre privados, un acuerdo entre privados. Por lo tanto, tiene que ser una ordenanza nueva", sostuvo.

Desde esa posición, los libertarios defendían una regulación que habilitara las aplicaciones, permitiera los viajes en moto, garantizara libertad tarifaria y simplificara los requisitos, sin crear tasas específicas para la actividad. Otro punto de conflicto era la exigencia de una licencia profesional D1, que en Rosario requiere tener al menos 21 años y dejaría afuera a conductores de entre 18 y 20. LLA también cuestionaba la exclusión de modalidades como Uber Moto y sostenía que la normativa debía permitir que más personas pudieran trabajar legalmente.

La disputa legislativa se desarrollaba, además, en una jornada marcada por las protestas de taxistas, remiseros y cadetes, que por segundo día consecutivo se manifestaban frente al Palacio Vasallo y en sectores como la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno. Los trabajadores reclamaban igualdad de condiciones para competir, mayores controles estatales y que las plataformas tuvieran representación legal y número de CUIT en Rosario, como condición para transparentar su actividad antes de una eventual habilitación.

Con las posiciones todavía enfrentadas, las comisiones tenían previsto volver a reunirse el lunes 19 y el martes 20 de octubre, con el objetivo de retomar las negociaciones y determinar si era posible emitir un dictamen para llevar el proyecto al recinto el jueves 22. Ese era el panorama con el que se cerraba la primera parte de la jornada: sin acuerdo, sin dictamen y con la legalización de las aplicaciones todavía pendiente.

Pero la historia no terminó allí. Horas después, cuando el Concejo retomó su sesión, una decisión del oficialismo alteró el escenario y abrió un conflicto que terminó desplazando el debate sobre el contenido de la regulación. El concejal Fabricio Fiatti pidió adelantar la recaratulación del expediente 282.925 para que dejara de pasar por la Comisión de Gobierno y tuviera como único destino Servicios Públicos. La maniobra, que modificaba el recorrido legislativo de una iniciativa que ya había sido discutida en ambas comisiones, encendió una nueva controversia: para la oposición, el oficialismo pretendía apartar una instancia en la que no tenía mayoría para conseguir que el proyecto avanzara; para Unidos por Rosario, las comisiones no podían convertirse en un filtro que impidiera que una discusión necesaria llegara al plenario.

La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, fue quien abrió ese intercambio al dirigirse a Fiatti, quien había solicitado el tratamiento anticipado de la modificación. "Muy bien, entiendo, concejal Fiatti, que hay recaratulaciones de asuntos de entrados, supongo que estamos todos de acuerdo por la afirmativa, unanimidad, y usted está pidiendo el adelantamiento de una recaratulación de un expediente de tratamiento. Sí, aclare cuál es, perdóneme", señaló.

Fiatti precisó que solicitaba el adelantamiento de la recaratulación del expediente 282.925 para que tuviera como una única comisión de destino Servicios Públicos. Schmuck volvió a marcar la diferencia entre los procedimientos y preguntó si se trataba de una recaratulación de tratamiento. "Esto es una recaratulación del tratamiento. Esto es un adelantamiento. Ahora ponemos en consideración esta recaratulación de un expediente de tratamiento, que es el de Uber y Didi, ¿verdad?", planteó.

La aclaración alcanzó para abrir un debate que terminaría por absorber buena parte de la sesión. Lo que durante la mañana había sido una discusión trabada por las diferencias sobre la regulación de las plataformas se transformó, por la tarde, en una disputa sobre las mayorías, el reglamento y los límites de la autoridad política. La legalización de Uber y DiDi seguía pendiente, pero ahora el centro de la controversia era otro: si el oficialismo estaba intentando destrabar el tratamiento de una norma o cambiar las reglas para sortear una correlación de fuerzas que ya no le resultaba favorable.

El primer cuestionamiento: la institucionalidad y la pérdida de la mayoría automática

El primero en tomar la palabra fue Antonio Salinas, de Ciudad Futura, quien reconoció que intentaría ordenar sus argumentos a partir del asombro. Su primera advertencia estuvo dirigida a los rosarinos y rosarinas que seguían la sesión: "En cierto punto entiendo que lo que está pasando es que llegaron las formas de Javier Milei parlamentarias y legislativas a la ciudad de Rosario". Lo que estaba ocurriendo, sostuvo, constituía "un atropello bastante interesante a la institucionalidad que este cuerpo siempre se preció y celebramos en ese sentido tener, respetar, acompañar".

Salinas cuestionó que se pretendiera retirar la intervención de Gobierno a un expediente que acababa de atravesar una comisión conjunta entre esa comisión y la de Servicios Públicos. No era, remarcó, una discusión menor ni una modificación aislada. El proyecto buscaba modificar la ordenanza 10.544, que regula el sistema de taxis, remises y traslado de personas, y alteraba los artículos 1, 3, 4, 6, 7, 8 y 9, además de incorporar nuevos artículos. También modificaba el Código de Convivencia, cuya elaboración y tratamiento, recordó, habían correspondido precisamente a la Comisión de Gobierno.

Para dimensionar lo que consideraba una anomalía, recurrió a un ejemplo cotidiano. "Para darle un permiso precario a un vendedor de pororó en el Parque Independencia, ese expediente pasa por Gobierno", explicó. La comisión, según la definición del artículo 40 del reglamento interno del Concejo Municipal, intervenía en asuntos vinculados con permisos para servicios públicos, el espacio urbano, la legitimidad de las normas vigentes y la coherencia de la legislación municipal. Resultaba, por lo tanto, difícil de justificar que se la excluyera de una reforma de semejante alcance.

El concejal agregó que el expediente ya había comenzado a tratarse en ambas comisiones y que él mismo integraba las dos, por lo que conocía de primera mano el recorrido. "Me parece de gravedad institucional", insistió. A su entender, el procedimiento constituía una manera "poco feliz" de llevar adelante las conversaciones y el tratamiento legislativo, algo que, aseguró, no venía sucediendo en Rosario.

Pero su crítica no se agotó en las formas. Salinas vinculó la maniobra con la nueva composición política del Concejo surgida de las elecciones de 2025, cuando el oficialismo quedó en tercer lugar. Esa distribución, explicó, había dado lugar a una conformación de las comisiones que buscaba reflejar la diversidad política del cuerpo. Por eso, consideró necesario que Unidos por Rosario asumiera que ya no contaba con la mayoría automática de otros años.

"El oficialismo tiene que entender que no tiene la mayoría automática que supo tener. Eso no lo lleva a que siga trabajando con el mismo grado de autoridad con el que trabajaba antes, cambió la composición. Por ende, ahora hay que someterse a las composiciones vigentes", afirmó.

La exclusión de Gobierno, según Salinas, suponía prescindir precisamente de la comisión en la que el oficialismo no tenía mayoría y que debía revisar la coherencia jurídica de una iniciativa que modificaba normas previamente tratadas allí. Por eso pidió a Fiatti, titular del bloque de Unidos por Rosario y titular de la comisión de Gobierno, que explicara los fundamentos de la decisión y aportara antecedentes de otras ordenanzas de semejante envergadura a las que se les hubiera quitado una comisión durante el tratamiento. "Me gustaría escucharlo, simplemente", cerró.

Mariano Romero, del Bloque Peronista, acompañó el planteo y recordó que durante la comisión conjunta habían discutido tanto el fondo como la forma del proyecto. Para él, la controversia no podía separarse de los antecedentes legislativos de la propia iniciativa. Recordó que un proyecto impulsado por La Libertad Avanza para regular las aplicaciones había contemplado también la intervención de Gobierno, al igual que otras iniciativas de características similares.

"Y es justo que así sea", sostuvo. Romero coincidió con Salinas en que la legalidad de una normativa general y la concesión de licencias vinculadas con servicios públicos justificaban la participación de esa comisión. Por eso adelantó que no acompañaría la recaratulación y dejó en claro que tampoco compartía las formas elegidas para impulsarla.

Desde La Libertad Avanza, Franco Volpe fue todavía más duro. Dijo que la decisión lo sorprendía por haberse presentado "sin ningún tipo de explicaciones, sin ningún tipo de previo aviso" y preguntó para qué se habían convocado dos reuniones conjuntas durante esa semana y la anterior si después se iba a quitar una de las comisiones que habían participado del tratamiento.

Para Volpe, no había una razón administrativa detrás del pedido, sino una maniobra para trasladar el expediente a un ámbito donde el oficialismo tuviera mayoría. "Es simplemente un manotazo de ahogado para entrar a una comisión donde ya tienen mayoría", acusó. Y comparó el intento con el funcionamiento del Concejo en años anteriores, cuando el oficialismo contaba con quince concejales. "Quieren hacer el mismo modus operandi que hacían en los años anteriores, que tenían 15 concejales, y era una escribanía esto", lanzó.

El edil recordó que todos los proyectos anteriores vinculados con plataformas y aplicaciones habían pasado por Servicios Públicos y Gobierno, por lo que exigió que se explicara qué hacía diferente a esta iniciativa. También cuestionó que la modificación se pretendiera introducir al comienzo de la sesión, cuando los cambios de esta naturaleza, afirmó, solían plantearse al final. La explicación que encontró fue política: "Justamente porque le están dando los votos ahora".

Volpe recurrió luego al artículo 40 del reglamento interno para fundamentar su oposición. Señaló que la Comisión de Gobierno debía intervenir porque el proyecto incluía disposiciones sobre la defensa de usuarios y consumidores, mencionadas en los artículos 7 y 11, y modificaciones de normas sancionatorias del Código de Convivencia. También advirtió una contradicción en la decisión de remitir el expediente únicamente a Servicios Públicos cuando, según su lectura, la propia iniciativa sostenía que las aplicaciones no debían considerarse un servicio público.

"Horrible y espantoso es lo que están haciendo. No vamos a acompañar esta recaratulación", concluyó.

Norma López: la uberización, el boleto y las condiciones de vida

La vicepresidenta primera del Concejo, Norma López, del bloque Comunidad, trasladó la discusión al terreno político y económico. Aclaró que no se trataba de un cambio de carátula habitual, porque implicaba alterar el tratamiento de una iniciativa que podía modificar de manera sustancial la movilidad urbana. A su entender, aprobar la recaratulación significaba también facilitarle al Ejecutivo el avance de una política económica con la que estaba en total desacuerdo.

López cuestionó que se intentara acelerar la modificación de la ordenanza que regula taxis, remises y traslado de personas mediante la incorporación de aplicaciones como Uber. Recuperó el concepto de "uberización" para describir una modalidad que, bajo la apariencia de innovación, podía profundizar la precarización económica y convertirse en una nueva forma de ajuste. Si en un principio esas plataformas habían sido presentadas como una alternativa novedosa de transporte entre privados, sostuvo, las dificultades estructurales de una ciudad como Rosario obligaban a evaluar sus consecuencias sobre el sistema de movilidad en su conjunto.

La concejala aclaró que su oposición no significaba desconocer el debate que el Concejo mantenía desde hacía años sobre la regulación de las aplicaciones. Recordó que el cuerpo había discutido reiteradamente la posibilidad de establecer reglas para una modalidad que, en el caso de Uber, era considerada un servicio entre privados y no un servicio público. También señaló que otras aplicaciones ya habían recibido un marco legal por estar asociadas al transporte público.

Lo que estaba en juego, según López, era la incorporación de una nueva modalidad y la capacidad del Estado municipal para regularla. Cuestionó que una empresa pudiera operar sin realizar aportes a la ciudad mientras una parte importante de las responsabilidades de la movilidad quedaba en manos de los propios ciudadanos.

En medio de su exposición, Schmuck la interrumpió para recordarle que el asunto sometido a consideración era el pedido de adelantamiento de la recaratulación formulado por Fiatti. La presidenta le pidió una "gentileza parlamentaria" y señaló que la decisión sobre el cambio de carátula tendría influencia sobre la discusión prevista para la semana siguiente.

López continuó, sin embargo, con el argumento que consideraba central. Recordó que apenas una semana antes el boleto del transporte urbano de pasajeros había aumentado a 2.150 pesos. Contrapuso esa situación con la gestión peronista, cuando, según afirmó, los subsidios nacionales permitían que los usuarios pagaran apenas el 50 por ciento del costo total del boleto. En aquel momento, sostuvo, los reclamos se dirigían a los ministerios nacionales para exigir los recursos. Ahora, en cambio, lanzó una de las frases más duras de su exposición: "Y ahora con Milei son gatitos mimosos, porque el Intendente le hace el juego a Milei".

La concejala lamentó que la discusión sobre la uberización se redujera a determinar si Uber resultaba útil o no. Para ella, la cuestión central era cómo garantizar mejores condiciones de vida y de trabajo para los rosarinos. En ese punto, vinculó el debate con el costo del transporte: sostuvo que, frente a un boleto de ida y vuelta de 5.000 pesos, algunas personas podían optar por compartir un vehículo privado con otras cuatro y pagar entre 2.000 y 3.000 pesos cada una para llegar directamente a destino.

"Entonces, de eso estamos hablando", resumió. Por considerar que el asunto requería una discusión más profunda y que el Concejo disponía de herramientas parlamentarias para sostenerla, anticipó su voto negativo a la recaratulación.

"El Principado de Javkin": las acusaciones de Juan Pedro Aleart

El vicepresidente segundo del cuerpo, Juan Pedro Aleart, de La Libertad Avanza, elevó todavía más el tono. Su primera definición fue directa: "Yo lo voy a decir con todas las letras, esto que está haciendo el Intendente es una verdadera vergüenza, una vergüenza". Afirmó que la maniobra no constituía solamente un atropello a las reglas legislativas y a quienes pensaban distinto, sino también al personal administrativo del Concejo, que había cumplido con los procedimientos correspondientes al asignar el expediente a las dos comisiones.

Aleart sostuvo que el proyecto debía pasar por Servicios Públicos y Gobierno, como había ocurrido con las demás iniciativas sobre la misma temática. La decisión de quitarle una comisión, aseguró, respondía a que el intendente ya no contaba con los votos que había tenido durante años. "Esto fue una escribanía durante mucho tiempo, entonces están mal acostumbrados", acusó.

Para el edil libertario, la primera dificultad que el oficialismo encontraba frente a una oposición capaz de frenar sus planes había derivado en un intento de pasar por encima de la institucionalidad y el reglamento. "Ah, después hablan de democracia", ironizó.

También cuestionó el momento elegido por el Ejecutivo para impulsar el proyecto. Afirmó que el intendente había tenido años de mayoría legislativa para presentar una iniciativa de este tipo y que podría haberlo hecho antes de diciembre del año anterior, cuando, según su planteo, hubiera contado con los votos necesarios para aprobarla en los términos que pretendía. A su entender, la presión de la ciudadanía, de los conductores y de los usuarios de las aplicaciones había obligado finalmente al Ejecutivo a poner el asunto en agenda.

Pero Aleart rechazó que ahora se pretendiera aprobarlo "de prepo, con prepotencia". Y recurrió a una frase que condensó el enfrentamiento con el oficialismo: "Esto no es el Principado de Javkin, esto es un órgano legislativo que tiene reglamento, que tiene reglas que deben respetarse y no cambiar porque les conviene".

El concejal insistió en que el problema no era solamente el procedimiento, sino también el trato que el municipio había dispensado durante años a quienes trabajaban con las aplicaciones. Recordó que los conductores habían recibido multas, que sus vehículos habían sido trasladados al corralón y que algunas sanciones habían llegado a los dos millones y medio de pesos. Sostuvo que se les había hecho la vida imposible y que se los había tratado como delincuentes.

También denunció que los usuarios seguían enfrentando pedidos de exhibición de sus teléfonos para demostrar que utilizaban una aplicación, una práctica que, según afirmó, no estaba permitida. En ese contexto, cuestionó el cambio de posición de quienes ahora parecían estar de acuerdo con habilitar las plataformas, pero pretendían hacerlo sin escuchar a los distintos sectores.

"Y de golpe, están todos de acuerdo que hay que habilitar las aplicaciones, pero como el Intendente quiere, sin escuchar a nadie", resumió. Volvió a insistir en que el expediente debía tratarse en ambas comisiones y reprochó la ausencia de explicaciones para justificar el cambio. Para cerrar, repitió que el episodio era "una vergüenza" y "un atropello", y cuestionó cómo harían los responsables de la decisión para mirar a la cara a los empleados administrativos del Concejo que, según él, habían cumplido correctamente con su trabajo.

Monteverde: "A falta de autoridad, recurre al autoritarismo"

La presidenta del Concejo intentó entonces cerrar la discusión y avanzar hacia la votación electrónica. Pero, cuando parecía que el intercambio llegaba a su fin, habilitó una nueva intervención: la del concejal Juan Monteverde, de Ciudad Futura.

Monteverde comenzó celebrando que otras voces coincidieran ahora con críticas que su espacio venía formulando desde hacía tiempo. "Este Intendente, a falta de autoridad, recurre al autoritarismo", afirmó. Para él, Rosario atravesaba una situación de ausencia de conducción política: "Nosotros venimos diciendo que Rosario está sin Intendente, no la gobierna nadie, nadie defiende a los rosarinos".

En ese marco, planteó que la falta de autoridad legítima, construida a partir del trabajo y del respaldo ciudadano, llevaba al intendente a simular fortaleza mediante decisiones autoritarias. La maniobra que se debatía, sostuvo, era una expresión de ese mecanismo: al no contar con los votos necesarios en las comisiones, el oficialismo intentaba modificar las reglas para obtener un resultado que no podía conseguir por los canales ordinarios.

Monteverde extendió la comparación a otros conflictos políticos y mediáticos y acusó al oficialismo de recurrir a un mismo mecanismo frente a las voces críticas. Según planteó, cuando el intendente no consigue imponerse por la vía de los votos, busca hacerlo mediante el autoritarismo, una conducta que, sostuvo, también se expresa en el vínculo con la oposición y con los distintos sectores de la ciudad que cuestionan al Gobierno. "Es el mismo modus operandi que, como no pueden discutir con la oposición en los medios de comunicación, la censuran. Como no se banca la crítica a cada sector de la ciudad que alza la voz, la persiguen. Es el mismo modus operandi que hoy llega al recinto", afirmó.

El concejal consideró que el intento de modificar la intervención de las comisiones inauguraba una nueva manera de "violentar la voluntad popular". Después de los tecnicismos reglamentarios, explicó, la cuestión era sencilla: había un proyecto que no reunía los votos en la principal comisión del Concejo y se buscaba romper las reglas para saltearla y llevarlo al recinto.

Advirtió que el oficialismo podía obtener una victoria circunstancial, pero la definió como "una victoria absolutamente pírrica", porque expondría ante la sociedad una forma autoritaria de gobernar. También rechazó que el Concejo pudiera presentarse como un ejemplo de pluralidad y diálogo mientras se modificaban los procedimientos para construir una mayoría que no existía de otra manera.

Monteverde volvió sobre los resultados electorales y recordó que el oficialismo había quedado tercero tanto en la elección local como en la nacional, y que los rosarinos también habían ubicado en tercer lugar al espacio del intendente cuando este buscó validar su segunda gestión. A su entender, esa nueva realidad exigía un cambio en la forma de conducir el Concejo.

"Lo que sí, nosotros vamos anotando cada una de estas cosas para que cuando ustedes sean oposición no salgan con argumentos republicanos a querer dar las discusiones", advirtió. Aclaró, sin embargo, que no pretendía reproducir las mismas prácticas: "No para hacer lo mismo porque somos distintos a ustedes, porque nosotros no vamos a perseguir a la oposición, porque nosotros no vamos a apretar periodistas, porque nosotros no vamos a hacer las cosas que hacen ustedes, pero sí las vamos a anotar".

Su cierre fue una síntesis de la controversia: el oficialismo, sostuvo, estaba violentando las reglas del Concejo porque no tenía los votos, y eso demostraba que, cuando la oposición ejercía su función, los planes del Ejecutivo podían complicarse.

Schmuck volvió a intervenir para dar por agotado el tema. Apurada por continuar con la sesión, recordó que quería participar de la quinta Marcha Federal Universitaria y que suponía que muchos de los presentes también. "Votemos, votemos", insistió. Sin embargo, antes de avanzar, permitió que hablaran los bloques que todavía no habían intervenido.

María Fernanda Rey: la sorpresa por la coincidencia entre Monteverde y los libertarios

María Fernanda Rey, del Bloque Justicialista, tomó el micrófono y abrió su exposición con una ironía dirigida a Monteverde. "La verdad, gracias, Presidenta, nunca pensé ser testigo de la coincidencia de Juan Monteverde y La Libertad Avanza. La verdad que no pensé estar viva para eso", expresó.

Pero su primera embestida fue contra el dirigente de Ciudad Futura, a quien atribuyó parte de la responsabilidad política por la continuidad de Javkin al frente de la Municipalidad. "¿Sabés por qué Javkin es intendente? Porque te cansaste de perder las elecciones contra el necio de Javkin, porque si hubieses dejado que nuestro partido, no hubieses usurpado nuestro partido, a lo mejor un justicialista sería intendente", le dijo. A su lado, la concejala Anahí Schibelbein, de Unidos por Rosario, abrió los ojos con sorpresa ante el tono de la intervención.

Rey aseguró que no le importaba lo que se dijera a sus espaldas y que quería mantener la coherencia entre lo que sentía, pensaba y expresaba. Dijo estar en shock por haber visto a Lautaro Enríquez conversar en voz baja con Monteverde y advirtió que no iba a dejarse distraer por los comentarios de otros concejales.

Después llevó la discusión al uso cotidiano de las aplicaciones. "¿Cuántos rosarinos están pidiendo que se trate el tema de Uber? Hace años que los rosarinos usan este sistema. Hace años", afirmó. Cuestionó a quienes parecían considerar que la discusión sobre Uber había comenzado con la llegada de los libertarios al Concejo y recordó que la institución tenía una historia mucho más larga.

"No empezó con ustedes, muchachos", remarcó. Sostuvo que los rosarinos ya elegían Didi en los barrios, donde, según su apreciación, Uber tenía menor presencia, y reclamó que los concejales dejaran de lado las disputas políticas para concentrarse en las necesidades de quienes trabajaban. Incluso señaló que algunos taxistas también utilizaban Uber y defendió la necesidad de ofrecerles a los conductores herramientas que les permitieran trabajar tranquilos.

Para Rey, la discusión debía avanzar hacia una regulación consensuada. "Hay que regularlo, para eso hay que laburar y nos tenemos que poner de acuerdo y dejar los egos de lado", insistió. Su malestar apuntó especialmente a la disputa por la autoría de las iniciativas: cuestionó que se desestimara el proyecto libertario por su origen, cuando, según dijo, una parte de aquella propuesta estaba incluida en el nuevo texto.

"Entonces, dejen de hacerse los locos, los opositores, y laburen para la gente, para el laburante", concluyó.

Sabrina Prense: "A la gente no le interesa quién tiene la corona"

Sabrina Prense, de Nación y Libertad, retomó la cuestión institucional desde una posición diferente. Dijo que el enfrentamiento le llamaba cada vez menos la atención porque, a su entender, el tira y afloje entre los distintos espacios políticos se había convertido en una costumbre que atravesaba tanto el Congreso nacional como la Legislatura provincial y que ahora se reproducía en Rosario.

Aunque aclaró que no estaba de acuerdo con quitarle una comisión al expediente, sí se manifestó a favor de que el tratamiento avanzara lo más rápido posible. Por esa razón, anunció que acompañaría la propuesta para que el proyecto tuviera una sola comisión, con la condición de que se escucharan las posiciones de todos los bloques y se consideraran las modificaciones presentadas por cada uno, incluidas las de su espacio.

Prense cuestionó que la disputa por el número de comisiones y las mayorías internas hubiera desplazado las urgencias de la ciudadanía. "Porque a la gente no le interesa cuántas comisiones tiene, cuánto le mida cada uno, ni quién tiene la corona acá", dijo. Y, en una imagen que buscó condensar el enfrentamiento, añadió que, mientras la situación fuera de la institución resultaba difícil, los concejales se dedicaban a "agarrar la regla y medirnosla para ver realmente quién está acá mandando a la ciudad".

Su llamado fue a dejar de lado esa competencia y regresar al trabajo legislativo. "Entonces, dejémonos de joder, realmente vayamos a la comisión como se pidió y tratemos de ir como corresponde, escuchando las voces de todas", reclamó.

Fiatti defiende el plenario y acusa a la oposición de bloquear la regulación

Llegado ese punto, Fabricio Fiatti decidió responder a las críticas. El presidente de la Comisión de Gobierno dijo estar sorprendido por las intervenciones opositoras y cuestionó lo que consideró una interpretación equivocada del funcionamiento del Concejo. Recordó que el órgano decisorio era el plenario, donde estaban representadas todas las bancadas, tanto el oficialismo como la oposición, y no las comisiones, que definió como ámbitos de trabajo.

"De ninguna manera una comisión puede ser un filtro para que la manifestación mayoritaria en cuanto a una determinada materia, como en este caso es la regulación de una modalidad de transporte en la ciudad, de una alternativa de movilidad para los rosarinos, no llegue al recinto", argumentó.

Fiatti sostuvo que el oficialismo siempre había tenido voluntad de generar acuerdos y que había participado de las reuniones conjuntas de Servicios Públicos y Gobierno. Pero afirmó que no estaba dispuesto a aceptar lo que describió como una extorsión de La Libertad Avanza, a la que acusó de expresar públicamente una posición y actuar de otra manera dentro del Concejo. Esa conducta, según él, terminaba negándoles a los rosarinos la posibilidad de regularizar las aplicaciones de movilidad.

El concejal defendió además la urgencia del proyecto. Explicó que la iniciativa implicaba ampliar el registro de aplicaciones que ya existía en la ciudad y que las discusiones sobre las atribuciones del Ejecutivo, la protección de los usuarios y las obligaciones de las plataformas ya habían sido abordadas en otras instancias. En esta oportunidad, dijo, se buscaba incorporar una modalidad adicional.

"¿Y por qué ahora? Porque ahora tenemos una legislación de fondo que hace que esta discusión se deba dar de manera inexorable porque tenemos que adecuar nuestras reglas de juego", señaló.

A esa necesidad agregó el riesgo de eventuales consecuencias judiciales. Según Fiatti, existían antecedentes y precedentes jurisprudenciales que podían exponer a la Municipalidad de Rosario a intervenciones judiciales y al pago de costas, como estaba ocurriendo en otros municipios argentinos. Por eso, consideró que el asunto no podía demorarse y que ninguna cuestión administrativa debía impedir que el plenario terminara pronunciándose.

A pesar de su defensa del proyecto, Fiatti aseguró que no serían ellos quienes cambiarían en ese momento la modalidad de discusión ante las dudas planteadas por la oposición. Sin embargo, anticipó que insistirían para que el expediente llegara al recinto y para que los rosarinos pudieran comprobar cuáles eran las verdaderas voluntades políticas detrás de la demora.

En ese punto, volvió a cargar contra Ciudad Futura y el peronismo, al afirmar que ambos espacios anteponían sus disputas con el intendente a las necesidades de la ciudad. Recuperó una frase que, según dijo, había pronunciado el presidente de bloque de Ciudad Futura: "La cuestión no es Uber, es Javkin". Para Fiatti, esa lógica atravesaba el debate y anticipaba una discusión electoral cuando todavía faltaba tiempo para las próximas elecciones.

"De lo que hay que ocuparse es de lo que la ciudad necesita, de lo que los rosarinos nos piden", sostuvo. Acusó a sus adversarios de defender causas mezquinas y de actuar por egoísmo, capricho o conveniencia política. Aun así, anunció que el oficialismo seguiría trabajando en las comisiones para discutir el proyecto, tal como se había hecho hasta ese momento.

Enríquez contra Schmuck: "¿Será por su carrera en la Intendencia?"

Lautaro Nahime Enríquez, de La Libertad Avanza, volvió a tomar la palabra y aprovechó la oportunidad para cuestionar tanto el procedimiento como el papel de la presidenta del Concejo. Comenzó señalando la contradicción que, a su entender, existía entre la urgencia proclamada por el oficialismo y el modo en que se había desarrollado el tratamiento.

"Hace cuatro horas estábamos discutiendo las cosas en una comisión conjunta. Si tan apurados estaban para hacer las cosas, era el momento, no es venir con arrebatos", afirmó. Para el libertario, durante más de una semana el oficialismo había impulsado distintas iniciativas con la misma lógica: plantear que debían tratarse inmediatamente y que, de lo contrario, no avanzarían.

Cuestionó que, a último momento, se pretendiera quitar una comisión fundamental a un proyecto que establecía nuevas reglas para las aplicaciones. También apuntó contra Fiatti, quien presidía Gobierno, por considerar contradictorio que defendiera la exclusión de esa misma comisión alegando que así se ganaría eficiencia.

"No, pero si se cae de maduro que es una actuación política lo que están haciendo", disparó.

Enríquez dirigió entonces sus críticas a Schmuck. Le reprochó que, durante el inicio de la discusión, hubiera permanecido pendiente del celular y cuestionó que, después de ocho años al frente de la presidencia del Concejo, recién en las últimas dos semanas se hubiera decidido a impulsar el tratamiento de Uber. "¿Será por su carrera en la Intendencia? ¿Será porque quiere hacer campaña política? No sé", planteó.

Según el concejal, el oficialismo pretendía imponer sus condiciones bajo el argumento de la urgencia, sin escuchar las objeciones de La Libertad Avanza. También recordó que Unidos por Rosario había contado con quince concejales y una mayoría suficiente para aprobar iniciativas, pero, durante aquellos años, no había tratado Uber, el problema de los cuidacoches conocidos como trapitos ni la reducción de tasas que ahora reclamaba.

Para Enríquez, el cambio de ritmo respondía a que esas cuestiones se habían instalado en la agenda pública y a que su espacio había impulsado parte de esas discusiones. "Ahora se acuerdan que tienen que tratar estos temas, porque están en campaña, porque son temas que lo instaló La Libertad Avanza", sostuvo.

El libertario negó además que su bloque se opusiera a regular las aplicaciones. Aseguró que la discusión de fondo pasaba por el modelo de regulación que pretendía imponer el Ejecutivo. Según su lectura, el proyecto oficialista buscaba transformar Uber, Didi y otras plataformas en una modalidad equiparable al servicio público, al exigirles información sobre sus conductores, los viajes, la cantidad de vehículos, los recorridos, los días de trabajo y los motivos por los que se rechazaban viajes.

"Nosotros entendemos que las aplicaciones de movilidad son un servicio de acuerdo entre privados, y vamos a defender siempre eso", afirmó. Desde esa perspectiva, consideró que el crecimiento de las plataformas respondía a una elección de los usuarios y también podía interpretarse como una respuesta a las deficiencias del sistema de movilidad tradicional.

"Por algo Uber creció, por algo las aplicaciones de movilidad se dispararon, por algo hoy la gente elige Uber, elige Didi, elige distintas aplicaciones", argumentó. Y dejó abierta una interpretación: quizá el sistema de transporte no había fracasado por completo, sino que las aplicaciones se habían convertido en un complemento que respondía a nuevas necesidades.

Enríquez volvió a cuestionar que el Ejecutivo hubiera dejado pasar ocho años sin impulsar una regulación y que ahora quisiera resolver el asunto en apenas dos semanas. Dijo que La Libertad Avanza nunca estaría en contra de Uber ni de los privados, pero rechazó que el proyecto avanzara mediante apuros, saltos de comisiones y cambios reglamentarios.

En medio de sus cuestionamientos, Enríquez se refirió a Schmuck como "presidenta del Cuerpo", en una variación llamativa respecto del tratamiento de "presidente" que los concejales de La Libertad Avanza suelen utilizar para dirigirse a ella. "Entonces, si como presidenta del Cuerpo no puede remitirse y respetar el reglamento y ordenar cómo funcionan las cosas, me parece que estamos en un problema", advirtió. A su juicio, el intento no solo atropellaba las reglas, sino también al Concejo, las comisiones y los trabajadores de la institución.

El concejal desarrolló luego una serie de objeciones al contenido de la iniciativa. Reiteró que el proyecto modificaba el Código de Convivencia y otras ordenanzas, por lo que consideraba injustificable quitarle la Comisión de Gobierno. Insistió en que, detrás de esa decisión, había una intención de convertir las aplicaciones privadas en un servicio público sujeto a mayores obligaciones estatales.

En ese marco, cuestionó que el Ejecutivo pudiera exigir a las plataformas una cantidad determinada de conductores o imponer condiciones sobre sus jornadas de trabajo. Ridiculizó la posibilidad de que se pretendiera obligar a un chofer a trabajar las 24 horas, los 365 días del año, y utilizó el ejemplo de Navidad para subrayar lo que consideraba una intromisión estatal en las decisiones de los trabajadores.

También objetó que el proyecto dejara afuera a las motos utilizadas en aplicaciones de movilidad, una alternativa que, según dijo, muchas personas elegían por su menor costo. Cuestionó, además, la incorporación de tarifas mínimas que, a su entender, impedirían que los usuarios aprovecharan ofertas de viajes de 1.000, 1.500 o 2.000 pesos.

Otra de sus críticas apuntó al tratamiento de las multas acumuladas durante los años en que las aplicaciones funcionaron sin habilitación municipal. Enríquez afirmó que el proyecto mantenía las sanciones impuestas a los vehículos particulares que habían trabajado mediante plataformas, mientras que contemplaba perdonar las multas aplicadas a taxis y remises por operar con aplicaciones no habilitadas.

"Si se las van a perdonar, perdonémoselas a todos. O no se las perdonemos a ninguno", reclamó, al sostener que no debía haber preferencias entre los distintos trabajadores.

Finalmente, volvió sobre el artículo 14, que, según su interpretación, exigía a las aplicaciones entregar información para que el municipio pudiera definir cómo debían funcionar. Si el objetivo era convertirlas en taxis o remises, propuso que se creara directamente un nuevo sistema de movilidad, en lugar de imponer condiciones a plataformas que, afirmó, ya funcionaban y eran elegidas por los usuarios.

"Así que esto que están haciendo es un atropello a las instituciones, es una burrada legislativa", sentenció. Reiteró que el oficialismo parecía haberse acordado de la regulación después de ocho años y especuló con que la decisión pudiera responder a intereses políticos o electorales. De todos modos, aclaró que esperaba que el expediente avanzara en las próximas semanas y recordó que su bloque tenía una propuesta propia, que ya había presentado y discutido en comisión.

Fiatti retira la moción y el intento de recaratulación queda sin efecto
Schmuck eligió no responder a las acusaciones personales de Enríquez y volvió a darle la palabra a Fiatti. El concejal oficialista aprovechó su intervención para cuestionar el tono del debate y denunciar lo que consideró una falta de respeto hacia el resto de los integrantes del cuerpo.

"Qué lástima que la falta de respeto se extienda tan fácil y que tan fácil sea venir a este recinto a decir cualquier barbaridad sin que se deba rendir cuenta de las palabras de cada uno", expresó. Recordó que el asunto había sido conversado el día anterior en la reunión de Labor Parlamentaria y sostuvo que el Concejo debía trabajar para evitar que la mentira se convirtiera en una práctica habitual.

Pero, frente a la resistencia que había encontrado su propuesta y a la evidencia de que el rechazo había ganado terreno, Fiatti decidió retirar la moción de recaratulación. En lugar de insistir con el cambio de comisión, anunció que el oficialismo continuaría la discusión en los ámbitos correspondientes y pediría una preferencia para que el expediente pudiera llegar al recinto dentro de quince días.

"Dicho esto, vuelvo a mis palabras de hace un momento, retiro la moción, insistimos con que se discuta en las comisiones y también pedimos la preferencia del caso para poder llegar en 15 días a tenerlo al expediente acá y que no haya dilaciones", señaló.

El concejal intentó presentar el resultado del debate como una oportunidad para acelerar la discusión de fondo. Dijo alegrarse de que el ritmo impuesto al tratamiento hubiera permitido que el expediente comenzara a leerse y que los concejales empezaran a exponer sus argumentos sobre la regulación de las aplicaciones.

Con el retiro de la moción, la presidenta entendió que ya no quedaba nada que votar sobre ese punto. No hubo una votación para quitarle Gobierno al expediente ni una resolución que consumara el cambio de carátula. El intento había quedado atrás, al menos en esa instancia, aunque el oficialismo mantenía la intención de que el proyecto avanzara con rapidez y llegara al recinto en los siguientes quince días.

Schmuck cerró el episodio con una frase breve, sin responder a las acusaciones que habían atravesado la sesión: "¡Seguimos!".

La disputa por las reglas y el futuro de las aplicaciones

La discusión sobre Uber y Didi, sin embargo, había dejado expuesta una disputa mucho más amplia que la regulación de las aplicaciones. Para el oficialismo, la necesidad de adaptar la normativa y evitar eventuales consecuencias judiciales justificaba acelerar el tratamiento; para sus críticos, el apuro era una respuesta a la pérdida de la mayoría automática y un intento de modificar las reglas para superar una resistencia legislativa legítima.

En el medio quedaron las preguntas sobre el futuro del transporte urbano, las condiciones laborales de los conductores, los costos que enfrentan los usuarios y el alcance de la intervención municipal sobre las plataformas privadas. Pero también quedó una señal política que atravesó cada intervención: en el nuevo mapa del Concejo, las mayorías ya no podían darse por descontadas y cada iniciativa de peso podía convertirse en una pulseada por el control de las decisiones.

La discusión también dejó expuesta otra diferencia de fondo entre el proyecto oficialista y la propuesta de La Libertad Avanza: la habilitación de Uber Moto. Mientras los libertarios reclaman que se permita el traslado de pasajeros en motocicletas, la iniciativa del Ejecutivo deja afuera esa modalidad, en un contexto atravesado por los cuestionamientos sobre la seguridad vial y la cobertura ante posibles siniestros. La disponibilidad de seguros específicos para pasajeros trasladados en motos constituye uno de los interrogantes centrales para una eventual habilitación, junto con la necesidad de establecer un marco normativo adecuado. A eso se suma la exigencia de una licencia profesional para transportar pasajeros. En Rosario, los requisitos municipales publicados para obtenerla por primera vez establecen tener más de 21 años y contar con un año de antigüedad en una licencia de clase inferior, sin computar las de clase A. Son condiciones que abren otro frente de discusión sobre quiénes podrían acceder a trabajar mediante las aplicaciones y bajo qué reglas.

El expediente de Uber y Didi volvería a las comisiones. La discusión, en cambio, ya había salido de allí para instalarse en el centro de la escena política rosarina.

Fotos: Concejo Rosario