sábado, 19 de septiembre de 2026

Supresión de identidad: cuando una partida de nacimiento no cuenta toda la historia

Ocho personas que intentaban reconstruir sus orígenes llegaron, por caminos diferentes, hasta el mismo nombre. Una investigación de la Justicia Federal de Rosario tiene como principal acusada a Dolly Edith Viale de Garrido, una partera de 88 años que trabajó en el Hospital Roque Sáenz Peña. La Fiscalía investiga un hecho concreto ocurrido en 1970 y una hipótesis más amplia que comprende nacimientos registrados entre 1968 y 1980. En el medio aparecen estudios de ADN, partidas de nacimiento, archivos hospitalarios, inscripciones tardías, familias que guardaron secretos durante décadas y una pregunta que atraviesa todas las historias: quiénes fueron realmente sus padres biológicos.

Hay historias que comenzaron hace más de cincuenta años y que, sin embargo, todavía buscan respuestas en el presente.

La Justicia Federal de Rosario formalizó una investigación contra una mujer de 88 años que se desempeñó como partera en el área de maternidad del Hospital Roque Sáenz Peña. La Fiscalía le atribuye, entre otros hechos que son materia de investigación, haber confeccionado en 1970 un certificado de nacimiento con datos falsos sobre la filiación de una beba.

Pero la causa va más allá de ese episodio. El expediente reúne las denuncias de personas que aseguran haber sufrido la supresión de su identidad y que, por distintas circunstancias, comenzaron a sospechar que la historia familiar que conocían podía no coincidir con su origen biológico.

Durante la audiencia en la que se formalizó la investigación, la fiscal federal Soledad García explicó que, por el momento, existe una imputación concreta por uno de los hechos, pero que la hipótesis de la Fiscalía es más amplia y comprende un período que va desde 1968 hasta 1980. Según esa hipótesis, la entonces partera habría separado bebés de sus madres biológicas y los habría entregado a otras personas a cambio de dinero. Esa hipótesis deberá ser investigada y probada en cada uno de los casos.

García aclaró que la investigación no atribuye responsabilidad al Hospital Público Roque Sáenz Peña como institución. La referencia al hospital aparece porque la mujer investigada trabajaba allí y, según la hipótesis fiscal, esa actividad podía haberle permitido acceder a mujeres embarazadas y también a documentación en blanco que posteriormente habría sido utilizada para registrar nacimientos con información falsa.

El juez de garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz rechazó el planteo de prescripción presentado por la defensa y formalizó la investigación. La causa continúa en etapa investigativa y será la Justicia la que deberá establecer qué ocurrió en cada uno de los casos denunciados.

La fiscal explicó que el paso del tiempo no impide necesariamente reunir elementos de prueba. También señaló que el delito investigado —supresión de identidad y falsificación ideológica— contempla una pena mínima de tres años y que, aun en caso de una eventual condena, la situación de una persona de 88 años requiere consideraciones específicas respecto de una posible prisión efectiva.

Mientras el expediente avanza en los tribunales, detrás de los números de la causa aparecen personas que durante décadas convivieron con preguntas. Algunas comenzaron a sospechar durante la infancia. Otras recibieron de sus familias de crianza la información de que habían sido adoptadas y recién muchos años después pudieron emprender una búsqueda sistemática. En todos los casos, el interrogante terminó siendo el mismo: quiénes eran realmente, de dónde venían y qué había ocurrido alrededor de sus nacimientos.

Ocho historias confluyeron en la causa: las de Carmen Quiroga, Ángeles Camarasa, Roberto Fargioni, Andrés Gómez, Andrea Camuso, Silvina Garrido, Sandra Solsona y Marina Alejandra Andreani. Algunas de esas voces estuvieron presentes en la entrevista coral realizada en el programa Señales, de Aire Libre, Radio Comunitaria, donde compartieron parte de sus búsquedas y de las preguntas que llevan décadas intentando responder.
La fiscal federal Soledad García, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario

Las primeras preguntas
Una de ellas recordó que sus primeras dudas aparecieron al ingresar a la escuela primaria. No fue un documento ni un estudio genético lo que despertó la sospecha, sino algo que para un niño podía parecer mucho más sencillo: la diferencia de edad entre sus padres y los padres de sus compañeros.

Mientras otros chicos tenían padres que jugaban al fútbol, participaban de actividades escolares y se reunían con otros adultos jóvenes, sus propios padres eran considerablemente mayores. Tenían, según recordó, una edad más cercana a la de los abuelos de sus compañeros que a la de los padres de los demás niños.

Esa diferencia comenzó a instalar una pregunta que durante años no tuvo respuesta.

Otra de las personas que participó de la conversación, Andrés, contó una historia diferente. Nació en 1974 y, según relató, sus padres de crianza siempre fueron honestos con él. Desde muy pequeño le transmitieron aquello que ellos sabían sobre su origen, aunque esa información era limitada. Durante la infancia, sin embargo, no terminó de comprender qué significaba la adopción.

La búsqueda comenzó mucho después, alrededor de 2002 o 2003, cuando ya tenía más de veinte años y sus padres habían envejecido. Fue entonces cuando empezó a preguntarse por su historia biológica y a intentar reconstruirla.

En su caso existía además una circunstancia que había alimentado la curiosidad familiar. Su padre adoptivo sospechaba que podía haber existido alguna conexión con el ámbito militar, vinculada con un cuñado de la familia. Andrés había vivido en Villa Diego, una localidad del departamento Rosario que él recuerda como un pequeño pueblo, y posteriormente la familia se había mudado al exterior por razones laborales, en 1986.

Con el tiempo, esa sospecha también alcanzó a sus propios padres de crianza. Ellos no tenían información concreta, pero recordaban que existía algún tipo de relación amistosa con determinados militares en Rosario. Esa referencia fue uno de los elementos que impulsaron la investigación personal de Andrés sobre su origen.

Otra de las mujeres que participó de la entrevista describió una experiencia que, en algunos aspectos, se parecía a la de los demás. También había percibido desde niña una diferencia marcada entre la edad de sus padres y la de los padres de sus compañeros.

Según la historia con la que había crecido, sus padres tenían entre 47 y 48 años cuando ella nació. Su padre, además, tenía un aspecto físico que ella asociaba con una edad todavía mayor. Su madre, en cambio, siempre aparentaba ser más joven.

Las primeras dudas aparecieron cuando tenía alrededor de siete u ocho años. Para el segundo o tercer grado ya se preguntaba si aquellas personas eran realmente sus padres. Había también una diferencia física que, desde su mirada infantil, le resultaba evidente: no se parecían.

Con el paso del tiempo esa percepción cambió y comenzó a encontrar semejanzas físicas. Pero aquella primera sensación quedó registrada como una pregunta difícil de explicar.

Recordó especialmente las actividades escolares. Mientras los padres de sus compañeros eran jóvenes y participaban de distintas propuestas, los suyos aparecían como figuras mucho mayores. Su padre, además, formaba parte de las fuerzas y no solía participar de esas actividades; su madre tampoco.

De sus primeros años en el jardín de infantes conserva imágenes que, vistas desde la perspectiva de una niña, quedaron asociadas a aquella diferencia. Recordaba a las otras madres como mujeres muy pequeñas y jóvenes, mientras que su propia madre le parecía mucho más alta y adulta. Su madre medía aproximadamente un metro setenta y ocho y, desde la mirada de una niña que observaba el mundo desde abajo, las demás mujeres parecían todavía más pequeñas.

Pero había algo más difícil de nombrar. Una sensación persistente de que la historia no terminaba de encajar.

Durante la conversación, esa mujer expresó una idea que atraviesa varios de los testimonios reunidos en la causa: quienes fueron criados por personas con las que no comparten vínculos biológicos pueden experimentar, desde muy temprano, una sensación difícil de explicar de que algo no coincide. Ella lo describió como una especie de aviso que aparece antes de que puedan comprender racionalmente qué significa.

Esa percepción, dijo, puede permanecer durante años y hacerse cada vez más presente.

Las historias son diferentes entre sí. En algunos casos, las sospechas comenzaron durante la infancia, a partir de detalles cotidianos. En otros, la propia familia de crianza aportó información que recién pudo ser comprendida muchos años después. También hubo quienes llegaron a la certeza a través de un análisis genético.

Pero las búsquedas terminaron encontrándose.

La primera denuncia abrió un camino judicial que luego fue seguido por otras seis personas. Sus historias personales comenzaron a conectarse hasta confluir en una misma pregunta y en un mismo nombre: el de la mujer que, durante aquellos años, trabajaba como partera.

Se trata de Dolly Edith Viale de Garrido, de 88 años, cuyo nombre aparece desde hace años vinculado, en publicaciones y búsquedas de personas que intentan reconstruir su origen biológico, con relatos sobre presuntas entregas irregulares de bebés en Rosario.

Ahora, esas historias que durante décadas permanecieron dispersas forman parte de una investigación judicial. La Justicia deberá determinar qué ocurrió en cada caso, si existió una práctica sistemática y cuál fue el papel que tuvo la mujer investigada.

Para quienes buscan su identidad, sin embargo, el expediente judicial es apenas una parte de una historia mucho más larga. La causa puede establecer responsabilidades, reconstruir hechos y reunir pruebas. Ellos buscan, además, algo que empezó mucho antes de que existiera una denuncia: conocer el nombre de sus padres biológicos, saber de dónde vienen y, eventualmente, encontrar a una madre, un padre, hermanos u otros familiares que durante toda su vida pudieron ignorar que existían.

Después de medio siglo, la búsqueda continúa.
La partida de nacimiento por la que fue imputada la partera de 88 años

Las historias que empezaron a encontrarse

Los antecedentes que rodean a la investigación, además, no comenzaron con la denuncia que llegó a la Justicia Federal. Al revisar publicaciones antiguas vinculadas con búsquedas de identidad, aparecen relatos que se remontan al menos a 2010.

Uno de ellos corresponde a una persona nacida en 1973 que afirmó que su partida de nacimiento había sido firmada por Dolly. En esa publicación relataba que había sido entregada a una familia de crianza mediante una operación en la que, siempre según su relato y en términos que deberán ser corroborados por la Justicia, habría intervenido dinero. También señalaba que la partera utilizaba la denominación Dolly de Garrido.

Existe además otra intervención publicada alrededor de 1978, en la que una persona relataba una historia similar, identificaba a una familia adoptiva con una heladería del barrio Arroyito y señalaba que la persona continúa buscando a su familia biológica.

Ese caso aparece actualmente indexado en una base de historias de búsqueda de identidad. Son antecedentes que, por sí mismos, no constituyen una prueba de los hechos investigados, pero forman parte del universo de relatos que precedieron a la causa judicial actual.

En la entrevista con Señales, una de las participantes, Ángeles, explicó que su experiencia fue diferente de la de quienes habían detectado desde pequeños una marcada diferencia de edad entre sus padres de crianza y los padres de sus compañeros.

Ella no recuerda haber tenido durante la infancia una sospecha tan definida. Lo que sí experimentaba era una sensación difícil de explicar, particularmente en relación con su madre. Lo describió como una cuestión de piel, una suerte de rechazo físico.

Durante los años de crecimiento, esa sensación podía confundirse con los conflictos habituales de cualquier relación entre padres e hijos. Una discusión, una sensación de no ser querida o una distancia afectiva podían alimentar pensamientos propios de una fantasía infantil: la posibilidad de no ser realmente hija de esas personas.

Pero en su caso la confirmación llegó después. Cuando finalmente supo que no era hija biológica, aquella sensación adquirió otro significado.

"Ah, con razón", fue la conclusión que, según recordó, apareció en ese momento. Muchas cosas parecieron acomodarse retrospectivamente. No podía identificar exactamente cuáles eran esas piezas que habían encontrado su lugar, pero la revelación modificó la forma en que interpretaba recuerdos y sensaciones de su propia vida.

La historia de Silvina Garrido tiene una particularidad que atraviesa toda la investigación: ella asegura haber sido criada por la propia partera investigada.

Silvina se presentó durante la entrevista como "hija apropiada de la partera en cuestión". Su historia, dijo, está atravesada por situaciones que fue comprendiendo con el paso de los años y que hoy observa con una perspectiva diferente, a partir de todo aquello que pudo reconstruir sobre las actividades de la mujer que la crió.

Contó que se enteró de que era hija adoptiva a los 15 años, en 1983, cuando comenzaba la recuperación democrática en el país. La familia vivía frente al Batallón 121 y, según su relato, la mujer tenía vínculos y colaboraciones con integrantes de las fuerzas militares.

Pero aquella revelación no fue completamente inesperada. Las primeras sospechas habían comenzado mucho antes.

Cuando era chica, compañeros de escuela le transmitían comentarios que habían escuchado de sus propios padres. Le decían que era adoptada. Silvina volvía entonces a su casa y se lo contaba a la mujer que la había criado.

Su reacción, según relató, consistía en presentarse en la escuela y generar conflictos con quienes habían difundido esos comentarios. En distintas ocasiones, aseguró, consiguió que expulsaran o echaran a las personas que le habían dicho que era hija adoptiva.

Después, esas consecuencias recaían sobre ella. Tenía que convivir con el rechazo de sus compañeros y con la sensación de haber quedado aislada por situaciones que no había provocado.

Para Silvina, detrás de aquellas reacciones había una intención de mantener todo en secreto y evitar que se conociera su historia.

Su relato sobre la crianza no es, sin embargo, exclusivamente negativo. Reconoció que recibió una buena educación y que considera que esa parte de su vida es algo que puede agradecer. También destacó la figura de su padre, a quien describió como un hombre amoroso.

La relación con la mujer que la crió fue, en cambio, completamente diferente. Silvina relató una infancia y una vida adulta atravesadas por la distancia afectiva. Recordó que casi no había abrazos ni demostraciones de cariño y que muchas veces quiso abandonar aquella casa.

Según contó, la situación se volvió particularmente compleja después de que supo que era adoptada. La mujer que la había criado tuvo luego dos hijos biológicos y, de acuerdo con el relato de Silvina, mantuvo con los tres una relación similar.

Durante décadas, esa historia permaneció dentro del ámbito familiar. Hasta que las búsquedas de identidad de distintas personas comenzaron a conectarse.
Una hija que volvió a la casa

Silvina contó que varias de las personas que investigaban su propio origen comenzaron a comunicarse con ella y que ella atendía esos contactos junto con Carmen. En 2022, además, se produjo un momento particularmente significativo en su relación con la mujer que la había criado.

Para entonces, Silvina ya era adulta y aquella mujer se había quedado sola. Decidió volver a vivir con ella durante un tiempo, con la expectativa de construir finalmente un vínculo de madre e hija que nunca habían podido tener.

En ese momento todavía desconocía el proceso que se estaba gestando entre las demás personas que buscaban su identidad.

Comenzó a comunicarse con Carmen y con otra mujer, Sandra Solsona. Mantuvieron conversaciones y videollamadas. Silvina, según contó, se mostró siempre predispuesta a conversar.

Con el tiempo, las otras personas comenzaron a organizarse de otra manera y crearon un grupo de WhatsApp para compartir información y avanzar en sus búsquedas. Silvina decidió no formar parte de ese grupo porque todavía vivía con la mujer investigada. No le parecía correcto, explicó, participar de un espacio en el que se hablara contra ella mientras continuaba compartiendo la casa.

Pero el vínculo volvió a deteriorarse. Según Silvina, la mujer no cambió y continuó comportándose con ella de la misma manera que lo había hecho durante toda su vida.

En 2025, finalmente, Silvina se separó de esa convivencia y pudo irse de la casa. Comenzó entonces una nueva etapa de su vida, aunque la salida de aquella casa no significó el final de la búsqueda.

Fue Roberto quien volvió a contactarla y quien la incorporó nuevamente al proceso que terminaría llegando a la Justicia.

En un principio, Silvina pensó en participar como testigo en la causa iniciada por Roberto, quien había sido el primero en denunciar. Pero luego decidió presentar su propia denuncia.

Para ella, ese paso tenía una importancia particular: su partida de nacimiento la registra como hija biológica de la mujer que la crió. Silvina sostiene que esa información es falsa y que la propia mujer se lo había reconocido.

A los 58 años, después de toda una vida atravesada por esa pregunta, decidió llevar su historia a la Justicia.

Silvina sabe, según dijo durante la entrevista, que quizá nunca llegue a conocer sus orígenes biológicos. Cree que la mujer que la crió conoce esa información y que podría llevársela consigo. Por eso, su expectativa actual está puesta en otro lugar: que la investigación judicial avance y que se conozca públicamente qué ocurrió.

En su relato apareció también una dimensión colectiva. Para ella, el problema no se limita a estas ocho personas. Sostiene que podrían existir muchas más que fueron privadas de la posibilidad de conocer quiénes son.

Lo que está en juego, dijo, no es una cuestión menor: es el derecho a conocer la propia identidad.

Ese mismo carácter colectivo comenzó a advertirse cuando las historias de las distintas personas dejaron de ser búsquedas individuales y empezaron a conectarse entre sí.

De la búsqueda personal a la denuncia
Quien inició la denuncia judicial explicó que antes de llegar a los tribunales había recorrido el camino que atraviesa cualquier persona que intenta reconstruir una historia familiar perdida: habló con familiares, amigos y vecinos; revisó datos; siguió indicios y trató de encontrar coincidencias entre relatos dispersos.

Su propio caso está vinculado con una familia de crianza de la zona de Arroyito y con un comercio del barrio, la heladería Robinel. Según explicó, su madre de crianza nunca había cursado un embarazo visible antes de su nacimiento, por lo que, de acuerdo con su reconstrucción, las personas del entorno sabían que había sido adoptado.

Ese recorrido personal terminó transformándose en una denuncia. Después aparecieron otros casos.

Las personas que habían realizado búsquedas individuales comenzaron a encontrarse, a intercambiar información y a reconocer elementos comunes en sus historias. La coincidencia central era la misma mujer, pero también aparecían referencias a distintos lugares y hospitales.

En la conversación surgió incluso la existencia de relatos vinculados con el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, además de las referencias al Hospital Roque Sáenz Peña. La fiscal federal, sin embargo, había sido clara al señalar que la investigación no atribuye responsabilidad al hospital donde trabajaba la partera. La hipótesis judicial se concentra en la actuación personal de la mujer investigada y en hechos concretos que deberán ser probados.

La organización entre quienes buscan su identidad tiene ahora otro objetivo: acompañarse, contenerse y tratar de localizar a otras personas que puedan tener historias similares.

La posibilidad de que existan más casos no es una conclusión establecida por la Justicia, pero sí forma parte de la hipótesis de investigación planteada por la Fiscalía. La propia fiscal pidió que quienes tengan dudas sobre su origen biológico o información que pueda resultar relevante se acerquen a los organismos judiciales correspondientes.

Así, una causa que comenzó con una búsqueda individual terminó reuniendo a varias personas y abrió la posibilidad de que aparezcan otras historias.

Algunas llevan décadas intentando responder preguntas que surgieron en la infancia. Otras comenzaron la búsqueda mucho después. Hay quienes llegaron a un resultado de ADN que descartó la filiación que figuraba en sus documentos. Hay quienes recibieron de sus familias de crianza información parcial. Y está también el caso de Silvina, cuya partida la presenta como hija biológica de la mujer investigada y que hoy pide que se determine judicialmente qué ocurrió realmente.

Todas esas historias confluyen ahora en un expediente. Pero antes de ser una causa judicial fueron vidas atravesadas por una ausencia: la ausencia de información sobre el propio origen.

Por eso, para quienes participan de esta búsqueda, encontrar a otras personas no significa solamente sumar nombres a una investigación. También significa dejar de estar solos frente a una pregunta que, en algunos casos, lleva más de medio siglo esperando una respuesta.

Apropiación, adopción y una palabra que importa
Para quienes integran el grupo, una de las primeras discusiones fue incluso sobre cómo nombrar lo que les había ocurrido.

Hablar de una "adopción ilegal", explicaron, no alcanza para describir sus historias. Ellos prefieren hablar de apropiación porque, en varios de los casos, fueron inscriptos directamente como hijos biológicos de quienes los criaron.

La diferencia no es solamente terminológica para ellos.

Una adopción, aun cuando se hubiera producido de manera irregular, supone una historia en la que el niño aparece identificado como hijo adoptivo. En estas historias, según explican, eso no ocurrió. Los documentos los presentaron como hijos biológicos de quienes los criaron.

La persona que inició la primera denuncia judicial contó que antes de llegar a los tribunales había recorrido el camino habitual de quien intenta reconstruir su identidad. Consultó a familiares, amigos y vecinos y reunió toda la información que pudo. También acudió a la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe.

Allí, según relató, le dijeron que ya había hecho todo el recorrido posible como buscador y que el paso que quedaba era realizar una denuncia judicial. Le indicaron que podía hacerlo ante el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.

Como no vivía en Rosario, presentó la denuncia de manera online en noviembre de 2023. Sin embargo, cuando intentó obtener información sobre el trámite, en enero de 2024 le respondieron que la atención era únicamente presencial. Volvió a comunicarse y pidió que lo contactaran telefónicamente, pero recibió la misma respuesta.

Recién en abril de 2024 pudo viajar personalmente hasta el Ministerio Público de la Acusación. Allí le informaron que habían revisado su denuncia y que, por el delito que estaba denunciando, el organismo no era competente y debía remitir el caso a la Justicia Federal.

Para el denunciante, esos meses significaron una demora especialmente importante debido a la edad de la mujer investigada. Después de ese primer traslado, la denuncia quedó, según su relato, en un área de transición vinculada con el cambio de sistema judicial y durante un tiempo volvió a quedar detenida.

Ante esa situación comenzó a pedirles a las demás personas que participaran como testigos y aportaran información y documentación. Algunos aceptaron inmediatamente; otros necesitaron más tiempo.

En ese momento, Silvina tuvo un papel importante dentro de la organización del grupo. Según contó el denunciante, fue ella quien insistió reiteradamente para que quienes tenían información se presentaran como testigos. Finalmente varios lo hicieron, aunque la denuncia original continuaba sin avanzar.

Fue entonces cuando comenzó a tomar forma lo que ellos mismos denominaron "Cardumen": una manera de organizarse a partir de la suma de búsquedas individuales.

Silvina, Carmen, Ángeles, Andrés y Sandra, entre otros, comenzaron a presentar sus propias denuncias. También aparecieron otras dos mujeres que denunciaron situaciones relacionadas con Silvia Viale, hermana de Dolly. La acumulación de relatos hizo que la causa adquiriera otra dimensión.

El expediente terminó ingresando al nuevo sistema judicial, donde comenzó a intervenir la fiscal federal Soledad García. A partir de ese momento, según los integrantes del grupo, la investigación comenzó a avanzar.

Ellos reconocen que el proceso estuvo atravesado por demoras y por un desgaste emocional considerable. También admiten que durante ese tiempo debieron insistir una y otra vez para que sus denuncias fueran escuchadas.

En lugar de esperar individualmente, decidieron turnarse. Cuando uno se agotaba, otro continuaba. Cuando alguno tenía fuerzas para insistir, lo hacía. La causa, en ese sentido, también se convirtió en un trabajo colectivo.

Una audiencia después de décadas
La audiencia en la que finalmente vieron a la mujer investigada produjo emociones diferentes.

Una de las participantes contó que le resultó impactante encontrársela personalmente. No esperaba que asistiera y pensaba que estaría representada únicamente por su abogado. Además, conocía al letrado porque su padre había sido la última pareja de la mujer investigada.

Tenía previsto asistir presencialmente junto con Ángeles, pero una enfermedad respiratoria se lo impidió. Dijo que probablemente el impacto habría sido todavía mayor si hubiera tenido que encontrarse cara a cara con ella.

La mujer investigada, finalmente, estuvo presente en la audiencia. Según el relato de los entrevistados, allí tomó conocimiento de parte de los señalamientos que estaban siendo formulados en su contra.

Más allá de las emociones personales, el grupo también tuvo que enfrentarse a otra pregunta: qué ocurre con el vínculo que cada uno mantiene, o mantuvo, con las personas que figuran en sus documentos como padres.

En varios casos, esos padres de crianza ya habían fallecido.

Una de las participantes explicó que esa circunstancia también facilita, en cierta medida, la posibilidad de avanzar con las denuncias, porque sus padres de crianza no están hoy en condiciones de ser alcanzados por una eventual investigación.

Su propia historia familiar está atravesada, sin embargo, por sentimientos contradictorios.

Recordó haber tenido una buena infancia y mucho cariño. Al reconstruir el pasado, le resulta injusto que no le hayan contado lo que sabían o que no hayan dejado información que pudiera ayudarla a conocer su origen.

Al mismo tiempo, intenta comprender las circunstancias en las que su madre de crianza llegó a ocupar ese lugar. Según explicó, detrás de aquella decisión pudo haber existido una fuerte presión familiar. Su abuela quería una nieta y, de acuerdo con su reconstrucción, estaba decidida a conseguirla de cualquier manera.

La mujer cree que su abuela pudo haber sido quien generó el vínculo con Dolly. Su relación con su madre de crianza fue compleja, pero reconoce que recibió de ella una buena vida.

Carmen contó una experiencia similar en algunos aspectos. A quienes la criaron prefiere llamarlos apropiadores, aunque reconoce que le dieron una excelente vida. Les atribuye su educación, sus oportunidades y buena parte de las herramientas con las que construyó su vida adulta.

También reconoce que muchas de las características que hoy identifica en sí misma probablemente fueron aprendidas de ellos. Es docente y, al mirar determinadas conductas o valores propios, se pregunta de dónde provienen. En esa reconstrucción encuentra enseñanzas recibidas de Amelia y Armando, los nombres de quienes la criaron.

Ambos fallecieron. Su padre murió a los 77 años y, según Carmen, se llevó el secreto a la tumba. Con su madre, en cambio, atravesó una relación difícil durante los primeros años, pero a partir de los 17 o 18 años el vínculo se transformó y llegó a ser muy bueno. Su madre murió a los 99 años.

Fue después de esas muertes cuando Carmen pudo avanzar con distintos estudios y con el análisis de ADN.

También en su caso aparece el mismo sentimiento que atraviesa al resto del grupo: agradecimiento por el amor y la crianza recibidos, combinado con la sensación de que sus padres de crianza se llevaron información que les pertenecía.

Para ellos, esas dos dimensiones pueden coexistir. Pueden reconocer una buena infancia, valorar la educación recibida y recordar con afecto a quienes los criaron y, al mismo tiempo, considerar injusto que se les haya ocultado información sobre su identidad.

La búsqueda, entonces, no intenta borrar la vida que tuvieron. Intenta completar aquello que quedó ausente.

La otra punta de la historia

Y mientras el grupo reconstruye sus propias historias, aparece una posibilidad que abre una dimensión todavía mayor de la investigación.

Del otro lado de estas historias podrían existir madres que alguna vez estuvieron embarazadas y a quienes les dijeron que sus hijos habían muerto.

Durante la entrevista surgió la hipótesis de que algunas mujeres podrían haber recibido la noticia de que el bebé había nacido muerto o que había fallecido poco después del parto. También se mencionó que, según los relatos que los propios buscadores fueron recopilando, a algunas madres se les habría pedido que no vieran el cuerpo con el argumento de que esa imagen podía resultar demasiado dolorosa.

Lo que siguió, según la hipótesis planteada por los entrevistados, habría sido la salida del recién nacido por otro sector del establecimiento y su posterior entrega a otra familia.

Los participantes hablaron de esto como una posible modalidad utilizada por algunas parteras. Se trata de una afirmación que deberá ser investigada y corroborada en cada caso y que no puede darse por establecida a partir de los testimonios reunidos.

Pero para quienes buscan su identidad, esa posibilidad tiene una consecuencia concreta: puede haber madres que hayan atravesado un duelo por hijos que en realidad sobrevivieron y que hoy continúan buscándolas sin saber quiénes son.

Por eso el mensaje del grupo también está dirigido a ellas. A las madres que alguna vez recibieron una explicación sobre la muerte de un hijo. A quienes sospecharon que algo no cerraba. A quienes pudieron haber sido presionadas para entregar a un bebé.

En los testimonios apareció también el contexto social de la época. Algunas de esas mujeres podían ser muy jóvenes y encontrarse bajo una fuerte presión familiar. Padres, madres, tíos u otros familiares podían insistir en que entregaran el recién nacido por razones vinculadas con la vergüenza social, la situación económica o las circunstancias familiares.

Los integrantes del grupo creen que allí también puede encontrarse una parte de la historia que todavía falta reconstruir. Ellos ya realizaron, según dicen, todos los movimientos que estaban a su alcance. Ahora esperan que las madres puedan comenzar a buscar.

Las imaginan como una pieza que falta para completar un rompecabezas.

No se trata solamente de encontrar a quienes fueron criados por otras familias. También de encontrar a quienes alguna vez fueron madres y pudieron haber sido separadas de sus hijos sin conocer qué había ocurrido realmente.

Los archivos que quedaron y los que desaparecieron
La cuestión de los registros hospitalarios aparece entonces como otro capítulo fundamental.

Los entrevistados se preguntan qué información permanece en los archivos de los hospitales públicos de aquellas décadas, qué libros fueron conservados y cuáles pudieron haberse perdido. También recuerdan que existen antecedentes en otros casos de documentación a la que le faltaban hojas precisamente cuando se intentaba reconstruir información sobre nacimientos.

Son preguntas que deberán ser respondidas con documentos y peritajes. En el caso del Hospital Roque Sáenz Peña, donde trabajaba la mujer investigada, existe además una dificultad particular señalada durante la entrevista: parte del archivo se perdió en un incendió.

Silvina recordó que cuando supo, a los 15 años, que era adoptada comenzó inmediatamente una búsqueda, aunque con las limitaciones propias de una adolescente que todavía no sabía cómo investigar su historia.

Uno de los primeros lugares a los que acudió fue precisamente el Hospital Roque Sáenz Peña. Allí le informaron que el archivo correspondiente al período de su nacimiento se había quemado.

Según su recuerdo, a partir de alrededor de 1980 comenzaron a reconstruirse determinados registros mediante nuevas herramientas y procedimientos, pero la documentación anterior que había desaparecido en el incendio ya no estaba disponible.

Para Silvina, esa ausencia documental se convirtió en otro obstáculo dentro de una búsqueda que ya estaba marcada por el silencio.

A esa dificultad suma otra consideración: sostiene que la mujer investigada tenía acceso a distintas posibilidades y documentos que podían haber facilitado, eventualmente, el ocultamiento de información. Esa es una apreciación de la entrevistada y deberá ser contrastada con documentación y pruebas dentro de la investigación.

Silvina fue, además, la persona que situó su propia historia en el extremo más antiguo del grupo. Su nacimiento corresponde a 1968. Los demás denunciantes son, en general, más jóvenes, pero ella sostiene que la diferencia de edad no cambia lo esencial.

Todos llegaron, por caminos diferentes, a una misma pregunta.

Quiénes eran.

Quiénes fueron sus padres biológicos.

Qué ocurrió realmente alrededor de sus nacimientos.

Y por qué tuvieron que pasar décadas para que esas preguntas comenzaran a ser escuchadas por la Justicia.

Para una de las personas que participa de la búsqueda, los registros hospitalarios no desaparecieron por completo.

A diferencia de Silvina, que recibió la información de que los archivos correspondientes a su nacimiento se habían quemado, Carmen logró acceder a los libros de registro mediante una organización no gubernamental, en un procedimiento que requirió autorizaciones y coordinación a distancia. Mientras ella permanecía en la Patagonia, integrantes de la organización recorrieron los archivos en Rosario y registraron las páginas con una cámara, mediante fotografías y filmaciones.

Carmen conserva esas copias en su poder y, según explicó, el material resultó de interés para la Fiscalía.

Entre los registros encontró un dato que le llamó especialmente la atención.

Ella había nacido con un peso de un kilo setecientos gramos. Al revisar los libros, encontró un registro correspondiente a una niña con ese mismo peso. La anotación presentaba, según observó, varias particularidades: había espacios en blanco, un nombre de mujer aparecía parcialmente tachado y las fechas sucesivas del registro parecían interrumpirse precisamente en determinados puntos.

También observó que la mujer que figuraba como madre aparecía identificada con su apellido de casada y no con el de soltera.

El conjunto le resultó llamativo, pero la propia entrevistada fue cuidadosa al describirlo. Ese registro no permite afirmar que se trate de su nacimiento. Es, en todo caso, un indicio que deberá ser contrastado con otros documentos y pruebas.

La búsqueda en los libros tampoco permitió resolver el interrogante. Pero abrió otra posibilidad: que la documentación que todavía existe pueda ayudar a reconstruir historias que durante décadas quedaron incompletas.

Otros integrantes del grupo no tuvieron esa posibilidad. En sus casos, la respuesta recibida fue que los archivos se habían quemado. La falta de documentación deja abierta otra pregunta que solamente una investigación podrá responder: cómo se produjeron esas pérdidas y qué información contenían originalmente esos registros.

Para quienes buscan su identidad, los documentos son apenas una parte de la historia. El otro gran interrogante está en las madres biológicas.
Una historia también puede estar del otro lado

Una de las participantes insistió en que la investigación no debería dejar de lado a esas mujeres. Algunas, dijo, pudieron haber querido entregar a sus hijos. Pero otras quizá no tuvieron esa posibilidad de decisión.

Por eso, más allá de la búsqueda de justicia por la supuesta apropiación de niños, piensa también en el dolor que pudo haber quedado detrás de esas historias.

En las madres a las que tal vez les dijeron que sus hijos habían muerto. En las mujeres que pudieron haber atravesado un duelo sin saber que el niño que creían perdido estaba vivo. En las separaciones producidas en un contexto que todavía debe ser reconstruido.

Para quienes fueron criados por otras familias, las consecuencias no se limitan a desconocer el origen biológico. También existe la conciencia de que sus propias historias pudieron ser parte de una cadena de decisiones que afectó a otras personas.

Una de las entrevistadas habló de su deseo de saber quiénes fueron su madre y su padre biológicos, pero también de una fantasía que la acompaña: poder algún día encontrarse con su madre y decirle que su hija está bien, que fue cuidada y que tuvo una buena vida.

Ese posible encuentro, dijo, permitiría cerrar un círculo también para ella.

Por eso el llamado del grupo no está dirigido únicamente a quienes sospechan que fueron apropiados. También alcanza a quienes puedan tener información sobre niños que fueron separados de sus familias.

Piden que quienes sepan algo no guarden esos datos. No se trata de señalar públicamente a nadie ni de convertir una sospecha en una acusación, sino de aportar información a los ámbitos correspondientes, porque esos datos pueden resultar fundamentales para el derecho a la identidad de otra persona.

Los nombres que volvieron a aparecer
En esa búsqueda comenzaron también a aparecer nuevos nombres.

Una de las primeras cosas que hicieron varios de los denunciantes, cuando comenzaron a sospechar de su origen, fue revisar sus propias partidas de nacimiento. En distintos casos encontraron allí el nombre de Dolly.

Para uno de ellos, esa fue la primera pista. Cuando comenzó a dudar de su historia familiar, buscó la partida y revisó quién figuraba como la persona que había intervenido en su nacimiento.

Otro de los consultados hizo lo mismo y encontró nuevamente el nombre de la mujer. En su caso, además, apareció una particularidad documental: una inscripción tardía.

Según explicó, su fecha de nacimiento sería septiembre de 1978, pero fue registrado recién en mayo de 1979. La partida incluye una anotación que señala precisamente esa inscripción tardía y también la intervención de un funcionario público del Registro de las Personas.

Para los integrantes del grupo, la repetición de estas circunstancias plantea interrogantes sobre los controles existentes en aquella época. Reconocen que se trataba de otro contexto institucional y que los mecanismos de control eran diferentes, pero consideran que será necesario determinar cómo fueron confeccionados esos documentos y qué responsabilidades pudieron existir.

La búsqueda en internet les permitió encontrar además otros casos en los que aparecía el nombre de Dolly o el de su hermana Silvia Viale.

A través de esas búsquedas y del contacto entre personas que atravesaban situaciones parecidas, Sandra —que no participó de la entrevista— tuvo un papel en la creación del grupo de WhatsApp que terminó reuniendo a varios de ellos.

Con el tiempo aparecieron más personas que aseguraban tener partidas relacionadas con Dolly y con su hermana. Algunas pudieron confirmar aspectos de sus propias historias y otras todavía no se animaron a realizar una denuncia.

Los integrantes del grupo entienden que dar ese paso no es sencillo.

Denunciar significa volver sobre una historia familiar, enfrentar a personas que formaron parte de la propia vida y aceptar que muchas certezas pueden comenzar a derrumbarse. Por eso respetan a quienes todavía necesitan tiempo para hacerlo.

Silvina explicó que su partida de nacimiento presenta una particularidad diferente. Dolly figura allí como su madre biológica y la inscripción está respaldada por dos testigos.

Según relató, en aquella época era posible recurrir a testigos para ese tipo de inscripciones. Los dos que aparecen en su documentación, aseguró, eran amigos de Dolly y de su esposo. Ambos fallecieron.

Pero hay algo que vuelve a unir su documento con los de los demás: la firma de la mujer investigada aparece en determinadas partidas.

Y, sobre todo, una característica que atraviesa las historias del grupo: ninguno fue registrado legalmente como hijo adoptivo. Fueron inscriptos como hijos biológicos de las personas que los criaron.

Esa circunstancia es, para ellos, uno de los elementos centrales que la investigación deberá analizar.
Una fecha que quedó escrita

Hacia el final de la entrevista, Andrés volvió a contar su historia. Su caso era diferente porque siempre supo que era adoptado. Lo que nunca pudo conocer con certeza fue cuándo había nacido.

Sus padres de crianza le habían contado que tenía aproximadamente dos o tres semanas cuando fueron a buscarlo. Había, además, una coincidencia familiar que terminó influyendo en la fecha que quedó asentada en los documentos.

El cumpleaños de su padre era el 16 de julio. Por eso, según le explicaron, decidieron registrarlo como nacido el 17 de julio, casi como un regalo para un hombre que quería tener hijos y cuya esposa no podía tenerlos.

Esa fue la fecha con la que creció. Pero detrás de ella permaneció una duda: si cuando lo fueron a buscar ya tenía dos o tres semanas, ¿cuándo había nacido realmente?

Es una pregunta que parece pequeña frente a todo lo que aparece en la causa, pero que resume buena parte de lo que atraviesa a quienes integran este grupo. Incluso cuando una persona conoce desde siempre que fue adoptada, puede existir información esencial que nunca llegó a sus manos.

En su caso no se trataba de descubrir de golpe que había sido adoptado. La pregunta era otra: saber cuándo había comenzado realmente su propia historia.

Lo que queda por investigar
La entrevista terminó después de casi una hora. Antes de despedir a los participantes, el periodista agradeció que hubieran compartido sus historias y les ofreció continuar poniendo los micrófonos de Aire Libre, Radio Comunitaria a disposición de quienes necesitaran contar algo más.

Del otro lado quedaron las preguntas. Muchas preguntas acumuladas durante décadas.

A medio siglo de aquellos nacimientos, la investigación judicial recién comienza a reconstruir una parte de esas historias.

La Fiscalía Federal sostiene que existe una hipótesis que abarca el período comprendido entre 1968 y 1980 y que, hasta el momento, la causa reúne a estos denunciantes. La Justicia deberá determinar qué ocurrió en cada uno de los casos, si existieron otras situaciones y cuál fue la participación concreta de la mujer investigada.

También deberá establecer qué valor tienen los documentos que los denunciantes aportaron, qué puede recuperarse de los archivos hospitalarios, qué información puede surgir de los registros civiles y qué pueden aportar los análisis genéticos.

Para quienes integran el grupo, en cambio, el período no se mide solamente en años.

Se mide en vidas.

En infancias atravesadas por preguntas. En padres y madres de crianza que murieron sin revelar —o sin poder revelar— aquello que sabían.

En documentos que aparecen incompletos, inscripciones tardías, firmas y registros que ahora vuelven a ser examinados. En madres que pudieron haber pasado décadas creyendo que sus hijos habían muerto. Y en hijos que llegaron a la adultez sin saber de dónde venían.

Al finalizar la entrevista, desde la radio se recordó que el área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas de la Unidad Fiscal Rosario puso a disposición el correo electrónico atencionvictimas-ros@mpf.gov.ar para quienes puedan aportar información relacionada con los hechos investigados o necesiten asistencia.

La Fiscalía convocó especialmente a quienes tengan dudas sobre su origen o información que pueda resultar útil para la causa.

Es un llamado que apunta hacia adelante.

Porque la investigación no solamente intenta reconstruir lo que ocurrió hace décadas. También busca encontrar a quienes todavía no saben que existe una historia que los involucra.

Y quizá, entre esos nuevos nombres, aparezca alguna de las piezas que faltan.

La madre que nunca supo que su hija sobrevivió.

El hijo que todavía desconoce de dónde viene.

Un documento que quedó guardado durante medio siglo.

Una partida con una firma.

Una fotografía.

Un recuerdo familiar.

Un dato que alguien conservó y nunca se animó a contar.

Después de tantos años, la búsqueda ya no pertenece a una sola persona.

Es una búsqueda colectiva por reconstruir identidades, reunir historias y determinar, finalmente, qué ocurrió detrás de documentos que durante décadas parecieron cerrar una historia y que ahora vuelven a abrirla.

Escuchá la entrevista completa:
Fotos: Señales, Matías Pellón, Claudio González MPF

viernes, 18 de septiembre de 2026

Un proyecto que abrió un debate más amplio: seguridad, adolescentes y reclutamiento criminal en Rosario

Un proyecto que parecía destinado a expresar respaldo al Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe terminó abriendo una extensa discusión sobre seguridad, menores, crimen organizado, estadísticas y políticas de Estado. María Eugenia Schmuck defendió la gestión provincial y reclamó "dejar de hacer diagnósticos"; la oposición cuestionó la baja de la edad de punibilidad y pidió un debate más profundo. En el medio, aparecieron datos, experiencias territoriales y fuertes cruces políticos.

"Hay que opinar sobre estos temas", había planteado la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck al presentar el proyecto. Lo que siguió fue una de las discusiones más extensas de la sesión. La presidenta del Concejo bajó del estrado y desde una banca habló primero para explicar el sentido de la iniciativa y volvió luego a bajar del estrado para responder a sus pares. El expediente finalmente fue aprobado por mayoría reglamentaria, aunque con ocho votos negativos y una abstención.

El debate comenzó con una definición política de Schmuck. El proyecto que impulsaba buscaba expresar el beneplácito del cuerpo por el dictado del Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe y por las condiciones que, según el oficialismo, permitieron la aplicación inmediata de la nueva Ley Penal Juvenil nacional.

Pero antes de entrar en el articulado, Schmuck eligió poner el expediente en el contexto de la crisis de violencia que atravesó Rosario.

"Nosotros venimos de una época muy complicada, hace no menos de tres años la ciudad enterraba pibes, contaba muertos", sostuvo. Y agregó que entonces "había alrededor de 300 muertos, éramos récord Guinness en materia de violencia urbana, teníamos 20 patrulleros en la calle".

Desde allí construyó el argumento central de su intervención: si durante años la violencia y el crimen organizado fueron uno de los principales problemas de Rosario, los concejales debían discutir también las herramientas con las que el Estado pretende enfrentarlos.

"No es progre decir que se imputen a los menores de 16 años, pero la verdad es que en la ciudad de Rosario, desde los 14 hasta los 18 años, estos pibes eran utilizados por las bandas criminales para extorsionar, para asesinar, para generar el período de violencia más oscura que vivimos en la ciudad en democracia", expresó la integrante del bloque Unidos por Rosario.

"Cuando venimos de esa situación, en donde la mayoría de las víctimas y la mayoría de los que perpetraban esos delitos eran adolescentes, hay que opinar sobre estos temas", afirmó.
En ese marco, Schmuck planteó que en la provincia de Santa Fe la Ley Provincial N.º 14.228, que establece que estas situaciones queden bajo la órbita de la Secretaría de la Niñez, en lugar del Ministerio de Seguridad, como ocurría anteriormente. Schmuck vinculó esta disposición con la Ley N.º 12.967, que establece el principio del interés superior del niño como eje para la intervención del Estado.

La referencia a los "300 muertos" es uno de los puntos que luego quedó expuesto al contraste con las estadísticas oficiales. La serie del Observatorio de Seguridad Pública para el departamento Rosario registra 290 homicidios en 2022 y 262 en 2023, mientras que el registro de 2024 descendió a 92.

La precisión geográfica tampoco es menor: esos números corresponden al departamento Rosario y no exclusivamente al municipio. En la infografía anual de 2024 del Observatorio de Seguridad Pública se consignaron 79 homicidios ocurridos específicamente en la ciudad de Rosario, mientras que otros hechos correspondieron a localidades del departamento. 

No se trata de una diferencia meramente semántica. El departamento Rosario incluye, además de la ciudad, localidades como Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria, Pérez, Funes, Alvear, Piñero y otras. Por eso, cuando se utiliza una cifra departamental para describir exclusivamente a la ciudad, es necesario hacer esa aclaración.

El dato de 2022, de todos modos, sí marca un punto de inflexión: el propio Gobierno provincial reconoce ese año como el pico histórico de la tasa de homicidios de la ciudad, con 25 homicidios cada 100.000 habitantes. 

La discusión, entonces, quedó planteada desde el comienzo entre dos planos: el recuerdo de una Rosario atravesada por una violencia extrema y la necesidad de utilizar estadísticas precisas para describirla.

Salinas: "¿Qué carajos hacemos con esos pibes?"
El concejal de Ciudad Futura, Antonio Salinas, anticipó el voto negativo de su bloque, pero dedicó buena parte de su intervención a explicar por qué. Su planteo fue que el Concejo estaba discutiendo un proyecto que había cambiado varias veces y que, en su recorrido, había terminado mezclando situaciones, diagnósticos e instrumentos diferentes.

"Ya se está volviendo costumbre en este recinto discutir cuestiones que no se sabe bien qué estamos discutiendo", advirtió.

Salinas explicó que había preparado tres argumentaciones diferentes porque, según señaló, el proyecto había atravesado tres etapas.

Primero, dijo, había sido una declaración de preocupación por una situación que finalmente no ocurrió: la decisión de una jueza de la provincia de Buenos Aires que había declarado inaplicable el nuevo régimen. Para Salinas, aquella resolución no tenía impacto jurídico directo sobre Santa Fe ni sobre Rosario.

Después, explicó, el proyecto se transformó en un beneplácito por la supuesta preparación de la provincia para aplicar el nuevo régimen penal juvenil.

Y allí planteó una de sus principales objeciones: afirmó que, tras realizar "tres o cuatro llamados a operadores del sistema judicial", recibió como respuesta que tampoco tenían conocimiento suficiente sobre la infraestructura, los cargos, los recursos humanos y los dispositivos que el proyecto daba por existentes y preparados.

"Entonces también es honesto decir que estamos celebrando o declarando el beneplácito por algo que, por lo menos nosotros como concejales, desconocemos", sostuvo.

Por eso reclamó que el propio Concejo utilizara sus comisiones y el recinto para convocar a funcionarios y operadores del sistema y conocer en detalle qué dispositivos existen, dónde están y con qué recursos cuentan.

Pero su intervención rápidamente pasó del expediente a una discusión mucho más amplia. Salinas cuestionó la tendencia a debatir seguridad mediante "instrumentos aislados" y no a partir de estrategias integrales.

"Venimos diciendo hace tiempo que el problema de la ciudad, de la provincia y del país hace un tiempo es que venimos discutiendo mal las cosas, medio hasta de manera maniquea, tratando de generar posiciones contradictorias solamente para oponernos o, en todo caso, oponernos a la oposición", afirmó.

Desde allí habló desde su propia experiencia territorial. "Milito hace 25 años en los barrios populares", recordó. Y planteó que no podía reducirse el debate a quién está preocupado por la violencia y quién no.

"¿A quién no le preocupa la muerte joven? ¿A quién no le preocupa los asesinatos de los jóvenes que mataban o eran muertos en enfrentamientos?", preguntó.

Salinas contó además que buena parte de su militancia estuvo vinculada al estudio de estas problemáticas y reivindicó un enfoque que, según dijo, tiene poca tradición en la cultura securitaria argentina: la prevención social del delito.

Reconoció la reducción de los homicidios y utilizó una metáfora para diferenciar esa mejora de la resolución de las causas profundas.

"Nos gusta mucho una frase que dice que bajó la fiebre, es decir, la tasa de homicidios bajó. ¿Quién puede negar que la tasa de homicidios bajó?", señaló.

Pero inmediatamente planteó la segunda parte de la cuestión: "Ahora también hay que atacar las causas profundas de la enfermedad, o sea, cuáles son esas causas que generan la violencia en nuestra ciudad."

Su argumento se concentró especialmente en una franja etaria que consideró crítica: los adolescentes de entre 11 y 16 años. Según explicó, en esa etapa se combinan problemas de conformación subjetiva con dificultades concretas del sistema educativo.

Afirmó que la deserción y el ausentismo escolar se multiplican "por cuatro o por cinco" entre los 11 y los 16 años y describió una situación que, según su experiencia territorial, deja a muchos adolescentes fuera de las instituciones.

"Los pibes y las pibas son muy grandes para volver a sus escuelas primarias, donde quizás han repetido dos o tres veces, entonces el sistema de educación primaria muchas veces los termina expulsando y son muy chicos para entrar a los EMPAS", explicó.

Y puso un ejemplo concreto de Nuevo Alberdi. Relató el trabajo realizado en una escuela que, según contó, el propio Ministerio de Educación terminó reconociendo como el EMPA más grande de la provincia de Santa Fe en cantidad de ingresos, permanencia y egresados.

"Me enorgullece profundamente decir que a más de 500 y 600 jóvenes hemos atravesado, hemos cortado, interceptado destinos que parecían irreductibles y se han modificado, han conseguido buenos laburos, han ido a la universidad, han estudiado tecnicaturas", afirmó.

El ejemplo también le permitió mostrar el problema que encuentra con adolescentes más chicos. Contó que madres de chicos de 13, 14 y 15 años se acercan preocupadas y que muchas veces la respuesta que reciben es que esos adolescentes todavía no pueden ingresar al EMPA, porque el sistema establece determinadas edades para el acceso.

Así llegó a una de las preguntas centrales de su exposición: "Entonces evidentemente los pibes entre 11 y 16 son muy grandes para volver a la escuela primaria y muy chicos para ir al EMPA, quedan a la intemperie. Entonces yo pregunto qué hacemos con esos pibes, yo también quiero discutir seriamente todas estas cuestiones", agregó.

Salinas también contó que venía trabajando con una fundación de Buenos Aires y destacó especialmente que se trataba de personas que pensaban políticamente distinto a él. "Me gusta entrevistar y juntarme con gente que piensa bastante distinto a lo que pienso yo", explicó.

Entre esas conversaciones mencionó a un especialista en seguridad que, según relató, se reconocía de derecha y había sido asesor del Banco Mundial. De esa conversación recuperó una definición que consideró especialmente significativa después de haber trabajado en países afectados por el narcotráfico.

Según Salinas, ese especialista le había planteado que la política de prevención social del delito más efectiva para reducir la escalada de violencia consiste en "estrangular la capacidad de reclutamiento de las bandas narco".

La expresión se convirtió en uno de los conceptos centrales de su intervención. Pero Salinas no se quedó en el diagnóstico. Preguntó directamente qué políticas están implementando actualmente los distintos niveles del Estado para conseguirlo.

"¿Cuáles son las políticas que hoy están en curso en nuestra provincia, en nuestra ciudad, en nuestro país para estrangular concretamente la capacidad de reclutamiento de las bandas narco?"

Su preocupación era que los adolescentes fueran reclutados cada vez a edades más tempranas y que la única respuesta institucional terminara siendo bajar progresivamente la edad de ingreso al sistema penal.

"¿Qué vamos a hacer? ¿Cada vez los vamos a meter en cana más temprano? Puede ser una opción, digo, discutámosla", planteó. Pero inmediatamente propuso otra perspectiva. "Quizá se puede construir instituciones, políticas públicas que los recluten antes y uso esa palabra a propósito: reclutemos antes", sostuvo.

La idea, explicó, sería intervenir antes sobre los chicos que están en situaciones de vulnerabilidad, pero también sobre aquellos que ya comenzaron a delinquir o que ya están involucrados en hechos violentos.

"Trabajemos sobre los pibes que delinquen, sobre los pibes que matan, pensemos cuál es esa mejor propuesta", agregó.

El concejal también llevó la discusión al terreno concreto de las condiciones de encierro. Recordó que el nuevo régimen establece que los jóvenes no deben permanecer alojados en las mismas instituciones carcelarias que los adultos y preguntó si esas condiciones estaban efectivamente garantizadas.

Para fundamentar la preocupación, mencionó una resolución del Ministerio Público de la Defensa, la 240, que —según relató— había sido señalada por su asesora, la doctora Jessica Pellegrini, como un documento que advertía sobre las condiciones de encierro de adolescentes y la necesidad de garantizar que no fueran alojados bajo las mismas condiciones que los adultos.

"Bueno, trabajemos eso. O sea, pensemos eso al libro abierto, traigamos funcionarios provinciales, municipales", propuso. De esta manera, Salinas volvió a su planteo inicial: discutir el sistema completo y no solamente el instrumento penal.

¿Qué hacer cuando el Estado llega tarde y un adolescente ya cometió un delito? ¿Qué dispositivos existen? ¿Cómo se garantiza una respuesta diferenciada? ¿Y cómo se evita que otros adolescentes lleguen hasta ese punto?

Pero, sobre todo, insistió en la necesidad de actuar antes. "¿Cómo estrangulamos la capacidad de reclutamiento de las bandas narcos?", volvió a preguntar.

Según sostuvo, las organizaciones sociales vienen realizando esfuerzos importantes en esa dirección, pero advirtió que observa pocas políticas públicas específicamente orientadas a cortar esa capacidad de captación.

Su propuesta final fue concreta: que el Concejo discuta y construya políticas destinadas a los chicos y chicas de entre 11 y 16 años, precisamente la franja que, según su experiencia, queda muchas veces en un vacío institucional entre la escuela primaria y los dispositivos para adultos.

Y cerró con una pregunta que terminó convirtiéndose en una de las frases más fuertes de toda la sesión: "Entonces, ¿qué carajos hacemos?"

Caruana: "No se trata de una visión blanda"
Leonardo Caruana, del Frente Amplio por la Soberanía, fue uno de los primeros en anticipar el rechazo del interbloque opositor. Sin embargo, su intervención no implicó desestimar la discusión sobre el problema de fondo.

Por el contrario, planteó la necesidad de profundizar el debate sobre qué ocurre con los adolescentes que ingresan al sistema penal y sobre la capacidad concreta del Estado para acompañar los cambios.

"No se trata de una visión blanda o de romantizar", aclaró. Y sostuvo que quienes cometen delitos deben enfrentar "la sanción y también la rehabilitación y el acompañamiento", con justicia tanto para quienes delinquen como para las víctimas.

Su preocupación se concentró especialmente en la implementación práctica de los cambios y en las dudas que existen entre los trabajadores de las distintas áreas involucradas. Según relató, trabajadores de niñez le transmitieron dificultades frente a la creación o transformación de dispositivos destinados a adolescentes que no correspondan a situaciones de privación de libertad.

En ese sentido, también mencionó pedidos de audiencia de trabajadores de Justicia Penal Juvenil que manifestaban incertidumbre frente a posibles modificaciones o disoluciones de áreas existentes. "Tenemos trabajadores de Justicia Penal Juvenil que nos están pidiendo posibilidad de audiencia porque sienten o han escuchado posibilidades de disolución o modificaciones de esas áreas, pero no tienen claridad en el cómo y en hacia dónde", señaló.

Caruana incorporó además las voces del Ministerio Público de la Acusación y de integrantes del Poder Judicial que, según su exposición, advertían sobre la falta de recursos y de jueces para afrontar las demandas que plantea el sistema. "El MPA habla que no tiene, que no cuenta con recursos, y jueces también dicen que no están en condiciones. Es decir que tenemos visiones ante un problema complejo, visiones contrapuestas", resumió.

El concejal planteó que el debate es necesario, pero advirtió que no debería quedar reducido a una disputa de carácter electoral. "Yo creo que es necesario, y por eso coincido en la necesidad de este debate, pero también en un debate que no quede solo porque a veces aparece en estos debates profundos solo una mirada de disputa electoral", sostuvo.

En ese marco, valoró como un dato relevante la reducción del índice de letalidad. "La verdad que haber bajado el índice de letalidad es un hecho importante y nadie va a estar en contra de esto y asumir ese rol", afirmó. Pero consideró que, a partir de allí, es necesario escuchar las distintas voces vinculadas con el funcionamiento del sistema.

Caruana recordó, además, experiencias previas de discusión pública en el Concejo vinculadas con problemáticas estructurales de la ciudad. "Yo he participado en audiencias públicas sobre suicidio, sobre salud mental", señaló, y anticipó que en los próximos días habrá también un debate sobre salud pública a partir de una jornada que fue votada por el cuerpo legislativo.

"¿Por qué no también escuchamos y contraponemos todas las voces?", planteó. Y puso como ejemplo el proceso de discusión que atravesó el sistema de salud rosarino durante las últimas décadas. "Rosario viene de debates estructurales. El propio sistema de salud hace 30 años se debatió con escuchar y escuchar a los equipos y escuchar para justamente poder abordar seriamente una ley que ya está y que puede generar acompañamiento de los distintos dispositivos con profundidad en la discusión", explicó.

Para el concejal, la discusión debería superar el esquema de posiciones enfrentadas y recuperar una instancia de debate más amplio. "Para salir del versus y encontrarnos en una audiencia para retomar ese debate estructural", propuso.

Por eso, planteó formalmente que el Concejo pueda funcionar como una "caja de resonancia" para una discusión que incluya a los distintos actores involucrados: "Una discusión profunda como caja de resonancia de los concejales, de las organizaciones de la sociedad civil, de jueces, de trabajadores de las distintas áreas, para seguir viendo cómo se aborda este tema".

Gigliani: "No hay nada para festejar"
Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, tomó la palabra desde una posición crítica respecto de la nueva legislación y cuestionó que se intentara simplificar una problemática que, según planteó, requiere un análisis mucho más profundo.

"No es cierto" que el principal problema sean los menores que matan personas, sostuvo, y pidió mirar las estadísticas nacionales antes de construir una percepción general a partir de casos de enorme impacto público.

Según su intervención, los delitos cometidos por personas de entre 12 y 17 años representan una proporción muy pequeña del total: "ni siquiera es 0,45%. Es inferior", dijo y agregó que una parte importante está vinculada con delitos contra la propiedad.

También cuestionó el argumento de que la reducción de la edad de punibilidad constituye por sí misma una respuesta al reclutamiento de menores por parte de bandas criminales.

Para Gigliani, si las organizaciones utilizan a adolescentes para cometer delitos, el Estado también debe perseguir a los adultos que los reclutan y explotan. "Los organismos internacionales especializados en trata y explotación justamente recomiendan a los países que incorporen en sus legislaciones este tipo de conductas, pero no para revictimizar a ese menor, sino para que esos adultos que son los que buscan a los menores para cometer delitos sean también responsables", manifestó.

Gigliani cuestionó también el modo en que, a su entender, se utilizaron dos casos ocurridos en la provincia de Santa Fe para impulsar la discusión de una ley nacional. "Se utilizaron dos casos que fueron horrorosos, dolorosísimos, y que los dos se dieron en esta provincia", sostuvo.

En particular, se refirió a uno de los casos ocurridos en Rosario y puso el foco en la trayectoria de la adolescente involucrada. Señaló que la joven había sido incorporada en dos oportunidades al Sistema de Protección de Niños y Adolescentes, lo que, según planteó, daba cuenta de que se trataba de una menor cuyos derechos estaban siendo vulnerados y que había requerido la intervención estatal. También mencionó que había tenido internaciones por problemas neuropsiquiátricos.

"Esta piba estuvo dos veces en el sistema de protección y de repente pasa de víctima a victimaria, ¿qué tenemos que festejar? ¿Qué tenemos que festejar? No hay nada para festejar", cuestionó.

Y continuó con una definición tajante: "Esto es una tragedia, señora Presidenta, una tragedia".

Gigliani cuestionó que una mayor punibilidad pueda ser presentada como una respuesta a la violencia en los barrios y rechazó especialmente que esa respuesta recaiga sobre los adolescentes. "Yo no creo que realmente la salida de la violencia en nuestros barrios sea mayor punibilidad. Y mucho menos infantil, porque la realidad es que la mayoría de las víctimas son los menores", sostuvo.

En contraposición, planteó la necesidad de fortalecer las políticas públicas y la prevención. "Necesitamos más escuelas públicas equipadas, necesitamos más clubes de barrio, necesitamos más centros de atención de adicciones y necesitamos también una persecución real del crimen organizado, señora Presidenta", enumeró.

En ese punto, marcó lo que consideró una contradicción en la agenda del Congreso de la Nación. Según señaló, mientras se discutían herramientas para evitar que las organizaciones narcocriminales recluten a menores, el mismo Congreso avanzaba con una nueva versión del denominado régimen de "Inocencia Fiscal II".

"Los tipos que están organizados en bandas narcocriminales, los tipos que llevan adelante la trata de personas, los lavadores de guita, hoy festejan", afirmó.

Para Gigliani, esa situación expone una contradicción entre ambos debates: "Hace un rato estábamos haciendo una reflexión de cómo logramos que las bandas narcocriminales no recluten menores y, por otro lado, el mismo Congreso que hoy vota esta ley, vota la Inocencia Fiscal versión II para que todos estos delincuentes se hagan la fiesta y sigan creciendo y fortaleciéndose".

Finalmente, consideró que el contexto político nacional dificulta la posibilidad de abordar de manera seria la problemática. "Estamos en un momento muy complejo de la República Argentina y es muy difícil dar debates serios de esta manera", concluyó.

Volpe: recordó la frase "los narcos han ganado" y defendió las medidas de seguridad
El concejal de La Libertad Avanza, Franco Volpe, intervino brevemente y eligió otro eje. Recordó la frase del exministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández, "los narcos han ganado", y cuestionó que recién ahora algunos sectores reclamaran una discusión profunda sobre la problemática de la violencia y el crimen organizado.

En sentido contrario, agradeció al Gobierno nacional por las medidas adoptadas en Rosario y sostuvo que esas políticas habían contribuido a recuperar el orden y la seguridad en la ciudad.

"No quería dejar pasar la oportunidad de agradecer al Gobierno Nacional por todas las medidas, por todas las políticas que han hecho volver el orden a Rosario, que han hecho volver la seguridad a Rosario y que hoy podamos festejar", afirmó, antes de adelantar su voto positivo.

Rey: la contradicción y el fracaso institucional
María Fernanda Rey, del Bloque Justicialista, introdujo una mirada diferente. Dijo tener una "contradicción muy grande", pero también "bronca" porque, a su entender, la discusión exponía un fracaso colectivo.

La pregunta que puso sobre la mesa fue directa: "¿Qué hace un chico de 14 años delinquiendo?"

Para Rey, si un adolescente de esa edad no está en la escuela, en un club o contenido por alguna institución, hay una falla social y estatal.

"Fracasamos como sociedad, pero también creo que ha fracasado el Estado", sostuvo.

Sin embargo, aclaró que no pretendía justificar el delito. "Si comete un delito debe pagar por lo que hizo", afirmó, incorporando expresamente la mirada de las familias de las víctimas.

Pero cuestionó que la respuesta pudiera reducirse a la cárcel. "Ahora bien, la consecuencia no puede ser solamente una celda", dijo.

Su posición terminó en una abstención. Consideró que el beneplácito no solucionaba el problema de fondo y pidió una discusión más profunda.

Schmuck responde
Después de las intervenciones opositoras, María Eugenia Schmuck volvió a tomar la palabra. Esta vez no para presentar el proyecto, sino para responder a las críticas.

Y allí apareció una de las principales tensiones de la sesión. "La discusión seria la da el debate", afirmó.

La presidenta del Concejo rechazó que un planteo sea considerado poco serio simplemente porque no coincide con una determinada posición política.

"Uno no es serio o menos serio según que no esté de acuerdo con lo que piensa el otro", sostuvo.

Schmuck reivindicó la posibilidad de utilizar un proyecto de beneplácito como disparador para discutir problemas que exceden las competencias estrictas del Concejo.

"Un beneplácito no resuelve ningún problema", reconoció utilizando palabras de María Fernanda Rey, pero agregó que puede servir como excusa para instalar una discusión sobre cuestiones centrales para Rosario.

Y lanzó una frase que sintetizó su postura: "Me parece que está bueno ponerle un poco más de seriedad a nuestra función y a nuestra responsabilidad, que es dar debates incómodos."

A partir de allí, el discurso cambió de tono. Schmuck defendió abiertamente la política de seguridad del gobierno provincial y sostuvo que existe una estrategia, planificación y decisión política.

"Hay estrategia, puede no gustarnos o no, pero hay estrategia", afirmó.

Mencionó el sistema Lince, la cárcel para presos de alto perfil, la coordinación entre los gobiernos provincial, municipal y nacional y la presencia de fuerzas federales.

También habló del Centro de Admisión y Derivación —CAD— ubicado en Ayacucho 651 y de un futuro Centro de Referencia para adolescentes.

Según explicó, esos dispositivos trabajan con equipos interdisciplinarios y con participación de Educación, Salud Mental y Niñez, dentro del paradigma de protección integral de derechos.

Schmuck también llevó la discusión hacia los mecanismos de control dentro del sistema penitenciario y puso como ejemplo el caso de un hombre condenado por un quíntuple femicidio, actualmente detenido en Piñero. Según relató, luego de que se le permitiera acceder a un teléfono en el marco de sus garantías, el detenido habría utilizado el dispositivo para comunicarse con una familiar mujer y amenazarla.

"Hay un femicida, un quíntuple femicida que está encerrado en Piñero que, cuando le dieron acceso, porque eran sus derechos de garantía, a un teléfono, ¿saben lo que hizo? Llamó a la sexta familiar mujer para decirle: 'Cuando salgo, te toca a vos'", relató.

A partir de ese episodio, cuestionó las condiciones bajo las cuales determinados detenidos acceden a dispositivos de comunicación. "No quiero que ese tipo tenga teléfono. Lo digo en serio. No quiero que tenga acceso a teléfono", afirmó, y agregó que sus contactos con el exterior deberían estar sujetos a controles estrictos: "Va a poder tener visitas absolutamente supervisadas".

El ejemplo le sirvió para volver sobre uno de los ejes de su intervención: la necesidad de discutir no solamente las normas, sino también cómo se aplican en la práctica. "Entonces, yo digo: discutamos en serio sobre los métodos, sobre los procedimientos", planteó.
El contrapunto por las estadísticas

Fue en esta segunda intervención cuando Schmuck respondió directamente a algunas de las afirmaciones de Gigliani y cuestionó que una estadística sobre delitos cometidos por adolescentes pudiera utilizarse para dimensionar por sí sola el fenómeno del reclutamiento criminal.

"¿Usted cree que los delitos que perpetran las bandas criminales que utilizan a menores son denunciados por alguien y están dentro de las estadísticas de los delitos a la propiedad privada?", preguntó. Y respondió: "No. Estamos hablando de investigación criminal, que no figura en las estadísticas".

La presidenta del Concejo sostuvo que parte de la magnitud del fenómeno se conoce a partir del trabajo territorial y no exclusivamente de las denuncias formalizadas. En ese marco, mencionó situaciones de explotación sexual y reclutamiento de menores que, según afirmó, habían sido denunciadas penalmente.

El intercambio derivó luego hacia otro indicador: las causas de muerte entre adolescentes y jóvenes. Gigliani había vinculado el debate con una discusión previa del Concejo sobre suicidio y salud mental, mientras que Schmuck sostuvo que los siniestros viales continúan siendo una de las principales causas de muerte en esos grupos etarios.

La discusión requiere, sin embargo, una precisión sobre los datos utilizados. Información oficial difundida posteriormente en el marco del programa "Rosario Habla de Suicidio" indicó que durante 2025 se registraron en toda la provincia de Santa Fe 448 suicidios, 306 muertes en siniestros viales y 210 homicidios. La tasa de suicidios fue de 12,7 casos cada 100.000 habitantes, frente a 9,8 cada 100.000 a nivel nacional. Por su parte, un informe del Ministerio Público de la Acusación contabilizó 964 muertes violentas en la provincia y señaló que los suicidios representaron el 46,5% de ese total.

Esos números no pueden trasladarse automáticamente a adolescentes y jóvenes de Rosario: corresponden al conjunto de la provincia y las estadísticas pueden abarcar poblaciones etarias diferentes. Pero sí agregan un elemento relevante al intercambio, porque muestran que las afirmaciones sobre las principales causas de muerte requieren especificar territorio, edad y período antes de establecer comparaciones.

Algo similar ocurrió al comienzo de la discusión, cuando Schmuck describió la situación de Rosario en los años anteriores como una etapa en la que la ciudad "enterraba pibes, contaba muertos" y había llegado a ser "récord Guinness en materia de violencia urbana". El debate posterior mostró que, además de discutir qué políticas aplicar, los concejales también tenían diferencias sobre qué indicadores permiten describir con mayor precisión la problemática.

Ese cruce terminó exponiendo una de las tensiones centrales de la sesión. Todos los sectores reclamaron la necesidad de un debate serio, pero justamente la utilización e interpretación de los datos se convirtió en uno de los puntos de mayor confrontación.

Fiatti: "La capacidad de reclutamiento se restringe eliminando la impunidad"
Fabrizio Fiatti, de Unidos por Rosario, llevó el debate al terreno político más explícito. A diferencia de los concejales que habían pedido evitar la grieta, sostuvo que existía una diferencia sustancial entre el oficialismo y la oposición.

Su pregunta apuntó directamente a los gobiernos anteriores: "¿Por qué no impulsaron un régimen que se hiciera cargo de este tema a lo largo de tantos años que ejercieron el gobierno nacional?"

Fiatti sostuvo que durante años existió una política que, a su criterio, evitó abordar el problema y acusó a sectores políticos, académicos e intelectuales de haber advertido el fenómeno sin actuar en consecuencia.

También cuestionó que frente a la problemática penal juvenil se respondiera únicamente con políticas educativas.

"Por supuesto que son necesarias", reconoció sobre las políticas educativas, pero agregó que las deudas pendientes no podían convertirse en una excusa para no discutir el sistema penal.

El eje de su argumento fue contundente: "La capacidad de reclutamiento se restringe, se achica, eliminando la impunidad". Para Fiatti, la nueva normativa debía ser entendida como parte de un proceso más amplio de fortalecimiento de la seguridad y de la Justicia.

Reivindicó el Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe y recordó que la provincia había avanzado en herramientas procesales antes incluso de contar con una legislación nacional específica.

Su argumento también se apoyó en el cambio de paradigma que implica pasar del viejo sistema tutelar a un sistema basado en un proceso penal con fiscalía y defensa, en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño y el régimen de protección integral.

Según explicó, no se trata simplemente de detener adolescentes, sino de establecer cuándo corresponde una respuesta penal y cuándo deben intervenir mecanismos de educación, salud mental, protección y reinserción.

Martínez: del expediente al trabajo territorial
Ana Laura Martínez, del Bloque PRO, acompañó los argumentos de Fiatti y Schmuck, pero agregó un componente especialmente territorial.

Su intervención se concentró en las políticas que, según describió, se desarrollan desde las distintas secretarías municipales y provinciales.

Recordó los años de mayor violencia y afirmó que Rosario había atravesado también un abandono en materia de niñez y educación.

Su relato tomó una dimensión personal cuando recordó el trabajo territorial realizado junto a Jerónima, responsable de un centro comunitario de barrio Tablada cuyo hijo fue asesinado a los 17 años.

Martínez habló de adolescentes que no terminaban la escuela y terminaban presos o asesinados. Desde allí describió el programa Infancias Protegidas, su trabajo en barrios como Ludueña, Larrea y Empalme, y la articulación con escuelas, clubes, iglesias, organizaciones barriales y centros municipales.

Según señaló, el programa alcanza a cientos de chicos por año y se articula con los distintos Centros Cuidar. Su intervención introdujo una dimensión que atravesó buena parte del debate pero que no siempre quedó en primer plano: la prevención territorial.

"A través de la educación es donde van a tener la libertad, que es con el conocimiento", afirmó. Y cerró defendiendo la necesidad de fortalecer simultáneamente Justicia, educación, niñez y las políticas de prevención.

Pullaro defendió la nueva ley y vinculó la punibilidad con el reclutamiento narco
Damián Pullaro, de Unidos por Rosario, fue otro de los concejales que defendió explícitamente la nueva Ley Penal Juvenil. Explicó que el régimen establece un tratamiento diferenciado para delitos graves y sostuvo que la normativa era necesaria frente al uso de menores por parte de organizaciones criminales.

"Las bandas narco-criminales claramente tomaban menores entre 16 y 14 años porque eran inimputables", afirmó. Desde su perspectiva, hacer imputables a determinados adolescentes busca desalentar ese mecanismo de reclutamiento.

Pero también reivindicó las herramientas sociales y comunitarias. Mencionó clubes, vecinales, comedores, programas de capacitación laboral y oportunidades deportivas como espacios necesarios para evitar que los jóvenes queden disponibles para las organizaciones criminales.

Su intervención, sin embargo, subió el tono al cuestionar lo que denominó "garantismo bobo". En ese sentido, planteó: "Y si no, claramente digamos que estamos a favor del garantismo bobo, de que los pibes que matan no tienen que tener una condena ejemplar, que tienen que seguir siendo imputables".

Pullaro sostuvo además que, a su entender, la edad de imputabilidad debe contemplar la capacidad de comprensión del adolescente que comete un delito. "A mí me parece que la edad de imputabilidad, pensada como está, el menor que comete un delito tiene una total comprensión", afirmó.

En esa misma línea, cuestionó expresiones que, según dijo, banalizan la discusión sobre el régimen penal juvenil. "No nos estamos yendo por la rama, como ha dicho por ahí algún concejal en un encuentro que dijo que iba a terminar pibes en las cárceles de jardín de infantes", señaló.

También criticó el modo en que algunos legisladores, según su planteo, abordan la cuestión: "Y eso es lógico, pero es razonable que en momentos como este, donde chicos matan, matan, y hay legisladores que dicen 'pobres pibitos en chancleta', y eso hay que recordarlo, y es grave".

Finalmente, defendió que los adolescentes que cometen delitos graves reciban una sanción específica dentro del régimen juvenil. "Esos chicos que cometen delitos de mayores, teniendo un completo o una completa comprensión del acto criminal que están llevando adelante, tienen que tener una condena, que no es una condena de menor, que tampoco es una condena de mayor", sostuvo.

Una discusión que terminó siendo más grande que el proyecto
El texto aprobado sostiene que el Estado no puede permanecer indiferente frente a los delitos graves ni permitir que la edad de los adolescentes sea aprovechada por organizaciones criminales para procurar impunidad.

Al mismo tiempo, la declaración sostiene que la seguridad de la población y la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes no constituyen objetivos contrapuestos, sino responsabilidades estatales que deben ser atendidas simultáneamente.

En concreto, el Concejo Municipal expresó su beneplácito por el Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe, al considerar que permitió la aplicación inmediata de la nueva Ley Penal Juvenil nacional y que generó con anticipación las condiciones necesarias para su implementación, además de garantizar el debido proceso, proteger los derechos de las víctimas y brindar posibilidades de educación, resocialización y reinserción social a los adolescentes involucrados.

El expediente fue aprobado por mayoría reglamentaria, con el voto negativo de Julián Ferrero, Antonio Salinas, Agustina Gareis, Norma López, Mariano Romero, María Fernanda Gigliani, María José Poncino y Leonardo Caruana. María Fernanda Rey se abstuvo.

Pero el resultado de la votación fue casi la parte menos interesante de una discusión que expuso algo bastante más profundo.

Por un lado, el oficialismo reivindicó la reducción de los homicidios y la estrategia provincial de seguridad como evidencia de una mayor capacidad de intervención estatal. Del otro, varios concejales reclamaron no confundir la disminución de los homicidios con la resolución del problema estructural de la violencia y cuestionaron que la reducción de la edad de punibilidad pueda presentarse como una solución suficiente.

En el medio apareció una coincidencia transversal: nadie defendió que un adolescente que comete un delito grave deba quedar simplemente librado a su suerte. Las diferencias estuvieron en qué debe hacer el Estado después, cuándo debe intervenir el sistema penal, cuánto peso debe tener la privación de libertad, cómo se combate el reclutamiento criminal y qué políticas sociales deben acompañar la respuesta judicial.

La propia Schmuck había pedido al comienzo que el tema se discutiera porque "hay que opinar sobre estos temas". Y luego, ya desde su banca, volvió a defender esa idea frente a sus pares: "La seriedad se la da los argumentos y las posiciones".

Esa terminó siendo, paradójicamente, la principal característica de la sesión: el beneplácito fue apenas el punto de partida. El verdadero expediente fue el debate sobre qué hizo el Estado cuando Rosario contaba muertos, qué está haciendo ahora que los números bajaron y, sobre todo, qué políticas deben sostenerse para evitar que un adolescente reclutado por una organización criminal termine convertido en una nueva víctima o en autor de nuevos hechos de violencia.

Detrás de la disputa por una ley, una estadística o una consigna política, quedó flotando una pregunta que atravesó las distintas intervenciones: cómo combinar la protección de las víctimas, la persecución del crimen organizado, una respuesta penal diferenciada y políticas capaces de prevenir el reclutamiento de adolescentes.

El beneplácito fue apenas el expediente formal. El debate real quedó abierto.

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