Hace quince años, aquella ley sancionada en el Congreso de la Nación Argentina se convirtió en un hito jurídico y político en defensa de las comunidades cordilleranas y de un bien común esencial. No fue una concesión: fue una conquista colectiva, tejida junto a científicos, asambleas socioambientales, productores vitivinícolas y organizaciones sociales. Una norma que debió resistir vetos presidenciales, presiones empresarias y embestidas judiciales antes de consolidarse como referencia internacional en materia ambiental.
Hoy, en un escenario donde el gobierno de Javier Milei impulsa reformas que podrían debilitar esa protección, la voz de Maffei vuelve a cobrar centralidad. ¿Qué se pone en riesgo cuando se flexibilizan los límites al extractivismo? ¿Qué significa hablar de soberanía en un país atravesado por la crisis climática? ¿Quién garantiza el derecho al agua?
Sobre esas tensiones, las batallas del pasado y los desafíos del presente, conversamos con ella en Señales, por Aire Libre Radio Comunitaria.
Una derogación que ya se intentó —y fracasó
Al comienzo de la entrevista, Maffei recuerda que la derogación ya se intentó antes. Señala que durante la presidencia de Mauricio Macri hubo intentos en ese sentido y que, incluso en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se produjo un veto en medio de una fuerte disputa que buscaba impedir que la ley fuera eliminada. Aquellas ofensivas, explica, fracasaron: "Se dieron cuenta de que la derogación no iba a andar porque iba a levantar mucha polvareda".
Por eso, sostiene, el camino actual es otro: una modificación que en los hechos funcionaría como una derogación encubierta, o incluso algo peor. Según describe, la propuesta implicaría delegar funciones sistémicas del Estado nacional —establecidas en la Constitución— a las provincias, con "absoluta discrecionalidad y sin límites de ninguna naturaleza". Para Maffei, el problema no es solo quitar una norma, sino bajar los estándares de control y debilitar las políticas nacionales de protección ambiental en un país que, de por sí, tiene pocas y "claramente insuficientes".
El mundo entero está prestando atención a esto. Las Naciones Unidas han enviado un mensaje claro a los gobiernos para que entiendan lo importante que es proteger los glaciares. No fue solo un gesto, sino algo muy serio. El año pasado se declaró el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, y se hizo hincapié en la palabra "conservación" porque es muy importante que los glaciares estén protegidos.
De la eliminación directa al vaciamiento encubierto
Pero el tono se ha vuelto aún más severo. En enero de este año, Naciones Unidas habló en términos económicos para describir la crisis: "bancarrota hídrica". El concepto no es metafórico, advierte Maffei, sino la constatación de una quiebra global del agua, con agotamiento de fuentes en acuíferos y glaciares. Agricultura intensiva, expansión urbana, destrucción de humedales, consumo industrial exacerbado y contaminación severa figuran entre las causas señaladas.
Las cifras hablan por sí solas. 2.000 millones de personas no tienen acceso garantizado a un mínimo de agua. Y el 75% de la población mundial vive en países con escasez de agua. El deterioro de las fuentes de agua es ahora mayor y más rápido que en los últimos cincuenta años. El mensaje es directo: si la humanidad quiere sobrevivir a la "multicrisis" que ha generado, debe renegociar su contrato con la naturaleza y evitar el colapso hídrico. Sin rescatar el agua, no hay posibilidad de vida. En algunos casos, advierte, el punto de no retorno ya fue cruzado.
Maffei se detiene en un ejemplo que desarma la idea de que la preocupación ambiental es patrimonio exclusivo de activistas. En Inglaterra —recuerda— la alarma es concreta. Al ser una isla, cualquier ascenso del nivel del mar implica un riesgo estructural. Y el derretimiento glaciar contribuye inevitablemente a esa subida.
Allí funciona la agencia meteorológica del Reino Unido, el organismo científico con la serie de datos climatológicos más antigua del mundo. En 2020, ese organismo publicó un estudio que advertía sobre el ritmo acelerado del calentamiento y proyectaba que hacia 2050 el país podría alcanzar temperaturas de 40 grados, algo inédito en su historia.
La proyección quedó vieja antes de tiempo. En 2022, no en 2050, Inglaterra registró 40 grados y murieron 3.000 personas como consecuencia de esa ola de calor. El informe había sido firmado por 37 investigadores que, además de anticipar el escenario, advirtieron al Ejecutivo que no existían resultados que demostraran una buena ejecución en materia de adaptación. El progreso, señalaron, avanzaba demasiado lento, se había detenido o incluso iba en la dirección equivocada.
Para Maffei, esa advertencia trasciende fronteras. No es una discusión ideológica ni sectorial. Es un diagnóstico científico que interpela a los gobiernos y expone la fragilidad de los sistemas frente a la crisis climática. En ese marco, insiste, debilitar una ley que protege reservas estratégicas de agua dulce no es un detalle técnico: es una decisión que se toma en un mundo que ya reconoce estar al borde del colapso hídrico.
Inglaterra como advertencia: cuando la proyección se vuelve tragedia
La advertencia de los científicos británicos no se detiene en las proyecciones de temperatura. También habla del mar. Según detalla Marta Maffei, los informes señalan que el aumento continuado del nivel oceánico ya supera los 10 centímetros —y en algunos casos los 30— por encima del promedio del año 2000. Ese ascenso, explican, está agravando la erosión costera y multiplica el riesgo cierto de inundaciones y derrumbes significativos en las costas.
Para Maffei, el punto es claro: no se trata solamente de lo que digan las Naciones Unidas, ni de la voz de un grupo de ambientalistas. Tampoco es una preocupación exclusiva del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que reúne a 1.400 científicos de todo el mundo. Incluso —subraya— las agencias más conservadoras, entre comillas, están reconociendo la magnitud del riesgo.
La pregunta, entonces, se desplaza inevitablemente hacia la Argentina. ¿Qué hizo el país en este tiempo? ¿Mejoró los estándares de protección? ¿Impulsó alternativas creativas para morigerar el cambio climático? La respuesta de Maffei es tajante: "No hizo absolutamente nada". Y va más allá: las pocas herramientas existentes, como la Ley de Protección de Glaciares, hoy se intentan desnaturalizar. No se animan a derogarla, insiste, pero buscan vaciarla de contenido.
Allí aparece lo que define como un "inmenso abismo sociocultural". De un lado, la comprensión del conflicto generado por la acción humana: entender el riesgo, la crisis y su impacto directo sobre el agua, es decir, sobre la vida misma. "No estamos diciendo que se van a acabar determinados pinos o que se van a secar los alerces", grafica. "Estamos diciendo que se va a terminar el agua o se va a ir al mar, que es casi exactamente lo mismo". Porque todo derretimiento glaciar —recuerda— termina en las cuencas hídricas y finalmente en el océano.
Desde esa concepción, sostiene, la respuesta debería ser de cuidado y protección, apoyada en evidencia científica sólida. Pero del otro lado existe un sector que subordina el riesgo a la ganancia. ¿Cómo lo hace? Negando la existencia misma del riesgo y promoviendo acciones —incluidas reformas legales— que establecen, en los hechos, un sistema discrecional para no proteger bienes comunes y sí resguardar los intereses económicos de corporaciones extractivas.
La modificación en discusión, advierte, no solo alteraría la ley específica de glaciares: cambiaría parámetros constitucionales y principios básicos del derecho ambiental argentino, como el de no regresión. También entraría en contradicción con la Ley 27.520, una norma reciente de presupuestos mínimos para la protección y adaptación al cambio climático. En su artículo 10, esa ley establece la obligación de garantizar la coherencia y transversalidad climática en toda la legislación nacional, en línea con los compromisos asumidos por la Argentina en materia de protección del clima. Es un mandato obligatorio de integración normativa.
Sin embargo, según Maffei, nada de eso se está cumpliendo. Recuerda que la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentó una nota formal al Poder Ejecutivo invocando la Ley 25.831, que garantiza el acceso a la información ambiental. Esa norma obliga al Estado a brindar detalles sobre los fundamentos técnicos y científicos que sustentan cualquier proyecto que pueda afectar el ambiente.
El pedido fue concreto: conocer cuáles fueron los parámetros y estudios considerados para impulsar la reforma. Era, según describe, una necesidad imperiosa de transparencia. La respuesta del Poder Ejecutivo, concluye Maffei, fue el silencio. No hubo contestación alguna.
Para Marta Maffei, lo más inquietante no es solo el contenido del proyecto sino el vacío que lo rodea. En el expediente —asegura— no se acredita un solo estudio técnico, no hay dictámenes científicos, no existe análisis jurídico alguno sobre las consecuencias que generaría la reforma. Tampoco hay información precisa que responda a los puntos solicitados por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. No hay documentación respaldatoria que permita afirmar: "tomamos esta decisión en base a este informe, a esta evidencia, a esta técnica". No hay nada. "Es un expediente administrativo que carece de información documentada", resume.
El proyecto, explica, introduce una fórmula que para ella resulta insólita: afirma que se protegerán los glaciares y ambientes periglaciales que demuestren "relevancia hídrica efectiva", es decir, que acrediten ser verdaderas reservas de agua. Maffei no oculta su desconcierto: le resulta incomprensible que alguien pueda poner en duda que un glaciar, por definición, es una reserva hídrica.
Pero la cuestión no termina allí. La determinación de esa "relevancia" ya no quedaría bajo un presupuesto mínimo nacional aplicable a todos los glaciares del país, sino que sería definida por cada provincia. Cada jurisdicción decidiría qué glaciar tiene importancia hídrica y cuál no.
Federalismo de conservación: lo que dijo la Corte Suprema
El esquema va todavía más lejos. El proyecto habilitaría a los gobiernos provinciales a indicarle al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales —el organismo técnico que durante quince años realizó el Inventario Nacional de Glaciares— que elimine del registro aquellos cuerpos de hielo que, a juicio provincial, no posean relevancia. Y si el instituto no lo hiciera, la provincia podría igualmente avanzar con decisiones que habiliten su utilización, contaminación o incluso destrucción. "Nunca vi una ley que contradiga una constatación científica y le ordene a un instituto técnico que borre una verificación", advierte.
Para Maffei, esa lógica instala una discrecionalidad sin límites. Cuando el texto se refiere a la posibilidad de autorizar emprendimientos —mineros, de fracking u otros— establece que la provincia podrá habilitarlos si, tras una evaluación propia, concluye que la relevancia hídrica es baja y que el proyecto no altera "de modo significativo" el ambiente periglacial o su estabilidad. ¿Qué significa alterar de modo significativo? El proyecto no lo define. No fija parámetros, no determina cómo se mide ese impacto.
El agua no reconoce fronteras: cuencas compartidas y conflictos provinciales
La entrevistada interpreta esa indefinición como una forma de desprotección encubierta. "Parecen pocas palabras agregadas a un proyecto, pero buscan hacer desaparecer la protección", sostiene. Formalmente, la Argentina seguiría teniendo una ley de glaciares; en la práctica, la tutela se vaciaría de contenido.
En ese punto, Maffei introduce el plano constitucional. Recuerda que la reforma de 1994 incorporó avances relevantes en materia ambiental y que el artículo 41 de la Constitución estableció el sistema de presupuestos mínimos: la Nación fija estándares básicos de protección que rigen en todo el territorio, sin alterar el dominio provincial sobre los recursos, pero garantizando que cualquier persona —nazca donde nazca— cuente con un piso común de tutela ambiental. Las provincias pueden complementar y mejorar esos estándares, nunca reducirlos.
La lógica es sencilla, dice. Si se otorga discrecionalidad absoluta sobre el agua a provincias como Mendoza, San Juan o La Rioja, las consecuencias no se agotan en sus fronteras. El agua no reconoce límites políticos. Lo que se decida aguas arriba puede dejar sin recursos a territorios aguas abajo, como La Pampa. Y allí, concluye, el debate deja de ser jurídico para convertirse en una cuestión de supervivencia compartida.
La constitucionalidad de la ley de glaciares, recuerda, fue cuestionada judicialmente por la empresa minera Barrick Gold junto al gobierno de San Juan. La Corte Suprema de Justicia de la Nación demoró años en resolver, analizó estudios e investigaciones, y finalmente sostuvo la validez de la norma. En ese fallo, explica Maffei, el tribunal definió a la Argentina como un "federalismo de conservación": ni un Estado unitario ni una confederación donde cada provincia actúa sin límites, sino un sistema en el que la Nación establece pisos mínimos ambientales obligatorios.
Marta Maffei vuelve una y otra vez sobre una idea central: el agua no reconoce fronteras políticas. Las cuencas hídricas que nacen en la cordillera a partir del derretimiento glaciar no abastecen únicamente a las provincias que albergan esos glaciares. Integran las 39 cuencas del oeste argentino que irrigan buena parte del territorio nacional. Si se habilita a una provincia a "hacer lo que quiera", advierte, el impacto no se circunscribe a su jurisdicción: alcanza a todas las provincias ubicadas al este de la franja cordillerana, que pueden quedarse sin agua.
El antecedente no es teórico. Recuerda el conflicto severo entre Mendoza y La Pampa, cuando la primera restringió el caudal que llegaba a la segunda. El problema, insiste, no es la suerte de uno o varios glaciares en beneficio de una empresa minera o extractiva, sino el riesgo para la vida de todas las personas y ecosistemas que dependen de esa agua.
En ese punto retoma el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya declaró la constitucionalidad de la ley de glaciares y dejó en claro que el dominio provincial sobre los recursos no es absoluto. Precisamente porque no lo es, la Nación puede dictar presupuestos mínimos ambientales. Y lo hace —subraya— a través del Congreso Nacional, donde están representadas todas las provincias en la Cámara de Diputados y el Senado. No se trata de una decisión unilateral del Poder Ejecutivo, sino de un mecanismo republicano que garantiza un piso común de protección.
Esos presupuestos mínimos son los que, según la Corte, permiten que la Argentina funcione como república y no como una suma de jurisdicciones aisladas. En materia de agua —y los glaciares son agua congelada— el tribunal fue más allá: calificó estos recursos como bienes de incidencia colectiva. No pertenecen exclusivamente a una provincia ni a un grupo determinado; su tutela debe orientarse al interés general.
La sentencia fue explícita: en cuestiones ambientales de esta magnitud, los intereses particulares, sean públicos o privados, quedan subordinados al interés colectivo. El paradigma es la protección de los bienes comunes para todos. Desde esa perspectiva, un proyecto que coloca intereses privados por encima del interés general resulta, para Maffei, "absolutamente inconstitucional".
Si la reforma avanzara, anticipa, habría elementos suficientes para promover de inmediato un recurso de inconstitucionalidad. No solo por la doctrina fijada por la Corte, sino también por el principio de no regresión establecido en la Ley 25.675, la Ley General del Ambiente. Esa norma dispone que, una vez alcanzado cierto nivel de protección sobre bienes como el agua, el suelo o los bosques, las leyes posteriores no pueden retroceder ni reducir ese estándar.
A ello se suma el compromiso internacional asumido por la Argentina con el Acuerdo de Escazú, incorporado al derecho interno con jerarquía superior a las leyes ordinarias. Entre sus principios también figura la prohibición de regresividad en materia ambiental.
Para Maffei, el proyecto en discusión vulnera ese entramado normativo en todos los niveles: contradice la doctrina constitucional fijada por la Corte, desconoce el principio de no regresión de la Ley General del Ambiente y viola los compromisos asumidos en el Acuerdo de Escazú. En definitiva, concluye, no es solo una modificación legal: es un retroceso estructural en la protección de un bien colectivo esencial para la vida.
Sostiene la dirigente que el proyecto no solo desarma un esquema de protección ambiental: erosiona algo más profundo, la certeza jurídica. Hasta ahora, sostiene, existía un bien claramente protegido por una ley nacional. Con la reforma, esa protección quedaría sometida a criterios aleatorios: si una provincia decide que sí, el glaciar se preserva; si decide que no, deja de estarlo.
La fórmula de la "relevancia hídrica efectiva", advierte, es engañosa. Determinar si un glaciar alimenta o no una cuenca no puede resolverse con una medición aislada, ni con una observación estacional. No es cuestión de ir en julio a la cordillera, constatar que el glaciar no está derritiendo en ese mes y concluir que no es esencial. La corroboración exige estudios multianuales, series largas de datos y análisis técnicos complejos.
El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas cuentan con información precisa que demuestra la enorme variabilidad del aporte glaciar: en ciertas temporadas puede representar apenas el 3% del caudal de una cuenca; en otras, hasta el 91%. Esa oscilación depende del calor, de las lluvias, de los ciclos climáticos. Reducir esa complejidad a una evaluación discrecional provincial implica, para Maffei, desconocer la ciencia disponible.
Los propios investigadores trazan una diagonal árida que va desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. A la izquierda de esa línea —el oeste argentino— predominan territorios con precipitaciones escasas, entre 200 y 300 milímetros anuales. Al este, en cambio, las lluvias pueden alcanzar entre 2.000 y 2.500 milímetros por año. En esa franja seca viven alrededor de siete millones de personas que cultivan, crían ganado y desarrollan su vida cotidiana gracias al agua que proviene, en buena medida, del deshielo cordillerano. Sin agua, dice, no hay posibilidad de vida.
Entre la vida y el saqueo: el trasfondo del debate
Desde su perspectiva, el mensaje implícito del proyecto es que esa vida puede quedar subordinada a otros intereses. Autorizar la destrucción o afectación de glaciares que alimentan las cuencas implica poner en riesgo a las provincias ubicadas aguas abajo, más al este. No se trata solamente de modificar criterios de protección ambiental o de alterar estándares ecológicos: se trata de ir en contra de parámetros científicos consolidados sin aportar un solo estudio que demuestre que el agua estará mejor resguardada.
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas volvió a pedir, formalmente, cuáles fueron los criterios técnicos, los dictámenes científicos o los análisis jurídicos incorporados para impulsar la reforma. La respuesta, insiste, fue inexistente. Ningún informe, ningún sustento verificable.
En el cierre, el periodista resume la encrucijada como una disputa enorme entre la vida y el saqueo. Maffei, agradece que se hable de estos temas, a menudo relegados al ámbito técnico y ausentes del debate cotidiano en los grandes medios, encuentren espacios de difusión. Son cuestiones complejas, admite, pero imprescindibles. Y en este momento —dice— el mayor aporte posible es que la sociedad conozca lo que está en juego.
Escuchá la entrevista completa:
Fotos: AFP, Javier Vergara - La Tinta, Greenpeace
