La Asociación de Prensa de Santa Fe (APSF) repudió el despido de una trabajadora de radio LT9, al considerar que se trató de una represalia por su participación en las asambleas realizadas ante la falta de pago de salarios por parte de la empresa Onda9 SA.
Según denunció el gremio, el personal de la emisora se encuentra en "estado de alerta y asamblea permanente" debido a una serie de irregularidades, entre ellas el incumplimiento en el pago de haberes "en tiempo y forma".
La APSF señaló que Onda9 SA, propiedad del grupo rosarino encabezado por Orlando Vignatti, comunicó el despido de una trabajadora en el marco del conflicto laboral y tras las medidas de protesta llevadas adelante por el conjunto del personal.
"Desde la APSF exigimos a la empresa la inmediata reincorporación de nuestra compañera despedida y alertamos el agravamiento del conflicto en caso de no revertirse la medida", expresó la entidad en un comunicado.
Además, el sindicato informó que tanto la falta de pago de salarios como el despido fueron denunciados ante el Ministerio de Trabajo de la provincia. En ese sentido, advirtió que la situación podría derivar en "medidas más extremas" por parte de los trabajadores de LT9, que continúan en asamblea permanente.
El Sindicato de Prensa Rosario expresó su "repudio y enorme preocupación" por las agresiones sufridas por equipos periodísticos que realizaban coberturas en la zona de El Espinillo, en Granadero Baigorria, donde continuaba la búsqueda del joven Benjamín Scerra.
Según el comunicado difundido por el gremio, los hechos ocurrieron en un contexto de fuerte tensión, cuando personas presentes en el lugar increparon y atacaron a trabajadores de prensa mientras desarrollaban su tarea informativa. El sindicato cuestionó además la actitud de los efectivos policiales, señalando que decidieron retirarse del lugar en lugar de garantizar la seguridad y la integridad física de periodistas y camarógrafos.
Entre los episodios denunciados, el SPR indicó que el equipo de Telefe Noticias sufrió empujones y tironeos durante la cobertura. Incluso, señalaron que a una periodista le arrebataron el micrófono en medio de los incidentes. Al mismo tiempo, denunciaron que fueron pinchadas las ruedas del móvil de El Tres TV.
El comunicado también menciona que otros medios presentes, entre ellos Radio y Televisión Santafesina, lograron retirarse minutos antes del momento de mayor conflictividad y pudieron transmitir la información desde una zona segura.
Desde el sindicato recordaron además que días atrás mantuvieron una reunión con el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, a quien le plantearon la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para el trabajo periodístico.
"El desarrollo del trabajo periodístico es esencial para una sociedad informada y para la vida en democracia", remarcaron desde el SPR, al tiempo que reclamaron tanto al Estado como a las empresas periodísticas un compromiso activo en defensa de la libertad de prensa y de la protección de las y los trabajadores de medios de comunicación.
La Municipalidad de Rosario y el Gobierno de Santa Fe avanzan con un proyecto para instalar un parque acuático en la Rambla Catalunya, una iniciativa que ya abrió un fuerte frente de conflicto político, ambiental y vecinal alrededor del futuro de uno de los últimos espacios de playa pública de la ciudad. Las críticas apuntan directamente al intendente Pablo Javkin y al gobernador Maximiliano Pullaro, a quienes distintos sectores acusan de impulsar una privatización de la costa norte rosarina.
Entre los cuestionamientos aparecen la falta de consulta popular, la ausencia de estudios de impacto ambiental difundidos públicamente y la posibilidad de que el predio termine teniendo sectores cerrados, rejas y acceso pago. La polémica volvió a instalar el debate sobre el acceso público al río Paraná, el escaso espacio libre que conserva la extensa costa rosarina y el modelo de desarrollo urbano impulsado sobre la costanera.
El reclamo desde la comunidad del río
En ese contexto, el presidente de la Asociación Santafesina de Guías e Instructores de Kayak, Diego Rana Algrain, se convirtió en una de las voces más visibles del reclamo colectivo. Referente de la comunidad náutica y participante activo de distintas iniciativas vinculadas a la defensa del acceso público al río y de la cultura ribereña rosarina, describió en Señales el conflicto no sólo en términos urbanísticos, sino también personales y afectivos.
Para él, la Rambla representa directamente su vida. Contó que nació en barrio La Florida, a pocos metros de ese espacio, y que desde chico su relación con el lugar estuvo atravesada por la vida cotidiana junto al río. Recordó los parrilleros, los asados de domingo con su padre y los vínculos que fue construyendo allí desde la infancia. "Yo me crié ahí. Me hice mis amigos, forjé mi identidad. Me relacioné con el río de chico, con el kayakismo. Todo lo que yo soy se lo debo a ese espacio prácticamente", sostuvo. Y aseguró que esa experiencia no es individual sino compartida por muchísimas personas que sienten que les "están robando su tierra", su "lugar más sagrado", al que definió como "un oasis de vida en medio de la ciudad".
Una ribera cada vez más reducida
El dirigente remarcó que el proyecto pone en riesgo unos 300 metros de costa pública con playa, arena y árboles. Según explicó, sobre un total de aproximadamente 900 metros de costa accesible, la intervención avanzaría sobre casi un tercio de lo que todavía queda libre y gratuito. "Se están apropiando de casi un tercio de lo que nos queda para hacer un proyecto privado encima, donde va a estar enrejado y va a haber que pagar entrada", denunció.
Rana Algrain aclaró que la oposición no pasa por rechazar un complejo de piletas o un parque acuático en sí mismo. Incluso reconoció que puede tratarse de una propuesta atractiva para chicos y para el turismo. El problema, insistió, es la ubicación elegida. A su entender, Rosario tiene muchos otros lugares disponibles para desarrollar un emprendimiento de esas características sin afectar un sector históricamente utilizado para el deporte, la recreación y el contacto con la naturaleza. "No tiene por qué estar un complejo como este de cara al río", afirmó, y comparó el caso con otros complejos termales de la región que funcionan alejados de la ribera.
También vinculó la discusión con un proceso histórico de pérdida de acceso público a la costa. Señaló que antiguamente existían playas incluso en la zona céntrica de Rosario y que, con el paso de los años, el crecimiento urbano, los emprendimientos privados y las instituciones ocuparon gran parte de esos terrenos ribereños. Según planteó, la ciudad quedó reducida a una franja mínima de costa pública, por lo que considera "una locura" que sea el propio Estado el que impulse una nueva cesión de esos espacios.
El referente náutico describió además el impacto que tendría la obra sobre múltiples actividades que actualmente conviven en la zona: kayak, kitesurf, windsurf, natación, pesca, beach volley y el movimiento de embarcaciones que cruzan hacia las islas. A eso sumó el uso recreativo permanente que miles de personas hacen de La Florida durante todo el año, incluso fuera de la temporada de verano. "Cada vez más gente se está volcando al río porque se da cuenta de que estar en la naturaleza le hace bien", sostuvo, y señaló que la demanda social apunta justamente a ampliar el espacio público y no a reducirlo.
En uno de los pasajes más duros de su planteo, sostuvo que detrás del proyecto existe un negocio económico antes que una política pública vinculada al acceso ciudadano al río. Según explicó, la iniciativa sería financiada con recursos del Estado provincial y luego concesionada a un privado. Mencionó particularmente a la empresa Costanera Rosario —a la que identificó como una firma municipal ligada políticamente al Ejecutivo local— como la futura administradora del complejo y del estacionamiento proyectado frente al predio.
Rana Algrain cuestionó además la falta de controles sobre esa estructura. Aseguró que el estacionamiento actualmente es un espacio público que también podría destinarse a proyectos abiertos para la comunidad, como un parque o un skatepark. En cambio, denunció que terminará convertido en otra fuente de recaudación privada. "Va a ser toda una caja de plata que les va a quedar a ellos", afirmó.
"La Rambla no se toca": la organización en el territorio
Mientras el conflicto escala, vecinos y organizaciones comenzaron a organizarse. El miércoles realizaron una asamblea en la Rambla Catalunya que, según relataron, tuvo una convocatoria masiva pese a realizarse de noche y en una zona alejada del centro de la ciudad. Allí formaron grupos de trabajo, comenzaron contactos con concejales y avanzaron en la preparación de recursos de amparo para intentar frenar el proyecto.
El dirigente explicó que, según entienden, la iniciativa no pasó ni pasaría por el Concejo Municipal porque avanzaría mediante un decreto del Ejecutivo. Aunque aclaró no ser especialista en cuestiones legales, indicó que las organizaciones ya enviaron cartas al intendente, al gobernador, a la presidenta del Concejo y al cuerpo legislativo local para expresar formalmente el rechazo de más de veinte organizaciones sociales, deportivas y ambientales. El reclamo central es que el parque acuático pueda realizarse en otro lugar sin afectar la Rambla.
También denunció la falta de instancias de diálogo abiertas por parte del municipio. Dijo que hasta el momento ningún funcionario municipal se acercó a conversar con los vecinos y organizaciones, aunque confirmó reuniones previstas con la Comisión Ecológica del Concejo y con distintos concejales, incluidos representantes del oficialismo. Según planteó, el único que puede revertir la situación de manera directa es el propio intendente, ya que el proyecto lleva su firma. "Esperemos que se dé cuenta de que está cometiendo un grave error", expresó.
La discusión pública se amplificó además por la difusión televisiva de imágenes y presentaciones oficiales sobre el futuro parque acuático. Durante el programa radial se mencionó especialmente una cobertura televisiva en la que funcionarios municipales y responsables de Costanera Rosario mostraban con entusiasmo cómo sería el nuevo espacio. Según describieron, las cámaras enfocaban el sector de ingreso a La Florida y el área donde funcionaba el bar Mordisco, mientras se explicaba dónde estaría emplazado el parque. Para los sectores críticos, esas imágenes evidencian el reemplazo de árboles, paisaje natural y espacio público ribereño por estructuras artificiales y concesionadas.
Frente a ese escenario, las organizaciones convocaron a una jornada abierta en defensa de la Rambla Catalunya, de la costa y de la playa pública rosarina, un espacio que muchos consideran uno de los últimos refugios de acceso libre al Paraná dentro de la ciudad.
El conflicto escala y se organiza la protesta
El frío de la tarde no alcanzó para vaciar la Rambla Catalunya. Desde las tres de la tarde, vecinos autoconvocados, nadadores, organizaciones ambientales y familias se fueron acercando con banderas, carteles y termos bajo el brazo para rechazar el proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial que prevé la instalación de un parque acuático sobre la costa rosarina. "No al parque acuático en La Rambla", se leía sobre una de las banderas extendidas frente al río Paraná, convertido por unas horas en escenario de una asamblea abierta atravesada por el enojo, la preocupación y la defensa del acceso público a la costa.
No hubo identificaciones partidarias. La convocatoria se sostuvo desde una consigna repetida una y otra vez por quienes tomaban el micrófono: la defensa del río como parte de la identidad rosarina y el rechazo a cualquier iniciativa que avance sobre los espacios públicos y la naturaleza. "La Rambla no se toca", coreaban mientras el viento golpeaba desde el Paraná.
El debate por la privatización de la costa
Entre los primeros testimonios apareció la voz de integrantes del grupo de nadadores que utilizan el río durante todo el año. Desde ese sector denunciaron que el proyecto no apareció de manera improvisada sino que, según afirmaron, fue mantenido "tapado" hasta último momento para impedir una organización anticipada del rechazo social. Según explicaron, el emprendimiento reduciría cerca de un 40 por ciento el acceso público y gratuito a la costa y beneficiaría solamente a sectores privados.
La crítica apuntó también al modo en que se presenta la iniciativa. Mientras algunos vecinos observaban los renders y las imágenes difundidas oficialmente, desde la asamblea insistían en que "las fotos son hermosas" y "los dibujitos son bonitos", pero advertían que detrás de esa estética se esconde una privatización del río. En ese sentido, denunciaron además la presencia de funcionarios municipales dentro del directorio de la empresa Costanera Norte, algo que, según sostuvieron, dificulta cualquier posibilidad de freno institucional desde el propio Ejecutivo local.
La discusión rápidamente se amplió hacia un problema histórico de Rosario: el acceso restringido a la costa. "La ciudad tiene más de treinta kilómetros de costa y está privatizada con un montón de clubes", señaló uno de los presentes, antes de proponer que, si el proyecto realmente necesita instalarse, se haga dentro de predios privados como el Yacht Club Rosario y no sobre uno de los pocos espacios abiertos y gratuitos que quedan frente al río.
Proteger la Rambla de la costa Rosarina del Río Paraná - ¡Firmá la petición! https://c.org/hLZGSLH9zZ
Las voces de la asamblea
Otro vecino enumeró los clubes y complejos costeros que ya cuentan con piletas privadas. Después de repasarlos, levantó la voz para sintetizar el malestar general: "Basta de piletas acá. Acá está el río". La frase fue acompañada por aplausos y por una advertencia que resonó entre los presentes: "Si tenemos que hacer un acampe acá, lo vamos a hacer. La costa la vamos a defender".
Las intervenciones también conectaron el reclamo ambiental con las desigualdades urbanas. Un hombre de la zona noroeste contó que junto a otros vecinos viene reclamando mejoras para el Polideportivo Cristalería, donde nadan durante el verano. Relató que impulsaron pedidos formales para lograr el cerramiento del lugar y que la nota fue acompañada por firmas de centros de salud, escuelas, iglesias y centros de jubilados del barrio, pero nunca obtuvieron respuesta.
La misma línea profundizó una mujer que cuestionó la lógica del proyecto en una ciudad atravesada por problemas básicos de infraestructura. Para ella, el parque acuático implica directamente "privatizar la playa". Consideró "irracional" hacer circular agua por toboganes pagos mientras en barrios populares, como el barrio Toba o Cañaveral, vecinos deben caminar varias cuadras cargando bidones para conseguir agua potable. "En lugar de que corra agua por los toboganes, que lleven agua a los barrios populares", reclamó.
Uno de los discursos más extensos y emotivos llegó de parte de Belén, integrante de la organización Nuestros Árboles Rosario. Agradeció primero la presencia de quienes, pese al clima, decidieron acercarse a "proteger el río y la costa". Luego cuestionó con ironía una publicación periodística que describía el proyecto como respetuoso del entorno natural. "Es una joda", dijo sin rodeos.
Belén explicó que desde la organización contabilizaron al menos 62 árboles que podrían verse afectados por la obra. Enumeró palos borrachos, sauces y palmeras distribuidos en toda la zona de la Rambla y advirtió que el lugar ya sufre un exceso de cemento. "Los árboles no necesitan más cemento", insistió, mientras describía las pequeñas cazuelas rodeando los troncos y la falta de tierra y césped para sostener el ecosistema costero.
También cuestionó el argumento oficial que presenta el parque acuático como un espacio pensado para las infancias. Según sostuvo, para muchos chicos y chicas de Rosario la Rambla constituye el único contacto posible con el río Paraná, especialmente para quienes no pueden pagar clubes, balnearios privados o complejos recreativos. "Las infancias que no tienen acceso al parque acuático, a los clubes o a La Florida, su única manera de acceder al río es esta Rambla", expresó. "Defendamos también a las infancias. Su primer contacto con el río es este lugar".
Su intervención derivó luego hacia una crítica más amplia a la política urbana local. Enumeró conflictos recientes vinculados al Parque Independencia, Parque Sunchales y Parque de las Colectividades, y acusó a la gestión municipal de profundizar un modelo de ciudad basado en la cementización constante. "Nos quieren llenar de cemento", lamentó, mientras vinculaba esa expansión con problemas estructurales de servicios básicos, cortes de luz y dificultades de acceso al agua.
El tramo más personal de su relato apareció cuando habló de salud pública. Contó que convive con endometriosis, una enfermedad crónica, y que puede afrontar un tratamiento privado porque tiene empleo, aunque muchas otras mujeres no cuentan con esa posibilidad. Describió demoras de meses para acceder a estudios médicos y mencionó el caso de una paciente que lleva más de un año esperando la reparación de un equipo hospitalario. "Tienen plata para un parque acuático y no para un aparato de salud pública", cuestionó, antes de definir la situación como "terrible" y "vergonzosa".
Aun atravesada por la tristeza y el cansancio, Belén cerró su intervención llamando a sostener la organización colectiva. "Que esta comunidad no se apague", pidió. El mensaje funcionó como síntesis de una tarde donde la defensa del río terminó reuniendo reclamos ambientales, urbanos y sociales bajo una misma consigna.
Mientras el sol empezaba a caer sobre el Paraná, las organizaciones terminaron de definir las próximas acciones. La agrupación "El Paraná no se toca", una de las participantes de la jornada, convocó para este lunes a las 9.45 a una concentración frente al Concejo Municipal. Además, para el miércoles a las 18 se anunció un corte y movilización desde Córdoba y Oroño hacia el Monumento a la Bandera. La advertencia final quedó flotando entre los aplausos y los bombos: el río, dijeron, no puede transformarse en una plataforma para negocios turísticos mientras se pierde naturaleza y acceso público.
Escuchá la entrevista completa y voces de la asamblea:
En diálogo con Señales, la periodista Mariana Steckler analizó el alcance histórico del juicio Laguna Paiva II, el proceso judicial que investiga como delitos de lesa humanidad el abandono, las torturas y las violencias sufridas por niñas, niños y adolescentes durante el terrorismo de Estado. Desde Santa Fe, donde se desarrollan las audiencias, Steckler reconstruyó el funcionamiento del circuito represivo, el rol del D2 y la persistencia de las marcas del horror en los cuerpos y en la memoria de los sobrevivientes
La historia judicial argentina en materia de delitos de lesa humanidad vuelve a abrir una puerta inédita. El juicio Laguna Paiva II, que se desarrolla en Santa Fe, no sólo revisita el engranaje represivo que durante la última dictadura persiguió a trabajadores ferroviarios, militantes sindicales y familias enteras ligadas a la tradición obrera de Laguna Paiva. También coloca, por primera vez, el foco sobre quienes durante décadas quedaron relegados a un lugar secundario en los relatos judiciales: las niñas, niños y adolescentes que fueron secuestrados, torturados, abandonados y obligados a sobrevivir en medio del terror estatal.
La periodista santafesina Mariana Steckler, que sigue de cerca las audiencias para Periódicas, define el proceso como un hecho "histórico y fundante" dentro de las causas de lesa humanidad en Argentina. Para ella, el juicio expresa también la evolución que atravesaron estos procesos judiciales desde el regreso de la democracia. Los juicios, sostiene, se transformaron con el tiempo no sólo por las estrategias jurídicas sino también por la manera en que fueron cambiando los testimonios y el lugar otorgado a las víctimas. "Lo principal es que las víctimas puedan atestiguar como puedan, con todo el respeto que merecen y con todo el tiempo que hay que darles", explica. En esa transformación, dice, también fue decisiva la persistencia de abogados, abogadas y organismos de derechos humanos que durante décadas sostuvieron las investigaciones.
En el caso de Laguna Paiva II, destaca especialmente el trabajo de la APDH Rosario y menciona a integrantes del equipo querellante como Noelia Sarsa, Federico Pagliero, Norma Ríos y Julia Giordano. Para Steckler, la relevancia inédita del juicio radica en que los crímenes cometidos contra niñas, niños y adolescentes en 1980 "hoy van a ser juzgados como delitos de lesa humanidad".
Durante mucho tiempo, recuerda, esas experiencias fueron interpretadas apenas como consecuencias indirectas del terrorismo de Estado. "No son daños colaterales", remarca. Hubo una época en que, explica, el foco estaba puesto exclusivamente en el secuestro de los padres y madres, mientras que el destino de sus hijos quedaba diluido en un segundo plano. Ahora, en cambio, la justicia intenta reconstruir qué ocurrió con cada uno de esos chicos y chicas.
Steckler enumera escenas concretas que aparecen en las audiencias y que permiten dimensionar la magnitud de esos crímenes: niños secuestrados junto a sus padres, sometidos a torturas, abandonados o víctimas de abusos. Habla de 16 niñas y niños de entre un año y medio y 15 años, de una nena de 12 años que quedó sola a cargo de cinco hermanos menores y tuvo que enfrentar el hambre sin ayuda adulta. Habla también de un adolescente de 14 años secuestrado junto a su padre, obligado a soportar torturas y a presenciar cómo hacían lo mismo con su familia.
"Esos crímenes tienen que ser juzgados", insiste. Y plantea que quienes cometieron esos hechos deben sentarse en el banquillo de los acusados y responder por ellos, independientemente de la edad que tuvieran las víctimas.
El cambio de perspectiva judicial y social, sostiene la periodista, se vincula directamente con una transformación más profunda en la manera de entender las infancias. "Se empieza a considerar sujeto de derecho a ese niño o a esa niña", señala. Durante años, explica, existió la idea de que un niño, por depender de adultos para sobrevivir, no podía ser considerado plenamente víctima de delitos como la privación ilegítima de la libertad. Esa lógica, afirma, hoy comenzó a resquebrajarse.
Steckler comenta que conversó sobre estas cuestiones con trabajadoras sociales y especialistas en infancias, quienes le explicaron cómo evolucionó la mirada jurídica. El hecho de que una persona necesite cuidados o asistencia no elimina su condición de sujeto de derecho. "Con los niños pasa lo mismo", resume. Aunque dependan de personas adultas para su bienestar, sus derechos pueden ser vulnerados, y quienes los vulneran deben ser investigados y sancionados.
En ese sentido, el juicio Laguna Paiva II aparece también como una continuidad del largo recorrido argentino en materia de memoria, verdad y justicia. Steckler recuerda que el país se convirtió en referencia internacional por la cantidad de genocidas juzgados, aun en un contexto actual donde —advierte— existen discursos negacionistas y sectores políticos que reivindican prácticas vinculadas al terrorismo de Estado. Frente a eso, reivindica la persistencia de organismos de derechos humanos, de las Abuelas, de abogados y militantes que sostuvieron durante décadas un consenso social construido alrededor del "Nunca Más".
Pero además del aspecto jurídico, el proceso vuelve a poner sobre la mesa otra dimensión compleja: la memoria corporal de quienes atravesaron la violencia estatal siendo apenas niños o incluso bebés. Para explicar esa huella, Steckler menciona el caso de Ángela Urondo Raboy, hija del poeta santafesino Francisco Paco Urondo. Relata que Ángela contó alguna vez cómo soñaba reiteradamente que había estado secuestrada en el D2 santafesino, algo que después descubrió que efectivamente había ocurrido cuando tenía apenas 11 meses de vida.
La periodista encuentra allí un punto de contacto con la historia de Macarena Gelman, nieta del poeta Juan Gelman, quien también habló públicamente sobre las marcas que dejó en su cuerpo y en su subjetividad la violencia sufrida antes incluso de nacer. Macarena estaba en el vientre de su madre cuando ésta fue secuestrada.
Steckler reconoce que no pretende hacer una interpretación psicológica de esas experiencias, pero sí registrar lo que las propias sobrevivientes narran: la sensación de que aquello vivido quedó inscripto de alguna manera en el cuerpo y en la memoria profunda. "¿Cómo eso quedó guardado en su piel, en su cuerpo, en su subjetividad?", se pregunta al recuperar los testimonios de Ángela Urondo y Macarena Gelman.
En muchos casos, señala, esas marcas tardaron décadas en poder nombrarse. Recién de adultas algunas víctimas lograron hablar, denunciar y reclamar justicia. "Es muy difícil de sanar", resume.
Incluso dentro de quienes atravesaron estas experiencias existe una discusión sobre cómo nombrarse. Aunque en términos jurídicos prevalece la palabra "víctimas", porque es la categoría utilizada para juzgar los delitos, muchas de estas personas prefieren definirse como "sobrevivientes". Para ellas, explica Steckler, esa palabra contiene una dimensión activa: la posibilidad de haber sobrevivido para contar lo ocurrido, denunciarlo y exigir justicia.
El juicio Laguna Paiva II también obliga a volver sobre uno de los engranajes centrales del terrorismo de Estado en Santa Fe: el funcionamiento del D2 y de los centros clandestinos que integraron el circuito represivo provincial. Para la periodista Mariana Steckler, recuperar esa historia implica comprender que la represión no ocurrió en lugares lejanos o abstractos, sino "a la vuelta de la esquina", en pleno corazón de las ciudades.
Mientras recorría las inmediaciones de la excomisaría cuarta de Santa Fe —hoy convertida en espacio de memoria— Steckler describía el peso simbólico de esos edificios que durante años permanecieron ocultos bajo la rutina cotidiana. La excomisaría, ubicada en el macrocentro santafesino, formó parte del circuito represivo articulado alrededor del D2. Durante mucho tiempo existieron indicios sobre lo que había ocurrido allí, relatos fragmentarios, sospechas y testimonios, pero no pruebas concluyentes. Hasta que una remodelación cambió todo.
Cuando comenzaron a picar paredes dentro del edificio, los obreros descubrieron sectores huecos. Detrás de esas paredes aparecieron documentos escondidos durante décadas: papeles, registros y archivos que habían permanecido ocultos desde la dictadura. Steckler relata la escena como un hallazgo estremecedor. Los documentos comenzaron a ser recuperados y preservados cuidadosamente para reconstruir de manera documental el funcionamiento del aparato represivo santafesino.
Ese descubrimiento, explica, modificó incluso la percepción social sobre la magnitud del terrorismo de Estado en la provincia. "Antes pensábamos que hubo uno o dos lugares", señala. Pero la reconstrucción posterior reveló que existían centros clandestinos de detención insertos en medio de barrios y zonas urbanas comunes, muy cerca de las casas y de la vida cotidiana de los vecinos.
Para la periodista, la recuperación de esos espacios como sitios de memoria tiene una importancia política y social fundamental. La memoria, sostiene, es la herramienta que permite impedir la repetición del horror vivido por la sociedad argentina durante la dictadura.
En el banquillo de los acusados no sólo aparecen ex policías vinculados al circuito represivo. También está sentado Víctor Hermes Brusa, ex funcionario judicial y luego juez federal de Santa Fe, una figura históricamente asociada al poder judicial santafesino y a largos años de impunidad. Steckler admite que escuchar los testimonios de las víctimas describiendo la manera en que Brusa actuaba dentro del engranaje represivo provoca todavía hoy estupor. Hablan de un hombre que se movía "con tranquilidad y con impunidad", plenamente consciente del poder que ejercía.
La periodista no oculta la indignación que le genera verlo llegar a las audiencias sin estar detenido en una cárcel común. Recuerda especialmente la primera audiencia del juicio, realizada por videollamada, en la que algunos imputados aparecían desde sus domicilios, "tomando mate con la esposa", mientras del otro lado declaraban sobrevivientes que arrastran décadas de trauma. "Eso realmente duele", reconoce, aunque también entiende que forman parte de los tiempos y limitaciones de la justicia.
En conversaciones con integrantes de la querella, Steckler encontró otra lectura posible sobre el caso Brusa. Una de las abogadas le dijo que, más allá de las condenas, el proceso judicial destruyó las aspiraciones de poder y prestigio que el ex juez había construido durante años. "Hace diez años que está pasando de juicio en juicio", le recordó.
La causa también vuelve a poner en primer plano la persecución sistemática que sufrió Laguna Paiva por su tradición obrera y sindical. La dictadura, explica Steckler, buscó quebrar deliberadamente la organización de los trabajadores ferroviarios y desarticular el entramado colectivo construido alrededor del sindicalismo. Allí menciona a Catalino Páez, militante del PRT, y recuerda la experiencia de la agrupación "La Lucha", organizada en el ferrocarril Belgrano, que reclamaba mejores condiciones laborales y defendía derechos de los trabajadores.
Para Steckler, el objetivo represivo fue claro: destruir la organización colectiva y disciplinar al mundo del trabajo. “Sabían perfectamente lo que hacían: ir contra los trabajadores. Y, perdón por este breve paréntesis político-partidario, pero, como advirtió Cristina Fernández de Kirchner, vienen por los trabajadores, vienen por el trabajo”. Eso fue lo que buscó la dictadura, afirma al analizar el modo en que el terrorismo de Estado atacó no sólo a individuos, sino también a las formas de solidaridad y organización popular.
Otro aspecto central del juicio tiene que ver con su carácter público. Originalmente, sólo estaba previsto transmitir la apertura y el cierre del proceso. Sin embargo, el equipo jurídico de la APDH Rosario logró que el tribunal autorizara la difusión completa de las audiencias. Steckler considera esa decisión una conquista importante porque permite que la sociedad conozca en detalle lo ocurrido.
Las audiencias, explica, incluyen testimonios extremadamente sensibles. Algunas víctimas ya habían declarado en Laguna Paiva I y, por recomendación de equipos de salud mental, la querella solicitó que se incorporaran grabaciones anteriores en lugar de obligarlas a repetir relatos traumáticos. Otras personas, en cambio, decidieron volver a declarar o testimoniar por primera vez. Cada intervención supone volver sobre experiencias de secuestro, tortura, violaciones y abandono sufridas hace más de cuatro décadas.
La periodista subraya además un dato que considera fundamental: los hechos juzgados ocurrieron en 1980. Aunque el imaginario social suele concentrar la etapa más brutal de la dictadura entre 1976 y 1978, las prácticas represivas continuaban activas años después. En Santa Fe seguían produciéndose secuestros, tormentos y ataques contra familias enteras, incluyendo niñas, niños y adolescentes.
Steckler habla de las víctimas con admiración. Dice que impresiona verlas declarar frente a sus represores, sosteniendo testimonios atravesados por décadas de dolor y memoria. Muchas pertenecen a las mismas familias o forman parte de comunidades pequeñas donde victimarios y sobrevivientes convivieron durante años en la vida cotidiana.
Allí aparece otro de los nombres que sobrevuelan el juicio: Eduardo Enrique Riuli, ex oficial ayudante de la División Informaciones D2, ya condenado anteriormente por delitos de lesa humanidad y nuevamente imputado en esta causa. Steckler cuenta que una colega periodista había trabajado con él en un programa de radio sin saber quién era realmente ni cuáles habían sido los crímenes cometidos durante la dictadura. Esa convivencia silenciosa con represores en localidades pequeñas como Laguna Paiva es, precisamente, una de las heridas que estos procesos judiciales intentan reparar.
"La justicia también viene a reparar eso", sostiene. No se trata únicamente de dictar condenas, sino de romper décadas de impunidad social, de impedir que quienes participaron del terrorismo de Estado puedan seguir circulando como ciudadanos anónimos mientras las víctimas cargan en soledad con las consecuencias del horror.
Mientras el juicio continúa desarrollándose en Santa Fe, Steckler sigue cubriendo las audiencias y anticipa que el proceso probablemente se extenderá más allá de la feria judicial de invierno. El veredicto todavía parece lejano, pero el juicio ya produjo un movimiento histórico: poner en el centro de la escena judicial aquello que durante años fue negado o minimizado. Porque el terrorismo de Estado no sólo secuestró y desapareció militantes; también persiguió, disciplinó y quebró infancias. Y esas marcas, cuarenta años después, siguen vivas en los cuerpos y en la memoria colectiva argentina.
Miles de familias denuncian incumplimientos, cambios de condiciones y adjudicaciones inciertas en los planes de Bauen Pilay. Mientras avanzan los reclamos judiciales y las protestas, los autoconvocados aseguran que el sueño de la casa propia quedó atrapado entre demoras, evasivas y promesas incumplidas
Patricia Alejandro, integrante del Grupo Colectivo Autoconvocados de Bauen Pilay, sostiene en Señales que la organización de los damnificados nació cuando comprendieron que sus situaciones no eran casos aislados. Durante años, cuenta, cada persona acudía individualmente a la empresa para reclamar respuestas sobre sus contratos, pero se encontraba siempre con la misma explicación: había que seguir pagando, cumplir con el contrato, participar de licitaciones y, si no se obtenía una adjudicación, esperar a completar las 240 cuotas para recién entonces conocer qué departamento se asignaría.
Según relata Patricia, una gran parte de los integrantes del colectivo decidió no participar de las licitaciones porque el propio contrato establecía condiciones que, aseguran, la empresa dejó de cumplir hace mucho tiempo. Explica que originalmente se preveían adjudicaciones mensuales: dos departamentos por sorteo y dos por licitación. Sin embargo, sostiene que desde 2014 ese esquema dejó de respetarse. Afirma que durante largos períodos no hubo ni sorteos ni licitaciones mensuales y que, cuando existían, muchas veces las unidades ofrecidas estaban fuera del radio constructivo previsto contractualmente.
Esa situación, remarca, generó que muchas personas optaran por no licitar. "Claramente no querían ser adjudicadas en una unidad que no era lo que correspondía", señala Patricia, al describir cómo numerosos suscriptores entendían que aceptar esas condiciones implicaba resignar lo pactado originalmente.
Su caso personal resume la angustia que atraviesan muchos de los adherentes al sistema. Patricia cuenta que aportó durante 18 años y medio y que hoy está a apenas 17 cuotas de finalizar el plan. Lejos de sentir alivio, asegura vivir el tramo final con preocupación e incertidumbre. Teme llegar al último pago y que la empresa pretenda adjudicarle una vivienda mediante un "sorteo extraordinario" en un lugar que sigue siendo, según describe, "un signo de pregunta".
Relata que, después de la pandemia, los planes tradicionales como el suyo comenzaron a ser adjudicados casi exclusivamente en el complejo Los Pasos, ubicado en el límite entre Rosario y Funes. Allí, explica, Los Pasos 1 ya está prácticamente terminado y habitado, mientras que Los Pasos 2 y 3 se encuentran casi totalmente adjudicados. Frente a ese panorama, se pregunta qué unidades quedarán disponibles para los miles de suscriptores que aún continúan pagando y no recibieron ninguna vivienda.
No somos inversionistas, queríamos una vivienda
Patricia también cuestiona con firmeza la manera en que la empresa define a quienes integran el sistema. Dice sentirse molesta cuando Bauen Pilay los presenta públicamente como "inversionistas". Para ella, esa definición distorsiona completamente la realidad de quienes contrataron estos planes. "Nadie del colectivo son convocados es inversionista", sostiene, y remarca que nunca buscaron lucrar con el sistema ni especular inmobiliariamente. Lo que perseguían, insiste, era simplemente la posibilidad de acceder a una vivienda digna.
En relación con los cambios implementados por la empresa a lo largo de los años, Patricia asegura que jamás fueron consultados. Recuerda que al momento de firmar el contrato recibió una cláusula anexa en la que la empresa informaba que, debido a la expansión de Rosario, comenzaría a construir y comprar terrenos en el Gran Rosario. Allí se ofrecía la posibilidad de aceptar o rechazar una eventual adjudicación fuera de la ciudad. Patricia afirma que firmó expresamente por la negativa.
Sin embargo, sostiene que después de aquella instancia nunca volvió a recibir información por parte de la empresa sobre modificaciones en la operatoria ni sobre el hecho de que las nuevas compras de terrenos se concentraban exclusivamente fuera de Rosario. Asegura que jamás se le brindó la posibilidad de decidir si quería continuar o no bajo esas nuevas condiciones.
La integrante del colectivo también apunta contra el rol de los organismos de control y del Poder Judicial. Recuerda que en 2003 la Inspección General de Justicia prohibió a Pilay continuar comercializando los planes de locación de obra al considerar que no se ajustaban a derecho. Según explica, la empresa presentó un recurso para impugnar esa resolución y continuó comercializando los planes durante años, hasta que en 2013 llegó una sentencia definitiva de Cámara.
Para Patricia, lo más grave es que durante todo ese tiempo miles de ciudadanos siguieron adquiriendo planes sin saber que existían cuestionamientos legales sobre el sistema. "El Poder Judicial no hizo nada para acelerar los tiempos y proteger a los ciudadanos", afirma, mientras define la situación como algo que "claramente roza una estafa".
En los últimos días, incluso, volvió a intentar abrir un canal de diálogo con la empresa para encontrar una salida negociada al conflicto. Patricia relata que buscó conocer si existía "algún ofrecimiento razonable" que permitiera alcanzar un acuerdo pacífico y evitar que la situación continuara escalando. Pero la respuesta que recibió terminó profundizando todavía más su malestar.
Según cuenta, al mencionar declaraciones públicas realizadas por Gonzalo Crespi —integrante del directorio de Pilay—, donde se afirmaba que quienes habían contratado dentro del radio original tendrían finalmente su departamento en esa zona, la respuesta empresarial fue tajante: "Esta no era una iglesia".
La frase quedó resonando entre los integrantes del colectivo. Patricia admite que comprende que una empresa "no es una iglesia", pero cuestiona que sus representantes realicen promesas públicas que luego nadie explica cómo piensan concretar. "Si un miembro del directorio sale a los medios a decir que los ciudadanos que contrataron dentro del radio van a tener su departamento dentro del radio, uno entiende que existe una intención real de cumplirlo", plantea. El problema, dice, aparece cuando los damnificados intentan obtener precisiones concretas y sólo encuentran evasivas.
El reclamo por departamentos "en el aire"
Mientras tanto, la preocupación crece entre quienes llevan décadas aportando. Patricia asegura que existen personas que ya destinaron más de 100 mil dólares al sistema y todavía no tienen ninguna vivienda adjudicada de manera efectiva. Entre 2025 y 2030, explica, cientos de contratos alcanzarán mensualmente la cuota 240, es decir, el momento en que deberían recibir una solución definitiva.
Sin embargo, sostiene que muchas de las adjudicaciones actuales son "forzosas". Describe que, al llegar al final del plan, numerosos suscriptores son derivados automáticamente a Los Pasos 2 o Los Pasos 3. El contrato, recuerda, establece que una persona puede rechazar hasta tres veces una adjudicación si la zona o las condiciones no resultan acordes a lo pactado. Pero en la práctica —denuncia— las opciones son aceptar o iniciar acciones judiciales mediante carta documento para exigir una unidad dentro del radio constructivo original.
A eso se suma otro elemento que, según el colectivo, vuelve todavía más incierta la situación: muchas de las adjudicaciones se realizan sobre proyectos que aún no existen materialmente. "Se están adjudicando departamentos en el aire", resume Patricia, al cuestionar que no haya unidades concretas construidas que respalden las promesas realizadas por la empresa.
Para la referente del colectivo, el problema ya excede largamente un conflicto contractual entre particulares. Sostiene que la magnitud de afectados transforma el caso en una cuestión pública que requiere intervención estatal. Recuerda que Bauen Pilay nació en Santa Fe y que son miles los santafesinos alcanzados por incumplimientos similares.
Por eso, desde el primer momento, los autoconvocados buscaron respaldo institucional en todos los niveles del Estado. Patricia relata que acudieron al Concejo Municipal de Rosario, donde —según dice— todos los funcionarios se mostraron "indignados" frente a la situación y prometieron acompañamiento. Sin embargo, afirma que cuando llegó el momento de discutir nuevas excepciones urbanísticas para que la empresa continuara construyendo, el cuerpo terminó autorizándolas pese a los pedidos del colectivo.
¿Dónde está nuestra plata?
Los damnificados habían solicitado que, antes de habilitar nuevos desarrollos, se exigiera a la empresa regularizar la situación de quienes mantienen contratos incumplidos. También reclamaron explicaciones sobre el destino de los fondos aportados durante años por miles de suscriptores. "¿Dónde está nuestra plata? ¿Dónde están nuestros departamentos?", resume Patricia como las preguntas centrales que todavía no encuentran respuesta.
Pese a la falta de respuestas concretas, el colectivo volvió recientemente al Concejo para insistir con sus reclamos y solicitar investigaciones sobre los terrenos adquiridos por la empresa y las condiciones legales y ambientales de los proyectos inmobiliarios en marcha.
Las gestiones también alcanzaron a la Legislatura provincial y a la Secretaría de Comercio Interior de Santa Fe. Patricia asegura que en todos los encuentros perciben preocupación e indignación por parte de los funcionarios, aunque hasta ahora ninguna medida concreta. "No tenemos uno que haya tomado seriamente el tema", lamenta.
La crítica alcanza también al Poder Judicial. Desde febrero, integrantes del colectivo se concentran regularmente frente a los tribunales provinciales de Rosario para exigir que avancen las causas judiciales iniciadas contra la empresa. Patricia sostiene que existen cientos de expedientes pendientes de resolución y que muchos jueces aún no dictan sentencia. "La justicia nos está dejando desamparados", afirma, mientras insiste en que no están pidiendo favores sino que los funcionarios "cumplan con su trabajo".
Movilizaciones y un conflicto que sigue creciendo
A pesar del desgaste y la frustración acumulada, el colectivo insiste en mantener la visibilidad pública del conflicto. Patricia reivindica que los ahorristas cumplieron "al pie de la letra" con cada obligación contractual y asegura que es la empresa la que incumple sistemáticamente.
En ese marco, convocó a una movilización simultánea en Rosario y Santa Fe para exigir respuestas concretas. La protesta fue anunciada para el miércoles 13 de mayo a las 16, frente a las sedes de Pilay en Oroño 166, en Rosario, y en Juan de Garay 2599, en Santa Fe capital.
El llamado final estuvo dirigido especialmente a quienes todavía continúan pagando sus cuotas en silencio. Patricia reconoce el cansancio, la decepción y la sensación de abandono que atraviesa a muchos ahorristas, pero sostiene que la única herramienta que les queda es la movilización colectiva. "Si arreglamos, lo vamos a ganar entre todos", afirma.
Mientras tanto, el conflicto continúa creciendo y acumulando interrogantes. Miles de familias siguen esperando respuestas concretas sobre un sueño que comenzó como la posibilidad de acceder a la vivienda propia y que, con el paso de los años, quedó atrapado entre promesas incumplidas, expedientes judiciales demorados y un futuro cada vez más incierto.
De pronto, el niño mira un libro viejo que está en un estante. Lo señala. Se lo acerco. Le digo: "Me lo contaba tu bisabuela"
Por: Leila Guerriero Uno de mis parientes más jóvenes viene a cenar a casa. Se concentra en el camión de juguete que le regalo, se mantiene en un silencio tozudo. Cuando terminamos de cenar le digo que vayamos a mi estudio. Se levanta, pide que le dé la mano para atravesar el pasillo. Ya en el estudio, le muestro libros de mi infancia, de esos que llaman pop up y despliegan figuras en tres dimensiones. Él pasa las páginas mirando construcciones de papel que tienen más de 50 años, ajadas por el toqueteo de mis manos infantiles, un rastro fósil que no puede percibir. Bajo de un placard un perro de plástico blando, Pluto, con el que aparezco en una foto, tomada en la galería de la casa de mi abuela alemana, a los dos años. Un perro que tiene mi edad. Le toca las orejas, habla como un loro: leeme ese cuento, quién es el señor de esa foto (no sé cómo explicarle que la única foto que hay en mi estudio es de mi editor uruguayo, Homero Alsina Thevenet, entonces le digo que era mi maestro). De pronto mira un libro viejo que está en un estante. Lo señala. Se lo acerco. Le digo: "Es el Struwwelpeter, me lo contaba tu bisabuela". Pasa las páginas, acaricia la melena de ese muchacho que se negaba a cortarse el pelo y las uñas. Dice. "Contame". No sé alemán, recuerdo la historia porque mi abuela me la tradujo cientos de veces. La dulcifico, no le digo que el muchacho terminó con los dedos mutilados por negarse a un corte de uñas. Él se sienta en mi regazo en un movimiento inesperado y conmovedor. ¿Por qué se acerca así, como si yo le perteneciera? Me pregunto si este pequeño instante quedará grabado en sus recuerdos como quedará en los míos. Ese lazo de sangre y memoria, yo contándole el cuento que me contaba mi abuela. Le digo que hay helado, pregunta si es de chocolate, le digo que sí. Se baja de mi regazo, me extiende la mano y vamos juntos por el pasillo, atravesando las grandes, las hermosas aguas, hacia nuestros futuros inciertos.
El viernes 1° de mayo, la Plaza de Mayo volvió a ser escenario de una convocatoria de las organizaciones de izquierda. El Partido Obrero, Izquierda Socialista y el MST —tres de las fuerzas que integran el Frente de Izquierda Unidad— encabezaron el acto central por el Día Internacional de los Trabajadores. Horas después, ya terminado el encuentro, Juan Carlos Giordano grabó un mensaje para el programa Señales, de Aire Libre Radio Comunitaria, que se emitiría a la mañana siguiente. En ese registro, con el clima aún reciente de la actividad , reconstruyó lo ocurrido con la Flotilla Global Sumud y el papel de la delegación argentina.
En medio de esa jornada, contó, había llegado una noticia que impactó de lleno en el acto: la liberación de los activistas detenidos. Entre ellos, los doce integrantes de la delegación argentina que habían sido parte de la flotilla. Enumeró a varios: Mónica Schlotthauer, diputada de la provincia de Buenos Aires; Ezequiel Peressini; Celeste Fierro; Pablo Giachello; Cristina Agüero y Raúl Laguna. Seis de ellos, precisó, estaban en los barcos que habían sido secuestrados apenas dos días antes.
Giordano describió ese operativo como "un acto de piratería política", ejecutado —según sostuvo— por las fuerzas armadas del Estado de Israel en aguas internacionales. Subrayó ese punto: las embarcaciones fueron interceptadas a unos 1.200 kilómetros de Palestina, destino final de una misión que llevaba ayuda humanitaria —medicamentos, alimentos, agua— hacia Gaza, donde, afirmó, persiste el bloqueo y "el genocidio sigue".
La Flotilla Global Sumud, explicó, es el resultado de una coordinación internacional de organizaciones que inscriben previamente a activistas de distintos países. Todos comparten, dijo, la defensa de la causa palestina y la denuncia del accionar israelí, así como de la complicidad de la Unión Europea, a la que acusó de no intervenir frente a estos episodios en el Mediterráneo.
La travesía había comenzado el 12 de abril en Barcelona. Desde allí, las embarcaciones navegaron frente a las costas de Túnez e Italia hasta llegar a aguas bajo jurisdicción griega. Fue en ese punto donde se produjo la interceptación. De las 58 embarcaciones que integraban la flotilla, 22 fueron abordadas por la marina israelí. En total, unas 175 personas fueron detenidas.
Según el relato de Giordano, los barcos capturados fueron hundidos en el Mediterráneo junto con toda la ayuda humanitaria que transportaban. El resto logró sortear la agresión y arribar a Grecia. A los detenidos, en tanto, Israel los trasladó a ese mismo país, evitando —interpretó— un conflicto político mayor que hubiera implicado encarcelarlos en su propio territorio.
Desde Grecia comenzó la liberación. Los integrantes de la delegación argentina fueron deportados a Estambul, desde donde organizarían su regreso a sus países de origen. Giordano interpretó ese desenlace como un triunfo de la movilización internacional y de la causa palestina, aunque advirtió que el episodio dejaba un saldo preocupante.
Thiago Ávila y Saif Abu Keshek permanecen detenidos bajo custodia del sistema penitenciario israelí, señalado por denuncias de abusos contra presos palestinos
Dos dirigentes de la flotilla no fueron liberados: el brasileño Thiago Ávila y Saif Abu Keshek, activista de origen palestino con nacionalidad español-sueca. Ambos, señaló, estaban siendo trasladados a Israel. En el caso de Abu Keshek, denunció que se le imputaba el delito de terrorismo, algo que consideró una muestra extrema de ilegalidad, dado que —insistió— se trataba de una flotilla pacífica, sin armas, dedicada exclusivamente a la ayuda humanitaria.
Giordano enmarcó ese accionar dentro de lo que definió como una política histórica del Estado de Israel: "considerar a todo el mundo terrorista para intentar lavarse la cara", mientras —según afirmó— lleva adelante una estrategia de limpieza étnica, apartheid y colonización desde su fundación en 1948.
La preocupación inmediata, sostuvo, pasa por la libertad y la integridad física de Ávila y Abu Keshek, a quienes describió como dirigentes y coordinadores de la flotilla. El reclamo por su liberación, dijo, fue uno de los ejes del acto del primero de mayo, junto con la decisión de redoblar la campaña internacional por la causa palestina. Reafirmó, en ese sentido, el objetivo de "una Palestina libre, del río al mar", y la convicción de que ni el pueblo palestino ni quienes lo apoyan serán silenciados.
También destacó el rol de su organización. Señaló que Izquierda Socialista tuvo dos representantes en la flotilla y mencionó además a un militante de su corriente internacional, la UIT-CI, proveniente de Turquía, que también fue liberado y se encontraba en Estambul.
Hacia el final de su intervención, Giordano amplió el foco y llevó la discusión al terreno de la política argentina. Recordó su propia participación en la flotilla de 2025, cuando Israel logró encarcelar a los activistas, y contrastó ese antecedente con el desenlace actual, que atribuyó a la presión internacional.
Desde allí, cargó contra el gobierno nacional con un tono más directo, retomando incluso frases que —según dijo— se escuchan en el discurso oficial. Señaló que Javier Milei, "mientras habla de libertad o se lo escucha decir 'viva la libertad carajo', se abraza con los criminales de guerra, de guerras imperialistas, de agresiones imperialistas como Donald Trump y Netanyahu". Agregó que esos mismos líderes "han tirado bombardeos creyendo que les iba a ser fácil", en referencia a conflictos recientes, y sostuvo que no lograron sus objetivos.
En esa línea, afirmó que Donald Trump está "repudiado en Estados Unidos", que Netanyahu "está repudiado en el mundo" y que el dirigente ultraderechista húngaro Viktor Orbán "perdió las elecciones estrepitosamente". En cuanto al escenario local, aseguró que "en el caso de Milei crece el repudio", mencionando cifras de desaprobación cercanas al 65%.
Con ese diagnóstico, llamó a "ajustar cuentas en Argentina", impulsando un paro y un plan de lucha, y advirtió sobre la necesidad de no ser cómplices del gobierno sino de construir "una salida de fondo". También cuestionó el alineamiento internacional de la administración argentina, al señalar su apoyo a Netanyahu, a quien definió como "un asesino probado" que —según afirmó— no puede salir de su país por haber sido condenado por la Corte Penal Internacional.
El cierre retomó el hilo inicial: el agradecimiento en nombre de Izquierda Socialista y del Frente de Izquierda Unidad, y la reafirmación de una causa que, para Giordano, trasciende fronteras. La experiencia de la flotilla, con sus detenciones, liberaciones y denuncias, quedó así integrada en un relato mayor: el de una lucha internacional que, pese a los riesgos, insiste en avanzar.
Foto: Eleftherios Elis. Agencia AFP
Escuchá el reporte completo de France 24, Señales y el testimonio de Juan Carlos Giordano:
Cada 3 de mayo, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, vuelve una pregunta incómoda pero imprescindible: ¿en qué estado se encuentra hoy la libertad de expresión?
No se trata de una consigna abstracta. Es una condición esencial para la vida democrática y para el ejercicio del periodismo, una actividad que en la Argentina atraviesa un momento de fuerte hostilidad.
El presidente Javier Milei ha instalado como práctica habitual la descalificación hacia periodistas y medios, llegando a sostener: "No odiamos lo suficiente a los periodistas". Lejos de ser una excentricidad discursiva, estas afirmaciones construyen un clima: señalan enemigos, legitiman agresiones y erosionan la confianza en el trabajo periodístico como pilar del sistema democrático.
En esa misma lógica, el gobierno nacional no solo confronta con la prensa. También interviene sobre las condiciones materiales que hacen posible la comunicación.
El cierre o desguace de medios públicos, como ocurrió con TelAm, el vaciamiento de políticas de comunicación, el debilitamiento de la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública y la discrecionalidad en la distribución de la pauta oficial configuran un escenario donde la información se vuelve más opaca y el acceso a los datos públicos, más restringido.
No es un efecto colateral. Es parte de una dinámica que empuja hacia una sociedad más desinformada y con menor capacidad crítica.
Ese clima también se traslada a las calles.
La represión de protestas sociales y el hostigamiento a trabajadores de prensa han dejado imágenes elocuentes: cronistas cubriendo movilizaciones con cascos y máscaras, como ocurre en las marchas semanales de jubilados y jubiladas en la Ciudad de Buenos Aires.
En ese contexto, el caso del fotógrafo Pablo Grillo —quien continúa luchando por su salud tras resultar herido— se vuelve un símbolo del riesgo creciente que implica informar.
Pero esta situación no se limita al plano nacional.
En Rosario y en la provincia de Santa Fe adquiere características propias, igual de preocupantes, como lo manifestó en varios comunicados el Sindicato de Prensa de Rosario.
Al gobernador de la provincia lo invitan con frecuencia a dialogar con otros medios, con agenda abierta. No asiste. Los ministros y las ministras, por su parte, solo aceptan en contadas ocasiones y tras múltiples filtros. Para ellos resulta más sencillo emitir un comunicado, donde solo vale lo que allí se dice.
En los últimos años, además, el mapa mediático local se ha concentrado de manera notable.
La figura de Gustavo Scaglione resulta clave para entender este proceso. Después de la compra del Grupo Televisión Litoral y luego del multimedios La Capital, junto con Telefe Rosario y Santa Fe, un mismo actor reúne televisión, radios, el principal diario y plataformas digitales bajo una lógica de integración que reduce la diversidad de voces en los principales canales de información.
Y esto no es una discusión teórica. Se ve en la práctica:
¿Cuántos medios siguen el caso de desalojo del Almacén de las Tres Ecologías?
¿Cuántos abren sus espacios para debatir la preservación del patrimonio de la ciudad?
¿Cuántos investigan las denuncias de torturas en el penal de Piñeiro, donde la ONU pidió una investigación urgente?
¿Cuántos se preguntan "paz para quién" y van a los territorios a escuchar voces frente a la violencia institucional y las políticas de seguridad?
¿Cuántos ponen el foco en el funcionamiento del Concejo Municipal y en la necesidad de debates públicos reales?
Pocos.
Demasiado pocos.
Y ese silencio —selectivo, persistente— también es una forma de construir realidad.
La concentración, sin embargo, no actúa sola. Se combina con un factor decisivo: la pauta oficial.
El Estado provincial y municipal, lejos de ser actores neutrales, definen con sus asignaciones qué medios se sostienen y cuáles quedan relegados. Cuando esa distribución es poco transparente y se concentra en pocos grupos, el sistema se vuelve previsible: quienes dependen económicamente del poder político difícilmente puedan ejercer un control real sobre él.
No hace falta censura explícita.
El condicionamiento opera de forma más sutil, pero igual de eficaz. Se instala en las redacciones como autocensura, como cálculo, como un límite invisible.
La agenda informativa empieza a uniformarse. Los temas incómodos pierden espacio. Las críticas se moderan. El conflicto se diluye.
Así, lo que debería ser una esfera pública plural se transforma, poco a poco, en una conversación administrada.
Las consecuencias no son menores.
Se debilita la investigación periodística. Se restringe el debate. Se dificulta la supervivencia de medios alterativos. Y, en definitiva, se empobrece la democracia.
Porque la libertad de expresión no se mide solo por la ausencia de prohibiciones. Se mide por la existencia real de condiciones para que múltiples voces puedan expresarse con autonomía.
En este contexto, para quienes habitamos Santa Fe, la discusión adquiere una dimensión adicional.
El proceso de reforma constitucional en la provincia abre una oportunidad —y también una responsabilidad—: garantizar que los derechos a la libertad de expresión y a la comunicación queden consagrados de manera amplia, efectiva y acorde a los desafíos actuales.
No como una declaración formal, sino como un compromiso concreto con el pluralismo, la transparencia y el acceso a la información.
Rosario ofrece hoy una paradoja inquietante.
No hay menos medios, pero sí menos diversidad real.
No hay menos información, pero sí menos independencia.
Y en ese desplazamiento silencioso —entre la concentración, la dependencia económica y la deslegitimación del periodismo— la libertad de expresión corre el riesgo de convertirse en eso que nunca debería ser:
una palabra repetida,
cada vez más vacía,
cada vez más lejos de la vida democrática que dice sostener.
