El debut de la iniciativa no pasó inadvertido: su primer posteo estuvo dirigido contra una nota de Clarín publicada ese mismo día sobre la implementación del sistema de vouchers para reemplazar planes sociales. Desde entonces, el lanzamiento de la oficina y el cruce con el principal diario del país dominaron la agenda pública, desplazando otros debates relevantes que se desarrollaban en paralelo, como el tratamiento legislativo de la Ley de Modernización Laboral, la discusión sobre la baja de la edad de punibilidad o el escándalo en el INDEC.
La cuenta oficial cuestionó un artículo que informaba sobre una demora en la implementación del nuevo esquema de asistencia social y detallaba que durante enero se habían transferido más de 72.000 millones de pesos al programa Volver al Trabajo (VAT), dependiente del Ministerio de Capital Humano.
"Burda operación: la nota de Clarín contradice su propio título. No hay ninguna demora: el programa Volver al Trabajo (VAT) tiene vigencia hasta abril y los fondos fueron transferidos para garantizar las prestaciones hasta esa fecha. El programa se encuentra activo y financiado", publicó el Gobierno a las 14.21.
Sin embargo, la información publicada por Clarín —incluida la referencia a una demora en la implementación de los vouchers— había sido ratificada previamente por fuentes oficiales del propio Ministerio de Capital Humano consultadas por el medio. Ante el pedido de esas fuentes de evitar el uso del término "demora", ya que el programa aún no estaba formalmente vigente, el diario actualizó el título antes de la publicación del tuit oficial.
El encabezado pasó a ser: "Giran $72.000 millones al ex Potenciar Trabajo: seguirá vigente hasta abril y después lo reemplazarán por los vouchers". La nota nunca fue despublicada y permaneció online desde su primera versión, publicada a las 11.10 de la mañana.
Pese a ello, la Oficina de Respuesta Oficial citó una versión desactualizada del artículo en X —con el título original—, que luego fue borrada y reemplazada por la versión corregida. Aun así, el mensaje fue replicado por el presidente Javier Milei, por funcionarios del gabinete y por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quienes calificaron la información como "falsa".
Una oficina para desmentir operaciones
Copia: A la izquierda, la Oficina de Respuesta de Milei; a la derecha, la Rapid Response de Donald Trump
En su mensaje de presentación, ORORA explicó que fue creada "para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". En redes sociales, los críticos de la iniciativa la compararon con el Ministerio de la Verdad imaginado por el escritor George Orwell (1903-1950) en su célebre novela 1984. Otros señalaron su similitud con la cuenta @RapidResponse47 de la Casa Blanca durante la administración de Donald Trump, el perfil @RespOficial_Arg solo sigue a dos usuarios: Javier Milei y la Oficina del Presidente.Desde el Gobierno aseguran que la iniciativa apunta a hacer "todo lo contrario a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan", a quienes acusan de censurar opositores tanto en medios tradicionales como en redes sociales.
Milei y su principal asesor político, Santiago Caputo, compartieron la novedad. El Presidente sostuvo que la herramienta servirá para "desenmascarar mentiras y operaciones de los medios". Caputo fue más explícito: "Dado que buena parte de las personas que dicen ser periodistas no quieren ejercer la profesión con responsabilidad, ahora se van a encontrar con una respuesta oficial del gobierno que señale sus mentiras. Se festeja".
El ministro de Economía, Luis Caputo, también celebró la iniciativa y la calificó como "excelente".
Según fuentes citadas por Clarín, la Oficina de Respuesta Oficial estará a cargo del director general de Comunicación Digital de la Presidencia, Juan Pablo Carreira, conocido en redes como JuanDoe, identificado por su militancia libertaria y sus ataques públicos a periodistas. La oficina fue creada a pedido directo de Milei y es gestionada por el equipo de Santiago Caputo, aunque no forma parte —por ahora— del organigrama formal del Estado.
Desde la cuenta oficial remarcaron que "el derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración" y que la oficina "no busca convencer ni imponer una mirada", sino que los ciudadanos "puedan distinguir hechos de operaciones y datos de relatos". También destacaron como logro la eliminación de la pauta oficial, a la que vincularon con el financiamiento de "relatos".
Malas perspectivas para el derecho a informar
El Sindicato de Prensa Rosario (SPR) expresó su repudio ante la decisión del gobierno de Javier Milei de sumar un nuevo dispositivo para perseguir, hostigar y atacar el trabajo periodístico: la denominada Oficina de Respuesta Oficial. Tal como fue presentada, esta dependencia realizará un seguimiento de medios y periodistas y responderá, desde una cuenta oficial creada en la red social X, a publicaciones que considere erróneas, falsas o, incluso, simplemente contrarias al agrado del gobierno. A partir de allí se habilita la diatriba del propio Presidente, de otros funcionarios y las municiones cerradas de los colectivos de trolls.
Desde el SPR señalaron que esta medida se inscribe en una política sistemática que, como otras decisiones adoptadas, apunta a destruir espacios que aportan a la pluralidad de ideas y de voces. En ese sentido, recordaron el desmantelamiento del sistema de medios públicos y el ahogo económico del sector cooperativo, autogestivo y comunitario, junto con la eliminación de las políticas de fomento.
"El presidente Javier Milei ha agredido de manera directa la libertad de expresión y el derecho a la información de toda la sociedad", advirtieron desde el sindicato, y denunciaron además la profundización de un esquema represivo con ataques físicos y disciplinadores contra lxs trabajadorxs de prensa, como en el caso de Pablo Grillo.
El comunicado del SPR también remarca que el gobierno modificó la Ley de Acceso a la Información Pública, quitándole aspectos centrales de su espíritu original; promovió el odio social hacia el periodismo mediante insultos groseros y expresiones soeces; denunció y querelló a periodistas; y avanzó en su intención de derogar el Estatuto del Periodista, una ley fundamental para el ejercicio profesional.
"El Estado debe garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información de toda la sociedad. Atacarlos no hace más que reafirmar el intento de controlar el relato público para sostener un sistema que nos quiere sumisxs y empobrecidxs", concluye el comunicado del Sindicato de Prensa Rosario.
Milei y su principal asesor político, Santiago Caputo, compartieron la novedad. El Presidente sostuvo que la herramienta servirá para "desenmascarar mentiras y operaciones de los medios". Caputo fue más explícito: "Dado que buena parte de las personas que dicen ser periodistas no quieren ejercer la profesión con responsabilidad, ahora se van a encontrar con una respuesta oficial del gobierno que señale sus mentiras. Se festeja".
El ministro de Economía, Luis Caputo, también celebró la iniciativa y la calificó como "excelente".
Según fuentes citadas por Clarín, la Oficina de Respuesta Oficial estará a cargo del director general de Comunicación Digital de la Presidencia, Juan Pablo Carreira, conocido en redes como JuanDoe, identificado por su militancia libertaria y sus ataques públicos a periodistas. La oficina fue creada a pedido directo de Milei y es gestionada por el equipo de Santiago Caputo, aunque no forma parte —por ahora— del organigrama formal del Estado.
Desde la cuenta oficial remarcaron que "el derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración" y que la oficina "no busca convencer ni imponer una mirada", sino que los ciudadanos "puedan distinguir hechos de operaciones y datos de relatos". También destacaron como logro la eliminación de la pauta oficial, a la que vincularon con el financiamiento de "relatos".
Malas perspectivas para el derecho a informar
Desde el SPR señalaron que esta medida se inscribe en una política sistemática que, como otras decisiones adoptadas, apunta a destruir espacios que aportan a la pluralidad de ideas y de voces. En ese sentido, recordaron el desmantelamiento del sistema de medios públicos y el ahogo económico del sector cooperativo, autogestivo y comunitario, junto con la eliminación de las políticas de fomento.
"El presidente Javier Milei ha agredido de manera directa la libertad de expresión y el derecho a la información de toda la sociedad", advirtieron desde el sindicato, y denunciaron además la profundización de un esquema represivo con ataques físicos y disciplinadores contra lxs trabajadorxs de prensa, como en el caso de Pablo Grillo.
El comunicado del SPR también remarca que el gobierno modificó la Ley de Acceso a la Información Pública, quitándole aspectos centrales de su espíritu original; promovió el odio social hacia el periodismo mediante insultos groseros y expresiones soeces; denunció y querelló a periodistas; y avanzó en su intención de derogar el Estatuto del Periodista, una ley fundamental para el ejercicio profesional.
"El Estado debe garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información de toda la sociedad. Atacarlos no hace más que reafirmar el intento de controlar el relato público para sostener un sistema que nos quiere sumisxs y empobrecidxs", concluye el comunicado del Sindicato de Prensa Rosario.
Tensiones con el periodismo y alertas institucionales
El lanzamiento de la ORORA se produce en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el periodismo, marcado por declaraciones estigmatizantes, recortes en medios públicos, denuncias de censura indirecta y episodios de violencia contra trabajadores de prensa durante manifestaciones.
La ONG Human Rights Watch advirtió esta semana en su informe anual que Milei y otros altos funcionarios han utilizado "un discurso hostil para estigmatizar a periodistas independientes". En la misma línea, Reporteros Sin Fronteras señaló que Argentina cayó 47 posiciones en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa y se ubica en el puesto 87, debido a la estigmatización del periodismo, el desmantelamiento de medios públicos y el uso discrecional de la publicidad estatal.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (AdEPA) expresó su "inquietud" ante la creación de un área estatal destinada a "desmentir" informaciones. En un comunicado, advirtió que "el Estado no es el árbitro de la verdad" y cuestionó la idea de que una autoridad pública asuma el rol de verificador de contenidos, lo que podría derivar en prácticas de disciplinamiento del discurso crítico.
AdEPA subrayó además que el concepto de "desmentir" presupone una falsedad deliberada y desconoce que el periodismo trabaja contrastando fuentes y versiones diversas. "La gente es el último juez del trabajo periodístico", concluyó la entidad.
En términos similares, el Foro de Periodismo Argentino (FoPeA) manifestó su "profunda preocupación y rechazo" ante lo que calificó como la creación de un "tribunal de la verdad" desde el Estado. FoPeA alertó sobre el uso de recursos públicos para señalar y estigmatizar el disenso, en un contexto en el que el propio Gobierno restringe el acceso a la información, limita las conferencias de prensa y debilitó la vocería presidencial.
"El Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información pública, no de auditar el discurso público ni de hostigar a quienes ejercen el oficio de informar", sostuvo la organización.
"Siempre es auspicioso que cualquier Estado disponga nuevos canales para el acceso a la información pública", dice Diego de Charras, docente e investigador en derecho a la información y políticas de la comunicación. "Pero en el caso del Gobierno argentino", agrega, "uno puede mirar con escepticismo la creación de una oficina que se presenta como un canal que va a brindar la verdad a la ciudadanía".
De Charras, actual vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), recuerda que Milei "aumentó la opacidad y la arbitrariedad de los funcionarios en el tratamiento de la información pública" con un decreto que limitó las obligaciones previstas por ley. También destaca que “en estos momentos, el Gobierno está impulsando un proyecto de reforma laboral que intenta derogar el estatuto del periodista profesional”. Y concluye: "La vinculación de este Gobierno con los trabajadores de la comunicación y el periodismo está caracterizada por el agravio verbal, por el agravio físico o la persecución judicial con causas penales a aquellos que opinan de modo diferente. Entonces, con esta nueva oficina se puede presumir que no hay una búsqueda de la verdad, sino una búsqueda de imposición de la propia mirada".
Fuentes: Clarín, FoPeA, AdEPA, El País
