El economista Lavih Abraham, integrante del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), analiza en Señales, la inflación, la caída de los salarios, el deterioro de las jubilaciones y la destrucción del empleo formal. Según su diagnóstico, el programa económico actual no busca frenar los precios sino sostener una "estabilización" basada en ingresos deprimidos, endeudamiento creciente y una economía cada vez más dependiente de la extracción de recursos
Desde su mirada, el problema no radica en un fenómeno misterioso ni inesperado, sino en la falta de un programa integral para frenarlo. Abraham sostiene que el gobierno se ha concentrado prácticamente en una sola variable: el dólar. Mantenerlo contenido ha sido, según explica, el principal instrumento utilizado para intentar ordenar la economía. Pero eso, afirma, está lejos de ser suficiente para frenar la inflación.
La otra herramienta a la que el oficialismo suele atribuirle efectos antiinflacionarios es la reducción permanente del gasto público. Sin embargo, desde el MATE observan que ese argumento no se refleja en los datos. "Desde nuestro punto de vista, achicar el gasto público no tiene ningún tipo de incidencia", plantea. Recuerda que el gasto efectivamente se redujo en el último tiempo y que, aun así, la inflación continuó moviéndose: sube, baja, pero no desaparece. De hecho, remarca que desde mayo del año pasado la tendencia muestra que mes a mes los precios vuelven a aumentar un poco más.
Para el economista, el diagnóstico es claro: no existe hoy un plan antiinflacionario concreto que tenga como objetivo llevar la inflación a cero. Lo que falta —dice— son instrumentos específicos y decisiones más activas del Estado. A contramano del discurso oficial, Abraham considera que el control de ciertos aumentos, la regulación de precios clave o la intervención sobre mecanismos de actualización de contratos podrían contribuir a frenar la inercia inflacionaria.
Ese tipo de herramientas, recuerda, no son ajenas a los gobiernos de orientación liberal. Cita como ejemplo el inicio de la convertibilidad durante el gobierno de Carlos Menem, cuando también se aplicaron medidas de control para contener la dinámica de los precios. En cambio, sostiene, la actual estrategia parece confiar en que los valores del mercado se acomodarán por sí solos. "El gobierno está esperando que de alguna manera los precios bajen solos. Bueno, no va a pasar", afirma.
La estabilización como salarios bajos
En el discurso oficial, la palabra que aparece con frecuencia para describir el momento económico es "estabilización". Para Abraham, ese término encubre otra realidad. El economista cree que la idea de ordenar la macroeconomía se traduce, en la práctica, en mantener los salarios deprimidos y en limitar cualquier política pública orientada a mejorar ingresos. Según su lectura, la estabilización que se busca implica que los sueldos no crezcan, que el gasto público no intervenga para compensar pérdidas de ingresos y que el Estado reduzca al mínimo su presencia en la economía.
"Es la paz de los cementerios", resume. Un orden que existe, dice, pero que se sostiene a costa del consumo y del deterioro de los ingresos.
Los datos que analiza el MATE apuntan precisamente en esa dirección. El economista describe una caída generalizada de los ingresos: retroceden los salarios del sector privado, también los del sector público y, al mismo tiempo, las jubilaciones pierden poder adquisitivo. La explicación es simple y persistente: la inflación continúa mientras los salarios avanzan a un ritmo menor.
Cada mes, explica, los precios aumentan alrededor de un 2 o 3 por ciento, mientras que los sueldos crecen en promedio entre un 1 y un 1,5 por ciento. Esa diferencia, aparentemente pequeña, se acumula con el tiempo y termina erosionando el poder de compra. El resultado es una reducción del salario real: la capacidad de adquirir bienes y servicios con el mismo ingreso es cada vez menor.
Ese deterioro impacta de manera directa en la economía cotidiana. Con menos poder de compra, el mercado interno se debilita. Los comercios venden menos, la industria nacional pierde dinamismo y encuentra mayores dificultades para competir frente a la apertura de importaciones. A su vez, la construcción atraviesa un fuerte retroceso, en parte por la decisión del gobierno de eliminar prácticamente la obra pública. Al desaparecer ese motor de actividad, caen también los puestos de trabajo vinculados al sector.
Para Abraham, ese escenario no es el resultado inevitable de fuerzas económicas abstractas, sino de decisiones políticas concretas. "Contrariamente al planteo oficial de que el Estado se retira y que son los mercados los que deciden todo, es el Estado el que está decidiendo todo", sostiene. Y agrega que esas decisiones terminan determinando qué sectores ganan y cuáles pierden. En el panorama actual, asegura, quienes están perdiendo son principalmente los trabajadores.
Uno de los datos más contundentes del informe del MATE es la caída del salario real desde el inicio del actual gobierno. En el caso de los trabajadores del sector privado, la pérdida ronda el 6 por ciento en promedio. Abraham explica la magnitud de ese número con un ejemplo sencillo: si en 2023 un trabajador podía comprar una canasta de productos que valía 100, hoy con su salario solo alcanza para adquirir bienes equivalentes a 94.
La caída incluso fue más profunda en algunos momentos del período. Hubo meses en los que el poder de compra llegó a equivaler a 86 sobre aquella referencia de 100. Luego, gracias a las negociaciones paritarias, se produjo una leve recuperación, pero en los últimos ocho meses la tendencia volvió a inclinarse hacia abajo.
El deterioro es aún mayor dentro del sector público. Abraham señala que, particularmente en el ámbito del Estado nacional, las pérdidas salariales son mucho más pronunciadas. En las universidades públicas, por ejemplo, calcula que los ingresos de docentes y trabajadores registraron caídas que oscilan entre el 25 y el 35 por ciento. "Es muchísimo, es una destrucción", afirma.
Si se observa el conjunto del empleo estatal —donde se combinan salarios de trabajadores nacionales y provinciales— la caída promedio ronda el 22 por ciento. La cifra implica, explica, que aproximadamente una cuarta parte del ingreso mensual desapareció en términos reales.
Ese retroceso, según el economista, está empujando a los trabajadores estatales a una situación que recuerda a la de décadas anteriores. "Están volviendo a lo que fueron antes de 2003: trabajadores parias, mal pagados, abandonados y vilipendiados por el propio Estado del cual forman parte", describe.
Para Abraham, lo que se está produciendo es una degradación profunda de la estructura estatal y un abandono de sus funciones básicas hacia la población. Lo atribuye a una concepción política que considera que todo lo que hace el Estado es negativo y que, por lo tanto, debe reducirse al mínimo. Una idea que, según concluye, no encuentra respaldo en la experiencia internacional. Ningún país del mundo, remarca, funciona prescindiendo completamente de la acción estatal.
Abraham dirige la atención hacia otro de los sectores que, según el análisis del MATE, está atravesando un deterioro particularmente profundo: los jubilados y pensionados.
Los datos que maneja el espacio muestran una caída significativa del poder adquisitivo de los haberes previsionales. Abraham explica que las jubilaciones perdieron alrededor de un 25% de su capacidad de compra en relación con 2023, mientras que en el caso de la jubilación mínima la caída alcanza aproximadamente el 29%.
Para dimensionar ese número, propone un ejercicio sencillo. Una pérdida cercana al 29% equivale, aproximadamente, a que cada tres meses una jubilación entera "desaparezca" en términos de poder de compra. Si se observa el período completo desde el inicio del actual gobierno —unos 24 o 25 meses— el deterioro acumulado equivale a unas siete jubilaciones que, en términos reales, dejaron de cobrarse.
No se trata de meses sin percibir ingresos, aclara, sino de una pérdida constante del valor del dinero. "Cada mes hay un 24 o 25% que no se está cobrando en términos de poder adquisitivo", explica. Desde su mirada, ese proceso revela dónde recae el núcleo del ajuste fiscal. "El principal ajuste de este gobierno son los jubilados", afirma, y sostiene que el sector se convirtió en el principal blanco de la política económica.
El economista considera que el deterioro actual no tiene antecedentes cercanos en términos de intensidad. A su juicio, incluso en contextos económicos complejos de gobiernos anteriores, los jubilados no habían sido sometidos a un nivel de deterioro tan marcado. Y, además, no observa señales de que la situación vaya a revertirse en el corto plazo.
Según su interpretación, mientras se mantenga la misma orientación económica, las jubilaciones continuarán en el nivel actual de poder adquisitivo. "Bajaron las jubilaciones, quedaron bajas y así van a estar", resume, convencido de que dentro de esta lógica de política económica no existe margen para una recuperación.
Medicamentos más caros y menos cobertura
La situación se agrava cuando se observa el gasto cotidiano de los adultos mayores. Abraham señala que uno de los rubros que más aumentó es el de los medicamentos, un componente central del presupuesto de los jubilados. El cronista le cuenta casos cercanos donde tratamientos que hace algunos meses costaban alrededor de 60.000 pesos hoy superan los 125.000. Para él, se trata de un aumento particularmente grave porque impacta en personas cuyos ingresos ya vienen deteriorados.
A ese encarecimiento se suma otro factor: cambios en la cobertura de medicamentos por parte del PAMI. Abraham señala que muchos jubilados que antes recibían medicamentos gratuitos dejaron de contar con ese beneficio. El resultado, explica, es doblemente negativo: cobran jubilaciones con menor poder de compra y, al mismo tiempo, deben afrontar gastos que antes no tenían.
"Entonces no solo les bajó la jubilación, sino que además con esa jubilación más baja tienen que comprar medicamentos que antes recibían gratis", describe. En ese marco, califica el impacto del ajuste como "brutal".
A su entender, este recorte solo encuentra un paralelo en otras áreas que también identifica como blanco de las políticas actuales, como el sistema universitario y el sector científico. En una mirada más amplia, Abraham interpreta que el ajuste se concentra sobre ámbitos que forman parte de la estructura colectiva del país: la educación, la ciencia, la cultura o el deporte.
"El ajuste se da sobre todas las aristas que hacen a la identidad nacional", sostiene. En su diagnóstico, se trata de un cambio profundo respecto de las políticas aplicadas por la mayoría de los gobiernos anteriores.
Un empleo formal que desaparece
El análisis del MATE también advierte sobre otro indicador que preocupa: la pérdida de empleo formal. Según los datos recopilados por el espacio de análisis, desde el inicio del actual gobierno se destruyeron alrededor de 323.000 puestos de trabajo registrados.
La mayor parte de esa pérdida, explica Abraham, se concentra en la industria. La producción nacional atraviesa, según su lectura, una etapa particularmente delicada frente al aumento de las importaciones. Muchas empresas no logran competir con los productos que llegan del exterior y se ven obligadas a cerrar, reducir personal o modificar su modelo de negocio.
En algunos casos, describe, las fábricas directamente dejan de producir y pasan a dedicarse a la distribución de bienes importados. Abraham menciona el ejemplo de empresas que antes ensamblaban motos en el país, combinando componentes nacionales e importados y empleando a varias decenas de trabajadores. Hoy, con las motos llegando completamente armadas desde países como China o India, esas mismas compañías mantienen apenas unos pocos empleados encargados de embalar y distribuir los productos.
Es en ese proceso de reconversión donde se explica gran parte de la destrucción del empleo industrial. Para dimensionarlo, Abraham traduce la cifra total a una escala temporal: la pérdida de más de 320.000 puestos formales equivale, aproximadamente, a un empleo registrado que desaparece cada tres minutos.
Al mismo tiempo, muchas de las personas que pierden esos trabajos terminan desplazándose hacia actividades informales o hacia el cuentapropismo. Aparecen estrategias de subsistencia como el reparto en aplicaciones de delivery o la venta de productos a través de redes sociales y contactos personales.
El economista aclara que no hay una crítica hacia quienes recurren a esas alternativas para sostenerse. Lo que intenta remarcar es la diferencia en la calidad del empleo. Un puesto formal en la industria implica salario registrado, aguinaldo, vacaciones pagas, licencias por enfermedad o maternidad, cobertura sindical y una red de derechos laborales asociados.
Nada de eso suele acompañar a los trabajos informales. Por eso, advierte, la preocupación no se limita al nivel del ingreso sino a la estructura misma del mercado laboral. Y recuerda que los 323.000 empleos perdidos corresponden únicamente a los datos oficiales de trabajo registrado, es decir, a personas que dejaron de estar en blanco.
Sobre lo que ocurre en el universo del empleo informal —mucho más difícil de medir— solo existen estimaciones. Un terreno donde, sugiere Abraham, el impacto real podría ser todavía mayor.
El economista abre otro capítulo del informe del Mirador para abordar un fenómeno que, según advierte, se está profundizando en silencio: el endeudamiento de los hogares.
La señal de alerta apareció esta semana a partir de datos del sistema financiero. El Grupo Banco Galicia, junto con Naranja X, informó resultados con pérdidas superiores a las previstas y un aumento significativo en los niveles de morosidad. Según esos reportes, el incumplimiento de pagos ya supera el 13% y, en el caso de las deudas vinculadas a billeteras virtuales, cerca del 30% se encuentra en mora.
Para Abraham, esos números ofrecen una fotografía muy concreta de la situación social que atraviesa el país. Y aclara que el problema no se limita a una entidad. "Cuando miramos los balances de todos los bancos —los más de sesenta que operan en Argentina— vemos que prácticamente todos, especialmente los grandes, tienen problemas crecientes para cobrar sus créditos", explica.
Cuando el crédito ya no alcanza
Las dificultades abarcan tanto préstamos a empresas como a personas. Pero es en el crédito al consumo donde el fenómeno se vuelve más visible. Las billeteras virtuales, que en los últimos años se convirtieron en una herramienta masiva de financiamiento cotidiano, muestran niveles de mora particularmente altos.
Según el análisis del MATE, el proceso de endeudamiento de las familias atravesó distintas etapas desde el inicio del actual ciclo económico. Abraham lo describe como una secuencia de tres fases. En la primera, durante el primer año de caída salarial, muchas personas pudieron sostener su nivel de consumo recurriendo a los ahorros acumulados en años anteriores. No se trataba de grandes capitales, aclara, sino de reservas modestas equivalentes a dos, tres o cuatro sueldos guardados con esfuerzo.
En una segunda etapa, cuando esos ahorros comenzaron a agotarse, el recurso pasó a ser el crédito. Muchas familias tomaron préstamos para sostener el consumo y mantener, en la medida de lo posible, un nivel de vida relativamente estable. Pero esa estrategia también tiene un límite.
La tercera fase es la que, según Abraham, comienza a verse ahora: los ahorros ya desaparecieron, la capacidad de endeudamiento se agotó y, en muchos casos, las personas ya no pueden afrontar el pago de los créditos que tomaron. Es allí donde aparecen los indicadores de morosidad que hoy preocupan al sistema financiero.
El fenómeno no se limita al circuito bancario formal. El economista advierte que en muchos barrios también se multiplican las deudas informales. Ante la imposibilidad de acceder a nuevos créditos en el sistema financiero, algunas personas recurren a prestamistas locales para conseguir dinero. En ciertos casos —señala— esos prestamistas están vinculados a economías ilegales o a redes delictivas.
Las consecuencias pueden ser graves. Cuando las deudas no se pagan, los acreedores reclaman con métodos mucho más agresivos que los del sistema formal. "La gente empieza perdiendo un televisor y puede terminar perdiendo la casa", describe Abraham, al explicar cómo funcionan esas presiones.
En paralelo, en el plano formal, se acumulan las deudas con bancos, con plataformas de pago digital o con sistemas de crédito asociados a billeteras virtuales, como los que ofrecen aplicaciones ampliamente utilizadas en la vida cotidiana, entre ellas Mercado Pago. El problema, señala, se concentra especialmente en los sectores populares, donde los ingresos resultan cada vez más insuficientes para cubrir gastos y compromisos financieros.
Desde su mirada, ese escenario contrasta con la agenda económica del gobierno, que suele enfocarse en reuniones con grandes actores del sistema financiero internacional. El periodista menciona, con ironía, el encuentro previsto entre el presidente y el banco de inversión JPMorgan Chase, interpretado por el oficialismo como una señal de confianza para atraer inversiones extranjeras.
Inversiones externas sin desarrollo local
El economista es escéptico respecto de ese camino. Considera que, aun en el caso de que llegaran capitales externos, eso no necesariamente se traduciría en más empleo o mejores salarios para la mayoría de la población. Según su visión, el marco actual de incentivos incluso favorece que esas inversiones operen con pocas obligaciones fiscales o productivas.
Aclara, sin embargo, que no se trata de rechazar la inversión extranjera en sí misma. Abraham recuerda que países como China lograron impulsar su crecimiento a partir de capitales internacionales desde las décadas de 1980 y 1990. La diferencia, subraya, fue el rol activo del Estado.
En el caso chino, explica, las autoridades exigían que las empresas extranjeras trabajaran con proveedores locales, transfirieran tecnología y ayudaran a desarrollar capacidades productivas nacionales. Esas condiciones permitieron que la llegada de inversiones se integrara a una estrategia de desarrollo industrial.
En cambio, sostiene que el esquema actual en Argentina avanza en una dirección opuesta. Desde su perspectiva, el gobierno promueve un modelo en el que las inversiones llegan con escasas obligaciones, sin exigencias de encadenamientos productivos locales y con beneficios impositivos significativos.
El periodista describe ese enfoque con una metáfora contundente: "una venta de garaje". Un escenario donde empresas extranjeras pueden explotar recursos naturales sin dejar una contribución sustancial al desarrollo económico del país.
Un país cada vez más extractivo
El integrante del MATE insiste en que el problema no es la explotación de recursos en sí misma —algo que considera importante para la economía argentina— sino la ausencia de reglas que aseguren beneficios para la sociedad. "No pueden venir, llevarse todo y no pagar impuestos", concluye. Según su argumento, un esquema así no funciona en ningún lugar del mundo.
Hacia el final de la conversación, Abraham vuelve sobre uno de los ejes que atraviesan todo el informe: el modelo de desarrollo que, a su juicio, está tomando forma en la Argentina.
El disparador es la discusión sobre la explotación de recursos naturales. En el debate público suele mencionarse el bajo porcentaje que reciben las provincias por actividades extractivas, como la minería. Referentes ambientalistas —entre ellos Enrique Viale— han señalado que en algunos casos la participación estatal es mínima frente al valor total de los recursos extraídos. Abraham matiza el número puntual, aunque coincide en el diagnóstico general: los nuevos proyectos tienden a ofrecer cada vez menos beneficios fiscales para el país.
Según explica, muchas de las iniciativas que se están promoviendo avanzan con exenciones impositivas tanto a nivel nacional como provincial. Ese esquema, sostiene, difícilmente pueda considerarse una estrategia de desarrollo. "Pensar que van a venir empresas extranjeras y que eso automáticamente va a generar crecimiento no funciona así", plantea.
Para el economista, el punto clave es el rol del Estado. No se trata de impedir la llegada de inversiones, sino de establecer condiciones claras: que paguen impuestos, que generen empleo y que desarrollen proveedores locales. Sin esos requisitos, afirma, la inversión externa se limita a extraer recursos sin integrarse a la economía nacional.
Esa ausencia de una política de desarrollo, dice, forma parte de una mirada económica que considera demasiado simplificada. Abraham cuestiona especialmente la idea —frecuente en el discurso oficial— de que la economía de un país funciona igual que la economía doméstica de una familia. A su entender, ese enfoque ignora el rol que puede tener el gasto público para impulsar la actividad en momentos de recesión.
Desde su perspectiva, el resultado de aplicar esa lógica es el que muestran hoy varios indicadores. Con un Estado que reduce el gasto en medio de una caída económica, el consumo se retrae y también lo hace la recaudación. Menos consumo implica menos ingresos por IVA; la pérdida de empleo reduce los aportes a la seguridad social; y la baja de impuestos a las exportaciones también achica otra fuente de recursos fiscales.
Ante ese escenario, señala Abraham, el gobierno recurre a ingresos extraordinarios para cubrir gastos corrientes. Entre ellos menciona la privatización de centrales hidroeléctricas, una medida que genera ingresos inmediatos pero que implica desprenderse de activos estratégicos construidos durante décadas. Se trata, explica, de recursos que ingresan una sola vez y que además reducen la capacidad del Estado para gestionar infraestructura clave en el futuro.
El economista sitúa este proceso dentro de un problema estructural más amplio: el peso de la deuda externa. Recuerda que el endeudamiento acumulado desde el gobierno de Mauricio Macri condicionó fuertemente la gestión posterior de Alberto Fernández y continúa influyendo sobre la actual administración encabezada por Javier Milei.
Según su análisis, el gobierno logró atravesar los primeros meses apoyándose en recursos extraordinarios: blanqueos de capitales, privatizaciones o apoyos financieros internacionales. Sin embargo, advierte que esos mecanismos no pueden sostenerse indefinidamente. Los ingresos excepcionales, por definición, se agotan.
El peso persistente de la deuda"La deuda es la principal espada de Damocles que pende sobre este gobierno", afirma Abraham, convencido de que también condicionará a las administraciones futuras. Para pagar esos compromisos —explica— se necesita una economía que genere exportaciones, producción y empleo. Sin embargo, considera que el rumbo actual está debilitando precisamente esa estructura productiva.
El resultado posible de ese proceso, según su mirada, sería una economía cada vez más especializada en la extracción de recursos naturales, con escasa industria y altos niveles de informalidad laboral. Un modelo que compara con el de varios países de América Latina donde el peso de la economía informal es muy elevado, como Perú, Ecuador, Paraguay, Honduras o República Dominicana.
En ese escenario, Argentina correría el riesgo de convertirse —según sus palabras— en una economía basada casi exclusivamente en la explotación de recursos, con poco desarrollo industrial y escasa generación de empleo formal.
Abraham también vincula ese rumbo con la influencia de intereses internacionales, particularmente de Estados Unidos, a los que atribuye expectativas sobre el rol que debería ocupar la Argentina en la economía global. Desde su perspectiva, el actual gobierno se muestra especialmente alineado con esa visión.
Con ese diagnóstico cierra su análisis. Antes de despedirse, agradece el espacio para explicar el informe del MATE, un trabajo que —señala— busca aportar datos para entender los cambios que atraviesa la economía argentina y sus consecuencias sobre el trabajo, los ingresos y la estructura productiva del país.
