La emergencia en violencia de género sigue sin encontrar respuestas concretas en la Legislatura santafesina. A pesar del dictamen en minoría firmado en la Comisión de Género por las diputadas del interbloque del Justicialismo y del Frente Amplio por la Soberanía, el proyecto que busca declarar la emergencia no logró llegar al recinto de la Cámara de Diputados para su tratamiento. Mientras tanto, las organizaciones feministas advierten sobre el agravamiento de las situaciones de violencia y reclaman medidas urgentes para proteger a mujeres y disidencias.
"Estamos en emergencia", afirmó Silvia Augsburger, integrante de la Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario, al describir el escenario que atraviesa la provincia. Según explicó, las condiciones sociales y económicas han agravado y estimulado todas las formas de violencia, particularmente la violencia de género. En ese contexto, señaló que la cantidad de femicidios registrados en Santa Fe supera ampliamente la media de otros años, una situación que, a su entender, exige respuestas rápidas, concretas y efectivas por parte del Estado.
Una emergencia que no llega al recinto
Desde la Asamblea Lesbotransfeminista vienen sosteniendo una serie de demandas ante los distintos ámbitos gubernamentales. Una de las principales consiste en fortalecer a las organizaciones que trabajan en los territorios, porque son las primeras en conocer las situaciones de violencia y, muchas veces, constituyen el primer espacio al que recurren las mujeres que atraviesan episodios de violencia machista.
A esa necesidad se suma la implementación de campañas de prevención dirigidas a toda la comunidad. En ese sentido, Augsburger reconoció el lanzamiento de la campaña de prevención de la violencia realizado por la Municipalidad de Rosario y destacó la importancia de que estas iniciativas permitan identificar tempranamente las situaciones de violencia y los escenarios de riesgo, tanto para las víctimas como para su entorno cercano. Amigos, familiares y compañeros de trabajo, entre otras personas, pueden desempeñar un papel fundamental a la hora de advertir esas situaciones y pedir ayuda antes de que sea demasiado tarde.
La dimensión del problema queda expuesta en las estadísticas que mencionó la dirigente: solamente el 14 por ciento de las víctimas de femicidio había solicitado ayuda o denunciado previamente a su agresor. Esto significa que casi el 90 por ciento no había realizado una denuncia antes de ser asesinada. Para Augsburger, ese dato demuestra por qué las políticas públicas no pueden concentrarse exclusivamente en la respuesta institucional posterior a una denuncia, sino que deben incorporar estrategias de prevención capaces de llegar a quienes todavía no han podido o no han decidido recurrir al sistema formal.
Sin embargo, ninguna de estas demandas, sostuvo, fue contemplada en el proyecto enviado por el gobierno provincial, que tenía previsto su tratamiento en el Senado para el jueves siguiente a la entrevista. La preocupación de las organizaciones no se limita a la falta de respuestas, sino que también apunta al enfoque conceptual y político de la iniciativa impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro.
Augsburger consideró que el proyecto representa un retroceso de décadas en la interpretación de la violencia sexista, porque adopta un lenguaje neutro y reemplaza las referencias específicas a mujeres y disidencias por expresiones como "persona protegida" o "persona afectada". Para la integrante de la Asamblea, no se trata de una modificación meramente formal o terminológica, sino de una decisión que desconoce la perspectiva de género y las condiciones estructurales que explican por qué las mujeres son particularmente afectadas por estas violencias.
"Desconoce que la violencia sexista es producto de una subordinación estructural en la sociedad, de mujeres, de niñas, de personas pertenecientes a las disidencias sexuales", explicó. En su interpretación, esa neutralidad también puede convertirse en una herramienta utilizada por varones con poder en perjuicio de las mujeres. Advirtió que existen experiencias en otros países de la región donde legislaciones de este tipo terminaron siendo utilizadas para profundizar las situaciones de violencia, en lugar de proteger a quienes las padecen.
La dirigente remarcó que el proyecto del Ejecutivo obtuvo media sanción en el Senado el mismo día de su ingreso, sin que mediara un debate previo, y que contaba con preferencia para ser tratado en la siguiente sesión. Ese recorrido legislativo profundizó la preocupación del movimiento feminista, que considera que la iniciativa no solamente deja de lado sus reclamos históricos, sino que puede significar un retroceso respecto de los avances normativos alcanzados durante las últimas décadas.
Otro de los puntos centrales de la crítica es que la propuesta provincial organiza buena parte de su mecanismo de protección a partir de la denuncia. Para Augsburger, ese criterio deja afuera a una enorme cantidad de mujeres que atraviesan situaciones de violencia y que, por diferentes motivos, no llegan a denunciar a sus agresores. De esta manera, la ley terminaría ofreciendo respuestas a una proporción muy pequeña de las posibles víctimas.
El problema, explicó, es que el enfoque del proyecto concentra los esfuerzos en la denuncia, la vigilancia policial y la intervención judicial, mientras deja en un segundo plano la prevención y las condiciones materiales que necesitan las víctimas para salir de los ámbitos donde sufren violencia. Se trata, a su entender, de una perspectiva predominantemente represiva y policial que el gobierno provincial viene aplicando también en otras iniciativas legislativas y que no ofrece soluciones de fondo ni para la violencia sexista ni para las demás formas de violencia que atraviesan la sociedad.
Sin autonomía económica, salir de la violencia es más difícil
En ese marco, Augsburger puso especial énfasis en la necesidad de garantizar la autonomía económica de las mujeres. Muchas no denuncian las agresiones que sufren dentro de sus hogares porque carecen de recursos propios y no tienen adónde ir si deciden alejarse de sus agresores. La situación se vuelve todavía más compleja cuando tienen hijos o hijas a cargo y deben encontrar un lugar donde vivir y los medios necesarios para sostener a sus familias.
Por eso recordó la importancia que había tenido el programa Acompañar, una política de alcance nacional que contemplaba una prestación económica durante seis meses para mujeres y disidencias en situación de violencia. Según explicó, ese ingreso les permitía tomar la decisión de abandonar el hogar que compartían con el agresor y comenzar una nueva vida con mayores posibilidades de independencia.
La desarticulación de ese programa por parte del gobierno nacional de Javier Milei constituye, para la dirigente, otra de las medidas que profundizaron la desprotección. Por ese motivo, la Asamblea también reclama al gobierno provincial que destine recursos a un programa de acompañamiento económico que permita a las víctimas romper el círculo de violencia machista y construir alternativas concretas para sostener su autonomía.
Dos modelos de intervención frente a la violencia
En contraposición con el proyecto del Ejecutivo, Augsburger destacó las iniciativas presentadas por las diputadas Claudia Balagué y Lucila De Ponti, que cuentan con el respaldo de las organizaciones feministas. Señaló que ambas propuestas incorporan los reclamos históricos del movimiento y traducen en proyectos legislativos demandas que vienen siendo elaboradas y discutidas desde hace muchos años.
Según explicó, esas reivindicaciones no surgen de decisiones aisladas ni de discusiones desarrolladas en oficinas, sino de la experiencia cotidiana de las organizaciones que trabajan en los territorios, acompañan a las mujeres y detectan las situaciones de violencia cuando se producen. Se trata de demandas construidas colectivamente a partir del conocimiento directo de la problemática y de la tarea sostenida de las organizaciones feministas. Por eso, sostuvo, las iniciativas de Balagué y De Ponti representan una respuesta más cercana a las necesidades reales de quienes atraviesan estas situaciones.
A las diferencias de enfoque se agregan, además, problemas de orden legislativo y procedimental. Augsburger recordó que Santa Fe cuenta con la Ley Provincial Nº 11.529 de Violencia Familiar y que, posteriormente, amplió su marco normativo mediante la Ley Provincial Nº 13.348, que adhiere a la Ley Nacional Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
La iniciativa enviada por el gobernador Pullaro, advirtió, crea un procedimiento diferente sin derogar las leyes anteriores. Esto genera una superposición normativa y una importante confusión respecto de los pasos que deben seguirse frente a una situación de violencia. Además, según señaló, el mecanismo propuesto contradice en distintos aspectos las garantías procesales contempladas en las legislaciones vigentes.
Aunque aclaró que no pretendía profundizar en cuestiones excesivamente técnicas para el público, insistió en que la eventual aprobación de ese proyecto representaría un retroceso enorme. La preocupación de las organizaciones, explicó, no responde únicamente a que la propuesta resulta insuficiente frente a la crisis actual, sino también a que podría desarmar parte de lo poco que se ha conseguido construir desde el Estado en materia de protección de derechos.
También cuestionó la decisión de crear nuevos cargos para funcionarios, cuando las necesidades más urgentes pasan por reforzar los equipos territoriales y garantizar presupuesto para las organizaciones que intervienen directamente en las situaciones de violencia. Para Augsburger, los recursos deberían dirigirse a fortalecer las estructuras que acompañan a las víctimas y no a ampliar los espacios burocráticos de gestión.
Los dispositivos de atención, desbordados
La insuficiencia de los dispositivos estatales existentes es otra de las preocupaciones centrales. La dirigente fue contundente al señalar que los equipos territoriales no cuentan con recursos suficientes y que esa afirmación no responde a una valoración personal ni a una posición aislada del colectivo de mujeres, sino a lo que demuestra la propia realidad: las herramientas disponibles no alcanzan para abordar la magnitud del problema.
En ese sentido, propuso mirar más allá de las estadísticas de femicidios, que representan solamente la expresión más extrema de una trama de violencias mucho más amplia. Los asesinatos son, según describió, la punta de un iceberg debajo del cual existe una enorme cantidad de situaciones que no siempre llegan a conocerse públicamente. A esto se suma el incremento sustantivo de las consultas y denuncias recibidas a través de la línea 0800 444 0420 de la Municipalidad de Rosario, que evidencia una demanda creciente y una capacidad de respuesta que se encuentra desbordada.
Tanto los equipos estatales como las organizaciones sociales tienen dificultades para dar respuesta a todas las situaciones que se presentan. Por eso, Augsburger insistió en que una de las primeras decisiones debería ser fortalecer esos dispositivos de manera inmediata, con recursos y personal suficientes para sostener el acompañamiento.
La falta de una decisión política acorde con la gravedad del escenario resulta especialmente llamativa para la integrante de la Asamblea. Comparó la situación con lo que ocurre ante una emergencia en el campo, como una inundación o una sequía, cuando rápidamente se impulsan iniciativas legislativas para declarar la emergencia y disponer medidas extraordinarias. Frente a la violencia de género, en cambio, pese a que nadie puede desconocer la gravedad de la situación, no observa una voluntad política equivalente para realizar una inversión importante que permita enfrentarla.
La organización colectiva como respuesta
Mientras continúa el reclamo por el tratamiento de una ley de emergencia que contemple las demandas del movimiento feminista, las organizaciones también preparan nuevas acciones en las calles. En ese marco, la Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario convocó a una reunión en el espacio cultural La Toma, ubicado en Tucumán 1349, para organizar las actividades vinculadas al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Aunque habitualmente las reuniones se realizan los lunes en ese espacio, que históricamente aloja a numerosas organizaciones sociales, en esta oportunidad el encuentro se trasladaría al martes por el feriado mencionado durante la entrevista. La convocatoria estaba prevista para las 18 y estaba dirigida a todas las mujeres y disidencias que quisieran sumarse a la organización de la movilización.
Como cada año, el objetivo es preparar la marcha del 25 de noviembre, una jornada internacional de acción para la prevención de la violencia sexista. Augsburger invitó a participar de la asamblea y destacó la importancia de sostener la organización colectiva frente a un escenario que exige respuestas urgentes.
El reclamo, además, ya había tenido expresión pública frente a la Legislatura provincial, donde distintas organizaciones se movilizaron en la explanada para exigir el tratamiento de la emergencia. La consigna que atraviesa esas acciones sintetiza la dimensión del conflicto: Santa Fe registra una de las situaciones más graves de femicidios en relación con su población y la emergencia no puede seguir esperando.
Entre proyectos que no llegan al recinto, iniciativas oficiales cuestionadas por las organizaciones y dispositivos territoriales desbordados, el movimiento lesbotransfeminista insiste en que la respuesta no puede limitarse a la denuncia ni a la intervención policial. La prevención, el acompañamiento, la autonomía económica y el fortalecimiento de las redes comunitarias aparecen como condiciones indispensables para enfrentar la violencia machista.
Para Silvia Augsburger, el diagnóstico está claro: la provincia está en emergencia. Lo que todavía falta es que esa realidad se traduzca en decisiones políticas, presupuesto y medidas concretas.
En contraposición con el proyecto del Ejecutivo, Augsburger destacó las iniciativas presentadas por las diputadas Claudia Balagué y Lucila De Ponti, que cuentan con el respaldo de las organizaciones feministas. Señaló que ambas propuestas incorporan los reclamos históricos del movimiento y traducen en proyectos legislativos demandas que vienen siendo elaboradas y discutidas desde hace muchos años.
Según explicó, esas reivindicaciones no surgen de decisiones aisladas ni de discusiones desarrolladas en oficinas, sino de la experiencia cotidiana de las organizaciones que trabajan en los territorios, acompañan a las mujeres y detectan las situaciones de violencia cuando se producen. Se trata de demandas construidas colectivamente a partir del conocimiento directo de la problemática y de la tarea sostenida de las organizaciones feministas. Por eso, sostuvo, las iniciativas de Balagué y De Ponti representan una respuesta más cercana a las necesidades reales de quienes atraviesan estas situaciones.
A las diferencias de enfoque se agregan, además, problemas de orden legislativo y procedimental. Augsburger recordó que Santa Fe cuenta con la Ley Provincial Nº 11.529 de Violencia Familiar y que, posteriormente, amplió su marco normativo mediante la Ley Provincial Nº 13.348, que adhiere a la Ley Nacional Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
La iniciativa enviada por el gobernador Pullaro, advirtió, crea un procedimiento diferente sin derogar las leyes anteriores. Esto genera una superposición normativa y una importante confusión respecto de los pasos que deben seguirse frente a una situación de violencia. Además, según señaló, el mecanismo propuesto contradice en distintos aspectos las garantías procesales contempladas en las legislaciones vigentes.
Aunque aclaró que no pretendía profundizar en cuestiones excesivamente técnicas para el público, insistió en que la eventual aprobación de ese proyecto representaría un retroceso enorme. La preocupación de las organizaciones, explicó, no responde únicamente a que la propuesta resulta insuficiente frente a la crisis actual, sino también a que podría desarmar parte de lo poco que se ha conseguido construir desde el Estado en materia de protección de derechos.
También cuestionó la decisión de crear nuevos cargos para funcionarios, cuando las necesidades más urgentes pasan por reforzar los equipos territoriales y garantizar presupuesto para las organizaciones que intervienen directamente en las situaciones de violencia. Para Augsburger, los recursos deberían dirigirse a fortalecer las estructuras que acompañan a las víctimas y no a ampliar los espacios burocráticos de gestión.
La insuficiencia de los dispositivos estatales existentes es otra de las preocupaciones centrales. La dirigente fue contundente al señalar que los equipos territoriales no cuentan con recursos suficientes y que esa afirmación no responde a una valoración personal ni a una posición aislada del colectivo de mujeres, sino a lo que demuestra la propia realidad: las herramientas disponibles no alcanzan para abordar la magnitud del problema.
En ese sentido, propuso mirar más allá de las estadísticas de femicidios, que representan solamente la expresión más extrema de una trama de violencias mucho más amplia. Los asesinatos son, según describió, la punta de un iceberg debajo del cual existe una enorme cantidad de situaciones que no siempre llegan a conocerse públicamente. A esto se suma el incremento sustantivo de las consultas y denuncias recibidas a través de la línea 0800 444 0420 de la Municipalidad de Rosario, que evidencia una demanda creciente y una capacidad de respuesta que se encuentra desbordada.
Tanto los equipos estatales como las organizaciones sociales tienen dificultades para dar respuesta a todas las situaciones que se presentan. Por eso, Augsburger insistió en que una de las primeras decisiones debería ser fortalecer esos dispositivos de manera inmediata, con recursos y personal suficientes para sostener el acompañamiento.
La falta de una decisión política acorde con la gravedad del escenario resulta especialmente llamativa para la integrante de la Asamblea. Comparó la situación con lo que ocurre ante una emergencia en el campo, como una inundación o una sequía, cuando rápidamente se impulsan iniciativas legislativas para declarar la emergencia y disponer medidas extraordinarias. Frente a la violencia de género, en cambio, pese a que nadie puede desconocer la gravedad de la situación, no observa una voluntad política equivalente para realizar una inversión importante que permita enfrentarla.
Mientras continúa el reclamo por el tratamiento de una ley de emergencia que contemple las demandas del movimiento feminista, las organizaciones también preparan nuevas acciones en las calles. En ese marco, la Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario convocó a una reunión en el espacio cultural La Toma, ubicado en Tucumán 1349, para organizar las actividades vinculadas al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Aunque habitualmente las reuniones se realizan los lunes en ese espacio, que históricamente aloja a numerosas organizaciones sociales, en esta oportunidad el encuentro se trasladaría al martes por el feriado mencionado durante la entrevista. La convocatoria estaba prevista para las 18 y estaba dirigida a todas las mujeres y disidencias que quisieran sumarse a la organización de la movilización.
Como cada año, el objetivo es preparar la marcha del 25 de noviembre, una jornada internacional de acción para la prevención de la violencia sexista. Augsburger invitó a participar de la asamblea y destacó la importancia de sostener la organización colectiva frente a un escenario que exige respuestas urgentes.
El reclamo, además, ya había tenido expresión pública frente a la Legislatura provincial, donde distintas organizaciones se movilizaron en la explanada para exigir el tratamiento de la emergencia. La consigna que atraviesa esas acciones sintetiza la dimensión del conflicto: Santa Fe registra una de las situaciones más graves de femicidios en relación con su población y la emergencia no puede seguir esperando.
Entre proyectos que no llegan al recinto, iniciativas oficiales cuestionadas por las organizaciones y dispositivos territoriales desbordados, el movimiento lesbotransfeminista insiste en que la respuesta no puede limitarse a la denuncia ni a la intervención policial. La prevención, el acompañamiento, la autonomía económica y el fortalecimiento de las redes comunitarias aparecen como condiciones indispensables para enfrentar la violencia machista.
Para Silvia Augsburger, el diagnóstico está claro: la provincia está en emergencia. Lo que todavía falta es que esa realidad se traduzca en decisiones políticas, presupuesto y medidas concretas.
Fotos: Eugenio Lavinia y Municipalidad de Rosario
