La discusión matutina se había empantanado en una reunión conjunta convocada para acercar posiciones y avanzar hacia un dictamen. Las diferencias no se limitaban al contenido de la normativa: el desacuerdo central pasaba por la manera de encuadrar legalmente la actividad. Mientras el oficialismo pretendía modificar la ordenanza vigente para incorporar las plataformas de movilidad, los libertarios reclamaban una legislación nueva, con menos exigencias administrativas y mayor libertad para conductores y usuarios.
El cruce escaló cuando La Libertad Avanza cuestionó la forma y los tiempos del tratamiento, mientras que desde el oficialismo le reprocharon no haber presentado modificaciones concretas. La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, responsabilizó al bloque libertario por la falta de acuerdo. "Hoy no vamos a contar con la legalización de Uber y DiDi porque La Libertad Avanza, después de que le pidiéramos durante una hora cuáles eran sus propuestas de modificación a la normativa, no nos contestó y se levantó dejando la comisión", afirmó. También puso en duda que sus integrantes hubieran estudiado en profundidad el expediente y cuestionó el escaso desarrollo de su iniciativa alternativa.
En la misma línea se pronunciaron el presidente de la Comisión de Gobierno, Fabricio Fiatti, y la titular de Servicios Públicos Concedidos, Anahí Schibelbein. Ambos objetaron la consistencia de la propuesta libertaria, que contempla cambios en siete artículos de la normativa, y señalaron diferencias entre sus planteos públicos y el contenido del proyecto. Entre los puntos cuestionados mencionaron la incorporación de viajes en moto y la creación de una tasa.
La respuesta de La Libertad Avanza fue rechazar las acusaciones y negar que sus integrantes se hubieran retirado de la comisión. Su referente, Juan Pedro Aleart, cuestionó que se pretendiera discutir la iniciativa apenas dos horas antes de la sesión y sin aceptar modificaciones. También rechazó la intención oficialista de aprobar el proyecto en apenas quince días desde su envío. "Nosotros entendemos que es un servicio entre privados, un acuerdo entre privados. Por lo tanto, tiene que ser una ordenanza nueva", sostuvo.
Desde esa posición, los libertarios defendían una regulación que habilitara las aplicaciones, permitiera los viajes en moto, garantizara libertad tarifaria y simplificara los requisitos, sin crear tasas específicas para la actividad. Otro punto de conflicto era la exigencia de una licencia profesional D1, que en Rosario requiere tener al menos 21 años y dejaría afuera a conductores de entre 18 y 20. LLA también cuestionaba la exclusión de modalidades como Uber Moto y sostenía que la normativa debía permitir que más personas pudieran trabajar legalmente.
La disputa legislativa se desarrollaba, además, en una jornada marcada por las protestas de taxistas, remiseros y cadetes, que por segundo día consecutivo se manifestaban frente al Palacio Vasallo y en sectores como la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno. Los trabajadores reclamaban igualdad de condiciones para competir, mayores controles estatales y que las plataformas tuvieran representación legal y número de CUIT en Rosario, como condición para transparentar su actividad antes de una eventual habilitación.
Con las posiciones todavía enfrentadas, las comisiones tenían previsto volver a reunirse el lunes 19 y el martes 20 de octubre, con el objetivo de retomar las negociaciones y determinar si era posible emitir un dictamen para llevar el proyecto al recinto el jueves 22. Ese era el panorama con el que se cerraba la primera parte de la jornada: sin acuerdo, sin dictamen y con la legalización de las aplicaciones todavía pendiente.
Pero la historia no terminó allí. Horas después, cuando el Concejo retomó su sesión, una decisión del oficialismo alteró el escenario y abrió un conflicto que terminó desplazando el debate sobre el contenido de la regulación. El concejal Fabricio Fiatti pidió adelantar la recaratulación del expediente 282.925 para que dejara de pasar por la Comisión de Gobierno y tuviera como único destino Servicios Públicos. La maniobra, que modificaba el recorrido legislativo de una iniciativa que ya había sido discutida en ambas comisiones, encendió una nueva controversia: para la oposición, el oficialismo pretendía apartar una instancia en la que no tenía mayoría para conseguir que el proyecto avanzara; para Unidos por Rosario, las comisiones no podían convertirse en un filtro que impidiera que una discusión necesaria llegara al plenario.
La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, fue quien abrió ese intercambio al dirigirse a Fiatti, quien había solicitado el tratamiento anticipado de la modificación. "Muy bien, entiendo, concejal Fiatti, que hay recaratulaciones de asuntos de entrados, supongo que estamos todos de acuerdo por la afirmativa, unanimidad, y usted está pidiendo el adelantamiento de una recaratulación de un expediente de tratamiento. Sí, aclare cuál es, perdóneme", señaló.
Fiatti precisó que solicitaba el adelantamiento de la recaratulación del expediente 282.925 para que tuviera como una única comisión de destino Servicios Públicos. Schmuck volvió a marcar la diferencia entre los procedimientos y preguntó si se trataba de una recaratulación de tratamiento. "Esto es una recaratulación del tratamiento. Esto es un adelantamiento. Ahora ponemos en consideración esta recaratulación de un expediente de tratamiento, que es el de Uber y Didi, ¿verdad?", planteó.
La aclaración alcanzó para abrir un debate que terminaría por absorber buena parte de la sesión. Lo que durante la mañana había sido una discusión trabada por las diferencias sobre la regulación de las plataformas se transformó, por la tarde, en una disputa sobre las mayorías, el reglamento y los límites de la autoridad política. La legalización de Uber y DiDi seguía pendiente, pero ahora el centro de la controversia era otro: si el oficialismo estaba intentando destrabar el tratamiento de una norma o cambiar las reglas para sortear una correlación de fuerzas que ya no le resultaba favorable.
El primer cuestionamiento: la institucionalidad y la pérdida de la mayoría automática
Salinas cuestionó que se pretendiera retirar la intervención de Gobierno a un expediente que acababa de atravesar una comisión conjunta entre esa comisión y la de Servicios Públicos. No era, remarcó, una discusión menor ni una modificación aislada. El proyecto buscaba modificar la ordenanza 10.544, que regula el sistema de taxis, remises y traslado de personas, y alteraba los artículos 1, 3, 4, 6, 7, 8 y 9, además de incorporar nuevos artículos. También modificaba el Código de Convivencia, cuya elaboración y tratamiento, recordó, habían correspondido precisamente a la Comisión de Gobierno.
Para dimensionar lo que consideraba una anomalía, recurrió a un ejemplo cotidiano. "Para darle un permiso precario a un vendedor de pororó en el Parque Independencia, ese expediente pasa por Gobierno", explicó. La comisión, según la definición del artículo 40 del reglamento interno del Concejo Municipal, intervenía en asuntos vinculados con permisos para servicios públicos, el espacio urbano, la legitimidad de las normas vigentes y la coherencia de la legislación municipal. Resultaba, por lo tanto, difícil de justificar que se la excluyera de una reforma de semejante alcance.
El concejal agregó que el expediente ya había comenzado a tratarse en ambas comisiones y que él mismo integraba las dos, por lo que conocía de primera mano el recorrido. "Me parece de gravedad institucional", insistió. A su entender, el procedimiento constituía una manera "poco feliz" de llevar adelante las conversaciones y el tratamiento legislativo, algo que, aseguró, no venía sucediendo en Rosario.
Pero su crítica no se agotó en las formas. Salinas vinculó la maniobra con la nueva composición política del Concejo surgida de las elecciones de 2025, cuando el oficialismo quedó en tercer lugar. Esa distribución, explicó, había dado lugar a una conformación de las comisiones que buscaba reflejar la diversidad política del cuerpo. Por eso, consideró necesario que Unidos por Rosario asumiera que ya no contaba con la mayoría automática de otros años.
"El oficialismo tiene que entender que no tiene la mayoría automática que supo tener. Eso no lo lleva a que siga trabajando con el mismo grado de autoridad con el que trabajaba antes, cambió la composición. Por ende, ahora hay que someterse a las composiciones vigentes", afirmó.
La exclusión de Gobierno, según Salinas, suponía prescindir precisamente de la comisión en la que el oficialismo no tenía mayoría y que debía revisar la coherencia jurídica de una iniciativa que modificaba normas previamente tratadas allí. Por eso pidió a Fiatti, titular del bloque de Unidos por Rosario y titular de la comisión de Gobierno, que explicara los fundamentos de la decisión y aportara antecedentes de otras ordenanzas de semejante envergadura a las que se les hubiera quitado una comisión durante el tratamiento. "Me gustaría escucharlo, simplemente", cerró.
"Y es justo que así sea", sostuvo. Romero coincidió con Salinas en que la legalidad de una normativa general y la concesión de licencias vinculadas con servicios públicos justificaban la participación de esa comisión. Por eso adelantó que no acompañaría la recaratulación y dejó en claro que tampoco compartía las formas elegidas para impulsarla.
Para Volpe, no había una razón administrativa detrás del pedido, sino una maniobra para trasladar el expediente a un ámbito donde el oficialismo tuviera mayoría. "Es simplemente un manotazo de ahogado para entrar a una comisión donde ya tienen mayoría", acusó. Y comparó el intento con el funcionamiento del Concejo en años anteriores, cuando el oficialismo contaba con quince concejales. "Quieren hacer el mismo modus operandi que hacían en los años anteriores, que tenían 15 concejales, y era una escribanía esto", lanzó.
El edil recordó que todos los proyectos anteriores vinculados con plataformas y aplicaciones habían pasado por Servicios Públicos y Gobierno, por lo que exigió que se explicara qué hacía diferente a esta iniciativa. También cuestionó que la modificación se pretendiera introducir al comienzo de la sesión, cuando los cambios de esta naturaleza, afirmó, solían plantearse al final. La explicación que encontró fue política: "Justamente porque le están dando los votos ahora".
Volpe recurrió luego al artículo 40 del reglamento interno para fundamentar su oposición. Señaló que la Comisión de Gobierno debía intervenir porque el proyecto incluía disposiciones sobre la defensa de usuarios y consumidores, mencionadas en los artículos 7 y 11, y modificaciones de normas sancionatorias del Código de Convivencia. También advirtió una contradicción en la decisión de remitir el expediente únicamente a Servicios Públicos cuando, según su lectura, la propia iniciativa sostenía que las aplicaciones no debían considerarse un servicio público.
"Horrible y espantoso es lo que están haciendo. No vamos a acompañar esta recaratulación", concluyó.
Norma López: la uberización, el boleto y las condiciones de vida
López cuestionó que se intentara acelerar la modificación de la ordenanza que regula taxis, remises y traslado de personas mediante la incorporación de aplicaciones como Uber. Recuperó el concepto de "uberización" para describir una modalidad que, bajo la apariencia de innovación, podía profundizar la precarización económica y convertirse en una nueva forma de ajuste. Si en un principio esas plataformas habían sido presentadas como una alternativa novedosa de transporte entre privados, sostuvo, las dificultades estructurales de una ciudad como Rosario obligaban a evaluar sus consecuencias sobre el sistema de movilidad en su conjunto.
La concejala aclaró que su oposición no significaba desconocer el debate que el Concejo mantenía desde hacía años sobre la regulación de las aplicaciones. Recordó que el cuerpo había discutido reiteradamente la posibilidad de establecer reglas para una modalidad que, en el caso de Uber, era considerada un servicio entre privados y no un servicio público. También señaló que otras aplicaciones ya habían recibido un marco legal por estar asociadas al transporte público.
Lo que estaba en juego, según López, era la incorporación de una nueva modalidad y la capacidad del Estado municipal para regularla. Cuestionó que una empresa pudiera operar sin realizar aportes a la ciudad mientras una parte importante de las responsabilidades de la movilidad quedaba en manos de los propios ciudadanos.
En medio de su exposición, Schmuck la interrumpió para recordarle que el asunto sometido a consideración era el pedido de adelantamiento de la recaratulación formulado por Fiatti. La presidenta le pidió una "gentileza parlamentaria" y señaló que la decisión sobre el cambio de carátula tendría influencia sobre la discusión prevista para la semana siguiente.
López continuó, sin embargo, con el argumento que consideraba central. Recordó que apenas una semana antes el boleto del transporte urbano de pasajeros había aumentado a 2.150 pesos. Contrapuso esa situación con la gestión peronista, cuando, según afirmó, los subsidios nacionales permitían que los usuarios pagaran apenas el 50 por ciento del costo total del boleto. En aquel momento, sostuvo, los reclamos se dirigían a los ministerios nacionales para exigir los recursos. Ahora, en cambio, lanzó una de las frases más duras de su exposición: "Y ahora con Milei son gatitos mimosos, porque el Intendente le hace el juego a Milei".
La concejala lamentó que la discusión sobre la uberización se redujera a determinar si Uber resultaba útil o no. Para ella, la cuestión central era cómo garantizar mejores condiciones de vida y de trabajo para los rosarinos. En ese punto, vinculó el debate con el costo del transporte: sostuvo que, frente a un boleto de ida y vuelta de 5.000 pesos, algunas personas podían optar por compartir un vehículo privado con otras cuatro y pagar entre 2.000 y 3.000 pesos cada una para llegar directamente a destino.
"Entonces, de eso estamos hablando", resumió. Por considerar que el asunto requería una discusión más profunda y que el Concejo disponía de herramientas parlamentarias para sostenerla, anticipó su voto negativo a la recaratulación.
"El Principado de Javkin": las acusaciones de Juan Pedro Aleart
Aleart sostuvo que el proyecto debía pasar por Servicios Públicos y Gobierno, como había ocurrido con las demás iniciativas sobre la misma temática. La decisión de quitarle una comisión, aseguró, respondía a que el intendente ya no contaba con los votos que había tenido durante años. "Esto fue una escribanía durante mucho tiempo, entonces están mal acostumbrados", acusó.
Para el edil libertario, la primera dificultad que el oficialismo encontraba frente a una oposición capaz de frenar sus planes había derivado en un intento de pasar por encima de la institucionalidad y el reglamento. "Ah, después hablan de democracia", ironizó.
También cuestionó el momento elegido por el Ejecutivo para impulsar el proyecto. Afirmó que el intendente había tenido años de mayoría legislativa para presentar una iniciativa de este tipo y que podría haberlo hecho antes de diciembre del año anterior, cuando, según su planteo, hubiera contado con los votos necesarios para aprobarla en los términos que pretendía. A su entender, la presión de la ciudadanía, de los conductores y de los usuarios de las aplicaciones había obligado finalmente al Ejecutivo a poner el asunto en agenda.
Pero Aleart rechazó que ahora se pretendiera aprobarlo "de prepo, con prepotencia". Y recurrió a una frase que condensó el enfrentamiento con el oficialismo: "Esto no es el Principado de Javkin, esto es un órgano legislativo que tiene reglamento, que tiene reglas que deben respetarse y no cambiar porque les conviene".
El concejal insistió en que el problema no era solamente el procedimiento, sino también el trato que el municipio había dispensado durante años a quienes trabajaban con las aplicaciones. Recordó que los conductores habían recibido multas, que sus vehículos habían sido trasladados al corralón y que algunas sanciones habían llegado a los dos millones y medio de pesos. Sostuvo que se les había hecho la vida imposible y que se los había tratado como delincuentes.
También denunció que los usuarios seguían enfrentando pedidos de exhibición de sus teléfonos para demostrar que utilizaban una aplicación, una práctica que, según afirmó, no estaba permitida. En ese contexto, cuestionó el cambio de posición de quienes ahora parecían estar de acuerdo con habilitar las plataformas, pero pretendían hacerlo sin escuchar a los distintos sectores.
"Y de golpe, están todos de acuerdo que hay que habilitar las aplicaciones, pero como el Intendente quiere, sin escuchar a nadie", resumió. Volvió a insistir en que el expediente debía tratarse en ambas comisiones y reprochó la ausencia de explicaciones para justificar el cambio. Para cerrar, repitió que el episodio era "una vergüenza" y "un atropello", y cuestionó cómo harían los responsables de la decisión para mirar a la cara a los empleados administrativos del Concejo que, según él, habían cumplido correctamente con su trabajo.
Monteverde: "A falta de autoridad, recurre al autoritarismo"
Monteverde comenzó celebrando que otras voces coincidieran ahora con críticas que su espacio venía formulando desde hacía tiempo. "Este Intendente, a falta de autoridad, recurre al autoritarismo", afirmó. Para él, Rosario atravesaba una situación de ausencia de conducción política: "Nosotros venimos diciendo que Rosario está sin Intendente, no la gobierna nadie, nadie defiende a los rosarinos".
En ese marco, planteó que la falta de autoridad legítima, construida a partir del trabajo y del respaldo ciudadano, llevaba al intendente a simular fortaleza mediante decisiones autoritarias. La maniobra que se debatía, sostuvo, era una expresión de ese mecanismo: al no contar con los votos necesarios en las comisiones, el oficialismo intentaba modificar las reglas para obtener un resultado que no podía conseguir por los canales ordinarios.
Monteverde extendió la comparación a otros conflictos políticos y mediáticos y acusó al oficialismo de recurrir a un mismo mecanismo frente a las voces críticas. Según planteó, cuando el intendente no consigue imponerse por la vía de los votos, busca hacerlo mediante el autoritarismo, una conducta que, sostuvo, también se expresa en el vínculo con la oposición y con los distintos sectores de la ciudad que cuestionan al Gobierno. "Es el mismo modus operandi que, como no pueden discutir con la oposición en los medios de comunicación, la censuran. Como no se banca la crítica a cada sector de la ciudad que alza la voz, la persiguen. Es el mismo modus operandi que hoy llega al recinto", afirmó.
El concejal consideró que el intento de modificar la intervención de las comisiones inauguraba una nueva manera de "violentar la voluntad popular". Después de los tecnicismos reglamentarios, explicó, la cuestión era sencilla: había un proyecto que no reunía los votos en la principal comisión del Concejo y se buscaba romper las reglas para saltearla y llevarlo al recinto.
Advirtió que el oficialismo podía obtener una victoria circunstancial, pero la definió como "una victoria absolutamente pírrica", porque expondría ante la sociedad una forma autoritaria de gobernar. También rechazó que el Concejo pudiera presentarse como un ejemplo de pluralidad y diálogo mientras se modificaban los procedimientos para construir una mayoría que no existía de otra manera.
Monteverde volvió sobre los resultados electorales y recordó que el oficialismo había quedado tercero tanto en la elección local como en la nacional, y que los rosarinos también habían ubicado en tercer lugar al espacio del intendente cuando este buscó validar su segunda gestión. A su entender, esa nueva realidad exigía un cambio en la forma de conducir el Concejo.
"Lo que sí, nosotros vamos anotando cada una de estas cosas para que cuando ustedes sean oposición no salgan con argumentos republicanos a querer dar las discusiones", advirtió. Aclaró, sin embargo, que no pretendía reproducir las mismas prácticas: "No para hacer lo mismo porque somos distintos a ustedes, porque nosotros no vamos a perseguir a la oposición, porque nosotros no vamos a apretar periodistas, porque nosotros no vamos a hacer las cosas que hacen ustedes, pero sí las vamos a anotar".
Su cierre fue una síntesis de la controversia: el oficialismo, sostuvo, estaba violentando las reglas del Concejo porque no tenía los votos, y eso demostraba que, cuando la oposición ejercía su función, los planes del Ejecutivo podían complicarse.
Schmuck volvió a intervenir para dar por agotado el tema. Apurada por continuar con la sesión, recordó que quería participar de la quinta Marcha Federal Universitaria y que suponía que muchos de los presentes también. "Votemos, votemos", insistió. Sin embargo, antes de avanzar, permitió que hablaran los bloques que todavía no habían intervenido.
María Fernanda Rey: la sorpresa por la coincidencia entre Monteverde y los libertarios
Pero su primera embestida fue contra el dirigente de Ciudad Futura, a quien atribuyó parte de la responsabilidad política por la continuidad de Javkin al frente de la Municipalidad. "¿Sabés por qué Javkin es intendente? Porque te cansaste de perder las elecciones contra el necio de Javkin, porque si hubieses dejado que nuestro partido, no hubieses usurpado nuestro partido, a lo mejor un justicialista sería intendente", le dijo. A su lado, la concejala Anahí Schibelbein, de Unidos por Rosario, abrió los ojos con sorpresa ante el tono de la intervención.
Después llevó la discusión al uso cotidiano de las aplicaciones. "¿Cuántos rosarinos están pidiendo que se trate el tema de Uber? Hace años que los rosarinos usan este sistema. Hace años", afirmó. Cuestionó a quienes parecían considerar que la discusión sobre Uber había comenzado con la llegada de los libertarios al Concejo y recordó que la institución tenía una historia mucho más larga.
"No empezó con ustedes, muchachos", remarcó. Sostuvo que los rosarinos ya elegían Didi en los barrios, donde, según su apreciación, Uber tenía menor presencia, y reclamó que los concejales dejaran de lado las disputas políticas para concentrarse en las necesidades de quienes trabajaban. Incluso señaló que algunos taxistas también utilizaban Uber y defendió la necesidad de ofrecerles a los conductores herramientas que les permitieran trabajar tranquilos.
Para Rey, la discusión debía avanzar hacia una regulación consensuada. "Hay que regularlo, para eso hay que laburar y nos tenemos que poner de acuerdo y dejar los egos de lado", insistió. Su malestar apuntó especialmente a la disputa por la autoría de las iniciativas: cuestionó que se desestimara el proyecto libertario por su origen, cuando, según dijo, una parte de aquella propuesta estaba incluida en el nuevo texto.
"Entonces, dejen de hacerse los locos, los opositores, y laburen para la gente, para el laburante", concluyó.
Sabrina Prense: "A la gente no le interesa quién tiene la corona"
Aunque aclaró que no estaba de acuerdo con quitarle una comisión al expediente, sí se manifestó a favor de que el tratamiento avanzara lo más rápido posible. Por esa razón, anunció que acompañaría la propuesta para que el proyecto tuviera una sola comisión, con la condición de que se escucharan las posiciones de todos los bloques y se consideraran las modificaciones presentadas por cada uno, incluidas las de su espacio.
Prense cuestionó que la disputa por el número de comisiones y las mayorías internas hubiera desplazado las urgencias de la ciudadanía. "Porque a la gente no le interesa cuántas comisiones tiene, cuánto le mida cada uno, ni quién tiene la corona acá", dijo. Y, en una imagen que buscó condensar el enfrentamiento, añadió que, mientras la situación fuera de la institución resultaba difícil, los concejales se dedicaban a "agarrar la regla y medirnosla para ver realmente quién está acá mandando a la ciudad".
Su llamado fue a dejar de lado esa competencia y regresar al trabajo legislativo. "Entonces, dejémonos de joder, realmente vayamos a la comisión como se pidió y tratemos de ir como corresponde, escuchando las voces de todas", reclamó.
Fiatti defiende el plenario y acusa a la oposición de bloquear la regulación
"De ninguna manera una comisión puede ser un filtro para que la manifestación mayoritaria en cuanto a una determinada materia, como en este caso es la regulación de una modalidad de transporte en la ciudad, de una alternativa de movilidad para los rosarinos, no llegue al recinto", argumentó.
Fiatti sostuvo que el oficialismo siempre había tenido voluntad de generar acuerdos y que había participado de las reuniones conjuntas de Servicios Públicos y Gobierno. Pero afirmó que no estaba dispuesto a aceptar lo que describió como una extorsión de La Libertad Avanza, a la que acusó de expresar públicamente una posición y actuar de otra manera dentro del Concejo. Esa conducta, según él, terminaba negándoles a los rosarinos la posibilidad de regularizar las aplicaciones de movilidad.
El concejal defendió además la urgencia del proyecto. Explicó que la iniciativa implicaba ampliar el registro de aplicaciones que ya existía en la ciudad y que las discusiones sobre las atribuciones del Ejecutivo, la protección de los usuarios y las obligaciones de las plataformas ya habían sido abordadas en otras instancias. En esta oportunidad, dijo, se buscaba incorporar una modalidad adicional.
"¿Y por qué ahora? Porque ahora tenemos una legislación de fondo que hace que esta discusión se deba dar de manera inexorable porque tenemos que adecuar nuestras reglas de juego", señaló.
A esa necesidad agregó el riesgo de eventuales consecuencias judiciales. Según Fiatti, existían antecedentes y precedentes jurisprudenciales que podían exponer a la Municipalidad de Rosario a intervenciones judiciales y al pago de costas, como estaba ocurriendo en otros municipios argentinos. Por eso, consideró que el asunto no podía demorarse y que ninguna cuestión administrativa debía impedir que el plenario terminara pronunciándose.
A pesar de su defensa del proyecto, Fiatti aseguró que no serían ellos quienes cambiarían en ese momento la modalidad de discusión ante las dudas planteadas por la oposición. Sin embargo, anticipó que insistirían para que el expediente llegara al recinto y para que los rosarinos pudieran comprobar cuáles eran las verdaderas voluntades políticas detrás de la demora.
En ese punto, volvió a cargar contra Ciudad Futura y el peronismo, al afirmar que ambos espacios anteponían sus disputas con el intendente a las necesidades de la ciudad. Recuperó una frase que, según dijo, había pronunciado el presidente de bloque de Ciudad Futura: "La cuestión no es Uber, es Javkin". Para Fiatti, esa lógica atravesaba el debate y anticipaba una discusión electoral cuando todavía faltaba tiempo para las próximas elecciones.
"De lo que hay que ocuparse es de lo que la ciudad necesita, de lo que los rosarinos nos piden", sostuvo. Acusó a sus adversarios de defender causas mezquinas y de actuar por egoísmo, capricho o conveniencia política. Aun así, anunció que el oficialismo seguiría trabajando en las comisiones para discutir el proyecto, tal como se había hecho hasta ese momento.
Enríquez contra Schmuck: "¿Será por su carrera en la Intendencia?"
"Hace cuatro horas estábamos discutiendo las cosas en una comisión conjunta. Si tan apurados estaban para hacer las cosas, era el momento, no es venir con arrebatos", afirmó. Para el libertario, durante más de una semana el oficialismo había impulsado distintas iniciativas con la misma lógica: plantear que debían tratarse inmediatamente y que, de lo contrario, no avanzarían.
Cuestionó que, a último momento, se pretendiera quitar una comisión fundamental a un proyecto que establecía nuevas reglas para las aplicaciones. También apuntó contra Fiatti, quien presidía Gobierno, por considerar contradictorio que defendiera la exclusión de esa misma comisión alegando que así se ganaría eficiencia.
"No, pero si se cae de maduro que es una actuación política lo que están haciendo", disparó.
Enríquez dirigió entonces sus críticas a Schmuck. Le reprochó que, durante el inicio de la discusión, hubiera permanecido pendiente del celular y cuestionó que, después de ocho años al frente de la presidencia del Concejo, recién en las últimas dos semanas se hubiera decidido a impulsar el tratamiento de Uber. "¿Será por su carrera en la Intendencia? ¿Será porque quiere hacer campaña política? No sé", planteó.
Según el concejal, el oficialismo pretendía imponer sus condiciones bajo el argumento de la urgencia, sin escuchar las objeciones de La Libertad Avanza. También recordó que Unidos por Rosario había contado con quince concejales y una mayoría suficiente para aprobar iniciativas, pero, durante aquellos años, no había tratado Uber, el problema de los cuidacoches conocidos como trapitos ni la reducción de tasas que ahora reclamaba.
Para Enríquez, el cambio de ritmo respondía a que esas cuestiones se habían instalado en la agenda pública y a que su espacio había impulsado parte de esas discusiones. "Ahora se acuerdan que tienen que tratar estos temas, porque están en campaña, porque son temas que lo instaló La Libertad Avanza", sostuvo.
El libertario negó además que su bloque se opusiera a regular las aplicaciones. Aseguró que la discusión de fondo pasaba por el modelo de regulación que pretendía imponer el Ejecutivo. Según su lectura, el proyecto oficialista buscaba transformar Uber, Didi y otras plataformas en una modalidad equiparable al servicio público, al exigirles información sobre sus conductores, los viajes, la cantidad de vehículos, los recorridos, los días de trabajo y los motivos por los que se rechazaban viajes.
"Nosotros entendemos que las aplicaciones de movilidad son un servicio de acuerdo entre privados, y vamos a defender siempre eso", afirmó. Desde esa perspectiva, consideró que el crecimiento de las plataformas respondía a una elección de los usuarios y también podía interpretarse como una respuesta a las deficiencias del sistema de movilidad tradicional.
"Por algo Uber creció, por algo las aplicaciones de movilidad se dispararon, por algo hoy la gente elige Uber, elige Didi, elige distintas aplicaciones", argumentó. Y dejó abierta una interpretación: quizá el sistema de transporte no había fracasado por completo, sino que las aplicaciones se habían convertido en un complemento que respondía a nuevas necesidades.
Enríquez volvió a cuestionar que el Ejecutivo hubiera dejado pasar ocho años sin impulsar una regulación y que ahora quisiera resolver el asunto en apenas dos semanas. Dijo que La Libertad Avanza nunca estaría en contra de Uber ni de los privados, pero rechazó que el proyecto avanzara mediante apuros, saltos de comisiones y cambios reglamentarios.
En medio de sus cuestionamientos, Enríquez se refirió a Schmuck como "presidenta del Cuerpo", en una variación llamativa respecto del tratamiento de "presidente" que los concejales de La Libertad Avanza suelen utilizar para dirigirse a ella. "Entonces, si como presidenta del Cuerpo no puede remitirse y respetar el reglamento y ordenar cómo funcionan las cosas, me parece que estamos en un problema", advirtió. A su juicio, el intento no solo atropellaba las reglas, sino también al Concejo, las comisiones y los trabajadores de la institución.
El concejal desarrolló luego una serie de objeciones al contenido de la iniciativa. Reiteró que el proyecto modificaba el Código de Convivencia y otras ordenanzas, por lo que consideraba injustificable quitarle la Comisión de Gobierno. Insistió en que, detrás de esa decisión, había una intención de convertir las aplicaciones privadas en un servicio público sujeto a mayores obligaciones estatales.
En ese marco, cuestionó que el Ejecutivo pudiera exigir a las plataformas una cantidad determinada de conductores o imponer condiciones sobre sus jornadas de trabajo. Ridiculizó la posibilidad de que se pretendiera obligar a un chofer a trabajar las 24 horas, los 365 días del año, y utilizó el ejemplo de Navidad para subrayar lo que consideraba una intromisión estatal en las decisiones de los trabajadores.
También objetó que el proyecto dejara afuera a las motos utilizadas en aplicaciones de movilidad, una alternativa que, según dijo, muchas personas elegían por su menor costo. Cuestionó, además, la incorporación de tarifas mínimas que, a su entender, impedirían que los usuarios aprovecharan ofertas de viajes de 1.000, 1.500 o 2.000 pesos.
Otra de sus críticas apuntó al tratamiento de las multas acumuladas durante los años en que las aplicaciones funcionaron sin habilitación municipal. Enríquez afirmó que el proyecto mantenía las sanciones impuestas a los vehículos particulares que habían trabajado mediante plataformas, mientras que contemplaba perdonar las multas aplicadas a taxis y remises por operar con aplicaciones no habilitadas.
"Si se las van a perdonar, perdonémoselas a todos. O no se las perdonemos a ninguno", reclamó, al sostener que no debía haber preferencias entre los distintos trabajadores.
Finalmente, volvió sobre el artículo 14, que, según su interpretación, exigía a las aplicaciones entregar información para que el municipio pudiera definir cómo debían funcionar. Si el objetivo era convertirlas en taxis o remises, propuso que se creara directamente un nuevo sistema de movilidad, en lugar de imponer condiciones a plataformas que, afirmó, ya funcionaban y eran elegidas por los usuarios.
"Así que esto que están haciendo es un atropello a las instituciones, es una burrada legislativa", sentenció. Reiteró que el oficialismo parecía haberse acordado de la regulación después de ocho años y especuló con que la decisión pudiera responder a intereses políticos o electorales. De todos modos, aclaró que esperaba que el expediente avanzara en las próximas semanas y recordó que su bloque tenía una propuesta propia, que ya había presentado y discutido en comisión.
Fiatti retira la moción y el intento de recaratulación queda sin efecto
Schmuck eligió no responder a las acusaciones personales de Enríquez y volvió a darle la palabra a Fiatti. El concejal oficialista aprovechó su intervención para cuestionar el tono del debate y denunciar lo que consideró una falta de respeto hacia el resto de los integrantes del cuerpo.
"Qué lástima que la falta de respeto se extienda tan fácil y que tan fácil sea venir a este recinto a decir cualquier barbaridad sin que se deba rendir cuenta de las palabras de cada uno", expresó. Recordó que el asunto había sido conversado el día anterior en la reunión de Labor Parlamentaria y sostuvo que el Concejo debía trabajar para evitar que la mentira se convirtiera en una práctica habitual.
Pero, frente a la resistencia que había encontrado su propuesta y a la evidencia de que el rechazo había ganado terreno, Fiatti decidió retirar la moción de recaratulación. En lugar de insistir con el cambio de comisión, anunció que el oficialismo continuaría la discusión en los ámbitos correspondientes y pediría una preferencia para que el expediente pudiera llegar al recinto dentro de quince días.
"Dicho esto, vuelvo a mis palabras de hace un momento, retiro la moción, insistimos con que se discuta en las comisiones y también pedimos la preferencia del caso para poder llegar en 15 días a tenerlo al expediente acá y que no haya dilaciones", señaló.
El concejal intentó presentar el resultado del debate como una oportunidad para acelerar la discusión de fondo. Dijo alegrarse de que el ritmo impuesto al tratamiento hubiera permitido que el expediente comenzara a leerse y que los concejales empezaran a exponer sus argumentos sobre la regulación de las aplicaciones.
Con el retiro de la moción, la presidenta entendió que ya no quedaba nada que votar sobre ese punto. No hubo una votación para quitarle Gobierno al expediente ni una resolución que consumara el cambio de carátula. El intento había quedado atrás, al menos en esa instancia, aunque el oficialismo mantenía la intención de que el proyecto avanzara con rapidez y llegara al recinto en los siguientes quince días.
Schmuck cerró el episodio con una frase breve, sin responder a las acusaciones que habían atravesado la sesión: "¡Seguimos!".
La discusión sobre Uber y Didi, sin embargo, había dejado expuesta una disputa mucho más amplia que la regulación de las aplicaciones. Para el oficialismo, la necesidad de adaptar la normativa y evitar eventuales consecuencias judiciales justificaba acelerar el tratamiento; para sus críticos, el apuro era una respuesta a la pérdida de la mayoría automática y un intento de modificar las reglas para superar una resistencia legislativa legítima.
En el medio quedaron las preguntas sobre el futuro del transporte urbano, las condiciones laborales de los conductores, los costos que enfrentan los usuarios y el alcance de la intervención municipal sobre las plataformas privadas. Pero también quedó una señal política que atravesó cada intervención: en el nuevo mapa del Concejo, las mayorías ya no podían darse por descontadas y cada iniciativa de peso podía convertirse en una pulseada por el control de las decisiones.
La discusión también dejó expuesta otra diferencia de fondo entre el proyecto oficialista y la propuesta de La Libertad Avanza: la habilitación de Uber Moto. Mientras los libertarios reclaman que se permita el traslado de pasajeros en motocicletas, la iniciativa del Ejecutivo deja afuera esa modalidad, en un contexto atravesado por los cuestionamientos sobre la seguridad vial y la cobertura ante posibles siniestros. La disponibilidad de seguros específicos para pasajeros trasladados en motos constituye uno de los interrogantes centrales para una eventual habilitación, junto con la necesidad de establecer un marco normativo adecuado. A eso se suma la exigencia de una licencia profesional para transportar pasajeros. En Rosario, los requisitos municipales publicados para obtenerla por primera vez establecen tener más de 21 años y contar con un año de antigüedad en una licencia de clase inferior, sin computar las de clase A. Son condiciones que abren otro frente de discusión sobre quiénes podrían acceder a trabajar mediante las aplicaciones y bajo qué reglas.
El expediente de Uber y Didi volvería a las comisiones. La discusión, en cambio, ya había salido de allí para instalarse en el centro de la escena política rosarina.
En el medio quedaron las preguntas sobre el futuro del transporte urbano, las condiciones laborales de los conductores, los costos que enfrentan los usuarios y el alcance de la intervención municipal sobre las plataformas privadas. Pero también quedó una señal política que atravesó cada intervención: en el nuevo mapa del Concejo, las mayorías ya no podían darse por descontadas y cada iniciativa de peso podía convertirse en una pulseada por el control de las decisiones.
La discusión también dejó expuesta otra diferencia de fondo entre el proyecto oficialista y la propuesta de La Libertad Avanza: la habilitación de Uber Moto. Mientras los libertarios reclaman que se permita el traslado de pasajeros en motocicletas, la iniciativa del Ejecutivo deja afuera esa modalidad, en un contexto atravesado por los cuestionamientos sobre la seguridad vial y la cobertura ante posibles siniestros. La disponibilidad de seguros específicos para pasajeros trasladados en motos constituye uno de los interrogantes centrales para una eventual habilitación, junto con la necesidad de establecer un marco normativo adecuado. A eso se suma la exigencia de una licencia profesional para transportar pasajeros. En Rosario, los requisitos municipales publicados para obtenerla por primera vez establecen tener más de 21 años y contar con un año de antigüedad en una licencia de clase inferior, sin computar las de clase A. Son condiciones que abren otro frente de discusión sobre quiénes podrían acceder a trabajar mediante las aplicaciones y bajo qué reglas.
El expediente de Uber y Didi volvería a las comisiones. La discusión, en cambio, ya había salido de allí para instalarse en el centro de la escena política rosarina.
Fotos: Concejo Rosario
