En una carta abierta dirigida a las directoras periodísticas Nora Veiras y Victoria Ginzberg, la Comisión Interna y la Asamblea de trabajadorxs de Página|12 reclamaron el cumplimiento del acuerdo paritario, denunciaron sueldos por debajo de la canasta básica y advirtieron sobre políticas antisindicales impulsadas por el Grupo Octubre.
La Comisión Interna y la Asamblea de trabajadorxs de Página|12 difundieron una carta abierta dirigida a las directoras periodísticas del medio, Nora Veiras y Victoria Ginzberg, en la que denuncian una grave situación laboral y reclaman el cumplimiento de los acuerdos salariales firmados por la empresa Grupo Octubre, propiedad de Víctor Santa María.
Según expresan en el texto, desde hace meses el grupo empresario incumple el acuerdo paritario y lleva adelante una política sistemática de precarización laboral y vaciamiento gremial. "La decisión patronal es la de pulverizar nuestros salarios, precarizar nuestro oficio y destruir la actividad gremial", señalaron.
El comunicado enfatiza que el reclamo no se limita a lo salarial, sino que también apunta a la falta de diálogo y de empatía de la conducción periodística. "Acudimos a una carta pública porque los intentos para que la dirección escuche, empatice y se comprometa con el respeto de nuestros derechos fueron desoídos", afirmaron.
Los trabajadorxs remarcaron la contradicción entre el discurso histórico del medio y las condiciones internas actuales. "Página|12 es un diario con una identidad hermana a las luchas por los derechos populares, sociales y humanos, pero hoy se hace con trabajadorxs ultra precarizadxs, que perciben salarios de miseria", denunciaron.
La carta también cuestiona las "condiciones laborales indignas" y las "políticas antisindicales" que atribuyen a la empresa. "No se puede exigir compromiso y entrega mientras se naturaliza el maltrato, la desigualdad y las políticas antisindicales contra quienes intentamos organizarnos", advierten.
Finalmente, el texto concluye con un llamado directo a las directoras del diario: "Les pedimos que estén a la altura de la historia del medio que dirigen. Que se pongan del lado de quienes todos los días hacemos posible Página|12. Porque el compromiso con las luchas que contamos empieza puertas adentro."
El texto completo:
Carta abierta a Nora Veiras y Victoria Ginzberg, directoras periodísticas de Página|12 Escribimos esta carta en nombre de la Comisión Interna y del conjunto de trabajadorxs del diario —redactorxs, editores, reporteros gráficos, diagramadores, correctores, trabajadores del taller y de los suplementos—, ante una situación urgente que atraviesa toda la redacción de Página|12.
Desde hace meses, la empresa Grupo Octubre y su dueño, Víctor Santa María, no cumplen con el acuerdo paritario que firmaron. Desde hace años, la decisión patronal es la de pulverizar nuestros salarios, precarizar nuestro oficio y destruir la actividad gremial que desde siempre caracterizó al colectivo que integramos.
Frente a esta situación, lxs trabajadorxs organizadxs pensamos, debatimos y llevamos a cabo diferentes medidas de lucha en reclamo de algo tan elemental como es el respeto a los derechos laborales más básicos: tener salarios que nos permitan vivir.
Página|12 es un diario con una identidad hermana a las luchas por los derechos populares, sociales, políticos, humanos; con un compromiso por darle voz a sus referentes, por enarbolar esas banderas. Pero desde hace unos años, este medio con esa historia, se está haciendo con trabajadorxs ultra precarizadxs, que perciben salarios de miseria, en su mayoría muy por debajo de la canasta básica.
Acudimos a una carta pública porque los intentos de esta Comisión Interna y del colectivo que representamos para que la dirección periodística escuche, empatice y se comprometa con el respeto de nuestros derechos como trabajadorxs fueron desoídos.
No se puede hacer periodismo de calidad cuando las condiciones laborales son indignas. No se puede exigir compromiso y entrega mientras se naturaliza el maltrato, la desigualdad y las políticas antisindicales que la empresa despliega contra quienes intentamos organizarnos.
La situación es insostenible. Les pedimos que estén a la altura de la historia del medio que dirigen. Que se pongan del lado de quienes todos los días hacemos posible Página|12. Porque no se puede hablar de derechos sin defender los derechos de quienes trabajan en el diario. Porque el compromiso con las luchas que contamos empieza puertas adentro. Comisión Interna y Asamblea de trabajadorxs
En Señales, se abordó uno de los conflictos más persistentes del país: la relación entre el Poder Judicial y los pueblos originarios. Luis Virgilio Sánchez, vicepresidente de la Gremial de Abogados, contó su experiencia tras años de acompañar la resistencia mapuche en la Patagonia.
Un despido que reveló los límites de la libertad Sánchez tiene una historia particular dentro de la administración pública. Durante mucho tiempo se desempeñó en la vieja Dirección General Impositiva —hoy ARCA—, donde llegó a ser jefe interino del Distrito Esquel. Su salida del cargo se produjo tras un episodio que, según él mismo cuenta, ilustra los límites de la "libertad" que pregonan ciertos sectores del poder actual. Todo comenzó cuando publicó una crítica a la actitud de Javier Milei durante la asunción de Donald Trump en Estados Unidos, una escena que le pareció desmedida para un presidente argentino. El comentario se difundió en un medio, alguien en Buenos Aires lo leyó, se ofendió, y poco después Sánchez fue despedido.
Mientras se confirma su conexión telefónica, se repasa parte de su trayectoria: desde hace años trabaja de manera ad honorem defendiendo comunidades mapuches, entre ellas la comunidad Paicil Antriao, de Villa La Angostura, que recientemente fue sobreseída por la justicia. En ese caso, el denunciante había sido Emanuel Ginóbili, quien sostenía que la comunidad le estaba usurpando tierras. Sin embargo, la investigación judicial demostró lo contrario: fue el exbasquetbolista quien terminó adquiriendo terrenos pertenecientes a pueblos originarios.
El diálogo comienza retomando su situación laboral, recientemente fue desplazado del cargo en ARCA. Sánchez menciona que el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que decidió abrir su queja y dar vista a la Defensoría para que emita un dictamen. Sin embargo, mientras ese trámite avanza, ARCA inició un juicio de desalojo contra él y su familia, apelando a una normativa heredada de la dictadura: la Ley 1097.
Esa ley —detalla Sánchez— permite al Estado desalojar sin traslado de la demanda, es decir, sin que la persona afectada pueda defenderse, y se aplica en teoría sólo para concesionarios de servicios públicos esenciales que deben garantizar su continuidad. "En la práctica —agrega— es la misma ley que utilizan irónicamente para desalojar a las comunidades mapuches."
A pesar de que la Corte mantiene abierta su queja —lo cual, según él, indica una alta probabilidad de que su demanda por nulidad del acto de remoción sea aceptada—, ARCA avanzó con el intento de desalojo. "La Corte no suele pedir un expediente para rechazarlo —enfatiza—. Si lo pidió, es porque piensa hacer lugar, aunque los tiempos son muy largos, puede demorar un año o más."
En ese lapso de incertidumbre, Sánchez y su familia se vieron sometidos a una presión constante. "Estoy con menores de quince años —cuenta—. Mis hijas llegaron a Esquel cuando tenían diez; hoy tienen sus amigos, su escuela, su vida acá." Sin embargo, los funcionarios decidieron trasladarlo compulsivamente a Neuquén, sin tener en cuenta el ciclo escolar de las niñas. "No es el cargo lo que me preocupa —aclara—, sino el castigo que implican estos traslados. Lo hacen para exhibir crueldad, para disciplinar, para aleccionar: el viejo mensaje de la dictadura, 'no te metas, porque te puede pasar esto'."
Relata que la semana anterior un oficial de justicia llegó a su casa para sacar fotos, preparativos del inminente desalojo. Sánchez respondió presentando un recurso de apelación, que fue aceptado con efecto suspensivo, logrando así detener momentáneamente el procedimiento. "Tengo herramientas legales para defenderme —dice—, pero el costo emocional es altísimo, para mí y para mi familia. Yo ya decidí que a fin de año me voy a Neuquén; no voy a exponer más a mis hijas a esta situación. Sólo pedí quedarme hasta el 15 de diciembre, para que puedan terminar el ciclo escolar. Pero ni eso respetan: les importa más hacer una demostración de fuerza que un gesto de humanidad."
El abogado insiste en que su caso es apenas un ejemplo de una persecución institucional sistemática. "Yo tengo los medios para resistir —señala—, pero ¿qué pasa con los que no son abogados, con los que no tienen herramientas? Es terrible lo que está ocurriendo." Por eso, afirma, continúa defendiendo a las comunidades mapuches: "Lo que enfrentan es violencia institucional. Son sectores sociales vulnerables, sin respaldo, y es precisamente a ellos a quienes el Estado decide atacar."
La entrevista cierra con una reflexión contundente: "En los casos de supuesta usurpación que nos toca atender —como el que tuve ayer, en una audiencia—, vemos siempre el mismo patrón: se criminaliza la pobreza y la pertenencia indígena, mientras se encubre a quienes verdaderamente usurpan los territorios. La persecución se ha transformado en cacería."
La doble vara de la justicia: cuando la tierra es mapuche, la ley se vuelve penal Sánchez plantea un análisis crudo y sostenido en los hechos: si uno observa las estadísticas judiciales del país, no existen causas penales por usurpación que involucren a personas que no sean mapuches. "Cuando hay un conflicto entre vecinos, cuando alguien discute si una franja de terreno es de uno o del otro —indica—, esas disputas se resuelven mediante cartas documento, juicios civiles, trámites de mensura. Los jueces analizan quién tiene un derecho preferente. Pero si el conflicto es con una comunidad mapuche, la causa automáticamente se traslada al fuero penal. Se los criminaliza."
Según el abogado, esa respuesta del Estado no es casual, sino que responde a intereses estratégicos y económicos. "Hay movimientos sociales que defienden la tierra, como la Asamblea del Agua o las organizaciones antimineras de Esquel —dice—, pero las comunidades mapuches están en el territorio, y eso las convierte en el enemigo directo. El Estado ha comprometido recursos y concesiones vinculadas a la extracción de uranio, el oro, las tierras raras y hasta la venta de agua a empresas como Mekorot. Y los mapuches son el obstáculo que hay que eliminar porque impiden el avance de esos intereses."
Una persecución extendida: del territorio a las redes solidarias
El ataque no se limita a las comunidades. "Se han dado cuenta de que no alcanza con perseguir a los mapuches. A diferencia de otros pueblos más vulnerables del norte, como los wichí, que no tienen la misma capacidad organizativa, las comunidades mapuches se han fortalecido, tienen redes de solidaridad. Por eso también se apunta contra esas redes: los abogados, antropólogos, profesionales y militantes que colaboran solidariamente con ellos. Hay que destruir ese tejido, porque es la herramienta que se interpone entre los intereses económicos y el territorio."
La reflexión que sobresale es que toda esa persecución parece tener un trasfondo político: un castigo por su compromiso con las comunidades originarias. Sánchez no duda: "Totalmente. Es censura y disciplinamiento. En mi caso no me pudieron disciplinar porque tengo herramientas para defenderme y el apoyo de compañeros de la Gremial de Abogados. Pero hay profesionales solidarios que, por miedo o agotamiento, deciden no involucrarse. Todos tenemos familia. Yo tengo la suerte de contar con una mujer que me apoya, pero si la familia no acompaña, es imposible resistir. Hay gente con convicciones, militantes comprometidos, que simplemente dicen: 'Hasta acá llegué'. Y eso es lo que el gobierno está atacando ahora. Hacen un trabajo muy preciso, muy eficiente y muy cruel. Están dispuestos a todo."
En ese contexto, el periodista menciona el reciente caso de la Lof Costa de Lepá, donde varias personas fueron detenidas, y le pide que lo explique. Sánchez lo define como "paradigmático", porque encarna esa doble vara judicial que denuncia.
"En esas tierras —cuenta— ni siquiera hay títulos de propiedad. Un hombre llamado Dutcher, desde Francia, le compró los derechos y acciones a alguien que decía vivir allí. Con ese papel, fue al IAC (Instituto Autárquico de Colonización), que tenía hacía años el expediente de la comunidad mapuche dividido en dos carpetas, esperando resolución. Esas tierras siguen siendo fiscales, pero el IAC le entregó la posesión a Dutcher, que acaba de llegar al país. Las comunidades llevaban más de treinta años reclamando la regularización, pero a él le bastó con un papelito para que se las adjudicaran."
Cuando los integrantes de la comunidad decidieron realizar una acción de reivindicación territorial para visibilizar la situación, la respuesta del Estado fue inmediata y desmedida. "Mandaron un ejército de policías, como si se tratara de un robo a un banco —relata—. Los detuvieron y les armaron una causa. Por suerte logramos que nadie quedara preso, pero es el mismo patrón de siempre."
Sánchez suele exponer este contraste en las audiencias judiciales. Recuerda, por ejemplo, el caso de la comunidad Winkul Lafken Mapu, en Bariloche, acusada de usurpación. "Llevé testigos y peritos que demostraron algo elemental: Bariloche fue construida sobre tomas de tierra. La ciudad creció en base a ocupaciones que luego el Estado regularizó, otorgando títulos y servicios, siempre tarde. En Neuquén ocurre lo mismo: casi todas las tierras eran fiscales, y la gente, ante la falta de planificación, ejerció su derecho constitucional a una vivienda mediante tomas organizadas. Así crecieron las ciudades. Sin embargo, ¿cuántas causas penales por usurpación existen en esos casos? Ninguna. Porque todos entienden que no se trata de un delito, sino de una respuesta social ante la necesidad."
El contraste, subraya, aparece cuando los protagonistas son mapuches. "Las circunstancias son las mismas —afirma—, pero la reacción judicial cambia. Las tierras comunitarias tienen un régimen especial: no se pueden comprar ni vender. Y, sin embargo, cuando alguien como Dutcher aparece con un papel en la mano, el Estado lo legitima, y cuando una comunidad mapuche ocupa el territorio que le pertenece, se le aplica el Código Penal. Esa es la doble vara que demuestra que la persecución no es legal: es política."
La víctima es el territorio: justicia, poder y una democracia de baja intensidad Para Luis Virgilio Sánchez, el caso Dutcher representa una inversión moral y jurídica: el supuesto denunciante es, en realidad, el responsable del delito. "Este señor Dutcher, que se presenta como víctima, es en verdad el victimario —afirma—. Las verdaderas víctimas son los mapuches, y están sentadas en el banquillo de los acusados. Porque hablamos de tierras comunitarias, que no se pueden vender ni ceder; lo prohíbe el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional."
Sánchez explica que lo que ocurrió encuadra perfectamente en una compra ilegal de tierras, prevista en el artículo 173, inciso 3, y en el artículo 179 del Código Penal, ambos referidos a defraudación. "Cuando alguien compra o vende tierras que no le pertenecen, comete un delito. Pero acá hay un agravante: intervino el Estado, a través del IAC (Instituto Autárquico de Colonización). Entonces, además, hay incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, porque el IAC no puede ignorar lo que establece la Constitución, y menos cuando en sus propios archivos figura una carpeta donde se reconoce que esas tierras deben asignarse a las comunidades mapuches."
El relato se vuelve casi absurdo cuando describe cómo avanzó la operación. "Aparece un señor desde Francia, manda un mail diciendo que compró unas tierras a alguien que las ocupaba, presenta un apoderado, y el IAC le adjudica la propiedad de inmediato. Si yo fuera fiscal y actuara con honestidad, diría: 'Acá lo grave no es la supuesta usurpación de los mapuches; lo grave es cómo el Estado le entrega tierras comunitarias a un particular extranjero'. Pero no: ellos no ven eso. Lo único que ven es la usurpación mapuche, y para eso despliegan un operativo policial descomunal, con recursos del Estado y el aval del Ministerio Público Fiscal."
Sánchez anticipa que este será un juicio emblemático, porque permitirá poner en evidencia la doble vara judicial y la promiscuidad entre el poder político, el sistema judicial y los intereses privados. "No es un caso aislado —advierte—. Es un patrón. Se repite en todas las causas donde hay comunidades originarias involucradas."
Aldo Dutcher, el protagonista de esta historia, es técnico de Quilmes y exjugador de fútbol en Francia. A partir de ahí, un oyente aporta una reflexión: que el derecho, tal como se aplica hoy, responde a los intereses de los saqueadores, y que el sistema judicial argentino sigue siendo colonial y racista.
Sánchez asiente. "Exactamente. Y eso es así porque siempre fue así. El Poder Judicial históricamente convalidó los abusos del poder. Recordemos la dictadura militar: las desapariciones, el secuestro de niños, las atrocidades documentadas en el Nunca Más. Todo eso ocurrió con la complicidad judicial. Y ese poder nunca cambió: se acomoda al gobierno de turno. El problema estructural es que los jueces son vitalicios. No digo que haya que elegirlos por voto, eso es discutible, pero al menos deberían revalidar sus cargos cada cuatro o cinco años. Que vuelvan a concursar, que compitan con otros abogados. Si sos juez y sabés que tu puesto es para toda la vida, sólo respondés ante el poder que te sostiene, no ante la sociedad."
Para Sánchez, el poder judicial se ha vuelto un obstáculo para la democracia. "No es algo nuevo, pero cada vez tenemos una democracia de menor intensidad. A veces se conquistan derechos, y después llega la reacción para quitarlos. Es un ciclo constante."
A pesar del panorama adverso, el abogado destaca un logro reciente: los detenidos del caso Costa de Lepá recuperaron la libertad, y el juez rechazó el pedido de restitución de la tierra. "Fue una pequeña victoria —reconoce—, pero significativa. Esa cláusula del Código Procesal de Chubut, que permite al fiscal pedir la restitución de la tierra, es inconstitucional. El derecho penal está para determinar si alguien cometió un delito, no para desalojar o devolver tierras. Eso es materia civil. Usar el fuero penal para eso es, justamente, criminalizar el ejercicio de derechos. Este caso lo demuestra de manera contundente."
Así, el caso Costa de Lepá no sólo expone una injusticia puntual, sino un síntoma más profundo: el uso del derecho penal como herramienta política en una democracia cada vez más frágil.
Gremios de prensa y televisión presentaron una carta abierta al bloque del peronismo en la Cámara de Diputados de la Nación, denunciando la gravísima situación que viven los trabajadores y las trabajadoras de los medios del Grupo Octubre, del empresario-sindicalista Victor Santa María, y exigiendo su renuncia al Consejo Directivo Nacional de la Confederación General del Trabajo (CGT)
Los sindicatos SATSAID (Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos), SiPreBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires), SALCo (Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores) y SUTEP (Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la República Argentina) difundieron una carta abierta dirigida al bloque de diputados y diputadas del peronismo, en la que manifestaron su "urgente solicitud" ante la "alarmante situación laboral" que atraviesan las y los trabajadores del Grupo Octubre.
Los gremios, que representan a empleados de IP Noticias, El Nueve, PáginaI12, AM 750, Radio Continental y las FM Blackie, Los 40 y Aspen, denunciaron "persecución sindical, desconocimiento de aumentos paritarios, incumplimiento de convenios colectivos, atraso en los pagos de haberes y aguinaldos, contrataciones fraudulentas, vaciamiento de áreas, tercerizaciones, retiros voluntarios y despidos".
"Esta situación que se vive en los medios es el reflejo claro del modelo empresario que se impone en esta época", señalaron los sindicatos.
Según el texto, lo más grave es que quien lleva adelante estas prácticas es Víctor Santa María, empresario y dirigente sindical, propietario del Grupo Octubre y, al mismo tiempo, secretario de Estadísticas y Registros de la CGT, en representación del sindicato de trabajadores de edificios.
"Es imposible que nuestra central esté en sintonía con las demandas del pueblo trabajador si en su conducción tenemos representantes que, en sus emprendimientos privados, cargan el ajuste sobre los hombros de sus trabajadores y trabajadoras", expresaron.
Los gremios afirmaron que en IP Noticias existe "fraude laboral mediante la contratación de monotributistas como proveedores de servicios", mientras que en El Nueve denunciaron un "proceso de vaciamiento del área de Promociones con retiros ‘voluntarios’ y despidos", reemplazados por "una agencia fantasma tercerizada que también incumple la legislación laboral".
En PáginaI12, según los gremios, "se divide la planta de trabajadores en distintas razones sociales como método para incumplir derechos", mientras que en AM 750 "no se respetan los convenios de actividad". En Radio Continental y Los 40, último medio adquirido por el empresario, sostienen que hay "pago de salarios fragmentado y deudas con los trabajadores".
Los sindicatos señalaron además que "resulta sospechoso el vaciamiento y reducción de uno de los cuatro canales de televisión abierta más importantes del país, como es elnueve, por posible interés inmobiliario en los terrenos donde se encuentra emplazado".
"En todos estos medios del Grupo, se incumplen las paritarias, atacando el modelo de negociación colectiva, en línea con la reforma laboral que promueve el gobierno", remarcaron los gremios.
Los sindicatos invitaron a los diputados y diputadas del peronismo a constatar "de primera mano" la situación y reiteraron su pedido de renuncia de Santa María al Consejo Directivo Nacional de la CGT.
"Santa María es un empresario disfrazado de sindicalista, que explota a los trabajadores y nos deshonra como central obrera. Incluso, como representante del Partido Justicialista, contradice en la práctica la doctrina peronista", afirmaron.
El comunicado concluye con un llamado a construir "una central obrera que esté a la altura de este momento histórico" y a "difundir entre más compañeros y compañeras la grave situación que estamos viviendo en los medios del Grupo Octubre".
Roberto "Tato" Iglesias, 82 años, es sociólogo y educador popular argentino, nacido en Entre Ríos y con décadas de trayectoria en San Luis. Su vida y trabajo se han desarrollado en torno a la educación popular, un enfoque que busca aprender junto a los sectores populares, desde abajo y con autonomía, inspirado en pensadores como Paulo Freire.
Es fundador e integrante de la Universidad Trashumante, un proyecto itinerante que recorre distintas provincias argentinas llevando espacios de aprendizaje colectivo, reflexión social y construcción de conocimiento desde las comunidades. Su enfoque educativo combina ideología, política y metodología, promoviendo la autonomía de los participantes y la horizontalidad en la transmisión de saberes.
Aprender desde abajo, con cercanía y autonomía
En las Señales tenemos el placer de recibirlo. Tato ha dedicado su vida a aprender junto a las comunidades, viajando por barrios y pueblos con la Universidad Trashumante, y compartiendo saberes desde abajo, con autonomía y cercanía. Con él hablamos de su nuevo libro, Memoria circular, del país que estamos siendo, donde entrelaza historias, memorias y experiencias de los sectores populares, invitándonos a reflexionar sobre quiénes somos y el país que estamos construyendo juntos.
Origen de la Memoria Circular
La idea de escribir Memoria Circular del país que estamos siendo surge de décadas de experiencia como docente universitario y de la transformación de los contextos y los alumnos a lo largo del tiempo. Iglesias recuerda cómo eran sus clases antes de la dictadura: entrar a un aula era un desafío, porque todos los chicos tenían un compromiso político activo, discutían, traían bibliografía, cuestionaban el programa.
"Era hermoso, pero exigente: había que estar preparado", dice. Siempre aparecía algún alumno con un libro nuevo, dispuesto a sumar, a expandir la mirada de todos.
Después de la dictadura, los estudiantes tenían intereses distintos. Primero, porque habían sido privados de conocer lo que realmente había sucedido: "No sabían nada, absolutamente nada —como pasa ahora también, en parte—". Y segundo, porque querían hacer, trabajar en los barrios, dar catecismo, educación popular, lo que fuera. En 1983 formaron el Centro de Educación Permanente (CEP). Iglesias aclara que no le pusieron "popular" por miedo residual a la dictadura, pero fue allí donde comenzaron a trabajar en los barrios de manera libre, antes de que los partidos políticos se asentaran y las presiones llegaran, en San Luis, de parte de los Rodríguez Saá y otros.
Más tarde fundaron Sendas para la Educación Popular, entendiendo la vida como un proceso: vivir intensamente, reflexionar, hacerlo en colectivo, transformar lo que estaba mal. Así recorrieron el país con maestros, viajando en colectivos de línea, incluso en la famosa TAC, que siempre se rompía: "Decían 'Vaya donde vaya, TAC lo lleva', y yo respondía 'Vaya donde vaya, TAC lo deja'".
La Trashumante y la educación popular
En los años 90, los alumnos eran distintos; la posmodernidad había hecho su trabajo: poco interés, poca pasión por aprender. Entonces decidieron salir de la universidad y recorrer el país. Con un colectivo prestado por la universidad, el Quirquincho —un viejo Dodge 70 que transformaron en una precaria casilla rodante— partieron a dar talleres de educación popular. Iglesias y su equipo, entre ellos su hija y la compañera Ana Masi, organizaban todo: carpetas, planificación, logística, contacto con intendentes y secretarías de cultura. Pedían apenas lo justo para la nafta y los gastos. Iglesias enseñaba educación popular, otro hacía la parte artística, y otro registraba todo, hasta que se acababa el dinero.
En 1998 recorrieron Córdoba, el norte de Santa Fe, Misiones, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, San Rafael, Neuquén, Buenos Aires y La Pampa, dando talleres en cada provincia, sobre todo en universidades. Fueron entre 30.000 y 35.000 kilómetros, y de allí surgió la Universidad Trashumante, un modo distinto de pensar la universidad, desde lo popular.
De esa experiencia nació una red de educación popular que aún perdura: en 2000 fueron de San Luis a Neuquén, hasta la Patagonia, llegando incluso a Ushuaia. Hoy hay grupos Trashumantes en Río Grande y en varias provincias. Su funcionamiento se basa en la autogestión: autonomía que no depende de partidos ni sindicatos, ni económica ni ideológicamente.
Iglesias recuerda también a los grupos autónomos del país: ambientalistas que resisten a Monsanto, la megaminería, el saqueo del litio, a todo. El libro refleja, dice, esa preocupación por los alumnos y por la sociedad: hoy, un estudiante no sabe quién fue Raúl Alfonsín, y eso tiene consecuencias graves, desde la política hasta la forma de vivir y pensar.
"Estamos viviendo con valores capitalistas, y nosotros queremos vivir —sin negar el sistema— con valores no capitalistas. Esa es nuestra opción".
La peña Trashumante y la práctica comunitaria
De la misma idea surge la autocrítica de la peña Trashumante, que se ha transformado en algo más que un espacio de encuentro: en un escenario donde trabajan compañeros y compañeras de los barrios, llevándose parte de lo producido para sus proyectos; donde hay stands de grupos críticos que resisten al capitalismo, y donde se canta, se baila y se comparte, con figuras como Raly Barrionuevo, pero también con muchos otros artistas. No buscan la fama, sino la comunidad y la práctica de sus ideas.
Así, en palabras de Iglesias, esta primera etapa del camino se resume en una breve síntesis de un largo recorrido: una vida dedicada a la educación popular, a la autonomía y al encuentro con otros que piensan y sienten lo mismo.
Memoria histórica y contexto político
El libro de Iglesias, Memoria Circular del país que estamos siendo, llega hasta 2001, y él explica por qué eligió ese corte histórico: "De 1810 hasta el 2001. Yo no soy historiador, pero me interesa mucho la historia: la he estudiado y seguido con atención, porque me apasiona analizar los contextos y las coyunturas".
Su objetivo es claro: mostrar los hechos, identificar quiénes participaron y acompañarlos siempre con una mirada crítica. El recorrido va desde los momentos clave de los siglos XVIII, XIX y XX hasta la crisis del 2001. Iglesias no duda al calificar los años de Menem: "Fue terrible. Para Javier Milei, fue el mejor gobierno de la historia; para nosotros, el peor. El que más entregó el país, un proyecto neoliberal que terminó como todos: ellos se van, y nosotros quedamos en la ruina. No hay mucho tiempo después para levantarse".
Hoy, mientras escribe el segundo tomo, que empieza en 2001 y llega hasta los días actuales, aborda el kirchnerismo, consciente de que la historia más contemporánea es la más difícil de relatar.
Reflexión sobre el presente
Sobre el presente del país, Iglesias tiene una mirada lúcida y crítica: el escenario político fragmentado, el avance de la ultraderecha, todo eso ofrece abundante material para reflexionar. Sin embargo, dice, la presentación del libro es más que un lanzamiento editorial: es un espectáculo y, a la vez, un conversatorio. Se hará en la Biblioteca Popular La Vigil, en Rosario, un lugar cargado de historia y resistencia, con música, poesía, videos y participación de los grupos Rosario Trashumante y las agrupaciones vinculadas al Pocho Lepratti. Iglesias incluso canta: "Más o menos, pero canto", bromea. Lo importante no es la performance, sino el diálogo. La premisa del conversatorio es que nadie es dueño de la verdad, y que es posible pensar libremente, expresar lo que se siente, escuchar y confrontar ideas amorosamente, incluso debatir al final si hay tiempo.
Iglesias analiza la sociedad actual con rigor y preocupación: "Argentina es impredecible. Me pasa como en la época de Menem: todos decían que no lo habían votado, y sin embargo ganaban. La sociedad está fragmentada y contradictoria".
Observa las elecciones recientes en Buenos Aires, la reacción frente al kirchnerismo y el miedo de los votantes, y concluye que el futuro es incierto, con La Libertad Avanza como propuesta visible. Pero no son los partidos políticos ni los representantes quienes representan el mayor obstáculo: "Ya no creo en la democracia representativa. Hay que construir una democracia directa, pero para eso la población tiene que despertar".
En ese despertar, Iglesias ve un papel central para la educación popular: miles de educadores saliendo a los territorios, hablando con la gente, escuchando y haciendo reflexionar. Denuncia un "analfabetismo político enorme", presente no solo en los barrios sino también en universidades y escuelas. La clave, dice, está en actuar sin partidismo político, desde el amor a la patria, a la vida y a la gente. Avanzan despacio, son pocos, pero esa es la idea que guía su trabajo, y el libro lo refleja.
Crítica a la política y la historia oficial
Al evaluar el momento histórico, Iglesias es contundente: "Estamos mal. Todos los gobiernos liberales en Argentina empiezan bien y terminan mal. Pero lo peor es que también terminamos mal nosotros, el pueblo. Nos dejan hechos polvo".
Menciona el menemismo como ejemplo devastador y critica leyes educativas que introdujeron de lleno la lógica capitalista en la educación, promoviendo competencia, producción y eficacia, mientras se oculta la realidad. Para él, la educación debe hablar de la realidad concreta, de lo que pasa, o de lo contrario nada cambiará.
Su crítica alcanza también al presente cultural impuesto por figuras como Milei, que reivindican personajes históricos responsables de masacres o injusticias, alterando la memoria histórica: Cristóbal Colón como héroe que "vino a matar salvajes" o Roca, cuya matanza de pueblos originarios está documentada, pero se omite en discursos públicos. Iglesias denuncia el poder del sistema de comunicación que impone esa versión y observa la pasividad de la sociedad: "Hace diez años, Argentina era un volcán. Hoy, silencio. Falta una protesta organizada, falta conciencia".
Por eso, insiste en la importancia de los conversatorios: invitaciones a pensar, decir lo que uno siente y escuchar a otros, incluso si no coinciden, porque solo desde el diálogo amoroso es posible construir conciencia colectiva y participación ciudadana.
Educación popular y valores
En la batalla cultural que atraviesa Argentina, Iglesias comenta un hecho reciente: Patricia Bullrich anunció que la Escuela de Cadetes volverá a llamarse Coronel Ramón Falcón, y la de Suboficiales llevará el nombre del comisario general Alberto Villar, uno de los fundadores de la Triple A. La respuesta de Iglesias es inmediata y dura: "Patricia Bullrich es inimputable. No se puede ni hablar de esa mujer, porque su vida no enseña nada. Enseña a traicionar, a cambiar, a estar siempre del lado del poder. Ese es el ejemplo que están dando".
Luego, Iglesias analiza al presidente actual: un hombre que nunca manejó el Estado y que, aunque intente mostrarse distinto, no podrá cambiar su política económica, marcada por el ajuste que le exigen Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y los poderosos de siempre. Su diagnóstico es contundente: si la sociedad no reacciona, el país podría convertirse en una colonia —si es que ya no lo es.
La crítica se extiende a la cooptación de los movimientos sociales. Iglesias recuerda que durante el menemismo surgieron casi todos los movimientos críticos: el MoCaSE, los piqueteros, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. y numerosos colectivos anticapitalistas. Los conflictos reales, dice, están en la base de la sociedad: hambre, falta de salud, de vivienda, de cloacas, de trabajo. Los conflictos de arriba, por el poder, son distintos; los de abajo, por sobrevivir. Y mientras haya gente que luche con la gente —no por la gente ni para hacer carrera política—, habrá esperanza.
Sin embargo, una política del Banco Mundial cooptó movimientos críticos, incorporándolos al Estado. Así, organizaciones como Evita, MoCaSE, o las de Juan Grabois y Barrios de Pie perdieron credibilidad y se volvieron funcionales al sistema. Iglesias destaca un ejemplo de coherencia: Norita Cortiñas, que nunca se subordinó al poder y estuvo siempre donde había conflicto.
El relato de Iglesias se vuelve pedagógico: recuperar la capacidad de pensar y actuar colectivamente implica diferenciar entre valores capitalistas y no capitalistas: "La construcción empieza por ahí: analizar los valores, reflexionar y elegir en qué valores queremos vivir".
Y, sobre todo, se trata de acción concreta: palabra y gesto, pensamiento y práctica. La educación se vuelve inútil si no está acompañada de compromiso con la gente. Iglesias recuerda su experiencia como profesor universitario: treinta años enseñando, pero con la certeza de que "si no estás en la calle con la gente, el conocimiento se vuelve estéril".
Para él, la mirada del mundo debe ser desde abajo, desde la gente, no desde el poder. Cita al obispo Jorge Casaretto: "La Iglesia tiene que estar cerca de la gente, lejos del poder" y reconoce que la política del poder es capitalista por naturaleza y no busca cambiar la historia. Iglesias cuestiona la creencia de que se puede cambiar el mundo desde dentro de las instituciones: "El sistema te come. Las instituciones te devoran, porque te obligan a aceptar sus reglas, que son capitalistas".
Reflexiona sobre el contexto que permitió los movimientos sociales: sacerdotes del Tercer Mundo, teología y filosofía de la liberación. Hoy, dice, hay quietud y esperanza ingenua, una "conciencia mágica" que espera que alguien venga a dar soluciones. También observa fenómenos contemporáneos como los evangelistas, que en muchos países latinoamericanos ya son gobierno y actúan con una estructura ligada al poder capitalista.
Iglesias concluye con una mirada sobre la sociedad: somos una sociedad domada, que asiente sin pensar, sin reflexionar, que cae en manos de políticos o evangelistas por falta de conciencia crítica. Trabajar en educación popular, afirma, es crucial: cuando la gente piensa, se reconoce y comprende sus problemas, deja de ser tan fácil de dominar. La transformación social, para Iglesias, comienza con la educación que despierta la conciencia y moviliza a la gente desde abajo.
El arte y la educación popular
El arte y la educación popular van de la mano. Roberto "Tato" Iglesias recuerda esa unión como una de las experiencias más ricas del camino trashumante: "El arte de tapa de mi libro es de Rafael Taurillo Campos, un hombre fundamental en nuestra cultura. Era santiagueño, vivía en Córdoba, muy amigo nuestro. Cuando fundamos la Trashumante, él trabajaba la parte artística y yo la de educación popular. Nos nutríamos mutuamente. Lamentablemente se murió joven, pero uno de sus hijos sigue trabajando con nosotros".
El proceso comenzó hacia 1993 o 1994. "Andábamos por todo el país y una de mis hijas, junto a una amiga, propuso hacer un taller coordinado por ellas. En ese espacio aparecieron chicos que bailaban folclore de una manera distinta, con una rebeldía que no había visto antes. Sin cambiar las formas, el fondo era otro. Esa manera de danzar me impactó: expresaban libertad. Entonces nos propusimos recorrer el mundo artístico desde la Trashumante, porque el arte tenía mucho que aportar a la educación popular, y la educación popular, al arte".
Movimiento cultural y experiencias compartidas
En esos años floreció un movimiento cultural poderoso que bajaba desde Santiago del Estero y Tucumán hacia Córdoba y La Rioja. "Fue la época de Los Compañacu, de Raly Barrionuevo, de Juan Saavedra, el bailarín de los montes. Había una energía colectiva impresionante: talleres en cooperativas, fiestas en las que trescientas personas esperaban que alguien tocara para empezar a bailar".
Una anécdota lo marcó: "Una vez detuve a un muchacho que bailaba de una forma increíble —hoy es un bailarín reconocido internacionalmente— y le pregunté por qué bailaba. Me dijo: 'Porque me gusta. Soy sodero, pero cuando termino de repartir, vengo a bailar'. Eso me hizo un clic. Me pregunté: ¿qué tiene para darle el arte a la educación popular, y la educación popular al arte?".
Así nacieron nuevas experiencias compartidas. En Córdoba conoció al Chiqui La Rosa, hoy un bailarín consagrado. "Lo vimos por primera vez en Los Quirquinchos, cuando fuimos a dar un taller. Él bailaba, pero al ver cómo trabajábamos, cambió radicalmente su forma de enseñar. Empezamos a entrelazarnos".
Iglesias cita con emoción a Raly Barrionuevo y a Peteco Carabajal: "Raly tiene muchas canciones vinculadas con la Trashumante. Y la canción de Peteco que pusiste —habla de Camino al amor— me emociona, porque refleja lo que proponemos: el encuentro permanente con la gente".
La memoria circular
"Memoria circular del país que estamos siendo" es, en palabras de Iglesias, una mirada sobre la historia argentina como un proceso que se repite. "Nuestra vida como argentinos es circular: los problemas siempre son los mismos. Alsogaray decía en los sesenta 'hay que pasar el invierno'; Menem decía 'síganme, que no los voy a defraudar'. Todos los planes de ajuste fueron contra la gente, nunca a favor. A nadie parece importarle lo que le pasa al pueblo: lo importante es tenerlo comprado".
Esa lógica —advierte— reaparece hoy con fuerza. "Lo dramático es ver a la gente de abajo votando a Milei. La mayoría de los jóvenes, que antes eran rebeldes y transformadores, hoy están adaptados. No se animan a cuestionar nada. Eso lo generó la cultura y también el sistema educativo, que se volvió cómplice. Si la educación fuera rebelde, si encendiera el pensamiento, el país sería otro".
El libro busca precisamente eso: recuperar la conciencia crítica, volver sobre la historia para entender quiénes ganan y quiénes pierden. "Después de tantos gobiernos y de haber recuperado la democracia, volver a un modelo de ajuste es un espanto. Argentina está cada vez más abajo. Lo que intento mostrar es esa decadencia, y cómo nuestros representantes, en su mayoría, se enriquecen impunemente. Casos como el de Insaurralde son apenas la punta del iceberg. Roban y siguen libres, mientras el pueblo se hunde. No es justo —dice— que veinticinco tipos vivan como dioses y millones en la pobreza".
Recuerda un ejemplo personal: "En los años sesenta, con dos trabajos —mi compañera médica y yo— pudimos comprar un departamento en Buenos Aires en cinco años y hasta un autito. Hoy eso es impensable. Les digo a mis alumnos: hablen con sus padres o abuelos, comparen. Van a ver la decadencia con sus propios ojos".
El cierre y la invitación
La presentación de Memoria circular del país que estamos siendo será el sábado 8 de noviembre, a las 18, en la Biblioteca Popular Vigil (Gaboto 450, Rosario).
"Los espero a todos —dice Tato Iglesias—. Vamos a conversar, a bailar, a pensar juntos. Porque el país que estamos siendo todavía puede cambiar, si nos animamos a hacerlo desde abajo, cerca de la gente y lejos del poder".
"Escribo desde la sinceridad absoluta, es decir, digo todo lo que pienso sobre nuestra realidad histórica, política y social. Sé que no es la verdad, sino una parte de la misma y que tiene que ver con mi mirada del mundo: desde las mayorías y desde abajo. Sinceramiento necesario principalmente con quienes compartimos el sueño grande y profundo de querer seguir haciendo este mundo más digno y amable para las mayorías postergadas desde siempre.
Decidí comenzar este libro con un recuento breve de la historia que me trajo hasta acá, que, si bien es mi historia personal, también se entrelaza con la historia social y política de nuestro país. Por eso escribo desde mi propia experiencia de vida, como educador popular y sociólogo.
Me parece interesante desandar y desentramar cómo la formación, las experiencias, las opciones individuales y las colectivas van conformando nuestras miradas sobre el mundo. Y sobre todo cómo las diferentes coyunturas históricas y políticas condicionan nuestra historia como país y modifican las miradas del mundo.
Seguido de lo anterior, propongo un breve recorrido de hechos o situaciones históricas, políticas y sociales desde 1810 hasta la fecha, que es necesario conocer para comprender nuestro destino como país.
No soy historiador. Hago mi propia interpretación de los acontecimientos, partiendo desde mi subjetividad y buscando la mayor objetividad posible, para poder dialogar, escuchar, aprender, en fin, encontrarnos con las y los que nos sentimos críticos en la palabra y en el gesto.
Estoy obligado desde mi consciencia a volver al pasado para entender el presente e imaginar el futuro. Creo que esta es una de las formas de encender la llama para cambiar el mundo". Roberto Tato Iglesias, en la contratapa de su libro "Memoria circular del país que estamos siendo"
Ganó Milei, pero en mi calle siguen los sintecho de siempre y los profesores, jubilados y médicos continúan con ingresos de miseria
Javier Milei celebraba la victoria de su partido, La Libertad Avanza, en las legislativas celebradas el 26 de octubre
Por: Leila Guerriero El 26 de octubre hubo elecciones legislativas en la Argentina. Seguí las noticias desde el aeropuerto JFK de la Corporación del Norte, gobernada por un hombre de pelo confuso que dijo que en la Argentina estamos casi muertos y que, para revivirnos, aportará 20.000 millones de su moneda local, aporte condicionado a que en estas elecciones triunfara el oficialismo que gobierna la Franquicia del Sur (los antiguos llamaban a eso “extorsión”; ahora se hace sin problemas). Al llegar a Buenos Aires supe que el oficialismo había ganado con más del 40% de los votos y derrotado al partido opositor que gobernó durante décadas (que nos dejó, hay que suponer, en la situación zombi consignada por el líder de la Corporación del Norte).
Yo, en mi condición de moribunda sudaca, había estado en la Feria del Libro Nueva York, ciudad cuya belleza me pone triste —¿qué grado de belleza se puede soportar sin compartirla con un ser querido?—, así que cuando llegué a la Franquicia del Sur me dije que, en mi ausencia, algo debía haber cambiado para que el oficialismo ganara de manera tan contundente. Pero en mi calle estaban los homeless de siempre, los profesores, jubilados, médicos y científicos continuaban con ingresos de miseria, etcétera. ¿Entonces?
Hay un poema de Adam Zagajewski: “No he escrito un solo poema / en meses. He vivido humildemente, leyendo el periódico, / reflexionando sobre el enigma del poder / y las razones de la obediencia”. Al final, el poema se arrebuja, precioso, en la más humana intimidad: “He dado largos paseos, / anhelando una sola cosa: / relámpagos, / transformación, / a ti”. Más allá de la tozudez prepotente de gobiernos anteriores, de la ferocidad matona de los actuales, queda eso: la ilusión de un acontecimiento, la esperanza de la transformación. Y vos, y tú, y usted: seres humanos que, parafraseando a Mary Oliver, hagan que todo lo que estaba roto se olvide de estar roto. Parece imposible. Quizás lo sea.
Este martes 28, Río de Janeiro vivió el operativo de seguridad más letal de su historia: la Operación Contención. El hecho expone el fracaso y la violencia estructural de la política de seguridad del Estado carioca y sume a la ciudad en un clima de terror, según denunciaron organizaciones de la sociedad civil de BrasilVecinos protestan mientras los cuerpos son alineados en la plaza São Lucas, en la favela Vila Cruzeiro, en el complejo Penha, Río de Janeiro, el 29 de octubre de 2025, tras la Operación Contención
La masacre en los complejos de favelas de Alemão y Penha, en la Zona Norte de Río, forma parte de una larga y trágica historia de asesinatos cometidos por fuerzas policiales estatales, muchas veces disfrazados de política pública. Hasta el momento, son cerca de 130 las personas asesinadas en un solo operativo, el más mortífero en la historia de Río de Janeiro.
La masiva pérdida de vidas reproduce el patrón de letalidad que caracteriza la gestión del gobernador Cláudio Castro, responsable de cuatro de las cinco operaciones más sangrientas de la historia reciente. Supera incluso sus propios récords, establecidos en Jacarezinho (2021) y Vila Cruzeiro (2022). Lo que Castro presentó como "el mayor operativo en la historia de Río" es, en realidad, una masacre perpetrada por el Estado brasileño.
El impacto político fue inmediato. En medio de un operativo policial cuestionado por su brutalidad, Cláudio Castro, cercano al bolsonarismo, se perfila como posible candidato al Senado y busca ganar visibilidad nacional de cara a las elecciones del próximo año.
En un escenario donde la derecha brasileña aún busca un liderazgo tras la inhabilitación de Jair Bolsonaro, y mientras el gobierno de Lula da Silva intenta reformar el sistema de seguridad pública sin recurrir a medidas militarizadas, la tensión entre seguridad, política y derechos humanos vuelve al centro del debate nacional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó enérgicamente el altísimo número de muertes registradas durante la Operação de Contenção, y urgió al Estado brasileño a investigar de manera pronta, diligente e independiente los hechos, considerando toda la cadena de mando, sancionar a los responsables y garantizar reparación integral a las víctimas y sus familias.
Para comprender cómo este episodio puede incidir en la campaña electoral y qué impacto tiene en la relación entre los gobiernos estaduales y el federal, en las Señales conversamos con Caio Manhanelli, consultor político internacional y miembro de la Asociación Brasileña de Consultores Políticos.
¿Cómo se explica este operativo policial en Río en este momento político? ¿Fue una respuesta de seguridad o una jugada electoral? Si vamos a lo simple, es una jugada electoral. Pero hay que contextualizarlo para no parecer que estamos dando una respuesta partidista. Río de Janeiro vive una situación de guerra desde hace décadas. El Comando Vermelho (CV) tiene unos cincuenta años: surge a mediados de los años setenta, en plena dictadura militar.
El CV se caracteriza por una estructura muy jerarquizada. Cuando un jefe muere, otro ocupa su lugar, pero a veces sin mantener el nombre original del grupo. Así, a lo largo de los años, fueron surgiendo otras facciones criminales que terminaron controlando distintas zonas de Río. Esa fue la realidad de las décadas del setenta, ochenta y noventa.
Entre los años ochenta y noventa aparece el Primeiro Comando da Capital (PCC), en São Paulo, con otra lógica: más de negocios, más de negociación que de guerra. El PCC fue ampliando su control sobre el narcotráfico en Brasil, especialmente en las fronteras con Paraguay, Bolivia y el norte de Argentina. Desde hace unos veinte años, el PCC ha extendido su influencia más allá de las fronteras brasileñas.
Pero en ese proceso también creó enemigos. Las facciones del norte y nordeste de Brasil rompieron con el PCC y adoptaron una lógica más violenta. Esas bandas se acercaron al Comando Vermelho, que comenzó a fortalecerse nuevamente, retomando influencia en el tráfico de drogas dentro de Brasil y participando también en el tráfico internacional, sobre todo en la región amazónica de la Triple Frontera de Leticia (donde confluyen Colombia, Brasil y Perú).
Mientras el PCC domina el corredor fronterizo Bolivia–Paraguay–Brasil y también parte de la conexión con Argentina, el Comando Vermelho tiene ascendencia sobre la zona de Leticia, un paso clave para el tráfico entre Perú, Colombia y Brasil por la Amazonía.
Esa nueva configuración fortaleció al Comando Vermelho, que empezó a regresar a su territorio de origen: Río de Janeiro. Allí buscó recuperar áreas que antes estaban bajo el control de las milicias.
¿Y quiénes son las milicias? También son organizaciones criminales, formadas en parte por agentes o exagentes de la policía, que combinan actividades legales e ilegales. Se sabe que las milicias han tenido vínculos con el entorno de Jair Bolsonaro y del gobernador Claudio Castro. Estas redes se financian a través de actividades criminales —incluido el tráfico de drogas— y han aportado recursos a campañas de políticos asociados con ellos.
El Comando Vermelho estaba retomando justamente esos territorios que antes controlaban las milicias. El operativo policial se desarrolló en esa zona: la región de Jacarepaguá. En la práctica, la policía utilizó la fuerza del Estado para eliminar a personas vinculadas al Comando Vermelho y limpiar el territorio, de modo que las milicias pudieran recuperar el control.
Por tanto, hay dos niveles en esta operación: uno vinculado al tráfico de drogas y otro claramente político. Claudio Castro aspira a ser candidato al Senado, y busca presentarse como "el gran cazador de bandidos", usando este discurso como bandera electoral.
Esta mañana, un periodista en Río contaba que mucha gente apoya este operativo. ¿Qué impacto tuvo la masacre, creés vos, en la opinión pública brasileña? Es verdad. Cada nueva encuesta muestra que, por lo menos entre los cariocas, la mayoría evalúa positivamente la operación. En cierto modo, la consideran "exitosa" porque ya terminó y porque ahora hay una presencia del gobierno federal en el estado.
No se trata de una intervención federal directa, pero sí de una acción coordinada: el ministro de Justicia viajó a Río y participa en una oficina especial creada para combatir el crimen, con la expectativa de capturar a "Doca", el número dos del Comando Vermelho, que era el objetivo principal del megaoperativo del martes. Ese objetivo no se logró: se mataron a unas 130 personas, pero no se detuvo a Doca.
Eso genera sospechas. Hay una percepción fuerte de que parte de esta operación sirvió para "borrar archivos", es decir, eliminar a personas que sabían demasiado sobre los vínculos entre el narcotráfico y el poder político. Así, el operativo también habría tenido la función de silenciar testigos o intermediarios incómodos.
Familiares de fallecidos junto a los cuerpos hallados tras el megaoperativo policial en la favela de Penha, en Río de Janeiro
La presencia del gobierno federal y la integración de sus equipos con la inteligencia de la policía de Río apuntan a otro frente: investigar hasta qué punto la policía local está implicada en corrupción y si el operativo excedió los límites legales. De hecho, ya hay investigaciones abiertas en Brasil sobre estos abusos.
Ahora bien, la mayor parte de la población que no vivió directamente los tiroteos ni las muertes tiende a apoyar a Claudio Castro. Lo ven como el gobernador que "mata bandidos" y restablece el orden. Existe un sentimiento social muy extendido —y muy peligroso— según el cual las víctimas "eran delincuentes", y si no lo eran, "no importa, porque eran negros y pobres". Ese es el gran reflejo racista, egoísta y clasista de buena parte de la sociedad carioca en este momento.
¿Y el papel de Lula? Porque en su momento rechazó firmar el decreto que permite la intervención del Ejército. ¿Qué lectura política tiene esa decisión? Es una cuestión compleja. Ese decreto se llama GLO, acrónimo de Garantía de Ley y Orden. Para entender la posición de Lula, hay que mirar cómo ha gestionado el tema de la seguridad pública desde que volvió al gobierno.
Primero, conviene decir algo: a Lula no le gusta hablar de seguridad pública. No es su tema. Cuando lo hace, suele relativizar, se le escapan frases fuera de contexto, y eso termina jugándole en contra. Por eso, él prefiere trabajar desde la institucionalidad, dejando que las instituciones funcionen, sin exponerse directamente.
En 2023, con mucha resistencia, Lula terminó firmando una GLO. En ese momento había una situación caótica en Río, cerca de fechas festivas y con un ambiente de tensión creciente. Finalmente se autorizó esa intervención federal temporal. La GLO establece que las Fuerzas Armadas pueden sustituir a las fuerzas estatales en determinadas zonas y durante un tiempo limitado, para garantizar la seguridad.
Pero esto tiene un costo político e institucional importante: cuando la Federación interviene la seguridad de un Estado, el mensaje implícito es que el gobernador no está cumpliendo con su función, que es incompetente para garantizar el orden público. Ese es el "recado institucional" que deja una GLO.
En 2023, esa intervención se realizó con el aval de Claudio Castro, aunque lo aceptó a regañadientes. Se delimitó claramente el territorio y el tiempo: los dos principales aeropuertos del país —Guarulhos (São Paulo) y Galeão (Río)— y los dos puertos más importantes —Santos y el de Río de Janeiro—.
El resultado fue sorprendente: un mes después, en diciembre, un jefe de milicia vinculado al Comando Vermelho se entregó sin que se disparara una sola bala. No hubo enfrentamientos ni muertes. Eso demostró que el narcotráfico puede combatirse con inteligencia, no necesariamente con violencia.
Porque, en el fondo, el narcotráfico es un negocio. Y como cualquier negocio, tiene puntos frágiles. En este caso, los puntos débiles son los canales de tránsito y exportación. Atacando esos eslabones —a través de operaciones financieras, de inteligencia y control logístico— se puede desarticular el sistema.
En 2025 se hizo algo similar en São Paulo: un megaoperativo que incautó más de un billón de reales al PCC (Primeiro Comando da Capital), sin disparar un solo tiro. Nadie murió, pero sí se desmanteló una estructura económica del crimen.
En cambio, Claudio Castro no quiere una intervención federal en Río, porque implicaría admitir su fracaso. Y Lula tampoco quiere imponerla, porque no es políticamente conveniente. Para ambos, mantener la situación actual es útil: Lula puede seguir diciendo "esta es la forma equivocada de hacer seguridad pública", y Castro puede sostener que "todo está bajo control".
En ese equilibrio, institucionalmente sale mejor parado el gobierno federal, porque no está obligado a intervenir mientras el gobernador —que es el responsable legal de la seguridad— no lo solicite. Ese es el escenario actual: una tensión política donde cada actor preserva su discurso, aunque la violencia siga cobrando vidas.
¿Cómo creés que sigue todo esto? Hay dos líneas principales de desarrollo a partir de ahora. La primera tiene que ver con el ámbito judicial. La Corte Suprema brasileña quiere realizar una evaluación minuciosa del megaoperativo, sobre todo en lo relativo a los excesos cometidos. Hay denuncias de desfiguración de cuerpos para demorar su identificación, lo que ya constituye una violación grave de derechos humanos. Y cuando algunos dicen "¿derechos humanos para bandidos?", la respuesta es que no se trata solo de eso: también hablamos de los derechos de las personas que viven en esas comunidades, de quienes iban a trabajar o volvían a sus casas y quedaron atrapados en medio de un operativo pirotécnico, más pensado como espectáculo que como acción de seguridad.
El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, ordenó que el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, preste declaraciones sobre la operación policial que dejó más de un centenar de muertos y que tenía como objetivo al Comando Vermelho. Además, exigió que la policía estatal adopte mecanismos que reduzcan la letalidad de sus intervenciones.
¿Por qué? Porque desde que Claudio Castro asumió el gobierno, en 2021, las operaciones policiales en Río se caracterizan por un nivel altísimo de muertes. Cada vez que la policía sube al morro, hay muertos: diez, veinte, y esta vez fueron más de ciento treinta. Es un patrón de violencia que ya había motivado acciones judiciales previas.
Por eso, el Supremo quiere saber si el pedido de ajuste de conducta impuesto a la policía carioca —que buscaba reducir la letalidad en sus operaciones— fue violado. Si se confirma, Claudio Castro podría enfrentar sanciones políticas, incluso la pérdida de derechos políticos por incumplimiento de una orden judicial. Esa es una línea: la del control institucional y la responsabilidad del gobernador.
La segunda línea es la del Ejecutivo federal. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, está montando una oficina especial en conjunto con la inteligencia de la Policía Federal para dar seguimiento a la situación en Río. La idea es coordinar acciones y diseñar estrategias que reduzcan la violencia policial, apostando a métodos de investigación e inteligencia más sofisticados, menos letales y más eficientes.
El caso abre dos frentes: uno judicial, que puede tener consecuencias políticas para el gobierno de Río, y otro federal, que busca sentar las bases de un nuevo modelo de seguridad pública en Brasil, más racional y menos basado en la lógica de la guerra.
En el marco del Festival Internacional de Artes Escénicas El Cruce, se presenta el estreno de La poesía está en las calles, una obra de danza contemporánea de creación colectiva dirigida por Virginia Tutolomondo. La propuesta, que reúne a quince artistas de distintas disciplinas, invita a pensar el arte como una herramienta de memoria activa y transformación social.
El Festival El Cruce celebra su vigésima cuarta edición en Rosario y se consolida como uno de los espacios históricos más importantes para las artes escénicas contemporáneas de la ciudad. Tutolomondo ha sido parte del festival en casi todas sus ediciones, ya sea presentando sus trabajos, asistiendo como espectadora o participando de los talleres que allí se dictan. Este año, la artista y su equipo estrenan su nueva obra, que forma parte de la programación junto a producciones locales y de otras provincias.
El estreno tendrá lugar en el Gran Salón de Plataforma Lavardén, en el quinto piso, a las 21 horas. La poesía está en las calles es el resultado de un proceso de creación colectiva que comenzó hace un año y medio. Participan once intérpretes en escena y un equipo ampliado que alcanza a quince personas, entre músicos, diseñadores y colaboradores técnicos.
Como contó Tutolomondo en Señales, la obra surgió del deseo de generar un espacio común entre artistas de distintos lenguajes —la danza contemporánea, el teatro y las artes circenses—. Desde una dinámica de trabajo horizontal, cada intérprete fue tejiendo sus propios materiales, en un diálogo continuo entre el cuerpo, la mirada y el pensamiento.
Las inspiraciones que dieron origen a La poesía está en las calles surgen de la organización de movimientos sociales, las luchas históricas y los activismos actuales. Desde el mayo francés hasta las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, pasando por las oleadas feministas, los cacerolazos del 2001 y las juventudes militantes de distintas épocas, el equipo tomó esas memorias colectivas como punto de partida para la creación de imágenes poéticas. Sin embargo, no se trata de una obra con una narrativa lineal o representativa, sino de un entramado sensible de escenas que convoca al espectador a construir su propio sentido.
"La poesía está en las calles sostiene la vigencia del arte como herramienta de memoria activa, de pensamiento disidente y de transformación colectiva", resume Tutolomondo.
La música original fue compuesta por Jorge Capriotti junto a la banda El Hombre Invisible. A partir del diálogo entre el movimiento, la danza y el sonido, fueron surgiendo los climas y las atmósferas que sostienen la dramaturgia escénica. El diseño visual, la iluminación, el vestuario y las proyecciones fueron desarrollados junto a Karina Scherza y María Celeste Toledo, completando una estética que combina lo plástico, lo poético y lo político.
La directora destaca que se trata de un trabajo sostenido colectivamente, donde la mayoría de los integrantes no perciben honorarios por su labor: "Lo hacemos por el impulso de crear, por la convicción de que hacer arte de manera colectiva ya es, en sí mismo, un espacio de resistencia en los tiempos que corren". El proyecto contó con el apoyo de Espacio Santafesino, que permitió cubrir parte de la producción, aunque el principal motor fue la voluntad y el compromiso del grupo.
Además del estreno en El Cruce, la obra tendrá nuevas funciones: el 14 de noviembre en el Teatro La Vigil, el 6 de diciembre en el Teatro del Rayo y, el próximo año, el 21 de marzo en la Escuela Municipal de Artes Urbanas (EMAU), en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar. Todas las presentaciones ofrecerán entradas accesibles, con descuentos y promociones para estudiantes y jubilados.
El elenco de La poesía está en las calles está integrado por Albertina Andrés, Carolina Bonel, Daniel Cabral, Ema Docampo, Malena Mattos, Matilda Micol, Naiara Pace, Jotta Scusolin, Fabrizio Sosa, Florencia Tonello y Magdalena Torno. La producción general estuvo a cargo de Malena Mattos y Magdalena Torno, mientras que el diseño gráfico, la fotografía y el video fueron realizados por Francisco Castillo y Emiliano Galván.
"La obra es el resultado de un trabajo lleno de amor, cuerpo y pensamiento —concluye Tutolomondo—. Es una invitación a habitar la memoria desde el movimiento y a pensar la danza como una forma de resistencia poética".
Por: Joe Otterson, Michael Schneider Paramount ha iniciado su primera gran ronda de despidos después de la fusión de la compañía con Skydance, y el régimen de David Ellison ha reducido a varios ejecutivos en sus divisiones de televisión. Las redes lineales de transmisión y cable de Paramount se vieron duramente afectadas, con los departamentos de marketing, comunicaciones / relaciones públicas, asuntos comerciales y programación, todos viendo importantes recortes en el personal.
Variety ha confirmado que los recortes han impactado a Teri Fleming, vicepresidente ejecutivo y jefe de marketing de Paramount Global Content Distribution. Múltiples ejecutivos en el departamento actual de CBS Entertainment también han sido despedidos. Entre ellos se encuentran Pamela Soper y Amanda Palley, ambas vicepresidentes senior de programación actual.
En comunicaciones / PR, el equipo de Nueva York de CBS fue duramente golpeado; entre los que salen están el vicepresidente de comunicaciones de entretenimiento. En otro lugar, la vicepresidenta senior de comunicaciones de CBS Media Ventures, Leslie Ryan, ha sido despedida, al igual que Jennifer Weingroff, vicepresidenta senior de comunicaciones de Paramount Global Content Distribution.
En streaming, el vicepresidente ejecutivo de programación de Paramount+, Jeff Grossman, fue despedido, al igual que Patricia Kollappallil, vicepresidenta senior de comunicaciones corporativas del streamer.
Las redes de cable dentro de Paramount también han sido duramente golpeadas. MTV, que ya era una cáscara de la potencia que una vez fue, ha visto una variedad de despidos dentro de sus equipos de comunicaciones y talento. Wendy Plaut, vicepresidenta senior y jefa de música y talento de celebridades en MTV, ahora se ha ido. Del mismo modo, Amanda Culkowski, vicepresidenta de desarrollo de programas musicales y documentales para MTV/Paramount+, está fuera.
Amanda Culkowski, vicepresidenta de desarrollo de programas de música y documentales en MTV/Paramount +, también se ve afectada, al igual que Margaret Comeaux en CMT. Comeaux se desempeñó recientemente como vicepresidente senior de eventos musicales y producción en la red de música country.
Los recortes en redes como MTV y CMT se producen a medida que Paramount continúa poniendo fin a una división de talento una vez vibrante, cuando esas redes estaban mucho más centradas en la producción de series musicales originales.
Como Variety informó anteriormente, CBS News vio alrededor de 100 despidos, que incluyeron el cierre de la oficina de CBS News en Johannesburgo, Sudáfrica. La división también está reduciendo algunas de sus unidades al tiempo que cancela algunos de sus programas, incluidos los programas complementarios de transmisión a "CBS Evening News" y "CBS Mornings". El programa de CBS News para el sábado por la mañana también ha sido destripado en gran medida.
Alrededor de 1.000 empleados se vieron afectados por esta ronda de despidos, con otra ronda de aproximadamente 1.000 esperadas en las próximas semanas. Se cree que ese segundo lote está más centrado en las operaciones internacionales, ya que los despidos del miércoles cortan muchas de las operaciones domésticas de Paramount Skydance hasta los huesos.
"Es un baño de sangre", dijo un ejecutivo de Paramount Skydance a Variety el miércoles. "No sé quién se va a dejar para hacer el trabajo".
A medida que avanzaba el miércoles, todavía había mucho que no estaba claro en términos de cómo el personal restante podría ser reasignado alrededor de la compañía. Se espera que se elaboren nuevas estructuras organizativas en las próximas semanas dentro de las operaciones de televisión lineal y de transmisión de Paramount Skydance.
El presidente y CEO de Paramount Skydance, Ellison, envió un memorando al personal el miércoles con respecto a los despidos, que decían en parte: "En algunas áreas, estamos abordando los despidos que han surgido en toda la organización. En otros, estamos eliminando gradualmente los roles que ya no están alineados con nuestras prioridades en evolución y la nueva estructura diseñada para fortalecer nuestro enfoque en el crecimiento. En última instancia, estos pasos son necesarios para posicionar a Paramount para el éxito a largo plazo".
David Ellison
Memorándum de Ellison a los empleados de Paramount sobre los recortes de personal:
Estimados/as:
Cuando lanzamos la nueva Paramount en agosto, dejamos claro que construir una compañía sólida y con visión de futuro requeriría cambios significativos, incluyendo la reestructuración de la organización. Como parte de ese proceso, también debemos reducir nuestra plantilla, y reconocemos que estas medidas afectan a nuestro activo más importante: nuestra gente.
Queremos ser lo más transparentes y directos posible sobre los motivos de estos cambios. En algunas áreas, estamos abordando las redundancias que han surgido en toda la organización. En otras, estamos eliminando gradualmente puestos que ya no se alinean con nuestras prioridades en constante evolución ni con la nueva estructura diseñada para fortalecer nuestro enfoque en el crecimiento. En definitiva, estas medidas son necesarias para posicionar a Paramount para el éxito a largo plazo.
Dicho esto, hoy comenzamos el difícil proceso de informar a los miembros del equipo afectados en toda la compañía. Estas decisiones nunca se toman a la ligera, especialmente dado su impacto en nuestros compañeros que han realizado contribuciones significativas a la empresa. Por ello, nos comprometemos a apoyar a todos los empleados durante esta transición. Los miembros de nuestro equipo de Recursos Humanos trabajarán en estrecha colaboración con los líderes de las unidades de negocio para compartir información detallada sobre los beneficios y los servicios de transición. Si tienen alguna pregunta adicional, pueden dirigirse a [Recursos Humanos].
Les agradecemos profundamente su dedicación, profesionalismo y resiliencia durante este período de transición. Seguimos confiando en que lo mejor está por venir para Paramount y nos comprometemos a construir una base sólida para el futuro.
