La frase fue pronunciada en un escenario político, ante un auditorio afín al Gobierno, pero sus consecuencias desbordaron rápidamente ese ámbito. Durante la cena anual de la Fundación Faro, el presidente Javier Milei volvió a arremeter contra periodistas que investigaron el caso de la criptomoneda $LIBRA y afirmó que quienes consideraba responsables de atacarlo eran unos "hijos de puta" que "se tienen que quemar en la hoguera". La expresión, acompañada de otras descalificaciones, provocó una nueva ola de rechazos y reabrió una discusión de fondo sobre la violencia verbal desde el poder, la libertad de expresión y la calidad de la democracia argentina.
Las reacciones de las organizaciones periodísticas adquirieron especial relevancia por la coincidencia de sus advertencias. La Academia Nacional de Periodismo puso el foco en la acumulación de agravios y en la gravedad de la referencia a la hoguera; el Foro de Periodismo Argentino (FoPeA) denunció una escalada en la hostilidad presidencial contra la prensa; y el Sindicato de Prensa Rosario (SPR) reclamó poner un freno a las agresiones y defender la libertad de expresión. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (AdEPA), por su parte, recordó que las diferencias deben resolverse mediante argumentos y no con insultos.
Los cuestionamientos también llegaron desde distintos espacios políticos. La Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente Renovador repudiaron las declaraciones, mientras que Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, tomó distancia de la frase utilizada por Milei y sostuvo que las críticas deben responderse con argumentos.
La coincidencia entre estos pronunciamientos no elimina las diferencias políticas entre sus emisores, pero sitúa la controversia en un terreno que excede el enfrentamiento entre el Gobierno y determinados medios: las consecuencias de los ataques desde el poder sobre quienes investigan, informan y cuestionan a las autoridades.
La Academia Nacional de Periodismo: 862 expresiones y una amenaza de muerte
Bajo el título "La violencia institucional afecta a la democracia", la Academia Nacional de Periodismo difundió una solicitada en la que contabilizó 862 expresiones y publicaciones dirigidas contra periodistas entre enero y octubre de 2026. El registro reúne insultos del mandatario y contenidos de terceros que compartió en sus redes sociales.
La recopilación incluye calificativos como "operadores", "mentirosos", "basuras", "ensobrados", "corruptos", "sicarios" y "delincuentes". La entidad advirtió que, a la sucesión de agravios, se sumó una amenaza de muerte, en referencia a la expresión pronunciada durante el acto de la Fundación Faro.
El planteo de la Academia busca mostrar que el episodio no constituye un hecho aislado, sino que se inscribe en una dinámica de confrontación sostenida. La preocupación apunta al peso específico que adquieren las palabras cuando provienen de quien ocupa la Presidencia y a sus posibles consecuencias sobre el ejercicio profesional del periodismo.
La discusión no supone que las críticas de un presidente a una cobertura periodística sean ilegítimas por definición. El problema aparece cuando la respuesta abandona la discusión sobre los hechos y se convierte en una descalificación reiterada de las personas, especialmente cuando incluye imágenes de castigo físico contra quienes son señalados por su trabajo.
El Sindicato de Prensa Rosario: "La libertad de expresión no se negocia"
El comunicado de la organización comienza con una pregunta que atraviesa todo el pronunciamiento: "¿Hasta cuándo seguirá la violenta escalada del presidente Javier Milei contra las y los periodistas con insultos y amenazas por difundir información que lo molesta?".
El sindicato extiende luego el interrogante más allá de la actividad periodística y advierte sobre las consecuencias de normalizar acciones que, según expresa, ofenden la integridad de periodistas, artistas, opositores y referentes sociales.
"¿Hasta cuándo se seguirán naturalizando acciones que ofenden a la integridad no sólo de periodistas, sino de artistas, opositores, referentes sociales?", plantea el texto.
El SPR también interpela a la oposición legislativa por su respuesta ante los ataques presidenciales y por la responsabilidad de los representantes parlamentarios frente a un clima de confrontación que, según advierte, repercute sobre el conjunto de la sociedad.
"¿Hasta cuándo la oposición legislativa tolerará tantos ataques que se derraman sobre nuestra sociedad convirtiendo la convivencia en un estar peligroso?", cuestiona el comunicado.
La declaración concluye con un llamado explícito a la movilización cívica y a la defensa de los derechos democráticos: "Digamos basta. Plantemos bandera de dignidad, opongamos resistencia a la violencia estatal, defendamos en serio la democracia. La libertad de expresión no se negocia".
El pronunciamiento introduce una dimensión sindical y social en el debate. Para el gremio, el problema no se limita a los agravios contra profesionales concretos ni a la relación entre el Presidente y las empresas periodísticas: involucra el clima en el que se desarrollan las expresiones críticas y la posibilidad de que la hostilidad se extienda a otros sectores de la vida pública.
FoPeA: "El Estado tiene la obligación de proteger a los periodistas, no de convertirlos en blanco"
El Foro de Periodismo Argentino advirtió sobre una "escalada sin precedentes" en el discurso de Milei contra periodistas. Su pronunciamiento puso especial énfasis en la identificación pública de profesionales y en el contexto en el que el Presidente utilizó la expresión de la hoguera.
FoPeA señaló que, durante la cena de la Fundación Faro, el mandatario mencionó por sus nombres a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosin y Luis Novaresio. Inmediatamente después, pronunció la frase sobre la falta de piedad hacia quienes calificó de "hijos de puta" y afirmó que debían quemarse en la hoguera.
Para la organización, el señalamiento individualizado, seguido de expresiones que evocan un castigo violento, representa un salto cualitativo en la hostilidad oficial hacia la prensa.
"Más allá de la intención que se le atribuya, ese lenguaje legitima la violencia contra quienes informan y expone a los colegas señalados a riesgos concretos frente a terceros", advirtió FoPeA. Y formuló una definición central sobre las responsabilidades estatales: "El Estado tiene la obligación de proteger a los periodistas, no de convertirlos en blanco".
La entidad también cuestionó las acusaciones de Milei contra los profesionales que cubrieron el caso $LIBRA. Horas antes de su discurso, tras conocerse su sobreseimiento en la causa, el Presidente había calificado a esos periodistas de "ensobrados, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones" en su cuenta oficial de X. En el mismo mensaje extendió sus descalificaciones a otros profesionales y acusó al Grupo La Nación de haber utilizado el caso para presionar al Gobierno.
FoPeA consideró especialmente grave atribuir la recepción de pagos ilegítimos a periodistas identificados sin presentar pruebas que respalden esa acusación. El señalamiento adquiere otra dimensión cuando procede de la máxima autoridad del país, por su capacidad de amplificación y por la repercusión que puede generar entre sus seguidores.
El foro aclaró, además, que respeta las decisiones judiciales y no se pronuncia sobre el fondo del expediente. Sin embargo, sostuvo que el sobreseimiento de los investigados no convierte automáticamente en falsa la cobertura periodística de una causa que durante más de un año y medio involucró al Presidente, a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a otros funcionarios y particulares.
Informar sobre una investigación judicial de interés público, señaló la entidad, constituye un ejercicio legítimo del periodismo y no puede ser descalificado como una operación por el solo hecho de que sus resultados no coincidan con la posición del Gobierno.
FoPeA también enumeró otros episodios de octubre en los que Milei insultó o descalificó a periodistas, entre ellos María Eugenia Duffard, Jesica Bossi, Fernán Saguier, Joaquín Morales Solá, Jorge Liotti, Pagni y Novaresio. Sumó la descalificación dirigida a la periodista española Julia Molina durante una actividad en Madrid.
A partir de esa secuencia, la organización convocó a dirigentes políticos de todos los sectores, legisladores e instituciones de la República a pronunciarse sin ambigüedades. Su advertencia fue que el silencio también puede contribuir a naturalizar la hostilidad contra la prensa.
El foro expresó su solidaridad con los periodistas señalados y reclamó al Presidente que cese de inmediato la estigmatización. "La libertad de prensa no es un privilegio del sector, sino una garantía para toda la ciudadanía", sostuvo.
AdEPA: las críticas deben responderse con argumentos
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas también rechazó los agravios pronunciados durante la cena de la Fundación Faro. Su declaración puso el acento en la necesidad de preservar un debate público en el que las discrepancias se tramiten mediante argumentos y refutaciones.
"La réplica, la refutación y la aclaración nunca deberían ser reemplazadas por el insulto y el agravio en una sociedad democrática que tolera el disenso y la crítica", expresó AdEPA.
La entidad estableció así una distinción entre discutir el contenido de una investigación y descalificar a quienes la realizan. Un funcionario puede cuestionar una publicación, refutar datos o responder a una denuncia, pero esa discusión requiere argumentos y no debería convertirse en una sucesión de ataques personales.
La advertencia resulta especialmente significativa en una controversia originada por una investigación judicial de interés público. La decisión de sobreseer a un funcionario no elimina el derecho de los medios a examinar sus actuaciones, del mismo modo que la cobertura periodística no exime a los medios de verificar sus afirmaciones y rectificar eventuales errores.
Amnistía Internacional llevará los ataques ante la CIDH y la ONU
La escalada de hostilidad contra la prensa también motivó la intervención de Amnistía Internacional, que anunció que denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los nuevos ataques de Javier Milei contra periodistas que cubrieron el caso $LIBRA. La organización advirtió que las expresiones presidenciales no pueden reducirse a una disputa entre el mandatario y determinados profesionales, porque involucran las condiciones para ejercer la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a acceder a información de interés público.
Durante su discurso en la Fundación Faro, Milei señaló por sus nombres a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosin y Luis Novaresio, a quienes calificó de "ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones". Luego afirmó que "los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta". Para Amnistía Internacional, la combinación de señalamientos individualizados, descalificaciones y referencias a una violencia extrema profundiza un clima de intimidación hacia quienes investigan y cuestionan al poder.
"Cuando el presidente señala públicamente a periodistas y utiliza imágenes de violencia para referirse a quienes cuestionan su gestión, contribuye a generar un clima de intimidación que puede habilitar nuevas agresiones", sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. La organización remarcó que la investidura presidencial implica una responsabilidad especial en la protección de la prensa y en la preservación de un debate democrático en el que las críticas puedan expresarse sin hostigamiento.
La advertencia se apoya, además, en un contexto de deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo. Según el Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA, durante 2025 se registraron 278 ataques contra periodistas, un 55% más que el año anterior y la cifra más alta desde el inicio del relevamiento, en 2008. El informe atribuyó a Milei 119 de esos hechos y contabilizó también 139 casos de discursos estigmatizantes, 20 demandas contra periodistas y 28 restricciones de acceso a la información.
La preocupación por la situación argentina ya había llegado a la CIDH. El 19 de noviembre de 2025, Amnistía Internacional participó junto con organizaciones de derechos humanos, entidades periodísticas y sindicatos de prensa en una audiencia en la que se denunciaron agresiones, violencia en línea, acoso judicial y ataques durante la cobertura de protestas. Según la organización, la Comisión solicitó al Estado información sobre las medidas de prevención y protección y manifestó interés en realizar una visita al país.
Amnistía Internacional sostiene que las autoridades deben prevenir la violencia contra periodistas y evitar discursos que aumenten los riesgos para quienes informan, incluso cuando sus investigaciones resulten críticas o incómodas para el Gobierno. El hostigamiento, advierte, puede producir un efecto que excede a las personas directamente señaladas: desalentar nuevas investigaciones, favorecer la autocensura y restringir la circulación de información relevante para el control democrático del poder.
La decisión de llevar los episodios ante organismos internacionales amplía el alcance de la controversia. Ya no se trata solamente de las respuestas que generan los insultos presidenciales dentro del sistema político y periodístico argentino, sino también de las obligaciones del Estado en materia de libertad de expresión y de las garantías que debe ofrecer a quienes investigan e informan sobre la actuación de sus autoridades.
Las declaraciones de Milei también provocaron cuestionamientos en el ámbito político. La presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, defendió el derecho del mandatario a responder a las críticas, pero cuestionó el lenguaje utilizado.
"Las críticas se responden con argumentos", sostuvo. Y agregó que la referencia a quemar periodistas en la hoguera era una expresión "muy fuerte" y "muy dura", que cruzaba un límite en la discusión pública.
Bullrich recordó que quienes ejercen funciones de gobierno deben aceptar el escrutinio de la prensa: "Defender la libertad también es respetar a los que nos cuestionan. El poder siempre está bajo escrutinio".
La Unión Cívica Radical, por su parte, consideró que el mandatario había "pasado todos los límites" y sostuvo que los agravios presidenciales no pueden naturalizarse. El Frente Renovador recordó que la recuperación de la democracia implicó dejar atrás la persecución, la violencia política y la intolerancia.
También se expresaron referentes del PRO, entre ellos María Eugenia Vidal, quien afirmó que la libertad no se defiende desde una hoguera, sino con respeto y coherencia.
Las reacciones exhibieron un cuestionamiento que no quedó restringido a un único espacio opositor. Incluso dentro del oficialismo hubo una diferenciación entre la posibilidad de contestar a los periodistas y el uso de expresiones que evocan la violencia física.
El caso $LIBRA, detrás de la embestida presidencial
El detonante inmediato de las declaraciones fue la causa $LIBRA, la controversia que estalló el 14 de febrero de 2025, cuando Milei promocionó en su cuenta de X una criptomoneda vinculada con un proyecto privado que se presentaba como una iniciativa para financiar emprendimientos.
Después de la publicación presidencial, el valor del activo subió y luego se desplomó, con pérdidas para inversores y ganancias para algunas billeteras vinculadas al proyecto. El episodio dio lugar a denuncias y a una investigación sobre la operatoria, las relaciones entre sus promotores y el alcance de la intervención presidencial.
Entre los aspectos examinados estuvieron los contactos con el empresario estadounidense Hayden Mark Davis y las comunicaciones relacionadas con Mauricio Novelli. También se investigaron sospechas sobre posibles pagos indebidos y eventuales vínculos con funcionarios del entorno presidencial.
Según los antecedentes judiciales citados para esta nota, el 23 de octubre de 2026 el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Javier Milei, a Karina Milei y a otros investigados, luego de que el fiscal Eduardo Taiano solicitara el cierre de la causa. La resolución consideró que los hechos denunciados no encuadraban en los delitos investigados y que no se había acreditado un engaño concreto que permitiera configurar una estafa.
El sobreseimiento debe distinguirse tanto de las denuncias formuladas durante la investigación como de las preguntas políticas que el episodio dejó abiertas. Las sospechas no pueden presentarse como delitos probados, pero la decisión judicial tampoco vuelve ilegítimo el trabajo periodístico que examinó la promoción de la criptomoneda y sus consecuencias.
Ese es uno de los puntos centrales del enfrentamiento: los ataques presidenciales se dirigieron contra profesionales que cubrieron un asunto de interés público que involucró al propio jefe de Estado. La discusión no se limita, por tanto, a cómo Milei interpreta el resultado judicial, sino también al modo en que responde a quienes investigaron y difundieron información sobre el caso.
Del desacuerdo a la estigmatización
La violencia verbal en la política no se mide únicamente por la dureza de una palabra. También importan la reiteración de los ataques, la identificación de sus destinatarios, el contexto en que se pronuncian y la posición institucional de quien los emite.
Cuando un presidente presenta a periodistas críticos como "ensobrados", "mercenarios" o "sicarios", desplaza la discusión desde el contenido de sus investigaciones hacia la supuesta ilegitimidad de quienes las producen. Si, además, los identifica públicamente y emplea expresiones asociadas con un castigo físico, la controversia adquiere una dimensión adicional.
Esto no significa que toda crítica presidencial constituya una amenaza concreta ni permite afirmar, sin evidencia, que cada mensaje vaya a derivar en una agresión física. Pero sí explica por qué las organizaciones periodísticas advierten sobre los riesgos de legitimar la hostilidad contra profesionales identificados por su trabajo.
Las redes sociales contribuyen a amplificar esa dinámica. Los mensajes más agresivos pueden concentrar la atención, profundizar la polarización y trasladar la discusión desde los datos de una investigación hacia la confrontación entre grupos políticos. El resultado es que la controversia original corre el riesgo de quedar desplazada por una disputa sobre la legitimidad de quienes informan.
El desafío democrático no consiste en eliminar la confrontación política ni en exigir que los funcionarios renuncien a defenderse. Consiste en preservar la diferencia entre la refutación y la intimidación, entre la crítica a una publicación y la deshumanización de sus autores.
Una discusión que excede al periodismo
La cuestión de fondo es cómo impedir que la agresión se convierta en una forma habitual de comunicación entre el poder y quienes lo fiscalizan. La libertad de prensa no depende de que una investigación concluya con una condena judicial ni de que una cobertura resulte favorable a las autoridades. Depende de que los periodistas puedan investigar, preguntar y publicar información de interés público sin que el desacuerdo se transforme en intimidación.
La controversia abierta por Milei deja una pregunta que atraviesa todos los comunicados: qué condiciones necesita una democracia para que quienes investigan al poder puedan ejercer su tarea sin convertirse en destinatarios de campañas de hostilidad.
La controversia abierta por Milei deja una pregunta que atraviesa todos los comunicados: qué condiciones necesita una democracia para que quienes investigan al poder puedan ejercer su tarea sin convertirse en destinatarios de campañas de hostilidad.
El Presidente tiene derecho a defenderse, cuestionar una investigación y contestar a sus críticos. Ese derecho no elimina su responsabilidad por las palabras que elige ni vuelve irrelevantes las consecuencias de sus expresiones.
La libertad de prensa no consiste en que los periodistas estén de acuerdo con el Gobierno. Consiste, precisamente, en que puedan investigarlo, cuestionarlo y publicar información de interés público. Cuando la confrontación desde la Presidencia incorpora insultos y referencias a la violencia física, la defensa de esa libertad deja de ser una cuestión exclusivamente sectorial y pasa a involucrar al conjunto de la sociedad.
La libertad de prensa no consiste en que los periodistas estén de acuerdo con el Gobierno. Consiste, precisamente, en que puedan investigarlo, cuestionarlo y publicar información de interés público. Cuando la confrontación desde la Presidencia incorpora insultos y referencias a la violencia física, la defensa de esa libertad deja de ser una cuestión exclusivamente sectorial y pasa a involucrar al conjunto de la sociedad.
