Militancia, Estado y derechos conquistados
Militante feminista desde el retorno de la democracia, participó activamente en la construcción de la agenda de derechos de las mujeres y en espacios pioneros del movimiento en Rosario. Durante su paso por la Cámara de Diputados de Santa Fe, promovió iniciativas orientadas a la protección de derechos, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Impulsó proyectos para transparentar los sistemas de adopción y combatir redes ilegales vinculadas a la niñez, y tuvo un rol activo en el debate sobre trata de personas y explotación sexual, reclamando políticas más eficaces de prevención y acompañamiento. También trabajó en propuestas para revisar normativas que habilitaban prácticas arbitrarias, con una mirada centrada en los derechos humanos. En la actualidad, integra la Asamblea lesbotransfeminista de Rosario.
La escena: una preocupación urgente
Lejos del ritmo áspero de la política institucional, Lucrecia Aranda vuelve a hablar. No desde una banca ni desde un cargo, sino desde el estudio de Aire Libre, Radio Comunitaria, donde su voz conserva la misma firmeza que atravesó décadas de militancia. Llega puntual, saluda con calidez y, antes de que la conversación avance, deja escapar una ironía: la presentación —dice— la hace sentir “un poco vieja”. Sonríe. No hay nostalgia en el gesto, sino una forma de marcar distancia.
Hace tiempo que se corrió de los espacios formales de poder, pero no del debate público. Hay temas que, para ella, no admiten retiro. Esta vez, el disparador es lo que define como una amenaza concreta: la instalación de discursos que ponen en duda las denuncias de abuso sexual en infancias y adolescencias. Habla de un clima que se enrarece, de una narrativa que gana terreno y que —advierte— no es inocente.
Desde ese lugar, Aranda vuelve a intervenir. Y lo hace con una certeza que no se ha movido con los años: cuando se debilita la palabra de quienes denuncian, lo que está en juego no es sólo una discusión pública, sino la posibilidad misma de que esos abusos salgan a la luz.
El foco en las denuncias falsas
Desde ese lugar, explica el motivo de su reciente posicionamiento público: una preocupación creciente por lo que define como una ofensiva discursiva contra las denuncias de abuso sexual en infancias y adolescencias. Señala que, en los últimos días, distintos medios de comunicación de Rosario, de la provincia y del país han instalado la idea de una supuesta "catarata" de denuncias falsas. Según describe, esa narrativa presenta a "mujeres malvadas que persiguen a pobres padres alejados de sus hijos", una construcción que considera falaz y deliberada.
Aranda sostiene que se trata de una operación para influir en la opinión pública y la vincula directamente con una iniciativa legislativa impulsada por la senadora Carolina Losada. Ese proyecto, explica, propone aumentar las penas para el delito de falsa denuncia cuando esté relacionado con casos de abuso sexual infantil, violación u otros delitos denunciados por mujeres, niñas, niños y adolescentes. Subraya que el delito de falsa denuncia ya existe en el Código Penal, y que la propuesta busca endurecer las sanciones en un terreno particularmente sensible.
Subdenuncia: el verdadero problema
Aranda sostiene que se trata de una operación para influir en la opinión pública y la vincula directamente con una iniciativa legislativa impulsada por la senadora Carolina Losada. Ese proyecto, explica, propone aumentar las penas para el delito de falsa denuncia cuando esté relacionado con casos de abuso sexual infantil, violación u otros delitos denunciados por mujeres, niñas, niños y adolescentes. Subraya que el delito de falsa denuncia ya existe en el Código Penal, y que la propuesta busca endurecer las sanciones en un terreno particularmente sensible.
Subdenuncia: el verdadero problema
En su análisis, la instalación mediática de este tema no responde a una problemática real en términos estadísticos. Reconoce que pueden existir denuncias falsas, como en cualquier otro delito —estafas, robos—, pero insiste en que son casos excepcionales. "Son mínimas, el cero coma algo por ciento", enfatiza, para luego contraponer ese dato con lo que considera el verdadero problema: la enorme subdenuncia de los delitos sexuales.
Para sostener su argumento, recurre a datos de la Encuesta Nacional de Victimización del INDEC, que revela que 9 de cada 10 personas que sufrieron ofensas sexuales no realizaron la denuncia. El número, remarca, es contundente y desarma la idea de una supuesta masividad de denuncias falsas. Por el contrario, lo que existe es un silencio extendido, motivado por la vergüenza, la culpa, la desconfianza en el sistema judicial y el temor a la exposición.
Infancias, relatos y complejidad
Para sostener su argumento, recurre a datos de la Encuesta Nacional de Victimización del INDEC, que revela que 9 de cada 10 personas que sufrieron ofensas sexuales no realizaron la denuncia. El número, remarca, es contundente y desarma la idea de una supuesta masividad de denuncias falsas. Por el contrario, lo que existe es un silencio extendido, motivado por la vergüenza, la culpa, la desconfianza en el sistema judicial y el temor a la exposición.
Infancias, relatos y complejidad
En ese sentido, describe situaciones concretas: madres que, ante un abuso, optan por alejar al agresor sin judicializar el caso, para evitar que sus hijas o hijos atraviesen procesos revictimizantes, como entrevistas reiteradas o pericias invasivas. Esa realidad, asegura, se repite tanto en Santa Fe como en el resto del país.
Aranda también menciona que, frente a esta coyuntura, comenzaron a surgir pronunciamientos críticos desde distintos sectores. Uno de ellos, señala, fue reflejado por el diario La Capital, luego de haber publicado previamente varias notas centradas en la problemática de las denuncias falsas. Para ella, este giro evidencia que el debate está abierto, pero también que existe una disputa por el sentido de lo que se instala en la agenda pública.
Su intervención, entonces, no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una trayectoria coherente: la de una militante que, incluso fuera de los cargos institucionales, continúa interviniendo en discusiones clave, con la convicción de que los derechos conquistados —especialmente en materia de género y niñez— requieren una defensa permanente.
Un sistema bajo presión
Aranda también menciona que, frente a esta coyuntura, comenzaron a surgir pronunciamientos críticos desde distintos sectores. Uno de ellos, señala, fue reflejado por el diario La Capital, luego de haber publicado previamente varias notas centradas en la problemática de las denuncias falsas. Para ella, este giro evidencia que el debate está abierto, pero también que existe una disputa por el sentido de lo que se instala en la agenda pública.
Su intervención, entonces, no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una trayectoria coherente: la de una militante que, incluso fuera de los cargos institucionales, continúa interviniendo en discusiones clave, con la convicción de que los derechos conquistados —especialmente en materia de género y niñez— requieren una defensa permanente.
El pronunciamiento al que alude Lucrecia Aranda no fue aislado ni menor. En medio de la creciente instalación mediática sobre las supuestas denuncias falsas, distintos organismos del sistema judicial salieron a fijar posición. El documento, difundido el 10 de abril, llevó la firma del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal, y advirtió con claridad que la idea de una "epidemia" de falsas denuncias carece de sustento empírico. Más aún, alertaron que este tipo de construcciones generan efectos regresivos y expresaron su preocupación por proyectos legislativos basados en diagnósticos erróneos y datos falsos.
Para Aranda, ese posicionamiento confirma lo que desde los espacios feministas vienen señalando: que no se trata de un debate técnico sino de una disputa política y cultural. En su mirada, la avanzada tiene un objetivo concreto: desalentar la denuncia, instalar sospechas sobre quienes acuden a la justicia y, en definitiva, invertir la carga de la prueba. "Quien va a denunciar un abuso sexual infantil hoy se encuentra sospechada", plantea, subrayando además que esa sospecha recae mayoritariamente sobre mujeres.
La dirigente describe con precisión cómo circula la palabra de niñas y niños en situaciones de abuso. No aparece, en la mayoría de los casos, en tribunales ni en comisarías, sino en ámbitos cotidianos y de confianza: la escuela, el centro de salud, el comedor comunitario. Allí, señala, son generalmente mujeres —docentes, pediatras, trabajadoras sociales— quienes escuchan, detectan señales o advierten signos compatibles con situaciones de violencia. De ese entramado surge muchas veces la primera alerta, desmontando el estereotipo de la madre que inventa una denuncia para perjudicar a un padre.
Incluso, advierte, en no pocas ocasiones la madre no es quien inicia el proceso. El llamado "develamiento", ese momento en que el niño o la niña logra expresar lo que está viviendo, provoca un cimbronazo profundo. La primera reacción, dice, suele ser la negación, no por desinterés sino por el impacto devastador de lo que implica. El abuso sexual infantil, explica, es uno de los delitos más desestructurantes: quiebra la confianza primaria y, muchas veces, se inscribe en el núcleo familiar, atravesado por el tabú del incesto. Cuando el agresor es el padre, el padrastro, un abuelo o un hermano, la crisis no es sólo individual sino de toda la familia.
En ese contexto, los relatos de las víctimas no siguen una lógica lineal. Aranda describe cómo niñas y niños, al percibir el dolor que generan sus palabras, pueden retractarse o fragmentar sus testimonios. Por eso insiste en la importancia del trabajo profesional: psicólogas, peritos y equipos interdisciplinarios capaces de interpretar esos relatos en su complejidad. Sin embargo, advierte que ese mismo entramado hoy está bajo presión. En Rosario, menciona, hay profesionales —psicólogas, médicas forenses, docentes— que enfrentan denuncias o cuestionamientos por intervenir en estos casos.
El riesgo no es abstracto. Aranda trae a la memoria el caso de Vanesa Castillo, la maestra asesinada tras acompañar a una niña que había denunciado abuso intrafamiliar. Ese episodio, señala, expone el nivel de violencia y de exposición al que quedan sometidas quienes intervienen. En ese marco, no sorprende que cada vez sea más difícil encontrar profesionales dispuestos a asumir estos casos, atravesados por la complejidad, la carga emocional y también por presiones externas.
La dirigente describe un escenario donde las fiscalías están desbordadas y, al mismo tiempo, sometidas a fuertes tensiones. Habla de amenazas, de lobbies, de presiones que atraviesan a todos los actores del sistema. Y subraya un elemento clave: a diferencia de otros delitos, el abuso sexual infantil atraviesa todas las clases sociales. Cuando las denuncias alcanzan a sectores con poder económico, advierte, entran en juego mecanismos de presión mucho más sofisticados.
Porque, explica, el abuso sexual infantil suele ocurrir en ámbitos privados, sin testigos y sin dejar huellas físicas evidentes, especialmente en niños pequeños. Además, no se trata de hechos aislados sino de procesos: el agresor construye progresivamente una relación abusiva, muchas veces bajo la apariencia de afecto o cuidado. Esa dinámica, sumada a la corta edad de las víctimas, hace que los casos se revelen años después de iniciados.
En ese entramado, la llamada Cámara Gesell aparece como una herramienta central pero también limitada. Aranda la describe como un dispositivo donde el niño declara frente a un equipo profesional, mientras es observado desde otro espacio. Sin embargo, advierte que esa instancia muchas veces se sobredimensiona como prueba única. El miedo, la demora —que puede ser de meses— y la exigencia de un relato ordenado conspiran contra la posibilidad de obtener testimonios claros. Los niños, recuerda, no hablan como adultos: sus relatos son fragmentarios, a veces contradictorios, atravesados por el trauma.
Recursos vs. castigo
Para Aranda, ese posicionamiento confirma lo que desde los espacios feministas vienen señalando: que no se trata de un debate técnico sino de una disputa política y cultural. En su mirada, la avanzada tiene un objetivo concreto: desalentar la denuncia, instalar sospechas sobre quienes acuden a la justicia y, en definitiva, invertir la carga de la prueba. "Quien va a denunciar un abuso sexual infantil hoy se encuentra sospechada", plantea, subrayando además que esa sospecha recae mayoritariamente sobre mujeres.
La dirigente describe con precisión cómo circula la palabra de niñas y niños en situaciones de abuso. No aparece, en la mayoría de los casos, en tribunales ni en comisarías, sino en ámbitos cotidianos y de confianza: la escuela, el centro de salud, el comedor comunitario. Allí, señala, son generalmente mujeres —docentes, pediatras, trabajadoras sociales— quienes escuchan, detectan señales o advierten signos compatibles con situaciones de violencia. De ese entramado surge muchas veces la primera alerta, desmontando el estereotipo de la madre que inventa una denuncia para perjudicar a un padre.
Incluso, advierte, en no pocas ocasiones la madre no es quien inicia el proceso. El llamado "develamiento", ese momento en que el niño o la niña logra expresar lo que está viviendo, provoca un cimbronazo profundo. La primera reacción, dice, suele ser la negación, no por desinterés sino por el impacto devastador de lo que implica. El abuso sexual infantil, explica, es uno de los delitos más desestructurantes: quiebra la confianza primaria y, muchas veces, se inscribe en el núcleo familiar, atravesado por el tabú del incesto. Cuando el agresor es el padre, el padrastro, un abuelo o un hermano, la crisis no es sólo individual sino de toda la familia.
En ese contexto, los relatos de las víctimas no siguen una lógica lineal. Aranda describe cómo niñas y niños, al percibir el dolor que generan sus palabras, pueden retractarse o fragmentar sus testimonios. Por eso insiste en la importancia del trabajo profesional: psicólogas, peritos y equipos interdisciplinarios capaces de interpretar esos relatos en su complejidad. Sin embargo, advierte que ese mismo entramado hoy está bajo presión. En Rosario, menciona, hay profesionales —psicólogas, médicas forenses, docentes— que enfrentan denuncias o cuestionamientos por intervenir en estos casos.
El riesgo no es abstracto. Aranda trae a la memoria el caso de Vanesa Castillo, la maestra asesinada tras acompañar a una niña que había denunciado abuso intrafamiliar. Ese episodio, señala, expone el nivel de violencia y de exposición al que quedan sometidas quienes intervienen. En ese marco, no sorprende que cada vez sea más difícil encontrar profesionales dispuestos a asumir estos casos, atravesados por la complejidad, la carga emocional y también por presiones externas.
La dirigente describe un escenario donde las fiscalías están desbordadas y, al mismo tiempo, sometidas a fuertes tensiones. Habla de amenazas, de lobbies, de presiones que atraviesan a todos los actores del sistema. Y subraya un elemento clave: a diferencia de otros delitos, el abuso sexual infantil atraviesa todas las clases sociales. Cuando las denuncias alcanzan a sectores con poder económico, advierte, entran en juego mecanismos de presión mucho más sofisticados.
Números que interpelan
Los números, en ese sentido, vuelven a ser contundentes. La fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, informó recientemente en la Legislatura que durante 2025 ingresaron 4.984 denuncias por delitos contra la integridad sexual. De ese total, apenas el 7,1% llegó a una condena efectiva, mientras que el 81,7% fue desestimado o archivado, en la mayoría de los casos por falta de pruebas. Para Aranda, estos datos no indican falsedad sino la enorme dificultad probatoria de este tipo de delitos.
Porque, explica, el abuso sexual infantil suele ocurrir en ámbitos privados, sin testigos y sin dejar huellas físicas evidentes, especialmente en niños pequeños. Además, no se trata de hechos aislados sino de procesos: el agresor construye progresivamente una relación abusiva, muchas veces bajo la apariencia de afecto o cuidado. Esa dinámica, sumada a la corta edad de las víctimas, hace que los casos se revelen años después de iniciados.
En ese entramado, la llamada Cámara Gesell aparece como una herramienta central pero también limitada. Aranda la describe como un dispositivo donde el niño declara frente a un equipo profesional, mientras es observado desde otro espacio. Sin embargo, advierte que esa instancia muchas veces se sobredimensiona como prueba única. El miedo, la demora —que puede ser de meses— y la exigencia de un relato ordenado conspiran contra la posibilidad de obtener testimonios claros. Los niños, recuerda, no hablan como adultos: sus relatos son fragmentarios, a veces contradictorios, atravesados por el trauma.
Recursos vs. castigo
Por eso insiste en la necesidad de fortalecer el sistema: más recursos, más profesionales, más herramientas para recolectar pruebas. Contrapone esa carencia con modelos idealizados de series como La ley y el orden o CSI, donde existen múltiples instancias de investigación. En la realidad local, señala, muchas veces todo se reduce a una única entrevista tardía.
En ese desfasaje entre la complejidad del delito y la precariedad de las respuestas institucionales, Aranda ubica el verdadero problema. No en una supuesta proliferación de denuncias falsas, sino en un sistema que llega tarde, con pocos recursos y bajo presión, a uno de los delitos más difíciles y más devastadores de abordar.
La voz de Lucrecia Aranda se vuelve más enfática cuando describe el presente y las acciones que impulsan desde la Asamblea lesbotransfeminista de Rosario. En ese marco, anticipa una intervención concreta: una convocatoria frente a tribunales para exigir respuestas urgentes. La demanda, explica, no es abstracta ni declamativa, sino profundamente material: más recursos, más equipos interdisciplinarios, más personal especializado y mejores condiciones para producir pruebas. Todo, con el objetivo de revertir una realidad que considera inaceptable: miles de denuncias que, en su enorme mayoría, no logran traducirse en condenas.
El dato vuelve a aparecer como una herida abierta: cerca de 5.000 denuncias por delitos contra la integridad sexual en un año y apenas un 7,1% de condenas efectivas. Para Aranda, esa brecha no puede justificarse únicamente en el "beneficio de la duda" o en la falta de pruebas. Por el contrario, sostiene que ese funcionamiento termina operando como una garantía de impunidad para los abusadores y como una nueva forma de revictimización para niñas, niños y adolescentes. El daño, insiste, es profundo cuando alguien logra hablar —atravesando miedo, culpa y silencios— y el sistema no responde.
En ese sentido, la exigencia se dirige a todos los niveles del Estado: municipal, provincial y nacional, y también a los tres poderes. Aranda remarca que la obligación de proteger a las infancias está establecida tanto en la Constitución como en las leyes vigentes, y que no puede haber zonas grises en esa responsabilidad. Interpela a la justicia, a la fiscalía, a las áreas de niñez y también al Estado local, señalando la necesidad de una intervención articulada y efectiva.
La movilización no se limita a la calle. También menciona la circulación de iniciativas y campañas para oponerse al proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada en el Senado. Desde su perspectiva, esa propuesta no sólo es equivocada en su diagnóstico, sino que resulta directamente dañina: "penaliza, asusta, es una amenaza directa", afirma, interpretándola como un mensaje disuasorio hacia mujeres que podrían denunciar situaciones de violencia propias o de sus hijos.
Disputa política y cultural
En ese desfasaje entre la complejidad del delito y la precariedad de las respuestas institucionales, Aranda ubica el verdadero problema. No en una supuesta proliferación de denuncias falsas, sino en un sistema que llega tarde, con pocos recursos y bajo presión, a uno de los delitos más difíciles y más devastadores de abordar.
La voz de Lucrecia Aranda se vuelve más enfática cuando describe el presente y las acciones que impulsan desde la Asamblea lesbotransfeminista de Rosario. En ese marco, anticipa una intervención concreta: una convocatoria frente a tribunales para exigir respuestas urgentes. La demanda, explica, no es abstracta ni declamativa, sino profundamente material: más recursos, más equipos interdisciplinarios, más personal especializado y mejores condiciones para producir pruebas. Todo, con el objetivo de revertir una realidad que considera inaceptable: miles de denuncias que, en su enorme mayoría, no logran traducirse en condenas.
El dato vuelve a aparecer como una herida abierta: cerca de 5.000 denuncias por delitos contra la integridad sexual en un año y apenas un 7,1% de condenas efectivas. Para Aranda, esa brecha no puede justificarse únicamente en el "beneficio de la duda" o en la falta de pruebas. Por el contrario, sostiene que ese funcionamiento termina operando como una garantía de impunidad para los abusadores y como una nueva forma de revictimización para niñas, niños y adolescentes. El daño, insiste, es profundo cuando alguien logra hablar —atravesando miedo, culpa y silencios— y el sistema no responde.
En ese sentido, la exigencia se dirige a todos los niveles del Estado: municipal, provincial y nacional, y también a los tres poderes. Aranda remarca que la obligación de proteger a las infancias está establecida tanto en la Constitución como en las leyes vigentes, y que no puede haber zonas grises en esa responsabilidad. Interpela a la justicia, a la fiscalía, a las áreas de niñez y también al Estado local, señalando la necesidad de una intervención articulada y efectiva.
La movilización no se limita a la calle. También menciona la circulación de iniciativas y campañas para oponerse al proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada en el Senado. Desde su perspectiva, esa propuesta no sólo es equivocada en su diagnóstico, sino que resulta directamente dañina: "penaliza, asusta, es una amenaza directa", afirma, interpretándola como un mensaje disuasorio hacia mujeres que podrían denunciar situaciones de violencia propias o de sus hijos.
Disputa política y cultural
Aranda no duda en señalar que detrás de la instalación del tema existe una articulación de intereses. Evita las generalizaciones —aclara que no se trata de "toda" la justicia ni de "todos" los medios—, pero insiste en que hay sectores con poder suficiente para imponer una agenda en cuestión de días. Se pregunta, casi retóricamente, quién puede instalar a nivel nacional un tema sin estadísticas claras que lo respalden, mientras que otros datos —sobre abuso sexual, violencia de género o femicidios— están ampliamente documentados por organismos como la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En ese contraste, sugiere que la construcción de las "falsas denuncias" responde más a una estrategia que a una realidad verificable. Y, para reforzar su argumento, el periodista introduce un señalamiento político: recuerda episodios protagonizados por la propia Losada durante su carrera pública, en los que —según plantea— se instalaron acusaciones sin sustento, como supuestos vínculos con el narcotráfico del dirigente Maximiliano Pullaro o afirmaciones mediáticas sobre la existencia de venta de bebés en Rosario que nunca fueron comprobadas.
La crítica se amplía cuando aborda el concepto de "recuerdos implantados", una idea que —según advierte— comienza a circular con fuerza para desacreditar testimonios de víctimas. Aranda rechaza esa noción con ironía y firmeza, cuestionando la idea de que niñas y niños puedan ser manipulados como si fueran "depósitos" de relatos ajenos. Reconoce que los testimonios infantiles pueden ser fragmentarios, confusos o incompletos, pero subraya que existen dimensiones —sensoriales, emocionales, corporales— que no pueden ser inventadas ni inducidas fácilmente.
El rol de las mujeres y los estigmas persistentes
En ese contraste, sugiere que la construcción de las "falsas denuncias" responde más a una estrategia que a una realidad verificable. Y, para reforzar su argumento, el periodista introduce un señalamiento político: recuerda episodios protagonizados por la propia Losada durante su carrera pública, en los que —según plantea— se instalaron acusaciones sin sustento, como supuestos vínculos con el narcotráfico del dirigente Maximiliano Pullaro o afirmaciones mediáticas sobre la existencia de venta de bebés en Rosario que nunca fueron comprobadas.
La crítica se amplía cuando aborda el concepto de "recuerdos implantados", una idea que —según advierte— comienza a circular con fuerza para desacreditar testimonios de víctimas. Aranda rechaza esa noción con ironía y firmeza, cuestionando la idea de que niñas y niños puedan ser manipulados como si fueran "depósitos" de relatos ajenos. Reconoce que los testimonios infantiles pueden ser fragmentarios, confusos o incompletos, pero subraya que existen dimensiones —sensoriales, emocionales, corporales— que no pueden ser inventadas ni inducidas fácilmente.
Para ella, esta nueva narrativa reemplaza viejos prejuicios. Antes, dice, se desestimaban los relatos bajo la idea de que "los chicos fantasean". Hoy, frente a una mayor conciencia social sobre el abuso, ese argumento perdió eficacia y fue sustituido por otro: el de madres que supuestamente inducen a sus hijos a mentir. Aranda lo considera una forma renovada de estigmatización, que vuelve a cargar la sospecha sobre las mujeres.
En ese punto, su tono se vuelve más íntimo y reflexivo. Describe el dolor que atraviesa a una madre cuando enfrenta la posibilidad de que su hijo o hija haya sido abusado, especialmente cuando el agresor es alguien cercano. Habla de culpa, de devastación emocional, de una experiencia que ninguna mujer desearía atravesar. Desde esa perspectiva, cuestiona con dureza la idea de que una madre pueda inventar una acusación de ese calibre como estrategia.
Sin embargo, no niega la posibilidad de que existan denuncias falsas. Reconoce que pueden ocurrir, como en cualquier otro delito, pero insiste en que para eso ya existen herramientas legales. La clave, señala, no es endurecer penas ni instalar miedo, sino mejorar la calidad de las investigaciones. Ese es, en definitiva, el eje del reclamo: procesos judiciales sólidos, con altos estándares de prueba, recursos suficientes y acompañamiento integral a las víctimas.
La conclusión de Aranda se alinea con toda su intervención: lejos de desalentar la denuncia, el desafío es fortalecerla. Generar condiciones para que niñas, niños, adolescentes y mujeres puedan hablar, ser escuchados y atravesar procesos judiciales que no los vuelvan a dañar. Porque, en su mirada, denunciar no sólo es un acto individual, sino también una forma de proteger a otros.
La escena que se repite: medios, sobreexposición y una voz que intenta correrse
En ese punto, su tono se vuelve más íntimo y reflexivo. Describe el dolor que atraviesa a una madre cuando enfrenta la posibilidad de que su hijo o hija haya sido abusado, especialmente cuando el agresor es alguien cercano. Habla de culpa, de devastación emocional, de una experiencia que ninguna mujer desearía atravesar. Desde esa perspectiva, cuestiona con dureza la idea de que una madre pueda inventar una acusación de ese calibre como estrategia.
Sin embargo, no niega la posibilidad de que existan denuncias falsas. Reconoce que pueden ocurrir, como en cualquier otro delito, pero insiste en que para eso ya existen herramientas legales. La clave, señala, no es endurecer penas ni instalar miedo, sino mejorar la calidad de las investigaciones. Ese es, en definitiva, el eje del reclamo: procesos judiciales sólidos, con altos estándares de prueba, recursos suficientes y acompañamiento integral a las víctimas.
La conclusión de Aranda se alinea con toda su intervención: lejos de desalentar la denuncia, el desafío es fortalecerla. Generar condiciones para que niñas, niños, adolescentes y mujeres puedan hablar, ser escuchados y atravesar procesos judiciales que no los vuelvan a dañar. Porque, en su mirada, denunciar no sólo es un acto individual, sino también una forma de proteger a otros.
La escena que se repite: medios, sobreexposición y una voz que intenta correrse
Hacia el final de la conversación, el clima se vuelve más tenso y reflexivo. El periodista introduce una escena casi anticipada: la cobertura mediática que vendrá, los recortes, los titulares, la amplificación de un caso que —advierte— volverá a instalar la idea de denuncias falsas. Nombra, en ese contexto, a la senadora Carolina Losada y a Ricardo Biasotti, como figuras que probablemente serán parte de esa exposición. Y señala, con preocupación, que en el centro de esa narrativa quedará nuevamente una mujer que, ya adulta, intentará evitar la sobreexposición para no ser revictimizada.
Lucrecia Aranda retoma esa idea y la profundiza. Describe a esa mujer como alguien que intenta seguir con su vida, mantenerse al margen, no volver a quedar atrapada en una escena pública que no eligió. Pero, al mismo tiempo, cuestiona el accionar de quienes, en nombre de su propia versión de los hechos, exponen a sus hijos e hijas con nombre y apellido. Esa exposición, advierte, no es inocua: implica hacer públicos aspectos íntimos, forzar relatos, imponer tiempos que no siempre coinciden con los procesos personales. "Cada uno tramita sus dolores y sus traumas de la mejor manera posible", señala, marcando un límite claro entre la decisión individual de contar y la imposición externa.
En ese punto, la conversación gira hacia un aspecto que Aranda considera central: la educación sexual integral. Insiste en su importancia no sólo como herramienta de prevención, sino también de detección y acompañamiento. La define como una política pública que fue injustamente demonizada, presentada como una amenaza cuando, en realidad, ofrece información adecuada a cada etapa del desarrollo. Habla de materiales pensados pedagógicamente, de lenguajes accesibles, de recursos como juegos, canciones y cuentos que permiten a niñas y niños comprender su cuerpo, reconocer límites y diferenciar entre situaciones de cuidado y de riesgo.
Medios, narrativas y percepción social
Lucrecia Aranda retoma esa idea y la profundiza. Describe a esa mujer como alguien que intenta seguir con su vida, mantenerse al margen, no volver a quedar atrapada en una escena pública que no eligió. Pero, al mismo tiempo, cuestiona el accionar de quienes, en nombre de su propia versión de los hechos, exponen a sus hijos e hijas con nombre y apellido. Esa exposición, advierte, no es inocua: implica hacer públicos aspectos íntimos, forzar relatos, imponer tiempos que no siempre coinciden con los procesos personales. "Cada uno tramita sus dolores y sus traumas de la mejor manera posible", señala, marcando un límite claro entre la decisión individual de contar y la imposición externa.
En ese punto, la conversación gira hacia un aspecto que Aranda considera central: la educación sexual integral. Insiste en su importancia no sólo como herramienta de prevención, sino también de detección y acompañamiento. La define como una política pública que fue injustamente demonizada, presentada como una amenaza cuando, en realidad, ofrece información adecuada a cada etapa del desarrollo. Habla de materiales pensados pedagógicamente, de lenguajes accesibles, de recursos como juegos, canciones y cuentos que permiten a niñas y niños comprender su cuerpo, reconocer límites y diferenciar entre situaciones de cuidado y de riesgo.
Educación sexual integral: herramienta clave
Para Aranda, la Educación Sexual Integral crea un ámbito seguro, especialmente allí donde muchas familias no cuentan con herramientas para abordar estos temas. En la escuela, dice, se habilita la palabra, se construye confianza y se generan condiciones para que los chicos puedan nombrar lo que les pasa. Esa posibilidad, remarca, es clave en contextos donde el silencio suele ser la regla.
Medios, narrativas y percepción social
Sin embargo, vuelve una y otra vez sobre el rol de los medios y la construcción de sentido. Advierte que la repetición sistemática de ciertos discursos —aunque carezcan de evidencia— termina instalando percepciones sociales. Habla de relatos "guionados", de narrativas que se reproducen hasta volverse creíbles, y contrapone esa maquinaria con la experiencia concreta de las personas. Propone, entonces, un ejercicio simple pero contundente: que cada quien revise su propia historia, su entorno, su memoria.
La pregunta que plantea es directa: cuántas situaciones de abuso conoce cada persona en su círculo cercano. No desde estadísticas, sino desde la experiencia cotidiana. Casos más o menos graves, visibles o silenciados, pero presentes. A partir de esa reflexión, construye su argumento central: lo masivo no son las denuncias falsas, sino el abuso sexual. Y contrapone esa evidencia vivencial con la ausencia de ejemplos concretos de falsas denuncias antes de su reciente instalación mediática.
Para graficar el fenómeno, recurre a una comparación irónica: la aparición repentina de temas que nadie había visto antes, como si se tratara de algo omnipresente. Menciona discusiones públicas donde ciertos conceptos irrumpen de golpe y dominan la agenda, pese a no tener correlato en la vida cotidiana. La metáfora de las "vacas violetas" sintetiza esa idea: aquello que se presenta como frecuente pero que, en la experiencia real, no aparece.
En paralelo, recuerda que los datos sobre violencia sexual son persistentes y verificables: abusos, violaciones grupales, femicidios. Realidades que, subraya, se repiten cotidianamente y que cuentan con registros en organismos como la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Frente a eso, cuestiona que el debate público se desplace hacia un fenómeno cuya magnitud no está demostrada.
Más allá del caso: la ofensiva contra los feminismos
La pregunta que plantea es directa: cuántas situaciones de abuso conoce cada persona en su círculo cercano. No desde estadísticas, sino desde la experiencia cotidiana. Casos más o menos graves, visibles o silenciados, pero presentes. A partir de esa reflexión, construye su argumento central: lo masivo no son las denuncias falsas, sino el abuso sexual. Y contrapone esa evidencia vivencial con la ausencia de ejemplos concretos de falsas denuncias antes de su reciente instalación mediática.
Para graficar el fenómeno, recurre a una comparación irónica: la aparición repentina de temas que nadie había visto antes, como si se tratara de algo omnipresente. Menciona discusiones públicas donde ciertos conceptos irrumpen de golpe y dominan la agenda, pese a no tener correlato en la vida cotidiana. La metáfora de las "vacas violetas" sintetiza esa idea: aquello que se presenta como frecuente pero que, en la experiencia real, no aparece.
En paralelo, recuerda que los datos sobre violencia sexual son persistentes y verificables: abusos, violaciones grupales, femicidios. Realidades que, subraya, se repiten cotidianamente y que cuentan con registros en organismos como la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Frente a eso, cuestiona que el debate público se desplace hacia un fenómeno cuya magnitud no está demostrada.
Más allá del caso: la ofensiva contra los feminismos
La lectura política aparece con claridad en el cierre. Aranda define esta avanzada como parte de un ataque más amplio contra los feminismos y los movimientos de diversidad sexual. No lo limita a una coyuntura local, sino que lo inscribe en una tendencia global que asocia a sectores de derecha con estrategias de desarticulación de lo colectivo. En su interpretación, los feminismos no sólo disputan derechos, sino que construyen comunidad: en comedores, en barrios, en organizaciones, en redes cotidianas de cuidado.
Esa dimensión comunitaria, sostiene, es precisamente lo que se busca erosionar. Frente a ella, se promueve una lógica individualista, donde cada persona queda aislada, responsabilizada por su propia situación. "Sos pobre porque no la viste", resume, citando una idea que atribuye a esos discursos, en contraposición a una mirada estructural sobre las desigualdades.
La entrevista, ya convertida en relato, se cierra con la convocatoria concreta y urgente. El próximo jueves, a las diez de la mañana, en las escalinatas de los tribunales de Rosario, sobre calle Balcarce, la Asamblea volverá a hacerse presente. No como un gesto aislado, sino como parte de una trama de militancia que, incluso fuera de los cargos institucionales, sigue buscando incidir en la agenda pública y en la defensa de los derechos más vulnerados.
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Esa dimensión comunitaria, sostiene, es precisamente lo que se busca erosionar. Frente a ella, se promueve una lógica individualista, donde cada persona queda aislada, responsabilizada por su propia situación. "Sos pobre porque no la viste", resume, citando una idea que atribuye a esos discursos, en contraposición a una mirada estructural sobre las desigualdades.
La entrevista, ya convertida en relato, se cierra con la convocatoria concreta y urgente. El próximo jueves, a las diez de la mañana, en las escalinatas de los tribunales de Rosario, sobre calle Balcarce, la Asamblea volverá a hacerse presente. No como un gesto aislado, sino como parte de una trama de militancia que, incluso fuera de los cargos institucionales, sigue buscando incidir en la agenda pública y en la defensa de los derechos más vulnerados.
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