Durante una audiencia realizada el lunes 5 de octubre de 2026, denunciaron que la emergencia alcanza a familias enteras, que los refugios no logran responder a la demanda y que las necesidades más elementales de quienes viven en la calle continúan sin una respuesta suficiente.
El encuentro tuvo lugar en el marco de la Comisión de Igualdad, Género y Derechos Humanos del Concejo Municipal y reunió a representantes de distintos espacios comunitarios. Entre ellos estuvieron Mercedes Guzmán, de la Iglesia Metodista; Juan Carlos Echegaray, de la Ronda de Madres; Sergio Cabreriza y León López, del refugio Sol de Noche, además de referentes de derechos humanos y de las organizaciones que impulsaron el reclamo.
La reunión se extendió durante más de una hora. Debido a las dificultades para recuperar adecuadamente el audio de la transmisión del Concejo Municipal, en Señales, se buscó reconstruir los principales planteos a partir de los testimonios de quienes habían participado de la audiencia. Las voces reunidas expusieron distintas dimensiones de una misma emergencia y coincidieron en la necesidad de que el debate institucional se traduzca en medidas concretas.
Una emergencia social que interpela a toda la ciudad
La situación de calle es una realidad que interpela a la sociedad rosarina y exige compromiso, escucha y respuestas concretas del Estado. Detrás de cada persona que duerme a la intemperie, de cada familia que no encuentra un techo donde refugiarse y de cada niño que crece sin acceso a las condiciones básicas para vivir dignamente, se expresa una problemática social que se profundiza y que ya no puede permanecer al margen de las prioridades públicas.
En Rosario, mientras se multiplican los edificios fastuosos y las construcciones que exhiben una imagen de prosperidad, también crece la cantidad de personas que no pueden pagar un alquiler, que han perdido sus viviendas o que, expulsadas del mercado laboral, terminan encontrando en la calle el único lugar donde permanecer. Hombres, mujeres, niños y familias enteras atraviesan situaciones de pobreza e indigencia que las organizaciones sociales, religiosas y de derechos humanos vienen advirtiendo desde hace tiempo.
La preocupación llegó al Concejo Municipal, donde la Comisión de Igualdad, Género y Derechos Humanos recibió a representantes del taller Había Una Vez, un espacio que articuló el trabajo de organizaciones sociales, eclesiásticas y de derechos humanos. Durante la audiencia, los participantes expusieron la gravedad de la situación y reclamaron un abordaje integral que permita conocer cuántas personas viven en la calle, cuáles son sus necesidades y qué respuestas pueden ofrecer las distintas instancias del Estado.
El pedido de un relevamiento ocupó un lugar central. No se trata solamente de establecer una cifra, sino de conocer las distintas realidades que se esconden detrás de las estadísticas: personas solas, mujeres, niños, grupos familiares completos, personas mayores y trabajadores informales que carecen de las condiciones elementales para sostener su vida cotidiana. Junto con ese diagnóstico, las organizaciones reclamaron políticas públicas que garanticen alimentación, alojamiento, atención de la salud, educación para las infancias y oportunidades laborales para las personas adultas.
El taller Había Una Vez tiene, además, una historia profundamente vinculada con la defensa de los derechos humanos en Rosario. Funcionó entre 1984 y 1993 como un espacio de encuentro, escucha y acompañamiento para las infancias y adolescencias afectadas por el terrorismo de Estado. En aquellos años, las consecuencias del genocidio seguían presentes en la vida cotidiana de numerosas familias.
Creado por madres y padres, con el acompañamiento de artistas, actores, profesores de Educación Física, titiriteras, profesionales de la psicología y compañeros de la generación de los años setenta, el taller promovió el juego, la expresión, la reflexión y el encuentro. Con el tiempo, se convirtió también en un dispositivo de salud mental que ofrecía a las infancias un espacio de alegría, cuidado y contención en un contexto atravesado por la impunidad.
Junto con experiencias similares desarrolladas en Córdoba, Buenos Aires y Tucumán, el taller participó de un proceso de encuentros entre espacios de estas características que dio origen a la conformación de HIJOS (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio). Su trayectoria forma parte de una historia colectiva de resistencia, acompañamiento y construcción de la memoria.
En Señales, las voces de quienes participaron de la audiencia permitieron reconstruir los principales reclamos y las experiencias de quienes conocen de cerca esta realidad. Élida Luna, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos; Cristina Solano, de la asociación Anahí; Claudia Ponce de León, referente de derechos humanos; y Oscar Lupori, vinculado al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, coincidieron en señalar que la emergencia requiere respuestas urgentes y sostenidas.
La referente de Familiares de Desaparecidos y Detenidos abrió la ronda de testimonios agradeciendo a la radio por dar espacio, una vez más, a las voces de las organizaciones. Habló de un momento particularmente difícil, cruel y doloroso para una parte importante de la población, y explicó que la intención era contar qué estaban haciendo quienes sostenían un trabajo de acompañamiento y compromiso social frente a la emergencia.
Recordó que el lunes 5 de octubre integrantes de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, representantes de distintas iglesias, miembros de la Ronda de Madres y participantes del taller Había Una Vez asistieron a una audiencia con concejales de la Comisión de Igualdad, Género y Derechos Humanos del Concejo Municipal de Rosario.
El encuentro había sido convocado para plantear las urgencias que impone el crecimiento de la pobreza y la indigencia en la ciudad. Según describió Luna, la situación llegó a un punto en el que familias enteras sobreviven en la calle junto a sus hijos pequeños, sin atención sanitaria, sin alimentación suficiente, sin acceso a la educación y, en muchos casos, casi sin ropa. Son personas que deben resolver sus necesidades fisiológicas en cualquier lugar, sin contar siquiera con las condiciones básicas de cuidado que merece todo ser humano.
A esa privación material, Luna sumó otra dimensión de la emergencia: la violencia ejercida contra quienes se encuentran en la situación de mayor vulnerabilidad. Denunció que ni siquiera las fuerzas policiales o los agentes municipales respetan a estas personas y afirmó que, en distintas circunstancias, las golpean y les quitan las pocas pertenencias que conservan.
Para la referente, la crueldad de las políticas gubernamentales ha superado todos los límites. Cuestionó a quienes fueron elegidos por el pueblo para proteger a la población y garantizar condiciones de vida dignas, pero que, a su entender, no están cumpliendo con ese mandato.
La audiencia concluyó con el compromiso de avanzar en el conocimiento de la dimensión del problema y establecer cuántas personas están padeciendo esta situación. También quedó planteada la necesidad de hablar con los responsables políticos para que expliquen de qué manera piensan actuar, con la urgencia que requiere una realidad que Luna calificó de inhumana.
Pero su intervención no se limitó al reclamo institucional. También buscó convocar a la comunidad rosarina para que conozca lo que está sucediendo y comprenda que las personas que viven en la calle no son una presencia ajena ni un problema que deba quedar confinado a la mirada de las organizaciones que trabajan con ellas.
Luna insistió en que son muchos los vecinos y las vecinas que necesitan solidaridad y una mano tendida. Por eso, llamó a la sociedad a pedir, exigir y acompañar las respuestas necesarias. Su planteo fue contundente: no quiere que la ciudad naturalice la presencia de personas durmiendo en la calle, como si esa situación fuera inevitable o formara parte del paisaje urbano.
Cristina Solano: la paradoja de una ciudad que construye edificios y expulsa habitantes
La militante de derechos humanos e integrante de la Asociación Anahí describió a Rosario como una ciudad paradójica. Su mirada partió de una contradicción que, según sostuvo, se vuelve cada vez más evidente: el crecimiento de edificios lujosos y fastuosos convive con una población creciente que no tiene dónde vivir.
La ciudad, señaló, sorprende, asombra y duele. Por un lado, exhibe construcciones de gran valor, muchas de ellas casi vacías; por el otro, sus calles se llenan de personas que no pueden afrontar el costo de una vivienda ni sostener el pago de un alquiler.
Frente a ese crecimiento inmobiliario, Solano se preguntó cuál es el sentido de semejante expansión habitacional. A primera vista, podría suponerse que la existencia de más edificios significa que hay más posibilidades para que la población acceda a un lugar donde vivir. Sin embargo, la realidad que observa en las calles contradice esa idea: la multiplicación de las construcciones no se traduce, necesariamente, en un mayor acceso a la vivienda.
La otra cara de esa Rosario está integrada por personas que perdieron sus casas, que se quedaron sin trabajo o que ya no pueden afrontar un alquiler. Hombres, mujeres, niños y familias enteras terminan viviendo en la calle, sin un lugar donde resguardarse.
Para Solano, esta contradicción revela una desigualdad cada vez más profunda: mientras un sector reducido concentra riqueza y poder, una parte creciente de la población se hunde en la pobreza y la miseria absoluta.
La militante vinculó esa situación con un modelo económico liberal que, según su análisis, beneficia a unos pocos mientras perjudica las condiciones de vida del resto de la sociedad. Consideró que las consecuencias de ese modelo se hicieron particularmente agudas durante los últimos años en el país y sostuvo que en Rosario se manifiestan con especial crudeza.
Su crítica también alcanzó a los discursos oficiales que presentan una imagen de mejoría, prosperidad y opulencia. Según expresó, las fiestas y las celebraciones que se exhiben como símbolos del crecimiento de la ciudad parecen destinadas a determinados sectores, mientras una parte de la población permanece excluida de esa imagen de bienestar.
Solano cuestionó que esa fastuosidad pueda convertirse en una representación con la que el conjunto de la sociedad deba identificarse cuando, al mismo tiempo, se reprime, se esconde o se oculta la miseria más extrema. La postal de una ciudad próspera, en su mirada, no alcanza a explicar ni a resolver lo que ocurre en las veredas, bajo los techos improvisados o en los espacios donde las familias buscan pasar la noche.
La falta de vivienda, además, no es el único problema. Quienes habitan las calles también carecen de lugares donde comer, dormir y utilizar un baño. Son necesidades cotidianas que, para la mayoría de la población, forman parte de una rutina elemental, pero que para quienes viven a la intemperie se transforman en una lucha permanente.
Ante esa realidad, Solano se preguntó quién se ocupa de estas personas. Su respuesta apuntó a la insuficiencia de los refugios disponibles, muchos de ellos sostenidos por iniciativas privadas que no alcanzan a cubrir la demanda. Frente a miles de personas que necesitan asistencia, sostuvo, los espacios existentes no dan abasto.
En ese contexto, cuestionó que el Estado presente la habilitación de doce camas como una respuesta digna de exhibirse públicamente, incluso convocando a la prensa para mostrarla. La dimensión de la emergencia, advirtió, vuelve insuficiente una medida de esas características. "Hay miles de personas en la calle", remarcó, al rechazar cualquier intento de presentar respuestas limitadas como si fueran suficientes.
La crítica se extendió a los procedimientos de control y represión contra quienes viven en espacios públicos. Solano denunció que la policía interviene golpeando a las personas y quitándoles sus escasas pertenencias, entre ellas colchones y leche destinada a los niños. Señaló que algunas de esas situaciones llegaron a verse incluso en la televisión.
También cuestionó la actuación de algunos empleados municipales que, según afirmó, se consideran con derecho a reprimir, golpear y despojar de sus bienes a personas que ya atraviesan condiciones extremas de miseria. Para la referente, resulta especialmente grave que quienes deberían formar parte de una respuesta pública frente a la emergencia terminen reproduciendo la violencia contra quienes necesitan protección.
En su testimonio, Solano dirigió un llamado de atención a las autoridades municipales, provinciales y nacionales. Cuestionó una concepción de ciudad que pone el acento en las normas de convivencia, como cruzar la calle por los lugares indicados o sacar la basura en los horarios establecidos, pero que no demuestra la misma preocupación por las necesidades de la comunidad y por la situación de quienes atraviesan las condiciones más difíciles.
La referente puso en duda que pueda hablarse de una ciudad integrada y solidaria cuando miles de personas no tienen dónde dormir ni cómo alimentarse. También manifestó que no ha visto los beneficios que deberían traducirse en mejoras concretas a partir de la gestión provincial, aunque reconoció que otras personas puedan tener una percepción diferente. En cuanto al Gobierno nacional, su valoración fue todavía más crítica.
A su entender, las decisiones políticas no están orientadas a atender las necesidades de la población en su conjunto, sino a favorecer a sectores económicamente poderosos. Frente a ese escenario, su planteo fue un rechazo explícito a la continuidad de la represión y a la ausencia de respuestas capaces de garantizar condiciones dignas de vida.
Sin embargo, Solano no circunscribió su reclamo a las responsabilidades de los gobiernos. Desde una trayectoria vinculada a la defensa de los derechos humanos, convocó a una participación colectiva que exceda a quienes históricamente se han involucrado en las tareas solidarias.
Recordó que muchas personas han dedicado su vida a procurar que la mayor parte de la población pueda acceder a una existencia digna, pero advirtió que la gravedad de la situación exige ampliar esa red de compromiso. No alcanza, señaló, con los militantes de siempre, los voluntarios que sostienen los refugios, quienes preparan alimentos en los comedores o quienes trabajan en las organizaciones de derechos humanos.
La convocatoria está dirigida a toda la comunidad rosarina. Para Solano, la sociedad debe involucrarse en la protección de sí misma y, especialmente, en la defensa de los sectores más vulnerables, que hoy padecen hambre, miseria y muerte.
Ese compromiso colectivo, sostuvo, también debe expresarse frente a quienes fueron elegidos mediante el voto. La ciudadanía tiene la posibilidad de exigirles que revisen sus decisiones, que detengan las prácticas represivas y que dejen de condenar a las personas a una situación en la que el hambre se convierte en una amenaza cotidiana.
La solución, desde su perspectiva, no es imposible por falta de recursos. Solano consideró que bastaría con destinar una pequeña parte de los presupuestos de la ciudad y de la provincia para comenzar a resolver la situación de miles de personas que viven en la calle. Su planteo cuestiona, de ese modo, no solamente la insuficiencia de las respuestas, sino también las prioridades con las que se distribuyen los recursos públicos.
En el cierre de su intervención, la referente volvió sobre las consecuencias humanas de esta desigualdad. Habló de los niños que deben salir a vender pañuelitos o medias para conseguir algo que les permita comer ese mismo día. También recordó a quienes mueren de hambre o de frío en las calles.
No se trata, en su mirada, de tragedias que afecten únicamente a quienes las padecen de manera directa. Cada niño obligado a buscar su sustento, cada persona que pasa una noche a la intemperie y cada muerte evitable comprometen al conjunto de la sociedad.
"Todos estamos involucrados y todos estamos perdiendo vida y dignidad", afirmó, al señalar que la exclusión de una parte de la población termina deteriorando también la dignidad colectiva. Su llamado final fue a salir a luchar por la propia sociedad y, sobre todo, por los más débiles, para recuperar la dignidad y defender el derecho de todos a una vida digna.
La dimensión de la emergencia adquirió un rostro concreto en el testimonio de Claudia Ponce de León, referente de derechos humanos e integrante del grupo que había participado de la audiencia en el Concejo Municipal. Su intervención comenzó con una noticia que recibió el mismo lunes en que las organizaciones habían acudido a reclamar respuestas: el sábado 3 de octubre, durante la tarde, habían retirado el cuerpo de un hombre fallecido en la esquina de Ayacucho y 3 de Febrero.
A partir de los testimonios de otros vecinos que también lo conocían, Ponce de León pudo reconstruir parte de la historia de ese hombre. Desde hacía varios años se dedicaba a cuidar autos en la zona del Hospital Provincial. Se llamaba Ramón.
Al reconocer que se trataba de la misma persona por cuya situación había reclamado reiteradamente durante el invierno anterior, la noticia cobró para ella otro significado. Desde mayo había solicitado que le consiguieran un lugar en un refugio, preocupada por las temperaturas extremadamente bajas y por el estado lamentable en el que se encontraba.
Para realizar esos pedidos había utilizado distintos canales de comunicación que los propios medios difundían para solicitar asistencia: el 147, el Munibot y otros contactos destinados a intervenir en situaciones de emergencia social. Sin embargo, relató, nunca se acercaron a atender el caso.
Ante la falta de respuestas, decidió presentarse personalmente en una oficina de Desarrollo Humano y Hábitat. Después de esperar media hora, contó, los empleados se limitaron a anotar sus datos y el pedido en un cuaderno. La explicación que recibió fue que no había camas disponibles.
La muerte de Ramón, ocurrida después de aquellos reclamos, transformó esa experiencia en una denuncia sobre las consecuencias de la insuficiencia de las políticas públicas. Para Ponce de León, el caso permite advertir que los refugios existentes no alcanzan a cubrir ni siquiera un tercio de la población afectada, aunque aclaró que se trata de una estimación basada en datos reunidos de manera informal, ya que todavía no existe un relevamiento confiable que permita confirmarla.
La ausencia de cifras precisas constituye, a su juicio, una de las dimensiones más preocupantes del problema. No se sabe con claridad cuántas personas viven en situación de calle ni cuántas mueren en esas circunstancias. La muerte de Ramón, señaló, no había sido registrada por los medios de comunicación. Y dejó planteada una pregunta inquietante sobre cuántas otras muertes pueden haber ocurrido sin visibilidad pública durante los últimos tiempos.
En una ciudad donde, según cuestionó, se destinan permanentemente recursos públicos a obras que no considera imprescindibles, la falta de información y de respuestas ante una emergencia de esta magnitud resulta escandalosa. Ponce de León estimó que habría más de mil personas de distintas edades y condiciones viviendo en la calle, aunque subrayó que tampoco ese número cuenta con la confirmación de un relevamiento específico.
Los refugios públicos y semipúblicos, estos últimos sostenidos también con apoyo privado, apenas alcanzan a cubrir las necesidades más elementales de una pequeña proporción de esa población: un baño, una cama y un plato de comida. Pero para la referente de derechos humanos, la respuesta no puede agotarse en ofrecer un espacio donde pasar la noche.
Ponce de León recordó que en septiembre de 2024 los propios concejales habían redactado y firmado una ordenanza que proponía un funcionamiento más amplio para estos establecimientos. Se trata de la Ordenanza N.º 10.652/2024 del Concejo Municipal de Rosario, que crea el programa de "Refugios para Atención de Personas en Situación de Calle". La norma fue sancionada el 22 de agosto de 2024, promulgada el 9 de septiembre y publicada en el Boletín Oficial Municipal el 11 de septiembre de ese año.
Según explicó, la ordenanza establecía que los refugios debían permanecer abiertos también durante el día y convertirse en espacios de capacitación, contención y asistencia, con atención de la salud y herramientas que permitieran construir alternativas para una vida digna.
Sin embargo, afirmó que la ordenanza se había incumplido prácticamente en su totalidad. La falta de funcionamiento diurno impide, según su análisis, que los refugios cumplan con una finalidad que vaya más allá de la atención inmediata y contribuya a modificar las condiciones que llevan a una persona a vivir en la calle.
En ese punto, Ponce de León recuperó las experiencias de voluntarios que trabajan en algunos de estos espacios sin recibir remuneración. Se trata de personas que realizan sus tareas por voluntad propia y que, por las mañanas, deben retirarse para procurarse su propio sustento. Según los testimonios que recogió, cuando esos voluntarios se van, no son reemplazados por personal que permita mantener los centros en funcionamiento durante el día.
La consecuencia es que los refugios pierden la posibilidad de desarrollar actividades de capacitación, acompañamiento, atención sanitaria y contención. En lugar de convertirse en espacios desde los cuales las personas puedan reconstruir sus proyectos de vida, corren el riesgo de limitarse a ofrecer una respuesta temporal que no modifica las condiciones de fondo.
La intención de las organizaciones, explicó Ponce de León, es que esos lugares cumplan efectivamente con la función prevista en la ordenanza municipal: acompañar a quienes atraviesan la situación de calle y generar condiciones que les permitan avanzar hacia una vida mejor.
Su testimonio dejó planteada una pregunta que excede el caso de Ramón: ¿qué ocurre cuando una persona necesita ayuda, alguien reclama por ella ante los organismos correspondientes y la respuesta institucional se limita a registrar el pedido sin ofrecer una solución? La historia de aquel hombre que cuidaba autos en las inmediaciones del Hospital Provincial expone la distancia entre los canales formales de asistencia y la respuesta efectiva que necesitan quienes viven en condiciones extremas.
En esa misma línea, Oscar Lupori, integrante del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, puso el foco en una transformación que, según describió, modifica profundamente las características del problema: la situación de calle ya no se limita a grupos reducidos de personas concentradas en determinados lugares, sino que se extiende a familias enteras y alcanza distintos barrios de Rosario.
Para Lupori, hablar de personas en situación de calle implica reconocer un gran problema urbano que afecta al conjunto de los rosarinos. La cuestión central, planteó, es conocer cuántas son esas personas, dónde están y cómo consiguen sobrevivir.
Su descripción se apartó de la imagen tradicional de una persona que duerme en una plaza o en una vereda. Según explicó, quienes atraviesan una situación de calle pueden encontrarse debajo de un puente de la avenida de Circunvalación, bajo el techo de una parada de ómnibus o en la estación de trenes de Fisherton.
En este último lugar, recordó un caso ocurrido semanas atrás: un hombre de 45 años, desesperado por su situación de calle, se arrojó a las vías al paso de un tren. También advirtió que en esos espacios hay niños que deben enfrentar la intemperie y las condiciones de precariedad de la vida cotidiana.
La emergencia no consiste únicamente en conseguir abrigo o protegerse de la humedad y la lluvia. Implica resolver necesidades tan elementales como alimentarse y encontrar un lugar donde utilizar un baño. Son preguntas que, según Lupori, la sociedad y las autoridades deben hacerse para comprender la dimensión real de la problemática.
Los refugios habían representado una alternativa para una parte de la población en situación de calle, pero el crecimiento de la demanda demuestra que ya no constituyen una respuesta suficiente. "Los refugios no son suficiente salida", advirtió, al señalar que la situación actual impone la necesidad de un abordaje diferente.
Ese abordaje debe contemplar la alimentación, el acceso a instalaciones sanitarias y las demás necesidades cotidianas. A esta situación se suma, señaló, la reacción de algunos vecinos que, en lugar de comprender las circunstancias de quienes no tienen dónde vivir, los denuncian porque consideran que molestan. Esa mirada transforma a las personas afectadas por la pobreza en un supuesto problema de convivencia, en lugar de reconocerlas como ciudadanos que necesitan asistencia y protección.
Lupori insistió en que la salida debe construirse colectivamente, pero también requiere decisiones políticas. La pregunta sobre cómo resolver la emergencia conduce, en su análisis, a dos cuestiones fundamentales: el empobrecimiento de las familias y la dificultad creciente para acceder a una vivienda.
El endeudamiento familiar forma parte de ese escenario. A ello se suma el costo de los alquileres, que puede resultar imposible de afrontar incluso para personas que cuentan con un salario. Como ejemplo, planteó el caso de alguien que gana 800.000 o un millón de pesos mensuales y debe enfrentar un alquiler de entre 600.000 y 700.000 pesos.
En esas condiciones, el ingreso disponible después de pagar la vivienda resulta insuficiente para sostener el resto de las necesidades cotidianas. La pérdida del trabajo, el endeudamiento y la imposibilidad de afrontar un alquiler pueden convertirse, así, en factores que empujan a una familia hacia la calle.
La situación exige, según Lupori, una respuesta que contemple la complejidad de estos procesos y no reduzca el problema a la existencia de personas que necesitan pasar la noche en un refugio. Por ese motivo, un grupo de organizaciones acudió para plantear la emergencia ante la Comisión de Igualdad, Género y Derechos Humanos, con la expectativa de que el tema tenga una nueva instancia de discusión que permita profundizar los diagnósticos y avanzar hacia soluciones.
Al despedirse de la audiencia, Lupori expresó su agradecimiento a quienes habían escuchado el reclamo y dejó abierta la necesidad de volver a debatir el problema con mayor profundidad. La magnitud de la emergencia, según su planteo, requiere que las instituciones y la sociedad continúen buscando una respuesta política que permita garantizar condiciones de vida dignas.
Los refugios, las familias y las respuestas que siguen pendientes
Durante la audiencia también se puso en discusión la capacidad real de los refugios y las condiciones de acceso. Desde Sol de Noche explicaron que, tras perder la propiedad donde funcionaban anteriormente, consiguieron una nueva casa en calle Beruti al 2300, con el acompañamiento de la Iglesia católica. Sin embargo, la capacidad se redujo de 60 a 30 personas.
Según relataron, recibieron aportes provinciales para realizar las obras, pero continuaban esperando los fondos de la Municipalidad de Rosario que habían sido comprometidos. El funcionamiento cotidiano depende, en gran medida, del trabajo voluntario y de los recursos que consiguen por sus propios medios.
Sus integrantes invitaron a concejales y concejalas a conocer el refugio y el trabajo que realizan, así como las recorridas nocturnas que llevan adelante para asistir a quienes permanecen en la calle. La experiencia de Sol de Noche expone las dificultades que enfrentan estos espacios para sostener su tarea y responder a una demanda que, según las organizaciones, excede ampliamente su capacidad.
Otro de los puntos más sensibles fue la situación de las familias con niños y niñas. Durante la reunión se relató el caso de una familia con dos hijos pequeños, un niño de tres años y un bebé, que había sido retirada de la vía pública. Según el testimonio, durante el procedimiento, agentes municipales se llevaron pertenencias de la familia, entre ellas leche destinada a los niños.
Posteriormente, integrantes de organizaciones y voluntarios debieron colaborar con alimentos, ropa y otros elementos necesarios. También cuestionaron que se ofrezca alojamiento en dispositivos que obligan a separar a los integrantes de una familia. "¿Dónde está el problema?", plantearon, al señalar que la respuesta no puede consistir en exigir que madres, padres e hijos se alojen por separado, sino en garantizar alternativas adecuadas para el grupo familiar.
Las organizaciones también denunciaron situaciones de maltrato y obstáculos para acceder a la asistencia. Una de las participantes contó que algunas personas a las que se acercó para ofrecerles ayuda le pidieron que no llamara al 147 porque temían que las retiraran de la calle, les exigieran documentación o las detuvieran.
El temor quedó expresado en una frase que Ponce de León transmitió durante su intervención: "Por favor, doña, al 147 no, porque vienen, nos sacan la frazada, nos piden documentos y nos llevan presos".
También relató el caso de personas que no habían podido ingresar a un refugio durante la noche y que debían realizar trámites para justificar su ausencia y conservar su lugar. Frente a estas situaciones, durante la audiencia se insistió en la necesidad de distinguir las intervenciones de control urbano de las tareas de los equipos especializados en el abordaje social, así como de garantizar que el primer contacto con las personas sea respetuoso de sus derechos.
La disponibilidad de baños, alimentos y lugares de resguardo fue señalada como una urgencia que no admite demoras. Los participantes recordaron que la Ordenanza N.º 10.652/2024 no contempla únicamente un lugar donde pasar la noche, sino también políticas de acompañamiento, capacitación y reinserción laboral.
En ese marco, reclamaron que los baños de los dispositivos estén disponibles las 24 horas, tal como establece la normativa, y que los espacios de alojamiento puedan aprovecharse también durante el día para desarrollar actividades y brindar contención. Advirtieron, además, que la falta de personal limita el aprovechamiento de recursos e instalaciones que podrían contribuir a mejorar la atención.
La discusión incluyó la necesidad de contar con un relevamiento actualizado de la población que vive en la calle. Se propuso que trabajadores y trabajadoras sociales, junto con profesionales de la antropología, realicen un diagnóstico que permita conocer cuántas personas atraviesan esta situación, dónde se encuentran, cuáles son sus condiciones de vida y qué necesidades presentan.
Durante la reunión se advirtió que el fenómeno ya no se concentra en determinados puntos del centro, sino que también se extiende a los barrios, y que involucra a familias, personas mayores, niños y niñas, y trabajadores informales que no consiguen sostener una vivienda. También se cuestionó la expresión "situación de calle" por su posible connotación transitoria, cuando algunas personas llevan años viviendo en esas condiciones.
El relevamiento, desde esta perspectiva, no debería limitarse a contar personas. También tendría que permitir conocer las trayectorias que conducen a la pérdida de la vivienda, las condiciones de subsistencia, las necesidades sanitarias, las dificultades para acceder a los dispositivos existentes y los recursos necesarios para diseñar respuestas adecuadas a cada realidad.
Del diagnóstico a la acción: una responsabilidad colectiva
Los testimonios reunidos en Señales trazaron un panorama en el que las voces de las organizaciones convergen en una misma demanda: que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar condiciones de vida dignas a quienes atraviesan situaciones de pobreza e indigencia.
Élida Luna reclamó conocer cuántas personas viven en la calle y exigir respuestas urgentes a los responsables políticos. Cristina Solano denunció la contradicción entre el crecimiento de la riqueza urbana y el aumento de la miseria, y convocó a toda la comunidad a involucrarse. Claudia Ponce de León compartió la historia de Ramón, cuya muerte puso en evidencia, según su testimonio, la falta de respuestas ante los pedidos de asistencia y las limitaciones de los refugios. Por su parte, Oscar Lupori advirtió que la problemática se ha extendido a las familias y requiere un abordaje integral que contemple la alimentación, la higiene, el acceso a la vivienda y el acompañamiento social.
En su intervención, Solano cuestionó la respuesta de las autoridades municipales frente a la crisis social que atraviesa Rosario: "Por eso queríamos escuchar por parte de las autoridades, en este caso municipales, cuál es la posición con respecto a la calamidad que está viviendo Rosario, que es una de las ciudades más afectadas por el hambre, la miseria, la desocupación, la violencia, el narcoterrorismo, y frente a la cual las autoridades parecen estar ausentes, estar contentas o formar parte de lo mismo".
Su planteo expresó la distancia que, a su entender, existe entre la imagen de prosperidad que proyecta la ciudad y las condiciones de vida de una parte de su población. Para las organizaciones, la emergencia requiere tanto medidas inmediatas como políticas sostenidas que permitan evitar que más personas pierdan sus viviendas y que quienes ya están en la calle puedan acceder a alternativas concretas.
Los integrantes de la comisión se comprometieron a recopilar información del Ejecutivo municipal sobre los dispositivos existentes, las intervenciones en curso y los recursos disponibles; elaborar un balance de la gestión y revisar la aplicación de la Ordenanza N.º 10.652/2024 y su modificatoria, con el objetivo de identificar posibles mejoras. También propusieron mantener el contacto con las organizaciones y retomar el diálogo una vez reunida la información.
La audiencia concluyó sin anuncios de medidas inmediatas para responder a las necesidades expuestas. Las organizaciones insistieron en que, mientras se elaboran diagnósticos y se coordinan acciones, hay necesidades básicas —comer, acceder a un baño y contar con protección frente al frío y la lluvia— que requieren respuestas urgentes.
Participaron de la reunión de la Comisión de Igualdad, Género y Derechos Humanos los concejales y concejalas Lucas Raspall y Damián Pullaro, de Unidos para Cambiar Rosario; Fernanda Rey, del bloque Justicialista; Norman López, de Comunidad; Anabel Lencina, de La Libertad Avanza; Agustina Gareis, de Ciudad Futura; y Majo Poncino, del bloque peronista.
El conductor de Señales retomó el sentido de la audiencia y puso el foco en la distancia que puede existir entre el debate institucional y las necesidades concretas de quienes viven en la calle: "Más allá de los debates, del análisis de la situación que vemos y vivimos día a día, creo que lo más importante que debe pasar es la acción, la acción de todos y todas para que esto se termine", expresó.
La convocatoria final fue una invitación a actuar colectivamente: salir a luchar por quienes atraviesan las situaciones más difíciles, recuperar la dignidad y defender el derecho de todas las personas a una vida digna. Porque la situación de calle no es un problema ajeno ni una realidad que pueda resolverse con indiferencia: es una expresión de la desigualdad que compromete a toda la sociedad rosarina y exige respuestas urgentes del Estado.
Mientras haya familias durmiendo a la intemperie, niños obligados a buscar su sustento y personas que no puedan acceder a las condiciones más básicas de subsistencia, seguirá expuesta una contradicción difícil de ignorar: la de una ciudad que crece en construcciones y riqueza, pero que no consigue garantizar un techo, alimento y dignidad para todos sus habitantes. El reclamo de las organizaciones ante el Concejo Municipal y las voces que llegaron a Señales dejan planteada una responsabilidad que no puede quedar suspendida en nuevos diagnósticos ni en compromisos de diálogo. Conocer la dimensión de la emergencia, garantizar el cumplimiento de las normas vigentes, fortalecer los refugios y desarrollar políticas públicas integrales son pasos indispensables; convertirlos en respuestas efectivas es la tarea que sigue pendiente.
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