Lavih Abraham es economista, docente universitario e investigador del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía del MATE. Desde ese espacio participa mensualmente en la elaboración de los informes de coyuntura y en múltiples análisis públicos que buscan explicar cómo las decisiones macroeconómicas terminan impactando de manera concreta en la vida cotidiana de los trabajadores, los jubilados y el conjunto de la población.
Como autor del último informe del MATE —un trabajo que analiza la evolución de la inflación, los salarios, el empleo, el modelo económico vigente y su impacto sobre trabajadores, jubilados y la producción—, Abraham traza en las
Señales un diagnóstico severo sobre la economía argentina a comienzos de 2026. Para el economista, el ajuste implementado por el gobierno fue "muy fuerte" y, aunque reconoce que resolvió algunos problemas puntuales, sostiene que en términos generales "creó más problemas de los que solucionó".
Según explica, se trata de un ajuste que, a pesar de haber sido "durísimo" con la mayoría de las prestaciones del Estado —desde jubilaciones y obra pública hasta programas estatales—, no logró cumplir uno de sus objetivos centrales: frenar la inflación. El índice de precios, señala, sigue ubicándose en torno al 2,5 o 3% mensual y, lejos de desacelerarse, lleva ocho meses consecutivos de aumentos, mes tras mes, aunque sea de manera leve.
El impacto del ajuste tampoco fue neutro sobre el entramado productivo. Por el contrario, Abraham advierte que se agravaron los problemas estructurales al consolidarse un modelo económico muy distinto al de años anteriores. Un esquema de dólar barato, importaciones que compiten de forma directa y agresiva con la industria nacional y un creciente endeudamiento financiero configuran, a su entender, "el caldo de cultivo de la próxima crisis". En ese marco, describe a un gobierno que no deja de ajustar pero que, al mismo tiempo, "no le encuentra la vuelta", mientras en el camino arrasa con la producción nacional, la industria, la construcción, el comercio y el conjunto de los sectores productivos.
Un ajuste profundo que no resolvió la inflaciónLos salarios aparecen como una de las principales variables de ajuste. Para Abraham, el objetivo de fondo de la política económica ha sido bajar los sueldos, y afirma que ese objetivo se está cumpliendo. El informe también muestra que, pese al ajuste, la inflación volvió a acelerarse en diciembre, un dato que para el economista confirma la ausencia de un programa antiinflacionario consistente. "No hay un plan", sostiene, y cuestiona la confianza casi exclusiva del gobierno en el dogma de que la emisión monetaria es la única causa de la inflación.
Si bien reconoce que se redujo fuertemente la emisión, remarca que los resultados no acompañaron esa estrategia. En 2025, la inflación alcanzó el 31%, un nivel que supera al de 2015 y al de prácticamente todos los años entre 2002 y 2017. Aun con esa inflación elevada, explica, el gobierno parece apostar a que los desequilibrios se resolverán de manera automática, una expectativa que, según Abraham, "evidentemente no funciona así".
Uno de los datos más contundentes del informe es la caída histórica del salario estatal. Los ingresos de los trabajadores del Estado se ubican un 20% por debajo de los niveles de 2023, lo que implica una pérdida acumulada cercana a los 10 millones de pesos por trabajador. Para Abraham, no hay antecedentes recientes de un deterioro de esta magnitud. Recuerda que el empleo estatal estuvo muy mal remunerado durante los años 80 y 90, especialmente en esa última década, pero que a partir de 2003 se produjo una revalorización tanto simbólica como salarial del trabajo en el sector público.
Entre 2003 y 2015, explica, los salarios estatales mejoraron y, con altibajos, ese nivel se sostuvo hasta 2023. El cambio, afirma, es deliberado. Sostiene que el actual gobierno busca "destruir el Estado", algo que, según señala, fue anunciado explícitamente por el propio presidente. Parte de esa estrategia consiste en destruir los salarios de quienes trabajan en el sector público, además de despedir a decenas de miles de empleados y cerrar reparticiones en todo el territorio nacional.
El desfinanciamiento alcanza a áreas clave como la cultura, el arte, la educación, la ciencia, la tecnología y los servicios sociales. Dentro de ese proceso, subraya Abraham, se encuentra también el recorte sistemático del salario estatal, que hoy se ubica un 20% por debajo de su poder de compra de 2023, no de manera puntual sino de forma permanente, mes tras mes. "No es menor que un sueldo compre 20% menos de lo que compraba", advierte, y define la situación como una ruptura profunda con la vida cotidiana de los trabajadores del Estado.
Las consecuencias ya son visibles. Los trabajadores más calificados comienzan a abandonar el sector público, lo que genera un vaciamiento progresivo del Estado. En el extremo de mayor calificación, como el caso de científicos e investigadores, muchos optan directamente por emigrar o abandonar las universidades. Abraham describe departamentos universitarios completos que no logran cubrir cargos docentes porque los profesionales más formados prefieren irse ante salarios que considera indignos. Todo ese proceso, concluye, forma parte de una destrucción sistemática del Estado, que incluye el empobrecimiento de sus trabajadores, el achicamiento de sus funciones y el despido de más de 80.000 personas sin ningún tipo de contemplación.
El Estado como enemigo: salarios estatales en caída libreEl deterioro salarial que describe el informe no se limita al empleo estatal. Abraham señala que el sector privado también fue golpeado, aunque con matices. La pérdida inicial, explica, se produjo apenas iniciado el actual gobierno, a partir de una fuerte devaluación decidida de manera deliberada. Esa devaluación disparó un salto inflacionario inmediato que no fue compensado por los salarios, ni públicos ni privados. "Perdieron todos", resume el economista.
Durante 2024, sin embargo, el sector privado mostró una dinámica algo distinta. Las paritarias permitieron una recuperación parcial de los salarios hacia la segunda mitad del año, aunque sin revertir completamente el golpe inicial. Esa tendencia se frenó en 2025. Las negociaciones salariales de ese año, según Abraham, apenas alcanzaron para "sostener" los ingresos y evitar una caída mayor, pero no lograron recuperar lo perdido. El resultado es un salario privado que, en promedio, quedó entre un 6 y un 7% por debajo de los niveles de 2023 en términos de poder adquisitivo.
El promedio, aclara, esconde realidades muy dispares. Hay sectores que perdieron entre un 10 y un 15% de su poder de compra y otros que lograron mantenerse más cerca de los niveles previos. Aun así, el balance general es negativo: los sueldos ya no alcanzan. Y esa medición, agrega, se realiza sobre la base de un índice de inflación que considera desactualizado. El índice oficial, sostiene, necesita una revisión profunda que el gobierno ha decidido postergar sistemáticamente, hasta llegar incluso a afirmar que no lo hará. "Mide la inflación como quiere", dice Abraham, y advierte que ese manejo erosiona la credibilidad, debilita la institucionalidad y termina afectando seriamente la confianza en las estadísticas públicas.
Jubilados, pensionados, el ajuste silenciosoEntre los sectores más castigados aparecen los jubilados y pensionados. Al inicio del gobierno, explica, las jubilaciones no fueron actualizadas, lo que provocó una pérdida cercana al 40% del poder adquisitivo. Parte de ese deterioro se recuperó hacia fines de 2024, pero el daño no se revirtió. Con la nueva fórmula de actualización, que ajusta las jubilaciones a la par de la inflación, los haberes quedaron en promedio un 23% por debajo de los niveles de 2023. En términos concretos, una jubilación que antes permitía comprar 100 hoy permite comprar apenas 77.
La situación es aún más grave para quienes cobran la mínima. En ese caso, la pérdida de poder adquisitivo se acerca al 28%. Abraham lo traduce en una cifra contundente: a un jubilado se le quitó, mes tras mes, entre un 25 y un 28% de su ingreso. Sumado en el tiempo, equivale a unos 5 millones de pesos que debería haber cobrado desde el inicio del gobierno y que nunca llegaron a su bolsillo. No se trata de una suma concentrada en un solo pago, sino de pequeñas pérdidas acumuladas a lo largo de los meses. "Es mucha plata", remarca, y subraya que esa ausencia de ingresos golpea de lleno a la actividad económica, al comercio y al consumo en general.
Quiénes ganan con el ajusteEl informe también cuantifica una transferencia de ingresos de magnitud inédita: cerca de 67 billones de pesos que salieron de los salarios. La pregunta por el destino de ese dinero no tiene una respuesta sencilla. Abraham explica que una parte directamente "se destruyó". Al caer la producción, esa riqueza dejó de existir: no se transformó en consumo, ni en inversión, ni en producto. Simplemente desapareció, empobreciendo al conjunto de la sociedad argentina.
Otra parte, en cambio, sí tuvo ganadores. Los principales beneficiados, según el economista, fueron ciertos sectores vinculados a las finanzas. No se trata exclusivamente de los bancos —que en algunos casos ganaron y en otros perdieron—, sino de un entramado más amplio. Muchas grandes empresas, explica, poseen enormes activos financieros además de su capacidad productiva. Junto a la empresa que fabrica y vende, existe una "segunda empresa", completamente financiera, cuyos fondos en muchos casos equivalen al valor total de la firma. En ese proceso, compañías tradicionalmente productivas pasaron a obtener una parte creciente de sus ganancias en el plano financiero. Incluso empresas con márgenes productivos bajos lograron grandes beneficios a través de operaciones financieras. Ese sector, concluye Abraham, es uno de los grandes ganadores del modelo.
Un modelo que no crea trabajoEl ajuste también dejó una huella profunda en el empleo. Desde la asunción del gobierno se perdieron casi 320.000 puestos de trabajo formales. Para Abraham, lejos de ser un daño colateral, esa caída es consistente con el modelo económico vigente. Cerca de 100.000 empleos se perdieron en el sector público y otros 200.000 en el privado. Se trata de un esquema que no genera trabajo porque los sectores más castigados son justamente los grandes empleadores de la Argentina: la industria, la construcción y el comercio.
La construcción, señala, mueve millones de puestos de trabajo; la industria emplea cerca de un millón de trabajadores, aunque ya perdió casi 100.000; y el comercio funciona históricamente como un gran absorbente de mano de obra. Muchos de esos empleos dejaron de estar registrados y pasaron a la informalidad. Otras personas directamente perdieron su trabajo y hoy sobreviven con changas: manejan para aplicaciones, hacen repartos en moto, venden productos puerta a puerta o a través de redes sociales. Son esas las ocupaciones que crecieron, pero no compensan ni en cantidad ni en calidad la pérdida de empleo formal.
Para Abraham, ese cambio no es menor. Se trata de una degradación profunda de la calidad del trabajo. Un empleo registrado implica aguinaldo, vacaciones, licencias por maternidad y enfermedad, obra social, representación sindical y una red de derechos y beneficios que forman parte de la historia de la clase trabajadora argentina. Nada de eso existe en el trabajo no registrado. Más allá de que algunos puedan "hacer unos mangos" con su auto o su moto, sostiene, nunca es lo mismo que contar con un empleo formal y con los derechos que ese tipo de trabajo supo garantizar a lo largo del tiempo.
La vida en cuotasEl deterioro de los ingresos no se expresa solo en estadísticas. Para Abraham, una de las señales más claras del momento actual es el nivel de endeudamiento de los hogares. Cada vez más familias, explica, se endeudan para comer, para pagar los servicios básicos o simplemente para llegar a fin de mes. Cuando el salario no alcanza, la reacción inmediata es intentar sostener el nivel de vida recurriendo al crédito. Y cuando aparece cualquier imprevisto, el endeudamiento se vuelve inevitable.
El economista describe escenas que se repiten con frecuencia: familias que no pueden afrontar la reparación de un electrodoméstico, mucho menos la compra de uno nuevo, y que terminan resolviendo todo a través de cuotas y más cuotas. Compras básicas del supermercado financiadas en tres o cuatro pagos, tarjetas de crédito al límite y un crecimiento sostenido de las deudas impagas. "Cada vez más deudas atrasadas, cada vez más deudas en mora", resume.
Récord histórico de mora y la usura del día a díaLos datos del Banco Central confirman ese cuadro. Según Abraham, la Argentina atraviesa el momento de mayor irregularidad en los pagos de toda su historia, incluso por encima de lo ocurrido a la salida de la pandemia o durante la crisis de 2018. Al analizar dónde se concentran esas deudas, aparece un dato clave: si bien hay mora en tarjetas de crédito y préstamos personales, el mayor nivel de irregularidad se registra en las compañías financieras.
Se trata, explica, de los créditos más fáciles de obtener, aquellos a los que accede la mayoría de la gente en los barrios, con préstamos pequeños y de corto plazo. No son los bancos tradicionales, sino las financieras de acceso rápido. Allí, casi el 30% de los créditos presenta atrasos. "Uno de cada tres créditos no se puede pagar", señala Abraham, y define la situación como una barbaridad.
Ese mecanismo genera una dinámica asfixiante: cobrar el sueldo y destinarlo casi por completo a pagar deudas previas, para luego volver a endeudarse durante el mes siguiente. Ya no existe la posibilidad de guardar dinero. El salario entra y sale de inmediato, absorbido por tarjetas y cuotas que se convierten en una bola imposible de frenar. Es, para el economista, otra evidencia de que los sueldos no alcanzan y de que la Argentina se ha convertido en un país carísimo para su propia población.
El periodista ilustra esa realidad con una escena cotidiana que le tocó presenciar. En la fila de un comercio, la mujer que estaba delante suyo intentó pagar con una aplicación de uso común. El pago fue rechazado por falta de fondos. La mujer le pidió unos minutos y terminó pidiendo dinero prestado y sacando un crédito en el acto para poder pagar la compra. "¿Cuánta gente hace lo mismo?", se pregunta. Y advierte Abraham que detrás de esas operaciones hay comisiones altísimas y tasas de interés extremadamente elevadas.
Ese esquema, sostiene, es posible porque las tasas están completamente desreguladas. El gobierno, afirma, no tiene interés en regularlas, apoyado en una concepción según la cual el mercado se autorregula. Para Abraham, la experiencia demuestra lo contrario: el mercado sí se regula, pero siempre a favor de los más fuertes y en contra de los más débiles.
Destruir en meses lo que llevó décadas construirEl panorama general que traza es el de una economía que no logra reactivarse, que no produce y que depende cada vez más de importaciones, mientras destruye un entramado industrial que llevó décadas construir. "Romper una construcción colectiva de décadas", dice, para convertir a la Argentina en una plataforma de exportación subordinada a la economía norteamericana. En su diagnóstico, lo que está en juego no es solo un modelo económico, sino también la identidad nacional, sometida a una lógica de alineamiento y dependencia absoluta.
Ese es, para Abraham, el rumbo actual. Un camino que conduce a una economía más frágil, más desigual y con una sociedad empobrecida, donde el ajuste no resolvió los problemas de fondo y dejó heridas profundas en el trabajo, los ingresos y la vida cotidiana de millones de personas.
Con esa advertencia final, el economista cierra su análisis. Del otro lado, la charla se interrumpe brevemente por una escena doméstica: un niño reclama atención. La realidad, una vez más, se cuela en medio del diagnóstico económico.
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