El doctor Damián Verzeñassi habla de salud, pero difícilmente lo haga sin hablar también del territorio. Médico especialista en Medicina Legal, docente e investigador y director del Instituto de Salud Socioambiental (InSSA) de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, lleva más de dos décadas trabajando junto a sus equipos alrededor de una pregunta que atraviesa buena parte de su trayectoria: qué relación existe entre las formas en que una sociedad produce y las enfermedades que aparecen en los territorios donde esas formas de producción se despliegan.
La historia del Instituto no comenzó en 2013, cuando fue creado formalmente, ni siquiera en 2004, cuando la materia Salud Socioambiental empezó a dictarse en la carrera de Medicina. Para Verzeñassi, el recorrido se remonta a los primeros años del siglo, cuando aquel espacio funcionaba todavía como cátedra libre de Salud Pública.
El proyecto comenzó a gestarse en 2003 y la materia empezó a dictarse en agosto de 2004. Nueve años después, el 18 de septiembre de 2013, el Decanato de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR creó formalmente el Instituto de Salud Socioambiental mediante la Resolución Nº 4560/2013 bis. En 2018, su creación fue ratificada por el Consejo Directivo a través de la Resolución C.D. Nº 2825/2018.
"Arrancamos con el siglo", resume en Señales Verzeñassi.
La frase condensa una trayectoria de más de dos décadas en la que una preocupación fue tomando distintas formas: una materia universitaria, investigaciones, trabajo territorial, relevamientos epidemiológicos, publicaciones científicas y, con el tiempo, nuevas preguntas sobre la producción de alimentos y sus consecuencias sobre la salud.
Desde aquellos primeros años, el objetivo fue mirar la salud desde una perspectiva que no se limitara al consultorio ni a la enfermedad individual. La pregunta por las condiciones en las que viven y trabajan las personas llevó al equipo a salir de la Facultad, recorrer territorios, conversar con sus habitantes y relevar información sanitaria.
Así nacieron los Campamentos Sanitarios.
Cuando la medicina salió del aula
Entre diciembre de 2010 y diciembre de 2019, los Campamentos Sanitarios fueron utilizados como dispositivo de evaluación final de la práctica final de la carrera de Medicina. Para los estudiantes constituían el examen con el que culminaban su formación. Pero la experiencia tenía una particularidad: además de las actividades propias de la práctica, incluía un relevamiento epidemiológico destinado a construir un perfil epidemiológico y sociosanitario de las comunidades visitadas.
Las localidades no eran seleccionadas desde un escritorio. Llegaban al equipo a través de sus propios habitantes o de sus autoridades.
"Nos llamaban los intendentes o los vecinos de los pueblos, hablaban con sus presidentes comunales y así llegábamos a estas comunidades", cuenta Verzeñassi.
La experiencia fue adquiriendo una dimensión poco habitual para una actividad académica. A lo largo de esos nueve años, el equipo entrevistó en sus propios domicilios a más de 260.000 personas.
La cifra adquiere otra dimensión cuando se observa dónde se realizaban los relevamientos. Muchas de las localidades visitadas eran pueblos pequeños, con poblaciones que quedaban por debajo de los tamaños habituales de las grandes encuestas nacionales. El trabajo permitió así construir información sanitaria sobre comunidades que muchas veces no aparecen con ese nivel de detalle en los registros estadísticos.
Cada Campamento Sanitario producía su propio informe. Una vez terminada la experiencia, los resultados eran entregados a la comunidad y publicados. Pero durante años los datos permanecieron organizados fundamentalmente por localidad.
Todavía faltaba hacer una pregunta distinta: qué podía aparecer si todos esos datos se miraban juntos.
El último Campamento Sanitario se realizó en diciembre de 2019. Después, las nuevas autoridades de la Facultad decidieron discontinuar el dispositivo. Tres meses más tarde llegó la pandemia de coronavirus.
El corte abrupto de aquella experiencia obligó al equipo a volver sobre una enorme cantidad de información que había conseguido reunir durante los nueve años anteriores.
"Empezamos a repensar qué hacer con toda la información que durante esos nueve años habíamos logrado construir", recuerda Verzeñassi.
Hasta ese momento, los datos habían servido principalmente para elaborar diagnósticos particulares de cada localidad. Lo que nunca habían hecho era un análisis comparativo de todas ellas.
Entre 2020 y 2022 comenzaron entonces a trabajar sobre un conjunto de ocho localidades, buscando comparar la prevalencia y la incidencia del cáncer: por un lado, la cantidad de casos existentes y, por otro, la aparición de casos nuevos.
El resultado terminó convirtiéndose en una publicación científica. Pero aquella primera comparación abrió una puerta hacia otra pregunta.
De los archivos a una nueva investigación
En 2025, el Centro de Derechos Reproductivos de América Latina se comunicó con el equipo para consultar si disponía de información sobre el impacto de los agrotóxicos en la salud reproductiva.
La organización estaba impulsando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra el Estado colombiano vinculada con las fumigaciones realizadas durante el denominado Plan Colombia.
Durante ese programa, explica Verzeñassi, el glifosato fue utilizado para fumigar áreas donde se encontraban plantaciones ilegales de coca. Las aplicaciones tenían como objetivo destruir la vegetación, pero también alcanzaron a comunidades campesinas que habitaban esas regiones.
El pedido llevó al equipo a volver sobre sus propios archivos y formular una pregunta que hasta entonces no habían analizado de manera específica: qué información tenían sobre salud reproductiva en las localidades relevadas durante los Campamentos Sanitarios.
La respuesta estaba escondida en las entrevistas realizadas años antes. Así nació el estudio que finalmente fue publicado por la Revista de Salud Pública de la Universidad Nacional de Córdoba.
La investigación se construyó a partir de información de 6.497 mujeres de nueve localidades santafesinas, cuyos datos habían sido relevados entre 2008 y 2018. A las ocho localidades utilizadas en el análisis anterior sobre cáncer se sumó San Jorge, donde se había realizado el último Campamento Sanitario.
El trabajo volvió a poner en circulación una enorme cantidad de información que había sido construida mucho antes de que apareciera la pregunta específica que ahora buscaban responder.
Y uno de los primeros hallazgos, según Verzeñassi, fue menos una cifra que una ausencia: la falta de información oficial suficientemente sólida sobre abortos espontáneos e hipotiroidismo a nivel provincial y nacional.
El problema aparece con claridad cuando se comparan los registros oficiales con los datos obtenidos en territorio.
En el período analizado, explica Verzeñassi, los registros oficiales contabilizaban menos de diez abortos espontáneos. Para el investigador, esa cifra no significa necesariamente que las pérdidas fueran inexistentes, sino que muchas de ellas nunca llegaban a quedar registradas por el sistema sanitario.
Muchas mujeres atraviesan una pérdida espontánea como un acontecimiento que ocurre dentro de su propia casa. Cuando llegan a un centro de salud, además, la pérdida puede quedar asentada bajo otras categorías, como metrorragias, pérdidas o menstruaciones tardías.
Hay otro elemento histórico que el investigador considera indispensable para interpretar los datos. El período analizado, 2008-2018, corresponde a una época en la que el aborto todavía no era legal en Argentina.
Ese contexto podía generar temor entre las mujeres que atravesaban una pérdida. Podían temer que una interrupción espontánea del embarazo fuera interpretada como provocada.
"Muchas mujeres tenían miedo de que fuesen identificadas como no espontáneas", explica Verzeñassi.
Por esa razón, sostiene, los registros sanitarios tampoco reflejaban adecuadamente la dimensión del fenómeno.
El análisis realizado sobre las nueve localidades encontró una asociación entre vivir en pueblos rodeados por áreas de producción de soja, maíz y otros cultivos vinculados con eventos transgénicos asociados al uso de agrotóxicos y una mayor frecuencia de abortos espontáneos.
Según los resultados que describe el investigador, esas pérdidas se multiplicaban 2,4 veces respecto de la línea de base correspondiente a 2008.
Pero el dato que aparece en el estudio no puede separarse de la secuencia temporal que los investigadores reconstruyeron a partir de las entrevistas.
Las mujeres habían respondido sobre sus experiencias de salud año por año. Esa información permitía observar cómo evolucionaban determinados indicadores a lo largo del período estudiado.
Y allí apareció otro dato que llamó especialmente la atención del equipo.
El primer trimestre
Un embarazo puede perderse en cualquiera de sus nueve meses, pero en medicina los embarazos se dividen en tres trimestres y las causas de las pérdidas no necesariamente son las mismas en cada uno de ellos.
Según explica Verzeñassi, las pérdidas que ocurren durante el segundo y el tercer trimestre están más vinculadas con problemas propios de la madre o del binomio madre-hijo. Las que ocurren durante el primer trimestre, en cambio, tienen una relación mayor con agentes externos.
Es también uno de los motivos por los cuales existe socialmente cierta cautela para comunicar un embarazo antes de los tres meses. Es un período considerado particularmente vulnerable.
En los datos analizados por el equipo, las pérdidas durante el segundo y el tercer trimestre permanecieron relativamente estables a lo largo del período estudiado.
El comportamiento fue diferente en el primer trimestre. Según los resultados que describe Verzeñassi, esas pérdidas se multiplicaron por 18.
Para el investigador, ese comportamiento reforzó la hipótesis de que algún elemento ambiental estaba impactando sobre esas comunidades. En su interpretación, el cambio más drástico producido durante esos años había sido el incremento tanto del volumen como del tipo de sustancias utilizadas en las áreas productivas que rodeaban a las localidades.
La afirmación vuelve a colocar el foco sobre una de las preguntas centrales de toda la investigación: qué ocurre cuando los cambios en las formas de producción de un territorio coinciden en el tiempo con cambios en los indicadores de salud de quienes viven allí.
Pero el estudio no se quedó únicamente con la pregunta por las pérdidas de embarazo. También buscó saber qué otros problemas de salud aparecían entre esas mujeres. Allí apareció el hipotiroidismo.
Cuando una enfermedad aparece junto a otra
Los investigadores observaron que las pérdidas de embarazo estaban estrechamente vinculadas con mujeres que habían desarrollado hipotiroidismo durante el mismo período.
No se trataba, aclara Verzeñassi, de mujeres que ya fueran hipotiroideas y luego hubieran atravesado una pérdida. El hipotiroidismo había aparecido durante ese mismo período de tiempo.
La relación resulta particularmente relevante porque la literatura científica reconoce que el hipotiroidismo puede dificultar el desarrollo del embarazo.
A partir de allí, el investigador plantea una hipótesis que conecta los distintos elementos observados en el estudio.
Por un lado, están las sustancias químicas utilizadas en las áreas productivas y su capacidad de generar alteraciones endocrinas, es decir, de afectar el funcionamiento de distintas glándulas, entre ellas la tiroides. Por otro, sostiene que algunas de esas sustancias también pueden afectar el sistema reproductivo. Y, a su vez, existe una relación conocida entre los trastornos de la tiroides y el funcionamiento del sistema reproductivo.
Para Verzeñassi, esos elementos conforman un entramado que no puede ser ignorado. "Acá se mezclaba", plantea.
Y resume su interpretación con una expresión deliberadamente gráfica: "Hay un gran combo donde nadie puede decir que este paquete de veneno que se está utilizando es absolutamente imposible de ser vinculado con este grave problema de salud que estamos viendo".
La investigación, sin embargo, se inserta en un recorrido mucho más amplio que una única publicación científica.
Detrás de los números están nueve años de Campamentos Sanitarios, más de 260.000 personas entrevistadas en sus domicilios, 40 localidades recorridas en cuatro provincias —Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba— y una acumulación de información que durante años permaneció fragmentada en diagnósticos particulares.
El valor de esa experiencia, para el equipo de Salud Socioambiental, está precisamente en haber llevado la investigación hacia lugares que suelen quedar fuera de las grandes estadísticas.
Pueblos pequeños, comunidades rurales y territorios atravesados por determinadas formas de producción se convirtieron así en espacios donde la medicina podía observar no sólo qué enfermedades aparecían, sino también en qué condiciones ambientales y productivas estaban viviendo quienes las padecían.
Pero los Campamentos Sanitarios no terminaban cuando los estudiantes y los investigadores abandonaban el pueblo.
Una parte fundamental del dispositivo consistía en devolver los resultados a las comunidades.
Durante los días del campamento, el equipo entregaba un informe preliminar a los habitantes de la localidad y a sus autoridades comunales. El informe definitivo llegaba después.
La intención original era que estuviera disponible aproximadamente dos meses más tarde, pero la cantidad de información generada hacía imposible procesarla con tanta rapidez.
"Era tal el volumen de información que nosotros teníamos que no podíamos, no llegábamos a analizarlo antes del año o el año y medio de haber hecho el campamento", recuerda Verzeñassi.
El trabajo se desarrollaba en simultáneo: mientras un equipo organizaba el siguiente Campamento Sanitario, otro analizaba los datos obtenidos en el anterior. Por eso, la devolución definitiva podía demorar un año o incluso un año y medio.
En algunas localidades, esos informes terminaron provocando decisiones concretas. Verzeñassi recuerda especialmente el caso de Chabás.
Cuando el equipo entregó el informe definitivo, ya había cambiado la administración comunal. El presidente comunal que recibió los resultados no era el mismo que había invitado originalmente a los investigadores.
Después de presentar el informe fueron a cenar. En medio de la comida, recuerda Verzeñassi, el nuevo presidente comunal le preguntó qué podía hacer con aquella información.
Su preocupación tenía una dimensión personal que también era política: "Mi hija vive acá en este pueblo. Si yo no puedo cuidar la salud de mi hija y de los amigos de mi hija que viven en este pueblo, ¿qué hago acá de presidente comunal?".
A partir de ese contacto, el equipo puso al funcionario en comunicación con integrantes de la Red Argentina de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología y con investigadores de Buenos Aires que trabajaban sobre producción.
Los médicos habían aportado el diagnóstico sanitario. La discusión sobre cómo transformar las formas de producción requería también otros saberes.
El presidente comunal comenzó entonces a intentar estimular la producción agroecológica alrededor de Chabás.
Verzeñassi no pudo seguir después la evolución de aquella experiencia y desconoce hasta dónde llegó el proceso, pero recuerda que el funcionario había quedado fuertemente comprometido.
Algo similar ocurrió en Luis Palacios, donde el presidente comunal se comunicó con el equipo después de recibir los resultados para preguntar qué podía hacer frente a la información obtenida.
Las respuestas fueron diferentes según cada localidad. En algunos casos hubo avances concretos; en otros, mucho menos. También hubo funcionarios que agradecieron el informe, reconocieron su importancia y luego no continuaron con ninguna política derivada de sus resultados.
Pero había otra consecuencia, incluso cuando las autoridades no tomaban medidas.
Cuando una comunidad deja de estar sola
Durante años, habitantes de esos pueblos habían sentido que algo estaba ocurriendo con su salud.
El problema era que esa percepción podía ser desestimada incluso dentro de la propia comunidad. Algunos habitantes eran acusados de exagerar o de tener una "paranoia".
El informe producido por la universidad pública modificaba esa situación. "Lo que les pasaba, lo que sentían que les pasaba, no era un invento", sostiene Verzeñassi.
Había una sistematización, una investigación y datos construidos a partir del trabajo de una institución académica.
Esa legitimación permitió, en algunos lugares, que las comunidades y los gobiernos locales comenzaran a discutir alternativas productivas.
Verzeñassi menciona el caso de Zavalla, aunque aclara que allí el equipo no realizó un Campamento Sanitario. En esa localidad, la organización de los vecinos contribuyó a impulsar políticas públicas orientadas a estimular producciones agroecológicas.
También menciona una experiencia en Máximo Paz, donde hubo un intento de avanzar en un proyecto de producción agroecológica impulsado desde el municipio con apoyo de la universidad.
La idea, para el investigador, no consiste en presentar la agroecología como una solución mágica. "La agroecología no es la panacea", advierte.
No resuelve por sí sola todos los problemas. Pero la considera una estrategia que puede tener un papel importante en la recuperación de la salud de los territorios y de las comunidades.
Por eso, el trabajo del equipo continúa también dentro de la universidad, en la búsqueda de estrategias de formación que permitan estimular el conocimiento y las prácticas agroecológicas.
En ese camino, Verzeñassi señala como referencia a la Escuela Agrotécnica de Casilda, a la que describe como una especie de "faro": una institución que, desde la formación de técnicos agropecuarios y desde su vínculo con la universidad, viene pensando cómo promover otras formas de producción.
La discusión sobre los resultados de los Campamentos Sanitarios lleva así a otra pregunta: qué hacer con la información una vez que ha sido producida.
Para Verzeñassi, el diagnóstico no puede quedar encerrado en un informe académico. Tiene que regresar al territorio y, cuando sea posible, convertirse en una herramienta para modificar las condiciones que pueden estar afectando la salud.
Una información que no tiene equivalente
La magnitud del trabajo realizado también aparece cuando se lo compara con otras investigaciones.
Existen estudios estadísticos y epidemiológicos sobre plaguicidas, salud reproductiva, abortos espontáneos e hipotiroidismo tanto en Argentina como en otros países. Pero Verzeñassi sostiene que no hay en el país una investigación de características comparables en cuanto al volumen y al modo de obtención de la información.
La particularidad del trabajo, insiste, está en la escala y en la profundidad del relevamiento.
Durante los Campamentos Sanitarios fueron entrevistadas más de 260.000 personas directamente en sus domicilios. Para el estudio específico sobre salud reproductiva fueron entrevistadas 6.497 mujeres en edad reproductiva.
No se trata, por lo tanto, de una encuesta telefónica ni de una muestra construida exclusivamente a partir de registros administrativos.
Son personas entrevistadas cara a cara en sus propias comunidades, a partir de las cuales se construyó la información utilizada posteriormente en el análisis.
Para realizar comparaciones internacionales, el equipo tuvo que recurrir a otras fuentes de información.
En Estados Unidos, por ejemplo, existe una encuesta nacional de salud de los agricultores que se realiza telefónicamente y alcanza una gran cantidad de personas por su escala nacional. Pero, señala Verzeñassi, esa herramienta no tiene la profundidad del relevamiento realizado por los Campamentos Sanitarios.
También existen datos disponibles en Europa, donde algunos países cuentan con sistemas nacionales de salud capaces de registrar de manera sistemática una enorme cantidad de información sanitaria.
En determinados sistemas, donde cerca del 90 por ciento de la población se atiende en el sistema público, los registros permiten acceder a una información que en Argentina y en otros países de la región no está disponible con la misma profundidad.
Para los análisis comparativos, el equipo recurrió incluso a países europeos con características demográficas y genéticas que podían resultar útiles como referencia, teniendo en cuenta las corrientes migratorias que contribuyeron a conformar las poblaciones de las localidades santafesinas estudiadas.
La comparación no buscaba atribuir automáticamente las diferencias sanitarias a una cuestión genética.
De hecho, Verzeñassi recuerda con cierta ironía las explicaciones que en ocasiones se construyen alrededor de supuestas particularidades heredadas de las poblaciones.
Para él, antes que aceptar esas explicaciones de manera automática, es necesario observar qué otras condiciones comparten o diferencian los territorios.
El problema de fondo vuelve a ser el mismo: la disponibilidad de información.
Mientras algunos sistemas sanitarios europeos cuentan con registros obligatorios y centralizados sobre lo que ocurre con la salud de sus poblaciones, en Argentina y en buena parte de América Latina esa información aparece fragmentada, incompleta o directamente no existe para determinadas enfermedades y comunidades.
Por eso, cuando Verzeñassi habla de los 260.000 habitantes entrevistados en sus domicilios y de las 6.497 mujeres que forman parte del estudio sobre abortos espontáneos, hipotiroidismo y exposición a agrotóxicos, no está hablando solamente de una cifra.
Está hablando también de una manera de mirar la salud: salir de los registros que ya existen, ir hasta los lugares donde viven las personas y preguntarles qué les ocurre.
Y después, con toda esa información reunida, volver al territorio para intentar entender si aquello que las comunidades perciben como un problema puede ser medido, comparado y discutido desde la investigación científica.
Después de los Campamentos
Los Campamentos Sanitarios no volvieron a realizarse. En 2019, con el cambio de autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas, hubo una decisión política de interrumpir tanto ese dispositivo como los seminarios de Salud Pública que formaban parte del ciclo de práctica final de la carrera de Medicina.
Tres meses después llegó la pandemia y el cierre de las aulas terminó funcionando, en los hechos, como un contexto que facilitó la continuidad de esa decisión.
Para el equipo de Salud Socioambiental significó tener que buscar otra forma de hacer lo que hasta entonces habían hecho en los territorios. "Decidimos reinventarnos", cuenta Verzeñassi.
La enorme base de información construida durante los años anteriores pasó entonces a ocupar un lugar todavía más importante. Pero la reconversión no se limitó al análisis de datos.
El equipo profundizó también su trabajo de educación popular y de vinculación directa con las comunidades. Comenzaron a desarrollar procesos de formación de promotores de salud socioambiental y de epidemiología comunitaria, y trabajaron junto a la Unión de Trabajadores de la Tierra.
En paralelo, junto con la Escuela Agrotécnica, se presentaron a una convocatoria de proyectos de investigación de la Universidad Nacional de Rosario. Obtuvieron el financiamiento y durante cuatro años desarrollaron un proyecto junto con trabajadores y trabajadoras de la tierra para conocer su situación de salud.
La investigación incorporó una comparación que para el equipo resultaba particularmente relevante: observar las condiciones de salud de quienes trabajan la tierra de manera agroecológica y compararlas con las de quienes desarrollan una producción convencional.
Los resultados, asegura Verzeñassi, volvieron a ser interesantes. Una primera parte fue publicada en un informe y el equipo trabaja ahora en la elaboración de una nueva publicación científica.
Mientras tanto, el Instituto amplió sus herramientas de formación. A través de su sitio web comenzó a ofrecer distintas propuestas de capacitación online y continuó sosteniendo la materia Salud Socioambiental, cuyo recorrido comenzó hace más de dos décadas.
La continuidad de ese espacio adquiere para Verzeñassi un valor particular en un escenario que considera poco favorable para la búsqueda de alternativas al modelo productivo predominante.
La discusión sobre qué producir y cómo producir no ocurre en un vacío.
En esos mismos días, observa el periodista, el diario La Capital había llevado a su título principal una declaración de representantes de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), después del congreso realizado en Rosario: "El modelo de la siembra directa no se negocia".
Para el investigador, esa definición convive con otras iniciativas que avanzan en la misma dirección productiva, incluso desde ámbitos educativos y de política pública.
Menciona, entre otros ejemplos, proyectos de formación en agrotecnología y propuestas orientadas a fijar carbono en el suelo mediante fertilizantes biológicos.
El problema, sostiene, aparece cuando se observa quiénes controlan los insumos necesarios para ese modelo de producción.
En su lectura, un pequeño grupo de grandes empresas agroindustriales concentra una porción decisiva del mercado mundial de agrotóxicos, fertilizantes y semillas. "Es terrible el nivel de concentración", afirma.
Esa concentración explica, en buena medida, la importancia que le asigna al papel de la universidad pública.
A pesar de sus propias contradicciones y limitaciones, considera que continúa siendo un espacio fundamental para desarrollar investigación independiente y para sostener prácticas que no necesariamente responden a los intereses de quienes dominan el mercado de insumos y tecnologías agropecuarias.
"Es el único espacio desde donde se puede llevar adelante investigación independiente", sostiene.
De la producción a la mesa
Para Verzeñassi, la interrupción de los Campamentos Sanitarios no significó el final del trabajo territorial. Cambió la forma, pero no la preocupación central.
Actualmente, el equipo trabaja con una comunidad de la isla del Espinillo en un intento por recuperar prácticas de producción de alimentos que permitan mejorar la calidad de vida y, especialmente, la salud de las niñas y los niños que viven allí.
Al mismo tiempo, busca profundizar los vínculos con organizaciones de productores y productoras agroecológicos. El objetivo es construir mecanismos que acerquen a quienes producen alimentos de esa manera con quienes los consumen.
La idea parte de una constatación sencilla: si quienes consumen alimentos son, en definitiva, el conjunto de la población, entonces también pueden tener un papel activo en las formas en que esos alimentos son producidos.
Verzeñassi recurre para explicar esa relación a una expresión de Antonio Latuca, a quien define como "un gran maestro" de Rosario: los "co-agricultores".
La palabra intenta romper con la separación tradicional entre quien produce y quien consume.
No todos pueden trabajar directamente la tierra. "Yo no puedo trabajar la tierra porque no tengo lugar", plantea. Pero alguien más sí puede hacerlo.
La relación, entonces, puede construirse de otra manera: acompañando, organizando el consumo, generando vínculos y creando condiciones para que quienes producen agroecológicamente encuentren una comunidad que sostenga su trabajo.
La idea no se agota en una consigna. La pregunta es cuánto debería garantizar quien consume para que quien produce pueda hacerlo y, al mismo tiempo, vivir dignamente.
No se trata solamente de comprar un alimento de manera ocasional, sino de construir una relación capaz de sostener a quien trabaja la tierra.
Esa discusión forma parte de una experiencia más amplia en la que participan junto con Alimentar Ciudades, las cooperativas Germinar y otras organizaciones vinculadas con la producción y el consumo cooperativo en Argentina.
El objetivo es pensar cómo se alimentan las ciudades y qué sistemas agroalimentarios pueden sostener esa alimentación sin desligarla de la salud de quienes producen, de quienes consumen y de los territorios donde se produce.
La salud también está en los alimentos
En esa misma línea, el Instituto sostiene actualmente un curso online gratuito sobre sistemas agroalimentarios saludables y resistencia a los antimicrobianos.
Es otro de los temas que el equipo considera urgente y que, según Verzeñassi, todavía recibe menos atención de la que merece.
El problema es la creciente aparición de bacterias resistentes a los antibióticos, capaces de sobrevivir a tratamientos que antes podían detenerlas.
La explicación habitual suele poner el foco en el uso inadecuado de antibióticos por parte de los médicos. Verzeñassi reconoce que existe una parte del problema allí, pero señala otro dato que considera decisivo: entre el 70 y el 80 por ciento de los antibióticos utilizados en el mundo se destinan a la producción animal, especialmente a sistemas intensivos como los feedlots.
Desde esa perspectiva, el problema de la resistencia antimicrobiana no puede pensarse únicamente dentro de los hospitales o consultorios.
También debe ser observado dentro del sistema agroalimentario.
El investigador menciona trabajos que han detectado rastros de microdosis de antibióticos en vegetales, como la lechuga.
La explicación, según describe, puede encontrarse en una práctica utilizada incluso con la intención de producir de manera menos dañina: el empleo de camas de pollo como fertilizante de los suelos.
Las camas provenientes de criaderos intensivos pueden contener restos de los antibióticos utilizados en esos sistemas. Una vez incorporados al suelo, sostiene Verzeñassi, esos residuos pueden ser absorbidos por las raíces y llegar a los vegetales que allí se producen.
La consecuencia es una cadena que conecta producción animal, suelo, alimentos y salud humana.
Para el investigador, esa cadena representa un riesgo sanitario que ya tiene una dimensión global.
Es también una muestra, en su lectura, de la necesidad de dejar de pensar la salud como una sucesión de compartimentos separados.
El antibiótico que aparece en una granja, el residuo que llega al suelo, el vegetal que crece allí, el alimento que llega a una mesa y la bacteria que finalmente desarrolla resistencia forman parte de un mismo sistema.
El problema de quién controla las herramientas
En ese punto vuelve a aparecer una discusión que atraviesa toda la entrevista: quién controla las herramientas con las que se produce.
Verzeñassi cuestiona que las mismas grandes empresas que comercializan agrotóxicos y semillas transgénicas estén ahora ofreciendo también soluciones biológicas.
No cuestiona la posibilidad de utilizar herramientas biológicas en sí misma, sino el hecho de que, según su planteo, esas empresas pretendan imponer sus propios productos como única alternativa.
La tensión aparece también en torno a los preparados que desarrollan los propios productores agroecológicos.
Según Verzeñassi, las exigencias de patentamiento pueden limitar la posibilidad de que las comunidades y los productores desarrollen y utilicen sus propios insumos.
A eso suma otro elemento: la concentración empresarial en distintos eslabones de las industrias vinculadas con la producción agropecuaria y la salud.
Para él, existe una conexión entre quienes producen los insumos agrícolas y quienes posteriormente participan de mercados vinculados con antibióticos y medicamentos.
Es un entramado que describe como un "combo" y que relaciona con una expresión utilizada por un cineasta canadiense en una película que, según recuerda, denominó a este fenómeno "el ciclo idiota": una cadena en la que los problemas generados por determinado sistema terminan alimentando nuevas industrias destinadas a responder a sus propias consecuencias.
La conversación vuelve así, una vez más, al punto de partida.
La salud no aparece aislada del territorio. Tampoco de la forma en que se produce, se trabaja, se distribuyen los alimentos o se organizan los mercados.
Una pregunta que sigue abierta
Durante más de dos décadas, Verzeñassi y sus equipos fueron construyendo una manera de mirar la salud que comienza en el territorio.
Primero fueron las aulas y la materia de Salud Socioambiental. Después, los pueblos y los Campamentos Sanitarios.
Más tarde, los archivos donde quedaron acumulados los datos de cientos de miles de personas.
Ahora son también las comunidades, los productores, las escuelas, las organizaciones y los espacios de formación.
El método puede cambiar. Los escenarios también.
Pero la preocupación permanece: entender qué relación existe entre las formas en que se produce, se habita y se consume y aquello que finalmente sucede en los cuerpos.
Y, sobre todo, encontrar la manera de que el conocimiento producido no termine únicamente en una publicación académica.
Que vuelva a las comunidades, que pueda ser discutido por quienes viven en esos territorios y que, eventualmente, sirva para imaginar otras formas de producir alimentos y de cuidar la salud.
Antes de despedirse, Verzeñassi agradece la posibilidad de difundir el trabajo de la universidad pública.
Y allí el tono científico de la conversación se vuelve inevitablemente político.
Habla de un escenario que considera adverso y de una sociedad que, según su mirada, atraviesa un momento en el que muchas veces parece que todo está perdido.
Pero inmediatamente introduce una corrección: no todo está perdido.
Recuerda una votación reciente en la que, según señala, se logró frenar dos capítulos de la popularmente llamada Ley de Tierras, que califica de "nefasta". Todavía quedaban otros dos por enfrentar en el Congreso.
Para él, ese episodio demostró algo que también aparece en su forma de entender la universidad: la capacidad de reacción existe cuando las personas se organizan.
"Hay capacidad de reacción, hay capacidad de frenar el avance del fascismo", sostiene, siempre que exista organización y que las personas puedan encontrarse y defender aquello que consideran común.
Su definición final vuelve a colocar a la universidad pública en el centro.
Después de hablar durante casi una hora sobre enfermedades, estadísticas, cultivos, agrotóxicos, antibióticos, alimentos y territorios, termina definiendo ese trabajo como una forma de defensa colectiva.
Para él, aquel resultado demostró que todavía existe capacidad de reacción y, sobre todo, capacidad de frenar el avance del fascismo: "Si nos organizamos, si nos juntamos y nos abrazamos" -dice- es posible defender aquello que entiende como patrimonio común:
"La defensa de la patria es, ni más ni menos, lo que hacemos desde la universidad pública", sostiene.
La magnitud del trabajo realizado también aparece cuando se lo compara con otras investigaciones.
Existen estudios estadísticos y epidemiológicos sobre plaguicidas, salud reproductiva, abortos espontáneos e hipotiroidismo tanto en Argentina como en otros países. Pero Verzeñassi sostiene que no hay en el país una investigación de características comparables en cuanto al volumen y al modo de obtención de la información.
La particularidad del trabajo, insiste, está en la escala y en la profundidad del relevamiento.
Durante los Campamentos Sanitarios fueron entrevistadas más de 260.000 personas directamente en sus domicilios. Para el estudio específico sobre salud reproductiva fueron entrevistadas 6.497 mujeres en edad reproductiva.
No se trata, por lo tanto, de una encuesta telefónica ni de una muestra construida exclusivamente a partir de registros administrativos.
Son personas entrevistadas cara a cara en sus propias comunidades, a partir de las cuales se construyó la información utilizada posteriormente en el análisis.
Para realizar comparaciones internacionales, el equipo tuvo que recurrir a otras fuentes de información.
En Estados Unidos, por ejemplo, existe una encuesta nacional de salud de los agricultores que se realiza telefónicamente y alcanza una gran cantidad de personas por su escala nacional. Pero, señala Verzeñassi, esa herramienta no tiene la profundidad del relevamiento realizado por los Campamentos Sanitarios.
También existen datos disponibles en Europa, donde algunos países cuentan con sistemas nacionales de salud capaces de registrar de manera sistemática una enorme cantidad de información sanitaria.
En determinados sistemas, donde cerca del 90 por ciento de la población se atiende en el sistema público, los registros permiten acceder a una información que en Argentina y en otros países de la región no está disponible con la misma profundidad.
Para los análisis comparativos, el equipo recurrió incluso a países europeos con características demográficas y genéticas que podían resultar útiles como referencia, teniendo en cuenta las corrientes migratorias que contribuyeron a conformar las poblaciones de las localidades santafesinas estudiadas.
La comparación no buscaba atribuir automáticamente las diferencias sanitarias a una cuestión genética.
De hecho, Verzeñassi recuerda con cierta ironía las explicaciones que en ocasiones se construyen alrededor de supuestas particularidades heredadas de las poblaciones.
Para él, antes que aceptar esas explicaciones de manera automática, es necesario observar qué otras condiciones comparten o diferencian los territorios.
El problema de fondo vuelve a ser el mismo: la disponibilidad de información.
Mientras algunos sistemas sanitarios europeos cuentan con registros obligatorios y centralizados sobre lo que ocurre con la salud de sus poblaciones, en Argentina y en buena parte de América Latina esa información aparece fragmentada, incompleta o directamente no existe para determinadas enfermedades y comunidades.
Por eso, cuando Verzeñassi habla de los 260.000 habitantes entrevistados en sus domicilios y de las 6.497 mujeres que forman parte del estudio sobre abortos espontáneos, hipotiroidismo y exposición a agrotóxicos, no está hablando solamente de una cifra.
Está hablando también de una manera de mirar la salud: salir de los registros que ya existen, ir hasta los lugares donde viven las personas y preguntarles qué les ocurre.
Y después, con toda esa información reunida, volver al territorio para intentar entender si aquello que las comunidades perciben como un problema puede ser medido, comparado y discutido desde la investigación científica.
Los Campamentos Sanitarios no volvieron a realizarse. En 2019, con el cambio de autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas, hubo una decisión política de interrumpir tanto ese dispositivo como los seminarios de Salud Pública que formaban parte del ciclo de práctica final de la carrera de Medicina.
Tres meses después llegó la pandemia y el cierre de las aulas terminó funcionando, en los hechos, como un contexto que facilitó la continuidad de esa decisión.
Para el equipo de Salud Socioambiental significó tener que buscar otra forma de hacer lo que hasta entonces habían hecho en los territorios. "Decidimos reinventarnos", cuenta Verzeñassi.
La enorme base de información construida durante los años anteriores pasó entonces a ocupar un lugar todavía más importante. Pero la reconversión no se limitó al análisis de datos.
El equipo profundizó también su trabajo de educación popular y de vinculación directa con las comunidades. Comenzaron a desarrollar procesos de formación de promotores de salud socioambiental y de epidemiología comunitaria, y trabajaron junto a la Unión de Trabajadores de la Tierra.
En paralelo, junto con la Escuela Agrotécnica, se presentaron a una convocatoria de proyectos de investigación de la Universidad Nacional de Rosario. Obtuvieron el financiamiento y durante cuatro años desarrollaron un proyecto junto con trabajadores y trabajadoras de la tierra para conocer su situación de salud.
La investigación incorporó una comparación que para el equipo resultaba particularmente relevante: observar las condiciones de salud de quienes trabajan la tierra de manera agroecológica y compararlas con las de quienes desarrollan una producción convencional.
Los resultados, asegura Verzeñassi, volvieron a ser interesantes. Una primera parte fue publicada en un informe y el equipo trabaja ahora en la elaboración de una nueva publicación científica.
Mientras tanto, el Instituto amplió sus herramientas de formación. A través de su sitio web comenzó a ofrecer distintas propuestas de capacitación online y continuó sosteniendo la materia Salud Socioambiental, cuyo recorrido comenzó hace más de dos décadas.
La continuidad de ese espacio adquiere para Verzeñassi un valor particular en un escenario que considera poco favorable para la búsqueda de alternativas al modelo productivo predominante.
La discusión sobre qué producir y cómo producir no ocurre en un vacío.
En esos mismos días, observa el periodista, el diario La Capital había llevado a su título principal una declaración de representantes de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), después del congreso realizado en Rosario: "El modelo de la siembra directa no se negocia".
Para el investigador, esa definición convive con otras iniciativas que avanzan en la misma dirección productiva, incluso desde ámbitos educativos y de política pública.
Menciona, entre otros ejemplos, proyectos de formación en agrotecnología y propuestas orientadas a fijar carbono en el suelo mediante fertilizantes biológicos.
El problema, sostiene, aparece cuando se observa quiénes controlan los insumos necesarios para ese modelo de producción.
En su lectura, un pequeño grupo de grandes empresas agroindustriales concentra una porción decisiva del mercado mundial de agrotóxicos, fertilizantes y semillas. "Es terrible el nivel de concentración", afirma.
Esa concentración explica, en buena medida, la importancia que le asigna al papel de la universidad pública.
A pesar de sus propias contradicciones y limitaciones, considera que continúa siendo un espacio fundamental para desarrollar investigación independiente y para sostener prácticas que no necesariamente responden a los intereses de quienes dominan el mercado de insumos y tecnologías agropecuarias.
"Es el único espacio desde donde se puede llevar adelante investigación independiente", sostiene.
De la producción a la mesa
Para Verzeñassi, la interrupción de los Campamentos Sanitarios no significó el final del trabajo territorial. Cambió la forma, pero no la preocupación central.
Actualmente, el equipo trabaja con una comunidad de la isla del Espinillo en un intento por recuperar prácticas de producción de alimentos que permitan mejorar la calidad de vida y, especialmente, la salud de las niñas y los niños que viven allí.
Al mismo tiempo, busca profundizar los vínculos con organizaciones de productores y productoras agroecológicos. El objetivo es construir mecanismos que acerquen a quienes producen alimentos de esa manera con quienes los consumen.
La idea parte de una constatación sencilla: si quienes consumen alimentos son, en definitiva, el conjunto de la población, entonces también pueden tener un papel activo en las formas en que esos alimentos son producidos.
Verzeñassi recurre para explicar esa relación a una expresión de Antonio Latuca, a quien define como "un gran maestro" de Rosario: los "co-agricultores".
La palabra intenta romper con la separación tradicional entre quien produce y quien consume.
No todos pueden trabajar directamente la tierra. "Yo no puedo trabajar la tierra porque no tengo lugar", plantea. Pero alguien más sí puede hacerlo.
La relación, entonces, puede construirse de otra manera: acompañando, organizando el consumo, generando vínculos y creando condiciones para que quienes producen agroecológicamente encuentren una comunidad que sostenga su trabajo.
La idea no se agota en una consigna. La pregunta es cuánto debería garantizar quien consume para que quien produce pueda hacerlo y, al mismo tiempo, vivir dignamente.
No se trata solamente de comprar un alimento de manera ocasional, sino de construir una relación capaz de sostener a quien trabaja la tierra.
Esa discusión forma parte de una experiencia más amplia en la que participan junto con Alimentar Ciudades, las cooperativas Germinar y otras organizaciones vinculadas con la producción y el consumo cooperativo en Argentina.
El objetivo es pensar cómo se alimentan las ciudades y qué sistemas agroalimentarios pueden sostener esa alimentación sin desligarla de la salud de quienes producen, de quienes consumen y de los territorios donde se produce.
La salud también está en los alimentos
En esa misma línea, el Instituto sostiene actualmente un curso online gratuito sobre sistemas agroalimentarios saludables y resistencia a los antimicrobianos.
Es otro de los temas que el equipo considera urgente y que, según Verzeñassi, todavía recibe menos atención de la que merece.
El problema es la creciente aparición de bacterias resistentes a los antibióticos, capaces de sobrevivir a tratamientos que antes podían detenerlas.
La explicación habitual suele poner el foco en el uso inadecuado de antibióticos por parte de los médicos. Verzeñassi reconoce que existe una parte del problema allí, pero señala otro dato que considera decisivo: entre el 70 y el 80 por ciento de los antibióticos utilizados en el mundo se destinan a la producción animal, especialmente a sistemas intensivos como los feedlots.
Desde esa perspectiva, el problema de la resistencia antimicrobiana no puede pensarse únicamente dentro de los hospitales o consultorios.
También debe ser observado dentro del sistema agroalimentario.
El investigador menciona trabajos que han detectado rastros de microdosis de antibióticos en vegetales, como la lechuga.
La explicación, según describe, puede encontrarse en una práctica utilizada incluso con la intención de producir de manera menos dañina: el empleo de camas de pollo como fertilizante de los suelos.
Las camas provenientes de criaderos intensivos pueden contener restos de los antibióticos utilizados en esos sistemas. Una vez incorporados al suelo, sostiene Verzeñassi, esos residuos pueden ser absorbidos por las raíces y llegar a los vegetales que allí se producen.
La consecuencia es una cadena que conecta producción animal, suelo, alimentos y salud humana.
Para el investigador, esa cadena representa un riesgo sanitario que ya tiene una dimensión global.
Es también una muestra, en su lectura, de la necesidad de dejar de pensar la salud como una sucesión de compartimentos separados.
El antibiótico que aparece en una granja, el residuo que llega al suelo, el vegetal que crece allí, el alimento que llega a una mesa y la bacteria que finalmente desarrolla resistencia forman parte de un mismo sistema.
El problema de quién controla las herramientas
En ese punto vuelve a aparecer una discusión que atraviesa toda la entrevista: quién controla las herramientas con las que se produce.
Verzeñassi cuestiona que las mismas grandes empresas que comercializan agrotóxicos y semillas transgénicas estén ahora ofreciendo también soluciones biológicas.
No cuestiona la posibilidad de utilizar herramientas biológicas en sí misma, sino el hecho de que, según su planteo, esas empresas pretendan imponer sus propios productos como única alternativa.
La tensión aparece también en torno a los preparados que desarrollan los propios productores agroecológicos.
Según Verzeñassi, las exigencias de patentamiento pueden limitar la posibilidad de que las comunidades y los productores desarrollen y utilicen sus propios insumos.
A eso suma otro elemento: la concentración empresarial en distintos eslabones de las industrias vinculadas con la producción agropecuaria y la salud.
Para él, existe una conexión entre quienes producen los insumos agrícolas y quienes posteriormente participan de mercados vinculados con antibióticos y medicamentos.
Es un entramado que describe como un "combo" y que relaciona con una expresión utilizada por un cineasta canadiense en una película que, según recuerda, denominó a este fenómeno "el ciclo idiota": una cadena en la que los problemas generados por determinado sistema terminan alimentando nuevas industrias destinadas a responder a sus propias consecuencias.
La conversación vuelve así, una vez más, al punto de partida.
La salud no aparece aislada del territorio. Tampoco de la forma en que se produce, se trabaja, se distribuyen los alimentos o se organizan los mercados.
Durante más de dos décadas, Verzeñassi y sus equipos fueron construyendo una manera de mirar la salud que comienza en el territorio.
Primero fueron las aulas y la materia de Salud Socioambiental. Después, los pueblos y los Campamentos Sanitarios.
Más tarde, los archivos donde quedaron acumulados los datos de cientos de miles de personas.
Ahora son también las comunidades, los productores, las escuelas, las organizaciones y los espacios de formación.
El método puede cambiar. Los escenarios también.
Pero la preocupación permanece: entender qué relación existe entre las formas en que se produce, se habita y se consume y aquello que finalmente sucede en los cuerpos.
Y, sobre todo, encontrar la manera de que el conocimiento producido no termine únicamente en una publicación académica.
Que vuelva a las comunidades, que pueda ser discutido por quienes viven en esos territorios y que, eventualmente, sirva para imaginar otras formas de producir alimentos y de cuidar la salud.
Antes de despedirse, Verzeñassi agradece la posibilidad de difundir el trabajo de la universidad pública.
Y allí el tono científico de la conversación se vuelve inevitablemente político.
Habla de un escenario que considera adverso y de una sociedad que, según su mirada, atraviesa un momento en el que muchas veces parece que todo está perdido.
Pero inmediatamente introduce una corrección: no todo está perdido.
Recuerda una votación reciente en la que, según señala, se logró frenar dos capítulos de la popularmente llamada Ley de Tierras, que califica de "nefasta". Todavía quedaban otros dos por enfrentar en el Congreso.
Para él, ese episodio demostró algo que también aparece en su forma de entender la universidad: la capacidad de reacción existe cuando las personas se organizan.
"Hay capacidad de reacción, hay capacidad de frenar el avance del fascismo", sostiene, siempre que exista organización y que las personas puedan encontrarse y defender aquello que consideran común.
Su definición final vuelve a colocar a la universidad pública en el centro.
Después de hablar durante casi una hora sobre enfermedades, estadísticas, cultivos, agrotóxicos, antibióticos, alimentos y territorios, termina definiendo ese trabajo como una forma de defensa colectiva.
Para él, aquel resultado demostró que todavía existe capacidad de reacción y, sobre todo, capacidad de frenar el avance del fascismo: "Si nos organizamos, si nos juntamos y nos abrazamos" -dice- es posible defender aquello que entiende como patrimonio común:
"La defensa de la patria es, ni más ni menos, lo que hacemos desde la universidad pública", sostiene.
Escuchá la entrevista completa:
Fotos: Señales, Javier Albea
Informe completo, publicado en la Revista de Salud Pública de la Escuela de Salud Pública y Ambiente de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba:
