lunes, 14 de septiembre de 2026

Cuando el poder también escribe las noticias

Edgardo Carmona, secretario general del Sindicato de Prensa Rosario, analiza la crisis de los medios en Rosario y la región: concentración empresarial, pauta oficial, precarización laboral y pérdida de autonomía de las redacciones. En una extensa conversación, advierte sobre las fronteras cada vez más difusas entre información, propaganda y negocio, y reivindica el derecho de la sociedad a saber qué ocurre
"Desolador". Esa es la palabra que Edgardo Carmona elige en Señales para describir el panorama de los medios de comunicación en Rosario y la región. Para el secretario general del Sindicato de Prensa Rosario, el contexto actual es "realmente muy preocupante", no solamente por la crisis económica que atraviesa al sector sino también por la manera en que los medios están interviniendo en la percepción que la sociedad tiene de lo que ocurre.

Carmona lleva cuatro décadas trabajando en la prensa y conoce de cerca las tensiones entre el periodismo, el poder político y el poder económico. Por eso evita, dice, caer en afirmaciones absolutas sobre la influencia de los medios. Sin embargo, considera que el escenario actual obliga a revisar esa cautela.

"Yo nunca quise ser muy absoluto con la influencia de los medios, me parece que a lo mejor es un pensamiento de alguien que trabaja en los medios", explica.

Pero inmediatamente después plantea su diagnóstico: "Yo creo que los medios hoy influyen brutalmente para que la gente esté adormecida, tenga un relato mentiroso, que no condice con lo que ocurre".

La precisión, para Carmona, está en no meter a todos los medios en una misma bolsa. Habla específicamente de los medios masivos y del peso que tienen en la construcción de sentido.

"Yo creo que los medios masivos hoy colaboran fundamentalmente para que ocurra lo que ocurra en nuestro país y en la región también", sostiene.

Ese proceso se desarrolla, además, en un momento marcado por una creciente concentración empresarial. Para Carmona, no se trata de una novedad absoluta. Los medios siempre mantuvieron una relación conflictiva con el poder político y económico, pero la dimensión que adquirió esa relación es diferente.

Una mirada desde cuatro décadas de periodismo
Su experiencia profesional le permite recorrer ese proceso en perspectiva. "Yo tengo 40 años que laburo en el diario La Capital", recuerda.

Desde esa mirada, señala que los medios de comunicación estuvieron históricamente atravesados por disputas ideológicas y políticas. En las democracias modernas, explica, siempre existió una tensión entre los medios y los distintos poderes. Incluso antes de que aparecieran los grandes conglomerados empresariales, los medios gráficos ya ocupaban un lugar central en las discusiones sobre el rumbo de las sociedades.

La propia historia argentina sirve como ejemplo. Desde la Revolución de Mayo, recuerda Carmona, los medios gráficos participaron activamente en las disputas ideológicas sobre el proyecto de país.

Más adelante, en Estados Unidos, comenzó a consolidarse otro modelo: el de los medios masivos sostenidos por la publicidad y presentados bajo la idea de una prensa independiente y generalista, capaz de ofrecer distintas posiciones.

Pero incluso ese modelo estuvo atravesado por intereses económicos y políticos. Los medios dependen de la publicidad privada y, en muchos casos, de la pauta oficial. Los gobiernos también utilizan la publicidad estatal como una herramienta de relación con los medios.

Carmona recuerda que cuando ingresó a trabajar en el diario La Capital, la dependencia respecto de la publicidad oficial era relativamente baja. "La Capital debería depender de la publicidad oficial en un 10%", calcula.

Esa proporción, entiende, hacía más difícil que la pauta pudiera convertirse en un mecanismo directo de condicionamiento. Las diferencias entre los medios estaban entonces más vinculadas con sus líneas editoriales y con las posiciones que cada empresa decidía adoptar.

Hoy, en cambio, observa una situación distinta. "La pauta oficial es poderosa, es potente entre los medios de comunicación, y entonces condiciona muchísimo también la información", afirma.

A ese factor le suma la concentración empresarial. Carmona considera que algunos grupos tienen una influencia que se acerca al monopolio, o que, al menos, configuran un escenario de fuerte concentración oligopólica.

"Hoy el multimedios de La Capital y Televisión Litoral son realmente, te diría yo, monopolios, por un oligopolio, un oligopolio donde tiene mucho peso y mucha influencia", plantea.
La autonomía de las redacciones
En ese punto aparece una experiencia que le sirve para ilustrar el contraste entre distintas culturas periodísticas. En Señales se escucha un testimonio de Fernando Belzunce, especialista en medios y director del Grupo Correo en España, una empresa que administra nueve diarios de cabecera. Allí le llamó la atención la importancia que todavía se le asigna a la existencia de diferentes perfiles editoriales dentro de un mismo grupo.

En la mesa estaba Federico Cioni es el Jefe de Producto Digital y Audiencias del diario El Litoral, una función que, se explicó allí, tiene una incidencia decisiva en la organización de los contenidos. "Es la persona que decide qué nota va arriba, cuál se baja, qué sube".

El problema aparece cuando esa capacidad editorial convive con el uso extendido de publinotas y contenidos producidos por terceros. Sobre esta situación, el conductor de Señales le preguntó a Belzunce cómo se trabaja en las redacciones cuando los gobiernos municipales o provinciales envían información para ser publicada y, sobre todo, cómo se diferencia ese material de la producción periodística propia.

La respuesta del especialista español fue concreta. Explicó que cuando una empresa paga por una información de interés comercial, ese contenido debe identificarse como patrocinado y diferenciarse del resto.

Pero, según el criterio que transmitió, la información enviada directamente por un municipio o una institución no debería publicarse simplemente como si se tratara de material periodístico producido por la redacción. "No solemos hacer eso", fue su definición. "Esas cosas no se publican".

Para el dirigente gremial, la diferencia no es menor.

También en Estados Unidos, recuerda, existieron empresas propietarias de varios periódicos que mantenían la identidad y las líneas editoriales de cada publicación. Incluso podían competir entre sí aunque pertenecieran al mismo grupo y circularan en una misma ciudad.

Carmona rescata una anécdota contada por un periodista argentino que trabajó en Estados Unidos y que, según recuerda, refleja hasta dónde podía llegar esa separación entre la propiedad de un medio y su línea editorial.

El episodio tiene como protagonista a la dueña de un periódico.

Un día recibió un llamado del secretario de Estado. Ella estaba bañándose cuando le avisaron que un funcionario de semejante jerarquía quería hablar con ella. Salió rápidamente del baño, se puso una bata y atendió el teléfono.

Del otro lado, el secretario de Estado comenzó a cuestionar la tapa del diario. La mujer escuchó en silencio. Cuando el funcionario terminó, respondió: "Mire, se equivocó, no me tiene que llamar a mí, llámelo al editor del diario". Y cortó.

Para Carmona, la anécdota expresa una idea central: el propietario puede tener el control económico de un medio, pero eso no debería significar necesariamente que intervenga en sus decisiones editoriales.

"Era esta cuestión de la presidencia del dueño con respecto a las líneas editoriales y a las elecciones", resume.

Dice que existen historias similares en España, en Inglaterra y alrededor de la BBC, todas vinculadas con la autonomía de las redacciones frente a los intereses de quienes administran las empresas.

En Rosario, en cambio, Carmona observa que la dependencia económica de los medios respecto del poder puede producir una distorsión creciente. La relación con los gobiernos provinciales y municipales, sostiene, debería estar mucho más claramente diferenciada de la producción periodística.

"Hay una falta de filtro", afirma. Para él, debería existir una identificación clara de aquello que es información periodística y aquello que es propaganda. La frontera tiene que ser visible para el lector.

La consecuencia de no hacerlo, advierte, afecta directamente a los propios medios. "Daña el medio, por supuesto. Daña la credibilidad, daña la relación del lector con el medio", sostiene.

Las redes sociales, lejos de ocultar esa situación, hacen que las diferencias sean cada vez más evidentes. La circulación inmediata de información permite que los lectores comparen, cuestionen y detecten con mayor facilidad cuándo un contenido tiene detrás una operación comercial, política o institucional.

Por eso Carmona reclama mayor cuidado y una discusión de fondo sobre la independencia de los medios. "Yo creo que habría que ser mucho más cuidadoso con eso", plantea.

Y va más allá: "Yo creo que habría que trabajar por la independencia de los medios, yo creo que hay que pelear por una verdadera libertad de expresión".

En su concepción, el principio es sencillo: "Los medios de comunicación deberían estar al servicio de la gente".

El desafío de sostener un medio
El problema es que esa aspiración convive con una dificultad que atraviesa a prácticamente todo el sistema: cómo sostener económicamente una empresa periodística.

El desafío alcanza tanto a los medios comerciales como a los no comerciales. "El gran desafío es cómo monetizar para poderlos hacer viables", reconoce.

La discusión, entonces, no puede reducirse a elegir entre independencia y supervivencia económica. El verdadero desafío consiste en encontrar una manera de conjugar ambas dimensiones: "Conjugar la independencia, la libertad de expresión, el derecho a la información de la gente con lo comercial".

Carmona no cree que la tensión sea insoluble. Los medios, recuerda, siempre tuvieron que resolver de alguna manera la contradicción entre las necesidades económicas de una empresa y las obligaciones informativas del periodismo.

La diferencia está en la voluntad de hacerlo. "Siempre con imaginación y con dignidad y con un laburo se puede", sostiene. Para él, esa búsqueda no debería implicar resignar los principios básicos del oficio. "Los medios no pueden abandonar la ética que los impulsa", afirma.

Porque, en última instancia, su función excede la lógica empresarial: "Ellos son servidores de la sociedad".

Y esa responsabilidad tiene incluso un reconocimiento institucional. Carmona recuerda que, cuando se habla específicamente de los diarios, existe una protección legal vinculada con la actividad periodística.

"Los diarios tienen leyes que los protegen desde el Estado para asegurar la libertad de expresión", señala.

En esa paradoja parece concentrarse buena parte de su preocupación: medios protegidos por la sociedad y por el Estado para garantizar la libertad de expresión, pero sometidos al mismo tiempo a una creciente concentración económica y a relaciones cada vez más estrechas con los poderes políticos y empresariales.

Para Carmona, la discusión sobre el futuro de la prensa no puede separarse de esa tensión. La supervivencia económica de los medios es necesaria, pero no puede convertirse en la razón para abandonar aquello que, desde su perspectiva, justifica su existencia: informar con independencia, distinguir información de propaganda y preservar el derecho de la sociedad a saber qué ocurre realmente.
Los beneficios del Estado y la obligación de informar
Pero para Carmona la protección de la libertad de expresión no se limita a declaraciones de principios. También tiene una dimensión material, económica y legal.

Los propios medios gráficos, recuerda, han sido históricamente beneficiarios de políticas específicas del Estado destinadas a garantizar su funcionamiento.

Pone como ejemplo el régimen laboral y previsional. "Los medios gráficos, los diarios no pagan lo mismo, no tributan igual que la radio, por ejemplo, o que los canales de televisión", explica.

Según señala, mientras un medio común afronta alrededor de un 25 por ciento de aportes sobre su masa salarial, los diarios pagan cerca del 8 por ciento.

A eso suma otros beneficios construidos a lo largo del tiempo en nombre de la libertad de expresión y la libre circulación de las ideas, entre ellos los vinculados con el sistema previsional y, en otra época, el subsidio al papel.

La lógica detrás de esas políticas, entiende, era proteger a los medios para que pudieran cumplir una función social: informar.

El problema aparece cuando esos beneficios dejan de estar asociados a esa responsabilidad.

"Y resulta que después todos esos beneficios los transforman en negocio propio, dejan de informar, hacen pura mercancía, transforman la información en un bien transable y terminan mintiendo", sostiene.

La conclusión es tajante: "Básicamente mintiendo. ¿Al servicio de quién? De su interés". En esa diferencia ubica una de las principales disputas del sindicalismo de prensa. "Ellos buscan hacer negocio y nosotros periodismo", resume.

No lo plantea solamente como una consigna gremial, sino como una diferencia de concepción sobre la actividad. "Nosotros lo planteamos como uno de nuestros lemas, hoy es nuestra pelea, es que queremos hacer periodismo, ellos solo quieren negocios".
Salarios, salud y precarización
Pero para poder hacer periodismo también hace falta poder vivir del trabajo. Por eso, en la misma discusión, aparecen los salarios.

"Queremos salarios dignos, porque no se puede vivir y hacer periodismo si uno no puede llegar a fin de mes", afirma. La situación económica se cruza, además, con otro problema que afecta directamente a los trabajadores: la salud.

Carmona sostiene que las empresas periodísticas tienen que devolver los aportes que retienen de los salarios y que luego no depositan en tiempo y forma. "Hoy es un tema en el cual las empresas periodísticas también tienen que devolver lo que han retenido", señala.

El mecanismo que describe es sencillo y, al mismo tiempo, grave: las patronales descuentan de los salarios los aportes sindicales y los correspondientes a las obras sociales, pero no necesariamente transfieren ese dinero de inmediato.

"Especulan con tu propio dinero, pasan meses y meses y meses", denuncia.

El problema adquiere una dimensión concreta cuando se trata de garantizar la atención médica de los trabajadores y sus familias. "Nosotros tenemos la obligación de darle salud a la gente", explica.

Y plantea una situación imposible de resolver desde la perspectiva del trabajador: "Yo no puedo decirle a un compañero que se interna, no puedo ir al sanatorio y decirle, esperame 6 meses hasta que me paguen".

Ese conflicto laboral se desarrolla, además, dentro de un escenario nacional que Carmona considera particularmente adverso para la salud.

Describe al gobierno de Javier Milei que "asfixia la salud pública", que también "asfixia las obras sociales" y que, según su mirada, busca transformar la salud en "un mercado especulativo y financiero con los seguros de salud".

En ese marco, entiende que los incumplimientos de las empresas agravan todavía más la situación. "Los empresarios abusan de esta política, retienen la plata de los trabajadores y no la depositan", afirma.

El resultado es que la salud de sus familias se convirtió en "otra gran preocupación de los trabajadores de la comunicación". Para Carmona, todos esos factores terminan componiendo un mismo escenario: "Es un combo muy complejo".

El derecho a la información
La conversación vuelve entonces a un concepto que para él atraviesa toda la discusión: el derecho a la información. Carmona considera que todavía no está suficientemente instalado en la sociedad como un derecho propio. Hay una razón concreta para esa falta de percepción.

En un país donde buena parte de la población pelea diariamente por llegar a fin de mes, comer o conservar un trabajo, la información puede aparecer como un bien abstracto, menos urgente que las necesidades materiales.

"Un bien que parece abstracto, que es la información, pareciera que no vale la pena defenderlo", observa. Hasta que ese derecho se vuelve una necesidad personal. Hasta que alguien tiene un problema, necesita hacerlo público y descubre que no encuentra un medio dispuesto a contarlo. "Hasta que te toca, hasta que tenés un problema, querés contarlo y no tenés dónde", dice.

Para Carmona, la responsabilidad no recae solamente sobre las empresas periodísticas. También alcanza al sistema político en su conjunto. No distingue demasiado entre las distintas identidades partidarias cuando habla de este problema.

"La política en general partidaria, cuando está en la oposición denuncia la falta de información, pero cuando es oficialismo, también le interesa manipular la información", sostiene.

Por eso considera que la defensa del derecho a la información debería ser una cuestión de principios, por encima de las conveniencias circunstanciales de cada gobierno.

"Yo creo que es una cuestión de principio que todos deberíamos asumir como una base de una democracia con densidad", plantea.

Su razonamiento es directo: sin libertad para informarse, tampoco existe una verdadera libertad para elegir. "Si no hay libertad, si no hay posibilidad de enterarse de lo que pasa, no hay capacidad para elegir", afirma.

Y entiende que el problema excede las fronteras argentinas: "Me parece que lo está pasando no solamente en la Argentina, sino en muchos espacios".

Medios locales y experiencias del exterior
En ese punto vuelve a mirar hacia Europa y hacia las políticas que, con distintas modalidades, buscan preservar los medios regionales.

Carmona reconoce que también existe allí una crisis de valores y observa el crecimiento de una ola política de derecha que, según su perspectiva, eventualmente terminará. Pero sostiene que en buena parte de Europa persiste una idea que considera fundamental: proteger las publicaciones locales y regionales.

El mecanismo puede incluir impuestos a grandes multinacionales y corporaciones, junto con partidas fijadas por ley destinadas a sostener a los medios de menor escala.

El objetivo, explica, es impedir que las grandes cadenas nacionales terminen asfixiando a las publicaciones que cubren la vida cotidiana de comunidades más pequeñas.

Como ejemplo menciona Nueva York, donde, según relata, el Estado paga la mitad de los salarios de los diarios regionales para garantizar su supervivencia frente a las grandes cadenas nacionales.

La razón de esas políticas, para Carmona, es preservar algo que considera irremplazable: la información de proximidad. "Hay un valor a defender, que es la información local, que la gente sepa qué pasa en su entorno, qué pasa en su pueblo", afirma.

Esa dimensión territorial del periodismo constituye, a su entender, uno de los principales bienes democráticos que deberían protegerse.
De las FM a Internet
La historia reciente de los medios argentinos le sirve para recordar otras promesas de democratización que terminaron, al menos parcialmente, frustradas.

Hubo un momento en que las radios de Frecuencia Modulada aparecieron como una irrupción capaz de multiplicar las voces y democratizar la comunicación.

"Pensamos que las FM democratizaban, era una irrupción fenomenal de democratización", recuerda. Con el paso del tiempo, sin embargo, quedaron muy pocas emisoras con una verdadera independencia respecto de los grandes grupos.

Por eso Carmona hace una distinción particular cuando habla del trabajo de Aire Libre, Radio Comunitaria al que reconoce "con una característica independiente".

En su diagnóstico, la mayoría de las FM terminó repitiendo la agenda de los grandes medios y manteniendo relaciones comerciales con ellos. Después llegó Internet.

La web parecía ofrecer una nueva posibilidad de democratización: una estructura más horizontal, con intercambio permanente y participación directa de los usuarios. Otra vez apareció la expectativa de que la tecnología podía modificar la concentración tradicional del sistema.

Pero también esa expectativa se frustró. "Mentira, las redes también se piramidizan, se manipulan, se ordenan", sostiene Carmona. Incluso la participación puede convertirse en una mercancía: "Vos pagás, tenés más participación".

No oculta la frustración que le provoca ese proceso. Sin embargo, introduce un matiz. Reconoce que Internet todavía puede permitir una búsqueda más profunda de información.

Una persona que disponga de tiempo, capacidad e inteligencia para rastrear distintas fuentes puede eventualmente acercarse más a la realidad.

El problema es precisamente ese: la cantidad de tiempo y esfuerzo que requiere encontrar aquello que no aparece en la superficie. "Tenés que tener eso, mucho tiempo, porque está oculta", dice.

Carmona sintetiza allí una de sus críticas centrales al ecosistema contemporáneo de medios y plataformas.

La libertad puede presentarse como la posibilidad de que cualquiera diga cualquier cosa, mientras que la información relevante queda enterrada entre miles de contenidos. "Creo que el perfeccionamiento es, dejemos que digan lo que quieran, digamos que eso es libertad y después ocultémoslo", plantea.

En su lectura, ese podría ser el nuevo mecanismo de control: no necesariamente prohibir una información, sino hacer que encontrarla resulte cada vez más difícil. "Entonces me parece que ese es el eslogan de los nuevos medios electrónicos".

Por eso insiste en una idea que aparece una y otra vez a lo largo de su relato: "La verdad es que hay que buscarla".

La información pública y la pauta oficial
El acceso a la información pública constituye otra de las batallas que, recuerda, demandaron años de trabajo.

La conquista de leyes que permitieran acceder a información estatal fue, para el periodismo, una herramienta fundamental. Pero Carmona observa ahora un retroceso: existen gobiernos que no solamente incumplen esas normas, sino que directamente dejaron de publicar información que antes estaba disponible.

En la charla se menciona un caso concreto: El último gobierno que se animó a publicar las planillas de publicidad oficial y cuánto recibía cada medio fue el de Omar Perotti. "Este gobierno lo desactivó", afirma. En el ámbito municipal nunca existió un mecanismo equivalente.

Para Carmona, esos datos no son accesorios. Saber cómo se distribuye la publicidad oficial permite conocer una parte importante de la relación entre el Estado y los medios. Por eso considera necesario volver a poner el tema en discusión.

Su organización, cuenta, impulsó durante años distintas iniciativas legislativas. Muchas de ellas, admite, resultan difíciles de plasmar en el actual escenario político, que caracteriza como un contexto de "ultraderecha, neofascista, de establecer políticas antipopulares".

Entre esas iniciativas hay una que considera central: una ley que regule la distribución de la publicidad oficial. La idea es terminar con la discrecionalidad de los gobiernos.

"No puede haber arbitrariedad", sostiene. "No puede estar distribuida la plata de los santafesinos, de los argentinos, de los rosarinos, como se le ocurre al gobierno de turno".

Para él, la publicidad oficial debería cumplir una función mucho más amplia que la de transmitir propaganda institucional. Podría convertirse en una herramienta para sostener la diversidad del sistema de medios.

"La publicidad oficial debe ser una palanca de subsidio a la pluralidad informativa", afirma. En otros países, explica, la publicidad estatal se dirige incluso prioritariamente hacia los medios que cuentan con menos recursos.

La lógica es diferente: no se trata solamente de financiar una campaña de comunicación del gobierno, sino de utilizar parte de esos recursos para garantizar que existan distintas voces. "Hay una intención de subsidiar la pluralidad", insiste.

Por eso considera que una ley de regulación de la publicidad oficial debería ser "un pilar fundamental".

Gravar a las grandes plataformas
Pero su propuesta no termina allí. También plantea una política de alcance nacional destinada a gravar a las grandes plataformas y cadenas internacionales. El objetivo sería utilizar esos recursos para sostener a los medios pequeños, cooperativos y también a otros medios que atraviesan dificultades.

Carmona menciona específicamente a Google y Meta. "Hay que gravar a Google, a Meta", afirma. Sostiene que parte de esos recursos debería regresar al ecosistema periodístico.

El argumento de las grandes plataformas, explica, es que utilizan contenidos producidos por los medios. Desde su perspectiva, esa misma relación puede servir como fundamento para establecer un mecanismo de financiamiento.

La prioridad estaría puesta especialmente en los medios comunitarios y cooperativos, para que puedan sobrevivir y sostener sus proyectos.

Pero Carmona introduce un cambio respecto de su planteo anterior: entiende que, dadas las condiciones actuales, también los grandes medios necesitan algún tipo de política de sostenimiento.
Los medios de los sectores populares
Al mismo tiempo, cree que existe una responsabilidad que corresponde a los propios sectores populares y a las organizaciones sociales.

No alcanza con crear medios para expresar las posiciones particulares de cada organización. La comunicación, sostiene, tiene que trascender esa lógica. "Los medios no son para decir lo que cada uno quiere, o sí, pero eso no trasciende", explica.

La función verdaderamente importante es contarle a la sociedad qué está ocurriendo, investigar y construir una agenda capaz de interpelar al conjunto. En su visión, esa agenda debería estar vinculada con las grandes discusiones de un país: la independencia, la soberanía y la capacidad de elegir.

"La importancia de los medios es contarle a la gente lo que le pasa, tratar de averiguar realmente cuál es la agenda para un país que quiere independizarse, que quiere volver a tener soberanía, que quiere poder volver a elegir", sostiene.

Advierte, sin embargo, que las organizaciones populares suelen caer en una dinámica diferente. Cuando crean una radio o un medio propio, muchas veces buscan contar fundamentalmente aquello que les sucede a ellas mismas. El problema es que esa agenda difícilmente alcance una dimensión social más amplia.

"Nosotros generalmente, cuando ponemos una radio, ponemos un medio, por embargo, queremos contar lo que a mí me pasa, y eso también no tiene trascendencia", afirma.

La tarea pendiente, entonces, sería encontrar una manera de unificar agendas, discutir colectivamente cuáles son los temas importantes y construir medios capaces de hablarle a una sociedad más amplia.

"Me parece que también definir, desde los sectores populares, cómo unificamos agendas, cómo discutimos lo importante, sería un salto de calidad", plantea.

El periodista como supuesto privilegiado
En ese escenario de crisis económica y transformación de los medios aparece, inevitablemente, otra discusión: la situación de los trabajadores de prensa. Carmona sabe que existe una percepción social muy alejada de la realidad cotidiana de quienes trabajan en el sector.

"Hemos escuchado muchas veces a muchos compañeros el salario de hambre que reciben", señala. Una parte de la sociedad, sostiene, todavía imagina a los periodistas como trabajadores privilegiados, con buenos salarios y una vida cómoda.

Esa percepción puede alimentarse, además, de lo que aparece en las redes sociales. "Por ahí la gente no tiene en cuenta, piensa que nosotros somos unos privilegiados que ganamos mucho, que nos va todo muy bien", explica.

Para Carmona, detrás de esa sensación existe una realidad mucho menos visible: trabajadores de prensa atravesados por salarios insuficientes, problemas de cobertura médica, precarización y empresas que, mientras reclaman condiciones para sostener sus negocios, incumplen obligaciones con quienes producen diariamente la información.

La disputa que describe, entonces, no es solamente por mejores condiciones laborales. Es también una disputa por el sentido mismo del periodismo. "Ellos buscan hacer negocio y nosotros periodismo", resume Carmona.

En esa frase condensa buena parte de su mirada sobre el presente de los medios: la pelea por salarios dignos, por la salud de los trabajadores, por la independencia editorial, por la transparencia en el uso de la publicidad oficial, por la supervivencia de los medios pequeños y regionales y, finalmente, por el derecho de la sociedad a recibir información que le permita comprender aquello que ocurre a su alrededor.

Para Carmona, todo forma parte de una misma discusión. Porque si informar es un servicio a la sociedad, proteger a quienes informan y garantizar las condiciones para que puedan hacerlo con independencia no constituye un privilegio del periodismo. Es, en su concepción, una condición básica para que una democracia pueda ser verdaderamente libre.

La fantasía del periodista famoso
Hay, para Carmona, una fantasía instalada alrededor de los trabajadores de prensa. Él mismo reconoce que nunca hizo un estudio específico sobre el origen de esa apreciación, pero arriesga una hipótesis: la confusión puede haber surgido con la irrupción televisiva de grandes periodistas y, también, de figuras que construyeron su popularidad a partir del espectáculo.

"La gente compró la idea de que el periodista es famoso, que tiene una vida fantástica", explica. Esa imagen, sostiene, pertenece cada vez más al pasado. La televisión también atraviesa una crisis profunda en términos de audiencia y consumo, y ya resulta mucho más difícil que un periodista pueda construir una fortuna a partir de su trabajo.

En Rosario y en el interior, de hecho, nunca fue habitual que los periodistas alcanzaran ingresos extraordinarios. Algunos lograban despegarse de la media, pero la diferencia salarial con Buenos Aires siempre fue enorme. 

Por eso, recuerda, muchos de los periodistas consagrados de Rosario terminan trasladándose a la capital. "La diferencia salarial es monstruosa entre los grandes medios y los medios del interior", afirma. Pero detrás de las figuras visibles existe una enorme cantidad de trabajadores que permanecen fuera de esa vidriera.

Son cientos de periodistas, productores, técnicos y trabajadores de la comunicación que perciben salarios muy bajos. "Atrás de esos tipos que se ven, hay cientos de trabajadores de comunicación, de prensa, que ganan dos pesos", dice Carmona.

La situación, asegura, no es diferente de la que atraviesa buena parte de la clase trabajadora argentina.

El sindicato reclama un piso salarial mínimo de un millón y medio de pesos, mientras existen compañeros que trabajan por 700 mil, 800 mil, 500 mil o 600 mil pesos. "Los sueldos no alcanzan ni para pagar el alquiler y vivir los diez primeros días del mes", resume.

Y tampoco es un problema exclusivamente rosarino. "Esto no es solo Rosario, es todo el país", sostiene. La situación, además, se ha deteriorado incluso en Buenos Aires.

Carmona observa una creciente desvalorización de la actividad periodística por parte de las empresas editoriales y de medios, particularmente en lo relacionado con la importancia que se le asigna a la comunicación, la calidad profesional y el cumplimiento del deber ético de informar con veracidad.

Admite que existen excepciones. Algunas, incluso, no coinciden con su propia mirada ideológica, pero realizan, a su juicio, un periodismo valioso. 

Sin embargo, el cuadro general le parece preocupante. "Hoy los sueldos en Buenos Aires también son paupérrimos", afirma. Muchos trabajadores necesitan dos o tres empleos para sobrevivir y aun así el dinero no alcanza.

La comparación con otros sectores de la economía aparece inevitablemente: la crisis también golpea a los textiles, a los trabajadores afectados por las importaciones y a innumerables actividades.

Pero Carmona introduce una diferencia que considera decisiva. "Ninguna de estas empresas de la comunicación están en crisis. Ninguna tiene problema económico", plantea. 

Desde su perspectiva, el problema no es la falta de recursos sino la manera en que esos recursos son administrados y distribuidos. Si se analiza la evolución patrimonial de las principales empresas de medios durante la última década, sostiene, "te caerías de espalda del crecimiento patrimonial".

Carmona acusa a esas compañías de utilizar los medios de comunicación como herramientas para ampliar su poder económico. Los describe como instrumentos de "extorsión, de apriete y de acumular negocios".
Mapa de medios del Grupo Clarín del 2022 - Fuente CEPA

Concentración y poder económico
El caso del Grupo Clarín aparece entonces como el ejemplo más evidente. El histórico conflicto alrededor de su concentración mediática y el llamado "monopolio argentino" constituyen, para Carmona, solamente una parte de una estructura mucho más amplia.

El diario puede mantener o no grandes niveles de circulación en papel, pero el verdadero poder del grupo, sostiene, está en otro lugar. "Hoy Clarín sostiene su diario, no le importa mucho si vende mucho papel, mucho tiraje o no, pero se quedó con el monopolio de la telecomunicación en la República Argentina", afirma.

El volumen económico, la capacidad de negocios y el poder de fuego que eso representa son, según su descripción, "siderales". Y Clarín no sería una excepción.

Carmona menciona también a los multimedios La Capital y a Televisión Litoral. En ese universo, ubica a Gustavo Scaglione como una de las figuras empresariales de mayor peso en el sistema de medios argentino. "Hoy Gustavo Scaglione es, te diría sin temor a equivocarme, el tipo que más medios tiene en el país", sostiene.

A la concentración mediática le suma una capacidad de desarrollar negocios paralelos.

Menciona, entre otros ejemplos, las operaciones vinculadas con el estadio multipropósito de la ex Rural, y asegura que existen muchas otras actividades empresariales que exceden ampliamente el negocio periodístico.

Para Carmona, esa diversificación permite comprender mejor dónde está el verdadero poder de estos grupos. "No son empresas con problemas, son empresarios que no le importa a la gente, además, ni la que vive en Rosario ni la que trabaja en sus medios", afirma.

La consecuencia, en su lectura, tiene dos caras simultáneas: "Por lo tanto, mienten por un lado, perjudican al rosarino y por el otro lado hambrean a su gente".

Cuando el gobierno escribe la noticia
La discusión sobre las condiciones laborales conduce inevitablemente hacia otra cuestión: la relación entre los medios y los gobiernos. Carmona considera que allí se encuentra una de las mayores distorsiones del sistema actual.

Cuenta que ha mantenido discusiones públicas y privadas con funcionarios vinculados a la distribución de la publicidad oficial, tanto del gobierno municipal como del provincial. Algunas de esas discusiones fueron también compartidas con el gremio de prensa de Santa Fe.

Su diagnóstico sobre la provincia es contundente: "Lo que pasa en la provincia es vergonzoso, en todos los planos". 

Para explicar por qué, recurre a una escena que considera particularmente reveladora y que, advierte, quizá no sea dimensionada en toda su gravedad por quien no trabaja dentro de un medio.

Los gobiernos de esta provincia, de todos los niveles, tienen los capuchones para los micrófonos, con los logos de cada señal. Hacen la nota y la mandan hecha para que los medios la pasen "como si fuera una nota periodística hecha por nosotros". Eso también pasa, según Carmona, en los diarios y en las redes.

Para Carmona, existe una diferencia fundamental entre publicar información oficial y convertir un contenido producido por un gobierno en una supuesta noticia elaborada por el medio. La primera es legítima. La segunda es, a su entender, una vulneración ética.

Un gobierno puede comunicar una decisión, difundir una obra, presentar una política pública o expresar su propia posición. Esa información debe ser publicada, si resulta de interés público, pero claramente identificada como la voz oficial.

A partir de allí, corresponde al medio hacer su trabajo: analizarla, contrastarla, buscar la contracara y determinar si aquello que afirma el gobierno es verdadero. "Lo que se está publicando es la opinión del gobierno y está bien que se publique la opinión", explica.

Pero el medio tiene la responsabilidad de "analizarla, publicar la contracara de esa información, y si la información es veraz, también tendrá la responsabilidad de decirlo".

Otra cosa completamente diferente es recibir la información ya producida por los departamentos de propaganda de los gobiernos y publicarla como si hubiera sido generada por la propia redacción. "Eso es absolutamente inaceptable", afirma.

Lo define como "una trampa, una mentira, un engaño" y, además, como un negocio. Porque el medio no realiza esa operación de manera gratuita: "Reciben fortuna por eso".

Frente a esa situación, el sindicato, asegura, no permaneció en silencio. "Nosotros lo denunciamos y lo peleamos", afirma. Las discusiones llegaron a la Cámara de Diputados, a la Legislatura, al Concejo y a los distintos niveles del Ejecutivo.

El sindicato fue al gobierno municipal, al provincial y mantuvo reuniones con los funcionarios responsables de administrar la pauta oficial.

Carmona recuerda incluso las discusiones con el secretario de Comunicación de la provincia, Luis Persello  y remarca que cuando el gremio participa de ese tipo de encuentros procura hacerlo acompañado por testigos.

"Nosotros reclamamos que la comunicación tiene que ser un bien social, que tiene que tener pautas claras", sostiene.

Hechos, interpretación y línea editorial
La existencia de una línea editorial propia no está en discusión para Carmona. Cada medio tiene derecho a defender una posición política, económica o ideológica. Lo que no puede hacer, plantea, es alterar los hechos para acomodarlos a esa posición.

Para explicarlo recurre a una escena deliberadamente sencilla. "Hay un choque en la esquina, choca un auto rojo con un auto verde", dice. Un medio puede interpretar quién tuvo la responsabilidad, discutir si funcionaba el semáforo o aportar cualquier análisis sobre lo sucedido.

Pero no puede cambiar la naturaleza del hecho. "Yo no puedo decir que chocó un camión de caudales con un tranvía". La obligación periodística, sostiene, es respetar aquello que efectivamente ocurrió.

Después puede aparecer la interpretación, el análisis y la línea editorial. "La interpretación y la línea editorial también es una obligación de los medios", afirma, siempre que el medio sea transparente respecto de la posición desde la cual informa.

En otros países, recuerda, esa identificación ideológica forma parte de la práctica habitual.

Durante una elección, un periódico puede anunciar abiertamente que apoya a los republicanos o a los demócratas, o que adhiere a determinadas ideas de izquierda o de derecha. De esa manera, el lector sabe qué posición editorial tiene delante y puede interpretar las noticias teniendo en cuenta ese marco.

Para Carmona, esa transparencia es preferible a una supuesta neutralidad que en realidad oculta intereses. "Hay que eliminar la trampa en la comunicación", sostiene. Y agrega una definición que considera central: "La trampa en la comunicación es una trampa a la democracia".

La gravedad aumenta, entiende, porque la sociedad contemporánea es mucho más compleja que aquella en la que los habitantes de un pequeño pueblo podían enterarse de lo que ocurría simplemente conversando entre ellos.

Cuando las comunidades eran pequeñas, explica, "todos nos enterábamos boca a boca de la realidad". Cada persona podía después interpretarla de acuerdo con sus propias ideas, pero no necesitaba necesariamente de un intermediario para conocer los hechos básicos. Hoy esa posibilidad desapareció.

La complejidad social hace necesaria la intermediación periodística. Son los periodistas y los medios quienes seleccionan, investigan, jerarquizan y explican una parte importante de aquello que la sociedad necesita conocer.

Por eso existen pautas éticas que deberían garantizar que esa intermediación sea lo más transparente posible. "Cosa que no ocurre en la ciudad de Rosario", afirma Carmona. Y enseguida refuerza la idea: "Ni estamos ni cerca".

La frase no funciona, en su relato, como una crítica aislada a un medio o a un gobierno determinado. Es el diagnóstico de un sistema en el que las fronteras entre información, propaganda, negocios e intereses políticos se han vuelto, según él, peligrosamente difusas.

¿Y qué tiene de malo?
Y entonces vuelve sobre la escena de los "capuchones", porque considera que allí aparece una de las claves del problema.

Cuando planteó a funcionarios y responsables de la comunicación oficial por qué se enviaban esos contenidos ya elaborados, recuerda que recibió una respuesta que, para él, revela hasta qué punto se naturalizó la práctica.

"¿Y qué tiene de malo?", le preguntaron. Carmona todavía parece indignarse al recordarlo. "¿Cómo que tiene de malo?", replica. La explicación que recibió fue que los medios no querían enviar periodistas porque hacerlo resultaba costoso.

Para Carmona, esa interpretación invierte deliberadamente la cuestión. "No, los medios no te mandan la gente porque vos le pagás para que no la manden, que es distinto", sostiene. 

El problema, además, no termina en la producción de contenidos oficiales. Según denuncia, existen casos en los que funcionarios llegan incluso a pedir que determinados trabajadores sean despedidos cuando los medios envían periodistas a cubrir determinadas actividades.

Para alguien con más de cuatro décadas de experiencia en el sector, el fenómeno resulta inédito. "Yo en mi vida, yo tengo más de 40 años en los medios, nunca vi, nunca vi lo que estoy viendo", afirma.

Lo repite para subrayar la dimensión de lo que considera un cambio profundo: "Nunca vi".

Lo que ve ahora es una combinación de influencia, concentración y descontrol que, a su entender, ha modificado las relaciones tradicionales entre los medios, los gobiernos y los trabajadores.

Carmona vuelve sobre aquello que acaba de describir y busca una palabra capaz de dimensionarlo. No está seguro de que sea la adecuada, pero finalmente la pronuncia: "Está así, pornográfica, la incidencia de los oficialismos de hoy sobre los multimedios de hoy".

Del poder de Clarín a los medios al servicio del poder
La comparación con otras épocas le permite explicar por qué considera que el fenómeno actual es diferente. Durante décadas, cuando se hablaba de concentración de medios en la Argentina, había un nombre que aparecía inmediatamente: Clarín.

Era el gran grupo al que se señalaba como capaz de imponer condiciones. La frase que circulaba entonces era contundente: "Una tapa de Clarín te voltea un gobierno".

También recuerda a La Nación y una de sus tapas más recordadas, vinculada a la entrevista de Mirtha Legrand con Néstor Kirchner. Después de aquel encuentro, recuerda Carmona, Claudio Escribano, subdirector del diario había planteado las condiciones para el nuevo gobierno y el diario había llevado aquella posición a su portada.

Aquellos eran medios que, desde su perspectiva, tenían poder propio. Podían presionar, imponer condiciones e influir sobre los gobiernos. 

Pero Carmona observa una transformación profunda en la relación entre el poder económico y el poder político. "Ahora acumulan medios para ser sirvientas, alcahuetes del poder político", sostiene. Ya no se trataría solamente de un medio poderoso que intenta imponerle condiciones al gobierno de turno.

El mecanismo que denuncia es otro: grupos que acumulan medios y aceptan las condiciones del poder a cambio de recursos. "Ya ni siquiera es que yo impongo condiciones. No, yo acepto las condiciones por la plata que me pagan y entrego un producto a libro cerrado para que otro lo escriba".

La conclusión vuelve a ser tajante: "Es vergonzoso".
El caso LT3
Ese diagnóstico lleva directamente al caso de LT3, una de las emisoras históricas de Rosario. Para Carmona, lo que ocurrió con la radio constituye "otro desastre".

El conflicto tiene como protagonista al grupo Alpha Media, de Marcelo Figoli, un empresario que fue adquiriendo una cantidad importante de radios y medios en Buenos Aires. Entre sus operaciones más relevantes menciona la compra de Radio Rivadavia y otras emisoras como Rock & Pop y Splendid, además de numerosas FM. También recuerda a Radio Colonia y a Noticias Argentinas, entre otras propiedades.

Figoli también estuvo vinculado a la adquisición del canal que Telefe tenía en Neuquén, una operación que posteriormente generó cuestionamientos en Paramount porque la señal fue revendida a otro grupo local y el empresario conservó una participación accionaria menor.

Esa situación, explica Carmona, habría sido uno de los elementos que generaron objeciones cuando posteriormente se avanzó en la adquisición de Telefe Buenos Aires y de las señales de Telefe del centro del país, que quedaron en manos de Scaglione. El empresario también tiene negocios vinculados con equipos de fútbol y con el Parque de la Costa, en Tigre.

En el terreno de las agencias de noticias, Carmona considera que la gestión sobre Noticias Argentinas terminó reduciendo notablemente el peso que alguna vez tuvo la agencia.

Ese mismo grupo terminó adquiriendo Rosario Difusión S.A., la sociedad que administra LT3, en el marco del concurso preventivo. Al principio, Carmona y el sindicato tuvieron alguna expectativa.

La radio venía atravesando un proceso de deterioro prolongado y, después de Guillermo Whpei, había quedado prácticamente sin una estructura patronal capaz de administrarla. Ante esa situación, el propio gremio intervino para ayudar a sostenerla y concretar una mudanza.

Había que devolver la sede de calle Balcarce 843 y el sindicato gestionó el traslado.

Durante un tiempo, gracias al sindicato de Luz y Fuerza, pudieron instalarse en un local de Corrientes y Mendoza que les fue prestado. Después llegó la compra de la sociedad y comenzó un largo período de incertidumbre.

Durante los primeros dos años, cuenta Carmona, prácticamente no hubo inversión. Más adelante, la radio volvió a mudarse y esa nueva etapa generó cierta expectativa entre los trabajadores. La nueva sede se instaló en la zona de Rioja y Lagos, cerca de Callao.

"Nos ilusionamos un poco de que la radio podía volver a adquirir algún brillo, recuperar su brillo histórico", recuerda. La expectativa tenía un fundamento simbólico y periodístico. LT3 es una de las radios históricas de Rosario y, como recuerda Carmona, es la emisora AM más antiguas del interior. 

Durante un tiempo apareció la posibilidad de recuperar una programación local más fuerte. Pero la expectativa duró poco. El grupo Alpha Media entró en crisis y el impacto de esa situación llegó rápidamente a Rosario. En Buenos Aires fueron despedidas cerca de cien personas y varias de las FM quedaron reducidas prácticamente a la reproducción de música.

Las emisoras que, según Carmona, conservaron mayor estructura fueron Rivadavia y Rock & Pop, aunque también atravesaron procesos de ajuste. En Rosario, la consecuencia fue el levantamiento de casi toda la programación propia de LT3.  Solo permaneció el programa de la mañana y el resto de la señal comenzó a retransmitir Radio Rivadavia.

El sindicato quedó entonces involucrado en una nueva pelea: reclamar los salarios adeudados. El dinero finalmente fue abonado, pero con una modalidad que Carmona describe como permanente: retrasos, pagos fuera de término y cuotas que convierten cada cobro en un calvario.

"Hasta ahora venimos cobrando el mes, está atrasado, pero venimos cobrando", explica. La discusión continúa por los programas que fueron levantados y que habían sido contratados por la propia radio. Algunos trabajadores quedaron con un mes de salario sin cobrar.

El sindicato reclama esos pagos y, al mismo tiempo, intenta recuperar la programación local. La situación de LT3 llegó incluso al Congreso. 

Stella Hernández llevó la voz del sindicato en una jornada de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados dedicada a discutir la situación de la información y la libertad de expresión.

Allí se plantearon los problemas de la región, la concentración mediática y las dificultades concretas para producir información local. Porque detrás de las discusiones empresariales existe, para Carmona, un problema menos visible pero igualmente profundo: la frustración de quienes trabajan en los medios.

"Hay un momento tan difícil, hablar de frustración de los trabajadores parece un detalle menor, pero hay una frustración, una angustia muy grande en los compañeros", afirma.

Escuchá la entrevista completa:

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sábado, 12 de septiembre de 2026

La prensa volvió a advertir en Diputados sobre ataques, restricciones y el deterioro de la libertad de expresión

Periodistas, representantes sindicales y organizaciones vinculadas al ejercicio profesional del periodismo expusieron ante diputados opositores sobre agresiones, restricciones al acceso a la información, represión a trabajadores de prensa, precarización laboral y el hostigamiento del Gobierno de Javier Milei. También cuestionaron la distribución de la pauta oficial a través de empresas estatales y reclamaron que el Congreso investigue el destino de esos recursos.

El encuentro se realizó este viernes 11 de septiembre en el anexo de la Cámara de Diputados y fue convocado por legisladores opositores que integran la Comisión de Libertad de Expresión, ante la falta de funcionamiento del cuerpo que preside el oficialista Guillermo Montenegro.

Durante varias horas, periodistas de distintos medios, representantes sindicales y organizaciones profesionales describieron un escenario caracterizado por agresiones públicas, restricciones para acceder a funcionarios y dependencias oficiales, represión durante coberturas de protestas, denuncias judiciales, campañas de hostigamiento y un deterioro de las condiciones laborales.

La situación de los periodistas acreditados en la Casa Rosada, la política de comunicación oficial y el destino de los recursos públicos destinados a medios fueron algunos de los principales ejes de la jornada.

La fecha también tuvo un componente simbólico: el 11 de septiembre se conmemora el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, quien además de haber sido presidente fue escritor y periodista.

"El Congreso no puede mantenerse en silencio"
El vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión, Nicolás Trotta, fue el encargado de abrir el encuentro. El diputado cuestionó al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, por la situación de la comisión y explicó que la reunión había sido convocada de manera informal ante la falta de funcionamiento del cuerpo.

"Es una reunión informal, porque al presidente de la Cámara no le gusta decir que nos autocovocamos ante la apatía y voluntad de clausura y no funcionamiento de esta comisión por parte del bloque mayoritario de LLA", sostuvo.

Trotta explicó que los diputados habían decidido convocar a medios, entidades de comunicación y periodistas que, según afirmó, vienen sufriendo "la agresión constante" del Poder Ejecutivo Nacional.

El legislador señaló que existen más de cien proyectos vinculados con la libertad de expresión presentados por diputados de distintos bloques, pero que permanecen sin tratamiento debido a la falta de reuniones de la comisión.

Para Trotta, lo que ocurre no puede interpretarse como una sucesión de episodios aislados.

"No estamos frente a hechos aislados, sino una clara estrategia de intimidación que quiere llevar adelante el Poder Ejecutivo frente a una enorme asimetría del poder", afirmó.

Según planteó, la sucesión de ataques genera un efecto que excede las redes sociales. "Ese nivel de agresión y nivel de violencia que pretende Javier Milei desatar deja el mundo virtual y se traslada al mundo real", sostuvo.

Por eso, consideró que el Congreso no puede permanecer al margen. "No convocar esta comisión implica un silencio cómplice a las agresiones", advirtió, y reclamó un compromiso que trascienda las identidades partidarias en defensa de la libertad de expresión.

En la misma línea se expresó la vicepresidenta segunda de la comisión, Lourdes Arrieta, de Provincias Unidas, quien planteó la necesidad de abordar el "constante agravio" no solamente contra periodistas, sino también contra quienes expresan opiniones diferentes a las del Gobierno.

Como comunicadora social, Arrieta remarcó la necesidad de discutir "la Argentina que queremos" y el modelo de democracia en el que se pretende vivir.

"Por estar en contra de alguna medida, no significa que somos enemigos", sostuvo, y propuso analizar hasta qué punto pueden instalarse discursos de odio contra quienes piensan diferente.

FoPeA: "Vivimos un momento particularmente crítico"
El vicepresidente del Foro de Periodismo Argentino (FoPeA) y periodista de La Nación, Claudio Jacquelin, fue uno de los primeros en tomar la palabra. Su diagnóstico fue contundente: la situación es "sumamente grave".

Jacquelin cuestionó la ausencia del bloque mayoritario y el intento de vaciamiento de un ámbito que, consideró, debería ser central para la defensa de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información.

"Vivimos un momento particularmente crítico, porque han convergido una cantidad de situaciones que ponen a la libertad de expresión y de prensa en un estado de fragilidad demasiado profunda", sostuvo.

El periodista señaló que confluyen varios factores: un ataque sistemático contra las voces que contradicen el discurso oficial, una crisis profunda de la industria periodística y una creciente precarización del trabajo.

FoPeA realiza desde hace 16 años un monitoreo de la libertad de expresión. Según los datos expuestos durante la reunión, el año pasado se alcanzó un récord de agresiones contra periodistas, superando incluso el registro de 2013, y más del 60% de los casos tuvieron como origen al Poder Ejecutivo Nacional.

Jacquelin destacó que una parte sustancial de esas agresiones se expresa a través de ataques verbales y campañas de deslegitimación.

La secretaria de FoPeA, Paula Moreno Román, puso el foco en otro aspecto: el denominado "efecto contagio" hacia las provincias.

"Estas conductas del poder político central están haciendo mella en las provincias", advirtió.

Entre los problemas que enumeró se encuentran la publicidad oficial, la falta de transparencia en la distribución de fondos públicos y las dificultades para acceder a funcionarios.

Moreno Román sostuvo además que detrás de las restricciones al trabajo periodístico existe un intento por quitarle a los periodistas su función de intermediarios entre el poder y la sociedad.

"La no existencia de la repregunta en definitiva lo que hace es fomentar un discurso unidireccional", señaló.

La pauta oficial y los fondos de empresas estatales
Uno de los temas que atravesó las exposiciones fue la distribución de publicidad oficial.

Rodrigo Lloret, director de Perfil, reconoció que la Secretaría de Comunicación ya no distribuye la pauta de la misma manera que durante gobiernos anteriores, pero sostuvo que eso no significa que hayan desaparecido los recursos públicos destinados a los medios.


"Es verdad que la Secretaría de Comunicación ya no distribuye la pauta como hacían otros gobiernos, pero la gran pauta pública es distribuida por Santiago Caputo, a través fundamentalmente de YPF", afirmó.

Lloret cuestionó que esos recursos sean distribuidos de manera discrecional y reclamó acceso a la información que permita conocer cuánto dinero se destina y quiénes son sus beneficiarios.

El planteo fue acompañado por otros participantes, quienes reclamaron a los diputados que investiguen el destino de los fondos públicos canalizados a través de empresas estatales.

La discusión sobre la pauta se vinculó así con una preocupación más amplia: el acceso a la información pública y la posibilidad de controlar el uso de recursos estatales.

Los insultos presidenciales y la naturalización de la violencia
Los ataques públicos de Javier Milei contra periodistas ocuparon buena parte de las exposiciones.

Lloret cuestionó que la sociedad se haya acostumbrado a observar diariamente insultos del Presidente hacia periodistas de distintos medios.

"Es realmente impresionante acostumbrarnos a lo que nos hemos acostumbrado: ver todos los días en redes sociales al Presidente Javier Milei insultar a periodistas de todos los medios; normalizamos algo que es gravísimo", sostuvo.

El periodista cuestionó el tenor de algunos de esos ataques y consideró necesario discutir el impacto que tiene el discurso presidencial sobre el debate público.

Mónica Gutiérrez, en tanto, pidió no naturalizar la violencia.

La periodista sostuvo que la confrontación entre prensa y poder siempre existió, porque el periodismo cumple un papel de contrapoder, pero consideró que el nivel de tensión actual excede situaciones anteriores.

"Desde que se ingresa a esta profesión se sabe que el periodismo es contrapoder y en todo momento las tensiones entre la prensa y el poder han existido, pero ahora han llegado muy lejos", afirmó.

Gutiérrez advirtió además sobre el efecto que esos discursos pueden tener en la sociedad. A su juicio, el ataque constante al periodismo profesional puede terminar favoreciendo el abandono de fuentes periodísticas tradicionales en favor de influencers y contenidos sin criterios profesionales de verificación.

En ese escenario, alertó, una sociedad que pierde referencias confiables para informarse queda también más vulnerable desde el punto de vista democrático.

Casa Rosada: restricciones, cierre de la sala y aislamiento
La situación de los periodistas acreditados en la Casa Rosada fue otro de los capítulos centrales.

Fernando Ramírez, presidente de la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA), contó que estuvo acreditado en la sede gubernamental desde 1983 hasta el año pasado y que participó incluso de las primeras conferencias de prensa de Manuel Adorni.

Según relató, durante los primeros seis meses la relación fue correcta, pero luego "se fue todo a la deriva".

Ramírez recordó la implementación de un protocolo "muy estricto", que consideró antecedente del posterior cierre de la sala de periodistas.

"Para mí este es el peor momento que sufre la relación periodismo-gobierno", afirmó, extendiendo su comparación incluso a períodos no democráticos.

También cuestionó que el Presidente no haya brindado una conferencia de prensa durante su gestión y recordó que tampoco lo hizo durante su campaña electoral.

Gabriel Sanfilippo, periodista y locutor acreditado en Casa Rosada, también cuestionó las condiciones de trabajo.

Recordó que durante el gobierno anterior fue expulsado de la Casa de Gobierno y planteó interrogantes sobre la continuidad de las restricciones: "¿Este Gobierno vino a hacer el trabajo sucio de encerrarnos en la sala de periodistas? ¿De no permitir repreguntar en las conferencias de prensa?".

Sanfilippo preguntó además qué sucedería con estas prácticas si en el futuro cambiara el signo político del Gobierno.

La periodista Natasha Niebieskikwiat, de Clarín, fue igualmente crítica. Pidió que no se "institucionalice nada de lo que está ocurriendo" y aseguró que, pese a haber atravesado otros períodos de fuerte tensión entre gobiernos y medios, nunca había observado un deterioro institucional semejante.

"Yo estoy prohibida en Casa de Gobierno", afirmó.

Para Niebieskikwiat, el problema excede el enfrentamiento coyuntural entre un Gobierno y determinados periodistas: se trata del "desmantelamiento de todo el aparato institucional de prensa".
Represión y violencia contra trabajadores de prensa

La periodista Nancy Pazos, de Radio 10, participó de manera virtual y llevó a la reunión el reclamo de quienes cubren las movilizaciones que se desarrollan frente al Congreso.

Pazos sostuvo que desde hace dos años trabajadores de prensa sufren agresiones durante las manifestaciones de los miércoles y recordó que se presentó un habeas corpus para evitar que periodistas y reporteros gráficos fueran golpeados, gaseados o reprimidos mientras trabajaban.

Según relató, ese recurso lleva dos años sin resolución.

La periodista aseguró que más de 250 cronistas y reporteros gráficos fueron gravemente lastimados durante ese período mientras realizaban su tarea.

"No nos rompen el celular y la cámara solamente porque las Fuerzas de Seguridad reciben la orden de odiar lo suficiente a los periodistas, lo hacen porque esos ojos y esas lenguas transmiten información", sostuvo.

Pazos reclamó a los legisladores que actúen y pidió que una eventual actualización del Estatuto del Periodista incorpore un capítulo específico destinado a proteger el derecho a trabajar sin sufrir violencia.

El Estatuto del Periodista y la precarización laboral
La situación laboral de los periodistas apareció como otra de las preocupaciones centrales.

Jacquelin vinculó la precarización con la crisis general de la industria y señaló que el deterioro de las condiciones laborales profundiza las dificultades para sostener un periodismo profesional independiente.

Desde Tiempo Argentino, su presidenta, Malena Winer, puso el acento en la necesidad de preservar el Estatuto del Periodista.

"No hay periodismo profesional sin condiciones mínimas garantizadas", sostuvo.

Winer recordó que los trabajadores de prensa también son trabajadores y señaló que las credenciales y los chalecos que deberían funcionar como elementos de identificación y protección terminaron convirtiéndose, en algunos casos, en blancos visibles de agresión.

"No hay periodismo sin periodistas", remarcó.

También participaron representantes de organizaciones sindicales y profesionales, entre ellos Francisco "Paco" Rabini, secretario adjunto primero del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), quien señaló que Milei "insulta y agravia colegas día por medio, en una asimetría inmensa de poder".

Rabini planteó que el colectivo periodístico debe asumir una lógica de "autodefensa", no únicamente en protección de los trabajadores sino también por el papel que cumple el periodismo dentro de una democracia.

"Ni en dictadura se había cerrado la sala"
La intervención de Ramírez volvió a colocar en primer plano el cierre de la sala de periodistas de la Casa Rosada.

"Ni en dictadura se había cerrado la sala de periodistas", sostuvo, para luego insistir en que considera que la actual situación constituye el peor momento de la relación entre el periodismo y el Gobierno.

El planteo fue acompañado por otros testimonios que describieron restricciones al uso de espacios comunes, controles sobre los movimientos de los periodistas y dificultades para acceder a funcionarios.

FoPeA, además, incorporó otros episodios denunciados por el sector: agresiones físicas por parte de fuerzas de seguridad, hackeos, campañas de difamación, denuncias judiciales y el uso de mecanismos judiciales considerados abusivos para intimidar a periodistas.

Entre los casos mencionados estuvo el del fotógrafo Pablo Grillo, herido durante una movilización.

La organización sostuvo que estos hechos ya fueron denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Una comisión paralizada y una disputa institucional
El funcionamiento de la propia Comisión de Libertad de Expresión atravesó toda la jornada.

Los diputados opositores denunciaron que el cuerpo permanece paralizado pese a la existencia de más de cien proyectos vinculados con la temática y recordaron que habían solicitado formalmente su convocatoria en distintas oportunidades, incluida una presentación del 24 de agosto que, según afirmaron, no obtuvo respuesta.

Entre los diputados presentes estuvieron Raúl "Rulo" Hadad, Marcela Pagano, Lourdes Arrieta, Sabrina Selva, Hugo Yasky, Kelly Olmos, Mónica Frade, Romina Del Plá, Adriana Serquis y Lorena Pokoik.

Frade cuestionó que se haya naturalizado tanto la agresión como la utilización de "la mentira flagrante en las más altas autoridades".

"Nos acostumbramos al insulto brutal por parte del Presidente y algunos integrantes del oficialismo, que ya son la manera habitual de dirigirse a medios, legisladores y, finalmente, a la sociedad", afirmó.

También cuestionó directamente al presidente de la comisión, Guillermo Montenegro, por no convocar al cuerpo.

"El titular de la Comisión, Guillermo Montenegro, se niega a abrirla y no podemos dictaminar nada en torno a este problema", sostuvo, aunque aseguró que la oposición continuará reuniéndose.

Un reclamo común entre periodistas de distintas posiciones
La jornada reunió a periodistas de distintos medios y con trayectorias y posiciones editoriales diversas.

Participaron Paula Moreno Román, Stella Hernández, Francisco "Paco" Rabini, Julia Cravero, Natasha Niebieskikwiat, Gabriel Sanfilippo, Sebastián Lacunza, Mariano Obarrio, Rodrigo Lloret, Malena Winer y Nancy Pazos, entre otros trabajadores de prensa que expusieron experiencias personales de agresiones, restricciones y dificultades para ejercer su profesión.

Uno de los aspectos destacados por varios participantes fue precisamente la posibilidad de compartir una misma mesa pese a las históricas diferencias existentes dentro del periodismo argentino.

Niebieskikwiat lo expresó al recordar que durante otros períodos había mantenido fuertes diferencias con colegas por las posiciones editoriales de los medios en los que trabajaban.

En ese sentido, afirmó que el actual contexto terminó acercando a periodistas que antes estaban enfrentados.

La coincidencia que atravesó la jornada fue que las diferencias editoriales o políticas no deberían poner en discusión el derecho de los periodistas a trabajar y de la sociedad a recibir información.

"Falta que actúen"
El cierre de las exposiciones estuvo a cargo de José Ángel Di Mauro, vicepresidente de APeRA y director de la revista Parlamentario.

Di Mauro pidió no naturalizar los discursos y las agresiones contra periodistas y recordó el episodio ocurrido en la sesión de Diputados del miércoles, cuando el oficialismo aplaudió luego de que Trotta formulara una cuestión de privilegio en la que enumeró ocho insultos de Milei contra trabajadores de prensa.

"Es gravísimo y lamentable. El Presidente de la Nación nos representa y no puede hacer eso", sostuvo.

Di Mauro también realizó un recorrido histórico por la conducción de la Comisión de Libertad de Expresión y señaló que durante las últimas dos décadas estuvo mayoritariamente en manos de la oposición, con algunas excepciones.

Según explicó, la situación actual comenzó en 2024, cuando La Libertad Avanza, pese a contar con una representación parlamentaria minoritaria, quedó al frente del cuerpo.

Su crítica estuvo dirigida también hacia los bloques opositores que permitieron esa distribución.

"No se quejen tanto. Es uso y costumbre que las comisiones de gobernabilidad las maneja el oficialismo y las de control las maneja la oposición. La entregaron", afirmó.

Al finalizar el encuentro, Trotta agradeció a los participantes y, especialmente, a quienes permanecieron hasta el cierre.

El diputado sostuvo que la defensa de la libertad de expresión exige un "compromiso de dos vías": por un lado, el de los legisladores que decidieron convocar la reunión y continuar con estos encuentros; por otro, el de los periodistas y organizaciones del sector para visibilizar las situaciones denunciadas.

El objetivo, explicó, es impedir que las agresiones se conviertan en parte natural del escenario político.

"Vamos a seguir convocando", afirmó.

Y resumió el desafío que, según los organizadores, enfrenta ahora el Congreso: evitar que el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo sea aceptado como una nueva normalidad.

"Para ponerle un freno tenemos que llamar a la conciencia y construir la conversación pública de otra manera", concluyó Trotta.

El encuentro retomó, además, un reclamo que ya había sido planteado meses atrás, cuando una reunión de características similares abordó la prohibición de ingreso de más de medio centenar de periodistas acreditados a la Casa Rosada.

En aquella oportunidad, representantes del sector ya habían advertido que las restricciones al acceso, la falta de respuestas oficiales y las agresiones contra trabajadores de prensa no podían analizarse como episodios independientes.

Ahora, con nuevos testimonios y denuncias, el reclamo volvió al Congreso: que la libertad de expresión, el derecho a informar y el derecho de la ciudadanía a estar informada no queden subordinados a la disputa política de turno.
Fuentes: Tiempo Argentino, FoPeA, Parlamentario, Señales

Ver también: Violencia, censura y precarización: la advertencia de Prensa Rosario sobre el presente de las y los trabajadores de medios

Violencia, censura y precarización: la advertencia de Prensa Rosario sobre el presente de las y los trabajadores de medios

Asociaciones y entidades periodísticas, trabajadores de prensa agredidos y referentes del campo de la comunicación volvieron a reunirse este viernes en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, en Buenos Aires. Stella Hernández, del Sindicato de Prensa Rosario, participó del encuentro autoconvocado por Nicolás Trotta, vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión, una iniciativa acompañada por más de diez integrantes de distintos bloques. Durante la reunión, Hernández expuso sobre la violencia contra la prensa, la censura, la precarización laboral y la concentración de medios, y advirtió sobre el impacto que estas situaciones tienen en las provincias
La violencia que empieza en Buenos Aires y llega a Rosario

Primero, muchas gracias a las y los legisladores que nos convocaron. Vengo desde Rosario, represento al Sindicato de Prensa Rosario y a la CTA de los Trabajadores.

Yo les quiero contar, con casos específicos, lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestra provincia de Santa Fe, y que también se repite en otras provincias y en otros lugares del llamado interior del país.

Los casos de violencia, de odio, de agresiones, lo que pasó en la sala de periodistas de la Casa Rosada, tienen una visibilidad que, por supuesto, acá están sobrellevando un peso mayor porque está el poder político concentrado aquí, en Buenos Aires.

Ahora, esa violencia, como también adelantaron compañeros de FoPeA, se derrama. No es una violencia que queda encapsulada en las agresiones del Presidente, con el odio a los periodistas y las periodistas, sino que se derrama y llega a las provincias.

Rosario: periodistas expuestos y una Policía que no responde
Nosotros tenemos una situación que denunciamos, sobre la que nos sentamos a hablar con los funcionarios de la provincia y, en su momento, con la ciudad cuando ha sido necesario, y con la Policía.

Una violencia, además, que viene de una zona caliente como Rosario, donde supuestamente ya no hay más violencia porque, claro, no se puede difundir lo que sucede en Rosario.

Una violencia policial por acción, cuando impiden que se cubra de determinada manera alguna nota o alguna muerte, algo a donde llegamos, a donde llegan nuestros movileros, nuestros trabajadores.

Y otra por omisión, cuando la Policía directamente deja a un equipo completo, un móvil completo de la televisión, cubriendo un asesinato en una zona muy caliente de los alrededores de Rosario, se va del lugar y son atacados, los roban, les tiran piedras, los amenazan, se corta la luz.

De esas situaciones tenemos un montón. Las hemos denunciado a todas.

¿Nos hemos sentado con el ministro en la provincia? Sí. Nos han prometido cosas que nunca llegaron a cumplirse. Charlar con nosotros, algún código de procedimiento de la Policía y los periodistas. Nunca se hizo nada.

Lo venimos denunciando siempre porque, en algún momento, va a pasar, lamentablemente, algo más grave de lo que está sucediendo hasta ahora.

Pero, para sumarle, yo les voy a ir contando cómo se van dando todas estas cuestiones.

Un puñado de empresarios concentra los medios de Rosario
Nosotros tenemos la hiperconcentración de medios en nuestra ciudad. El multimedios La Capital está en manos de la familia Scaglione. El multimedios lo integran La Capital, que es el diario más antiguo del interior del país; tiene además el LT8 AM 680, una de las tres AM más importantes de la ciudad; tienen varias FM; tiene un canal de streaming, La Capital+.

Pero los Scaglione tienen también el Grupo Televisión Litoral.

Televisión Litoral es un conglomerado que tiene Canal 3 de Rosario, el canal más importante; tienen Radio 2, la otra emisora AM importante de la ciudad; tres FM: Vida, Frecuencia Plus y la que retransmite la AM; tienen Rosario3.com, que es la página web del medio.

Además, son dueños de Telefe y, en Rosario, Canal 5 (Telefe Rosario). Es decir, hay dos canales abiertos en Rosario y los dos son del mismo dueño.

Son más o menos 70 medios los que tiene la familia Scaglione en el país, en Santa Fe, en Entre Ríos, Salta, Tucumán, Río Negro, Buenos Aires, Córdoba, por nombrar algunos.

Nosotros también lo hemos denunciado: la cantidad, la concentración y el poder que le da eso.

Además de eso, vamos a sumarle otro: la otra AM de la ciudad de Rosario, el LT3 Radio Cerealista, la más antigua del interior del país, está concursada en manos de Marcelo Figoli, que es el dueño de Rivadavia, y que ahora, en LT3, concursada, está retransmitiendo Radio Rivadavia en Rosario. Han dejado a la gente en la calle.

Miren el panorama de lo que es Rosario. Esto se podría repetir en otros lugares también. Otros compañeros podrían contar lo que sucede en otros lugares del interior del país.

Esto nos lleva a preguntarnos cómo podemos trabajar las y los periodistas con un nivel de hiperconcentración que tienen los medios en nuestra ciudad y en nuestra provincia.
Publinotas, censura y una agenda cada vez más controlada

Las notas —nosotros le decimos las publinotas— vienen hechas directamente. Vienen notas hechas de la provincia, de la municipalidad y con la orden de publicarse. No hay manera. Vienen como si lo hubiera hecho un periodista.

Los capuchones de la televisión, cuando hay conferencias o algún encuentro con autoridades, están solo los capuchones, y las oficinas de prensa envían las notas como si hubiera habido un encuentro real con trabajadores de prensa.

Son niveles de una imaginación que uno dice: no, no puede ser que esto nos esté pasando. Sin embargo, nos está pasando.

Está pasando la violencia, está pasando la hiperconcentración increíble de medios; está pasando la censura.

Son innumerables los casos de censura que llevan también a la autocensura, el miedo y la precarización. No es solo la censura que ejerce el poder político.

Yo les digo un solo ejemplo, que es tonto al lado de todos los otros ejemplos que son graves. Por ejemplo, no se pudo publicar, se tuvo que levantar una nota de una palometa que había mordido a un turista en La Florida, porque eso supuestamente espantaba a los turistas en el río, en la ciudad.

Eso, que es una tontería —y de eso tenemos infinidad—, muestra que se controla todo. Todo lo que sale en los medios está controlado.

Todo lo que sale en los medios está controlado
Estuvo el presidente Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario y ¿qué salió publicado? ¿Qué foto salió publicada? La que mandó la Casa Rosada.

Una foto donde supuestamente está rodeado de simpatizantes y la gente. Nada que ver, nada que ver con lo que realmente pasó en la calle, donde estaban las organizaciones, ciudadanos manifestándose y las fuerzas de seguridad controlando que nadie pase.

Digamos: una mentira tras otra, manejada, manipulada, en connivencia con los empresarios de medios.

Si a esto, a todo esto que estoy contando, y haciéndolo sintético para no aburrirlos, porque son innumerables los casos que tenemos de censura, de control, de publinotas, es cosas que denunciamos, no es que nos callamos: lo denunciamos.

Precarización: La primera oferta fue cero, cero y tres
Sumado a eso, la precarización laboral. Nos cuesta meses de audiencias en los ministerios, denuncias, reuniones, movilizaciones en la calle, actos, para lograr una paritaria en que nos den —la primera oferta de la familia Scaglione— cero, cero y tres: los aumentos, cero, cero, tres.

Bueno, ahora ya estamos llegando, después de todo esto que les cuento y las movilizaciones, a quizás firmar una paritaria con ellos más o menos digna.

Pero si sumamos —yo voy haciendo una suma para ver cómo se perfila todo este panorama—, si sumamos además que nos están por sacar el Estatuto del Periodista Profesional, esto es el máximo.

Estamos ante realmente una fatalidad para las y los trabajadores de la prensa.

Quieren eliminar el Estatuto del Periodista
El estatuto no es ningún privilegio. El estatuto nos decían, nos dicen, que es obsoleto, que es anacrónico, que no está acomodado a las nuevas tecnologías, a este nuevo ecosistema de medios, lo digital.

Perfecto. Nosotros jamás nos hemos negado a discutir, a debatir sobre el estatuto y cuáles son las mejores funciones, las mejores reglamentaciones que tiene que tener nuestro estatuto.

El estatuto, ¿por qué les molesta tanto? ¿Por qué molesta un estatuto, una ley que define al periodista profesionalmente, que define algunas de sus tareas laborales, que define las categorías? ¿Por qué les molesta?

Si nosotros no queremos privilegios, lo que queremos es nuestra ley, que nos ampara y que ampara a muchísimos trabajadores de prensa de todo el país, de todo el país. No solo a los que tienen relación de dependencia, porque también los que son informales pueden apelar, en su medida, al Estatuto del Periodista Profesional.

Les molesta. No quieren que tengamos ninguna ley. Lo que prefieren es que no haya leyes.

La mejor ley, para muchos, es aquella que no existe.

Entonces, lo que buscan es que el Estatuto del Periodista no exista.

Y así como decimos que nosotros queremos debatir, porque eso es la democracia, ¿de qué estamos hablando? Queremos debatir sobre ese estatuto.
¿Dónde está la convocatoria para que discutamos este estatuto?
Nosotros presentamos acá, con los compañeros, un proyecto de ley. Nos dijeron en el Senado: “Hagan un proyecto, lo vamos a discutir”. Nos dieron tiempo hasta el primero de enero.

Nosotros lo presentamos. ¿Dónde está la discusión? ¿Dónde está la convocatoria para que discutamos este estatuto?

Entonces, nosotros lo que les pedimos es que nos ayuden, porque si además de todos estos panoramas que estamos contando, de violencia, de hiperconcentración y todas las situaciones terribles por las que estamos pasando, nos sacan el estatuto, la verdad que estamos muy, muy mal. Muy, muy mal.

Quiero pedirles que nos acompañen en el tratamiento de ese o de cualquier otro proyecto.

Nosotros queremos discutirlo. Queremos discutir las nuevas categorías, queremos hablar del secreto profesional, queremos hablar de la Inteligencia Artificial, queremos hablar y que nos escuchen y que sepan.

Sin estabilidad laboral no hay libertad de expresión
Porque, miren, el estatuto lo que garantiza es una relación directamente proporcional entre la libertad de expresión y la estabilidad del periodista, que es lo que, en definitiva, les molesta. En definitiva, en el fondo.

Porque lo que hay que decir es que los grandes patrones o los abogados de las grandes patronales que han mandado a votar en contra de nuestro estatuto, a derogar un estatuto, el estatuto nuestro, lo que les interesa es precarizarnos, echarnos fácilmente, que valgamos dos pesos.

Que eso es lo que buscan: poder cambiarnos, poder presionarnos más, poder hacer más negocio sin que abramos la boca y pagándonos dos pesos por un despido.

Entonces les pedimos que nos ayuden, porque ayudar a que funcione el estatuto es ayudar a que funcione la libertad de expresión, el derecho a la comunicación considerado como un derecho humano.

Les agradezco muchísimo y espero que se repitan estas reuniones, porque la visión y los casos también de lo que nos pasa en las provincias creo que puede ayudar a entender mejor todo este maldito fenómeno.

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