lunes, 16 de noviembre de 2026

¡Repartí la torta!: una fiesta ficticia para denunciar la precarización en el Multimedios La Capital

Con una fiesta ficticia frente a las puertas del diario La Capital, el Sindicato de Prensa Rosario convirtió el aniversario número 159 del multimedios en una jornada de protesta. Entre torta, cotillón, redoblantes y un brindis con agua, los trabajadores denunciaron salarios insuficientes, precarización laboral y retención indebida de aportes sindicales y de obra social. Edgardo Carmona, secretario general del gremio, reclamó un piso salarial de 1.600.000 pesos, la regularización de todos los trabajadores y la devolución de los fondos retenidos. También cuestionó las contradicciones de la empresa, expuso la situación de LT8 AM 830 y reivindicó la unidad sindical para sostener el conflicto.

Pelucas de colores, cornetas, silbatos, redoblantes, cotillón y una gran torta de cumpleaños. Frente a las puertas del diario La Capital, en calle Sarmiento, el escenario parecía preparado para una celebración. El multimedios cumplía 159 años y había motivos para festejar una historia que forma parte de la identidad de Rosario. Sin embargo, aquella fiesta tenía algo de parodia, de ironía y, sobre todo, de denuncia. Porque la torta estaba, el brindis también, pero los trabajadores no tenían demasiado para celebrar. El agua reemplazó al champagne y los carteles aportaron su cuota de humor ácido, con mensajes dirigidos a la conducción de la empresa: "Vito, querido, Ovidio está ofendido", en alusión a Vito Scaglione, CEO del Multimedios La Capital, y a su padre, Gustavo Santiago Scaglione, uno de los propietarios y director responsable. Otros carteles resumieron el sentido de la jornada con una consigna directa: "¡Repartí la torta!".
La protesta, organizada por el Sindicato de Prensa Rosario, se realizó poco después de un nuevo encuentro en el Ministerio de Trabajo, otra reunión sin novedades concretas sobre un aumento salarial. La celebración por el aniversario del diario se transformó así en una intervención pública para visibilizar la situación de quienes sostienen cotidianamente al Multimedios La Capital, conducido por la familia Scaglione, que comprende al diario La Capital, LT8, FM Estación Del Siglo, FM La Red, Brindis y La Capital +.

La escena festiva contrastaba con una realidad que los trabajadores vienen denunciando desde hace tiempo: salarios que no alcanzan para llegar a fin de mes, situaciones de precarización, compañeros que trabajan en negro y una empresa que, según el gremio, retiene indebidamente los aportes y contribuciones destinados a la obra social y al Sindicato de Prensa. La consigna de la jornada no era solamente una metáfora de cumpleaños. También expresaba el reclamo de una distribución más justa de la riqueza acumulada por la empresa y el reconocimiento de los derechos de quienes hacen posible su funcionamiento.

"Venimos luchando por un piso salarial, nadie menos de 1.600.000 pesos, y pidiendo aumentos porcentuales que vayan reactualizando un salario digno frente a una coyuntura económica muy difícil, donde a los compañeros y compañeras no les alcanza el sueldo para llegar a fin de mes", fue el reclamo que atravesó la manifestación.
Edgardo Carmona, secretario general del Sindicato de Prensa Rosario, tomó la palabra frente a los trabajadores y las trabajadoras y volvió sobre los puntos centrales del conflicto. Habló de dilaciones, confusiones y promesas que nunca terminan de concretarse. "Dilatan, confunden, promesas a medias que después no se llevan a cabo en una urgencia", sostuvo, para remarcar que la urgencia de los trabajadores del Multimedios La Capital tiene nombre y apellido: salarios dignos, un piso salarial común y la devolución del dinero que, según denunció, la empresa retuvo de los aportes y contribuciones de sus empleados.

El reclamo por esos fondos no es un aspecto secundario de la disputa. Para Carmona, la retención de los aportes destinados a la obra social tiene consecuencias concretas sobre la vida cotidiana de los trabajadores, porque compromete la posibilidad de recibir atención médica cuando la necesitan. Por eso insistió en que la empresa debe devolver y depositar inmediatamente el dinero correspondiente, para garantizar la cobertura de cada compañero y compañera. También reclamó que se regularicen los aportes destinados al sindicato. "No pedimos nada extraño, solo exigimos que nos paguen salarios dignos, que nos devuelvan la plata que nos roban de la obra social y del Sindicato de Prensa", expresó.

La protesta, advirtió, no sería la última. El gremio continuará sosteniendo el conflicto hasta conseguir respuestas. Carmona apeló a la unidad y a la persistencia como condiciones indispensables para enfrentar a una patronal que, desde su perspectiva, acumuló una fortuna y expandió su patrimonio mientras los salarios de sus trabajadores quedaron rezagados. Habló del crecimiento exponencial de los bienes de los propietarios, de las empresas paralelas que consiguieron construir y de una acumulación económica que, según su denuncia, no responde a una supuesta capacidad empresarial, sino a prácticas de extorsión. Frente a ese escenario, consideró que existe una obligación elemental: compartir parte de esa riqueza con quienes producen diariamente el trabajo que sostiene al multimedios.
"Estos tipos tienen la obligación de ese patrimonio y de esa acumulación de dinero, compartirla con sus trabajadores, ni más ni menos", planteó. La pelea, aseguró, continuará "palmo a palmo, día a día, hora a hora", hasta que la empresa comprenda que los trabajadores no están dispuestos a resignar sus derechos.

En medio de la intervención, el humor también encontró su lugar. Carmona hizo una referencia irónica a "las cuerpas" y a las diferencias físicas entre quienes participaban de la protesta. Aclaró que no opina sobre los cuerpos ajenos, porque entiende que no son materia de debate, aunque admitió que le había ajustado la camisa al maniquí porque le daba un poco de vergüenza la competencia frente a los abdominales prominentes que exhibía. La broma sirvió para introducir a Cachito, el muñeco que el Sindicato de Prensa utiliza en sus intervenciones públicas y que caracteriza de distintas maneras según la consigna de cada protesta. En esta oportunidad, volvió a aparecer después de recuperarse y dejar atrás la venda que llevaba en la cabeza. Su regreso lo convirtió nuevamente en un símbolo de resistencia. Carmona celebró esa recuperación, aunque expresó un deseo colectivo: que ninguno de los trabajadores termine endurecido o paralizado por la miseria a la que, según denunció, los somete la empresa.

La gravedad del conflicto, sin embargo, no le hizo perder de vista otra dimensión: la historia de La Capital y su lugar en la identidad rosarina. El diario no es una empresa más para la ciudad. Durante 159 años fue una referencia de la vida pública, política, social y cultural de Rosario. Su presencia quedó registrada incluso en el cancionero popular, donde artistas y referentes culturales como Rafael Ielpi y Fito Páez hicieron referencia a su existencia.
Para Carmona, el contraste entre ese legado y el presente resulta particularmente doloroso. La Capital fue durante generaciones un símbolo de Rosario, pero la conducta de sus actuales propietarios está modificando la relación de la ciudadanía con el periódico. "Estos tipos están logrando algo muy especial, que es que en los últimos siete años solo nos acordamos de La Capital para reputear a sus dueños, porque nos cagan de hambre y nos roban la guita que nos corresponde de la obra social para ayudar", señaló.

El aniversario también le permitió detenerse en dos episodios vinculados con el suplemento especial publicado por los 159 años del diario. El primero, según relató, tuvo que ver con la desaparición de las imágenes de los trabajadores de La Capital + y de Brindis TV de la edición que se pensaba imprimir. El proyecto del suplemento debía quedar presentado en imprenta el miércoles, pero el martes todavía figuraban en sus páginas fotografías de ambos espacios. Sin embargo, a última hora de ese día, las imágenes desaparecieron y fue necesario rediseñar el material para que los trabajadores no aparecieran en la publicación.

Carmona interpretó ese cambio como una evidencia de las condiciones laborales que atraviesan esos compañeros. La razón de la exclusión, sostuvo, estaría vinculada con que sus rostros podían dejar expuesta una situación que la empresa prefería no mostrar: trabajadores que se encuentran en negro, que deben facturar por sus tareas y a quienes no se les reconocen los derechos laborales correspondientes.

La aparición de esas fotografías en el suplemento aniversario habría significado, desde su mirada, reconocer públicamente la existencia de trabajadores a quienes la propia empresa mantiene en condiciones de precariedad. Por eso calificó el episodio como una confesión de la manera en que se maneja la patronal y como un dato que no debía pasar inadvertido.

El segundo hecho que destacó tuvo que ver con las páginas finales del suplemento, donde se reconocía la tarea de los trabajadores de redes. Carmona retomó allí una observación del delegado Gustavo Conti, quien había señalado y felicitado la presencia de esos compañeros en la publicación. El artículo destacaba su trabajo, su importancia dentro de la estructura del diario, su presencia a nivel nacional y el reconocimiento que habían conseguido.
Pero para el secretario general había una contradicción imposible de ignorar entre ese reconocimiento público y las condiciones salariales reales de quienes aparecían en la fotografía. Ninguno de ellos, aseguró, alcanzaba el piso salarial de 1.600.000 pesos que reclama el sindicato. Incluso señaló que esos trabajadores, presentados por la propia publicación como protagonistas del futuro, del prestigio, del alcance y del reconocimiento nacional del medio, habían cobrado en octubre menos dinero que en septiembre.

Para Carmona, esa situación resume las contradicciones y la estafa que atraviesan los trabajadores del multimedios: la empresa destaca públicamente el valor de sus equipos, pero no les garantiza una remuneración acorde con la importancia que ella misma les atribuye. El reconocimiento editorial, sostuvo, pierde consistencia cuando quienes protagonizan ese crecimiento siguen cobrando por debajo de un salario digno.

La intervención también tuvo un capítulo especialmente dedicado a la situación de LT8 AM830 y a la importancia de sostener la unidad entre los trabajadores de todos los sectores del multimedios. Carmona explicó que algunos compañeros habían tenido dudas y temor frente al conflicto y consideró necesario contar públicamente cómo habían actuado las organizaciones sindicales que representan a los distintos trabajadores de la emisora.

En ese punto hizo una distinción. Mencionó a Marta Sánchez, del Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP), quien lo había llamado personalmente para alentar la pelea y advertir sobre la necesidad de evaluar cuidadosamente las medidas a tomar, teniendo en cuenta la debilidad del contexto actual. Carmona valoró ese gesto y lo diferenció de la conducta que atribuyó a otros dirigentes gremiales.

Nombró entonces a Gogó Terzaghi, secretaria general de la seccional Rosario de la Sociedad Argentina de Locutores y Comunicadores (SALCo), y a Walter Rosa, de la seccional Rosario de la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC), organización que representa a los operadores técnicos.
Según denunció, ninguno de ellos se comunicó con el Sindicato de Prensa para preguntar qué acciones estaban llevando adelante, conocer cómo podían sumarse a la pelea o aportar a la búsqueda de una solución para los trabajadores del multimedios. Por el contrario, aseguró que ambos dirigentes llamaron individualmente a locutores y operadores de LT8 AM830 para presionarlos y convencerlos de que abandonaran el conflicto.

La advertencia que, según Carmona, recibieron los trabajadores era que el gremio de prensa iba a dejarlos solos, traicionarlos y entregarlos. De esa manera, sostuvo, se buscaba que renunciaran a una lucha que tenía como objetivo terminar con la discriminación salarial dentro de la empresa.

También cuestionó el argumento utilizado para justificar esas presiones: la supuesta vigencia de una conciliación obligatoria vinculada con la negociación paritaria nacional de operadores y locutores. Para el secretario general, esa explicación era falsa y pretendía confundir dos conflictos de naturaleza diferente. La disputa que involucra a los trabajadores de LT8 AM830, explicó, no tiene que ver con las paritarias nacionales de esos sectores, sino con una situación concreta dentro de la empresa: la discriminación que padecen compañeros que trabajan bajo el mismo techo y no reciben un salario digno.

Carmona recordó que el Sindicato de Prensa había llevado el planteo al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe y que allí se dejó en claro la naturaleza del conflicto. Ante el argumento empresarial de que el gremio no tenía representación directa sobre esos trabajadores, la organización decidió presentarse junto con todos los compañeros involucrados. De esa instancia surgió la apertura de un expediente en el que se tramita el reclamo para alcanzar la igualdad de condiciones laborales y salariales dentro del multimedios.
La cuestión, insistió, no tiene relación con la conciliación obligatoria de las paritarias nacionales, sino con el derecho de los trabajadores a no ser discriminados. Por eso fue categórico al rechazar cualquier intento de abandonar a los compañeros de LT8 AM830. La unidad, en ese contexto, no es solamente una consigna sindical: es la condición necesaria para impedir que las diferencias de representación gremial terminen debilitando una pelea común.

Antes de terminar, Carmona interrumpió el tono más duro de su intervención para dedicar unas palabras a una compañera muy querida por la organización. Se trataba de Estela Hernández, quien cumplía años ese día y a quien definió como una gran dirigente, una militante que sufrió la persecución y fue arrestada durante la última dictadura cívico-militar.

Su historia, destacó, constituye una fuente de inspiración para el Sindicato de Prensa Rosario. La reconoció como una referencia de lucha constante, compromiso y militancia, y consideró que su trayectoria merecía un homenaje especial en una jornada atravesada por la defensa de los derechos laborales y la organización colectiva.

El cierre volvió a recuperar el sentido de la convocatoria. Carmona agradeció la presencia de los trabajadores y reafirmó que el sindicato continuará impulsando todas las medidas que sean necesarias hasta obtener una respuesta de la empresa. Si no llega una solución, volverán a reunirse para decidir cómo seguir y definir colectivamente el futuro del conflicto.
La torta de cumpleaños quedó como la imagen más visible de una protesta que buscó poner en evidencia una contradicción: mientras La Capital celebra 159 años de historia, quienes sostienen ese legado denuncian que no pueden vivir dignamente de su trabajo. El diario que forma parte de la memoria de Rosario tiene detrás a trabajadores que reclaman salarios suficientes, derechos laborales, cobertura de salud y el dinero que les corresponde.

Por eso, aquella fiesta fue ficticia. Los colores, los redoblantes, las cornetas y el cotillón no alcanzaron para disimular el reclamo. El brindis fue con agua porque los sueldos no alcanzan; la torta fue una consigna porque la riqueza no se distribuye; y el aniversario, una oportunidad para recordar que ninguna historia empresarial se construye sin sus trabajadores y trabajadoras.

A 159 años de su fundación, el mensaje del Sindicato de Prensa Rosario fue tan sencillo como contundente: no hay verdadero festejo mientras haya precarización, salarios de miseria y derechos vulnerados. La exigencia a la familia Scaglione es que regularice de inmediato los aportes retenidos, garantice un aumento salarial digno y reconozca a todos los trabajadores del multimedios sin exclusiones.

Es tiempo de repartir la torta.

domingo, 15 de noviembre de 2026

Plantium: de la innovación tecnológica al derrumbe industrial, con más de 120 trabajadores en la calle

Desde Villa Constitución, la empresa desarrolló tecnología para el campo reconocida en la Argentina y el mundo. Sin embargo, detrás de sus pilotos automáticos, sensores y avances en agricultura de precisión, se fue gestando una crisis que terminó con más de un centenar de despidos, salarios adeudados y familias que hoy sostienen un acampe para reclamar respuestas. El testimonio de un trabajador despedido reconstruye el crecimiento, la caída y las responsabilidades pendientes.
Una empresa que supo conquistar el mundo de la tecnología agropecuaria

Durante años, Plantium fue sinónimo de innovación tecnológica aplicada al campo. Desde Villa Constitución, en el sur de Santa Fe, la empresa desarrolló productos que llegaron a distintos puntos del país y del mundo, con soluciones para tractores, sembradoras, pulverizadoras y cosechadoras. Sus pilotos automáticos, sensores y sistemas de agricultura de precisión la posicionaron como una referencia dentro de un sector estratégico para la economía argentina. Sin embargo, ese recorrido de crecimiento, reconocimientos y expansión exportadora atraviesa hoy una profunda crisis que terminó con más de un centenar de trabajadores despedidos y dejó a numerosas familias frente a un futuro incierto.

La situación de Plantium Gentec no representa solamente el deterioro de una empresa tecnológica. También expone el impacto que la crisis industrial tiene sobre el entramado productivo del sur santafesino, particularmente en ciudades como Villa Constitución, donde cada puesto de trabajo tiene una dimensión social que excede largamente las puertas de una fábrica.

Así lo describe Fabricio Rodríguez, uno de los trabajadores despedidos, en una entrevista con Señales, donde reconstruyó el crecimiento de la empresa, el deterioro de las condiciones laborales y el conflicto que terminó con más de 120 trabajadores en la calle. 

Rodríguez sitúa la historia en el contexto de Villa Constitución, una ciudad pequeña que históricamente organizó buena parte de su vida económica alrededor del puerto y de Acindar. A pesar de contar con uno de los gigantes siderúrgicos más importantes del país, la localidad presenta indicadores preocupantes de desocupación y precarización laboral. Según señala, se trata de datos objetivos reflejados por las estadísticas del INDEC, que muestran la dimensión de un problema que golpea a numerosas familias de la región.

En ese escenario, Plantium había conseguido construir un lugar propio. La compañía se dedicó al desarrollo de tecnología e innovación para el sector agropecuario, con productos destinados a distintas etapas y actividades del trabajo rural. Fabricaba componentes y soluciones para tractores, equipos de arrastre, sembradoras, pulverizadoras y cosechadoras, además de sistemas orientados a mejorar el rendimiento general de las explotaciones agrícolas.

Su actividad tenía dos grandes líneas de negocios. Una estaba vinculada directamente con la industria nacional de maquinaria agrícola, a través de la fabricación de autopartes y componentes para empresas del sector. En ese universo se encontraban firmas como Metalfor, ubicada en las cercanías de Firmat, y otras compañías fabricantes de maquinaria. Rodríguez menciona también el conflicto que atravesaba Pauny, la conocida fábrica de los tractores amarillos, como otro ejemplo de las dificultades que afectaban a la industria nacional.

La segunda línea de trabajo tenía una lógica diferente: la agricultura de precisión. En este caso, Plantium Gentec desarrollaban accesorios y dispositivos destinados directamente al productor agropecuario, con el objetivo de actualizar tecnológicamente las máquinas que ya estaban en funcionamiento en los campos argentinos.

A través de sensores, pilotos automáticos, inteligencia artificial y sistemas de señal satelital, la empresa ofrecía herramientas capaces de transformar un tractor convencional en un equipo con un alto grado de automatización. El objetivo era que pudiera conducirse prácticamente por sí mismo, mejorar la precisión de las tareas, optimizar los recursos y reducir costos de producción.

Se trataba de una tecnología con alcance nacional e internacional. Rodríguez recuerda que entre los clientes de la empresa se encontraban grandes productores agropecuarios, entre ellos Alfredo Olmedo, conocido como el "Príncipe de la Soja", a quien identifica como uno de los grandes referentes del sector rural argentino.
Del crecimiento internacional a las primeras señales de la crisis

La dimensión de la caída contrastaba con la historia reciente de Plantium. Rodríguez (foto) recuerda que durante las últimas dos décadas la compañía había experimentado un crecimiento muy importante, impulsada por un mercado agropecuario que demandaba cada vez más tecnología. Sus productos habían recibido reconocimientos nacionales e internacionales y, particularmente, los pilotos automáticos figuraban entre los diez mejores del mundo.

Los desarrollos destinados a la siembra y la pulverización también habían alcanzado un nivel de innovación significativo, con patentes registradas en distintos lugares del mundo. En los períodos de mayor actividad, la empresa había logrado exportar y ampliar su presencia en mercados internacionales.

La pandemia, lejos de representar un freno, había sido uno de los momentos de mayor expansión comercial. Rodríguez recuerda que durante ese período se registraron récords de ventas, con una fuerte demanda de equipamiento para tractores y un volumen importante de exportaciones. El crecimiento de aquellos años hacía todavía más difícil comprender cómo una compañía que había alcanzado semejante desarrollo podía terminar en una situación de tanta fragilidad.

Pero el deterioro comenzó a hacerse visible mucho antes de que llegaran los despidos. Para los trabajadores, la crisis fue avanzando lentamente, hasta convertirse en una situación que terminó afectando no solamente sus ingresos, sino también sus relaciones familiares, sus proyectos personales y la vida cotidiana de toda una comunidad.

Rodríguez explica que Plantium era una empresa familiar y que, en una ciudad donde todos se conocen, la relación entre los empleados y los propietarios había tenido históricamente características muy particulares. Existía un trato cercano, incluso paternalista, que alimentaba la idea de que los trabajadores formaban parte de una gran familia.

Sin embargo, durante 2025 comenzaron a aparecer las primeras señales concretas de deterioro. Desde marzo de ese año, según relata, la empresa dejó de cumplir con los aportes jubilatorios. Después llegaron los inconvenientes con las obras sociales, una situación especialmente delicada para los trabajadores y sus familias.

En Villa Constitución, advierte Rodríguez, la cobertura de salud tiene una importancia particular. La ciudad convive con problemas ambientales y de contaminación que repercuten sobre la salud de la población, y también hay numerosas familias con chicos que necesitan terapias y tratamientos específicos. Por eso, la pérdida de regularidad en los aportes y las dificultades para sostener las prestaciones médicas comenzaron a generar una preocupación creciente.

A ese escenario se sumó, durante este año, el pago de los salarios en cuotas. Los propietarios les pedían a los empleados que tuvieran paciencia, que aguantaran y confiaran en que la situación se iba a resolver. Las reuniones se realizaban bajo la misma idea de pertenencia familiar que había caracterizado durante años el vínculo entre la empresa y sus trabajadores.

La bisagra, según reconstruye Rodríguez, llegó con el pago del aguinaldo. A partir de entonces, los salarios dejaron directamente de abonarse y las tensiones entre los trabajadores y la conducción se profundizaron. Comenzaron las reuniones para intentar entender qué estaba pasando y encontrar alguna salida, mientras la incertidumbre crecía.

Cerraduras cambiadas, salarios impagos y más de 120 despidos
Hasta que un episodio terminó de quebrar la confianza. En una ciudad pequeña como Villa Constitución, la noticia llegó a través de uno de los trabajadores del correo, que advirtió sobre la existencia de telegramas y dio aviso al sindicato y a algunos empleados. Los trabajadores estaban encuadrados en el sindicato de Comercio y decidieron reunirse para conocer qué situación iban a encontrar al día siguiente.

Cuando regresaron a la fábrica, descubrieron que habían cambiado todas las cerraduras y colocado candados en los accesos. Muchos de ellos, incluido Rodríguez, tenían llaves de las instalaciones porque solían trabajar fuera del horario habitual, durante los fines de semana o cuando las necesidades de producción lo requerían. Esa confianza, que durante años había formado parte de la dinámica cotidiana, había desaparecido de un momento para otro.

El impacto fue particularmente duro para las familias. Rodríguez destaca que cerca del 60 por ciento de la plantilla estaba integrada por mujeres, muchas de ellas madres y sostén de hogar. La interrupción de los ingresos las dejó en una situación de enorme vulnerabilidad. Sin cobrar regularmente, numerosos trabajadores comenzaron a endeudarse con tarjetas de crédito y billeteras virtuales, mientras se acumulaban las dificultades para pagar alquileres y afrontar los gastos básicos de la vida cotidiana.

La sensación, recuerda, fue la de haber quedado completamente afuera, en la calle, después de años de trabajo y compromiso con la empresa.

La respuesta inicial fue una toma que se extendió durante cuatro días. En ese contexto, los trabajadores recibieron alrededor de un millón trescientos mil pesos, una suma que, según explica Rodríguez, no alcanzó para resolver los problemas acumulados. El dinero se destinó a intentar aliviar parte de las deudas, pero en muchos casos terminó absorbido inmediatamente por los bancos, apenas ingresó en las cuentas. Actualmente, sostiene, la empresa todavía les adeuda aproximadamente dos meses y medio de salarios.

Lejos de abandonar el reclamo, los trabajadores continuaron organizándose. La protesta se trasladó también a un acampe frente a la fábrica, donde permanecen para visibilizar el conflicto y sostener la resistencia. Allí, la solidaridad de los vecinos se convirtió en un elemento central. Rodríguez cuenta que muchas personas se acercan a compartir unos mates, facturas o bizcochitos, en una muestra de acompañamiento que refleja el impacto que la situación tiene sobre toda la comunidad.

La movilización también consiguió una importante respuesta popular. Uno de los momentos más significativos fue un festival realizado en el predio de las Dos Rutas, al que asistieron más de seis mil personas. A eso se sumó una movilización con participación de distintos sindicatos, en un contexto de creciente preocupación por los despidos y los cierres de fábricas en Villa Constitución.

Para Rodríguez, esa articulación sindical y social representa uno de los aspectos más valiosos de la lucha. La unidad que comenzó a construirse alrededor del conflicto les da fuerza para continuar reclamando y demuestra que lo sucedido en Plantium no es un episodio aislado, sino parte de una problemática industrial mucho más amplia.
La pelea por la reincorporación y el pago de las deudas
Sin embargo, las respuestas empresariales siguen sin satisfacer las demandas de los despedidos. En una nueva audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo, los trabajadores recibieron una carta de los propietarios en la que manifestaban su pesar por la situación, pero advertían que el acampe y las actividades de protesta podían perjudicar las ventas de la compañía.

La reacción generó indignación entre los empleados. Después de años de trabajo y de haber contribuido al crecimiento de una empresa que llegó a posicionarse internacionalmente, ahora sentían que se los responsabilizaba por las dificultades comerciales. Rodríguez considera especialmente doloroso ese planteo, porque entiende que quienes quedaron en la calle fueron tratados como objetos descartables.

Él mismo había trabajado durante 16 años en Plantium. Pero su historia no es la más extensa: hay compañeros que acumularon casi tres décadas de antigüedad y que, a pocos años de alcanzar la jubilación, quedaron sin empleo y sin certezas sobre cómo continuar sus vidas en una ciudad que ya arrastra serias dificultades laborales.

La carta presentada ante el Ministerio tampoco ofreció precisiones sobre los pasos que seguiría la empresa. Los trabajadores todavía no saben si habrá alguna propuesta de pago, si los propietarios aceptarán discutir las reincorporaciones que vienen reclamando o si existe alguna alternativa concreta para resolver el conflicto.

Por eso, la demanda tiene dos ejes fundamentales. El primero es la reincorporación de los trabajadores despedidos. El segundo, en caso de que la empresa no esté dispuesta a retomar esa relación laboral, es el pago de la totalidad de las sumas adeudadas. Rodríguez lo resume desde una perspectiva concreta: las familias tienen necesidades urgentes, acumulan deudas y necesitan recuperar los ingresos que dejaron de percibir.

Frente a los argumentos empresariales sobre la caída de las ventas, los problemas financieros y las deudas de los clientes, el trabajador plantea una mirada que distingue entre las distintas actividades de Plantium.

No niega las dificultades que atraviesa la industria nacional de maquinaria agrícola. Reconoce que las ventas cayeron y que empresas como Metalfor, Pauny y otras fabricantes del sector están atravesando situaciones complejas. Se trata, sostiene, de una realidad que los propios trabajadores conocen porque fueron parte de ese proceso productivo y observaron de cerca la evolución del mercado.

Pero advierte que esa explicación no alcanza para comprender la totalidad de la crisis de Plantium. La agricultura de precisión, señala, continúa funcionando y conserva una relación directa con los productores agropecuarios. De hecho, quedaron trabajadores dentro de la empresa que seguirán ocupándose de esa actividad, del servicio técnico y de la entrega de productos a los clientes finales.

Rodríguez explica que esa línea de negocios también genera ingresos a través de un sistema de licencias y suscripciones. Lo compara con las plataformas digitales de películas y series, cuyos usuarios deben pagar una cuota mensual para mantener el acceso al servicio. En el caso de Plantium, los productores que utilizan sus equipos deben mantener activa la suscripción para que sus máquinas continúen funcionando en el campo. Si el cliente deja de pagar, el sistema se interrumpe.

Por eso, entiende que, aun en medio de la caída de la industria de maquinaria agrícola, existe una actividad que sigue en marcha y que conserva una fuente de ingresos vinculada directamente con los usuarios de la tecnología desarrollada por la compañía.

El capital que Plantium todavía conserva: conocimiento, tecnología y trabajadores capacitados
La explicación sobre las dos líneas de negocios de Plantium abre, para Rodríguez, otro interrogante: por qué no se buscaron alternativas para sostener la actividad y preservar los puestos de trabajo. Según cuenta, los empleados no se limitaron a esperar una solución de los propietarios. Por el contrario, acercaron diferentes proyectos y propuestas para intentar encontrar una salida, incluso con una orientación productiva distinta de la que había tenido históricamente la compañía. Todas esas iniciativas, asegura, fueron rechazadas.

El argumento de los trabajadores es que Plantium cuenta con un capital que va mucho más allá de sus instalaciones y sus máquinas: dispone de personal altamente calificado, integrado por técnicos, ingenieros, administrativos y vendedores que durante años acumularon experiencia y conocimiento en el desarrollo de tecnología para el agro. Se trata de capacidades que, consideran, podrían aprovecharse para sostener otros proyectos y generar nuevas alternativas productivas.

Como ejemplo de ese potencial, Rodríguez recuerda una experiencia que tuvo lugar durante la pandemia. En apenas 21 días, trabajadores de la empresa desarrollaron respiradores para el Hospital de Villa Constitución, que no tenía posibilidades de acceder a ese equipamiento a través de los mecanismos de financiamiento público y las gestiones políticas disponibles en aquel momento. La iniciativa se concretó desde la propia fábrica y en tiempo récord.

Para el trabajador, aquella experiencia demuestra que Plantium no es simplemente una empresa con capacidad para fabricar componentes de maquinaria agrícola, sino un polo tecnológico de relevancia, con infraestructura, equipamiento y recursos humanos que podrían ponerse al servicio de diferentes necesidades productivas y sociales.

Por eso, considera especialmente grave que semejante capacidad instalada termine reducida a una estructura en crisis y con sus trabajadores despedidos. La situación, sostiene, no debería ser observada solamente como un problema privado entre una empresa y sus empleados, sino como una cuestión que involucra directamente al desarrollo productivo de Santa Fe.
El reclamo al gobierno provincial y la falta de respuestas políticas
En ese sentido, Rodríguez valora que desde Rosario se haya tomado contacto con los trabajadores y que los medios permitan visibilizar lo que sucede puertas adentro de la fábrica. Pero también busca que el reclamo llegue al gobernador Maximiliano Pullaro, quien viene haciendo referencia a la productividad de la provincia. Desde su perspectiva, el gobierno santafesino tiene la posibilidad de intervenir y colaborar en la búsqueda de una solución.

La dimensión del conflicto, remarca, excede a quienes trabajaban en la planta de Villa Constitución. Allí quedaron en la calle más de 90 familias, mientras que otras 30 personas fueron afectadas en Rosario. En total, son más de 120 trabajadores vinculados a la empresa que quedaron sin empleo. Para Rodríguez, resulta difícil comprender que una compañía con semejante desarrollo tecnológico pueda terminar de esta manera sin que exista una respuesta institucional acorde con la magnitud del problema.

El trabajador también pone el foco en las alternativas financieras que se estarían tramitando para sostener la continuidad de la firma. Por un lado, menciona un nuevo planteo impulsado por el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, relacionado con el embargo de bienes y que, según su interpretación, podría funcionar como un mecanismo de salvataje para la empresa y sus propietarios, pero no necesariamente para quienes fueron despedidos.

Por otro lado, señala que el gobernador Maximiliano Pullaro estaría gestionando una refinanciación de uno de los créditos más importantes que la compañía mantiene con el Banco Nación. Sin embargo, advierte que esos recursos tampoco llegarían a los trabajadores ni servirían para cancelar los salarios adeudados. Su destino sería darle continuidad a la actividad empresarial y financiar una reestructuración del funcionamiento de la planta.

Rodríguez observa con preocupación las condiciones en las que continuarían trabajando quienes permanecieron dentro de la fábrica. Según relata, a esos empleados les aumentaron las horas de trabajo y la multiplicidad de tareas, en el marco de un esquema que considera similar a las transformaciones laborales que se vienen impulsando a nivel nacional. Así, mientras una parte de la plantilla quedó afuera, quienes continúan en actividad enfrentarían mayores exigencias.

Su reclamo, por lo tanto, apunta a que cualquier iniciativa de salvataje contemple también a las familias despedidas. No alcanza, desde su perspectiva, con garantizar que la empresa siga produciendo si quienes contribuyeron durante años a construir ese desarrollo quedan abandonados a su suerte. Por eso insiste en que el gobernador debe involucrarse no solamente para encontrar una salida para Plantium, sino también para ofrecer una respuesta a los trabajadores.

Cuando se le plantea la ausencia de funcionarios provinciales en las instancias de negociación y en el acampe, Rodríguez confirma que no hubo una intervención institucional directa de la magnitud que esperaban. Reconoce que algunas personas vinculadas al gobierno se acercaron, aunque lo hicieron fundamentalmente para colaborar con actividades solidarias, como el festival organizado por los trabajadores para recaudar fondos destinados al fondo de lucha.

Pero, según remarca, no hubo un acercamiento de los principales referentes políticos de la ciudad. Menciona particularmente a Gonzalo Cristini, Director provincial de Industria y Nuevas Economías y uno de los dirigentes que había competido por la intendencia en elecciones anteriores, y al senador Provincial del Departamento Constitución, Germán Giacomino, a quien identifica como uno de los referentes políticos de mayor peso dentro del espacio del gobernador en la provincia.

Rodríguez sostiene que ninguno de ellos se acercó para ofrecer una respuesta concreta frente al conflicto. La falta de intervención le resulta contradictoria con los discursos oficiales sobre productividad, desarrollo e industria. Para los trabajadores, dejar a más de un centenar de familias sin ingresos representa un impacto demasiado importante como para que el problema quede circunscripto a una negociación entre privados.
Un conflicto que golpea a toda la economía de Villa Constitución

La solidaridad que recibieron desde distintos sectores de Villa Constitución también permite dimensionar las consecuencias económicas del conflicto. Comercios, establecimientos gastronómicos, instituciones educativas y espacios deportivos se sumaron al acompañamiento, conscientes de que la pérdida de tantos puestos de trabajo repercute directamente sobre el consumo y el movimiento comercial de la ciudad.

No se trata solamente de las familias que dejaron de percibir sus salarios. Cada trabajador que pierde su empleo reduce su capacidad de consumo, posterga gastos, acumula deudas y deja de comprar en los negocios de cercanía. En una localidad donde la actividad económica depende en buena medida del entramado industrial, el impacto se multiplica y alcanza a sectores que no tienen una relación directa con la fábrica.

Mientras tanto, los despedidos decidieron sostener el acampe y continuar con las acciones públicas. La próxima instancia de negociación había sido fijada para el martes siguiente, a las 11 de la mañana. La audiencia anterior, según explica Rodríguez, no había dejado ningún resultado concreto: solamente se leyó la carta enviada por el propietario, sin propuestas, compromisos ni respuestas sobre los reclamos centrales.

Hasta entonces, la decisión era permanecer en la puerta de la fábrica, fortalecer los vínculos con las familias de Villa Constitución y continuar el diálogo con los sindicatos que habían acompañado la movilización. También tenían previsto organizar nuevas actividades en distintos puntos de la ciudad para que la población conociera de primera mano la situación que estaban atravesando.

En ese contexto, Rodríguez hace un pedido especial para sostener el fondo de lucha que vienen impulsando. Incluso facilita públicamente el alias de la cuenta destinada a recibir colaboraciones: gentec.plantium, correspondiente a una cuenta de Naranja X a nombre de Arce y Pascua.

La ayuda económica, explica, puede parecer un aporte menor frente a la dimensión del conflicto, pero para los trabajadores resulta fundamental. El fondo les permite afrontar parte de las necesidades inmediatas y, sobre todo, evitar que la protesta se debilite por las urgencias económicas. Rodríguez teme que una nueva oferta de dinero, por pequeña que sea, pueda convertirse en una forma de presión para que abandonen el acampe, como había ocurrido anteriormente con el pago de una suma que terminó siendo absorbida por las deudas bancarias.

Las familias tienen alquileres que pagar, tarjetas de crédito acumuladas y compromisos asumidos con billeteras virtuales. En esas condiciones, sostener una lucha laboral también implica resistir una situación económica cotidiana que se vuelve cada vez más difícil.

La otra cara de Plantium: salarios bajos, maltrato y desigualdad
La conversación avanza entonces hacia las declaraciones públicas del propietario de Plantium, Jorge Gentili, quien había sido uno de los primeros en hablar sobre la crisis y explicar que había intentado sostener la empresa todo lo posible antes de tomar la decisión de despedir a los trabajadores.

Rodríguez confirma que se refiere a la misma persona y cuestiona la imagen que, según entiende, se construyó a partir de aquellas declaraciones. En una ciudad pequeña como Villa Constitución, donde los trabajadores y los propietarios se conocen, recuerda que durante mucho tiempo existió temor entre los empleados a hablar públicamente sobre las condiciones laborales por miedo a perder el puesto.

Una vez producidos los despidos, Gentili fue quien tomó primero la palabra en los medios para referirse a la situación. En esas intervenciones, además de explicar las dificultades económicas, hizo referencia a las condiciones que la empresa había ofrecido durante años: instalaciones con aire acondicionado, espacios de trabajo confortables y beneficios vinculados con la maternidad y la paternidad. Entre ellos, Rodríguez menciona cinco meses de licencia por maternidad y un mes de licencia por paternidad.

El trabajador no niega que esas condiciones existieran. Pero cuestiona que se presenten como concesiones personales del empresario o como una muestra unilateral de responsabilidad social. Desde su mirada, eran también el resultado del trabajo y del excedente económico que generaban los propios empleados. La empresa había sido millonaria durante años y esas condiciones formaban parte de una estructura productiva que se había construido con el aporte de todos.

La discusión, sostiene, no puede reducirse a si los trabajadores estaban registrados, encuadrados dentro de la ley o contaban con determinadas comodidades. Rodríguez reconoce que la empresa los tenía en blanco y que estaban sindicalizados, pero señala una contradicción que considera central: pese al crecimiento y a los resultados económicos que había alcanzado Plantium, muchos empleados cobraban salarios por debajo de la línea de pobreza.

También cuestiona las condiciones de trato dentro de la fábrica. Afirma que hubo situaciones de maltrato y que las mujeres fueron objeto de prácticas de cosificación. Según cuenta, desde que estalló el conflicto comenzaron a circular testimonios y frases que hasta entonces permanecían puertas adentro. Para Rodríguez, los despidos terminaron provocando una suerte de destape: trabajadores y extrabajadores empezaron a contar experiencias que durante años habían quedado ocultas por el temor a perder el empleo.

Esa exposición pública también ayudó a explicar por qué la solidaridad social fue creciendo. El acompañamiento no llegó únicamente de las familias de los despedidos, sino también de vecinos que conocían la empresa, de personas que habían trabajado allí anteriormente y de otros habitantes de Villa Constitución que comenzaron a interiorizarse sobre lo que sucedía dentro de la planta.

Otro de los puntos que Rodríguez contrapone a las declaraciones empresariales tiene que ver con las diferencias económicas entre los propietarios y los empleados. Mientras los dueños, según relata, viajaban a Europa hasta tres veces por año y frecuentaban destinos como Alemania, Suecia y Finlandia, además de México, los trabajadores tenían vacaciones obligatorias de algunos días y, en muchos casos, ni siquiera podían aprovecharlas para viajar debido a sus bajos ingresos.

Su propia situación salarial sirve como ejemplo. Después de 16 años de antigüedad en la empresa, Rodríguez cobraba alrededor de un millón quinientos mil pesos mensuales, un ingreso que considera por debajo del valor de la canasta básica. La situación era todavía más compleja para las madres que sostenían solas sus hogares y debían afrontar los gastos de dos o tres hijos.

A eso se sumaba el costo de vida en Villa Constitución. Rodríguez cuenta que paga cerca de 600 mil pesos de alquiler y advierte que conseguir una vivienda a un precio accesible en la ciudad se volvió cada vez más difícil. La combinación de salarios bajos, alquileres elevados y obligaciones familiares dejaba a numerosos trabajadores sin margen para ahorrar o construir alguna estabilidad económica.

También señala que los propietarios cuentan con campos, ganado, cabañas y distintas propiedades, mientras que muchos de los empleados terminaron acumulando deudas a partir de la confianza depositada en las promesas de continuidad laboral de la empresa.

Esa es, para Rodríguez, una de las dimensiones más dolorosas del conflicto: familias que organizaron sus vidas alrededor de un trabajo estable, que dedicaron años a desarrollar una empresa y que confiaron en que las dificultades económicas serían transitorias, terminaron sin empleo, con salarios impagos y obligaciones financieras que siguen vigentes.
El futuro de una empresa y de toda una comunidad

Al cierre de la conversación, el periodista agradece el testimonio y deja abierta la posibilidad de continuar acompañando el reclamo. También expresa su deseo de que el conflicto pueda resolverse con la reapertura de la planta y la reincorporación de todos los trabajadores.

Rodríguez, por su parte, agradece que se haya dado espacio a la voz de los empleados despedidos y que el problema pueda conocerse más allá de Villa Constitución.

La historia de Plantium queda así atravesada por una contradicción profunda. Una empresa que durante años habló de innovación, tecnología, desarrollo y futuro, que construyó productos reconocidos internacionalmente y que llegó a fabricar respiradores en plena pandemia, enfrenta ahora una crisis que dejó a más de un centenar de trabajadores sin empleo.

Pero detrás de los números hay algo más que una empresa en dificultades. Hay técnicos e ingenieros que temen perder el destino de los conocimientos que desarrollaron, madres que deben sostener sus hogares sin ingresos, trabajadores con décadas de antigüedad que quedaron cerca de jubilarse sin empleo y familias que todavía intentan pagar las deudas contraídas mientras esperaban que los salarios volvieran a llegar.

En la puerta de la fábrica, el acampe continúa como expresión de una disputa que todavía no encontró una respuesta. Los trabajadores reclaman volver a sus puestos o, en su defecto, cobrar todo lo que se les adeuda. También esperan que las autoridades provinciales intervengan y que el potencial tecnológico de Plantium no termine reducido a una estructura productiva que continúa funcionando sin quienes contribuyeron a construirla.

La crisis de Plantium, en definitiva, no habla solamente del presente de una empresa. También plantea una pregunta sobre el futuro industrial de Villa Constitución y del sur santafesino: qué sucede con el conocimiento, la tecnología y las capacidades productivas de una comunidad cuando quienes las desarrollaron quedan, de un día para otro, del otro lado de la puerta.

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Fotos: Trabajadores de Plantium, La Izquierda Diario, Point TV

sábado, 14 de noviembre de 2026

El Paraná seguirá alto hasta el verano y crece la preocupación en las ciudades ribereñas

El Instituto Nacional del Agua advierte que la actual creciente podría extenderse hasta fines de diciembre o principios de enero. Juan Borús explicó las particularidades del fenómeno, anticipó niveles de entre 5,20 y 5,30 metros para Rosario y señaló que las nuevas lluvias podrían prolongar la permanencia del río en valores elevados
Una crecida significativa, por encima de los valores habituales
La creciente del río Paraná mantiene en alerta a toda la región del litoral. Aunque no constituye un fenómeno extraordinario si se la compara con los registros de las últimas tres décadas, sus características, la intensidad de los caudales y las condiciones particulares del valle fluvial hacen que el escenario actual sea significativo y plantee desafíos para las ciudades ribereñas, las actividades económicas y la vida cotidiana de quienes viven en contacto con el río.

Así lo explicó Juan Borús, referente del Sistema de Información y Alerta Hidrológica del Instituto Nacional del Agua (INA), quien analizó en Señales el comportamiento de la creciente, sus causas, la evolución prevista para las próximas semanas y las consecuencias que podría tener sobre el Paraná inferior y el sistema del Delta.

Para comenzar, el especialista hizo una precisión sobre la manera de definir el fenómeno. Explicó que el término extraordinario se reserva para aquellos acontecimientos que, al compararlos con los registros de los últimos 30 años, no encuentran antecedentes similares. Cuando los valores se mantienen dentro de los promedios históricos, en cambio, se habla de una crecida ordinaria. En este caso, Borús prefirió no encuadrarla en ninguna de esas dos categorías y definió el escenario como una crecida significativa.

La razón es que, si bien existen antecedentes dentro de los registros de las últimas tres décadas, el actual episodio se encuentra claramente por encima de los valores medios. Además, presenta particularidades que explican tanto su intensidad como la manera en que se está propagando a lo largo del curso del Paraná.

Las huellas de las bajantes todavía condicionan al río
Una parte importante de esas características está relacionada con la distribución de la humedad atmosférica en la región, la persistencia de las condiciones húmedas y el desarrollo de lluvias que provocaron la saturación de los suelos. A esto se suma un factor determinante: el estado en el que la crecida encontró al valle fluvial del Paraná cuando comenzó a avanzar durante la segunda semana de octubre.

Según explicó Borús, el río se encontró con un valle morfológicamente alterado por la persistencia de las bajantes registradas entre 2020 y 2023. Aunque hayan transcurrido tres o cuatro años desde aquel período, ese lapso representa apenas un instante en términos de la dinámica geomorfológica de un río como el Paraná. Las bajantes fueron muy persistentes e intensas y dejaron una huella importante en la configuración del valle.

Ese antecedente tuvo consecuencias directas sobre la propagación de la creciente. Cuando la masa de agua ingresó en el tramo argentino del Paraná, lo hizo con mucho volumen, energía e intensidad, pero encontró dificultades para ocupar y llenar el valle fluvial. Esa resistencia modificó los tiempos habituales de desplazamiento del agua.

Borús estimó que, debido a esas condiciones, fue necesario agregar aproximadamente cuatro o cinco días a la propagación normal de la onda de crecida. El fenómeno se hizo particularmente evidente hasta hace unos siete u ocho días, cuando el valle terminó de colmarse y el agua comenzó a drenar de manera más marcada a través de la sección principal del río.

La particular geografía del Paraná y el impacto sobre las alturas
En ese comportamiento, el ingeniero señaló la importancia de detener la mirada en un sector geográfico muy particular: el tramo comprendido entre Paraná y Santa Fe capital. Se trata de una singularidad del sistema fluvial que tiene implicancias que van más allá de su descripción geográfica. Borús explicó que, aguas arriba de esa sección, el río presenta la barranca sobre su margen oeste, mientras que aguas abajo vuelve a encontrarla del mismo lado. Esa configuración imprime una particularidad en la dinámica hidráulica del Paraná y condiciona su comportamiento frente a una crecida de estas características.

Esa configuración ayuda a explicar por qué el empuntamiento de la onda fue tan marcado en los tramos comprendidos entre La Paz y Paraná, por un lado, y entre San Javier y Santa Fe capital, por otro.

Actualmente, tanto Paraná como Santa Fe se encuentran próximos a los 5,90 metros y, de acuerdo con las previsiones del INA, comenzarían a estabilizarse en valores de entre 5,80 y 5,90 metros, con oscilaciones dentro de ese rango. Mientras tanto, la intensidad de la creciente ya está gobernando el comportamiento del Paraná inferior, particularmente frente a Rosario, San Lorenzo, Capitán Bermúdez y las localidades ubicadas aguas abajo.

Rosario, ante niveles que superan el umbral de alerta
En ese sector, el río avanza hacia los cinco metros y la expectativa del especialista es que Rosario termine noviembre con alturas de entre 5,20 y 5,30 metros. Se trata de valores superiores al nivel de alerta vigente, establecido en cinco metros, y que Borús considera excesivamente elevados.

El ingeniero incluso cuestionó la evolución histórica de ese parámetro. Recordó que el nivel de alerta de 4,30 metros, utilizado históricamente, resultaba mucho más representativo de las condiciones de riesgo para la población y las actividades ribereñas. A su entender, resulta llamativo que, mientras aumenta la interacción de las ciudades con el río y se ocupan zonas cada vez más bajas y vulnerables, el nivel de alerta, en lugar de reducirse, haya aumentado.

Por eso, advirtió que una altura de 5,30 metros en Rosario representa un valor muy importante para toda la ribera de la ciudad y su litoral. No se trata solamente de una cifra hidrométrica: es un nivel capaz de condicionar numerosas actividades, entre ellas la logística portuaria, con consecuencias concretas para el funcionamiento de la región.

Frente a este panorama, Borús consideró que quienes viven en las zonas ribereñas deben mantener una atención especial durante las próximas dos o tres semanas. Y planteó un cambio importante respecto de las fuentes de información que deben seguir los vecinos. Si hasta ahora la referencia principal era la información oficial de los organismos nacionales y, eventualmente, provinciales, a partir de esta etapa adquiere un protagonismo central la comunicación de los gobiernos municipales.

El especialista sostuvo que las municipalidades de las ciudades afectadas, como Rosario, ya están tomando las riendas de la etapa de culminación de la crecida. Por ese motivo, remarcó que cada ciudadano debe prestar atención y cumplir estrictamente las indicaciones oficiales emitidas por su municipio, especialmente en los centros urbanos que se encuentran expuestos al avance del agua.

En ese sentido, destacó que todo el aparato de respuesta está preparado para intervenir, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, con el objetivo de reducir al mínimo posible los impactos del fenómeno.
La diferencia entre una creciente y una situación de desastre

Borús explicó que existen situaciones naturales que no pueden evitarse: no es posible impedir las lluvias, evitar que los suelos se saturen ni detener la formación de una creciente significativa. Sin embargo, sí es posible trabajar para que sus consecuencias sean lo menos perjudiciales posible. El objetivo central, afirmó, es evitar que el fenómeno alcance una dimensión de desastre, entendida como aquella situación en la que se supera la capacidad de respuesta de los organismos encargados de intervenir.

Para el especialista, la diferencia entre tener un río alto y atravesar una emergencia está directamente relacionada con el grado de afectación que produce sobre las actividades y la vida de las poblaciones ribereñas.

Mientras el nivel del agua se mantiene elevado, pero no altera de manera importante las actividades económicas ni la interacción cotidiana con el río, la situación puede atravesarse con observación y algunas precauciones. En cambio, cuando se alcanzan valores como los previstos para Rosario, cercanos a los 5,30 metros, las consecuencias comienzan a extenderse a cuestiones esenciales.

Entre ellas mencionó la actividad portuaria, la interacción de la población con el Paraná y el funcionamiento de las tomas de agua. En este último caso, explicó que la creciente remueve y arrastra materiales de los sectores del valle fluvial que atraviesa, lo que puede incrementar la presencia de distintos tipos de sustancias en el agua captada. Esta circunstancia dificulta el funcionamiento habitual de los sistemas de abastecimiento.

Por eso, Borús fue categórico al señalar que el escenario actual debe ser considerado una emergencia. No se trata simplemente de observar la evolución de las alturas hidrométricas o adoptar las precauciones habituales que pueden surgir de las indicaciones de la Prefectura Naval Argentina. Cuando el río alcanza estos valores, la interacción con las zonas urbanas queda fuertemente condicionada y la situación adquiere otra dimensión.

Un fenómeno que podría extenderse hasta enero
A esa preocupación se suma la duración prevista del fenómeno. El ingeniero advirtió que no se está frente a una creciente que vaya a resolverse en pocos días, sino ante un proceso prolongado, cuya evolución dependerá de la dinámica de una masa de agua muy importante y de las características particulares del sistema del Delta.

Explicó que el Paraná deberá trasladar ese volumen hacia la cabecera del Delta y, posteriormente, distribuirlo a través de sus diferentes brazos y canales. En el tramo medio del Delta, esa repartición implica recargar los sistemas del río Guazú y del río Palmas, para finalmente descargar los volúmenes acumulados hacia el estuario del Río de la Plata.

Todo ese proceso demanda tiempo. Según la estimación de Borús, la creciente no solamente ocupará lo que resta de noviembre, sino también prácticamente todo diciembre. Recién hacia fines de ese mes o principios de enero podría comenzar a observarse con mayor claridad la curva descendente de la onda de crecida.

La explicación, señaló, debe buscarse en la hidrodinámica de una región particularmente compleja. El Delta tiene una dinámica propia tanto en condiciones normales como durante los períodos de creciente, y esa particularidad también alcanza al Paraná inferior. El traslado y la distribución de una masa de agua de semejante magnitud no se producen de manera inmediata, sino que requieren atravesar todo ese entramado fluvial.

Las nuevas lluvias, una amenaza para prolongar la creciente
Otro de los interrogantes centrales está relacionado con la posibilidad de que nuevas lluvias generen otro pico de creciente. En ese punto, Borús puso el foco menos en la formación de un máximo puntual y más en la persistencia de la humedad atmosférica sobre las regiones donde se originó el actual fenómeno.

Identificó especialmente al estado brasileño de Paraná, la cuenca del río Iguazú, la provincia de Misiones y el este de Paraguay como las zonas donde continúa concentrada buena parte de esa humedad. Mientras esas condiciones no se disipen, advirtió, existe una probabilidad concreta de que se produzcan nuevos episodios de precipitaciones durante el período que resta del año.

El problema es que esas lluvias podrían caer sobre suelos que ya se encuentran saturados. En esas condiciones, la capacidad de absorción es menor y una proporción importante del agua precipitada se transforma rápidamente en excedentes que escurren hacia el Paraná.

A diferencia de lo ocurrido al comienzo de la creciente, cuando el río todavía debía ocupar y llenar el valle fluvial, ahora ese espacio ya se encuentra colmado. Por lo tanto, los nuevos aportes de agua ingresarían con mayor facilidad y se incorporarían a una masa que ya está instalada en el sistema.

Para Borús, el principal efecto de esos eventuales aportes adicionales no sería necesariamente provocar un nuevo pico de magnitud, sino retrasar el retorno a niveles más normales y prolongar la permanencia de alturas elevadas, especialmente en toda la zona de descarga del Delta.

El especialista explicó que la mirada cambia según el lugar desde el que se analiza el comportamiento del río. Si se observa el Paraná en Corrientes, por ejemplo, puede resultar central determinar hasta dónde llegará el pico de la creciente. Pero si el análisis se realiza aguas abajo del tramo Paraná-Santa Fe, en ciudades como Rosario, adquieren mayor importancia los volúmenes de agua que vienen desde las zonas superiores de la cuenca.

Esos volúmenes son los que determinan la tendencia ascendente, la definición del nivel máximo y, fundamentalmente, el tiempo durante el cual esa masa de agua permanecerá instalada en el Paraná inferior.

Por ese motivo, el INA seguirá prestando especial atención a la posibilidad de nuevos eventos de lluvia entre noviembre y diciembre. Borús consideró que esa probabilidad es clara y que constituye uno de los factores que deberán seguirse de cerca para anticipar la evolución del fenómeno.

El verano bajo la influencia de un Paraná elevado
Consultado sobre la posibilidad de que la región deba convivir con un Paraná elevado durante el verano e incluso parte del otoño, el ingeniero fue más preciso respecto del primer período y mantuvo algunas reservas sobre el segundo. Para él, la permanencia de niveles altos durante el verano es una posibilidad muy concreta. En cambio, todavía existen dudas sobre lo que puede suceder durante el otoño.

En ese sentido, recordó que, durante los meses anteriores, los análisis sobre la evolución climática siempre habían contemplado la posibilidad de un nuevo impulso del fenómeno de El Niño durante el otoño. Sin embargo, a medida que avanzaron las semanas, las perspectivas comenzaron a modificarse.

La impresión actual, explicó, es que el fenómeno de El Niño en el océano Pacífico podría comenzar a declinar durante el verano. Si esa tendencia se confirma, el otoño ya no estaría acompañado por una señal climática significativa y persistente, lo que permitiría pensar en una progresiva normalización de las condiciones.

Esa es, según Borús, la interpretación más firme que puede hacerse con la información disponible en este momento. Mientras tanto, el Paraná continuará siendo motivo de atención para las autoridades y las comunidades ribereñas, no solamente por las alturas que puede alcanzar, sino también por el tiempo que permanecerá elevado y por las consecuencias que esa situación tendrá sobre la vida urbana, la actividad económica y la relación cotidiana de las ciudades con el río. 

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Fotos: Comuna de Calchines, Fernando Nicola

jueves, 12 de noviembre de 2026

Una imagen que dio la vuelta al mundo sin el nombre de quien la tomó: toda foto tiene autor

Cierre de la campaña en 2026 del presidente Lula en la Avenida Paulista

Por: Leonardo Coelho
La imagen de Maria Isabel Oliveira se difundió por las redes sociales brasileñas, pero muchos omitieron su nombre. Fotógrafos señalan que dar crédito es tanto una obligación legal como algo fundamental para sus carreras.

Durante su último acto de campaña el mes pasado, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, permaneció de pie sobre el techo de una camioneta en una avenida abarrotada de São Paulo, seguido por su comitiva y millones de simpatizantes que agitaban banderas y coreaban consignas. Lula sostenía la Constitución brasileña en la mano derecha y la bandera nacional en la izquierda.

La imagen fue captada por numerosos fotoperiodistas que seguían la camioneta de Lula, frente a la cual se desarrollaba la caravana, registrando cada movimiento de lo que podría ser el último acto político de uno de los presidentes más influyentes e importantes de América Latina. Pero fue Maria Isabel Oliveira, fotógrafa del equipo de O Globo, quien tomó la foto que mejor capturó el momento para millones de personas en Brasil.

Su foto, publicada en su cuenta profesional de Instagram, rápidamente superó los 19 millones de visualizaciones y acumuló miles de "me gusta" y comentarios. Muchas personas republicaron y compartieron la foto en otros espacios, y olvidaron dar crédito a Oliveira y al medio para el que trabaja.

"No imaginaba que llegaría a esta escala, precisamente porque no era una escena inédita. Por otro lado, me dio mucho miedo y me sentí desvalorizada. Había personas vendiendo copias de la foto por R$ 28.40 (unos 5.50 dólares estadounidenses) en internet, estampándola en camisetas, y figuras públicas utilizaron la foto en sus redes sociales sin darme crédito", dijo Oliveira a LatAm Journalism Review (LJR).

La legislación brasileña sobre derechos de autor exige que terceros incluyan el nombre del fotógrafo junto con sus fotos, pero esto no siempre se cumple. Oliveira dijo que otros fotógrafos tuvieron experiencias similares durante las elecciones, como su colega de Belo Horizonte Richard Silveira, y la fotógrafa de São Paulo Tuane Fernandes, cuya foto de Lula apareció en la portada de The Guardian Weekly y posteriormente también fue utilizada en camisetas vendidas en internet.

El episodio retrata una paradoja del fotoperiodismo en la era digital: muchos fotógrafos sueñan con tomar una imagen que encapsule un momento histórico y se convierta en icónica, pero cuando eso sucede, la imagen puede adquirir vida propia mientras el nombre del fotógrafo se pierde en el camino.

El costo va más allá de la falta de crédito. Los fotoperiodistas dicen que el crédito es importante para mostrar sus habilidades profesionales y ayudarlos a conseguir nuevos trabajos y una mejor remuneración.

"No es como si dijeran: 'oye, estoy promocionando tu trabajo. Mira qué genial'", dijo Silveira, quien también vio una de sus imágenes de Lula ser compartida nuevamente en internet sin crédito, en un video reciente para sus seguidores en Instagram. "Cuando simplemente haces una publicación, no hay problema en publicarla en tus redes sociales. Pero utilizar la foto con fines editoriales o comerciales requiere respetar esa licencia y esa remuneración".

Capturando historia
Oliveira explicó cómo tomó la fotografía. Recordó que estaba sonando el himno nacional de Brasil y que todos estaban visiblemente emocionados cuando Lula se levantó y se puso de pie sobre el techo de la camioneta.

"Sabía que, en algún momento, el personal de seguridad le sujetaría los pies para que no perdiera el equilibrio. No quería registrar ese momento. Quería registrarlo allí, libre, de pie, solo", dijo Oliveira. "Sabía que, en algún momento, miraría al cielo, porque ellos siempre miran al cielo. Y, cada vez que lo hace, sus ojos brillan. Y se puede ver que, la mayoría de las veces, está llorando, está muy emocionado. Así que también esperé ese momento".

Oliveira dijo que sabía que había tomado una muy buena fotografía, pero no la consideraba única, ya que muchos de sus colegas estaban fotografiando la misma escena. Se sorprendió cuando su foto comenzó a hacerse viral en Instagram. A medida que las publicaciones compartidas y las visualizaciones llegaron a millones, se dio cuenta de que su crédito había desaparecido.

"Creo que todo comenzó con la página de un medio de comunicación independiente, que tomó mi foto sin mi permiso, la editó y no dio los créditos. Después de eso, todo se salió de control", dijo. "Los medios utilizaron la foto sin dar crédito y modificaron la imagen, incluso después de que no respondí a sus mensajes en los que me pedían la imagen en alta resolución. Me pareció absurdo que me pidieran eso. Artistas que decían estar luchando por la democracia utilizaron la foto sin darme crédito y sin hablar conmigo. Un futbolista publicó una foto vistiendo una camiseta con mi foto estampada".

Oliveira dijo que muchos usuarios la ignoraron cuando se puso en contacto con ellos para pedirles que le dieran crédito. Algunos incluso cuestionaron si la foto era suya, aunque la imagen había sido publicada por primera vez en su perfil profesional.

El colmo, dijo, fue cuando un seguidor le envió un video de una persona imprimiendo su foto sin ningún permiso ni crédito. Después de eso, una colega inició un movimiento para reconocer públicamente a Oliveira. Otras personas comenzaron a buscar en redes sociales fotografías sin crédito y a etiquetar a la fotógrafa.

Deborah Linhares, quien publicó un video sobre la foto de Oliveira y la importancia de imágenes como esta para comprender la historia, dijo que cuando una foto llega a millones de personas sin crédito, se priva a la persona que está detrás de ella del reconocimiento público que merece.

"Hay alguien detrás de la foto que estuvo allí tomando decisiones, asumiendo riesgos y observando ese acontecimiento de manera intencional. Dar crédito a la fotógrafa significa respetar el trabajo intelectual y también la responsabilidad involucrada, algo esencial para comprender la importancia de la imagen y contextualizar este registro histórico", dijo.

La Asociación de Reporteros Fotográficos y Cinematográficos del Estado de São Paulo (Arfoc SP) también se pronunció. "El alcance de una imagen no la convierte en contenido de libre uso ni autoriza su reproducción indiscriminada. Cada imagen requiere trabajo, conocimiento y recursos profesionales", dijo la organización en su cuenta de Instagram.

El presidente de la Arfoc de Río de Janeiro, Alberto Jacob Filho, dijo que compartir imágenes sin crédito se ha convertido en algo común en las redes sociales. La asociación presenta con frecuencia denuncias por violaciones de derechos de autor y asesora a los fotógrafos sobre cómo buscar indemnización por el uso indebido de sus trabajos, pero Filho reconoció que esto no puede hacerse en todos los casos debido al gran volumen de incidentes. "Como las violaciones [como esta] son comunes y ocurren casi a diario, solo tomamos medidas cuando la fotografía tiene algún nivel de relevancia", dijo.

Cuando le preguntaron cómo pueden las fotografías virales conservar sus créditos, Oliveira dijo que esa es una pregunta para la que todavía está buscando respuestas.

"Hasta bromeé con amigos del gremio diciendo que deberíamos recibir alertas en nuestros teléfonos cuando nuestras fotos estén siendo robadas", dijo. "Mi consuelo es saber que la verdad siempre sale a la luz al final y que nadie puede quitarte la autoría de tu trabajo".
Foto: Maria Isabel Oliveira / O Globo
Fuente: LatAm Journalism Review

lunes, 9 de noviembre de 2026

Pauta oficial en Santa Fe: 178 millones de pesos diarios y casi tres años sin transparencia sobre su distribución

El Presupuesto 2027 contempla más de 65.129 millones de pesos en partidas vinculadas con comunicación, publicidad e información institucional. La cifra equivale a 178 millones de pesos diarios. Desde la asunción de Maximiliano Pullaro, en diciembre de 2023, el Gobierno provincial dejó de actualizar el registro público que durante 16 años consecutivos permitió conocer qué medios de comunicación recibían publicidad oficial y cuánto dinero se destinaba a cada uno.

El Presupuesto 2027 de Santa Fe, presentado ante la Cámara de Senadores el 30 de octubre de 2026, asciende a 18 billones 877 mil 775 millones 741 mil pesos. Dentro de esa estructura de recursos y gastos aparece una cifra que merece especial atención: los 65.129 millones 652 mil pesos identificados en distintas partidas vinculadas con comunicación, publicidad, propaganda e información institucional.

La investigación del diputado provincial Carlos del Frade, del Frente Amplio por la Soberanía, a partir del análisis del anexo analítico III del proyecto presupuestario, permite dimensionar el volumen de esos recursos.

La suma de las partidas correspondientes al Poder Ejecutivo-Gobernación, el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública y Lotería de Santa Fe representa un promedio de 178 millones 437 mil pesos por día.

Se trata de una cifra que no puede analizarse solamente como un gasto administrativo. La publicidad oficial constituye una herramienta de comunicación del Estado, pero también supone una decisión política sobre la asignación de recursos públicos a los medios de comunicación.

Los números detrás de la pauta
De acuerdo con el relevamiento de Del Frade, las partidas identificadas en el presupuesto se distribuyen de la siguiente manera:
Poder Ejecutivo – Gobernación
Comunicación: $13.908.394.000.
Contenidos: $1.649.134.000.
Imagen: $636.335.000.
Publicidad: $11.936.733.000.
Relaciones Públicas: $796.058.000.
Ceremonial y Protocolo: $805.008.000.

Ministerio de Gobierno e Innovación Pública
Imprenta Oficial: $2.020.138.000.
Comunicaciones: $1.222.300.000.
Cableado y tendido de fibras ópticas: $13.552.000.

Lotería de Santa Fe
Publicidad y propaganda: $9.800.000.000.
Información y sistemas comunicacionales: $22.342.000.000.
El conjunto de estas partidas alcanza los $65.129.652.000, equivalente al 0,34% del presupuesto provincial.

De 122 a 178 millones de pesos diarios: el crecimiento de la pauta oficial
En declaraciones a Señales, el diputado provincial Carlos del Frade, del Frente Amplio por la Soberanía, recordó que en noviembre de 2025 había realizado un primer relevamiento sobre las partidas presupuestarias destinadas a comunicación y publicidad oficial para el ejercicio 2026. Para ese cálculo tomó tres áreas del Estado provincial: el Poder Ejecutivo-Gobernación, el Ministerio de Gobierno y Lotería de Santa Fe.

El análisis del anexo analítico III del presupuesto, un documento de más de 1.400 páginas que detalla el destino de los recursos provinciales, permitió identificar partidas por aproximadamente 46.000 millones de pesos. El resultado difundido por el legislador fue de 122 millones de pesos diarios para el ejercicio 2026.

Ahora, con el proyecto de Presupuesto 2027 ingresado en el Senado provincial el 30 de octubre de 2026, Del Frade volvió a revisar los mismos organismos y encontró un conjunto de partidas que suman 65.129 millones 652 mil pesos. La cifra representa casi 19.130 millones de pesos más que lo previsto para 2026.

El nuevo cálculo arroja un promedio de 178.437.402 pesos diarios. Es decir, más de 56 millones de pesos adicionales por día respecto del monto diario que había difundido el diputado para el ejercicio anterior.

Para Del Frade, la magnitud de estos recursos abre una discusión que excede el crecimiento presupuestario. En sus declaraciones, el legislador cuestionó el peso que adquiere la comunicación gubernamental dentro del sistema de medios y sostuvo que semejante inversión convive con una presencia muy limitada de voces opositoras, particularmente en los grandes medios de comunicación.

Pero sus cuestionamientos apuntan también a dos cuestiones concretas que considera centrales: cómo se distribuye esa pauta oficial entre los distintos medios y cuáles son los criterios que utiliza el Gobierno provincial para determinar los destinatarios de esos recursos.

El diputado agregó otro interrogante: cuánto pagan de impuestos los grupos mediáticos que concentran una parte importante del sistema de comunicación santafesino.

En ese contexto mencionó particularmente al empresario Gustavo Scaglione, a quien vinculó con un proceso de concentración de medios de alcance nacional. Del Frade cuestionó que esa concentración pueda reducir el pluralismo informativo y advirtió sobre sus consecuencias para la vida democrática.

La preocupación expresada por el diputado no se limita a la propiedad de los medios o a la distribución de la publicidad oficial. También relaciona la concentración empresarial con el deterioro de las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores de prensa, una dimensión que suele quedar relegada cuando el debate sobre la comunicación se concentra exclusivamente en los montos de la pauta.

De esta manera, el crecimiento de la pauta proyectada para 2027 plantea una discusión con varias dimensiones: el volumen de recursos públicos destinados a comunicación, la distribución entre los medios, la concentración empresarial, las obligaciones tributarias de los principales grupos y las condiciones de trabajo dentro del sector.

Dieciséis años de información pública y una interrupción desde 2024
Pero el debate sobre la pauta oficial santafesina no se agota en el volumen de dinero presupuestado. Hay otra cuestión que resulta fundamental: la posibilidad de conocer quiénes reciben esos recursos.

Durante 16 años consecutivos, desde 2008 hasta 2023, el Gobierno de Santa Fe publicó en su sitio web oficial un registro detallado de la inversión publicitaria estatal. La información permitía consultar cuánto dinero se destinaba a los distintos medios de comunicación y organismos, discriminando los montos por tipo de medio.

La serie atravesó distintas administraciones provinciales y se mantuvo durante los cambios de gobierno. Sin embargo, desde la asunción de Maximiliano Pullaro, en diciembre de 2023, no se incorporaron los registros correspondientes a 2024 ni a 2025. Tampoco se encuentra publicado el correspondiente a 2026.

Lo llamativo es que la página oficial continúa activa y conserva la definición institucional que justificaba esa publicación: se trataba de una «política de transparencia activa sobre la asignación de la inversión publicitaria oficial».

El propio Gobierno explica allí que los ciudadanos pueden consultar los montos destinados a publicidad por tipo de medio y por organismos.

Es decir, la Provincia mantiene vigente la presentación de esa herramienta como una política de transparencia, pero el último ejercicio disponible sigue siendo 2023.

La diferencia no es menor. Durante 16 años cualquier ciudadano podía ingresar al portal oficial y conocer el destino de la inversión publicitaria. Desde 2024, esa posibilidad dejó de estar disponible mediante aquel registro centralizado.

La información presupuestaria permite conocer cuánto se proyecta gastar en determinadas partidas, pero no reemplaza el detalle de los pagos realizados, los medios beneficiarios y los criterios utilizados para distribuir los recursos.

Tampoco significa que no existan expedientes administrativos, registros contables o contrataciones que puedan consultarse por otras vías. La cuestión es que dejó de publicarse la información sistematizada que facilitaba el seguimiento y el control ciudadano.

En este punto aparece una pregunta institucional concreta: ¿por qué una política de transparencia que pudo sostenerse durante 16 años consecutivos dejó de actualizarse a partir de 2024?

La comparación con las áreas sociales
La dimensión política de estos números también aparece cuando se los compara con otras áreas del Estado.

Los recursos destinados al conjunto de las partidas relevadas para comunicación e información institucional superan el presupuesto asignado al Ministerio de Cultura, representan casi tres veces el de Ambiente y Cambio Climático y más de tres veces el del Laboratorio Industrial Farmacéutico.

La comparación adquiere relevancia dentro de un presupuesto que, como advierte Del Frade en su análisis general, muestra una participación reducida de las carteras vinculadas con las urgencias sociales.

Igualdad y Desarrollo Humano, Trabajo, Cultura y Ambiente y Cambio Climático reúnen conjuntamente apenas el 2,96% de los recursos provinciales.

No se trata de desconocer la necesidad de que el Estado informe, comunique sus políticas y garantice el acceso de la ciudadanía a la información pública. Se trata de discutir la magnitud de los recursos asignados, los criterios utilizados para distribuirlos y la transparencia con la que se ejecutan.

También es necesario considerar que no todas las partidas identificadas corresponden necesariamente a publicidad contratada en medios. Algunos conceptos incluyen servicios, infraestructura, producción de contenidos y otras actividades de comunicación institucional. Precisamente por eso, conocer su ejecución y desagregación resulta fundamental para dimensionar el destino efectivo de los recursos.

La pregunta sobre los destinatarios
Hay un aspecto que resulta tan importante como el monto global: conocer quiénes reciben efectivamente esos recursos.

El presupuesto permite identificar partidas y organismos, pero no alcanza por sí solo para conocer cómo se distribuye la pauta entre los distintos medios de comunicación, cuáles son los criterios de asignación, qué montos recibe cada empresa y qué obligaciones tributarias cumplen los principales beneficiarios.

Esa información resulta indispensable para evaluar si existe una distribución equitativa, si se contemplan criterios de alcance y audiencia y si se garantiza que la publicidad oficial no se convierta en un mecanismo de condicionamiento económico de los medios respecto del poder político.

También es necesario conocer qué parte de las partidas corresponde a publicidad efectivamente contratada en medios, qué parte a producción de contenidos y qué parte a otros servicios de comunicación institucional.

Las preguntas planteadas por Del Frade apuntan precisamente a esa dimensión del problema: no alcanza con conocer el volumen general de recursos, también hay que saber quiénes son los destinatarios, cómo se toman las decisiones de asignación y qué responsabilidades económicas y tributarias tienen los grupos empresarios que participan del sistema.

La sociedad tiene derecho a conocer el destino de los recursos que se financian con los impuestos de todos los santafesinos.

Una discusión que sigue abierta
El dato de los 178 millones de pesos diarios adquiere otra dimensión cuando se lo incorpora al contexto general del Presupuesto 2027.

En su análisis, Carlos del Frade plantea que las cifras presupuestarias permiten identificar las prioridades reales de un gobierno, más allá de los fundamentos y las declaraciones políticas que acompañan cada proyecto.

En ese sentido, la pauta oficial se convierte en una pieza de una discusión más amplia: qué Estado se pretende construir, a qué sectores se destinan los recursos y qué lugar ocupan las necesidades sociales.

Pero hay una cuestión adicional que no puede quedar afuera del debate: la transparencia.

Si durante 16 años los santafesinos pudieron conocer qué medios recibían publicidad oficial, cuánto cobraban y qué organismos realizaban las contrataciones, resulta necesario explicar por qué esa información dejó de publicarse desde 2024.

¿Cuánto dinero recibió cada medio durante 2024 y 2025? ¿Cómo se está distribuyendo la pauta durante 2026? ¿Qué criterios utiliza el Gobierno provincial para decidir las asignaciones? ¿Por qué no se actualizó el registro oficial?

El Estado necesita comunicar sus políticas, pero esa necesidad no puede estar separada de la obligación de rendir cuentas.

La pauta oficial debe responder al derecho de la sociedad a estar informada. Para eso, no alcanza con publicar cuánto se proyecta gastar: también es necesario informar quiénes reciben el dinero, cuánto reciben y bajo qué criterios.

En un presupuesto de casi 19 billones de pesos, la transparencia sobre el destino de más de 65 mil millones no debería ser una opción.

Otras Señales

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