martes, 17 de septiembre de 2024

Escalada de ataques en redes sociales: Cómo funciona el ciberacoso de Milei contra las mujeres periodistas

El colectivo Periodistas Argentinas aseguran que se busca "un efecto disciplinador". La participación del presidente y la limitación de la libertad de expresión
Por: Mariana Carbajal
La presentación del colectivo Periodistas Argentinas se hizo en la Facultad de Derecho de la UBA
El colectivo Periodistas Argentinas denunció este lunes "una escalada significativa" de ataques en redes sociales contra mujeres periodistas, con una particularidad: "Las agresiones provienen principalmente de cuentas verificadas y de integrantes del dispositivo de comunicación oficial" y son iniciadas o replicadas "por el Presidente de la Nación, Javier Milei, desde la red X", advirtieron en una conferencia de prensa, en la que participaron María O'Donnell, Nancy Pazos, Cynthia García, Noelia Barral Grigera y Romina Manguel, entre otras integrantes de PA, varias de ellas afectadas por las agresiones denunciadas. 

PA presentó así el informe "Ciberacoso a periodistas mujeres: la tecnocensura", donde detalla 16 "casos emblemáticos" de "trolling" y advierte que ese mecanismo orquestado "afecta y limita la libertad de expresión", tiene un efecto "disciplinador" para silenciar a otras voces y "socava la democracia". Por esa razón, reclamó el fortalecimiento del "marco legal" para "proteger el ejercicio periodístico, garantizar la transparencia en el uso de algoritmos y bots, y fomentar una respuesta efectiva por parte de las empresas de medios y de las autoridades para enfrentar esta creciente amenaza".

La presentación se hizo en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la UBA. Entre el público estuvieron referentes de Amnistía Internacional, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y legisladoras, entre ellas Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados. La periodista Nancy Pazos planteó la urgencia de que "se tome conciencia, que algo suceda, que no pase desapercibido", el informe.

"En la Argentina, en los últimos meses, se ha observado una escalada significativa de trolling contra mujeres periodistas, pero con una particularidad: las agresiones provienen principalmente de cuentas verificadas y de integrantes del dispositivo de comunicación oficial, quienes utilizan sus cuentas personales en las redes sociales (especialmente las de X) para multiplicar mensajes que descalifican y desacreditan la credibilidad de estas comunicadoras", dice el informe de PA.

En ese sentido, el relevamiento describe que las periodistas argentinas que han sufrido acoso en la red, y las situaciones que han enfrentado cada una de ellas, tienen características en común: "Son comunicadoras que informan, comentan y opinan sobre política y economía". Generalmente, los ataques "no los originan sus opiniones personales sino la información que producen en sus medios y comparten en sus redes sociales".

El papel de Milei en el ciberacoso
En la mayoría de los casos que citan en el informe, "el ataque ha sido iniciado o replicado por el Presidente de la Nación, Javier Milei, desde la red X, lo cual ha derivado en una campaña de trolling muy agresiva en el día del posteo, que se mantiene a lo largo del tiempo con menor intensidad".

En el informe se incluyen 16 casos de periodistas que sufrieron ataques sistemáticos y orquestados en redes sociales: Ella son Luciana Peker (Infobae), Ivy Cángaro (periodista de investigación), Paula Moreno Román (presidenta de Fopea), Marina Abiuso (exeditora de género de TN), Nancy Pazos, María O'Donnell, Romina Manguel, Luisa Corradini (corresponsal del diario La Nación), Silvia Mercado (El Cronista), Sofía Diamante (La Nación y LN+), Jesica Bossi (TN), Ángela Lerena, Cecilia Boufflet (Radio Mitre y TN), Julia Mengolini (Futurock), Mónica Gutiérrez y Delfina Celichini (La Nación).

En muchos de los casos, contaron las periodistas, el ataque afectó también la relación periodística de esas profesionales con funcionarios y fuentes oficiales. "La violencia escala tanto y tan rápido que deciden alejarse de las redes o no responder. Algunas decidieron usar sus redes sociales de manera unidireccional, solo para informar a su comunidad, pero sin mantener interacciones. No creen que sea personal, aunque sí disciplinador", alertó PA.

El impacto sobre la libertad de expresión
Las periodistas afectadas coinciden en que hay un impacto sobre la libertad de expresión. "Las consecuencias no son exclusivamente individuales, sino que se derraman y generan más repliegues: de colegas y activistas que rehúyen de la visibilidad, y de otras mujeres que no quieren ser entrevistadas o participar de un debate público para no ser hostigadas. Por cada mujer silenciada o que se intenta acallar, son varias las que se retiran o ni siquiera llegan al debate público", describe el informe, en el que examinan cómo funcionan los ataques impulsados por actores institucionales que diseñan campañas en distintas plataformas --aunque con especial intensidad en la red X-- para coordinar intimidaciones y descalificaciones "con el propósito de silenciar a comunicadoras críticas".

"Estos ataques desinforman, intimidan y restringen la participación de periodistas en el debate público y, como consecuencia, socavan la democracia", concluyen.

"Hablamos de un proceso global: no se trata ya de alguien oculto detrás de un falso perfil, sino de un mecanismo financiado para producir desinformación. Este financiamiento puede provenir de grupos de poder o de gobiernos, tal como advierte Reporteros Sin Fronteras (RSF) en una investigación realizada en 32 países: 'Cuando hablamos de este fenómeno internacional, también encontramos que la desinformación masiva puede ser orquestada por las más altas esferas del Estado, en regímenes autoritarios y en ciertas democracias a la deriva. En una treintena de países se han creado ejércitos de trolls para callar a los disidentes'", indica el informe.

Como conclusión del relevamiento pidieron al Estado que:
  • Refuerce el marco legal para que restrinja el acoso en línea a periodistas y que la legislación se aplique estrictamente.
  • Imponga obligaciones a las plataformas en lo relativo a la transparencia de los algoritmos y el uso de ejércitos de robots que amplifican los ataques para que respeten los principios de la libertad de expresión y de información, sin que esto implique controlar los contenidos ni censurarlos.
  • Instaure dispositivos de resarcimiento de daños y perjuicios para las víctimas de ciberacoso (indemnización financiera, ayuda médica y psicológica, etc).
  • Prohíba financiar este tipo de agresiones para intentar influir en la opinión pública o para atacar a personas en línea; en otras palabras, que no se permita ni al Estado ni a los partidos políticos pagar ejércitos de robots para manipular a los usuarios ni para acosar a periodistas.
A las empresas de medios solicitaron que:
  • Asuman la amenaza de ciberacoso y la prevengan o intenten prevenirla. En ese sentido, consideraron que los medios de comunicación deben capacitar, tanto a los periodistas como al resto de sus empleados, para que enfrenten este tipo de amenazas, y crear dispositivos de urgencia internos para garantizar que los y las periodistas víctimas de acoso cuenten con apoyo y protección. 
  • Pidieron además que no se tomen "como un ataque personal que debe enfrentar la o el periodista en forma individual, sino como un daño a la libertad de expresión, al periodismo y a los medios y, por tanto, asumir la responsabilidad de contener, responder, litigar si fuera el caso, capacitar y prevenir".
  • Aborden el tema del acoso en línea que sufren las y los periodistas: que realicen más reportajes e investigaciones que informen y sensibilicen a la población en general, al gremio periodístico y a las autoridades, sobre este desafío que aún no se reconoce como un ataque a la libertad de expresión ni como un serio riesgo del ejercicio de la profesión.

Foto: Cleo Bouza
Fuente: PáginaI12

lunes, 16 de septiembre de 2024

La Gestapo libertaria pretende despedir a una empleada de la TV Pública por supuesta filtración de información

El interventor Eduardo González pidió una investigación para ver quién daba información a Clarín.
Las autoridades dicen que "descubrieron" a la empleada que "robaba información sensible" y la despidieron por “pérdida de confianza”
Eduardo González, interventor de los medios públicos
Por: Alejandro Alfie
El interventor de los medios públicos, Eduardo González, despidió a la empleada Victoria Nasisi de Radio y Televisión Argentina (RTA), por "pérdida de confianza", acusándola de "filtrar información".

La empleada de la empresa que maneja Radio Nacional y la TV Pública no pudo ingresar el miércoles pasado a la oficina donde trabajó durante 24 años, donde era secretaria en la Gerencia de Administración y Finanzas, ya que el interventor González dio la orden de impedir su ingreso al edificio de la avenida Figueroa Alcorta y Tagle.

Fuentes oficiales explicaron a Clarín que le impidieron el ingreso a su oficina, para "resguardar los datos que pudieran existir en su computadora, como un elemento de prueba del posible robo de información".

Es que las autoridades de RTA habían pedido que se hiciera una investigación en los sistemas de la empresa estatal para "descubrir quién filtraba información" a los medios de comunicación.

"Hubo sospechas que Nasisi accedía a información para la que no tenía autorización. Habría accedido a documentación sensible usando claves de otras personas", dijo una fuente oficial a Clarín.

Y agregó: "Estamos hablando de un supuesto robo de información, así que primero se le envió una carta documento por un despido con causa, por pérdida de confianza. Pero finalmente se acordó incorporarla al Plan de Retiro Voluntario para evitar un juicio laboral", sostuvo la fuente oficial.

Este diario comenzó a investigar el miércoles pasado, cuando a Nasisi se le prohibió el ingreso a su oficina en la TV Pública. Allí intervinieron el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Asociación del Personal Jerárquico (APJ) -gremio al que está afiliada-, para reclamar ante la situación, que estuvo a punto de provocar una movilización de los empleados.

Fue luego de eso que las autoridades resolvieron retrotraer la situación y que la secretaria pueda incorporarse al Plan de Retiro Voluntario, en lugar del despido sin indemnización que figuraba en la carta documento que le enviaron.

"La empresa la acusa de filtrar información. Nosotros no compartimos para nada esa acusación. Es una empleada con 24 años de antigüedad y no tiene nada malo en su legajo. Es un mecanismo perverso. Que yo recuerde, acá nunca pasó algo así", dijo a Clarín el secretario general del gremio SiPreBA, Agustín Lecchi.

Tres fuentes independientes entre sí coincidieron en que la causa de su despido fue la publicación en Clarín de dos notas sobre las millonarias indemnizaciones que el interventor González le pagó a cuatro funcionarios de RTA durante el último mes.
Fuente: Diario Clarín

domingo, 15 de septiembre de 2024

Cerraron los palcos destinados a los periodistas acreditados en el Congreso


La información que deniega Javier Milei

Por decreto, el presidente argentino modificó una ley y restringió el acceso a la información pública. Los expertos coinciden en que la medida es inconstitucional
Javier Milei en el Vaticano, en febrero de este año
Por: Hugo Alconada Mon
Soy, lo confieso, un requirente compulsivo. He presentado cientos de pedidos de acceso a la información pública durante las últimas dos décadas. Tanto a nivel nacional, como provincial. Me ha ido bastante mal. Sólo me respondieron, calculo, algo más del 5% de mis solicitudes. Y en ese porcentaje incluyo las veces que al menos tuvieron la deferencia de responderme que no me iban a responder. Aun así, creo que la decisión del presidente argentino de restringir el acceso a la información por decreto es un gravísimo error, como mínimo, si es que podemos definirlo como un mero “error”.

Aludo al decreto 780/2024 que Javier Milei firmó hace unos días, modificando las pautas de la ley 27.275. Porque, en efecto, el presidente reformó por decreto una norma superior del Congreso y por su sola voluntad restringió qué se considera información pública en la Argentina, amplió las excepciones a la obligación general de entregar datos que afrontan los funcionarios y aumentó los requisitos que deben cumplir los ciudadanos para pedir esos datos.

Para Milei y sus defensores, el decreto sólo busca “ordenar” un poco el tsunami descontrolado de pedidos que el Gobierno afirma que afronta. “El decreto no va en contra de la información”, argumentó su vocero, Manuel Adorni. “Simplemente es tratar de ordenar cosas que no hacen al erario público o a la honestidad de los funcionarios, y que además concentran mucha utilización de recursos”. Pero la reforma es inconstitucional, según coinciden expertos como Pablo Secchi, presidente de Poder Ciudadano, una fundación que recurre a los pedidos de acceso de manera intensiva desde hace años como herramienta para controlar al poder. O el ex relator especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) —y primer director de la Agencia de Acceso a la Información Pública en la Argentina—, Eduardo Bertoni. O el constitucionalista Félix Lonigro, entre otros.

No se trata, aclaro, de una discusión teórica, sino muy práctica. Porque mucha información oficial que debería ser visible sólo sale a la luz gracias a estos pedidos insistentes. ¿Un ejemplo? Acceder a los registros de ingresos y salidas de la Quinta de Olivos nos permitió vislumbrar quiénes accedieron a la intimidad de los presidentes Cristina Fernández de Kirchner o Mauricio Macri. O quiénes visitaron a Alberto Fernández en plena cuarentena por el covid-19. O quiénes integran ahora el círculo áulico de Milei.

A veces, en cambio, los pedidos nos aportan indicios por aquello que no figura en las respuestas que recibimos. ¿Un ejemplo? Los ingresos a la Quinta de Olivos que no fueron registrados, pero que sí ocurrieron. Como las entradas a la residencia presidencial del bróker de seguros Héctor Martínez Sosa, acreedor de Alberto Fernández y marido de su secretaria privada, que ahora sabemos que ingresó porque la Justicia encontró en su teléfono algunas selfies que se tomó dentro de Olivos. La conclusión es lógica: ¿por qué no aparecen esas visitas de Martínez Sosa a Olivos? Y yendo más lejos: ¿qué otros ingresos de otros visitantes tampoco se registraron o no nos informaron?

Los pedidos de acceso a la información pública también aportan contexto. ¿Un ejemplo? Durante los primeros meses de la gestión Milei presenté más de treinta pedidos ante una decena de áreas distintas del Estado nacional para acceder a datos sobre los fondos fiduciarios que controlaba —o debía controlar— ese mismo Estado nacional. Algunas respuestas fueron valiosas por sí mismas, pero en muchas más ocasiones resultó más valioso comprobar cuán disperso estaba el material y cuán opaco era.

Por si todo esto fuera poco, los pedidos también aportan información sobre lo que cada Gobierno se niega a entregar. A menudo eso refleja sus prioridades o, al menos, sus sensibilidades. ¿Un ejemplo? De todos los pedidos que presenté al Gobierno de Milei durante estos primeros meses, el que registró más demoras y evidenció más reticencia fue cuando consulté una cuestión menor —pero de interés público— sobre sus perros. Y quien lee estas líneas podrá pensar que las mascotas presidenciales resultan un asunto banal y le diré que coincido en ese punto, aunque eso mismo me lleva a una pregunta subsiguiente: si el asunto es banal, ¿por qué les costó tanto responder esa consulta?

Mis intentos por acceder a información pública durante las últimas dos décadas me han permitido, además, comprobar una tradición. ¿Cuál? Todos los gobiernos se muestran rápidos y dispuestos a responder los requerimientos que presentamos durante sus primeras semanas de gestión… porque esas solicitudes versan sobre la gestión anterior —en especial si es de otro signo político—, pero comienzan a mostrarse más remisos a medida que los pedidos comienzan a concentrarse en sus propias acciones.

Ante este panorama, la iniciativa de Milei no sólo es inconstitucional, según los expertos, porque con un decreto ha modificado una ley, sino porque abre la puerta a la discrecionalidad y la arbitrariedad. ¿Por qué? Porque serán los burócratas quienes definan si los datos que pedimos se vinculan a la esfera pública o privada de los funcionarios. Y serán ellos quienes determinarán si el requirente abusó de un derecho al pedir un dato o, incluso, si actuó de mala fe. ¿Quién tomará esa decisión? ¿Acaso el mismo funcionario al que queremos investigar?

Demos un ejemplo concreto: si las pautas del decreto de Milei hubieran regido durante la gestión anterior, Alberto Fernández podría haberse negado a informar sobre los ingresos a la Quinta de Olivos de Sofía Pacchi durante la cuarentena. Porque Pacchi era funcionaria pública, pero era amiga de la entonces primera dama, aunque ahora también le enrostran haber sido amante de Fernández. Y eso, sin contar que en algunas visitas ingresó junto a su entonces pareja, un empresario que quería quedarse con el contrato de monitoreo de la residencia presidencial. Entonces, ¿Pacchi entró como funcionaria, como pareja de un potencial proveedor del Estado o como amiga/amante? Bajo las pautas del decreto de Milei, no sabríamos que la señorita ingresó a Olivos.

Por supuesto, hay ocasiones en que resulta válido rechazar pedidos de acceso a cierta información estatal. Por ejemplo, si los datos requeridos afectan la seguridad nacional. Pero el decreto 780/2024 no apunta a reforzar la protección de la información oficial de máxima sensibilidad. Apunta a estrangular el acceso a la información y, por tanto, a acotar los derechos ciudadanos. Porque este decreto no sólo complica la labor de los periodistas: cercena el derecho de cualquier ciudadano a conocer mejor sobre “la cosa pública”. Y así lo decidió Milei, que es funcionario público y que, por tanto, no es más que un servidor público. Está en su cargo para servirnos. No para ocultarnos información.
Foto: Alessandra Benedetti - Getty Images
Fuente: Diario El País

Otras Señales

Quizás también le interese: