lunes, 26 de octubre de 2026

Viviana Giacaman Sarah es la nueva relatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH

La periodista y politóloga chilena asumirá el cargo el 1 de diciembre de 2026, tras un proceso de selección en el que participaron 145 postulantes. Cuenta con más de 20 años de experiencia en libertad de expresión, derechos humanos y gobernabilidad democrática. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) designó a Viviana Giacaman Sarah como nueva titular de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), tras un proceso de selección cuya decisión fue remitida al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien manifestó su conformidad con el nombramiento.

De nacionalidad chilena, Giacaman Sarah es periodista y politóloga, y cuenta con una maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Su trayectoria profesional supera las dos décadas e incluye labores en los ámbitos de la libertad de expresión, los derechos humanos y la gobernabilidad democrática.

Desde la sociedad civil, lideró programas de protección a periodistas en 15 países y mantuvo una colaboración sostenida con la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. También se desempeñó como jefa de una oficina nacional de las Naciones Unidas y ocupó responsabilidades en comunicación estratégica en el Ministerio Secretaría General de Gobierno de Chile.

Su experiencia incluye, además, la movilización de recursos, la formación de coaliciones y el desarrollo de estrategias de comunicación.

Asumirá el cargo en diciembre
La nueva relatora especial electa asumirá sus funciones el 1 de diciembre de 2026. Según informó la CIDH, la selección se realizó conforme a los criterios establecidos en la convocatoria publicada el 15 de abril de este año y a las normas reglamentarias de la Secretaría General de la OEA.

De acuerdo con el artículo 15 del Reglamento, la Relatoría Especial depende de la CIDH, coordina su labor con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión y tiene su sede en Washington, D. C.

La Comisión también agradeció la participación de las 145 personas que se postularon al cargo, así como los aportes de organizaciones de la sociedad civil y Estados que presentaron un total de 258 cartas y observaciones durante la consulta pública del proceso de selección.

El mandato de la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato se fundamenta en la Carta de la organización y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Su función es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas, además de actuar como órgano consultivo de la OEA en esta materia. Está integrada por siete miembros independientes, elegidos por la Asamblea General de la organización a título personal, sin representar a sus países de origen o residencia.

La designación de Giacaman Sarah marca el inicio de una nueva etapa al frente de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, un mecanismo dedicado a promover y proteger este derecho fundamental en la región.
Foto: El Mostrador
Fuente: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Lula promete regular las plataformas digitales y apuesta por la soberanía tecnológica de Brasil

Tras ser reelegido presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva anticipó que la regulación de las grandes tecnológicas, el combate a la desinformación y el desarrollo de una inteligencia artificial propia ocuparán un lugar central en su próximo mandato. La estrategia busca reducir la dependencia tecnológica del exterior, aprovechar el potencial energético brasileño y fortalecer las capacidades nacionales en infraestructura digital e innovación.

Lula da Silva señaló que impulsará una agenda de regulación digital, soberanía tecnológica y reindustrialización tras imponerse en las elecciones brasileñas del domingo 25 de octubre. En su discurso de victoria, el mandatario cuestionó la influencia de las grandes empresas tecnológicas sobre los procesos democráticos, reclamó que los delitos cometidos en internet reciban un tratamiento equivalente al de aquellos que ocurren fuera del entorno digital y anticipó que la comunicación digital tendrá un protagonismo mayor en la gestión que comenzará en 2027.

"Vamos a tener que regularlas", afirmó Lula al referirse a las plataformas digitales y a lo que describió como una injerencia externa durante la campaña electoral. El presidente sostuvo que Brasil no puede aceptar que empresas tecnológicas de alcance global acumulen ganancias millonarias sin asumir sus responsabilidades tributarias.

"No es posible que no tengamos conciencia de que un delito en el mundo digital tiene que ser tratado igual que un delito en la vida real", señaló. En la misma intervención, cuestionó que compañías de enorme poder económico intenten dirigir el resultado electoral de un país.

El planteo no se limita a una discusión sobre los contenidos publicados en redes sociales. La regulación anunciada se inscribe en una agenda más amplia que incluye la soberanía sobre los datos, la infraestructura de telecomunicaciones, el desarrollo de inteligencia artificial (IA), la capacidad industrial brasileña y el posicionamiento internacional del país frente a las principales potencias tecnológicas.

Un programa de gobierno que ya contemplaba la soberanía digital
Las declaraciones de Lula durante su discurso de victoria retoman lineamientos que ya estaban presentes en su programa de gobierno. El documento propone fortalecer la soberanía digital de Brasil mediante la construcción de un ecosistema tecnológico nacional, con capacidades propias de procesamiento y almacenamiento de datos y desarrollo de inteligencia artificial.

Entre las medidas previstas se encuentran el desarrollo y la operación de supercomputadoras por parte de instituciones nacionales, junto con la expansión de centros de datos y otras infraestructuras destinadas a la IA. La propuesta contempla, además, salvaguardas socioambientales para evaluar las consecuencias de estas inversiones, incluidos sus efectos sobre el sistema eléctrico y las comunidades locales.

El objetivo es que la expansión de la infraestructura digital no se limite a atraer inversiones extranjeras, sino que contribuya a consolidar capacidades científicas, tecnológicas y productivas dentro del país. En esa perspectiva, la soberanía digital comprende tanto el control y la gestión de los datos como la posibilidad de desarrollar tecnologías propias y reducir la dependencia de proveedores internacionales.

El plan también incluye el desarrollo de un modelo de lenguaje en portugués, orientado a responder a las necesidades y problemáticas de Brasil. La iniciativa estaría acompañada por una plataforma nacional que proporcione los datos necesarios para entrenar ese sistema, con el objetivo de fortalecer la capacidad local de investigación y desarrollo en inteligencia artificial.

La propuesta se vincula con un debate más amplio sobre la representación lingüística y cultural en los modelos de IA. Desarrollar herramientas adaptadas al portugués brasileño y a las particularidades sociales, económicas e institucionales del país podría ampliar sus aplicaciones en la educación, los servicios públicos y la actividad productiva.

Su implementación, sin embargo, requerirá resolver cuestiones relacionadas con la calidad y la gobernanza de los datos, la protección de la privacidad, los costos computacionales y la disponibilidad de profesionales especializados.

En materia de regulación, el programa plantea que el entorno digital debe quedar sujeto a las leyes brasileñas, proteger los derechos fundamentales y responder al interés público. También contempla la regulación de las plataformas de juegos y de otros entornos digitales.

Estos lineamientos permiten situar el anuncio de regular las grandes plataformas dentro de una estrategia más extensa: establecer reglas para los actores que operan en el ecosistema digital y, al mismo tiempo, desarrollar capacidades nacionales para participar en su construcción.

La relación entre ambos objetivos será determinante para la política tecnológica del próximo gobierno. La regulación apunta a definir las responsabilidades y los límites de las empresas que operan en Brasil, mientras que la inversión en supercomputadoras, centros de datos y modelos de inteligencia artificial busca ampliar las alternativas tecnológicas disponibles en el país.

El desafío será articular estas medidas con la política industrial, la educación y la transición energética, de modo que la infraestructura digital contribuya al desarrollo nacional sin trasladar costos desproporcionados a las comunidades o al sistema eléctrico.

La disputa por las plataformas y la integridad electoral
La regulación de las plataformas digitales aparece como uno de los principales desafíos políticos de la nueva gestión de Lula, en un escenario en el que las redes sociales, los sistemas de recomendación algorítmica y las herramientas de inteligencia artificial intervienen cada vez más en la formación de la opinión pública.

Durante su discurso, Lula vinculó su triunfo con la resistencia a la desinformación y a lo que describió como una injerencia externa a través de las plataformas. También afirmó que la elección representó una derrota para la mentira y el negacionismo.

Las declaraciones se produjeron en un contexto de cuestionamientos al funcionamiento de los sistemas de distribución y moderación de contenidos políticos. Durante la campaña, Meta —empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, entre otros servicios— quedó bajo escrutinio por fallas que afectaron contenidos y cuentas vinculados con la contienda electoral.

La controversia incluyó denuncias sobre la visibilidad de publicaciones favorables a Lula, problemas con herramientas de inteligencia artificial y la desactivación temporal de la cuenta publicitaria del candidato. La empresa atribuyó los episodios señalados a problemas técnicos, afirmó haber corregido las fallas y negó haber favorecido deliberadamente a una candidatura.

Estos antecedentes alimentaron las denuncias de interferencia digital y las exigencias de explicaciones a las plataformas. Sin embargo, es necesario distinguir entre los problemas técnicos reportados, las acusaciones de las campañas y la existencia de una eventual intervención deliberada en el resultado electoral.

Por el momento, el discurso de victoria establece una orientación política, pero no constituye por sí mismo un proyecto de ley ni permite determinar el alcance definitivo de las normas que impulsará el Ejecutivo.

Soberanía digital: desarrollar una inteligencia artificial brasileña
El segundo eje de la estrategia es reducir la dependencia tecnológica del país. Lula planteó que Brasil debe desarrollar capacidades propias en inteligencia artificial y evitar que su futuro productivo quede condicionado por tecnologías creadas en el exterior.

"Queremos enseñar más matemática, más ingeniería, porque no quiero seguir dependiendo de una inteligencia artificial china o estadounidense. Quiero crear una brasileña", afirmó.

La declaración conecta la política educativa con la estrategia industrial. El desarrollo de modelos de IA exige profesionales especializados, investigación científica, capacidad de procesamiento, acceso a datos, infraestructura energética y empresas capaces de transformar los avances tecnológicos en productos y servicios.

En ese sentido, la apuesta por ampliar la enseñanza de disciplinas vinculadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas —conocidas como STEM— se presenta como una condición para construir capacidades nacionales a largo plazo.

Brasil ya cuenta con antecedentes institucionales en esa dirección. El Plan Brasileño de Inteligencia Artificial (PBIA), presentado en 2024, estableció una hoja de ruta para ampliar las capacidades nacionales en esta materia. A su vez, la política industrial Nova Indústria Brasil (NIB) incorporó la innovación, la modernización productiva y el desarrollo de sectores estratégicos entre sus prioridades.

El desafío será traducir esos lineamientos en resultados concretos: investigación sostenida, formación de profesionales, infraestructura de procesamiento y almacenamiento, acceso a datos de calidad y desarrollo de empresas capaces de competir en el mercado tecnológico.

Crear una IA brasileña no implica necesariamente prescindir de todas las tecnologías extranjeras. Supone, en cambio, ampliar la capacidad del país para desarrollar, adaptar y controlar herramientas estratégicas, y reducir su vulnerabilidad frente a proveedores externos.

La ventaja energética como instrumento geopolítico
Uno de los elementos más relevantes del planteo de Lula es la relación entre la disponibilidad energética de Brasil y su aspiración de convertirse en un actor tecnológico de mayor peso internacional.

"Tenemos que aprovechar el potencial energético de un país que tal vez sea el que tenga más capacidad de energía renovable para traer los centros de datos necesarios para almacenar también nuestros datos en Brasil", sostuvo.

La referencia apunta a una oportunidad estratégica: atraer centros de datos, ampliar la infraestructura de computación y procesamiento y utilizar la matriz energética brasileña para sostener servicios digitales y aplicaciones de inteligencia artificial.

Los centros de datos son instalaciones que alojan servidores, sistemas de almacenamiento y equipos de procesamiento. Su expansión es fundamental para entrenar y operar modelos de IA, administrar grandes volúmenes de información y ofrecer servicios digitales a empresas, gobiernos y usuarios.

Pero estas instalaciones también demandan grandes cantidades de electricidad, redes de telecomunicaciones robustas, sistemas de refrigeración, agua y conexiones confiables. En ese escenario, la disponibilidad de energía renovable puede convertirse en una ventaja competitiva para Brasil, siempre que las inversiones se acompañen de una planificación adecuada de la infraestructura y de controles ambientales.

La estrategia plantea, además, una cuestión de soberanía: no alcanza con recibir inversiones extranjeras para alojar servidores en territorio brasileño. El desafío consiste en conseguir que esa infraestructura fortalezca las capacidades locales de investigación, procesamiento de datos, innovación y producción industrial.

De lo contrario, el país corre el riesgo de convertirse en un proveedor de energía y espacio físico para compañías internacionales, sin capturar una proporción equivalente del valor generado por la economía digital.

La discusión también involucra el destino de la capacidad de procesamiento instalada en el país, el acceso de las instituciones brasileñas a esos recursos y las condiciones bajo las cuales los datos se almacenan y utilizan. La localización física de los servidores, por sí sola, no garantiza el control efectivo sobre la información ni sobre las tecnologías que la procesan.

Redata y los incentivos para atraer centros de datos
Dentro de esa estrategia se inscribe el Régimen Especial de Tributación para los Servicios de Centros de Datos, conocido como Redata, sancionado en septiembre de 2026 mediante la Ley 15.504. El régimen establece incentivos fiscales para promover inversiones en infraestructura digital y fortalecer las cadenas tecnológicas nacionales.

La norma contempla beneficios tributarios para la adquisición de determinados equipos destinados a la instalación, modernización y ampliación de centros de datos. A cambio, las empresas beneficiarias deben asumir compromisos de inversión en investigación, desarrollo e innovación, además de destinar una parte de su capacidad de procesamiento, almacenamiento y tratamiento de datos al mercado brasileño.

La ley también incorpora objetivos de sostenibilidad y eficiencia hídrica, así como incentivos para favorecer la distribución regional de las inversiones. Algunos parámetros operativos dependen de la reglamentación correspondiente.

La implementación del régimen será determinante para evaluar su alcance. La efectividad de los incentivos dependerá de las condiciones de acceso, las obligaciones asumidas por las empresas beneficiarias y la capacidad del Estado para verificar que las inversiones se traduzcan en beneficios productivos concretos.

La discusión también involucra el impacto fiscal de las exenciones, la disponibilidad de electricidad para otros sectores económicos y la necesidad de evitar que la expansión de los centros de datos genere presiones ambientales o territoriales.

En este sentido, el desafío del gobierno será compatibilizar la atracción de capitales con una política industrial que promueva empleo calificado, investigación local, transferencia de conocimientos y una mayor participación de proveedores brasileños.

El Redata constituye así uno de los instrumentos concretos de esa estrategia, aunque sus resultados dependerán de la aplicación efectiva de la ley y de la capacidad de vincular los incentivos tributarios con el desarrollo tecnológico nacional.

Una disputa por el lugar de Brasil en la economía digital
La agenda tecnológica tiene también una dimensión geopolítica explícita. En su discurso, Lula afirmó que Brasil no acepta ser "el patio trasero de nadie" y planteó la necesidad de abandonar una posición periférica en las decisiones internacionales.

La aspiración trasciende la regulación de las plataformas. Involucra la capacidad de Brasil para desarrollar tecnologías propias, participar en las cadenas de valor de la economía digital y aprovechar sus recursos energéticos para atraer inversiones sin renunciar a sus objetivos industriales.

La reelección de Lula abre una nueva etapa para esa agenda, pero los anuncios políticos no garantizan por sí solos una mayor autonomía tecnológica. El resultado dependerá de la capacidad del gobierno para convertir sus propuestas en inversiones, investigación, formación profesional y producción nacional, sin descuidar la protección de los datos, la competencia y los costos ambientales.

La disputa de fondo no consiste únicamente en atraer infraestructura digital o establecer reglas para las grandes plataformas, sino en determinar qué parte del conocimiento, del valor económico y de las decisiones estratégicas permanecerá en Brasil.
Foto: Agencia Brasil
Fuentes: Agencia Brasil, Folha de S.Paulo, Señales

domingo, 25 de octubre de 2026

Parque Independencia: el desafío de proteger un paisaje cultural irremplazable

Una iniciativa impulsada en el Congreso busca declarar al Parque Independencia de Rosario como Paisaje Cultural Nacional, con el objetivo de fortalecer la protección de su patrimonio histórico, arquitectónico, forestal, artístico y ambiental. Inés Testoni, integrante de la ONG Protegiendo Nuestros Árboles Rosario, explicó en Señales el estado del proyecto, recordó sus antecedentes legislativos y convocó a la ciudadanía a respaldar una propuesta que busca preservar uno de los espacios públicos más emblemáticos del país.

El Parque Independencia es mucho más que un espacio verde. Su historia, sus jardines, sus esculturas, su arquitectura, sus museos y sus instalaciones deportivas conforman un patrimonio que trasciende los límites de Rosario y adquiere relevancia para todo el país. Sin embargo, ese valor histórico, cultural y ambiental convive desde hace tiempo con las presiones del crecimiento urbano, la expansión del cemento y las intervenciones que modifican el paisaje. Frente a ese escenario, un proyecto de ley presentado en el Congreso de la Nación busca otorgarle un reconocimiento que permita fortalecer su protección y proyectar su preservación hacia el futuro.

Ubicado en una zona central de Rosario, el Parque Independencia se extiende entre la calle Moreno, al norte; la avenida Ovidio Lagos, al sur; la avenida Pellegrini, al este; y el bulevar 27 de Febrero, al oeste. Atravesado por el histórico bulevar Oroño, este amplio espacio verde reúne instituciones deportivas y educativas, museos, jardines y propuestas recreativas que lo convierten en uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad.

En este contexto, la iniciativa propone declarar al Parque Independencia como Paisaje Cultural Nacional, en el marco de la Ley 12.665, con el objetivo de reconocer formalmente el valor excepcional de un patrimonio en el que confluyen dimensiones históricas, paisajísticas, ambientales, arquitectónicas, urbanísticas, forestales, artísticas, deportivas, recreativas, culturales y sociales.

Inés Testoni, integrante de la organización no gubernamental Protegiendo Nuestros Árboles Rosario, explicó que la propuesta retoma una iniciativa anterior destinada a revalorizar la importancia del parque, no solamente para Rosario y la región, sino también para la Argentina. Junto con integrantes de Amigos del Parque Independencia, la organización se comunicó con el diputado nacional Diego Giuliano para explorar la posibilidad de que el proyecto volviera a tener estado parlamentario. La iniciativa fue retomada y, según precisó Testoni, se encuentra actualmente en una de las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación.

El proyecto lleva las firmas de los diputados Diego Giuliano, Agustín Rossi, Caren Tepp y Germán Martínez. Sus fundamentos plantean que la protección del parque debe contemplar la totalidad de sus componentes y no limitarse a la conservación de edificios, monumentos o sectores aislados. La propuesta busca reconocer jurídicamente la relación entre naturaleza, arquitectura, historia, urbanismo y prácticas sociales que se ha construido a lo largo de más de un siglo.

Para Testoni, conseguir que la iniciativa vuelva a ingresar en la agenda legislativa constituye un paso importante, pero también resulta necesario ampliar el acompañamiento social y lograr que la ciudadanía conozca su alcance. La tarea de las organizaciones consiste ahora en difundir el proyecto y promover el respaldo de los rosarinos y las rosarinas, para que los representantes legislativos comprendan la importancia que tiene esta declaración para la comunidad.

Un antecedente legislativo y una nueva figura de protección
La iniciativa tiene antecedentes que se remontan a 2006, cuando los diputados Agustín Rossi, Silvia Augsburger, Alberto Beccani, Hermes Binner y Eduardo Di Pollina presentaron un proyecto para declarar al Parque Independencia Monumento Histórico Nacional. Aquella propuesta, recordó Testoni, no consiguió el apoyo necesario para prosperar.

El nuevo proyecto retoma aquel expediente, identificado como 4937-D-2006, pero propone avanzar hacia una figura de protección más amplia. En lugar de considerar el parque exclusivamente como un monumento histórico, busca reconocerlo como un paisaje cultural, una categoría que permite contemplar la integración de sus componentes naturales y construidos, así como las prácticas y los usos sociales que le dieron forma a lo largo del tiempo.

Los fundamentos de la iniciativa señalan que el desarrollo del derecho del patrimonio cultural, el derecho ambiental y el derecho administrativo permite avanzar hacia un régimen de conservación integral. En ese marco, la reforma introducida por la Ley 27.103 a la Ley 12.665 incorporó nuevas categorías de protección patrimonial, entre ellas la de Paisaje Cultural Nacional.

Esta figura permite reconocer bienes cuyo valor no reside exclusivamente en una construcción o un monumento particular, sino en la interacción entre el ambiente natural, la intervención humana, la historia, la arquitectura, el urbanismo y las prácticas sociales. El Parque Independencia, sostiene el proyecto, representa precisamente esa unidad patrimonial.

Desde su creación, a comienzos del siglo XX, el predio fue concebido como el gran espacio público de Rosario. Con el paso de las décadas, se convirtió en un ámbito de encuentro ciudadano, recreación, deporte, cultura, educación y memoria colectiva. Su identidad se construyó a partir de la convivencia entre espacios verdes, instituciones culturales, instalaciones deportivas, esculturas, jardines y otros elementos que forman parte de la historia urbana de la ciudad.

El Parque Independencia es mucho más que uno de los grandes pulmones verdes de Rosario: es un territorio donde conviven la historia, el deporte, la cultura, la educación y la recreación. En su entorno se encuentran el Museo Histórico Provincial Julio Marc y el Museo de la Ciudad y, en sus inmediaciones, el Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino. También forman parte de este paisaje los clubes Newell’s Old Boys, Gimnasia y Esgrima y Atlético Provincial, junto con el Hipódromo, el Estadio Municipal Jorge Newbery, el predio ferial de la ex Rural y el Instituto Superior de Educación Física N.º 11 (ISEF), referente en la formación de profesores de Educación Física.

Entre senderos, jardines y espacios de encuentro, el Rosedal, el Jardín Francés, el Laguito y las Aguas Danzantes ofrecen algunas de las postales más características del parque, mientras que El Jardín de los Niños suma una propuesta lúdica y educativa para las infancias. Así, entre tribunas, aulas, museos, canchas, rosales y juegos, el Independencia reúne distintas formas de habitar la ciudad y constituye un espacio donde se entrelazan generaciones, memorias y experiencias cotidianas.

La propuesta legislativa considera que esta combinación de elementos convierte al Independencia en uno de los conjuntos patrimoniales urbanos más importantes de la Argentina. Su relevancia, por lo tanto, excede el interés local y justifica una protección de alcance nacional.

El valor ambiental frente al avance urbano
La dimensión ambiental ocupa un lugar central en el reclamo de las organizaciones que impulsan la iniciativa. Para Testoni, el parque constituye un patrimonio arbóreo invaluable e irreemplazable, además de representar uno de los principales pulmones verdes de Rosario.

La preocupación se relaciona con una problemática que afecta a numerosos espacios naturales de la ciudad: el avance del cemento, las intervenciones urbanísticas y una concepción del espacio público que, en ocasiones, parece considerar las áreas verdes como superficies disponibles para nuevos proyectos.

Testoni advirtió que algunas intervenciones pueden resultar atractivas o responder a necesidades legítimas, pero cuestionó que se desarrollen sobre espacios cuyo valor ambiental exige una consideración especial. «Lo que nosotros planteamos es no sobre los espacios verdes, en este caso no sobre el Parque Independencia», explicó, al señalar que la discusión no pasa necesariamente por rechazar toda iniciativa urbana, sino por definir dónde se lleva adelante y qué consecuencias puede producir.

El arbolado del parque adquiere todavía mayor importancia frente al cambio climático, el aumento de las temperaturas y el fenómeno de las islas de calor urbanas. La expansión de la ciudad y la creciente concentración de personas someten a los espacios verdes a nuevas exigencias, al mismo tiempo que aumentan la necesidad de contar con lugares capaces de ofrecer sombra, alivio térmico y contacto con la naturaleza.

El parque cumple una doble función: es un patrimonio natural que necesita ser protegido y, a la vez, un espacio indispensable para la calidad de vida de quienes habitan Rosario. Su arbolado, sus jardines y sus áreas de recreación ofrecen un respiro frente a una ciudad cada vez más urbanizada y concurrida.

En los fundamentos del proyecto, esta dimensión se vincula con el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, reconocido por la Constitución Nacional, y con el deber de las autoridades de preservar el patrimonio natural y cultural para las generaciones presentes y futuras. También se invocan los principios de prevención, precaución, desarrollo sostenible y equidad intergeneracional, junto con la protección del interés público y de los bienes afectados al uso común.

La declaración propuesta busca, de este modo, reconocer que preservar el Parque Independencia no significa únicamente conservar un espacio histórico, sino también proteger una infraestructura ambiental esencial para Rosario, especialmente frente a los desafíos derivados del cambio climático, la expansión urbana y la creciente presión sobre los espacios públicos.
Qué cambiaría con la declaración

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es el fortalecimiento de los mecanismos de protección patrimonial. El artículo primero establece la declaración del Parque Independencia como Paisaje Cultural Nacional para favorecer su conservación, preservación y guarda. El segundo asigna a la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, la instrumentación de las medidas necesarias para cumplir la ley.

El texto también contempla la participación de los organismos competentes de la provincia de Santa Fe y de la Municipalidad de Rosario. En su tercer artículo, invita a ambas jurisdicciones a dictar normas complementarias y coordinar acciones destinadas a garantizar la preservación integral del parque.

Los fundamentos aclaran que la declaración no busca alterar las competencias constitucionales de la provincia ni del municipio sobre la administración del predio. Por el contrario, proponen un esquema de cooperación entre los distintos niveles del Estado, en línea con el régimen previsto por la Ley 12.665, para fortalecer la conservación de los bienes protegidos.

El proyecto sostiene, además, que las actuaciones sobre el parque deberían responder a objetivos de conservación, restauración, mantenimiento o recuperación patrimonial, preservando la integridad y autenticidad del conjunto y evitando intervenciones que alteren su identidad histórica y paisajística.

Consultada sobre los efectos que podría tener la declaración, Testoni consideró que un reconocimiento de estas características permitiría prestar mayor atención a los controles, las auditorías y los presupuestos, además de incorporar una perspectiva de largo plazo en las decisiones urbanísticas.

La preocupación surge de un escenario en el que, según describió, distintos sectores de Rosario están cada vez más urbanizados, cementados y concurridos. Aunque se trata de una problemática extendida, el Parque Independencia presenta características que lo convierten en un caso particular: la magnitud de su arbolado, su valor histórico y cultural y su condición de espacio de uso público hacen que cualquier pérdida pueda tener consecuencias difíciles de revertir.

La protección propuesta busca establecer una base institucional para que las decisiones sobre el parque contemplen el valor del conjunto y no se limiten a evaluar cada intervención de manera aislada. La intención es que su preservación forme parte de una política pública sostenida, capaz de trascender las coyunturas y los cambios de gestión.

La participación ciudadana como parte de la protección
Para las organizaciones que acompañan el proyecto, el reconocimiento legislativo debe ir acompañado de una participación activa de la comunidad. Testoni considera fundamental que los ciudadanos conozcan la iniciativa, comprendan qué está en juego y respalden a quienes trabajan para conservar el patrimonio ambiental y cultural de la ciudad.

En esa dirección, Protegiendo Nuestros Árboles Rosario y Amigos del Parque Independencia convocaron a una jornada abierta para el sábado 31 de octubre, de 15 a 19, en las inmediaciones de la Casita del Lago, en la zona de bulevar Oroño y avenida Pellegrini. La actividad fue planteada como una celebración del avance legislativo del proyecto y, al mismo tiempo, como una oportunidad para acercar a la población a la importancia del arbolado y del patrimonio del parque.

La programación contempla la participación de feriantes y propuestas destinadas tanto a las infancias como a los adultos. A las 16 está prevista una charla sobre la importancia del arbolado para las infancias, con el propósito de promover desde edades tempranas el conocimiento y el cuidado de los árboles.

También se organizará una recorrida breve por los alrededores de la Casita del Lago para que los chicos y las chicas puedan observar de cerca los ejemplares del parque, conocer sus características y reflexionar sobre la necesidad de preservarlos para las generaciones futuras.

La jornada incluye, además, una muestra y una clase de folclore en el predio de la Casita del Lago. El cierre estará dedicado a una de las actividades más valoradas por quienes conocen el trabajo de la organización: una recorrida por los árboles del Parque Independencia a cargo de la ingeniera agrónoma Ángela Villademoros, referente nacional e internacional en arboricultura urbana, gestión ambiental y preservación del arbolado público en Rosario.

La elección de ese cierre refleja la importancia que las organizaciones atribuyen al conocimiento del patrimonio natural. Reconocer los árboles, aprender sobre sus características y comprender su función constituye una manera de fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el parque. La educación ambiental aparece así como una herramienta para que las nuevas generaciones puedan valorar y defender aquello que reciben como parte de una historia colectiva.

La actividad tendrá, además, un objetivo concreto: reunir firmas para expresar el respaldo ciudadano al proyecto de ley. La intención es que los diputados y las diputadas que tienen la posibilidad de acompañar la iniciativa sepan que cuentan con el apoyo de una comunidad interesada en preservar el Parque Independencia.

Testoni destacó la necesidad de que la población conozca la propuesta y acompañe el trabajo de las organizaciones, que sostienen de manera constante acciones de difusión y defensa del arbolado. La recuperación del estado parlamentario representa una oportunidad, pero su avance dependerá también de la capacidad de instalar el tema en la agenda pública y de demostrar que existe un interés social en alcanzar una protección más amplia.

Un patrimonio que trasciende generaciones
La iniciativa vuelve a poner en discusión qué ciudad se quiere construir y qué elementos de su identidad deben preservarse frente a las transformaciones del presente. En una Rosario que crece y se modifica, el Parque Independencia reúne valores que no pueden medirse únicamente por la superficie que ocupa ni por los edificios que alberga. Su importancia reside también en la relación entre naturaleza, historia, arquitectura, deporte, recreación y vida comunitaria.

Los fundamentos del proyecto definen su preservación como una decisión de política pública destinada a proteger un bien colectivo cuya relevancia trasciende generaciones y jurisdicciones. Declararlo Paisaje Cultural Nacional significaría, desde esa perspectiva, fortalecer el patrimonio cultural argentino y contribuir a garantizar que el espacio continúe siendo público, abierto, accesible y disfrutable para quienes viven hoy en la ciudad y para quienes la habitarán en el futuro.

Para Testoni, el desafío consiste en conseguir que el valor del parque, ampliamente reconocido por quienes lo recorren y disfrutan, se traduzca en herramientas institucionales capaces de protegerlo de manera sostenida. La declaración no resolvería por sí sola todas las tensiones entre conservación y desarrollo urbano, pero permitiría establecer un marco de referencia más amplio para evaluar las intervenciones y defender la integridad del conjunto.

La convocatoria de las organizaciones, por eso, no se limita a una actividad recreativa ni a una campaña de firmas. Es también una invitación a reconocer el Parque Independencia como parte de un patrimonio compartido, cuya conservación depende tanto de las decisiones políticas como del compromiso de la sociedad.

"Celebrar el parque y apoyarlo para que tenga cada vez más protección", resumió Testoni al cerrar la convocatoria.

Detrás de esa frase se concentra el sentido de una iniciativa que busca que el Parque Independencia deje de ser considerado únicamente un espacio disponible para nuevas intervenciones y sea reconocido, en toda su complejidad, como un paisaje cultural y ambiental irremplazable. La apuesta es que su historia, sus árboles, sus instituciones y su condición de lugar de encuentro sigan formando parte de la vida de Rosario, con garantías de preservación que alcancen también a las generaciones futuras.

De los insultos a la hoguera: la escalada de Milei contra la prensa desata una alarma institucional

La Academia Nacional de Periodismo contabilizó 862 expresiones y publicaciones agraviantes contra trabajadores de prensa entre enero y octubre de 2026 y advirtió que a los insultos presidenciales se sumó una amenaza de muerte. El Sindicato de Prensa Rosario convocó a resistir la violencia estatal y defender la democracia, mientras FoPeA alertó sobre una escalada sin precedentes en el discurso del mandatario. AdEPA, dirigentes opositores y Patricia Bullrich también cuestionaron los dichos presidenciales. El trasfondo es la investigación por la criptomoneda $LIBRA y una discusión que excede el enfrentamiento con determinados periodistas: la responsabilidad institucional del Presidente y las condiciones para ejercer la libertad de prensa.

La frase fue pronunciada en un escenario político, ante un auditorio afín al Gobierno, pero sus consecuencias desbordaron rápidamente ese ámbito. Durante la cena anual de la Fundación Faro, el presidente Javier Milei volvió a arremeter contra periodistas que investigaron el caso de la criptomoneda $LIBRA y afirmó que quienes consideraba responsables de atacarlo eran unos "hijos de puta" que "se tienen que quemar en la hoguera". La expresión, acompañada de otras descalificaciones, provocó una nueva ola de rechazos y reabrió una discusión de fondo sobre la violencia verbal desde el poder, la libertad de expresión y la calidad de la democracia argentina.

Las reacciones de las organizaciones periodísticas adquirieron especial relevancia por la coincidencia de sus advertencias. La Academia Nacional de Periodismo puso el foco en la acumulación de agravios y en la gravedad de la referencia a la hoguera; el Foro de Periodismo Argentino (FoPeA) denunció una escalada en la hostilidad presidencial contra la prensa; y el Sindicato de Prensa Rosario (SPR) reclamó poner un freno a las agresiones y defender la libertad de expresión. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (AdEPA), por su parte, recordó que las diferencias deben resolverse mediante argumentos y no con insultos.

Los cuestionamientos también llegaron desde distintos espacios políticos. La Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente Renovador repudiaron las declaraciones, mientras que Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, tomó distancia de la frase utilizada por Milei y sostuvo que las críticas deben responderse con argumentos.

La coincidencia entre estos pronunciamientos no elimina las diferencias políticas entre sus emisores, pero sitúa la controversia en un terreno que excede el enfrentamiento entre el Gobierno y determinados medios: las consecuencias de los ataques desde el poder sobre quienes investigan, informan y cuestionan a las autoridades.

La Academia Nacional de Periodismo: 862 expresiones y una amenaza de muerte
Bajo el título "La violencia institucional afecta a la democracia", la Academia Nacional de Periodismo difundió una solicitada en la que contabilizó 862 expresiones y publicaciones dirigidas contra periodistas entre enero y octubre de 2026. El registro reúne insultos del mandatario y contenidos de terceros que compartió en sus redes sociales.

La recopilación incluye calificativos como "operadores", "mentirosos", "basuras", "ensobrados", "corruptos", "sicarios" y "delincuentes". La entidad advirtió que, a la sucesión de agravios, se sumó una amenaza de muerte, en referencia a la expresión pronunciada durante el acto de la Fundación Faro.

El planteo de la Academia busca mostrar que el episodio no constituye un hecho aislado, sino que se inscribe en una dinámica de confrontación sostenida. La preocupación apunta al peso específico que adquieren las palabras cuando provienen de quien ocupa la Presidencia y a sus posibles consecuencias sobre el ejercicio profesional del periodismo.

La discusión no supone que las críticas de un presidente a una cobertura periodística sean ilegítimas por definición. El problema aparece cuando la respuesta abandona la discusión sobre los hechos y se convierte en una descalificación reiterada de las personas, especialmente cuando incluye imágenes de castigo físico contra quienes son señalados por su trabajo.

El Sindicato de Prensa Rosario: "La libertad de expresión no se negocia"
El Sindicato de Prensa Rosario (SPR) también repudió la escalada de insultos y amenazas contra periodistas y formuló un reclamo que amplía el foco de la controversia: la naturalización de la violencia política contra quienes expresan críticas al poder.

El comunicado de la organización comienza con una pregunta que atraviesa todo el pronunciamiento: "¿Hasta cuándo seguirá la violenta escalada del presidente Javier Milei contra las y los periodistas con insultos y amenazas por difundir información que lo molesta?".

El sindicato extiende luego el interrogante más allá de la actividad periodística y advierte sobre las consecuencias de normalizar acciones que, según expresa, ofenden la integridad de periodistas, artistas, opositores y referentes sociales.

"¿Hasta cuándo se seguirán naturalizando acciones que ofenden a la integridad no sólo de periodistas, sino de artistas, opositores, referentes sociales?", plantea el texto.

El SPR también interpela a la oposición legislativa por su respuesta ante los ataques presidenciales y por la responsabilidad de los representantes parlamentarios frente a un clima de confrontación que, según advierte, repercute sobre el conjunto de la sociedad.

"¿Hasta cuándo la oposición legislativa tolerará tantos ataques que se derraman sobre nuestra sociedad convirtiendo la convivencia en un estar peligroso?", cuestiona el comunicado.

La declaración concluye con un llamado explícito a la movilización cívica y a la defensa de los derechos democráticos: "Digamos basta. Plantemos bandera de dignidad, opongamos resistencia a la violencia estatal, defendamos en serio la democracia. La libertad de expresión no se negocia".

El pronunciamiento introduce una dimensión sindical y social en el debate. Para el gremio, el problema no se limita a los agravios contra profesionales concretos ni a la relación entre el Presidente y las empresas periodísticas: involucra el clima en el que se desarrollan las expresiones críticas y la posibilidad de que la hostilidad se extienda a otros sectores de la vida pública.

FoPeA: "El Estado tiene la obligación de proteger a los periodistas, no de convertirlos en blanco"
El Foro de Periodismo Argentino advirtió sobre una "escalada sin precedentes" en el discurso de Milei contra periodistas. Su pronunciamiento puso especial énfasis en la identificación pública de profesionales y en el contexto en el que el Presidente utilizó la expresión de la hoguera.

FoPeA señaló que, durante la cena de la Fundación Faro, el mandatario mencionó por sus nombres a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosin y Luis Novaresio. Inmediatamente después, pronunció la frase sobre la falta de piedad hacia quienes calificó de "hijos de puta" y afirmó que debían quemarse en la hoguera.

Para la organización, el señalamiento individualizado, seguido de expresiones que evocan un castigo violento, representa un salto cualitativo en la hostilidad oficial hacia la prensa.

"Más allá de la intención que se le atribuya, ese lenguaje legitima la violencia contra quienes informan y expone a los colegas señalados a riesgos concretos frente a terceros", advirtió FoPeA. Y formuló una definición central sobre las responsabilidades estatales: "El Estado tiene la obligación de proteger a los periodistas, no de convertirlos en blanco".

La entidad también cuestionó las acusaciones de Milei contra los profesionales que cubrieron el caso $LIBRA. Horas antes de su discurso, tras conocerse su sobreseimiento en la causa, el Presidente había calificado a esos periodistas de "ensobrados, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones" en su cuenta oficial de X. En el mismo mensaje extendió sus descalificaciones a otros profesionales y acusó al Grupo La Nación de haber utilizado el caso para presionar al Gobierno.

FoPeA consideró especialmente grave atribuir la recepción de pagos ilegítimos a periodistas identificados sin presentar pruebas que respalden esa acusación. El señalamiento adquiere otra dimensión cuando procede de la máxima autoridad del país, por su capacidad de amplificación y por la repercusión que puede generar entre sus seguidores.

El foro aclaró, además, que respeta las decisiones judiciales y no se pronuncia sobre el fondo del expediente. Sin embargo, sostuvo que el sobreseimiento de los investigados no convierte automáticamente en falsa la cobertura periodística de una causa que durante más de un año y medio involucró al Presidente, a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a otros funcionarios y particulares.

Informar sobre una investigación judicial de interés público, señaló la entidad, constituye un ejercicio legítimo del periodismo y no puede ser descalificado como una operación por el solo hecho de que sus resultados no coincidan con la posición del Gobierno.

FoPeA también enumeró otros episodios de octubre en los que Milei insultó o descalificó a periodistas, entre ellos María Eugenia Duffard, Jesica Bossi, Fernán Saguier, Joaquín Morales Solá, Jorge Liotti, Pagni y Novaresio. Sumó la descalificación dirigida a la periodista española Julia Molina durante una actividad en Madrid.

A partir de esa secuencia, la organización convocó a dirigentes políticos de todos los sectores, legisladores e instituciones de la República a pronunciarse sin ambigüedades. Su advertencia fue que el silencio también puede contribuir a naturalizar la hostilidad contra la prensa.

El foro expresó su solidaridad con los periodistas señalados y reclamó al Presidente que cese de inmediato la estigmatización. "La libertad de prensa no es un privilegio del sector, sino una garantía para toda la ciudadanía", sostuvo.

AdEPA: las críticas deben responderse con argumentos
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas también rechazó los agravios pronunciados durante la cena de la Fundación Faro. Su declaración puso el acento en la necesidad de preservar un debate público en el que las discrepancias se tramiten mediante argumentos y refutaciones.

"La réplica, la refutación y la aclaración nunca deberían ser reemplazadas por el insulto y el agravio en una sociedad democrática que tolera el disenso y la crítica", expresó AdEPA.

La entidad estableció así una distinción entre discutir el contenido de una investigación y descalificar a quienes la realizan. Un funcionario puede cuestionar una publicación, refutar datos o responder a una denuncia, pero esa discusión requiere argumentos y no debería convertirse en una sucesión de ataques personales.

La advertencia resulta especialmente significativa en una controversia originada por una investigación judicial de interés público. La decisión de sobreseer a un funcionario no elimina el derecho de los medios a examinar sus actuaciones, del mismo modo que la cobertura periodística no exime a los medios de verificar sus afirmaciones y rectificar eventuales errores.

Amnistía Internacional llevará los ataques ante la CIDH y la ONU
La escalada de hostilidad contra la prensa también motivó la intervención de Amnistía Internacional, que anunció que denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los nuevos ataques de Javier Milei contra periodistas que cubrieron el caso $LIBRA. La organización advirtió que las expresiones presidenciales no pueden reducirse a una disputa entre el mandatario y determinados profesionales, porque involucran las condiciones para ejercer la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a acceder a información de interés público.

Durante su discurso en la Fundación Faro, Milei señaló por sus nombres a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosin y Luis Novaresio, a quienes calificó de "ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones". Luego afirmó que "los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta". Para Amnistía Internacional, la combinación de señalamientos individualizados, descalificaciones y referencias a una violencia extrema profundiza un clima de intimidación hacia quienes investigan y cuestionan al poder.

"Cuando el presidente señala públicamente a periodistas y utiliza imágenes de violencia para referirse a quienes cuestionan su gestión, contribuye a generar un clima de intimidación que puede habilitar nuevas agresiones", sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. La organización remarcó que la investidura presidencial implica una responsabilidad especial en la protección de la prensa y en la preservación de un debate democrático en el que las críticas puedan expresarse sin hostigamiento.

La advertencia se apoya, además, en un contexto de deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo. Según el Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA, durante 2025 se registraron 278 ataques contra periodistas, un 55% más que el año anterior y la cifra más alta desde el inicio del relevamiento, en 2008. El informe atribuyó a Milei 119 de esos hechos y contabilizó también 139 casos de discursos estigmatizantes, 20 demandas contra periodistas y 28 restricciones de acceso a la información.

La preocupación por la situación argentina ya había llegado a la CIDH. El 19 de noviembre de 2025, Amnistía Internacional participó junto con organizaciones de derechos humanos, entidades periodísticas y sindicatos de prensa en una audiencia en la que se denunciaron agresiones, violencia en línea, acoso judicial y ataques durante la cobertura de protestas. Según la organización, la Comisión solicitó al Estado información sobre las medidas de prevención y protección y manifestó interés en realizar una visita al país.

Amnistía Internacional sostiene que las autoridades deben prevenir la violencia contra periodistas y evitar discursos que aumenten los riesgos para quienes informan, incluso cuando sus investigaciones resulten críticas o incómodas para el Gobierno. El hostigamiento, advierte, puede producir un efecto que excede a las personas directamente señaladas: desalentar nuevas investigaciones, favorecer la autocensura y restringir la circulación de información relevante para el control democrático del poder.

La decisión de llevar los episodios ante organismos internacionales amplía el alcance de la controversia. Ya no se trata solamente de las respuestas que generan los insultos presidenciales dentro del sistema político y periodístico argentino, sino también de las obligaciones del Estado en materia de libertad de expresión y de las garantías que debe ofrecer a quienes investigan e informan sobre la actuación de sus autoridades.

Bullrich tomó distancia y la oposición reclamó frenar los agravios
Las declaraciones de Milei también provocaron cuestionamientos en el ámbito político. La presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, defendió el derecho del mandatario a responder a las críticas, pero cuestionó el lenguaje utilizado.

"Las críticas se responden con argumentos", sostuvo. Y agregó que la referencia a quemar periodistas en la hoguera era una expresión "muy fuerte" y "muy dura", que cruzaba un límite en la discusión pública.

Bullrich recordó que quienes ejercen funciones de gobierno deben aceptar el escrutinio de la prensa: "Defender la libertad también es respetar a los que nos cuestionan. El poder siempre está bajo escrutinio".

La Unión Cívica Radical, por su parte, consideró que el mandatario había "pasado todos los límites" y sostuvo que los agravios presidenciales no pueden naturalizarse. El Frente Renovador recordó que la recuperación de la democracia implicó dejar atrás la persecución, la violencia política y la intolerancia.

También se expresaron referentes del PRO, entre ellos María Eugenia Vidal, quien afirmó que la libertad no se defiende desde una hoguera, sino con respeto y coherencia.

Las reacciones exhibieron un cuestionamiento que no quedó restringido a un único espacio opositor. Incluso dentro del oficialismo hubo una diferenciación entre la posibilidad de contestar a los periodistas y el uso de expresiones que evocan la violencia física.

El caso $LIBRA, detrás de la embestida presidencial
El detonante inmediato de las declaraciones fue la causa $LIBRA, la controversia que estalló el 14 de febrero de 2025, cuando Milei promocionó en su cuenta de X una criptomoneda vinculada con un proyecto privado que se presentaba como una iniciativa para financiar emprendimientos.

Después de la publicación presidencial, el valor del activo subió y luego se desplomó, con pérdidas para inversores y ganancias para algunas billeteras vinculadas al proyecto. El episodio dio lugar a denuncias y a una investigación sobre la operatoria, las relaciones entre sus promotores y el alcance de la intervención presidencial.

Entre los aspectos examinados estuvieron los contactos con el empresario estadounidense Hayden Mark Davis y las comunicaciones relacionadas con Mauricio Novelli. También se investigaron sospechas sobre posibles pagos indebidos y eventuales vínculos con funcionarios del entorno presidencial.

Según los antecedentes judiciales citados para esta nota, el 23 de octubre de 2026 el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Javier Milei, a Karina Milei y a otros investigados, luego de que el fiscal Eduardo Taiano solicitara el cierre de la causa. La resolución consideró que los hechos denunciados no encuadraban en los delitos investigados y que no se había acreditado un engaño concreto que permitiera configurar una estafa.

El sobreseimiento debe distinguirse tanto de las denuncias formuladas durante la investigación como de las preguntas políticas que el episodio dejó abiertas. Las sospechas no pueden presentarse como delitos probados, pero la decisión judicial tampoco vuelve ilegítimo el trabajo periodístico que examinó la promoción de la criptomoneda y sus consecuencias.

Ese es uno de los puntos centrales del enfrentamiento: los ataques presidenciales se dirigieron contra profesionales que cubrieron un asunto de interés público que involucró al propio jefe de Estado. La discusión no se limita, por tanto, a cómo Milei interpreta el resultado judicial, sino también al modo en que responde a quienes investigaron y difundieron información sobre el caso.

Del desacuerdo a la estigmatización
La violencia verbal en la política no se mide únicamente por la dureza de una palabra. También importan la reiteración de los ataques, la identificación de sus destinatarios, el contexto en que se pronuncian y la posición institucional de quien los emite.

Cuando un presidente presenta a periodistas críticos como "ensobrados", "mercenarios" o "sicarios", desplaza la discusión desde el contenido de sus investigaciones hacia la supuesta ilegitimidad de quienes las producen. Si, además, los identifica públicamente y emplea expresiones asociadas con un castigo físico, la controversia adquiere una dimensión adicional.

Esto no significa que toda crítica presidencial constituya una amenaza concreta ni permite afirmar, sin evidencia, que cada mensaje vaya a derivar en una agresión física. Pero sí explica por qué las organizaciones periodísticas advierten sobre los riesgos de legitimar la hostilidad contra profesionales identificados por su trabajo.

Las redes sociales contribuyen a amplificar esa dinámica. Los mensajes más agresivos pueden concentrar la atención, profundizar la polarización y trasladar la discusión desde los datos de una investigación hacia la confrontación entre grupos políticos. El resultado es que la controversia original corre el riesgo de quedar desplazada por una disputa sobre la legitimidad de quienes informan.

El desafío democrático no consiste en eliminar la confrontación política ni en exigir que los funcionarios renuncien a defenderse. Consiste en preservar la diferencia entre la refutación y la intimidación, entre la crítica a una publicación y la deshumanización de sus autores.

Una discusión que excede al periodismo
La cuestión de fondo es cómo impedir que la agresión se convierta en una forma habitual de comunicación entre el poder y quienes lo fiscalizan. La libertad de prensa no depende de que una investigación concluya con una condena judicial ni de que una cobertura resulte favorable a las autoridades. Depende de que los periodistas puedan investigar, preguntar y publicar información de interés público sin que el desacuerdo se transforme en intimidación.

La controversia abierta por Milei deja una pregunta que atraviesa todos los comunicados: qué condiciones necesita una democracia para que quienes investigan al poder puedan ejercer su tarea sin convertirse en destinatarios de campañas de hostilidad.

El Presidente tiene derecho a defenderse, cuestionar una investigación y contestar a sus críticos. Ese derecho no elimina su responsabilidad por las palabras que elige ni vuelve irrelevantes las consecuencias de sus expresiones.

La libertad de prensa no consiste en que los periodistas estén de acuerdo con el Gobierno. Consiste, precisamente, en que puedan investigarlo, cuestionarlo y publicar información de interés público. Cuando la confrontación desde la Presidencia incorpora insultos y referencias a la violencia física, la defensa de esa libertad deja de ser una cuestión exclusivamente sectorial y pasa a involucrar al conjunto de la sociedad.

sábado, 24 de octubre de 2026

Brasil ante una elección decisiva: el rechazo, la polarización y el futuro de la democracia

En diálogo con Señales, por Aire Libre Radio Comunitaria, el analista y consultor político brasileño Caio Manhanelli examinó el tramo final de la campaña entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro. El impacto de los debates, el peso del antipetismo, las contradicciones del candidato opositor y los riesgos para las instituciones democráticas y la autonomía regional atraviesan una elección cuyo resultado, según advirtió, permanece abierto
Brasil se prepara para elegir mucho más que un presidente. En una contienda que mantiene en vilo a toda la región, los brasileños definirán el rumbo político de la mayor economía de América Latina, una de las principales referencias continentales en su relación con Estados Unidos y el resto del mundo. De un lado, Luiz Inácio Lula da Silva busca un nuevo mandato; del otro, Flavio Bolsonaro intenta llegar por primera vez a la presidencia con el peso de un apellido que marcó profundamente la política del país durante los últimos años.

La disputa llega a sus horas decisivas con un escenario electoral extremadamente ajustado. El debate televisivo de la cadena Globo, celebrado este viernes 23 por la noche, representó una de las últimas oportunidades para que los candidatos se dirijan a millones de brasileños. Cada gesto, cada argumento y cada movimiento pueden resultar determinantes en una elección cuyo desenlace permanece abierto. Sin embargo, lo que está en juego va más allá de quién ocupará el Palacio del Planalto: también se discuten el modelo económico, la relación entre los poderes del Estado, la fortaleza de las instituciones democráticas y el papel que Brasil desempeñará en América Latina y en el tablero internacional.

Un debate que no cambió el escenario, pero favoreció a Lula
Para Caio Manhanelli, analista y consultor político brasileño con experiencia en campañas electorales y estrategia política, el debate de Globo no modificó sustancialmente la opinión pública, aunque dejó a Lula ligeramente mejor posicionado que a su adversario. El especialista advirtió, no obstante, que esa ventaja relativa no debe confundirse con una buena actuación del presidente. "Lula salió livianamente mejor que Flavio", señaló, antes de aclarar que el mandatario nunca se destacó por su desempeño en los debates electorales.

Según Manhanelli, Lula tiende a concentrarse demasiado en confrontar con su adversario, en lugar de dirigirse a los ciudadanos que siguen la discusión desde sus casas. Esta vez, sin embargo, consiguió reforzar una percepción que terminó perjudicando a Flavio Bolsonaro: la de un candidato que se contradice y modifica sus posiciones según las necesidades de la campaña. "Flavio pareció un mentiroso y Lula logró reforzar eso", resumió el consultor. A su juicio, el candidato opositor terminó desdiciendo buena parte de lo que había sostenido durante la campaña y a lo largo de los años en los que estuvo vinculado al poder.

La incidencia de los debates, explicó Manhanelli, debe entenderse a partir de la evolución que experimentó la campaña durante la segunda vuelta. El primer enfrentamiento televisivo de esa etapa se había celebrado en la cadena Bandeirantes, el domingo anterior, mientras que el de Globo constituyó el segundo y último gran debate entre los candidatos antes de la votación. Tras aquella primera instancia, las encuestas comenzaron a mostrar algunos movimientos que alteraron el panorama electoral.

Hacia el final de la semana, los sondeos registraban un aumento de los indecisos y una paridad que, en algunas mediciones, ya no se limitaba a un empate técnico, sino que alcanzaba también una igualdad numérica entre los candidatos. Al mismo tiempo, empezaba a insinuarse una curva ascendente para Lula y otra descendente para Flavio Bolsonaro. El rechazo al candidato opositor crecía, mientras que el del presidente mostraba una leve disminución.

Para el analista, esa evolución obliga a comprender la polarización brasileña más allá de la identificación de los ciudadanos con sus dirigentes. En el caso de Lula, quienes lo votan conocen su trayectoria y, de alguna manera, comprenden el legado de sus gobiernos. Incluso aquellos que sienten cierto rechazo hacia él saben quién es y qué representa políticamente. Su apoyo, por lo tanto, está relacionado con una historia política reconocible, con sus resultados, sus controversias y sus consecuencias.

El antipetismo como motor del voto a los Bolsonaro
El voto a los Bolsonaro, en cambio, responde en buena medida a una lógica diferente. Manhanelli considera que el apellido funciona como la expresión más concreta del antipetismo, es decir, del rechazo al Partido de los Trabajadores (PT), antes que como la manifestación de una adhesión política sólida a un proyecto propio. "No existe bolsonarismo", sostuvo de manera provocadora, al argumentar que una parte importante de quienes respaldan a la familia Bolsonaro lo hace, ante todo, porque la identifica como la principal alternativa al petismo.

En su interpretación, Jair Bolsonaro tampoco fue un gran presidente ni un administrador especialmente competente. Durante su gobierno, señaló, los militares ocuparon un lugar importante en la estructura de poder y en las tareas de administración. Su llegada y permanencia en el Ejecutivo dependieron, además, de una determinada configuración de fuerzas políticas que permitió sostener su gestión.

La situación de Flavio, sin embargo, presenta diferencias relevantes. Según Manhanelli, el candidato llegó a la segunda vuelta con un aislamiento político considerable, después de no haber conseguido el respaldo de otros partidos durante la primera etapa electoral, cuando se definieron las alianzas. Al mismo tiempo, su partido obtuvo una participación importante en el Congreso, con una representación que, de acuerdo con el analista, podría acercarse a una mayoría absoluta y quedar a un voto de alcanzar una mayoría calificada en el Senado.

Esa combinación plantea una paradoja. Flavio cuenta con menos apoyos políticos externos que los que necesitaría para construir una coalición amplia, pero la fuerza parlamentaria de su partido podría otorgarle una capacidad de influencia considerable. Al no estar condicionado por otros socios dentro de una alianza de gobierno, también tendría menos contrapesos internos que limitaran sus decisiones. Para Manhanelli, ese escenario hace especialmente relevante observar no solo quién gana la presidencia, sino también cómo se distribuye el poder institucional después de las elecciones.

En definitiva, la polarización brasileña no se explica únicamente por la adhesión a dos figuras políticas, sino por el rechazo que ambas despiertan. El consultor describió una sociedad dividida en la que aproximadamente la mitad de la población rechaza a los Bolsonaro y otra mitad manifiesta rechazo hacia Lula. Esa distribución, sumada a la escasa distancia entre los candidatos, vuelve difícil anticipar el resultado. "Eso lleva, de hecho, a un escenario que no nos deja margen para predecir quién podría ganar", advirtió.

En ese contexto, la capacidad de cada candidato para ampliar su base electoral depende, sobre todo, de su posibilidad de reducir el rechazo que genera. Aunque la participación, el voto evangélico, los sectores populares y el electorado de centro forman parte de las variables tradicionales de cualquier elección brasileña, Manhanelli considera que, en esta etapa final, el factor decisivo es la imagen negativa que cada aspirante proyecta sobre los votantes.

El primer debate de la segunda vuelta habría contribuido a profundizar esa dinámica. Según una de las encuestas a las que hizo referencia el analista, el rechazo a Flavio Bolsonaro superó el 50 por ciento de la población, mientras que el de Lula descendió al 47 por ciento. Se trataba de una medición particular, aclaró, y no de un consenso definitivo de todos los sondeos. Aun así, los datos ofrecían una señal sobre el movimiento de las preferencias electorales.

La expectativa estaba puesta entonces en una nueva encuesta de AtlasIntel, que utiliza una metodología propia basada en la recopilación de respuestas por internet y redes sociales. Sus resultados podían aportar nuevos elementos para evaluar la tendencia de la campaña y determinar si los movimientos detectados después del primer debate se consolidaban antes de la votación.

Para Manhanelli, el enfrentamiento de Globo también favoreció a Lula, aunque no de manera contundente. La razón vuelve a encontrarse en el peso del rechazo. Si esa variable se había convertido en el elemento central de la última etapa electoral, la impresión de que Flavio Bolsonaro faltaba a la verdad podía perjudicarlo especialmente entre los votantes que todavía no habían definido su decisión.

El consultor explicó que algunas encuestadoras monitoreaban las reacciones de la audiencia durante el debate y organizaban grupos de discusión cualitativos para recoger las impresiones de los espectadores. Los primeros análisis que circularon inmediatamente después del programa apuntaban a que la imagen de falsedad atribuida a Flavio se había reforzado. El efecto, señaló, no necesariamente se traduciría en una migración masiva de votos, pero podía ampliar el rechazo hacia el candidato y consolidar las dudas de quienes habían comenzado a reconsiderar su apoyo.

Las encuestas ya habían registrado señales de ese fenómeno. Algunos electores que podían inclinarse por Flavio habrían dejado de respaldarlo después de su desempeño en el primer debate. También había crecido el número de indecisos, que rondaba el diez por ciento en las mediciones mencionadas por el analista. En una contienda tan estrecha, esos movimientos adquieren una importancia particular: no hace falta que un debate transforme las preferencias de millones de personas para que termine teniendo consecuencias electorales.

Las contradicciones de Flavio y el peso del apellido Bolsonaro
La candidatura de Flavio no solo busca disputar la presidencia a Lula, sino también prolongar la influencia política de su padre. Sin embargo, su relación con ese legado no fue constante a lo largo de la campaña. Manhanelli describió una estrategia oscilante, en la que el candidato alternó entre intentar diferenciarse de Jair Bolsonaro y reivindicar abiertamente su pertenencia a la familia.

En un primer momento, Flavio pareció preocupado por las consecuencias negativas de la gestión de su padre. La intención, explicó el consultor, era proyectar una imagen más moderada y presentar al candidato como alguien distinto, capaz de superar los aspectos más controvertidos del gobierno anterior. En esa línea, Flavio llegó a insistir en que no era igual a Jair. Incluso durante el primer debate intentó remarcar su identidad individual frente a Lula, subrayando que quien estaba en la contienda era él y no su padre.

Pero esa diferenciación convivió con mensajes de signo contrario. En otros momentos de la campaña, Flavio reivindicó su herencia familiar y apeló a la idea de que llevaba la sangre Bolsonaro. También llegó a presentarse como una extensión del gobierno de Jair o como una continuidad de aquel proyecto político. La contradicción quedó nuevamente expuesta en el debate de Globo, donde comenzó a defender con mayor énfasis la gestión de su padre.

Para Manhanelli, ese giro tiene una explicación electoral. Lula dispone de numerosos argumentos para cuestionar el gobierno de Jair Bolsonaro, y uno de los más sensibles es su actuación durante la pandemia de COVID-19. El analista calificó aquella gestión como una de las más graves por sus consecuencias humanas y recordó la estrategia de apostar a la llamada inmunidad de rebaño mediante la circulación del virus en la población, en lugar de priorizar una respuesta centrada en la prevención y la vacunación.

Según su descripción, la idea consistía en permitir que una parte extensa de la población se contagiara para que, eventualmente, desarrollara inmunidad. Sin embargo, esa estrategia implicaba un costo humano enorme. Aunque la enfermedad no presentara una letalidad elevada en todos los grupos, su propagación masiva podía provocar un número muy alto de muertes. La discusión sobre la respuesta sanitaria del gobierno anterior, por eso, continúa siendo uno de los flancos más vulnerables para la familia Bolsonaro.

Al reivindicar a su padre, Flavio quedó expuesto a los cuestionamientos de Lula sobre las decisiones y responsabilidades de aquella administración. Pero el presidente no se limitó a discutir las políticas generales del gobierno. También intentó mostrar que Flavio había tenido una participación activa en su funcionamiento y que no podía presentarse simplemente como un heredero ajeno a las decisiones de Jair.

Durante el debate, Lula le recordó, según relató Manhanelli, que había indicado o impulsado a determinadas personas para ocupar posiciones vinculadas al poder y lo interpeló por esas decisiones. Flavio respondió desviando la discusión hacia otros asuntos, pero Lula insistió en volver sobre los mismos puntos. Esa secuencia, a juicio del consultor, permitió al presidente convertir una acusación general en una serie de cuestionamientos concretos sobre la actuación política de su adversario.

La diferencia entre ambos quedó especialmente marcada en ese intercambio. Lula consiguió señalar acciones específicas que atribuía a Flavio, mientras que el candidato opositor, según Manhanelli, respondió de manera simplista y demasiado amplia, sin lograr precisar con claridad en qué consistían sus ataques contra el presidente. Esa dificultad para sostener una confrontación concreta contribuyó a reforzar la impresión de que Flavio no conseguía defender de forma consistente su propia trayectoria ni la del gobierno que pretendía reivindicar.

La estrategia de Lula en el debate de Globo, a juicio del analista, terminó cumpliendo su objetivo central: dejar a Flavio Bolsonaro en una posición incómoda y reforzar ante los votantes la imagen de un candidato poco confiable. Sin embargo, el analista insistió en que esa ventaja no convertía al presidente en un gran debatidor. Lula, explicó, sigue teniendo dificultades para hablarle directamente a la ciudadanía y suele concentrarse demasiado en la confrontación con su adversario. Flavio, en cambio, sí consigue conectar con el público, pero su imagen quedó debilitada por las contradicciones que exhibió durante la campaña y, especialmente, por su comportamiento oscilante frente al legado de su padre.

Para Manhanelli, esa indefinición puede tener consecuencias electorales profundas. Flavio parece querer ser Jair Bolsonaro, pero en una versión más moderada; intenta conservar la identidad política de su padre sin cargar con todos los aspectos negativos de su gobierno. Al mismo tiempo, evita romper definitivamente con ese legado, porque es precisamente allí donde encuentra buena parte de su respaldo. "La gente no quiere a alguien que no sabe para dónde va", advirtió el consultor. En elecciones anteriores, recordó, ese tipo de ambigüedad ya demostró ser capaz de perjudicar a un candidato: los votantes esperan que quien aspire a gobernar transmita seguridad, convicción y una idea clara de lo que pretende hacer.

Las controversias que debilitaron al candidato opositor
En la evaluación del debate también apareció la controversia alrededor de Alfredo Gaspar, candidato a vicepresidente de Flavio Bolsonaro, a quien se había acusado de un presunto delito sexual contra una menor de trece años ocurrido ocho años atrás. Manhanelli consideró que ese episodio no tuvo un peso decisivo en la discusión electoral, dado que las pruebas circunstanciales no habrían sido suficientes para que la acusación avanzara judicialmente. La existencia de la denuncia, explicó, no se había traducido en elementos que permitieran llevarla adelante en la Justicia.

A juicio del analista, el asunto que verdaderamente comprometió a Flavio fue otro: su posición frente al asesinato de Ana Clara, una niña de cinco años que murió por un disparo de fusil efectuado por un policía frente a su casa. Cuando ocurrió el hecho, Flavio ya era senador y decidió asumir gratuitamente la defensa legal del agente involucrado. La madre de la niña, que había perdido a su hija por un disparo de un arma calibre .22, se encontraba presente entre el público durante el debate de Globo.

Lula aprovechó esa circunstancia para cuestionar a su adversario, particularmente cuando Flavio intentó introducir la seguridad pública como uno de los ejes de la discusión. La contradicción entre su discurso sobre el orden y su decisión de defender al policía señalado por la muerte de la niña se convirtió, según Manhanelli, en un punto vulnerable para el candidato opositor. El presidente consiguió llevar el debate desde las afirmaciones generales sobre la inseguridad hacia un caso concreto, con una víctima identificable y una madre que seguía reclamando justicia.

La controversia puso de manifiesto, además, una de las dificultades de Flavio durante la campaña: sostener una posición coherente cuando sus propias decisiones políticas entran en conflicto con los argumentos que utiliza para cuestionar a su adversario. En un escenario donde la imagen de confiabilidad resulta determinante, ese tipo de contradicciones puede pesar tanto como las propuestas económicas o los compromisos de gobierno.

El Congreso y la Corte Suprema: qué está en juego para las instituciones
La disputa brasileña no puede reducirse a una alternancia entre partidos ni a una confrontación personal entre dos dirigentes. Para Manhanelli, lo que está en juego es también la posibilidad de que el país adopte modelos de desarrollo y de inserción internacional muy diferentes, en un contexto en el que el equilibrio entre los poderes del Estado podría resultar determinante.

El consultor señaló que el partido de Flavio cuenta con una bancada numerosa y que, mediante acuerdos políticos, podría alcanzar mayorías en ambas cámaras del Congreso: el Senado y la Cámara de Diputados. También recordó que el candidato había amenazado con modificar la Constitución. A esa capacidad legislativa se sumaría una oportunidad decisiva para influir en la composición de la Corte Suprema, ya que tres de sus integrantes alcanzarían la edad límite de 75 años durante el próximo mandato presidencial y deberían retirarse obligatoriamente.

Para Manhanelli, la combinación de poder legislativo y capacidad de influir sobre el máximo tribunal podría reducir de manera significativa los contrapesos institucionales. En su análisis, una presidencia de Flavio tendría la posibilidad de impulsar cambios de gran alcance con menos obstáculos que los que enfrentaría Lula. El riesgo, explicó, consiste en que las instituciones que deberían limitar al Ejecutivo pierdan parte de su capacidad de intervención y control.

En el caso de una victoria de Lula, la situación sería distinta. El presidente tendría que gobernar con un Congreso desplazado hacia la derecha, lo que limitaría su margen de acción y lo obligaría a negociar. Esa restricción, aunque representa una dificultad política, podría contribuir a mantener cierto equilibrio entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Legislativo. Para el analista, preservar ese equilibrio sería fundamental para evitar que Brasil perdiera buena parte de sus mecanismos de protección social y de las garantías que sostienen la estabilidad económica y la confianza de los mercados.

Esa percepción ayuda a explicar un fenómeno que el analista consideró especialmente significativo: la aparición de sectores de la derecha que se oponen a Flavio Bolsonaro y manifiestan su respaldo a Lula, o al menos denuncian los riesgos que atribuyen a una eventual presidencia del candidato opositor. Manhanelli mencionó un movimiento denominado "22 líderes de derecha en contra de Flavio", integrado por dirigentes que cuestionan su candidatura. Aunque no necesariamente se trata de un respaldo directo y uniforme al presidente, ese posicionamiento contribuye a erosionar la imagen de Flavio y a introducir fisuras en el campo político que tradicionalmente se opone al PT.

La situación es diferente entre quienes votan a Bolsonaro. Según Manhanelli, una parte importante de ese electorado busca un cambio político, pero no necesariamente comprende las consecuencias económicas, institucionales e internacionales que podría tener un gobierno de esas características. El rechazo al PT funciona como principal motor de la decisión, sin que exista siempre una reflexión profunda sobre el rumbo que adoptaría el país.

Brasil y América Latina: soberanía, recursos estratégicos y política exterior
El consultor puso especial énfasis en los riesgos de una política exterior subordinada a los intereses de Estados Unidos. A su entender, una presidencia de Flavio podría profundizar una relación de dependencia que afectaría la capacidad de Brasil para defender sus propios intereses. Esa orientación, que describió como una forma de entreguismo, podría traducirse en una apertura política y económica excesiva hacia Washington y terminar perjudicando al propio país.

Quienes respaldan a Lula, en cambio, tendrían una percepción más clara de lo que consideran que está en juego. Manhanelli sostuvo que una parte de ese electorado comprende el peligro de que Flavio llegue al poder con una estructura parlamentaria favorable y una capacidad de transformación institucional considerable. La disputa, por lo tanto, no se limita a las políticas que un presidente podría implementar, sino que incluye la posibilidad de modificar las reglas y los equilibrios que condicionan el ejercicio del poder.

La dimensión internacional de la elección se vuelve todavía más importante cuando se consideran los recursos estratégicos de Brasil. Manhanelli mencionó las tierras raras, el petróleo y las relaciones con los países vecinos, además de los vínculos comerciales con las naciones que tienen a Brasil como uno de sus principales socios. Un cambio profundo en la orientación exterior del país podría alterar no solo su propio desarrollo, sino también el equilibrio económico y político de la región.

En ese sentido, Lula representaría, según el consultor, la posibilidad de mantener una política internacional con mayor autonomía y de continuar buscando un equilibrio entre China y Estados Unidos. Brasil podría seguir actuando como un interlocutor relevante en el escenario mundial, sin quedar completamente alineado con una de las dos potencias. Una eventual presidencia de Flavio, por el contrario, despertaría temores sobre una subordinación más marcada a los intereses estadounidenses y sobre sus consecuencias para la soberanía económica brasileña.

La discusión llevó a plantear una preocupación compartida en otros países de la región. Una columna publicada en el diario español El País, firmada por los economistas Joseph Stiglitz y Laura Carvalho, advertía que una victoria de Bolsonaro podría provocar un aumento del desempleo, una desaceleración del crecimiento, un incremento de la pobreza y un deterioro de las condiciones de vida de la clase media. La pregunta remitía también a la experiencia argentina, donde los efectos de determinadas políticas económicas habían alimentado debates similares.

Manhanelli coincidió en que la cuestión debía analizarse dentro de una dinámica más amplia que afecta a América del Sur. Mencionó las dificultades económicas que, a su juicio, acompañan a los gobiernos de extrema derecha de la región, incluida Argentina y Chile, y señaló que incluso algunos gobiernos de derecha europeos estaban intentando tomar distancia, al menos discursivamente, de Donald Trump. Según indicó, las cadenas DW y la BBC ya había abordado ese fenómeno en un análisis sobre las tensiones entre esos sectores políticos y el dirigente estadounidense.

Para el consultor, detrás de esas discusiones aparece una división estructural entre el Norte y el Sur global. América del Sur ha funcionado históricamente como un mercado auxiliar de las economías más poderosas, una posición que limita su capacidad para definir de manera autónoma sus prioridades productivas y comerciales. Desde esa perspectiva, la orientación política de Brasil resulta determinante, porque su peso económico le permite influir sobre las posibilidades de desarrollo del conjunto regional.

La experiencia reciente del propio país ofrece, según Manhanelli, un antecedente significativo. Durante el gobierno de Jair Bolsonaro, Brasil volvió a aparecer en el mapa mundial del hambre. Con el regreso de Lula al poder, el país consiguió revertir parte de esa situación en menos de dos años, según la evaluación del analista, y logró que sectores de la población abandonaran las condiciones de extrema pobreza y recuperaran un nivel mínimo de seguridad alimentaria. Esa evolución permitió mejorar los indicadores y alejar al país de la franja de hambre señalada por los organismos internacionales.

Sin embargo, los avances sociales no se tradujeron automáticamente en un respaldo político uniforme al PT. Manhanelli consideró que una parte importante de la clase media mantiene desde hace años un fuerte resentimiento hacia el partido y sus gobiernos. Ese malestar constituye uno de los principales obstáculos para Lula y ayuda a explicar por qué algunos sectores que habían respaldado al presidente en elecciones anteriores comenzaron a inclinarse por otras opciones.

El interior brasileño y el desgaste electoral de Lula
Los datos de la primera vuelta, según explicó Manhanelli, mostraron un cambio especialmente importante en el interior del país. Un análisis electoral había identificado 711 ciudades en las que Lula había ganado en 2022, pero perdió en 2026. De ese conjunto, solo catorce eran ciudades urbanas; las más de seiscientas restantes, alrededor de 680, eran localidades pequeñas y medianas cuya economía depende en gran medida del agronegocio.

La distribución territorial de esos cambios resulta clave para comprender el comportamiento electoral. No se trata únicamente de un desplazamiento ideológico generalizado, sino de un fenómeno vinculado a las condiciones económicas de regiones concretas y a las preocupaciones de quienes viven de la producción agropecuaria. Los pequeños y medianos agricultores, así como los habitantes de localidades cuya actividad comercial depende del dinero que circula en el campo, forman parte de un electorado que puede modificar el resultado nacional.

Flavio Bolsonaro intentó aprovechar ese descontento durante el debate, mientras Lula procuró defenderse de las críticas. Para Manhanelli, ese intercambio dejó al descubierto uno de los problemas centrales de la campaña del presidente: la dificultad de explicar qué hará en el futuro mientras dedica buena parte de su tiempo a defender lo que ya hizo desde el gobierno.

Como mandatario en ejercicio, Lula tiende a presentar los resultados de su gestión y a enumerar sus logros. Pero una parte de los votantes espera algo diferente: propuestas concretas para responder a las dificultades actuales. Esa distancia entre la defensa del pasado y las expectativas sobre el futuro podría explicar por qué algunos electores cambiaron su voto, incluso después de haber apoyado al presidente en la elección anterior.

El analista considera que buena parte de ese desplazamiento se concentra en el interior, entre personas vinculadas directa o indirectamente al agronegocio. Allí conviven pequeños y medianos productores rurales con habitantes de ciudades cuya economía depende de la actividad agropecuaria. Cuando el campo atraviesa dificultades, las consecuencias no quedan limitadas a las explotaciones agrícolas: se extienden al comercio, los servicios y el conjunto de la economía local.

Uno de los principales problemas, según Manhanelli, es la elevada tasa de interés de referencia de Brasil, conocida como SELIC. Su nivel encarece el financiamiento y dificulta el pago de las deudas de los productores rurales. Para quienes necesitan crédito para sostener la producción, comprar insumos o financiar sus actividades, el costo del dinero puede convertirse en una carga determinante.

El consultor consideró que esa situación tiene consecuencias que van mucho más allá de las decisiones de consumo de los hogares, como la compra de un televisor para el Mundial. El problema de fondo afecta a la capacidad de producir alimentos, mantener la actividad agrícola y sostener las economías locales que dependen de ella. La combinación de crédito caro, endeudamiento y dificultades productivas contribuye a alimentar el malestar de sectores que, en otras circunstancias, podrían haber seguido respaldando a Lula.

A ese fenómeno se suma el resentimiento de una parte de la clase media urbana hacia el PT. El resultado es una coalición electoral que se ha debilitado en algunos de los territorios donde el presidente había conseguido imponerse en 2022. Para Manhanelli, el cambio más importante entre aquella elección y la de 2026 es precisamente la pérdida de apoyo en la franja rural que había acompañado a Lula y que ahora parece inclinarse hacia otras alternativas.

La recuperación de esos votos se convirtió, por lo tanto, en una de las tareas centrales del tramo final de la campaña. El analista señaló que se había trabajado para intentar reconquistar a ese electorado, aunque el resultado de ese esfuerzo seguía siendo incierto. La evolución de las preferencias en las pequeñas y medianas ciudades podía terminar siendo tan relevante como el desempeño de los candidatos en los grandes centros urbanos.

Una elección que excede a sus candidatos
En una elección de márgenes estrechos, el resultado puede depender menos de la capacidad de los candidatos para conquistar nuevas adhesiones que de su habilidad para no perder las que ya tienen. El debate de Globo no parece haber alterado por sí solo el escenario, pero, según la lectura de Manhanelli, sí pudo consolidar una tendencia desfavorable para Flavio y ofrecer a Lula una ventaja relativa en el tramo final.

La incertidumbre, sin embargo, permanece. Con una sociedad dividida, un porcentaje significativo de indecisos y un sistema político en el que la distribución del poder legislativo puede resultar tan importante como la victoria presidencial, Brasil se encamina a una decisión que excede ampliamente la disputa entre dos nombres. Lo que se definirá en las urnas será también el alcance del antipetismo, la capacidad de la familia Bolsonaro para sostener su influencia y el margen de maniobra del próximo gobierno frente a un país profundamente polarizado.

Al concluir la conversación, el consultor expresó su deseo de que la jornada electoral concluyera de la mejor manera posible para todos los países involucrados en sus consecuencias. Su preocupación final, sin embargo, fue más allá del resultado inmediato: lamentó que las instituciones no estuvieran tan protegidas como esperaba.

Esa inquietud resume buena parte de su lectura de la elección brasileña. La contienda no solo enfrenta a dos liderazgos y a dos identidades políticas irreconciliables; también pone a prueba la solidez de las instituciones, la autonomía internacional del país, la continuidad de las políticas sociales y la capacidad del sistema democrático para preservar sus propios contrapesos.

En una región marcada por la polarización y las dificultades económicas, Brasil ocupa una posición demasiado importante como para que sus decisiones queden circunscritas a sus fronteras. La orientación de su próximo gobierno tendrá consecuencias sobre el comercio regional, el equilibrio entre las grandes potencias y las condiciones de vida de millones de personas. Por eso, para Manhanelli, la incertidumbre de la elección no representa solamente una incógnita electoral: expresa también la preocupación por el futuro de un país cuyo rumbo puede modificar el de toda América Latina.
Foto: Agencia AFP

Escuchá la entrevista completa:

viernes, 23 de octubre de 2026

Un conductor de radio deberá pedir disculpas públicas y capacitarse por violencia simbólica y mediática

La jueza de Familia de Roca, Ángela Sosa, ordenó al comunicador que se abstenga de reproducir o avalar mensajes discriminatorios contra las mujeres. También deberá disculparse públicamente con la denunciante y acreditar una capacitación en violencia de género dentro de los próximos 90 días.

Una mujer expresó su opinión durante un programa de radio, en el contexto del 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Su intervención motivó la reacción de un oyente, que envió un audio con un insulto sexista dirigido hacia ella: la calificó de "mal co...". La situación se agravó por la respuesta del conductor del programa, quien, en lugar de cuestionar la expresión discriminatoria, la avaló y minimizó su contenido.

A partir de los hechos denunciados, la jueza de Familia de Roca, Ángela Sosa, consideró que la conducta del comunicador constituyó un caso de violencia de género en su modalidad simbólica mediática.

En su resolución, la magistrada ordenó al denunciado abstenerse de reproducir o avalar mensajes discriminatorios que atenten contra la dignidad de las mujeres o que contribuyan a perpetuar patrones socioculturales de desigualdad y violencia.

Además, dispuso que el conductor pida disculpas públicas a la denunciante, a través del mismo medio de comunicación en el que ocurrieron los hechos, dentro de los cinco días posteriores a la notificación de la resolución.

También deberá acreditar, en un plazo de 90 días, la realización de al menos una instancia de formación, curso, jornada o capacitación sobre violencia de género, con especial atención a la violencia simbólica mediática. La jueza señaló la responsabilidad pública que le corresponde al comunicador por su actividad en un medio de difusión.

La capacitación podrá realizarse gratuitamente a través de la Escuela de Capacitación Judicial del Poder Judicial de Río Negro, mediante una propuesta sobre masculinidades, o por medio de otra instancia formativa elegida por el denunciado, cuyos costos deberá afrontar de manera particular.

Los fundamentos de la resolución
Para fundamentar su decisión, Sosa aplicó la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que define la violencia simbólica y contempla su modalidad mediática.

La magistrada también citó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley 27.039, la Constitución Nacional y los tratados internacionales vinculados con la igualdad, la dignidad humana y la libertad de expresión. Asimismo, tuvo en cuenta las recomendaciones generales 19 y 35 de la CEDAW y las disposiciones del Código Procesal de Familia de Río Negro.

En su análisis, explicó que la violencia simbólica no requiere una agresión física para manifestarse. Puede expresarse mediante mensajes, estereotipos, valoraciones y conductas que reproducen relaciones desiguales de poder y naturalizan la subordinación de las mujeres.

En ese sentido, advirtió que la difusión de expresiones discriminatorias a través de los medios de comunicación puede contribuir a legitimar la desigualdad, especialmente cuando quienes tienen responsabilidad pública avalan o minimizan esas manifestaciones.

El rol de los medios y la violencia simbólica
En los fundamentos de la resolución, la jueza retomó los aportes de la antropóloga Rita Segato y de la jurista Graciela Medina para reflexionar sobre el carácter sutil de la violencia simbólica y su contribución al sostenimiento de las estructuras jerárquicas de la sociedad.

La magistrada destacó que los medios de comunicación influyen en la construcción de la identidad de las mujeres, en la percepción que tienen de sí mismas y de sus cuerpos, y en las concepciones y expectativas de los hombres respecto de las mujeres. En ese sentido, subrayó el papel de los medios en la formación de la opinión pública.

Sosa también puso el acento en la responsabilidad de los comunicadores sociales y en la necesidad de revisar las respuestas frente a los actos de violencia, tanto por acción como por omisión. En la resolución, advirtió sobre la importancia de promover un cambio de mirada frente a una forma de violencia que muchas veces permanece invisibilizada.

En esa línea, sostuvo que resulta imprescindible repensar las prácticas y trabajar en programas y propuestas orientados a erradicar la violencia. También señaló que la empatía, la pacificación y el buen trato son aspectos fundamentales para las relaciones sociales.

El incumplimiento puede derivar en medidas judiciales
La resolución establece que el incumplimiento de las medidas ordenadas podrá dar lugar a una causa penal por desobediencia a la autoridad, conforme al artículo 239 del Código Penal, además de otras medidas judiciales destinadas a garantizar su cumplimiento.

Por último, la jueza hizo saber a la denunciante que cuenta con recursos institucionales de orientación y acompañamiento profesional en el hospital local, en caso de necesitarlos.

La decisión pone de relieve la responsabilidad de quienes intervienen en espacios de comunicación pública y la importancia de prevenir expresiones que reproduzcan estereotipos, desigualdades y formas de violencia contra las mujeres. Fuente: Poder Judicial de Río Negro

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