lunes, 23 de enero de 2017

Donald Trump afronta nuevas críticas tras atacar a los medios de EEUU

La respuesta de Trump a las manifestaciones llegó este domingo, a través de Twitter. "¡Miré las protestas de ayer pero tengo la impresión de que recién tuvimos una elección! ¿Por qué estas personas no votaron? Las celebridades malamente dañan la causa", escribió el presidente
El presidente Donald Trump enfrentaba críticas este domingo tras acusar a los medios de menospreciar la cantidad de asistentes a su investidura, un día después de que millones de estadounidenses salieran a las calles a protestar contra el nuevo mandatario.

El deslenguado magnate y su portavoz criticaron con vehemencia el sábado a los medios, en lo que fue el primer día completo de Trump como presidente, acusando a los periodistas de mentir sobre la estimación de la cantidad de personas que asistieron a su ceremonia de juramento.

El ataque tuvo lugar mientras más de dos millones de personas invadieron las ciudades estadounidenses en protestas lideradas por mujeres que se oponen a Trump, muchas de las cuales temen que el nuevo presidente vulnere los derechos de las mujeres, de los inmigrantes y de las minorías.

La respuesta de Trump a las manifestaciones llegó este domingo, a través de Twitter. "íMiré las protestas de ayer pero tengo la impresión de que recién tuvimos una elección! ¿Por qué estas personas no votaron? Las celebridades malamente dañan la causa", escribió el presidente.

En un segundo tuit, una hora más tarde, Trump declaró que respetaba el derecho a manifestarse: "Las protestas pacíficas son un sello distintivo de nuestra democracia. Aunque no siempre estoy de acuerdo, reconozco los derechos de la gente a expresar sus opiniones".

La escala de las masivas protestas, que tuvieron eco con marchas hermanas en distintas partes del mundo, ponen en evidencia el desafío que enfrenta la estrella de la telerrealidad ahora que es el líder de la nación más poderosa del mundo.

De hecho, llegó al Salón Oval con sólo 37% de aprobación. Los nuevos líderes estadounidenses suelen iniciar su mandato con una aprobación por encima de 50%, lo que pone Trump, que regularmente comenta sobre su popularidad y sus índices de aprobación, a la defensiva.

Críticas del jefe saliente de la CIA
Según los analistas, el hecho de que Trump y su jefe de prensa arremetieran contra los medios por sus reportes sobre la ceremonia de juramento fue una manera de intentar cambiar el foco de atención.

Las imágenes de las enormes manifestaciones contra Trump transmitidas por los canales de información continua fueron seguidas por el debate sobre su "guerra contra los medios", algo que suele agradar a sus seguidores.

Durante su visita a la sede de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Virginia, el sábado, el republicano insistió, pese a la evidencia en su contra, que atrajo a 1,5 millones de personas en su ceremonia de juramento del viernes.

"Hice un discurso. Miré, el campo estaba lleno, parecía que hubiera un millón o un millón y medio de personas", dijo delante de los miembros de la CIA. "(Los medios) mostraron una imagen donde prácticamente no había nadie", agregó.
Sus comentarios fueron criticados por el saliente director de la CIA, John Brennan, que renunció el viernes, según el diario The New York Times.

El diario citó a Nick Shapiro, que sirvió como jefe de gabinete de Brennan, quien dijo que éste "está profundamente triste y enojado ante la exhibición despreciable de auto-engrandecimiento de Donald Trump delante del muro en memoria de los héroes caídos de la CIA.

"Brennan dice que Trump debería tener vergüenza de él mismo", agregó Shapiro.

El nuevo secretario de prensa de Trump, Sean Spicer, fue aún más lejos en el ataque contra los medios, usando su primera conferencia en la Casa Blanca para criticar a los periodistas sentados frente a él por difundir "deliberadamente informaciones falsas" sobre la cantidad de público que asistió el viernes.

"Fue la mayor audiencia que alguna vez acompañó una investidura. íPunto!", dijo el nuevo portavoz presidencial. "Estos intentos de reducir el entusiasmo de la inauguración son vergonzosos y erróneos".

Spicer abandonó la sala sin aceptar preguntas.
Se estima que 1,8 millones de personas estuvieron en el 'National Mall' en 2009 cuando Barack Obama juró por primera vez como presidente, según las agencias locales y nacionales en ese entonces.

Las autoridades de Washington informaron que esperaban entre 800.000 y 900.000 asistentes a la ceremonia de Trump, la mitad que la multitud de 2009.

Imágenes aéreas
Spicer pareció ansioso por imponer nuevas normas a la prensa, repetidamente criticada por Trump durante la campaña, quien incluso acusó a los grandes medios de dar "noticias falsas".

La intensidad de la aparición de Spicer sugiere que tanto él como Trump estaban furiosos con la cobertura de la ceremonia del viernes.

Las autoridades de la capital tienen como regla no comunicar las estimaciones de la cantidad de gente, para evitar toda polémica. La comparación de las fotos aéreas tomadas el 20 de enero de 2009 y el viernes muestran que la investidura del republicano sólo reunió a unos cientos de miles de personas, indiscutiblemente menos que para Obama.

Y las imágenes de la televisión mostraron claramente que la gente no llegó a cubrir enteramente el espacio hasta el monumento a Washington, el obelisco del centro de la capital, como aseguró Trump.
Fuente: AFP

Israel promueve la “Ley de Facebook” y amenaza la libertad de expresión

Por: Marwa Fatfata, traducido por: María Ángeles Jurado Bello
La Knesset israelí aprobó, la semana pasada, una primera lectura de la nueva polémica ley, que permitiría a las Cortes israelíes obligar a las compañías de redes sociales a eliminar el contenido online que se considere “incitante”.

La “eliminación del contenido criminalmente ofensivo de internet”, conocido como “la ley de Facebook”, permite a las administraciones de Israel, a petición del gobierno, otorgar órdenes a las plataformas sociales como Facebook y Twitter pidiéndoles que eliminen contenido online considerado violento. La ley tiene que someterse a dos rondas más de aprobación por la Knesset israelí para que se convierta en una ley.

Las Normas Comunitarias de Facebook ya habían prohibido, explicitamente, incitar a la violencia, aunque existen pruebas de que la empresa lucha para reforzar esta política en todo el mundo. Además, el Gobierno de Israel ha indicado que ya está trabajando con Facebook para controlar las publicaciones “provocadoras”. En el 2016, una delegación del gigante de la redes sociales, con sede en EE. UU., se reunió con representantes del gobierno israelí y ambas partes llegaron al acuerdo de trabajar juntos para controlar las “provocaciones” en la plataforma. Aún no está claro cómo puede afectar el cambio en la legislación israelí a los procesos de Facebook relacionados con el contenido en Israel.

La ley está patrocinada por la Ministra israelí de Justicia, Ayelet Shaked, y el Ministro israelí de Seguridad Pública, Gilan Erdan, quienes habían atacado previamente al gigante de las redes sociales por avivar lo que describen como provocación de Palestina hacia Israel, siguiendo un aumento de violencia en octubre del 2015. La creciente frustración provocada por el fallido proceso de paz, mientras Israel continúa ocupando territorios palestinos y violando los derechos humanos de sus habitantes, había explotado en una oleada de violencia en Jerusalén y Cisjordania, dejando al menos 220 palestinos y 30 israelíes fallecidos. A pesar del acuerdo previo con Facebook, Shaked dijo que “es importante que esta colaboración se convierta en obligatoria”.

Según los medios israelíes, la nueva ley define la provocación online como: “la propia publicación es un delito, y su visibilidad pública puede presentar un riesgo potencial para la seguridad personal, pública y nacional”.

Hay que tener en cuenta que los palestinos que son ciudadanos y residentes de Israel caen bajo la jurisdicción civil israelí, mientras que los palestinos que viven en territorios ocupados se encuentran bajo el dominio militar. La jurisdicción legal territorio de la ley aún está por determinar.

Aunque la ley se aplique a todos los ciudadanos de Israel, los palestinos tienen miedo de seguir siendo el objetivo de detenciones e investigaciones relacionadas con lo que publican. Irónicamente, la misma Shaked, que está impulsando esta ley ahora, usó Facebook para hacer un llamamiento a la guerra contra la sociedad palestina y promover, incluso, que se asesinen a las madres de aquellos involucrados en la violencia. Sin embargo, fue nombrada Ministra de Justicia a pesar de su publicación (que ya ha sido borrada, pero a la que se puede acceder desde el Internet Archive), la que algunos investigadores argumentan es un llamado a lo que la ONU denomina genocidio.

Mientras la introducción de la ley asegura que “habrá instrucciones y limitaciones para prevenir daños a la libertad de expresión”, la vaga definición de lo que constituye una amenaza para la seguridad pública y nacional arroja luz verde sin precedentes al estado online de censura y vigilancia.

Muchos palestinos han recurrido al uso de las redes sociales como una forma no violenta de expresar críticas y rabia por violaciones de derechos humanos, y como una manera de mostrar simplemente las realidades cotidianas de la ocupación. En caso de que sea aprobado, el proyecto de ley podría ser utilizado para silenciar este tipo de discurso y de ese modo extender la ocupación al mundo en línea.

Un caso prominente es la detención de Dareen Tantour, una poetisa palestina de 35 años, por publicar un poema en Facebook como protesta por el asesinato de tres niños palestinos. El 11 de octubre del 2015, la policía israelí entró a su casa, cuando amanecía, y la detuvo por “incitar la violencia” y la puso bajo arresto domiciliario. En el poema, titulado “resiste, mi pueblo, resísteles”, Tantour escribe:
En Jerusalén, vestía mis heridas y respiraba mis penas,
Y llevaba el alma en la palma,
hacia una palestina árabe,
no sucumbiré a la “solución pacífica”,
Nunca bajaré mi bandera,
Hasta que no los expulse de mi tierra.
Dentro de poco los echaré.
Resiste, mi pueblo, resísteles.
Resiste al robo de los colonos,
Y sigue a la caravana de los mártires.
En una campaña solidaria con Dareen, Salil Tripathi, presidente del Comité de Escritores en Prisión de Pen International, dijo:
Los cargos presentados contra Dareen Tatour son serios, y el estado de Israel quiere plantear el caso de que sus palabras han llevado directamente a incidentes violentos. Sin embargo, Israel no ha mostrado un vínculo directo. Todo lo que Dareen Tatour ha hecho ha sido escribir un poema. Nunca debería haber estado bajo arresto domiciliario.
Dareen no está sola. Entre octubre del 2015 y enero del 2016, Israel detuvo a 150 palestinos por motivos de “provocación en las redes sociales”, según un informe de 7amleh, del Centro árabe para el progreso de las redes sociales.

La Sección Palestina de Defensa Internacional de la Infancia también informó que Israel había puesto, ilegalmente, a docenas de niños palestinos bajo la detención administrativa, debido a lo que publicaron en Facebook. Fueron interrogados y encarcelados durante meses sin la presencia de un padre o una madre.

En setiembre del 2016, los activistas palestinos documentaron numerosas suspensiones de las cuentas personales de Facebook de los periodistas palestinos y páginas de medios. Cuatro editores en la Agencia de Noticias Shehab, en Palestina, y tres periodistas de la página de noticias, Al Quds, con millones de seguidores, tuvieron que cerrar las cuentas. Los seguidores respondieron con una protesta online bajo la etiqueta #FBCensorsPalestine. Poco después, Facebook lamentó la suspensión explicando que había sido un error.

Los israelíes también están preocupados por la ley. Tehilla Shwartz Altshuler, líder del Centro de Valores e Instituciones Democráticas del Instituto Israelí de Democracia, le dijo a Bloomberg que la ley es “un asalto a la libertad de expresión en una escala internacional” y necesita ser revisada. En una entrevista con el Jerusalem Post, MeyTal Greiver-Schwartz, de la Asociación israelí de Internet, alertaba que la ley “permitiría la retirada de contenido legítimo, puessolo incluye términos vagos y generales – como el “daño a la sociedad o nación” – que no se pueden interpretar de forma general.

Aún no está claro el impacto que puede tener la ley en los políticos y partidos en Palestina. Pocos días después de la aprobación de la primera lectura de la ley el 3 de enero, los activistas palestinos informaron que Facebook había cerrado casi 30 cuentas personales, 90 páginas de Facebook, que creían estaban vinculadas con el Movimiento de Resistencia Islámico, Hamas. Recientemente, este conmemoró el 21 aniversario del asesinato de su líder Yaha Ayyash, el primer ingeniero del ala militar de Hamas, quien fue asesinado por Israel en 1966. Honorado en Palestina como un héroe, los seguidores de Hamas publicaron en su memoria “Se como Ayyash” en Facebook.

El cierre podría haber sido el resultado de las Normas Comunitarias de Facebook, las cuales prohíben la presencia de lo que se conoce como “organizaciones peligrosas” involucradas en el terrorismo o actividades del crimen organizado. Tanto para el gobierno israelí y estadounidense, Hamas está considerado como una organización terrorista.
Imagen: Wikimedia, “Discurso de odio” por Carlos Latuff
Fuente: Global Voices

“La acefalía en la Defensoría del Público limita su funcionamiento”

Desde noviembre pasado no hay un defensor del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual designado. El equipo que está a cargo del organismo reclama que el Congreso regularice la situación. Las propuestas de la Defensoría ante la posible nueva Ley Audiovisual
Guembe fue nombrada como subrogante por la comisión bicameral
Lamas es director de Capacitación de la Defensoría
Por: Washington Uranga
La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DP) es un organismo creado en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) cuya misión es promover, difundir y defender el derecho a la comunicación democrática de las audiencias de los medios de comunicación audiovisual en todo el territorio nacional. La decisión del Gobierno de la alianza Cambiemos y del presidente Mauricio Macri que, por decreto, redujo la ley de la democracia a su mínima expresión, preservó sin embargo a la Defensoría, organismo al que desde el ámbito nacional e internacional se le reconoce el importante aporte realizado a lo largo de cuatro años.

En este proceso ha sido fundamental la figura de la Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, cuya labor fue destacada por actores nacionales, organismos internacionales y por sus pares de otros países. Sin embargo, vencido el periodo de Ottaviano el pasado 14 de noviembre, la Comisión Bicameral del Congreso optó por no designar a un reemplazante ni tampoco renovar el mandato de la defensora saliente.

Frente a la acefalía, desde la misma Defensoría se elevó a la Comisión una propuesta finalmente aceptada para designar como subrogante a la abogada María José Guembe, directora de Protección de Derechos de la Defensoría, quien hoy cumple funciones como máxima autoridad del organismo con firma delegada.

La decisión de los legisladores, si bien supone una salida transitoria que permite el funcionamiento de la DP, implica también cierta fragilidad institucional respecto del organismo encargado de la articulación entre los distintos sectores y actores de la comunicación y el público.

PáginaI12 se entrevistó con María José Guembe y con el comunicador Ernesto Lamas, director de Capacitación y Promoción de la DP, responsable del despliegue territorial del organismo y a cargo de buena parte de las líneas de acción.

¿Cuál es la situación actual de la Defensoría?
María José Guembe: La Comisión Bicameral de Promoción y seguimiento de la comunicación audiovisual, las tecnologías de las telecomunicaciones y la digitalización adoptó la decisión de autorizar a una persona transitoriamente para ejercer la titularidad del organismo. Esa autorización recayó en mí, que soy la directora de Protección de Derechos de la Defensoría. No implica una designación como Defensora con todas las facultades, sino solo para realizar actos conservatorios para el funcionamiento de la institución y la preservación de sus recursos.

Pero, ¿estamos frente a una limitación en cuanto al funcionamiento de la Defensoría?
M. J. G.: Sí. Esta situación de acefalía limita el funcionamiento del organismo. No obstante seguimos recibiendo y canalizando reclamos y continúan las líneas de trabajo, que fueron informadas oportunamente a la Comisión Bicameral y que cuentan con reconocimiento internacional por parte de las instancias de protección de derechos humanos y libertad de expresión. Es fundamental que el Poder Legislativo cumpla con la normativa vigente y lleve adelante el proceso de designación de un defensor o una defensora una vez iniciado el nuevo período legislativo.

¿Cómo es el proceso de elección de la o el Defensor del Público?
Ernesto Lamas: La Comisión Bicameral debe proponer una candidatura a ambas cámaras. Ese proceso puede llevar alrededor de un mes mientras se hace la presentación y se publican los antecedentes de la persona propuesta. Hay también un período para recibir adhesiones o impugnaciones. Luego se vota en el Congreso. En este momento la única candidata es Cynthia Ottaviano, que recibió el apoyo de los ocho legisladores pertenecientes al FpV y PJ. En la última reunión de la Comisión Bicameral, quien la presidía, el diputado radical Miguel Ángel Bazze, se comprometió a generar condiciones para que en cuanto se constituya la comisión este año, se convoque a la elección. Los miembros de la comisión seguirán siendo los mismos que en este momento (8 FpV-PJ, 3 UCR, 3 PRO, 1 FR y 1 PJ). La presidencia debería recaer en un senador o senadora.

En síntesis ¿qué balance pueden hacer de los cuatro años de gestión en la Defensoría?
M. J. G: En estos cuatro años, desde la Defensoría logramos amplificar el ejercicio del derecho humano a la comunicación y promovimos una perspectiva de diálogo y reflexión conjunta con todos los actores, de todos los ámbitos, como herramienta central para defender los derechos de las audiencias. Esa fue la impronta que le otorgó Ottaviano y que fue reconocida ampliamente como el camino más acertado para lograr cambios en las prácticas de la comunicación que vulneran derechos. En cuatro años recibimos y tramitamos más de once mil presentaciones; se hicieron veinte audiencias públicas con miles de participantes; se dictaron centenares de capacitaciones en todo el país; se fortalecieron los proyectos de comunicación audiovisual de medios comunitarios, campesinos y de pueblos originarios. Impulsadas por Gerardo Halpern, director de Investigación, se desarrollaron investigaciones en comunicación que no tenían antecedentes en el país y se impulsaron proyectos a través de convenios con el Conicet y distintas universidades en todo el país; se adoptaron recomendaciones, tal como establece la ley, para que las políticas públicas y las prácticas mediáticas respeten todos los derechos; y se acercó la herramienta de la Defensoría móvil a toda la población. Por todo esto, se logró un reconocimiento nacional e internacional que es muy relevante para un organismo del Estado.

Dentro de todo ese panorama ¿qué ha sido lo más importante para ustedes?
M. J. G.: Es muy importante haber construido una agenda y herramientas de trabajo conjuntamente con las organizaciones sociales de los sectores históricamente vulnerados en el país, como personas LGTBI, las mujeres, las personas mayores, migrantes, afrodescendientes, jóvenes, personas con discapacidad, entre otros. Todos los balances anuales de la tarea realizada se presentaron a la Comisión Bicameral y a la sociedad en su conjunto, y no recibieron objeciones por parte de ninguna fuerza política representada en el Congreso, sino más bien reconocimiento por la tarea realizada.

¿Cuáles son los principales actores con los que se trabajó?
E. L.: En estos cuatro años la Defensoría del Público trabajó con todos los sectores del campo de la comunicación audiovisual. Al ser un organismo nuevo y tener entre sus tareas la difusión de la ley de comunicación audiovisual, la normativa y los valores allí planteados, una buena parte de las acciones fueron de carácter pedagógico. Trabajamos con medios comerciales, públicos y sin fines de lucro. Logramos interesantes espacios de reflexión con productores y directivos de medios privados que en general han tenido buena predisposición para recibirnos y cumplir con las recomendaciones. Desde la creación de la Defensoría se adoptó la decisión de trabajar especialmente con los sectores que durante años lucharon por una ley de servicios de comunicación de la democracia, muchos de los cuales estaban imposibilitados de ejercer el derecho humano a la comunicación con la ley de radiodifusión de la dictadura. La mayoría de esos sectores fundaron la Coalición por una Radiodifusión Democrática que en 2004 presentó los 21 puntos por el derecho humano a la comunicación, que fue la base sobre la que se redactó el proyecto de ley luego aprobado en el Congreso. Más allá de la posibilidad de presentación de reclamos por parte de toda la ciudadanía, la interacción con sindicatos, unidades educativas de todos los niveles, medios comunitarios y de pueblos originarios, organizaciones que desde su práctica cotidiana reclamaban un lugar en los medios audiovisuales (como por ejemplo las asociaciones de personas sordas de todo el país, que reclamaban por la accesibilidad planteada en la ley) fue prioritaria y permitió a la Defensoría llegar a todos los sectores y a todas las provincias del país.

Desde el Gobierno se habla de una nueva ley de la convergencia. ¿Es posible una Defensoría del Público en una futura ley convergente? ¿Cómo sería? ¿Hay algunas ideas?
E. L.: El 21 de septiembre pasado, la Defensoría participó en una reunión convocada por la Comisión Redactora para una nueva ley que se supone unificará las leyes de Comunicación Audiovisual y de Argentina Digital. Allí el organismo planteó a la Comisión que la normativa que se dicte no puede dar marcha atrás en relación con los derechos que reconoció la LSCA 26.522, debido, precisamente, a las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y la imposibilidad de regresividad en esa materia. Además, la Defensoría alcanzó propuestas concretas para la posible nueva ley, la mayoría de ellas recabadas en las tres audiencias públicas y los foros de debate que se organizaron durante 2016 en todo el país.

¿Cuál es el sentido general de las propuestas de la Defensoría?
E. L.: Están orientadas a profundizar los derechos en un escenario de convergencia que es un fenómeno cultural, además de tecnológico y económico. Consolidar el derecho de todas las personas a la comunicación y a los contenidos; garantizar el derecho al pluralismo y la diversidad con protección de la producción nacional y la necesidad de restitución de medidas antimonopólicas, limitación de mercado y de propiedad cruzada de medios. También hicimos propuestas sobre la protección de niños y niñas en el acceso a los contenidos en todos los formatos y pantallas. En relación con la propia Defensoría, se propuso ampliar las competencias del organismo a las nuevas realidades que se regulen, para consolidar la ciudadanía comunicacional y no retroceder a una lógica de consumo.

¿Cómo es el equipo que tiene hoy la Defensoría del Público?
M. J. G.: La Defensoría fue creada para defender los derechos de las audiencias y la base inicial fue convocada por la primera defensora con un criterio plural, profesional y de reconocida trayectoria en el campo de la comunicación y los derechos humanos. Las siete direcciones en las que está estructurado el organismo cuentan con personal altamente calificado con formación académica y experiencia en el campo de la comunicación y el derecho. Entre quienes trabajan en el organismo hay especialistas en derechos humanos, en ciencias de la comunicación, en investigación social; en capacitación, en periodismo y en administración, muchos de los cuales poseen una larga experiencia en la función pública. Es un equipo multidisciplinario que se reparte en las direcciones de Protección de Derechos, Capacitación y Promoción, Análisis e Investigación, Relaciones con las audiencias, Comunicación, Administración y Legal y técnica.

¿Cuáles son los próximos pasos que dará el equipo de la Defensoría?
E. L.: La autorización con la que contamos nos permite un funcionamiento parcial. Hasta que sea elegida la defensora o defensor quienes estamos a cargo de las direcciones y el equipo de trabajadores vamos a garantizar el funcionamiento. Seguimos recibiendo y canalizando reclamos de las audiencias de radio y televisión. Tenemos pensado realizar durante el primer trimestre de 2017 talleres en medios, charlas de promoción de derechos en universidades y otros ámbitos educativos. La Defensoría Móvil está durante este verano en la colonia de vacaciones del municipio de Ituzaingó y en la Universidad de José C. Paz, desarrollando acciones de capacitación con estudiantes y docentes.

La LSCA fue reformada por decreto, pero sigue vigente buena parte de su articulado donde está planteado el derecho humano a la comunicación y, en esa dirección, la Defensoría tiene una importante tarea para seguir realizando.
Foto: Rafael Yohai
Fuente: PáginaI12

domingo, 22 de enero de 2017

Despidos en Clarín: el caso testigo que usa el gobierno para la reforma laboral, imprime Tiempo Argentino

El diario cooperativo edita que el Ministerio de Trabajo sigue sin intervenir luego de que Magnetto echara a 380 trabajadores en la planta impresora. Flexibilización de convenios, reducción de costos laborales y represión de reclamos gremiales son la base de la «Revolución del Trabajo» de Cambiemos, que se propicia en AGR para mostrar como ejemplo. Funcionarios advirtieron ante una CGT dividida que, si no aceptaban sus políticas, se aplicarían igual por decretos, como ocurrirá esta semana con los cambios en la ley de ART. Los empresarios respaldan el plan oficial. Nada es casual: las cesantías masivas en Clarín siempre coincidieron con dictaduras y ajustes neoliberales
Por: Ricardo Gotta
Casi todas las avanzadas sindicales que el Grupo Clarín dirimió con despidos masivos coincidieron con épocas en las que el país transitó por flexibilización laboral, o se aprestaba a hacerlo. A la vez, de ese modo, genera conflictos que suelen actuar como casos testigo, que les marcan los pasos a seguir a los gobiernos de turno. Así, en correlato con su alianza con el macrismo, la empresa se lanzó esta semana a una nueva maniobra de disciplinamiento de los trabadores del grupo y, como consecuencia, de otras empresas del sector y de otros rubros. Bajar los costos laborales, pauperizar las condiciones de trabajo, arrasar con los últimos logros gremiales, derrumbar el convenio colectivo vigente. Lograr silencio. Lo que quiere el macrismo con el ámbito laboral. Lo que quiere imponer Clarín con AGR, como lo logró con la planta Zepita (mediante otros modos) y como seguirá intentándolo en el diario, en TN, C13, Radio Mitre y las demás empresas del multimedio.

AGR es el caso testigo de estos días. Así como lo fue en la década pasada, con otro gobierno, en otras circunstancias, con resultado favorable a los trabajadores. Como lo fue Clarín, la nave insignia del grupo, toda la vida.

Lo fue desde que el desarrollismo manejaba el tercer piso de la redacción de la calle Piedras, de la mano del Clan Frigerio. En 1966, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía –con Adalbert Krieger Vasena en Economía, desde donde, entre otras medidas escasamente populares, decidió la suspensión de los convenios colectivos de trabajo y los aumentos salariales por el término de dos años–, se descabezó la comisión interna de prensa integrada por Eduardo Jozami y Emilio Jáuregui. Lo mismo intentaron con los gráficos que se apoyaron en Raimundo Ongaro, quien iniciaba su conducción de puño combativo en la Federación Gráfica Bonaerense.

En 1972, los periodistas volvieron a organizarse. Ricardo Esparis, Juan José Panno, Oscar Martínez Zemborain, Oscar González, Carlos Dradac (redacción), dos trabajadores de expedición y un administrativo de la oficina Corrientes, fueron los integrantes de la CI de prensa: discutían salarios con José Aranda o Héctor Magnetto y otras cuestiones con Jorge Figueiras. Pero llegó 1976. Poco antes del golpe, el 3 de febrero vallaron el edificio, tanto por la calle Piedras como por Tacuarí, mantuvieron bajas las persianas, desbordaba la seguridad. A los delegados los arrojaron a la calle como preludio de los despidos que se vendrían a mitad de año: 600 de un padrón de 1600. “El diario se sentía ‘injuriado’ y pretendía despedirnos con causa ‘por atentar contra la producción y los bienes de la empresa’”, relató Esparis, años después, para la edición de Clarinete, el periódico que solían editar los propios trabajadores en tiempos de conflicto. Del Ministerio de Trabajo la respuesta fue intervenir la Asociación de Periodistas de Buenos Aires. Todo fue peor luego del 24 de marzo.

Los argentinos soportaron como pudieron la dictadura cívico-militar y la Guerra de Malvinas. El país cambiaba luego. También la redacción de Clarín: hubo un germen de reorganización sindical, con epicentro en la sección Deportes. Se imponía la efectivización de colaboradores que cumplían funciones de redactores y hasta de editores. Cuando la empresa lo detectó, echó a los activistas. A los más experimentados, Alberto Guilis (Internacionales) y Alejandro Horowicz (Economía); a los jóvenes Alejandro Fabbri, Gustavo Veiga y Alejandro Guerrero (Deportes). Zafaron Alfredo Leudo y Julio Blanck, quienes con el tiempo pasarían a Política. No zafó Julio Nudler (jefe de Economía) quien osó ir a la asamblea realizada horas después de los despidos. “Nos habían infiltrado. Luego lo confirmamos. Y nos limpiaron. La excusa fue una extraña pintada en la puerta del jefe de redacción (Marcos Cytrynblum). Posteriormente nos reuníamos en La Fraternidad. Le hicimos juicio y lo ganamos en primera instancia. Pero en segunda instancia, la Cámara le dio la razón a la empresa. Solo los pagaron el salario familiar…”, recuerda Gustavo Veiga.

Por esos días,el presidente del Banco Central, Julio González del Solar, firmaba una comunicación con titulo sin eufemismos: "Transformación de la deuda externa privada en deuda pública” Muchas empresas se beneficiaron generosamemente. Horacio Verbitsky siempre aseguró que una se ellas fue el Grupo Clarín.

Democracia
Ya en el '84, se votó la primera Comisión Interna luego de la dictadura. Y no solo eso, sino que se armó una intersindical. Pablo Llonto era el secretario general. El presidente Raúl Alfonsín se enfrentó con el multimedios. Su ministro César Jaroslavsky tenía muy buena relación con la interna.

Pero el pico de la actividad reivindicativa se registró en el '89, cuando se hizo la toma de la planta de Zepita, el 13 de julio, a cinco días de la asunción de Carlos Menem. El motivo: reclamos salariales insatisfechos. Había hiperinflación y los aumentos, magrísimos. Sugestivamente, por primera vez la empresa otorgaba un porcentaje menor que la inflación. El diario de ese día se realizó pero no salió a la calle: Clarín hizo una denuncia por usurpación; la Justicia rápidamente dictó el desalojo y la asamblea de trabajadores mayoritariamente votó acatarla, enfrentándose a la propia CI, que quedó debilitada. A partir de allí, la empresa persiguió con cinco causas penales a Pablo Llonto: le prohibió la entrada a la redacción y pidió su desafuero. Otra vez el Poder Judicial jugó para el más poderoso: cada vez que el delegado ganaba las instancias legales, los abogados de Clarín apelaban; hasta que la Corte menemista integrada entre otros por Julio Nazareno, Carlos Fayt, Adolfo Vázquez y Eduardo Moliné O’Connor, le dio la razón a Clarín.

La actividad sindical retornó recién en el 2000: Clarín se despachó con algunos despidos y la gente se autoconvocó. Removieron a los delegados Carlos Quatromano y Rubén Camaratta, y hubo elecciones internas, que debieron realizarse fuera del edificio, en una combi. El 16 de agosto, 565 trabajadores votaron a los diez integrantes de la nueva CI: Ana Ale (Economía), Olga Viglieca (Zona), Aníbal Ces (Infografía); Gustavo Bruzos (Autos), Ariel Borenstein (Mística, Olé), Daniel Luna, Inés Ulanovsky y Mario Cocchi (Foto), Beatriz Blanco (Agenda) y Daniel Ponzo (Turf). Las asambleas en el centro de la redacción, en el segundo piso, eran multitudinarias. Se pedía la reducción de las jornadas laborales de nueve y diez horas a las seis horas que marcaba el convenio; la efectivización de colaboradores y contratados –a mitad de los '90, distintos sectores de la redacciones fueron desbordadas por “pasantes”–; el cese de los despidos; el respeto a la actividad sindical y la denuncia de discriminación sufrida por embarazadas y madres en lactancia.

Pero el 4 noviembre de 2000 se encendió la alarma: a la madrugada, personal policial cercó la periferia del diario y de Zepita. La seguridad tenía la lista completa de empleados y, en ella, marcados los que no podían ingresar: fueron 117 despidos. La CI, la revista Mística y el cuerpo de correctores completo, integraban una lista mayor, muy bien estudiada. A la tarde se decidió un intento de ingreso, que la Infantería reprimió.

Nueve meses antes, la Cámara de Diputados de la Nación aprobaba la Ley de Flexibilización Laboral, impulsada por el gobierno de Fernando de la Rúa.

El 6 de octubre de 2000, Patricia Bullrich había asumido como ministra de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos. Lo que le pidió la Interna de entonces es lo mismo que lo que piden ahora los trabajadores de AGR: que se decretara la conciliación obligatoria, volver a cero, poder rearmarse.

Pero Pato les dijo a los delegados algo así: “Este tema me excede. Esto es con Clarín. Y se arregla políticamente”.

Casualmente, o no tanto, los representantes de los 380 despedidos de AGR, hace pocas horas recibieron la misma respuesta de los funcionarios del gobierno actual.

Limpieza
En 2012, recomenzó la actividad sindical en la redacción de Clarín, y hubo elecciones de delegados. Llevan cuatro años renovándose. Ahora los reciben funcionarios estilo yupie. A Jorge Figueiras, con la edad de jubilación superpasada, lo mandaron a "limpiar" Zepita.

Echan a los trabajadores y lo disfrazan como reestructuración
Por: Pablo Llonto
En el Grupo Clarín hoy, la gallina de los huevos de oro es Cablevisión, como en otro tiempo fueron los avisos clasificados del diario. Esa fortuna del cable le permite sostener tantas empresas y cerrar las que se les antoje. ¿Por qué se la agarran con AGR? Porque allí hay una extraordinaria organización sindical que logró mejoras salariales, categorías correctas a los trabajadores y respeto al convenio. Hay una intensa actividad sindical.

Lo que muestra este cierre de la planta es la obsesión de Clarín por desarmar los lugares donde hay esa actividad sindical.

Cuando la situación política ayuda a los trabajadores, Clarín retrocede. Pero cuando en el país hay gobiernos antipopulares como Cambiemos y Clarín suma ganancias, como la formidable pauta oficial que le da Macri (esta semana se supo que Clarín pasó de 90 millones a más de 500 millones de pauta oficial), disfrazan los despidos como reestructuración. Cuando la verdad es que este cierre es para castigar a los trabajadores. Sucedió en los últimos conflictos. No es racional que lo hagan de esta manera, pero lo que menos tiene Clarín es racionalidad.

Para afuera se la pasan pregonando el respeto de los derechos. Hacia adentro hacen todo lo contrario. Y no les importa la imagen, ni nada. Tienen más espalda y respaldo de lo que sospechamos. Un ejemplo es el tema de los hijos apropiados de Ernestina de Noble, cuyo origen siguen ocultando, y pese a que pueden ser hijos de desaparecidos. Magnetto sabe el poder que tiene y la ayuda que recibe del PRO y la UCR para cometer estos atropellos.

Clarín además realiza espionaje contra sus trabajadores. Cuando me defendía en los juicios que me entablaron pedí al juez que requiriera mi legajo. Cuando llegó, era una carpeta llena de recortes que señalaban los lugares donde había ido, había hablado, donde militaba, reportajes en revistas gremiales, firmas de solicitadas a favor de Madres de Plaza de Mayo u otros organismos. Era un informe de una agencia de seguridad donde se detallaba mi vida política. Toda una labor de inteligencia sin que vos lo sepas. A mí, en uno de los juicios me acusaban de “incitar” a los trabajadores a reclamar sus derechos aprovechando mis conocimientos como abogado, cuando ello era mi obligación como representante sindical. Todo lo que aparezca como defensa de los derechos de los laburantes, en el grupo Clarín es detectado y a la larga "exterminado". Lo hicieron durante seis décadas. Y lamentablemente seguirá así hasta que logremos frenarlos.
Foto: Leandro Teysseire
Fuente: Diario Tiempo Argentino

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