martes, 6 de octubre de 2026

Milei pone al frente del ENaCom a un hombre de las telecomunicaciones

Andrés Michelazzo, con una trayectoria de casi 30 años en empresas, operadores y organismos vinculados al sector, reemplaza a Juan Martín Ozores a menos de tres meses del vencimiento de la intervención. Llega a un organismo que deberá resolver expedientes estratégicos del mercado y que desarmó el histórico FoMeCA para crear un nuevo esquema de fomento audiovisual que incluye a empresas privadas
El Gobierno de Javier Milei cambió la conducción del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) a menos de tres meses del vencimiento de la actual intervención. El ingeniero Andrés Michelazzo asumió este martes 6 de octubre como nuevo interventor del organismo, en reemplazo de Juan Martín Ozores (foto), cuya renuncia fue aceptada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 1149/2026.

La designación de Michelazzo tiene, al menos en los antecedentes públicos disponibles, un rasgo distintivo: se trata de un hombre formado específicamente en telecomunicaciones, con experiencia tanto en grandes compañías del sector como en operadores más pequeños, organismos públicos y proyectos de conectividad.

El nuevo funcionario permanecerá formalmente en el cargo hasta el 4 de enero de 2027, fecha en la que vence la actual prórroga de la intervención del ENaCom. El decreto le otorga, además, rango y jerarquía de secretario.

Su llegada se produce, por lo tanto, en una etapa particular: Michelazzo no asume para encabezar una nueva intervención de largo plazo, sino para conducir el organismo durante los meses finales de la actual etapa de reorganización. En ese período deberá administrar expedientes sensibles para el mercado de las telecomunicaciones, entre ellos cuestiones vinculadas con espectro, competencia, conectividad y obligaciones de los operadores.
 
Del sector privado a la gestión pública
Michelazzo es oriundo de Villa Allende, Córdoba, y su trayectoria profesional está fuertemente ligada a las telecomunicaciones.

Según su perfil profesional, es ingeniero y especialista en Gestión de las Telecomunicaciones. Cursó Ingeniería Electrónica en la Universidad Católica de Córdoba entre 1990 y 1996, realizó estudios vinculados con Telecomunicaciones en la Universidad Nacional de Córdoba entre 1997 y 1998 y posteriormente completó una especialización en Gestión de las Telecomunicaciones en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), entre 2004 y 2005.

En su perfil se presenta actualmente como consultor e ingeniero especializado en telecomunicaciones y consigna alrededor de 30 años de experiencia en el sector.

Su carrera incluye un paso de aproximadamente 16 años por Telecom Argentina, donde ocupó diferentes posiciones y llegó a desempeñarse como ejecutivo de cuentas mayoristas. También tuvo responsabilidades vinculadas con la gestión de activos de telecomunicaciones y sistemas.

Más adelante fue director de Tecnología de Internexa Argentina, donde se desempeñó entre 2012 y 2017, según los antecedentes publicados tras su designación. También aparece vinculado profesionalmente con San Gabriel Video Cable Color, una compañía de Villa Allende dedicada a servicios de televisión y conectividad.

En este último caso existe un registro técnico de LACNIC particularmente relevante: Michelazzo figura asociado a San Gabriel Video Cable Color como responsable de recursos de Internet de la empresa, con domicilio en Villa Allende.

También existen antecedentes societarios que lo vinculan con Transamerican Telecomunication S.A. Un registro de sociedades publicado en 2013 lo identifica como director titular de esa compañía.
 
Una etapa en la Agencia Conectividad Córdoba
Otro capítulo relevante de su trayectoria fue su paso por la Agencia Conectividad Córdoba, la empresa estatal provincial orientada al desarrollo de infraestructura y servicios mayoristas de telecomunicaciones.

Michelazzo fue gerente de Desarrollo de Negocios entre 2021 y 2023. En ese período trabajó en la definición de productos y servicios, planificación comercial y presupuestaria y vinculación con empresas, cooperativas y otros actores del sector.

Su participación pública no quedó solamente en el plano administrativo. En 2023, por ejemplo, presentó en un encuentro de la industria la experiencia y evolución de la Agencia Conectividad Córdoba como operador mayorista provincial. En ese momento, la agencia contaba con decenas de clientes entre cooperativas y empresas y trabajaba sobre servicios de transporte de datos, fibra y conectividad mayorista.

Registros de LACNIC también lo identifican en 2023 como integrante de la Agencia Conectividad Córdoba.

Ese antecedente puede resultar significativo para su nueva función: Michelazzo llega al ENaCom con experiencia en uno de los problemas centrales de la política de telecomunicaciones argentina, que es cómo extender infraestructura y conectividad combinando grandes operadores, pymes, cooperativas y redes mayoristas.

El recorrido también permite entender por qué su perfil se diferencia del de un funcionario cuya experiencia hubiera estado centrada exclusivamente en la administración pública. Michelazzo pasó por grandes empresas, operadores de menor escala y una estructura estatal orientada específicamente a la conectividad.

También trabajó en Europa y Uruguay
El recorrido profesional de Michelazzo no se limita al mercado argentino. Entre sus antecedentes figura una experiencia como arquitecto de aplicaciones en el Servicio Europeo de Acción Exterior, con sede en Bruselas. También fue asesor técnico de la Cámara Uruguaya de Operadores de Televisión para Abonados.

Desde enero de 2024, según los antecedentes difundidos luego de su designación, se desempeñaba como consultor principal y responsable técnico en proyectos para prestadores de Internet y televisión. Sus tareas incluían diseño de redes de fibra óptica, desarrollo de productos y servicios y gestión de conectividad mayorista.

Así, el perfil que recibe el ENaCom está fuertemente vinculado con la ingeniería, la operación de redes y la gestión de negocios de telecomunicaciones.

Eso no permite inferir por sí solo cuáles serán sus decisiones regulatorias, pero sí marca una diferencia con un funcionario cuya trayectoria hubiera estado centrada exclusivamente en la administración pública.
 
El cambio llega en plena intervención del ENaCom
La llegada de Michelazzo no implica el fin de la intervención del organismo. El ENaCom fue intervenido por el Gobierno de Milei a comienzos de 2024 y la medida fue prorrogada sucesivamente. La última prórroga estableció que la intervención se extenderá hasta el 4 de enero de 2027.

El Decreto 938/2025 estableció como objetivos de esa etapa la evaluación, reorganización y adecuación del organismo a los lineamientos de política pública del Poder Ejecutivo. También planteó la modernización de normas y procedimientos, una mayor previsibilidad para los operadores y la revisión del funcionamiento del Fondo del Servicio Universal.

Por lo tanto, Michelazzo llega con un mandato temporal de menos de tres meses antes del vencimiento de la intervención vigente. El Decreto 1149/2026 no crea una nueva intervención ni modifica ese plazo: reemplaza al interventor.

La particularidad temporal de la designación abre además una pregunta sobre la etapa siguiente: qué ocurrirá con el organismo una vez que termine la intervención y si el Gobierno avanzará con una nueva estructura institucional o con el retorno a un esquema de conducción diferente.
 
El ENaCom quedó bajo la órbita directa de la Jefatura de Gabinete
Otro elemento central para entender el cambio es la modificación de la estructura del Gobierno producida durante 2026.

El Decreto 581/2026 reorganizó la Administración Pública y ubicó al ENaCom entre los organismos descentralizados que actúan en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros. En la nueva estructura también quedaron bajo esa órbita organismos y empresas vinculados con infraestructura y servicios estratégicos, entre ellos el Correo Oficial y ARSAT, responsable de la infraestructura satelital que sustenta parte de los servicios de la Televisión Digital Abierta (TDA).

Por eso, el nombramiento de Michelazzo se produce con Diego Santilli como jefe de Gabinete, quien además firma el decreto junto con Milei.

En ese sentido, el cambio de conducción debe leerse dentro de una reorganización más amplia de la estructura del Gobierno y no solamente como una sustitución administrativa del titular del ente.
 
Un organismo que tiene por delante decisiones sensibles
Michelazzo asumirá el control de un organismo con responsabilidades decisivas sobre el mercado de las telecomunicaciones: licencias, espectro radioeléctrico, interconexión, servicios TIC, servicios audiovisuales y distintas herramientas destinadas a promover la conectividad.

Entre los expedientes más sensibles aparece la operación por la cual Telecom Argentina adquirió Telefónica Móviles Argentina, propietaria de las operaciones de Movistar y Tuenti en el país.

En junio de 2026, el Tribunal de Defensa de la Competencia de la Autoridad Nacional de la Competencia condicionó la operación a una serie de medidas destinadas a preservar la competencia. Entre ellas se estableció que Telecom debía desprenderse de una base mínima de 6 millones de clientes móviles, además de transferir activos y espectro, y desprenderse de más de 211.000 abonados de Internet residencial en determinadas localidades.

El ENaCom había tenido participación técnica en el análisis de la operación. La operación, por lo tanto, no es simplemente un expediente empresarial: involucra directamente cuestiones sobre espectro, redes, licencias, usuarios y estructura competitiva del mercado. Es uno de los temas que inevitablemente quedará dentro del radar del nuevo interventor.

A esto se suman otros asuntos estructurales para el organismo: la administración del espectro, la implementación de políticas de conectividad, los recursos del Fondo del Servicio Universal y el vínculo regulatorio con los operadores.
 
El dato particular: Michelazzo conoce desde adentro el mercado que ahora deberá regular
Hay un elemento de su biografía que será relevante para observar su gestión. Michelazzo pasó buena parte de su carrera en empresas de telecomunicaciones y estuvo vinculado a operadores de distinto tamaño. Trabajó en Telecom, fue director de Tecnología de Internexa, estuvo relacionado con un operador de cable de Villa Allende y luego trabajó en una empresa pública provincial de conectividad.

Es decir que llega al ENaCom con conocimiento directo de cómo funcionan las redes, los operadores mayoristas, los proveedores de Internet, las cooperativas y los problemas de infraestructura.

Al mismo tiempo, esa trayectoria significa que su experiencia profesional se desarrolló, en buena medida, dentro del mismo ecosistema empresarial que ahora deberá regular.

El dato es objetivo; cualquier evaluación sobre eventuales conflictos de interés o compatibilidades requiere revisar sus participaciones societarias y las decisiones concretas que adopte desde el organismo.

Por ahora, los registros públicos consultados permiten confirmar, entre otras cosas, su vinculación societaria histórica con Transamerican Telecomunication y su relación técnica con San Gabriel Video Cable Color.
 
Qué deja Ozores
El cambio pone fin a la etapa de Juan Martín Ozores al frente del ENaCom. Había asumido con la intervención del organismo en enero de 2024 y su continuidad había sido prorrogada hasta enero de 2027.

Al comunicar su salida, Ozores destacó como ejes de su gestión los avances en conectividad satelital, nuevas tecnologías, administración del espectro, infraestructura crítica y herramientas de financiamiento para prestadores.

Su renuncia fue aceptada con efecto desde el 5 de octubre. Al día siguiente, Michelazzo tomó formalmente su lugar.

Pero la gestión de Ozores deja además una modificación significativa en otra área del organismo: el esquema de financiamiento destinado a medios audiovisuales sin fines de lucro.
 
El final del FoMeCA: de una política de fortalecimiento de medios comunitarios a un nuevo esquema de fomento
Hay otro capítulo de la gestión de Juan Martín Ozores que resulta central para entender el cambio de orientación del ENaCom: la desaparición del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCA) tal como había funcionado durante más de una década.

El FoMeCA no era un programa marginal. Había sido creado en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley N.º 26.522) para que medios comunitarios, cooperativos, de pueblos originarios y otras organizaciones sin fines de lucro pudieran acceder a recursos públicos para equipamiento, infraestructura y producción de contenidos.

Con el paso de los años se convirtió en una de las principales herramientas estatales para sostener la diversidad y la federalización de las voces audiovisuales.

Los propios registros del ENaCom muestran la dimensión que llegó a tener esa política. Entre 2020 y 2021 fueron financiados 792 proyectos correspondientes a 364 beneficiarios de todo el país, con más de $600 millones adjudicados. El programa alcanzaba a organizaciones de distintas regiones y contemplaba específicamente la participación de pueblos originarios.

En octubre de 2023, antes del cambio de gobierno, el organismo publicó además un balance según el cual durante el período 2020-2022 se había pagado el 85% de los $1.222 millones adjudicados por FoMeCA. Según ese mismo informe, aquella gestión concentró el 43% de todos los proyectos ganadores de la historia del fondo y los proyectos adjudicados crecieron 115% respecto del período anterior.

El cambio producido desde la llegada de Javier Milei al Gobierno fue de otra naturaleza. El Decreto 89/2024, que dispuso la intervención del ENaCom, ordenó expresamente evaluar el estado del FoMeCA, sus programas, proyectos y los Aportes No Reembolsables pendientes.

Es decir, el fondo quedó desde el comienzo de la nueva administración dentro del proceso de revisión y redefinición del organismo.

La culminación de ese proceso llegó en 2026. Mediante la Resolución ENaCom 11/2026, firmada durante la gestión de Ozores, el organismo derogó el Reglamento General del FoMeCA aprobado en 2020 y creó en su lugar el Fondo para la Promoción de Proyectos Audiovisuales (FoProA).

No se trató, por lo tanto, de una simple modificación administrativa del viejo programa: el marco normativo que regulaba el FoMeCA fue eliminado y reemplazado por otro esquema.

La propia secuencia posterior resulta todavía más significativa. En julio de 2026, mediante la Resolución 516/2026, el ENaCom dejó sin efecto la convocatoria FoMeCA correspondiente a la Línea Producciones P/2024 y ordenó archivar los proyectos presentados.

La resolución sostuvo que, al no existir principio de ejecución ni afectación efectiva de recursos, correspondía dejar sin efecto aquella convocatoria.

En otra resolución dictada el mismo día, la 517/2026, el organismo dejó sin efecto la convocatoria FoMeCA de la Línea Contenidos Trabajo T/2023, anuló la declaración de ganadores y dejó sin efecto los convenios suscriptos en ese marco.

El argumento oficial volvió a ser la inexistencia de principio de ejecución y la falta de afectación efectiva de recursos. La resolución también reconoció expresamente que el nuevo régimen FoProA había dejado sin efecto el esquema normativo anterior del FoMeCA.

Así, el proceso iniciado con la intervención de 2024 terminó en algo más profundo que la suspensión de una convocatoria: el FoMeCA dejó de existir como régimen normativo y fue sustituido por otro fondo, mientras convocatorias y proyectos pendientes fueron dados de baja.

Para los medios comunitarios, cooperativos y de pueblos originarios, el cambio supone la pérdida de una herramienta que durante años permitió financiar equipamiento, infraestructura y producción audiovisual en organizaciones que difícilmente podían afrontar esas inversiones con recursos propios.

El propio ENaCom había definido al FoMeCA como una política orientada a promover la diversidad cultural, fortalecer el funcionamiento de medios autogestivos y cooperativos y ampliar la pluralidad de voces.

Y es también uno de los temas que deberá enfrentar Andrés Michelazzo: no solamente deberá administrar un organismo regulador en plena reorganización, sino también definir cómo continúa la política de promoción audiovisual y qué ocurrirá con las organizaciones que quedaron fuera de las convocatorias anteriores o con proyectos que habían sido adjudicados y luego fueron dados de baja.

La discusión adquiere una dimensión mayor porque el cambio de modelo no se limita a los medios comunitarios. El nuevo esquema de fomento audiovisual plantea una concepción diferente sobre el papel del Estado en el financiamiento del ecosistema de medios.
 
El contraste con las deudas de las empresas TIC
Hay otro elemento de la gestión del ENaCom durante 2026 que permite observar el tratamiento dado a las distintas obligaciones y políticas del organismo.

En abril de este año, el ente comunicó un plan para regularizar hasta $55.000 millones de deuda de empresas TIC. El esquema incluyó obligaciones correspondientes a tasas, derechos radioeléctricos, aportes al Fondo del Servicio Universal y multas, con planes de pago que podían extenderse hasta 24 cuotas.

La decisión forma parte de la política de ordenamiento de las obligaciones de los operadores y busca recuperar recursos adeudados al Estado mediante mecanismos de regularización.

El contraste aparece frente a otra serie de decisiones adoptadas durante la misma gestión: mientras se habilitó un esquema para que empresas TIC regularizaran obligaciones acumuladas, el ENaCom dejó sin efecto convocatorias y convenios vinculados al FoMeCA que permanecían pendientes.

Se trata de decisiones de naturaleza diferente y con fundamentos administrativos distintos. Pero, observadas en conjunto, permiten identificar dos movimientos simultáneos dentro de la reorganización del organismo: por un lado, la regularización de obligaciones económicas de operadores del sector; por otro, el cierre del régimen anterior de fomento a determinados medios audiovisuales y la creación de un nuevo esquema.

La diferencia no permite por sí sola establecer una intencionalidad política, pero sí constituye un elemento relevante para analizar la orientación que tendrá el organismo durante la etapa que ahora comienza.

Palabras, palabras, palabras
Por medio del Decreto 89/2024, firmado por el presidente Javier Milei y el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, se dispuso la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) por 180 días, con posibilidad de una prórroga por única vez. Sin embargo, la medida fue prorrogada en reiteradas oportunidades y continúa vigente.

En los fundamentos del decreto, la Jefatura de Gabinete cuestionó que "el funcionamiento del ENaCom hoy es un obstáculo para que los argentinos tengamos más conectividad y mejor acceso a servicios básicos como Internet en todo el país". El texto oficial también advertía que el país contaba con "servicios de comunicación y conectividad insuficientes para una población de más de 47 millones de habitantes" y sostenía que "la normativa vigente no facilita el acceso y la asequibilidad para las personas y empresas y tampoco facilita la competencia".

Asimismo, el decreto señalaba que "el sector desde finales del 2020 se encuentra estancado", y mencionaba entre los principales problemas "la importación del equipamiento adecuado para brindar un servicio de excelencia".

Sin embargo, a la fecha, estas situaciones señaladas en aquel momento no fueron sido resueltas.

Una salida con lecturas políticas
La salida de Ozores también generó interpretaciones sobre las disputas internas de poder dentro del Gobierno.

Algunas publicaciones periodísticas vincularon el reemplazo con el reordenamiento político producido alrededor de Milei y con diferentes sectores de influencia dentro del oficialismo.

Esas versiones deben ser presentadas como interpretaciones periodísticas y no como una explicación oficialmente confirmada del Gobierno.

Lo que sí está documentado es el cambio institucional: ENaCom pasó a depender de la Jefatura de Gabinete en la nueva estructura administrativa y, pocos meses antes del vencimiento de la intervención, Santilli firmó junto con Milei el decreto que designó a Michelazzo.

En ese contexto, el cambio de interventor aparece asociado a una reorganización más amplia de la estructura estatal, aunque el Gobierno no presentó públicamente la designación como parte de una disputa interna ni explicó que esa fuera la razón de la salida de Ozores.
 
El perfil que llega al ENaCom
  • Andrés Michelazzo llega al organismo con un perfil muy marcado:
  • Ingeniero especializado en telecomunicaciones, con alrededor de 30 años de experiencia.
  • Formación en la Universidad Católica de Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba e ITBA.
  • Cerca de 16 años de experiencia en Telecom Argentina.
  • Exdirector de Tecnología de Internexa Argentina.
  • Vinculación profesional con San Gabriel Video Cable Color, de Villa Allende.
  • Exgerente de Desarrollo de Negocios de Agencia Conectividad Córdoba entre 2021 y 2023.
  • Experiencia internacional en el Servicio Europeo de Acción Exterior.
  • Antecedentes como asesor técnico de operadores de televisión por abonados en Uruguay.
  • Experiencia reciente como consultor de prestadores de Internet y televisión, especialmente en fibra óptica, productos y conectividad mayorista.
Su desembarco se produce, además, en un momento en que el ENaCom debe terminar la reorganización iniciada durante la intervención, administrar recursos del Servicio Universal, continuar trabajando sobre el espectro y las nuevas tecnologías y afrontar expedientes de enorme impacto sobre la estructura del mercado.

La particularidad de su llegada es que Michelazzo no aterriza en el ENaCom desde afuera del mundo de las telecomunicaciones: llega desde adentro de esa industria.

Su gestión, aunque inicialmente limitada al 4 de enero de 2027, estará marcada por esa experiencia técnica y por algunos de los expedientes regulatorios más importantes del mercado argentino.

La pregunta será qué hará con ese conocimiento desde el otro lado del mostrador: ya no como ingeniero, consultor, operador o responsable de proyectos de conectividad, sino como funcionario a cargo del organismo que regula buena parte del ecosistema en el que desarrolló su carrera.

domingo, 4 de octubre de 2026

Palestina, allanamiento y libros: Mariano Soria denunció una persecución política en Rosario

El docente, delegado sindical y militante de izquierda habló en el programa Señales sobre el allanamiento de su vivienda, el secuestro de una computadora, un teléfono y cuatro libros, y la investigación judicial que —según explicó— busca determinar la existencia de material antisemita y discursos de odio. Soria negó las acusaciones, cuestionó el procedimiento y aseguró que continuará militando por la causa palestina.

"No estoy ni detenido ni imputado"
En los últimos días circularon informaciones confusas sobre una serie de allanamientos realizados en viviendas de personas vinculadas a actividades de solidaridad con Palestina. Entre los domicilios allanados estuvo el de Mariano Soria, docente, delegado sindical y militante de izquierda de Rosario, cuya actividad pública en defensa de la causa palestina lo convirtió en uno de los nombres alcanzados por una investigación que, según explicó, busca determinar la existencia de supuesto material antisemita y discursos de odio.

Soria habló sobre el procedimiento en el programa Señales, donde describió lo ocurrido y buscó aclarar parte de la información difundida posteriormente por distintos medios de comunicación.

El operativo se realizó un miércoles, durante las primeras horas de la mañana, en su domicilio y en el de su compañera. La orden había sido emitida por el Área de Atención Inicial y Casos Sencillos de la Fiscalía Penal Federal de Rosario, a cargo de la fiscal Federica Tiscornia, y establecía que el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina llevara adelante las tareas correspondientes.

Soria describió el operativo como tranquilo. No hubo puertas rotas ni forcejeos y, según relató, él y su compañera no opusieron resistencia. Los agentes ingresaron para cumplir con la orden judicial, que disponía la búsqueda de supuesto material antisemita, discursos de odio y otros elementos relacionados con la causa. La orden también mencionaba expresamente la búsqueda de material antisionista.

Ese último punto resulta central en su interpretación. Según contó, lo que la policía encontró y se llevó de su casa fueron elementos vinculados con su actividad y posicionamiento político: una computadora, su teléfono celular y cuatro libros.

Tres de esos libros pertenecen a autores judíos antisionistas que cuestionan al Estado de Israel y al sionismo.

Los libros que quedaron bajo custodia policial
Entre los ejemplares secuestrados estaba material del historiador israelí Ilan Pappé, autor de La limpieza étnica de Palestina, Los diez mitos de Israel y Los palestinos olvidados, una obra que aborda la situación de los palestinos que permanecieron dentro de Israel después de 1948.

También se llevaron un libro de Abraham León, militante judío marxista fallecido en Auschwitz, cuyos trabajos analizan el desarrollo histórico del judaísmo, particularmente en relación con el capitalismo, y plantean una perspectiva de lucha por el socialismo y contra el sionismo.

Para Soria, la composición de esos libros es significativa porque, a su entender, demuestra que el allanamiento se produjo alrededor de un debate político y no de una actividad de carácter antisemita.

"No hay ningún material antisemita, ningún material de odio a ninguna comunidad religiosa, ni grupo cultural, ni nacional", sostuvo durante la entrevista.

El docente diferenció además el antisemitismo del antisionismo. Según explicó, su posicionamiento es contrario al sionismo, al que definió como una corriente política dentro de sectores de la comunidad judía. También mencionó la existencia de un sionismo cristiano, particularmente visible —según su interpretación— en sectores evangélicos de países como Estados Unidos y Brasil que respaldan al Estado de Israel.

Una investigación que Soria vincula con su militancia
El origen de la causa, según su relato, está relacionado con la actuación de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y de la Unión Sionista Argentina de Rosario (USAR), organizaciones a las que señala como impulsoras de la investigación.

Soria considera que el objetivo es amedrentar a quienes participan de la Asamblea de Acción por Palestina Rosario y vienen desarrollando desde hace años actividades públicas de solidaridad con el pueblo palestino y de denuncia de las acciones del Estado de Israel.

La acusación que figura en la investigación, explicó, está relacionada con el supuesto fomento de discursos de odio y discriminación. Soria rechazó categóricamente esa imputación y sostuvo que la reacción de las comunidades educativas de los lugares donde trabaja fue contundente en su respaldo.

Su posición política, en cambio, nunca fue un secreto.

"Tengo un posicionamiento político público, claro, que es apoyar a los palestinos", afirmó.

También dijo estar en contra de las políticas del Estado de Israel desde su fundación hasta la actualidad y sostuvo que las acciones desarrolladas en Gaza y Cisjordania tienen, a su entender, un carácter genocida que ya es objeto de una discusión pública a escala internacional.

En ese punto, Soria hizo una precisión sobre la información que circuló inmediatamente después de los allanamientos. Algunos medios de comunicación, entre ellos Cadena 3, Radiofónica y La Capital, habían informado que se encontraba detenido e imputado, tomando como fuente comunicados de la Policía Federal.

Él rechazó esa versión. "No estoy ni detenido ni imputado", aclaró. Tampoco, insistió, se había secuestrado de su vivienda ningún material antisemita.

Cuando se le pregunta a Mariano por los elementos consignados en el parte policial —un arma de fuego calibre .22, municiones, un mangual con bola metálica y púas, un teléfono celular, una notebook, una computadora, un pendrive y bibliografía antisemita—, sostiene que la policía intenta construir con ellos un relato que lo presenta como una amenaza. "Ellos intentan presentar todo un combo con una persona dedicada a mandarme mensajes de odio", dice. 

Mariano reconoce que en su casa había un arma calibre .22 y municiones. Cuenta que, apenas la Policía Federal ingresó a su domicilio, los agentes le informaron que habían encontrado el arma y las municiones. Explica que se trata de un arma de más de cuarenta años que llevaba más de veinte sin ser disparada, que había recibido como regalo y que nunca había registrado. "Estaba ahí", dice, y asegura que responderá por esa situación en el ámbito judicial.

También se refiere al mangual. Lo describe como una réplica de un arma medieval, un souvenir que compró en Europa junto con su madre durante un viaje, en 1992, cuando visitaron un castillo. "Es completamente una réplica, no es un arma", afirma. A su entender, la Policía Federal intenta utilizar esos elementos para construir la imagen de "una persona, casi un terrorista" y encuadrar el operativo en sintonía con la mirada de la DAIA. Lo que sí reconoce, sin objeciones, es el secuestro de sus dispositivos electrónicos: "Se llevaron la notebook, la computadora y el celular".

Docencia, sindicalismo y militancia
La causa se encuentra vinculada públicamente con la Ley 23.592, referida a actos discriminatorios. Soria contó que junto con sus abogados había podido acceder al expediente y que se disponía a analizarlo con integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

Uno de los elementos que más le preocupa es que entre lo secuestrado se encuentra una computadora que utiliza como herramienta de trabajo.

Soria es docente de nivel terciario de la Universidad Nacional de Rosario y también trabaja en escuelas provinciales. Es delegado escolar, está afiliado a AMSAFE y a COAD, y formó parte de la comisión directiva de AMSAFE hasta junio del año anterior. Además, es apoderado del Frente de Izquierda, Trabajadores, Unidad y del Partido de Izquierda Socialista.

Su actividad sindical y docente convive desde hace años con la militancia por la causa palestina. Forma parte de la Asamblea de Acción por Palestina Rosario, junto con integrantes de distintas organizaciones políticas y sociales, desde donde participaron de diversas iniciativas destinadas a denunciar las acciones del Estado de Israel y expresar solidaridad con el pueblo palestino.

De las movilizaciones al allanamiento
Una de esas acciones tuvo como escenario la sede de la USAR, en calle Salta, cuando la organización había convocado a un soldado israelí para brindar una charla sobre la operación militar desarrollada en Gaza.

La movilización de la Asamblea tuvo una importante repercusión pública y se convirtió, según Soria, en una de las expresiones más visibles de la actividad que vienen desarrollando. No fue la única.

La Asamblea también estuvo vinculada a otras acciones y actividades públicas que, según el docente, la posicionaron como una organización con iniciativa y presencia en Rosario para denunciar lo que considera uno de los peores crímenes contra la humanidad que se están produciendo en la actualidad.

En ese recorrido aparece otro antecedente que Soria considera relevante: una actividad que intentaron realizar en ATE Rosario y que terminó con la intervención de la policía. Según recordó, en aquella oportunidad la DAIA también habría ejercido presión sobre la Justicia para impedir que se concretara una actividad relacionada con presos palestinos.

Algo similar, señaló, ocurrió con el documental La Gran Palestina, cuya proyección estaba prevista en la Facultad de Humanidades. La intervención de la DAIA en ese episodio tuvo, según su relato, repercusión política nacional, al punto de que el propio Javier Milei retuiteó información relacionada con el documental.

Para Soria, todos esos episodios forman parte de un mismo contexto político.

La disputa política alrededor de Palestina
En su lectura, el gobierno de Milei tiene una posición particularmente cercana al Estado de Israel y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Recordó, en ese sentido, que el presidente argentino se ha mostrado públicamente junto a Netanyahu y cuestionó que lo felicite por sus intervenciones internacionales.

En ese escenario, entiende que las organizaciones que buscan impedir actividades de solidaridad con Palestina encuentran respaldo político en esa orientación del Gobierno.

Por eso considera que el allanamiento de su vivienda debe leerse dentro de una disputa más amplia.

Lo que está en juego, sostuvo, no es solamente una investigación judicial particular, sino el derecho a expresarse políticamente, apoyar al pueblo palestino y repudiar las acciones militares en Gaza, Cisjordania y también en el Líbano.

"No nos van a lograr callar con mentiras, con falsas acusaciones", afirmó. Su intención, dijo, es responder cada una de las acusaciones y demostrar que no existe en su actividad política ningún discurso de odio contra una comunidad religiosa, cultural o nacional.

Gaza, medios y testimonios de soldados
La conversación en Señales también derivó hacia la circulación de información sobre la situación en Gaza y el papel de los medios de comunicación.

En ese marco apareció la referencia a Naza, un documental financiado por el diario británico The Guardian que reúne testimonios de militares israelíes sobre Gaza y cuya difusión, según se había anunciado, permitiría conocer nuevos testimonios sobre las operaciones desarrolladas allí.

Para Soria, ese tipo de producciones contribuye a poner en evidencia lo que considera una realidad que durante mucho tiempo fue ocultada o relativizada: la existencia de una política sistemática contra la población palestina.

Su mirada sobre la reacción internacional es, en ese sentido, optimista. Considera que el mundo está mirando Palestina, aunque reconoce que existen sectores que intentan mirar hacia otro lado.

Identifica entre ellos a grandes empresas que mantienen vínculos con Israel y a gobiernos que, según su interpretación, responden a los intereses de esas compañías.

En Europa, afirmó, se desarrolla un importante movimiento de solidaridad con Palestina, mientras que en Estados Unidos esa solidaridad también está creciendo. En América Latina observa una expresión algo menor, aunque destaca el caso de Chile, donde la comunidad palestina tiene una presencia particularmente importante.

En Rosario, aseguró, las acciones de la Asamblea permiten comprobar que existe una importante simpatía social por la causa palestina. Según su experiencia, las movilizaciones y actividades públicas que realizan no generan rechazo entre los vecinos, sino muestras de apoyo.

"Hay que tener valores humanos"
Soria vinculó esa respuesta con la creciente difusión de documentales y testimonios que, a su entender, permiten conocer desde adentro el funcionamiento de las operaciones militares israelíes.

En ese sentido, sostuvo que las producciones audiovisuales que reúnen testimonios de soldados y exsoldados contribuyen a mostrar la dimensión de lo que ocurre en Gaza.

También cuestionó la idea de que la violencia contra los palestinos sea un fenómeno reciente. En su interpretación, se trata de una política que tiene antecedentes históricos y que atraviesa distintos momentos del conflicto. Mencionó la Primera Intifada de 1987 y la Segunda Intifada, desarrollada entre 2000 y 2003, como ejemplos de períodos anteriores en los que el ejército israelí llevó adelante operaciones contra la población palestina.

La diferencia, afirmó, está en la escala alcanzada en los últimos años.

Soria espera que la difusión de testimonios y documentos permita que cada vez más personas conozcan la magnitud de lo que ocurre en Gaza. Y allí vuelve a aparecer una de las ideas centrales de su discurso: para comprometerse con la causa palestina, sostiene, no hace falta pertenecer a la izquierda ni ser especialista en historia.

"Hay que simplemente tener valores humanos para saber lo que se está viviendo en Gaza y poder enfrentar la situación y tomar partido", afirmó.

Una causa judicial en medio de una disputa política
El allanamiento de su casa, la computadora que le secuestraron, los libros de autores judíos antisionistas que quedaron bajo custodia policial y la causa judicial que ahora deberá analizar junto a sus abogados se inscriben, para Mariano Soria, en una disputa mucho más amplia.

Por un lado, está la acusación de discursos de odio y discriminación que rechaza de manera tajante. Por el otro, su militancia pública en defensa de Palestina, una actividad que lleva adelante junto a organizaciones políticas, sindicales y sociales y que, lejos de abandonar después del procedimiento, asegura que continuará desarrollando.

La causa seguirá su curso y Soria deberá responder ante la Justicia. Pero su posición política, lejos de quedar atenuada por el allanamiento, aparece reforzada en sus propias palabras: seguirá denunciando lo que considera un genocidio, seguirá participando de las acciones de solidaridad con Palestina y seguirá defendiendo el derecho a expresarse contra el Estado de Israel y el sionismo.

Su conclusión es también una definición política: no piensa que las acusaciones ni los procedimientos judiciales vayan a conseguir que quienes integran la Asamblea de Acción por Palestina Rosario abandonen la calle.

"No nos van a lograr callar", insistió.

Escuchá la entrevista completa:
Foto: Hassona/Anadolu via Getty Images

Vivir, pescar y resistir: el barrio que mira al Paraná y se niega a desaparecer

Unas 40 familias recibieron cédulas judiciales que las intiman a abandonar los terrenos donde viven y trabajan desde hace décadas. Elsa Avip, referente del barrio, contó en Señales cómo atraviesan la amenaza de desalojo, cuestionó el accionar de la Justicia y reclamó acompañamiento legal. "¿A dónde va a ir el pescador con su canoa?", plantea.

El barrio de los pescadores de La Florida vuelve a estar bajo amenaza. Elsa Avip, referente de las familias que viven y trabajan en esa zona histórica del norte de Rosario, habla con la preocupación de quien conoce de cerca una historia que se repite cada vez que cambia un gobierno: el temor al desalojo, la incertidumbre sobre la propiedad de las tierras y la sensación de que, una y otra vez, el barrio queda fuera de los planes de la ciudad.

En una entrevista realizada en Señales, Elsa volvió a poner en palabras una preocupación que, según cuenta, atraviesa desde hace años a las familias del lugar. Hace algunos meses había relatado que existían proyectos para modernizar la zona y construir un nuevo frente comercial. En aquel momento, las familias del barrio ni siquiera habían sido notificadas formalmente de esas iniciativas y apenas habían podido conocer algunas imágenes de lo que se proyectaba.

Ahora la situación es diferente y mucho más urgente: llegaron nuevas cédulas judiciales que intiman a varias familias a abandonar los terrenos.

"Por siempre estar presente en la problemática del barrio y darnos esta oportunidad para poder expresarnos, que la gente sepa cuáles son las actitudes que tiene el Estado hacia el barrio de los pescadores", dice Elsa durante la entrevista.

Para ella, no se trata solamente de una disputa por tierras. Se trata de la continuidad de un barrio que considera "histórico" e "ícono de la ciudad" y que, según sostiene, parece estar siempre bajo la expectativa de ser borrado de Rosario.

"Cada vez que hay un gobierno nuevo, municipal, nosotros siempre estamos con ese miedo del desalojo", resume.

El miedo que vuelve con cada gobierno
La última notificación llegó un miércoles. Cédulas judiciales fueron entregadas a varias familias del barrio, pero, según cuenta Elsa, sin que antes se hubiera realizado un relevamiento actualizado que permitiera establecer cuántas personas viven realmente allí.

Las notificaciones alcanzaron a unas 40 familias, que en conjunto representan alrededor de 170 personas. Entre ellas hay menores de edad y personas con discapacidad.

Para los vecinos, la dimensión humana del conflicto queda así expuesta desde el comienzo. No se trata de un terreno vacío ni de un asentamiento reciente, sino de familias que llevan décadas viviendo en el lugar.

Elsa sabe que, una vez recibida una cédula de desalojo, existen tres días hábiles más uno de gracia para presentarse ante la Justicia. Eso hicieron.

El viernes, el barrio intentó organizarse. Habían acordado solicitar que las familias fueran atendidas por tres o cuatro fiscalías, de manera de poder ordenar la presentación y evitar que decenas de vecinos terminaran dispersos entre las distintas dependencias judiciales.

Pero cuando llegaron a los tribunales, la organización prevista se transformó, según Elsa, en un caos. Los vecinos fueron derivados a las diez fiscalías existentes y terminaron mezclados entre distintas dependencias. A eso se sumó, relata, una situación que muchos vivieron como maltrato.

Secretarios de fiscales les preguntaban por qué estaban allí, por qué las tierras no eran de ellos, quién les había indicado que podían edificar y por qué no comenzaban a buscar otro lugar donde vivir.

La situación se volvió todavía más desconcertante cuando, según cuenta Elsa, varios fiscales hicieron constar que algunos vecinos no se habían presentado ante los tribunales, a pesar de que sí habían concurrido. Esa circunstancia fue interpretada como una situación de rebeldía.

"Según ellos, nos favorece, pero a nosotros sabemos claramente que no nos favorece cuando te hacen pasar en rebeldía", sostiene Elsa.

Lo que ella percibe detrás de esa figura es algo más profundo: la sensación de ser ignorados, de que la Justicia los trata como si no pertenecieran al lugar donde viven. "Es como que estamos ignorados, como que no pertenecemos al lugar", dice.

Una historia de más de siete décadas
La historia que cuentan los vecinos se remonta mucho más atrás que el expediente judicial actual. Elsa habla de cinco décadas de familias y de un barrio que, en realidad, tiene más de 70 años de historia.

En su relato aparecen distintas empresas y propietarios que fueron sucediéndose sobre esas tierras. En algún momento, explica, los terrenos eran atribuidos a Ñul; después pasaron al Banco Israelí y finalmente llegaron a Nevada, la empresa que comenzó a impulsar un juicio de desalojo en 2017.

Aquel proceso quedó en suspenso durante un tiempo y ahora volvió a activarse.

Elsa y otros vecinos pudieron acceder parcialmente a algunos expedientes, aunque asegura que no tienen demasiadas facilidades para consultarlos. Allí encontraron una de las cuestiones que más les preocupa: según la documentación que pudieron leer, Nevada sostiene que compró las tierras sin nadie viviendo allí.

La afirmación, para Elsa, resulta incomprensible frente a la realidad del barrio. "Hay casi 150 familias", señala. Y recuerda que el lugar tiene una historia de siete u ocho décadas, atravesada por generaciones enteras.

"Hoy por hoy las tierras tienen dueños y cuando nuestros padres, en mi caso, y muchos abuelos, eso era un bañado. Fuimos rellenando, fuimos acomodando y fuimos dándole forma a lo que hoy es el barrio", cuenta.

La memoria del territorio aparece así como una de las principales pruebas que los vecinos oponen a la idea de un terreno deshabitado. Lo que para un expediente puede figurar como una superficie disponible, para quienes viven allí es el resultado de décadas de trabajo familiar y comunitario.

Por eso Elsa rechaza que en los tribunales los vecinos hayan sido tratados como usurpadores. "Éramos usurpadores, que no pertenecíamos a ese lugar", resume sobre la forma en que, según su percepción, fueron recibidos.

Un relevamiento que, según los vecinos, no refleja al barrio
También cuestiona el relevamiento utilizado para confeccionar las cédulas judiciales. Cree que pudo haberse tomado información de la causa iniciada en 2017.

En las notificaciones aparecieron nombres de menores, personas fallecidas y vecinos que ya no viven allí. En muchos casos, asegura, ni siquiera figuraban los números de documento, un dato que permitiría determinar si se trata de menores o adultos.

También aparecieron los nombres de algunos de los primeros habitantes del barrio, muchos de los cuales ya fallecieron. "Simplemente cédulas judiciales con nombre", describe.

Frente a esa situación, los vecinos comenzaron a buscar un abogado que pueda representarlos colectivamente como barrio.

Al principio, cuando Elsa y algunas vecinas se acercaron a la fiscalía, les explicaron que, si una familia estaba integrada por cinco personas, debían tener cinco abogados distintos. La organización judicial, según les dijeron, iba a depender de la forma en que cada vecino fuera asignado.

Finalmente pudieron alcanzar un acuerdo, aunque Elsa lo dice "entre comillas": que una fiscalía atendiera a una familia. Pero la desconfianza permanece.

Desde el barrio sienten que los tribunales no necesariamente van a defenderlos. Elsa considera especialmente preocupante que desde la propia estructura judicial se les diga que las tierras no les pertenecen.

"Desde el momento que te digan que no es tuyo, siendo que, bueno, en mi caso tengo 56 años, tengo hermanos más grandes y hay gente más grande, es algo que si un abogado que es defensor ya te está tirando para abajo, no quiero saber los que quieren echarnos diciendo que el lugar es de ellos", plantea.

La contradicción entre el desalojo y la reurbanización
La situación adquiere otra dimensión cuando se la cruza con los proyectos que el municipio había presentado para el sector.

Elsa encuentra allí una contradicción difícil de explicar: si las tierras pertenecen a una empresa privada, ¿por qué el municipio había impulsado un proyecto de reurbanización?

La pregunta surge al recordar que apenas cuatro o cinco meses antes se había hablado de un megaproyecto vinculado a un parque acuático y de una posible reurbanización del barrio junto con la Municipalidad.

"Supuestamente nosotros teníamos la conversación de la reurbanización con la municipalidad, y ahora de repente es como que ese terreno tiene ese dueño", señala.

Y vuelve sobre la contradicción: "Yo no entiendo por qué la municipalidad tenía la autoridad de venir a querer reurbanizarnos y acomodarnos nosotros".

Ahora Elsa agrega otra preocupación: ya no se trata solamente de dónde vivirían las familias si finalmente se concreta un desalojo, sino de cómo podrían continuar trabajando.

Durante meses, el municipio había hablado de poner en valor la costa y de modernizar la zona, con una intervención que contemplaba también los locales de los pescadores. Pero para Elsa, mientras se hablaba de esa transformación, se fue perdiendo algo mucho más elemental: el vínculo cotidiano con el río.

Sin río, ¿cómo trabajan los pescadores?
El llamado "espejo de agua", que funcionaba como una especie de estacionamiento o zona de amarre para las canoas de los vecinos que pescan, ya no existe, asegura.

"Los vecinos que se dedican al pescado no tienen su amarre ya hace rato, lo cual les fue prometido", cuenta.

La construcción del parque acuático aparece, en su relato, como parte de un proceso más amplio de transformación de la ribera.

Elsa asegura que las obras hicieron imposible recuperar ese espacio para las embarcaciones y cuestiona el impacto que tuvieron sobre el paisaje y sobre las actividades tradicionales del barrio.

"Es imposible que lo hagan por cómo están destruyendo la ribera, cómo están destruyendo La Florida, cómo están destruyendo la costa", afirma.

Recuerda que todo comenzó, según su mirada, con las obras vinculadas al desagüe del Conducto Piaggio y que luego continuaron otras intervenciones.

"No nos dejaron patio. Nosotros, del barrio, no nos dejaron patio", dice. La expresión tiene un sentido concreto: los vecinos sienten que las obras fueron avanzando sobre los espacios que históricamente funcionaban como extensión de sus viviendas y de su relación con el río.

Pero Elsa amplía el reclamo. No considera que la pérdida del acceso al río afecte solamente a los pescadores. También cuestiona que los sectores populares de Rosario tengan cada vez menos espacios públicos para disfrutar de la costa.

"No nos dejan el río ni siquiera tanto, yo siempre digo ni para nosotros ni para los barrios populares que puedan ir a disfrutar en un espacio público tan hermoso como es el río Paraná", plantea.

Su crítica se formula en términos de desigualdad: "El privado es para los privados, ¿no es cierto? Y los públicos para los pobres que somos nosotros, la gente del barrio".

La pregunta que atraviesa el desalojo: ¿a dónde irían?
En ese contexto, el desalojo es hoy la preocupación que domina la vida cotidiana de las familias.

"Lo que a nosotros más ahora nos tiene acongojado y nos tiene, digamos, sin dormir, es el tema del desalojo", cuenta. Y aparece una pregunta que, para los vecinos, nadie ha respondido: ¿a dónde irían?

Elsa asegura que averiguaron y que no existe en Rosario un lugar preparado para recibir a un nuevo barrio con estas características.

Pero incluso si apareciera un espacio, el problema no se resolvería simplemente trasladando las viviendas. "¿A dónde va a ir el pescador con su canoa?", pregunta.

La diferencia, explica, está entre poder vivir cerca del trabajo y que alguien impida desarrollar esa actividad. Para una familia que pesca, tener la vivienda próxima al río y disponer de un lugar donde amarrar la embarcación no es un detalle: es parte de la posibilidad concreta de trabajar.

Kioscos, pescaderías y una economía familiar
Lo mismo ocurre con los pequeños comercios. Elsa tiene un kiosco en el barrio y conoce esa economía de primera mano. En los días cálidos, cuando aumenta la circulación de personas por La Florida, el comercio se sostiene con los vecinos y visitantes que llegan a la zona.

Pueden pedir desde agua caliente hasta una masita, explica, en una dinámica comercial pequeña pero permanente. Y detrás de ese kiosco no hay una gran empresa. "En mi kiosco somos, estoy yo primeramente, o sea mis hermanos, mis hijos, sobrinos", cuenta.

Son negocios familiares en los que los integrantes de una misma familia se ayudan entre sí.

La descripción, según Elsa, vale para prácticamente todo el barrio. No hay grandes emprendimientos ni cadenas comerciales. Detrás de cada negocio y de cada pescadería hay familias que dependen de esa actividad.

"Detrás de cada negocio y de cada pescadería vos tenés que contarle como mínimo cuatro o cinco familias", afirma.

El número total de habitantes tampoco es menor. Elsa estima que actualmente hay unas 150 familias, con un promedio de cinco o seis integrantes por grupo, aunque algunas son todavía más numerosas.

Por eso considera imprescindible realizar un nuevo relevamiento. Las generaciones continúan y el barrio, dice, no está desapareciendo sino creciendo. "Se sigue aumentando el barrio", explica.

Lo que cuestiona es que ningún organismo estatal haya realizado un registro actualizado que permita saber exactamente cuántas familias y cuántas personas viven allí.

Para Elsa, el problema se vuelve todavía más grave cuando las propias cédulas judiciales parecen desconocer esa realidad.

Cuenta que incluso llegaron notificaciones a menores y menciona el caso de un niño de aproximadamente cinco años que habría recibido una citación para presentarse en tribunales. "Es insólito", resume.
El ReNaBaP y un barrio que pide ser reconocido

Hay, además, un elemento que los vecinos consideran fundamental: el barrio forma parte del Registro Nacional de Barrios Populares, el ReNaBaP.

Elsa asegura que la mayoría de las familias cuenta con el correspondiente certificado. Ese reconocimiento, sin embargo, tampoco les habría servido como esperaban durante sus presentaciones judiciales.

Una de las vecinas mencionó en tribunales que el barrio figura en el ReNaBaP y, según relata Elsa, recibió como respuesta que eso no importaba.

La escena profundizó la frustración. Algunas vecinas salieron llorando de los tribunales, preguntándose para qué habían ido si esperaban encontrar allí algún tipo de protección.

Elsa reconoce que los vecinos no son especialistas en derecho. "Tratamos de defenderme como puedo, con lo que sé, con lo poco que conozco", dice. Pero al mismo tiempo sostiene que no son ignorantes y que conocen las dificultades que enfrentan.

En ese contexto también expresa sospechas sobre la actuación de algunos defensores y sobre posibles acuerdos, aunque no aporta nombres ni pruebas concretas. Su percepción, dice, está atravesada por una vieja frase de su padre: "La plata mueve el mono".

La desconfianza hacia el sistema judicial convive, sin embargo, con una necesidad urgente de encontrar representación legal.

Por eso Elsa hace un llamado público. Pide solidaridad a la comunidad rosarina y, especialmente, a algún abogado que pueda acercarse, asesorar a las familias y eventualmente representarlas.

La dificultad es económica. Muchas de las familias, sostiene, no están en condiciones de pagar un abogado particular. "No podemos sostener un abogado", explica.

También apunta a la solidaridad histórica de Rosario y espera que profesionales comprometidos puedan escuchar el reclamo. Entre las instituciones a las que piensan recurrir menciona a la Defensoría del Pueblo.

La noche anterior a la entrevista, cuenta, un grupo de vecinos se había reunido para preparar una nota destinada a ese organismo. La intención era explicar la situación y adjuntar los certificados del ReNaBaP y otra documentación que permita demostrar la existencia previa del barrio y de las familias que lo habitan.

Los vecinos quieren dejar constancia de que son preexistentes a muchas de las intervenciones y proyectos que hoy se desarrollan en la zona.

También quieren que se reconozca la historia de un lugar que, según su relato, fue construido mucho antes de que aparecieran los proyectos actuales.

La disputa por el parque acuático
La discusión por el parque acuático vuelve entonces a aparecer. Elsa cuenta que los vecinos se opusieron a la obra porque, desde su perspectiva, les quitó espacio, alteró la ribera y modificó el paisaje.

"Nos tapa la ventana de nuestra casa, se apropiaron de nuestro patio y arruinaron una ribera tan hermosa, la que tiene Rosario", sostiene.

Su cuestionamiento no es solamente paisajístico. También pone en duda la utilidad de una obra que, desde su mirada, no responde a las necesidades permanentes de la ciudad.

Quienes viven allí conocen, dice, el comportamiento del río y las temporadas a lo largo de todo el año. Por eso creen que determinados proyectos están pensados para ser disfrutados durante un período reducido.

Elsa establece un paralelo con la llamada Florida Paga, que, según su apreciación, tiene actividad intensa durante tres meses y queda prácticamente sin movimiento durante los otros nueve.

"Es algo que va a quedar muerto", sostiene sobre el parque acuático. También recuerda antecedentes de proyectos que no funcionaron y menciona que hubo un año en que determinados toboganes no funcionaron.

Para ella, la inversión resulta difícil de justificar cuando el propio barrio tiene necesidades básicas pendientes. "Es una lástima tanta plata gastada en ese lugar cuando nuestro mismo barrio necesita un montón de cosas", afirma.

Y amplía el reclamo al resto de Rosario. Elsa cuenta que camina por otros sectores de la ciudad y conversa con vecinos de distintos barrios. Dice que también allí observa necesidades, problemas de infraestructura y familias que esperan respuestas.

En su mirada, la discusión por el barrio de los pescadores forma parte de una problemática más amplia sobre las prioridades urbanas.

Pero en el caso particular de La Florida, existe un componente que vuelve todavía más urgente la situación: la identidad construida alrededor del río.

Para Elsa, sacar a las familias de ese lugar significaría romper una relación entre vivienda, trabajo, paisaje y memoria que lleva generaciones.

Nevada y las dudas sobre la propiedad de las tierras
No sabe quién está detrás de Nevada. Los vecinos intentaron identificar a la empresa y encontraron distintas denominaciones. Nevada Sociedad Anónima Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria aparece vinculada a un domicilio en calle Salta al 1165, pero, según Elsa, allí no encontraron una identificación clara.

La sociedad, además, parece tener múltiples facetas. En distintos momentos, los vecinos la identificaron como constructora, como una empresa española, como una firma dedicada a los frutos secos y como una empresa inmobiliaria.

"Es como que tiene 200.000 nombres, 200.000 facetas porque no sabemos bien a qué se dedica", dice Elsa. Para ella, detrás de la disputa territorial existe un conflicto político y económico de fondo.

Lo plantea de manera directa, aunque como una interpretación personal: "Yo siempre lo digo y lo voy a decir: para rellenar los bolsillos de pocos y para el hambre, la necesidad de vivienda y salud para muchos, que es el barrio de los pescadores".

No identifica a una persona física detrás de Nevada. "Nunca estuvo", afirma. Y esa ausencia, sumada a las distintas denominaciones que encontraron, alimenta las dudas de los vecinos.

La Municipalidad y una promesa que quedó pendiente
Mientras tanto, la Municipalidad aparece en una posición contradictoria desde la perspectiva del barrio.

Por un lado, había presentado planes de reurbanización y modernización de la zona. Por otro, frente al actual proceso judicial, Elsa asegura que no se acercó para explicar qué sucederá con las familias.

Los concejales, cuenta, sí mantuvieron algún contacto y les marcaron posibles caminos para continuar el reclamo. Pero la solución de fondo todavía no aparece.

La historia de la reurbanización también se conecta con una promesa política más antigua. Elsa recuerda que Pablo Javkin había hablado de ese proyecto antes de su primer mandato.

Lo recuerda con particular dureza porque, según ella, en aquel momento el barrio era reconocido cuando resultaba necesario políticamente.

"Cuando se acordaba que éramos ciudadanos, cuando se acordaba que estábamos ahí y cuando necesitaba el voto", dice.

"No nos queremos ir"

A pesar de todo, Elsa asegura que los vecinos no piensan abandonar el lugar. "No nos queremos ir, no nos vamos a ir", afirma.

La frase no aparece como una consigna aislada, sino como la conclusión de todo un relato.

No quieren irse porque allí viven, trabajan y porque allí vivieron sus padres y abuelos. Porque allí están las canoas, los kioscos, las pescaderías y los pequeños comercios familiares. Porque allí está el río del que depende una parte de su economía y porque allí construyeron una identidad que consideran inseparable de la historia de Rosario.

Van a luchar, dice Elsa, "hasta el último momento". Y vuelven a pedir solidaridad.

La apelación está dirigida a los vecinos de Rosario, una ciudad que, según Elsa, conoce el barrio aunque muchas veces no conozca sus problemas.

Cree que el 99,9 por ciento de los rosarinos pasó alguna vez por allí, caminó por la zona, compró pescado, disfrutó de la costa o simplemente vio ese paisaje como parte de la ciudad.

Por eso insiste en que el barrio de los pescadores no puede reducirse a un expediente de desalojo ni a una superficie sobre la que distintos actores discuten derechos de propiedad. Es, para ella, una parte de Rosario.

Un barrio donde cada pescadería sostiene a varias familias, donde los kioscos son empresas familiares, donde los pescadores necesitan el río para trabajar y donde las generaciones se suceden desde hace décadas.

Un barrio que reclama que se lo reconozca antes de que sea demasiado tarde.

Y un barrio que, mientras espera una respuesta judicial y busca abogados que puedan acompañarlo, continúa mirando hacia el Paraná y repitiendo la misma pregunta que atraviesa toda la historia reciente de sus habitantes: Si los obligan a irse, ¿a dónde irán los pescadores con sus canoas?

La tierra y el derecho a permanecer
Cuando terminó la entrevista con Elsa Avip, apareció otra voz para aportar contexto. Una persona que fue parte de la militancia que impulsó el ReNaBaP explicó que la acción de reivindicación de los terrenos es el paso previo a un eventual juicio de desalojo. La inició la empresa que compró el predio, donde desde hace al menos cinco décadas viven familias que construyeron allí sus casas y sus vidas.

Mientras los vecinos y vecinas denuncian hostigamientos para que abandonen el lugar. La zona es codiciada y el conflicto comenzó después de que un privado adquiriera los terrenos con las familias todavía ocupando el predio. Sin embargo, existe una protección legal que, por ahora, alcanza a quienes viven allí: la Ley Nacional de Barrios Populares establece la prohibición de desalojos dentro de los polígonos incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) hasta 2035.

Por eso, una de las principales acciones es transmitir tranquilidad a vecinos y vecinas. Mientras el barrio permanezca comprendido dentro de ese registro, están amparados por esa normativa.

Escuchá la entrevista completa:

sábado, 3 de octubre de 2026

París le dijo no a Milei: la protesta de los argentinos y argentinas residentes en Francia

Durante la visita de Javier Milei a París, la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia se movilizó, lo declaró persona no grata y convocó a organizaciones políticas, sindicales y sociales francesas y argentinas. Detrás de esa protesta hay una preocupación que trasciende al gobierno de turno: qué ocurre con los derechos sociales, la democracia y los recursos naturales de la Argentina, y cómo esas discusiones son recibidas en Francia. Sobre estos temas, uno de sus dirigentes, Raúl Maio, dialogó con Señales, a partir de una mirada que, a 50 años del golpe de Estado, vincula la defensa de la Memoria, la Verdad y la Justicia con los debates y conflictos del presente
Una mirada argentina desde Francia

A 50 años del golpe de Estado, los argentinos que viven en el exterior vuelven a mirar hacia su país de origen con preocupación. En Francia, esa mirada se organiza, se debate y también sale a la calle.

La Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia es una organización que desde 2015 reúne a argentinos de distintos orígenes políticos, sociales, económicos y generacionales. Entre sus principales preocupaciones, sus integrantes señalan lo que consideran un proceso de desmantelamiento del Estado, pérdida de derechos sociales, criminalización de las luchas y represión. También advierten sobre el crecimiento del desempleo, la caída de los salarios y el cierre de empresas.

En ese contexto, la Asamblea se movilizó en París durante la visita del presidente Javier Milei y lo declaró persona no grata. La concentración estaba prevista inicialmente frente a la Embajada argentina, pero terminó realizándose en la Explanada de los Derechos Humanos, en la Plaza del Trocadero. Según la organización, alrededor de 500 personas participaron de la protesta, junto con organizaciones políticas, sindicales y sociales francesas y argentinas.

La movilización fue parte de las acciones que la Asamblea desarrolla desde una perspectiva que vincula el presente argentino con la memoria de la última dictadura. Para sus integrantes, la defensa de la democracia, de los derechos sociales y de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia constituye un principio que no depende de quién gobierne.

Raúl Maio, integrante de la Asamblea, explica que la organización nació en 2015 a partir de una preocupación concreta: el final de un período democrático identificado por sus integrantes con un gobierno popular y el comienzo de una etapa neoliberal que, según su mirada, podía poner en riesgo derechos sociales adquiridos.

Desde entonces, sostiene, la Asamblea construyó un espacio común entre personas con posiciones políticas diferentes, pero que comparten algunos principios que consideran irrenunciables.

"El principio absoluto son las leyes de Memoria, Verdad y Justicia, la defensa de la democracia y de los derechos sociales adquiridos en Argentina", señala Maio. Esos principios, agrega, son defendidos "cualquiera sea el gobierno".
Informar sobre la Argentina
La tarea de la organización no se limita a la denuncia. Uno de sus principales objetivos es informar a la sociedad francesa sobre lo que sucede en Argentina.

Lo hacen a través de manifestaciones, peticiones, conferencias y actividades culturales. También organizan proyecciones de películas realizadas en Argentina y mantienen vínculos con asociaciones, sindicatos, partidos políticos y organismos de derechos humanos. "Es informar sobre qué es lo que pasa en Argentina", resume Maio.

Esa tarea, explica, incluye tanto aquello que la Asamblea considera negativo como experiencias que entiende positivas o valiosas. La crítica aparece especialmente cuando sus integrantes observan lo que consideran un avasallamiento de derechos sociales, situaciones de represión, persecuciones o pérdida de derechos.

Maio insiste en que esa posición no está dirigida contra una persona o una organización política determinada, sino que responde a una concepción general de defensa de los derechos.

Milei en París
La llegada de Milei a Francia colocó a la Asamblea en una nueva etapa de movilización. El viaje había sido anunciado y preparado con anticipación y, para Maio, tenía un componente que excedía lo estrictamente diplomático.

Desde su perspectiva, el objetivo fundamental era económico: atraer inversiones y capitales hacia la Argentina para profundizar la explotación de sus recursos naturales.

"No es para vender la inteligencia argentina, lo que somos capaces de hacer, sino fundamentalmente para explotar riquezas naturales nuestras que se las lleven", plantea.

La Asamblea siguió durante aproximadamente un mes los preparativos de la visita y convirtió ese viaje en el eje central de su actividad política en Francia.

Según Maio, el interés que encontró fue considerable. En parte, porque la Argentina aparece ante determinados sectores políticos y mediáticos franceses como una suerte de laboratorio de políticas económicas y sociales que trascienden sus fronteras.

El integrante de la Asamblea sostiene que el gobierno de Milei presenta en Francia una versión de su gestión centrada en la baja de la inflación, el equilibrio de las cuentas públicas y el superávit. Esa mirada, afirma, no incorpora las consecuencias sociales que la organización considera centrales.

Para contraponer esa narrativa, sus integrantes difundieron información entre periodistas, sindicatos y partidos políticos franceses.

Maio habla de más de 400.000 puestos de trabajo perdidos desde la llegada de Milei, alrededor de 30.000 empresas cerradas, una apertura importadora que considera casi total y una fuerte recesión. También pone el foco en la pérdida del poder adquisitivo y, especialmente, en el deterioro de áreas vinculadas al Estado.

"Es terrible lo que está pasando allí", afirma al referirse a trabajadores de la educación, la medicina y la investigación. A su juicio, se trata de una destrucción que será "muy, mucho" difícil de recuperar.
La discusión argentina cruza las fronteras
La discusión sobre la Argentina encontró también un escenario francés atravesado por el crecimiento de la extrema derecha. Maio señala que Francia atravesaba un proceso electoral y que la posibilidad de un avance de la extrema derecha formaba parte de las discusiones políticas del país. En ese contexto, sostiene, Milei aparece como un símbolo de determinadas políticas de liberalización económica y retroceso de derechos sociales.

Para la Asamblea, el fenómeno tampoco es exclusivamente argentino. Maio observa un avance de fuerzas de extrema derecha en Europa, Estados Unidos y distintos países de América Latina, aunque reconoce características diferentes en cada caso.

Lo que encuentra en común es un proyecto económico que, a su entender, comparte algunos elementos con el modelo impulsado por Milei.

Ese debate también llegó al periodismo francés. Maio remarca que los constantes enfrentamientos del presidente argentino con periodistas despertaron especial atención.

"Milei está acostumbrado a insultar a los periodistas", sostiene, y cuenta que medios franceses analizaron sus declaraciones, sus insultos y la frecuencia de esos episodios. También menciona comunicados de rechazo y pedidos dirigidos al presidente francés, Emmanuel Macron, en relación con la visita oficial.

La protesta en el Trocadero
La movilización en París fue el resultado de esas semanas de trabajo. La Asamblea había previsto inicialmente concentrarse en las inmediaciones de la Embajada argentina, donde habitualmente realiza sus protestas. Pero la visita presidencial modificó el dispositivo y los manifestantes fueron desplazados hacia el Trocadero.

El cambio de lugar tuvo, según Maio, una importancia simbólica. No impidió, sin embargo, que la protesta reuniera a unas 500 personas, según la organización.

La movilización tuvo además una característica política poco habitual: estuvieron representados los cinco partidos de la izquierda francesa. Participaron el Partido Comunista, La Francia Insumisa, el Partido Socialista, los ecologistas y Revolución Permanente. "Todos vinieron a darnos un apoyo fundamentalmente a los trabajadores y al pueblo argentino", cuenta Maio.

El integrante de la Asamblea interpreta esa presencia también como una señal hacia la sociedad francesa. Desde su perspectiva, la política impulsada por Milei "no es la querida ni la apreciada ni sostenida por el pueblo francés".

A la movilización se sumaron las centrales sindicales CGT y Solidaires, junto con distintas organizaciones sociales francesas y latinoamericanas. Muchas de ellas están vinculadas a la defensa de los derechos humanos y, particularmente, a la situación de los presos políticos en Argentina.

Maio puso el foco en dos casos que, desde la perspectiva de la Asamblea, siguen siendo especialmente relevantes: el de Milagro Sala y el de Cristina Fernández de Kirchner. "Tenemos dos personas muy importantes en Argentina que siguen siendo presas políticas. Son dos mujeres, no por casualidad", sostuvo. Sobre Sala, recordó que lleva "más de 10 años y 6 meses de presa" y que ya se acerca a los 3.900 días de detención. En cuanto a Fernández de Kirchner, señaló que lleva más de un año privada de su libertad. "Y las dos son presas políticas", afirmó.
Inversiones, recursos y ambiente
Pero para la Asamblea, la dimensión política de la visita de Milei es apenas una parte del problema. El otro gran eje está en las inversiones que el presidente argentino buscó promover durante su estadía en Francia.

Maio sostiene que el viaje no tuvo como objetivo prioritario atraer capitales para desarrollar fábricas, rutas o infraestructura, sino inversiones destinadas a la explotación de materias primas. Entre ellas ubica especialmente la minería y el petróleo, actividades vinculadas, según su interpretación, con los recursos naturales de distintas provincias argentinas.

El problema, desde esa perspectiva, no es únicamente económico. También es ambiental.

Maio pone el foco en las regiones cordilleranas, donde el agua constituye un recurso escaso. Una explotación minera más profunda, advierte, podría generar un impacto especialmente grave en esas zonas.

"Cualquier producción de esto necesita mucha agua que no sé de dónde la van a sacar", plantea. En su interpretación, el riesgo es que las provincias y las poblaciones reciban una parte menor de los beneficios económicos mientras deben afrontar las consecuencias ambientales de la explotación.

Entre las empresas francesas que identifica aparece Total, una de las grandes compañías petroleras internacionales, a la que atribuye un compromiso de inversión de 10.000 millones de dólares en Argentina. También menciona a Eramet, vinculada a la explotación de litio. Ambas empresas ya tienen presencia en el país y, según Maio, proyectan ampliar su producción.

La delegación argentina que acompañó a Milei, agrega, incluyó a 13 gobernadores y a un grupo de empresarios interesados en posibles negocios.

Para Maio, todavía no es posible conocer todas las conclusiones económicas del viaje. Sin embargo, anticipa que el Gobierno seguramente presentará los acuerdos como un éxito.

Desde la perspectiva de la Asamblea, ese éxito tendría otra lectura. "El éxito de ellos va a significar una pérdida enorme para nuestra gente", afirma.

Lo que puede venir después de Milei
La organización ya comenzó a pensar en una nueva etapa de trabajo. Si las empresas francesas profundizan sus inversiones en Argentina, la Asamblea buscará establecer contacto con ellas para explicarles lo que considera el costo social y ambiental de sus actividades.

Maio cuestiona además la legitimidad política de entregar recursos naturales bajo las actuales condiciones. Sostiene que, aunque el Gobierno haya sido elegido democráticamente, sus políticas pueden entrar en contradicción, según su interpretación, con principios democráticos y constitucionales, entre ellos la defensa de la soberanía.

"Este hombre las está regalando", dice al referirse a las riquezas naturales argentinas. Su advertencia apunta también hacia el futuro. Las empresas que hoy aprovechen las condiciones ofrecidas por el Gobierno, sostiene, podrían encontrarse mañana con decisiones diferentes tomadas por otros gobiernos o por nuevas mayorías políticas.

"No van a poder seguir haciendo lo que puede permitirles Milei", afirma.
Memoria, Verdad y Justicia
La Asamblea ya conoce, por otra parte, el efecto que puede tener una campaña sostenida en Francia. Maio recuerda el episodio ocurrido en la Casa Argentina, cuyo director había sido designado durante la gestión de Milei y al que acusa de haber sostenido posiciones negacionistas. Según su relato, el funcionario retiró una placa vinculada con los 30.000 desaparecidos de la última dictadura argentina para el 24 de marzo.

La reacción de las organizaciones argentinas en Francia derivó en una campaña que, según Maio, terminó involucrando a la Municipalidad de París y al Ministerio francés de Relaciones Exteriores. Finalmente, el funcionario fue despedido.

Para la Asamblea, ese episodio dejó una enseñanza: la presión social puede modificar decisiones. "Esto es para decir que se puede", sostiene Maio.

La memoria, en ese sentido, no aparece para la organización como una referencia exclusivamente ligada al pasado. A 50 años del golpe de Estado, sus integrantes la utilizan también como una forma de leer el presente y de intervenir sobre las discusiones que consideran centrales para la Argentina.

Una lucha que cruza fronteras
Ahora, el desafío será seguir lo que ocurra después de la visita presidencial. La Asamblea buscará conocer los acuerdos económicos entre Argentina y Francia, identificar a las empresas involucradas y explicar ante la sociedad francesa cuáles pueden ser, desde su perspectiva, las consecuencias de esas inversiones.

La disputa que plantea Maio no se limita entonces a la política argentina ni a una protesta puntual contra Milei. Se extiende hacia el terreno económico, ambiental y social y busca interpelar también a quienes, desde Francia, puedan beneficiarse de la explotación de los recursos argentinos.

"Si no respetan a Argentina, si no respetan la ecología argentina, tampoco vamos a respetarlos a ellos nosotros", advierte.

En París, mientras tanto, las luchas argentinas se cruzan con las francesas. Estudiantes, trabajadores, sindicatos y organizaciones sociales vienen protagonizando movilizaciones en defensa de la educación y los servicios públicos, contra los recortes y por mejores condiciones laborales y salariales. La Asamblea intenta tender un puente entre esas demandas y las que llegan desde Argentina.

A 50 años del golpe de Estado, la reivindicación de la Memoria, la Verdad y la Justicia se mezcla así con una preocupación por el presente. Desde Francia, los integrantes de la organización intentan explicar qué sucede en la Argentina y construir alianzas con quienes consideran que las políticas de ajuste, privatización, pérdida de derechos y explotación de los recursos naturales no son un asunto exclusivamente argentino.

Para Maio, la defensa de esos derechos sigue siendo la razón de ser de la Asamblea. Y también el punto de partida de una advertencia que, desde París, busca atravesar las fronteras: lo que ocurre en Argentina puede ser observado como un experimento, pero sus consecuencias —sociales, económicas, ambientales y políticas— pueden proyectarse mucho más allá del país.

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Fotos: Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia

Tierras, soberanía y Justicia: qué hay detrás del fallo de la Corte

El fallo de la Corte Suprema que dejó nuevamente operativo el artículo 154 del DNU 70/2023 reabrió la discusión sobre los límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Para el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) La Plata, la decisión excede una controversia judicial: pone en debate el acceso a la Justicia, el alcance de la soberanía y el control sobre los recursos naturales. En diálogo con Señales, la abogada Laurentina Alonso cuestionó la resolución y anticipó que la organización analiza recurrir al sistema interamericano.

La discusión sobre quién puede adquirir grandes extensiones de tierra en la Argentina volvió a quedar atrapada en una disputa que excede los límites de un expediente judicial. En el centro aparecen una ley sancionada hace más de una década, un decreto de necesidad y urgencia del actual gobierno, una decisión de la Corte Suprema y una pregunta que el CECIM La Plata considera imposible de esquivar: ¿qué significa defender la soberanía sobre un territorio?

La Ley 26.737, sancionada en 2011 y denominada Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, estableció límites a la adquisición y titularidad de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras, con el objetivo de establecer un régimen de protección sobre el dominio nacional de este tipo de tierras.

Entre sus principales disposiciones, fijó un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales, tanto a nivel nacional como en las jurisdicciones correspondientes, además de establecer restricciones vinculadas con la concentración de tierras en manos de personas de una misma nacionalidad.

En diciembre de 2023, el presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que introdujo modificaciones sobre este régimen. En particular, su artículo 154 derogó distintos artículos de la Ley 26.737 y eliminó las restricciones que alcanzaban a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La modificación generó cuestionamientos judiciales y abrió un debate sobre el alcance de las facultades del Poder Ejecutivo y sobre las consecuencias que una eventual flexibilización del régimen podía tener sobre la soberanía territorial.

En este contexto, el fallo de la Corte Suprema que revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata y permitió que volviera a regir el artículo 154 del DNU 70/2023 abrió, para el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) La Plata, una nueva discusión sobre la soberanía, el acceso a la Justicia y los límites del Poder Judicial. La Cámara había declarado la inconstitucionalidad y nulidad de ese artículo y, como consecuencia, habían recuperado vigencia las restricciones establecidas por la Ley de Tierras. La Corte, sin embargo, no se pronunció sobre la constitucionalidad de fondo del DNU, sino que centró su decisión en la legitimación del CECIM para promover la acción colectiva. Posteriormente, el máximo tribunal debió aclarar el alcance de su resolución.

Una ley que vuelve al centro de la disputa
Para Laurentina Alonso, abogada del CECIM La Plata, esa aclaración no alcanza para despejar las consecuencias del fallo. En diálogo con Señales, sostuvo que, en su interpretación, la Corte volvió a poner en vigencia el artículo que había derogado las restricciones establecidas por la Ley de Tierras Rurales.

El argumento central del máximo tribunal, explica Alonso, fue que el CECIM no estaba legitimado para impulsar una acción de esas características, porque la soberanía no constituiría, según ese criterio, un bien jurídico susceptible de tutela mediante una acción colectiva.

La decisión había contradicho el criterio de la Cámara Federal de La Plata, que había considerado que la soberanía sí era un bien jurídico indivisible y tutelable y que, por lo tanto, existía una incidencia colectiva que habilitaba el amparo presentado por los excombatientes. Para esa instancia, la Ley de Tierras no era una norma aislada, sino una herramienta destinada a proteger el territorio frente a la concentración de grandes extensiones en manos de unos pocos y, especialmente, frente a la extranjerización de tierras en zonas consideradas estratégicas.

La Ley de Tierras establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, fijaba restricciones en zonas de frontera y determinados porcentajes de concentración en áreas específicas. Para Alonso, esas disposiciones estaban vinculadas directamente con la defensa de la soberanía nacional porque la concentración de tierras en capitales extranjeros podía afectar, además de la integridad territorial, la soberanía alimentaria y ambiental.

En ese punto se encuentra una de las principales objeciones de la abogada al fallo. Alonso considera que resulta difícil sostener que no existe una incidencia colectiva cuando está en discusión la posibilidad de que grandes capitales extranjeros puedan adquirir extensiones territoriales de enorme magnitud. En su interpretación, si se habilitara que un magnate pudiera comprar una provincia o un municipio, la discusión dejaría de ser abstracta: estaría en juego la capacidad del Estado para disponer de sus recursos y preservar su integridad territorial.

"Un fallo oportunista"
Por eso define la resolución como un fallo "oportunista" y la vincula con el contexto político en el que fue dictada. Según su lectura, después de la discusión parlamentaria de un proyecto relacionado con la inviolabilidad de la propiedad que no llegó a ser tratado en la Cámara y luego de distintas movilizaciones y expresiones públicas de rechazo, existía la necesidad de volver a poner en vigencia el DNU y dejar sin efecto las restricciones de la Ley de Tierras.

Alonso también cuestiona que la Corte haya elegido tratar el expediente en ese momento. Recuerda que el máximo tribunal no tiene plazos estrictos para decidir qué casos aborda y relaciona la resolución con el viaje del presidente Javier Milei y de gobernadores a Europa para promover inversiones.

En esa misma línea, vincula la discusión con declaraciones del Presidente ante la comunidad internacional sobre la posibilidad de instalar centros de datos que requieran grandes cantidades de recursos naturales sin una legislación que los limite.

Desde su perspectiva, el fallo no puede ser entendido como una defensa de la soberanía ni del bien común. La reacción pública que generó la resolución llevó a la Corte a emitir un comunicado para aclarar que únicamente había resuelto una cuestión formal vinculada con la legitimación del CECIM y que otras personas u organizaciones podrían recurrir a la Justicia para plantear la inconstitucionalidad del DNU.

Para Alonso, esa aclaración resulta insuficiente porque, aun cuando el tribunal no haya resuelto la constitucionalidad de fondo de la norma, su decisión produjo un efecto concreto: volvió a poner en vigencia una disposición que había derogado la Ley de Tierras. Y recuerda que, en otras oportunidades, la propia Corte había sostenido que los decretos de necesidad y urgencia no podían utilizarse para derogar leyes.

"Lo grave es que nuevamente ponen en vigencia algo que la Corte ha dicho que los DNU no pueden derogar una ley", sostiene.
Cuando la legitimación se convierte en el centro del conflicto

La discusión sobre la legitimación ocupa un lugar central en su interpretación. Para Alonso, afirmar que no existe una incidencia colectiva implica restringir el acceso a la Justicia, porque termina dificultando que organizaciones sociales puedan acudir a los tribunales para cuestionar decisiones del Poder Ejecutivo y pedir un control de constitucionalidad.

En el caso del CECIM, además, la cuestión adquiere una dimensión particular. Alonso considera contradictorio que se deslegitime a una organización integrada por excombatientes de Malvinas cuando se trata precisamente de una entidad cuya historia está atravesada por la defensa de la soberanía territorial.

"Es violento pretender deslegitimar a una organización civil que tiene muchísimos años de antecedentes", afirma y recuerda que el CECIM no solamente sostiene la defensa del territorio de las Islas Malvinas, sino que desde hace décadas interviene en debates vinculados con la soberanía y con las condiciones necesarias para que la población pueda vivir dignamente.

Por eso, para la abogada, el mensaje que reciben los excombatientes es especialmente fuerte: el Estado los envió a defender la soberanía territorial y, décadas después, la máxima instancia judicial les dice que no tienen legitimación para acudir a los tribunales en defensa de esa misma soberanía.

Alonso también relaciona este episodio con otra disputa judicial que lleva años: las denuncias por torturas y graves violaciones a los derechos humanos sufridas por excombatientes durante la guerra de Malvinas. Según explica, esos expedientes permanecen demorados desde hace aproximadamente cuatro años y el CECIM incluso debió acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en uno de los incidentes.

La comparación le sirve para ampliar su crítica. A su entender, el problema no afecta solamente a los excombatientes, sino que forma parte de una dificultad más amplia para acceder a la Justicia. Menciona en ese sentido a ambientalistas, campesinos, pueblos originarios y trabajadores, y vincula esa situación con las reformas impulsadas durante el actual gobierno y con conflictos laborales y productivos, entre ellos los que afectan a Tierra del Fuego.

"En Argentina no se está garantizando el Poder Judicial, no está garantizando el acceso a la Justicia", sostiene Alonso.

Desde su perspectiva, la reiteración de argumentos vinculados con la falta de legitimación no es casual. Considera que existe una tendencia a desacreditar a quienes recurren a los tribunales para reclamar derechos, bajo el argumento de que carecen de capacidad o legitimación para hacerlo. Para Alonso, eso plantea una discusión más profunda acerca del papel que ocupa actualmente el Poder Judicial y de hasta qué punto sus decisiones se orientan por el bien común y por el ordenamiento constitucional.

Malvinas, tierras y una misma idea de soberanía
La abogada vuelve entonces sobre una cuestión que considera elemental: para que exista un ordenamiento jurídico debe existir un territorio sobre el cual ese ordenamiento pueda aplicarse. En ese sentido, vincula la discusión por la Ley de Tierras con la cuestión Malvinas y con la cláusula transitoria de la Constitución Nacional que reafirma la soberanía argentina sobre las islas.

Su razonamiento es que la extranjerización irrestricta de grandes extensiones de tierra puede terminar favoreciendo procesos de concentración y colonización económica del territorio. "Están permitiendo que colonicen nuestro territorio", sostiene.

Para Alonso, la discusión no se limita a una ley ni a un expediente judicial. Considera que las decisiones de los tres jueces de la Corte Suprema tienen consecuencias concretas sobre derechos fundamentales: la libertad, el acceso a la alimentación, la salud, la educación y, en definitiva, la posibilidad de que el Estado garantice derechos a sus ciudadanos.

El hecho de que la Corte haya tenido que salir nuevamente a aclarar el alcance de uno de sus fallos es, para ella, otro elemento significativo. Recuerda que no es la primera vez que ocurre en causas vinculadas con los excombatientes.

En 2015, cuando el máximo tribunal rechazó por una cuestión formal un recurso relacionado con las denuncias sobre posibles delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra de Malvinas, también tuvo que emitir posteriormente una aclaración porque no había resuelto la cuestión de fondo.

"Esta es la segunda vez que aclaran", señala Alonso, quien considera llamativo que ambas ocasiones estén relacionadas con reclamos de los combatientes.

La abogada también cuestiona lo que percibe como una distancia entre la Corte y la realidad social. En su interpretación, mientras algunos fallos establecen límites a las expresiones dirigidas contra personas públicas, en otros momentos se habla de "discursos de odio" cuando las críticas se dirigen contra los propios jueces.

Para Alonso, esa discusión evidencia una desconexión con el clima social y con el malestar que atraviesa a distintos sectores.

"Están alejados de la realidad y, en realidad, del sentir nacional, del sentir de las personas que habitan en este territorio, de lo que le está pasando a la comunidad, del hambre que vive el pueblo", afirma. Por eso interpreta el comunicado posterior de la Corte no como una verdadera aclaración, sino como una explicación que, a su juicio, terminó generando todavía más confusión. "Más que clarificar, oscurecen", resume.
Una disputa que excede el expediente

Para el CECIM, además, el fallo deja un antecedente que trasciende el caso particular. Alonso advierte que la Corte está estableciendo, con esta resolución, un criterio según el cual la soberanía territorial no sería un bien jurídico tutelable y ninguna organización podría presentarse ante la Justicia para reclamar que se garantice ese derecho mediante una acción colectiva.

La disputa, sin embargo, no termina en los tribunales. Una de las posibilidades para revertir la situación pasa ahora por el Congreso y por la eventual derogación del DNU. El problema, explica Alonso, es que la discusión parlamentaria también se ha demorado. Recuerda que el tema tuvo tratamiento en el Senado, pero permaneció durante mucho tiempo sin avanzar.

A eso se suma, según su análisis, la posición de gobernadores interesados en atraer inversiones extranjeras. Alonso admite que no está claro si existen los votos suficientes para revertir el decreto y advierte que, mientras algunos sectores plantean recuperar la vigencia de la Ley de Tierras, también existe la posibilidad de que la discusión se limite a determinados artículos sin abordar integralmente el DNU.

Mientras tanto, el CECIM evalúa recurrir nuevamente a una instancia internacional. Alonso explica que la organización analiza acudir al sistema interamericano por lo que considera una nueva vulneración del derecho de acceso a la Justicia.

El planteo, en su lectura, es que el Estado argentino no puede invocar cuestiones meramente formales para evitar garantizar derechos reconocidos en los tratados internacionales que el propio país suscribió. Acudir a organismos internacionales implica, justamente, denunciar que el Estado no garantizó un derecho dentro de sus propias instituciones.

Tierra, recursos naturales y capitales extranjeros
La discusión sobre la Ley de Tierras se conecta, para Alonso, con otros debates actuales sobre los recursos naturales. Menciona la Ley de Glaciares y los proyectos mineros impulsados con participación de capitales extranjeros como ejemplos de una discusión más amplia sobre quién controla los recursos y quién se beneficia de su explotación.

La pregunta que plantea es sencilla pero, para ella, central: cuánto queda en el país después de una mega inversión extranjera y cómo se distribuye la riqueza generada. La preocupación adquiere mayor peso, sostiene, cuando al mismo tiempo aumentan los niveles de pobreza pese a la enorme cantidad de recursos naturales disponibles.

Alonso cuestiona que la riqueza termine concentrándose en pocas manos y sostiene que los gobernadores que impulsan determinadas inversiones deberían explicar qué beneficios concretos reciben sus propias comunidades. También reclama que se discutan los impactos ambientales de esos proyectos y qué sucede cuando una actividad extractiva contamina un río o deteriora un ecosistema.

En ese sentido, cuestiona una idea que considera instalada en parte del debate público: la de que Argentina posee recursos naturales pero no cuenta con capacidad industrial para aprovecharlos. Para Alonso, la falta de industria no es una condición inevitable, sino el resultado de décadas de deterioro del aparato productivo.

La discusión sobre la soberanía, entonces, vuelve a aparecer como una discusión económica, territorial y social. Y también como una oportunidad para abrir un debate más amplio en la sociedad.

Alonso encuentra un dato que considera positivo en el clima social: incluso personas que no comparten sus posiciones políticas pueden coincidir en que la extranjerización de la tierra puede perjudicar los intereses nacionales.

Menciona incluso la reacción popular en torno a Malvinas y la persistencia de la consigna de que las islas son argentinas como una muestra de que la cuestión de la soberanía continúa ocupando un lugar relevante en el imaginario colectivo, más allá de las diferencias partidarias.

Del Congreso al sistema interamericano
Con la mirada puesta en el próximo año electoral, Alonso plantea que la sociedad debería aprovechar el momento para discutir qué proyecto de nación quiere construir y qué papel debe tener el Poder Judicial.

En su análisis, esa discusión tampoco puede separarse de la historia argentina. La abogada cuestiona el comportamiento que atribuye al Poder Judicial durante distintos períodos, desde la dictadura hasta la etapa democrática posterior, y menciona la doctrina de facto y decisiones que, según su interpretación, terminaron favoreciendo procesos de usurpación y violaciones de derechos.

La preocupación trasciende, incluso, las fronteras nacionales. Alonso observa un contexto regional que considera complejo y menciona el caso de Venezuela y la intervención de una potencia extranjera como parte de un escenario internacional en el que los recursos naturales y la soberanía vuelven a ocupar un lugar central.

La pregunta que queda planteada, finalmente, es qué utilidad tiene para un país contar con enormes reservas de recursos si no posee las herramientas industriales, económicas y políticas para explotarlos en beneficio de su propia población.

Para Alonso, la respuesta no puede reducirse a atraer inversiones. La discusión pasa por quién controla el territorio, quién dispone de los recursos, quién obtiene los beneficios y qué capacidad conserva el Estado para garantizar derechos.

La pregunta que queda abierta
El fallo de la Corte, en ese sentido, dejó abierta una disputa que excede ampliamente al expediente judicial. Para el CECIM La Plata, lo que está en juego no es solamente la vigencia de una ley que establece límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

También se discute qué significa defender la soberanía en un país que todavía mantiene un territorio insular ocupado y que, al mismo tiempo, debate cuánto de su territorio continental y de sus recursos naturales puede quedar en manos de capitales extranjeros.

Alonso anticipa que el CECIM continuará buscando caminos judiciales e internacionales para sostener su reclamo. El próximo paso podría ser acudir al sistema interamericano por la presunta denegación de acceso a la Justicia. Mientras tanto, la discusión continuará en el Congreso y en el espacio público.

La entrevista, realizada en Señales, termina con una idea que atraviesa toda su exposición: la necesidad de que la sociedad discuta no solamente qué ocurre con una ley o con un decreto, sino qué modelo de país quiere construir, cómo quiere administrar su territorio y sus recursos y qué lugar debe ocupar la soberanía dentro de ese proyecto.
Foto: Pablo Cuarterolo

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