Desde las organizaciones que sostienen el espacio, en cambio, denuncian irregularidades administrativas, contradicciones y lo que interpretan como un intento de vaciar un proyecto comunitario único en la ribera rosarina. Aseguran que la discusión excede largamente un galpón: pone en debate qué modelo de ciudad se proyecta para la costa y qué lugar ocupan en ese diseño las experiencias de organizaciones cooperativas y de economía solidaria.
Denuncias de irregularidades y falta de notificación
El miércoles 11 de febrero, cuando se cumplían once años de la cesión de uso, las organizaciones recibieron formalmente la resolución que rescinde el contrato que tenía vigencia hasta julio de 2026. En el comunicado difundido en la ciudad hablaron de "irregularidades administrativas", de "fundamentos falsos de toda falsedad" y de una "contradicción política": mientras el municipio impulsa una ordenanza para fomentar la producción agroecológica, avanza —según señalan— sobre una experiencia que desde hace más de una década trabaja precisamente en esa línea.
Roberto García, uno de los impulsores del Almacén de las Tres Ecologías, sostiene que los argumentos oficiales "son variados y en nuestra opinión todos falsos, porque no dicen la cuestión de fondo". Para él, se trata de excusas que obligan a las organizaciones a "gastar tiempo y energía en contestarlas", sin que se explicite cuál es el verdadero proyecto para el lugar.
Entre los fundamentos esgrimidos por el municipio, enumera la necesidad de una obra eléctrica y un supuesto descuido del espacio. García lo niega de plano. Afirma que en marzo de 2025 concluyeron una obra integral de remoción y puesta en valor que incluyó la pintura completa del galpón, el arreglo del piso y la restauración del mobiliario. "Al piso le hicimos un tratamiento de curado y de pintura para rescatar los ladrillos", detalla, en referencia a esas construcciones típicas del ferrocarril y del puerto que forman parte del patrimonio edilicio de la zona.
También menciona que se les atribuyen problemas de agua. Reconoce que existen desde que ocupan el espacio —y probablemente desde antes—, pero aclara que se deben a la falta de obras de infraestructura y al recambio de cañerías que nunca se realizó. En cuanto a los inconvenientes eléctricos, señala que comenzaron cuando se montó un patio de comidas en una de las cabeceras del galpón que comparten junto a las Tres Ecologías.
Para García, el eje del conflicto no está en esos argumentos técnicos sino en la falta de claridad sobre el destino del predio. "No dicen lo que quieren hacer en el lugar por lo cual nos están sacando", sostiene. Esa ausencia de explicaciones, asegura, se cubre con una serie de fundamentos que consideran inconsistentes.
En ese marco, las organizaciones iniciaron gestiones legales para acceder al expediente completo de la resolución. La medida municipal alude a una supuesta acta de inspección que, según García, nunca les fue entregada en mano. Señala que eso vulnera un procedimiento administrativo básico: ante cualquier inspección, explica, el acta debe ser labrada y notificada al responsable del espacio, ya sea una persona física o jurídica, para que pueda ejercer su derecho a descargo o cumplir con lo requerido.
"Acá no existió ese acta, por lo menos no nos la entregaron, pero la resolución la cita", remarca. Por eso, a través de un abogado solicitaron formalmente el expediente donde debería constar esa documentación. Hasta el momento, afirma, no se lo han proporcionado. Primero lo pidieron de manera verbal a la abogada a cargo de los trámites en la Intendencia; ella dijo no tenerlo y que el expediente había sido girado a otra dependencia. Desde entonces, describe, reciben respuestas evasivas.
El trato, agrega, ha sido "realmente espantoso" hacia organizaciones que —subraya— llevan adelante tareas de producción alternativa, de cuidado de la naturaleza y de promoción de relaciones humanas basadas en el respeto y la cooperación. Mientras el conflicto escala, el destino del Almacén de las Tres Ecologías permanece en disputa, en un escenario donde lo que se discute no es sólo un espacio físico, sino una forma de habitar y producir en la ciudad.
Roberto García no habla sólo del Almacén de las Tres Ecologías cuando describe el clima que rodea el conflicto. Dice que la agresividad que perciben no es un hecho aislado ni una excepción que los tenga como únicos destinatarios. "No nos quejamos en términos de víctimas", aclara, con un tono que busca correr el eje del lamento individual. A su entender, lo que ocurre forma parte de una forma de proceder que ya se ha repetido en otros puntos de la ciudad.
Recuerda, por ejemplo, el desalojo de una feria ubicada muy cerca del galpón que ocupan en la costa de Rosario. Según relata, la modalidad fue similar: irrupción intempestiva, medidas ejecutadas con rapidez y una dinámica que describe como violenta. Después —asegura— sobreviene otra estrategia: dividir a los grupos, fragmentar a las organizaciones, aislar referentes. En el caso del Almacén, sostiene, no lo lograron por la trayectoria y la historia compartida de quienes lo integran, pero advierte que el intento existió.
En paralelo a las acciones concretas, García cuestiona el lenguaje con el que se justifican las intervenciones sobre la ribera. Una de las expresiones que más le inquietan es la idea de "emprolijar la costa". Se pregunta qué significa exactamente ese verbo y quién define qué es prolijo y qué no lo es. "¿Qué es lo desprolijo?", interpela. ¿Una feria de producciones cooperativas? ¿Un espacio donde circulan alimentos agroecológicos y propuestas culturales autogestivas? En ese sentido, parece que lo que quieren "limpiar" no son residuos, sino personas.
"¿La quieren limpiar de qué? ¿Cuál es la basura?", insiste. Y lleva la pregunta hasta el límite: si la basura son personas que trabajan y ofrecen sus producciones, entonces el problema no es de infraestructura ni de mantenimiento, sino de concepción social. Para él, ese modo de nombrar encierra elementos peligrosos, porque anticipa un criterio de exclusión que excede al galpón.
Economía social vs. lógica de consumo
García afirma que lo que está en juego en la costa es un plan general que se viene gestando desde hace tiempo. Un plan que, según su lectura, oscila entre la entrega de espacios públicos a manos privadas y la construcción de una estética "de frialdad capitalista", como la define. Lugares prolijos, sí, pero vaciados de contenido social, donde lo central no es la comunidad sino la experiencia de consumo.
Imaginate esa ribera: todo prolijo, hecha para mostrar una imagen específica de la ciudad. Una estética que, advierte, no resulta accesible para todos. En contraste, reivindica la lógica del Almacén: allí se vendían producciones, claro, pero también existía la posibilidad de habitar el espacio sin consumir. "Si alguien quería ir con un mate y sentarse en el bar libre, lo hacía", cuenta. Les daban agua caliente, convidaban yerba, y la gente se quedaba conversando. También se abría la puerta a actividades culturales, encuentros, talleres. El intercambio no se reducía a la transacción económica.
Esa diferencia, sostiene, revela dos modelos de ciudad en tensión. Por un lado, una ribera orientada a inversiones inmobiliarias y emprendimientos gastronómicos de escala, vinculados a capitales privados. Por otro, espacios híbridos, comunitarios, donde la economía solidaria convive con prácticas culturales abiertas. "Hay un plan integral para toda la costa", afirma, aunque reconoce que no conocen su contenido porque no ha sido publicado oficialmente.
Ante esa falta de información, anticipa que presentarán un pedido de informes para conocer los lineamientos del proyecto. Confía en que otras fuerzas políticas del Concejo Deliberante acompañarán iniciativas similares. Las preguntas que formula son directas: quiénes están sentados en la mesa donde se redefine la ribera, qué empresas participan, qué sociedades se constituyeron, qué vínculos existen con el sistema político. Para él, no se trata de teorías conspirativas sino de un entramado habitual en los procesos de revalorización urbana.
Habla de "terratenientes", inversores inmobiliarios y políticos comprometidos, como en una trama donde el suelo se vuelve un botín estratégico y quienes no encajan en el modelo dominante terminan desplazados. No da nombres propios, pero describe un patrón que —según sostiene— se repite cuando un territorio adquiere valor.
Insiste en que lo que sucede en el Almacén no es un episodio aislado. "Esto también pasa en otros lugares de la ciudad", señala, reforzando la idea de que la disputa por la costa es apenas una pieza de un tablero más amplio. Por eso, repite, no se trata de una queja corporativa sino de una discusión sobre el tipo de democracia y de desarrollo urbano que se construye.
En ese punto, la conversación se detiene en un aspecto contractual. El acuerdo de cesión de uso preveía, según detalla García, una notificación con 60 días de anticipación para la finalización del vínculo. Es decir, si el municipio decidía no continuar, debía comunicarlo con dos meses de antelación para permitir una transición ordenada. Esa cláusula, asegura, no se cumplió.
Democracia, voto y diálogo
La rescisión llegó sin ese aviso previo, lo que para las organizaciones constituye una ruptura no sólo legal sino política. "Cortaron todo diálogo básico en un sistema democrático", afirma. Y a partir de allí amplía la reflexión: ¿cómo se vincula la sociedad civil con los gobiernos? ¿A través de qué instituciones? Para él, la respuesta es clara: mediante instituciones intermedias —sindicatos, mutuales, cooperativas, empresas, asociaciones— que median entre el Estado y la ciudadanía.
Ese entramado, explica, supone diálogo, incluso cuando hay tensiones. Las diferencias son parte de la vida democrática. Lo que cuestiona es la idea de que el voto agote la legitimidad del ejercicio del poder. "El voto es un aspecto restringido de la democracia", sostiene. Funciona cada cierta cantidad de años para elegir representantes, pero no habilita —según su visión— a gobernar sin escuchar ni debatir con las organizaciones que actúan cotidianamente en el territorio.
García percibe que muchos dirigentes confunden el mandato electoral con un cheque en blanco. Recuerda que quienes gobiernan lo hacen con el respaldo de una parte de la población, no de la totalidad, y que esa representación debería ejercerse en diálogo permanente con los distintos sectores sociales. Cuando ese intercambio se interrumpe, entiende, se empobrece la vida democrática.
En el caso del Almacén de las Tres Ecologías, considera que el municipio podría haber actuado de otra manera. Si la decisión política era no continuar con la cesión, existían mecanismos formales y tiempos previstos para hacerlo. "¿Podrían haberlo hecho bien? Sí, por supuesto", responde sin titubear. Para él, la discusión no es sólo jurídica sino ética: la forma en que se ejecutan las decisiones públicas también comunica qué lugar se le asigna a las experiencias comunitarias en el mapa de la ciudad.
Para Roberto García, incluso si el municipio hubiera optado por una vía más prolija en términos formales, el núcleo del conflicto seguiría intacto. "Nosotros estaríamos diciendo lo mismo", afirma: que existe un plan para la costa que vuelve a ponerla de espaldas al conjunto de la ciudad de Rosario, y que ese proyecto no ha sido explicitado públicamente. La demanda central, insiste, es conocer de qué se trata esa reconfiguración urbana que avanza sobre espacios con más de una década de trabajo comunitario.
En esa línea, sostiene que el galpón donde funciona el Almacén de las Tres Ecologías pertenece al ámbito de la economía social y que, por lo tanto, debería destinarse a promover ese tipo de prácticas. Si se desaloja una experiencia que —según define— es "clarísima" en materia de economía social, la pregunta que se impone es cuál es el sentido de sostener estructuras estatales con esa denominación. Interpela directamente a la Subsecretaría de Economía Social y a la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat: si el resultado de sus decisiones es el cierre de un espacio cooperativo y agroecológico, ¿qué función cumplen?
Para García, la medida no representa un avance sino una "involución humana". Y en su argumentación introduce un elemento que, a su juicio, vuelve todavía más evidente la contradicción. En diciembre, un proyecto impulsado por la concejala Norma López derivó en la Ordenanza 10.851, que crea una red de promoción de la producción, comercialización y consumo de productos agroecológicos y orgánicos. La norma busca fomentar el desarrollo y la comercialización de estos alimentos, así como establecer un marco formal para su circulación.
La ordenanza fue promulgada por el intendente en enero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 9 de febrero. Es decir, casi en simultáneo con la resolución que rescinde el contrato del Almacén. La paradoja, señala García, es que una de las cooperativas que integran el espacio participó activamente en los debates que dieron origen a esa normativa. Él mismo forma parte del Mercado Solidario, una de las cinco organizaciones que sostienen el proyecto, y cuenta que un representante de esa cooperativa intervino en las discusiones promovidas desde el Concejo y el municipio para fortalecer estas prácticas.
"Estamos participando democráticamente en un ámbito para promover esto", subraya, en referencia a la construcción de la ordenanza, "y en otro que existe desde hace once años nos cierran de una manera violenta". La coexistencia de ambos planos —el institucional que convoca a debatir políticas de economía social y el ejecutivo que desaloja una experiencia concreta— es, para él, la prueba de una incoherencia profunda.
García habla de "artilugios" y de información que considera falsa difundida a la sociedad. También menciona intentos de separar a los grupos que funcionan en el galpón, en lugar de promover el cooperativismo. A su entender, el problema no es simplemente procedimental sino conceptual: se proclama una política pública orientada a la economía social mientras se debilitan, en la práctica, los espacios que la encarnan.
En relación con esto, se detiene a definir qué entiende por economía social. Recuerda que antes se hablaba de economía solidaria, economía de la cooperación o economía popular. Más allá de cómo lo llamen, lo que está en juego son distintas formas de organizar la economía, sin que el lucro sea el objetivo principal. Son esquemas donde los beneficios se distribuyen de manera cooperativa o mutual entre quienes producen y participan.
En estas economías, argumenta, no prima el capital monetario sino el capital asociativo, el capital social: la red de vínculos, la confianza, la construcción colectiva. Ese es, según su mirada, el tipo de prácticas que deberían impulsar las instancias estatales que llevan ese nombre. Si no es así —advierte— sería más honesto cerrar la Subsecretaría de Economía Social y comunicar a la ciudadanía que ese enfoque ya no forma parte de la agenda pública.
La crítica se intensifica cuando menciona al nuevo al subsecretario de Economía Social, William Germán Burgener, a quien responsabiliza no sólo por lo ocurrido con el Almacén sino también por conflictos abiertos con varias ferias en distintos puntos de la ciudad. Con esas experiencias, afirma, se solidarizan y anticipa que podrían articular acciones políticas directas y manifestaciones públicas para visibilizar la situación. La disputa, entonces, no se limita a un galpón en la ribera sino que conecta a distintos actores de la economía popular y cooperativa.
Solidaridad en la calle y asamblea popular
Sin embargo, en medio de la tensión, también emerge otro registro: el de la solidaridad recibida. Cuando se le pregunta cómo sigue el conflicto y qué ocurrió con los músicos, artesanos y otros actores culturales vinculados al espacio, García reconoce que se quedaron sin palabras. La reacción fue, dice, tan rápida y masiva que los sorprendió.
Relata que en el mismo momento en que se producía el cambio de la cerradura y candados, comenzaron a acercarse personas. A la tarde, ya había una cantidad "impresionante" de vecinos y participantes dispuestos a dialogar sobre lo que estaba ocurriendo. De esa concentración surgió una asamblea popular que continúa funcionando. Para García, esa escena encarna otra forma de democracia: no la que se expresa únicamente en el voto periódico, sino la que se construye en la deliberación colectiva y en la presencia física en el espacio público.
"La democracia de los grupos sociales", la llama. Una democracia donde una multitud se reúne a debatir un problema concreto que afecta a la comunidad. Allí, afirma, se produjo un intercambio intenso, plural, atravesado por la preocupación pero también por el compromiso.
La solidaridad no se limitó a quienes frecuentaban el Almacén. García destaca el apoyo del propio sindicato de empleados municipales. Cuenta que, al advertir que la situación podía derivar en una confrontación entre trabajadores —quienes ejecutaban las órdenes y quienes sostenían el espacio—, actuaron rápidamente para desactivar esa tensión. La intención, aclara, no era enfrentar a trabajadores con trabajadores, sino discutir decisiones políticas.
También recibieron el acompañamiento de numerosos sindicatos y asociaciones. Y el gesto de los artistas tuvo, según describe, una potencia especial. Músicos que llegaron de manera espontánea para cantar, para "hacer alegrar", como define, recordando que esa es una de las funciones de la música. No sólo ofrecieron apoyo simbólico, sino también propuestas concretas para sostener el espacio y visibilizar el conflicto.
Y en este contexto, entre papeles, denuncias y resoluciones, ver a los músicos cantando y a los vecinos discutiendo en asamblea, para García, es la prueba de que el Almacén de las Tres Ecologías no es solo un local de ventas ni un galpón más en la costa. Es, sostiene, un nodo de vínculos, una trama social que se activa cuando percibe que está en riesgo. Y esa trama —insiste— es precisamente el capital que la economía social dice valorar y que hoy, paradójicamente, siente amenazado.
En medio de la tensión, Roberto García hace una pausa para contar una escena que, dice, los conmovió profundamente. Una amiga entrañable, la artista Vicky Alancay, se encontraba en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, integrando la delegación oficial que representaba a la cultura santafesina. Allí, lejos de la costa rosarina y del galpón en disputa, se enteró de lo que estaba ocurriendo con el Almacén de las Tres Ecologías. La noticia la atravesó de tal modo que compuso una canción en pleno festival.
Para García, ese gesto tiene una potencia simbólica difícil de dimensionar. No se trata sólo de una muestra de apoyo, sino de una obra creada por una artista reconocida de la ciudad que dialoga directamente con una lucha concreta. "Es algo impresionante", resume. La canción, nacida a cientos de kilómetros del conflicto, se convirtió en un puente entre la escena cultural y el reclamo por el espacio comunitario.
La pregunta que sobrevuela es cómo continúa esa corriente de solidaridad que estalló casi de inmediato tras el desalojo. García detalla que el plan más próximo es sostener la feria, aunque sea en la calle. El fin de semana volverán a montar los puestos fuera del galpón y habrá músicos que se acerquen a cantar. La decisión es no interrumpir la dinámica colectiva, aun cuando el espacio físico haya sido clausurado.
Pero también proyectan algo más grande para el día 21: un festejo simbólico del cumpleaños del Almacén de las Tres Ecologías. La fecha coincide con el aniversario de la experiencia y, paradójicamente, con el momento del desalojo. "Vamos a festejar el cumpleaños en el desalojo", dice, subrayando la dimensión política del gesto. Celebrar en medio del conflicto es, para ellos, una manera de afirmar que la iniciativa trasciende las paredes de un galpón.
García insiste en que las Tres Ecologías no dependen en última instancia de un lugar físico. Es, antes que nada, una idea activa, una práctica sostenida por vínculos y convicciones. Sin embargo, aclara que eso no implica renunciar a la disputa política. Por el contrario, adelanta que continuarán cuestionando con fuerza el proyecto que el municipio tiene para la costa de Rosario y, en particular, la decisión que derivó en el desalojo.
A su entender, lo que se desarma no es un simple punto de venta, sino una iniciativa que considera única en el país. Afirma que no existe razón suficiente para reemplazarla por un patio de comidas o por propuestas pensadas bajo una lógica de consumo estándar. "Ninguna cosa hecha para el consumo puede reemplazar una propuesta que cuida las relaciones sociales, cuida la naturaleza y también cuida las prácticas de consumo", sostiene.
En esa definición se condensan las Tres Ecologías que dan nombre al espacio. García las enumera con precisión: una ecología del cuidado de las relaciones sociales, una ecología del cuidado de la naturaleza y una ecología del cuidado de la salud mental. No son consignas abstractas, explica, sino criterios que orientan las actividades cotidianas: desde la producción agroecológica hasta los encuentros culturales, desde la conversación compartida hasta la reflexión sobre qué y cómo se consume.
Cuando lo presentan como impulsor del proyecto, él corrige de inmediato. Rechaza la idea de liderazgo individual y se define como un socio más dentro de una cooperativa, uno de los muchos voceros que tiene la lucha. Subraya que el Almacén fue y es una construcción colectiva, impulsada por numerosas personas y organizaciones que funcionan de manera democrática. La insistencia en despersonalizar el rol no es casual: forma parte de la misma ética asociativa que reivindica.
La convocatoria para los próximos días es abierta. La feria funcionará de 19 a 22 horas, y la invitación se extiende a músicos, artesanos y a cualquiera que quiera sumarse. Recuerda que, en los primeros días del conflicto, la Escuela de Literatura Aldo Oliva realizó una acción poética que los sorprendió por su fuerza. También llegaron espontáneamente poetas y escritores a leer textos y acompañar la protesta.
La propuesta ahora es sostener ese clima creativo: quien tenga un poema puede acercarse a leerlo o compartirlo; quien quiera organizar una intervención artística, puede hacerlo; quien simplemente desee conversar y conocer los próximos pasos, también tiene un lugar. La asamblea popular que se formó seguirá delineando estrategias y acciones.
En paralelo a las actividades culturales, la estrategia institucional avanza por carriles formales. García anticipa que realizarán presentaciones judiciales, aunque primero agotarán la vía administrativa. La intención es llegar al fondo de la cuestión y obtener respuestas oficiales por los mecanismos correspondientes. Ya ingresaron pedidos de informe por mesa de entrada en el Concejo Deliberante, con una serie de preguntas dirigidas a los funcionarios responsables.
Esos pedidos, explica, serán publicados para que la ciudadanía conozca en detalle qué se está reclamando y qué se exige que se responda. La idea es que los funcionarios concurran a dar explicaciones públicas y que el debate no quede encerrado en expedientes técnicos. La lucha, dice, tendrá muchas aristas: cultural, política, jurídica y social.
García no desconoce la asimetría de fuerzas. Sabe que el poder del Estado y de quienes gobiernan es, en términos materiales, inconmensurable frente a individuos y organizaciones. Sin embargo, rechaza que esa desproporción implique resignación. "Eso no quiere decir que no se pueda parar alguien frente a ese poder y ponerlo a prueba", afirma.
En esa convicción se sostiene la decisión de celebrar, cantar, leer poemas y, al mismo tiempo, presentar recursos y exigir informes. El Almacén de las Tres Ecologías, aunque con las puertas cambiadas y el galpón cerrado, continúa activo en la calle y en la discusión pública. Para quienes lo integran, la disputa no es sólo por un espacio físico en la ribera, sino por el sentido mismo de la ciudad que imaginan y por el lugar que las prácticas cooperativas y solidarias ocupan —o deberían ocupar— en ella.
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