jueves, 28 de julio de 2016

Desde mañana Clarín sale sin firmas


Críticas de la ADC ante el manejo estatal de datos personales

La Asociación por los Derechos Civiles, criticó la cesión de las bases de datos de la ANSES a la secretaría de comunicaciones. Dijo en un comunicado que esto "es un nuevo ejemplo de los malos manejos que, desde hace años, el estado ha venido haciendo de los datos personales de sus ciudadanos"
La forma en que el Estado Nacional trata los datos personales de sus ciudadanos ha sido analizada por ADC en su informe “El Estado Recolector” (setiembre de 2014), en el que pusimos en evidencia dos debilidades estructurales de la ley de protección de datos personales. Por un lado, un órgano de control débil y dependiente del poder ejecutivo y, por el otro lado, una excesiva permisibilidad hacia el Estado en relación al almacenamiento, tratamiento y cesión de los datos personales.

El pasado mes de junio, llevamos nuestra preocupación en relación al manejo que el Estado hace de los datos personales de sus ciudadanos ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ver aquí); e incluso hemos promovido mesas de debate para analizar estos aspectos preocupantes (ver aquí)

En un nuevo ejemplo de lo que hemos venido denunciando, la resolución dictada el pasado lunes por la Jefatura de Gabinete dispuso que la ANSES comparta sus bases de datos (nombre y apellido, DNI, CUIT o CUIL, domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios) con la Secretaría de Comunicación Pública para ayudar a ésta última a mejorar sus estrategias de comunicación. El objetivo que fundamenta el convenio firmado señala la necesidad de “mantener informada a la población" e "identificar y analizar las problemáticas o temáticas de interés en cada localidad del país" para poder así "incorporar la diversidad federal en la comunicación pública".

La decisión ha causado una gran polémica debido a posibles incongruencias y desajustes con la normativa vigente en nuestro país. A los fines de analizar la legalidad de la resolución, debemos repasar los estándares jurídicos aplicables a estos supuestos.

La ley de protección de datos personales ha dotado de un conjunto de derechos y garantías a los individuos para evitar manejos abusivos por parte de terceros al momento de hacer operaciones de tratamiento con sus datos personales. Este marco jurídico –derivado del art. 43 de la Constitución, que otorgó rango constitucional al derecho a la protección de datos personales- convirtió a Argentina en uno de los países con mayor nivel de protección de datos de la región. Este hecho fue reconocido por la Unión Europea que, en el año 2003, otorgó a nuestro país el estatus de “país con nivel adecuado de protección de datos personales”.

Entre los varios principios establecidos por la legislación figuran dos que son centrales para el buen ejercicio de la protección de datos de las personas: el primero es el principio del consentimiento, que establece la ilicitud de los tratamientos de datos que no cuenten con el consentimiento libre, expreso e informado de su titular (art. 5.1). Este requisito también se aplica cuando se trata de operaciones de cesión de datos (art. 11.1). Sin embargo, este conjunto de garantías adolece de una gran debilidad: su no aplicabilidad a las actividades estatales.

En efecto, entre las excepciones a la regla del consentimiento, se encuentra el supuesto de que la cesión de datos se realice entre “dependencias de los órganos del Estado en forma directa, en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias” (art. 11.3.C). La amplitud de los términos utilizados en la redacción de la disposición ha permitido interpretaciones que otorgan un amplio margen de discreción para la adopción de medidas como la tomada por la Jefatura de Gabinete.

No obstante, un análisis que enfoque de manera integral el sistema de protección de datos personales de nuestro país y lo vincule con la defensa y resguardo de otros derechos fundamentales debe tener en cuenta la existencia de otros principios que pueden servir de límites al accionar del Estado. En este sentido, si bien el Estado está eximido de cumplir con el principio del consentimiento, todavía debe respetar el principio de finalidad, que establece que los datos recolectados “no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención” (art. 4.3).

Así, resulta de dudosa justificación utilizar datos que fueron recogidos con la finalidad de ayudar a un buen funcionamiento del sistema de seguridad social, para actividades de comunicación de todo el accionar gubernamental. Por otro lado, debe evaluarse si la cesión no puede facilitar la futura realización de conductas que puedan poner en riesgo la salvaguarda de otros derechos constitucionales (como el derecho a la privacidad o a la intimidad, entre otros).

En cualquier caso, la noticia debe servir para promover un debate sobre una reforma de la ley de protección de datos personales, que procure solucionar los defectos presentes en la actual legislación. En esa necesaria discusión, debería figurar como prioridad la creación de una autoridad de aplicación con mayores garantías de independencia funcional y autarquía financiera; la actualización del marco protectorio a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y de la aparición del fenómeno digital; y el establecimiento de límites más claros y precisos para las capacidades de almacenamiento, tratamiento y cesión de datos por parte del Estado.

El Diario La Nación va por todo

La Mesa Nacional de Prensa en defensa de los derechos laborales
El Diario La Nación publicó en las últimas horas una nota editorial en la cual articula una serie de conceptos que conforman su ideal en materia de relaciones laborales, puntualizando que su concreción trocará la suerte del país al punto de devolvernos "al Primer Mundo que nunca debimos abandonar", sin precisar la fecha de tal acontecimiento.

Con el envión del "Cambio" como concepto de época imperante en la Argentina de estos meses, el diario centenario procura, otra vez, adoctrinar acerca de la necesidad de una "reforma laboral" en sus aspectos "legales y estructurales" para reglas "de alcance individual y en los acuerdos colectivos".

Si bien admite que "la creación de nuevos puestos de trabajo es consecuencia de la inversión y el crecimiento de la Economía", La Nación aboga por normas laborales "suficientemente equilibradas" para no desalentar tal inversión ni afectar la "productividad", argumentos que se vienen escuchando, casi en simultáneo, en otros ámbitos con poder de decisión al respecto.

En la misma nota se puntualiza la necesidad de:
  • Un "modelo sindical transparente con participación real en la vida interna de los gremios". Una cuestión que atañe a los propios trabajadores antes que a los empresarios.
  • Una disminución de las "cargas (sociales e impositivas) sobre el salario".
  • Una negociación de salarios y condiciones de trabajo "que considere la productividad y las posibilidades de cada empresa".
  • La preferencia por los acuerdos laborales de nivel menor (empresa) por sobre los acuerdos colectivos o paritarios.
  • La eliminación de la obligatoriedad de la homologación de los acuerdos por parte de la autoridad (Ministerio de Trabajo).
  • Establecer "períodos de prueba y permitir contratos de plazo fijo flexible" para promocionar el empleo y reducir costos laborales.
  • Promover la multifuncionalidad , la polivalencia y la jornada laboral variable y flexible.
  • "Premiar" al empleador con reducción o diferimiento de cargas sociales.
  • La sustitución de la indemnización por despido por un "sistema contributivo" creando un fondo "con aportes del trabajador y contribuciones del empleador, administrados por entes autónomos".

La propuesta tiene antecedentes con resultados fallidos para los trabajadores, pero La Nación "va por todo", y en el ámbito de la actividad periodística seguro no esta sola en esta postura.

Otros grupos empresarios del sector han cuestionado y atentado contra los convenios y estatutos que definen y defienden los derechos laborales de los Trabajadores de Prensa en la Argentina.

Por estos días hemos denunciado la fuga de empresarios del sector y los "ajustes" practicados por otros en procura de nuevos negocios argumentando "cambios tecnológicos", dejando un tendal de compañeros desocupados.

Todo esto no tiene nada de nuevo. En Argentina ya se intentó ese camino. El resultado fue desocupación récord y salarios miserables.

Desde la Mesa Nacional de Prensa seguimos defendiendo los mismos Derechos que comenzaron a tomar forma legal (Estatuto del Periodista Profesional) y práctica (Convenios Colectivos) hace varias décadas, tal vez las mismas que transcurrieron desde que para La Nación el país "abandonó el Primer Mundo".

  • En defensa de nuestros estatutos y convenios.
  • Contra la desocupación y por la creación de puestos de trabajo con salarios y condiciones laborales dignos.
  • Por la libertad de expresión.

Mesa Nacional de Prensa
Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren)
Federación Argentina de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (FeTraCCom)
Asociación de Prensa de Santa Fe (APSF)
Asociación de Prensa de Tucumán (APT)
Sindicato de Prensa de Rosario (SPR)
Sindicato de prensa Mar del Plata
Sindicato de Prensa de Mendoza (SiPreMen)
Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CiSPren)
Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA)
Buenos Aires, julio de 2016

Primera Jornada Federal de Comunicaciones

El evento reunió al Ministerio de Comunicaciones y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), con representantes provinciales en materia de comunicaciones
Con la presencia del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, se realizó la Primera Jornada de Comunicaciones donde las autoridades del Ministerio de Comunicaciones y el Ente Nacional de Comunicaciones recibieron a las máximas autoridades provinciales en la materia. El encuentro se llevó a cabo el miércoles 27 de julio, en el Salón Norte de la Casa Rosada y consistió en acercar las herramientas del Estado Nacional a las provincias para comenzar a trabajar juntos en la búsqueda de un país conectado.

El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, resaltó la voluntad de ratificar una agenda conjunta de trabajo y agregó: “Debemos lograr que las comunicaciones sean un derecho. Tenemos que lograr conectividad plena de internet y telefonía móvil”. En el mismo sentido, Rogelio Frigerio aseguró que con las comunicaciones se pueden lograr tres de los grandes objetivos del gobierno: “Redistribución de la riqueza, seguridad y la unión de los argentinos”.

El Ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, aseguró que “los funcionarios tenemos que trabajar en conjunto para llevar adelante la tarea que nos encomendó el presidente de conectar a todos los argentinos. Las telecomunicaciones avanzan enormemente y no podemos quedarnos atrás, por ello debemos ser actores fundamentales en el impulso del despliegue tecnológico. El estado tiene que regular, incentivar y ser protagonista de esta revolución tecnológica para lograr ‘pobreza digital cero’”.

Por su parte, el Presidente de ENaCom, Miguel De Godoy, enumeró los trabajos que viene realizando el ente para la consolidación de la convergencia digital y el desarrollo de mejores comunicaciones. A su vez, destacó: “Estamos teniendo un atraso muy grande con respecto al mundo y eso ya no nos lo podemos permitir, porque hoy las comunicaciones generan igualdad y en definitiva con este atraso lo que generamos es desigualdad entre los argentinos”.

Uno de los principales objetivos de esta gestión consiste en la elaboración de una Nueva Ley de Comunicaciones, que consagre todos los avances tecnológicos de los últimos años. Con respecto a esta temática, la Coordinadora de la Comisión Redactora de la Nueva Ley, Silvana Giudici, abordó los principales ejes contemplados en el proceso de redacción del ante proyecto.
Héctor Huici, Secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Clarisa Lifsic de Estol, Secretaria de Promoción de Inversiones y Agustín Garzón, Gerente ejecutivo de ENaCom expusieron sobre la instalación de antenas. Los funcionarios resaltaron la importancia de la existencia de mayor cantidad de antenas para tener mejores comunicaciones, pusieron a disposición las herramientas existentes para tal fin y mostraron las experiencias exitosas en nuestro país.

Entre los temas destacados primó el de “los principios que regirán la Ley de Comunicaciones Convergentes”, que son aquellas que “permiten recibir, producir, transportar, distribuir información, opinión y contenidos garantizando la libertad de expresión y el acceso a la información con independencia de las plataformas tecnológicas que se utilizan”.

Se añadió en tal sentido que “los operadores de las comunicaciones convergentes deberán garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información, promoviendo la pluralidad y diversidad de voces en los términos previstos por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

En esa misma línea se destacó que “en el ámbito de las comunicaciones convergentes deben promoverse y protegerse los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los términos previstos por la Convención de los Derechos del Niño, procurando la alfabetización digital y mediática”.

Por su parte, el secretario General de la provincia de Río Negro, Matías Rulli, destacó que “fueron positivas estas jornadas de comunicaciones, fue la primera que se realiza y me parece que es un buen comienzo”.

“Es interesante la propuesta de avanzar un esquema federal de conectividad, que todos puedan tener acceso a las comunicaciones, para ello todos los niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal, deberemos trabajar en conjunto. Hay cuestiones que son de índole nacional, la regulación en la materia, trabajar en que haya más infraestructura, mejorar la capacidad, otras de índole provincial, que tiene que ver con el desarrollo territorial, con el monitoreo constante, y otras de carácter municipal, como es dictar los Códigos de Edificación. Todo ello a modo de ejemplo. El desafío planteado es igualar el acceso a las tecnologías, a las comunicaciones, con objetivos de mediano y largo plazo”.
Por último, el Presidente de ARSAT, Rodrigo De Loredo, explicó en qué consiste el Plan Federal de Internet y cómo se viene trabajando desde la empresa en la conexión de la Argentina. Además, invitó a las provincias a trabajar en conjunto para que la fibra óptica llegue a cada rincón de la patria.

Las autoridades provinciales expresaron su agradecimiento por la convocatoria recibida y manifestaron su voluntad de fortalecer el trabajo conjunto con la Nación.

La jornada reunió al Ministro de comunicaciones, Oscar Aguad; el Presidente de ENaCom, Miguel De Godoy; el Secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Héctor Huici; la Secretaria de Promoción de Inversiones, Clarisa Lifsic de Estol; la Coordinadora de la Comisión Redactora, Silvana Giudici; el Director de ENaCom, Heber Martínez; el Gerente ejecutivo de ENaCom, Agustín Garzón; el Coordinador general del ente, Mario Frigerio; el Presidente de ARSAT, Rodrigo De Loredo; el Vicepresidente de dicha empresa, Henoch Aguiar y los representantes de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe (participó el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías), Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Otras Señales

Quizás también le interese: