domingo, 14 de octubre de 2018

DDHH de la Nación defiende la “ideología de género” y criticó a grupos religiosos

"La libertad de expresión tienen su límite", dice un comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. En él reafirma la posición del Estado argentino frente a la Educación Sexual Integral y la protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+
Ante manifestaciones en medios periodísticos y acciones de boicot contra actividades de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación en todo el país, por parte de grupos religiosos y organizaciones de la sociedad civil, sobre lo que ellos denominan “ideología de Género”, desde la Secretaría queremos reafirmar la posición del Estado Argentino en relación con el respeto, promoción y protección de los derechos humanos de la Población LGBTIQ+.

Nuestra Legislación, los Tratados Internacionales y el Sistema Internacional de Derechos Humanos son la base y el marco en el que se desarrollan las políticas públicas en materia de Diversidad Sexual.

Asimismo, el diseño e implementación de políticas públicas para el acceso pleno al ejercicio de los derechos de la población LGBTIQ+ forma parte de los compromisos asumidos por el Estado a través del Primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos.

La libertad de expresión tienen su límite en aquello que fuera discriminatorio, genere odio o violencia, por lo que bajo el argumento de la libertad de opinión no se puede manifestar, negar y/o impedir el ejercicio de los derechos humanos de las personas, y en particular ante estos mensajes de intolerancia, los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

La educación sexual integral es un derecho de les educandos y una obligación de les educadores. Educar con perspectiva de Diversidad Sexual es educar en Derechos Humanos.
Imagen: Facebook de la campaña anti-ESI

Un juez trata de acallar la crítica de la prensa bajo la amenaza de hacer una insólita denuncia

Es Pablo Flores, quien aseguró que si no hay una retractación, realizará una denuncia por calumnias e injurias. Pese a que estos delitos están despenalizados, el juez amenazó con denunciar al secretario de Redacción de Diario de Cuyo por dichos delitos
Por: Walter Rios
Es un juez penal, que maneja causas sensibles y de alto impacto en la opinión pública como homicidios, abusos sexuales y robos violentos. Bajo su responsabilidad y decisiones se encuentran el esclarecimiento de dichos casos y la prisión preventiva de los sospechosos. Pablo Flores, titular del Segundo Juzgado de Instrucción, fue suspendido durante un mes por la Corte de Justicia por las demoras e irregularidades en la tramitación de expedientes. Y pese a ello, no tolera la crítica. Haciendo gala de su investidura, le envió una carta notarial al secretario de Redacción de este medio, Julio Turcumán, para que rectifique los cuestionamientos que había realizado sobre su desempeño en una nota de opinión. La embestida del magistrado incluyó la amenaza de realizar una denuncia por calumnias e injurias, la cual es, de mínima, insólita, teniendo en cuenta que proviene de alguien que conoce Derecho. Es que dichos delitos no se aplican cuando las publicaciones y comentarios se traten de asuntos de interés público, como la capacidad, el accionar y el trabajo de un magistrado.

Flores apuntó a la columna de opinión publicada el 23 de septiembre, en la que Turcumán hace mención a su incompetencia. En la carta notarial que mandó, señala que de no haber ratificaciones o rectificaciones, "procederé sin más trámite a iniciar la correspondiente denuncia por calumnias e injurias como así también las restantes acciones legales que correspondan en su contra". De acuerdo al Código Penal, la calumnia consiste en la falsa imputación de un "delito concreto". De entrada, la nota de opinión en ningún momento le endilgó haber cometido algún acto delictivo sino que hizo referencia a su incapacidad. Y en cuanto a las injurias, estas se configuran cuando "se deshonrare y desacreditare" a una persona. La columna no hace una descalificación personal sino que la valoración apunta a la actuación del magistrado. Pero por cambios al Código, ambos delitos quedaron sin aplicación cuando se trate de "expresiones referidas a asuntos de interés público", resalta el propio texto legal que Flores debe leer y usar todos los días. Por otro lado, habla de denuncia por calumnias e injurias cuando ambos delitos, al ser de instancia privada, debería referirse a querella.

El juez es un funcionario público y su desempeño, como el de cualquier otro funcionario, está expuesto a críticas porque interviene en, justamente, cuestiones de "interés público". Pero además, el magistrado en su escrito menciona que el artículo de opinión "contiene agraviantes imputaciones", aunque en ningún lugar explica a qué citas se refiere, lo que vuelve imposible hacer alguna ratificación o aclaración.

De esa manera, Flores va a contramano de la iniciativa que ha impulsado la Corte de Justicia sobre libertad de expresión. De hecho, a fines de septiembre realizó una jornada en la que estuvieron presentes muchos magistrados y fiscales, en donde el constitucionalista Gregorio Badeni resaltó que la actividad periodística "cuenta con un amplio margen y protección legal para referirse a cuestiones institucionales, lo que hace a la esencia del sistema democrático".

El origen de la protección ante querellas de calumnias e injurias fue con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le ordenó al país la anulación de la condena por calumnias contra el periodista Eduardo Kimel, además de adecuar el Código Penal a la Convención Americana en dichos delitos, cosa que sucedió en 2009.

Reclamo de la prensa
La despenalización de las calumnias e injurias fue un reclamo de diversas entidades periodísticas. El cambio se produjo en 2009.
Fuente: Diario de Cuyo

Lo único que escucha es el discurso unitario de Radio Nacional desde Buenos Aires

Trabajadores de la TV Pública revelan que se le impidió cubrir las elecciones en Brasil, que ganó el ultraderechista Jair Bolsonaro, el lanzamiento del Satélite SAOCOM (Satélite Argentino de Observación Con Microondas) , y la inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Además el senador Alfredo Luenzo, presidente de la. Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, dice que los medios públicos están en riesgos de extinción

sábado, 13 de octubre de 2018

La cadena Al Jazeera revela pruebas de desaparición de periodista saudita

La Inteligencia turca posee audio y video de lo ocurrido con el periodista Jamal Khassoggi dentro del consulado saudita en Estambul, reveló hoy la televisora qatarí Al Jazeera.

Basado en declaraciones del directivo de Global Security Group (GSG), David Katz, la televisora refiere que los agentes turcos obtuvieron esas grabaciones de manera clandestina y prueban que Khassoggi fue asesinado y luego descuartizado.

Katz ofreció esas opiniones al diario The Washington Post, para el cual el periodista saudita desaparecido escribía columnas.

'...es muy posible que tengan audio y video de las cosas que sucedieron dentro del consulado, ya sea por aparatos plantados o intercepciones electrónicas', dijo el representante de GSG.

Por lo tanto, agregó, no se necesita un análisis forense completo con evidencia de esa naturaleza... Y si el informe en The Washington Post es correcto, aparentemente eso es lo que tienen, acotó.

El directivo aseguró que en el espionaje moderno se utilizan dispositivos electrónicos capaces de escuchar desde afuera lo que sucede dentro de edificios.

Según Katz, hubo un interrogatorio seguido por un asesinato muy brutal.

Un crítico de la realeza saudita que denunció intentos para desaparecerlo, Khaled bin Farhan al-Saud, exiliado en Alemania, declaró al periódico The Independent que lo sucedido con Khassoggi es una estrategia común en su país origen.

De acuerdo con su testimonio, el príncipe heredero Mohamed bin Salman tenía un plan para secuestrarlo a él en territorio germano, unos días antes de la desaparición del periodista.

'Varias veces las autoridades sauditas me han dicho que me reúna con ellos en la embajada del reino, pero me he negado siempre', confesó al diario británico.

Sé lo que puede pasar si entro a la embajada. Unos 10 días antes de la desaparición de Jamal, pidieron a mi familia que me trajera a El Cairo para darme un cheque. Me negué', dijo.

El periodista Jamal Khassoggi ingresó el pasado 2 de octubre al consulado saudita en Estambul, Turquía, y nunca más se supo de su paradero.

Exasesor del reino, el reportero huyó el año pasado a Estados Unidos para evitar represalias por expresar críticas contra políticas sauditas, entre ellas la invasión a Yemen.

Khassoggi pretendía conseguir en la legación consular un certificado de divorcio para contraer nuevas nupcias.

Su novia lo esperó durante horas fuera del consulado y al ver que no aparecía, formuló una denuncia a las autoridades turcas que exigieron información a sus similares sauditas sobre el periodista.

A mediados de esta semana, Riad autorizó que los agentes turcos revisaran la instalación consular.

El periódico The Washington Post publicó una imagen de Khassoggi entrando al consulado, mientras que se hizo sospechosa la llegada allí de agentes sauditas de Inteligencia.

Unas horas después de la desaparición del reportero, el grupo abandonó Turquía por vía aérea, pero antes las los filmaron cuando en vehículos abandonaban la legación.Este viernes, una delegación saudí llegó a Turquía para mantener conversaciones sobre el periodista, mientras, Riad y Ankara siguen enfrentadas sobre las razones de su ausencia desde la semana pasada.

Una fuente diplomática turca indicó que la delegación saudí llegó a Ankara. Según la agencia estatal Anadolu, tenía previsto reunirse con responsables turcos durante el fin de semana.

Ibrahim Kalin, portavoz de la presidencia turca, anunció la noche del jueves la formación de un “grupo de trabajo” turco-saudí para intentar esclarecer el misterio de la desaparición del periodista.
Arabia Saudí, que se congratuló el viernes por la apertura de esta investigación conjunta con Turquía, había dado luz verde el martes a un registro de su consulado en Estambul, pero hasta este viernes este aún no había tenido lugar.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, se mostró el jueves reticente a sancionar a Arabia Saudí por la desaparición de Khashoggi y dijo que “no sería aceptable” suspender la venta de armas al reino, cercano aliado de Washington.
Además, Trump pronosticó que habrá “respuestas antes de lo que la gente cree” sobre lo que le ocurrió al periodista. Otros países como el Reino Unido y Francia se mostraron preocupados por la suerte de Khashoggi.

“Los hechos señalados son hechos graves (...). Francia desea que se haga todo lo posible para que tengamos la verdad en este caso, cuyos primeros elementos son extremadamente inquietantes”, declaró este viernes el presidente francés, Emmanuel Macron.
Fuentes: Agencias AFP, EuroNews y Prensa Latina

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