El crimen de San Cristóbal no solo sacudió a Santa Fe por su violencia, sino por lo que dejó al descubierto: un entramado digital donde adolescentes pueden ser captados, expuestos a contenidos extremos y, en algunos casos, empujados hacia la radicalización. La mirada del especialista en ciberseguridad Rodrigo Álvarez, en diálogo con Señales, aporta claves para entender cómo funcionan estos entornos, cómo se produce la captación y por qué la respuesta no puede ser solo la prohibiciónLa lupa se posa sobre un caso que sacudió a la provincia de Santa Fe y que, más allá de su crudeza, abre interrogantes mucho más profundos sobre el mundo digital, la violencia y la adolescencia. La investigación por el crimen ocurrido en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal —donde un adolescente de 15 años mató de un escopetazo a un compañero de 13 e hirió a otros estudiantes— continúa sumando derivaciones, tanto en el plano judicial como en el tecnológico.
En las últimas horas, la Fiscalía Regional Nº 5 de Rafaela imputó a un segundo adolescente, de 16 años, como partícipe secundario del ataque. Según la Justicia, existen elementos que indican que el joven sabía lo que iba a ocurrir. La imputación incluye homicidio agravado por el uso de arma de fuego y tentativa de homicidio en concurso real, y se dispuso su prisión preventiva por 90 días.
Sin embargo, el expediente judicial es apenas una parte de un entramado más amplio que comenzó a emerger con el avance de la investigación. El foco se desplaza ahora hacia un ecosistema digital complejo: comunidades internacionales en línea donde se analizan, se comentan y, en algunos casos, se glorifican hechos de violencia extrema. Entre ellas aparece la denominada "True Crime Community", un fenómeno que crece en visibilidad y que plantea nuevos desafíos.
En ese contexto, la mirada se dirige hacia especialistas capaces de interpretar estas dinámicas. Rodrigo Álvarez, con más de 20 años de trayectoria en fuerzas de seguridad y más de una década dedicado a la investigación de ciberdelitos, aporta una perspectiva clave. En 2021 fue responsable de la creación de la División Cibercrimen de la provincia de Santa Fe y estuvo al frente del Departamento de Cibercrimen Provincial. Su trabajo también se proyecta a nivel internacional, donde se desempeña como director de inteligencia estratégica en ciberterrorismo y amenazas híbridas digitales del CNT en México. Además, coordina la ONG argentina Cibersegura, desde donde impulsa acciones de prevención vinculadas al grooming, las ciberestafas y los riesgos digitales.
Desde hace tiempo, Álvarez viene advirtiendo sobre un fenómeno que crece en silencio pero de manera sostenida: la captación de jóvenes en redes sociales abiertas que luego migran hacia foros cerrados, espacios donde el contenido puede derivar en la normalización —e incluso en la glorificación— de la violencia.
En ese marco, su análisis se vuelve central para intentar comprender qué está ocurriendo, cuán extendido está este fenómeno y, sobre todo, qué herramientas existen para prevenirlo.
Del crimen real al consumo de violencia: el origen de la True Crime Community
Para entender el fenómeno, Rodrigo Álvarez sitúa primero el origen y la lógica de estas comunidades. Explica que la llamada True Crime Community —o TCC— es apenas una entre muchas otras agrupaciones digitales donde personas con intereses comunes se reúnen para investigar, debatir o intentar comprender determinados temas. En este caso, se trata de un espacio que nació en los años 90 con un objetivo claro: analizar crímenes reales.
Con el tiempo, ese interés inicial fue mutando. Dentro de la TCC comenzaron a surgir subcomunidades cada vez más específicas, algunas de ellas enfocadas no tanto en el análisis sino en la fascinación por la violencia en sí misma. Álvarez describe que, en estos grupos, aparece una suerte de atracción —incluso cercana a lo parafílico— por los aspectos más crudos de los hechos: lo sangriento, lo explícito y el contenido violento en su forma más extrema. En esos espacios, señala, no solo se consume ese material, sino que también se lo glorifica.
De un "like" a un foro cerrado: el circuito de captación digital
El límite entre la curiosidad legítima por el crimen real y la deriva hacia la radicalización no siempre es evidente. Sin embargo, el especialista advierte que hay patrones claros en la forma en que estas comunidades crecen y suman nuevos integrantes. La captación, explica, suele comenzar en plataformas masivas y abiertas como TikTok, Instagram o X. Allí, una interacción aparentemente inocente —un "me gusta", un comentario en un video de un accidente o en una noticia violenta— puede convertirse en la puerta de entrada.
A partir de esas señales, los miembros de estas comunidades identifican posibles interesados. El siguiente paso es establecer contacto directo. Según relata Álvarez, ese acercamiento funciona como un filtro progresivo: comienzan enviando imágenes o comentarios vinculados a la violencia para medir la reacción, para evaluar hasta dónde llega el interés o la tolerancia del usuario.
Plataformas neutrales, usos peligrosos: el rol de Discord, Reddit y otras redes
Cuando detectan receptividad, el proceso avanza hacia espacios más cerrados. Los usuarios son invitados a migrar a plataformas como Discord, Reddit o 4chan, donde existen foros o servidores con distintos niveles de privacidad. Incluso dentro de esos entornos, aclara, hay subespacios aún más restringidos dedicados exclusivamente a compartir y discutir contenido violento.
El mecanismo, insiste, no es improvisado. Se basa en comunicación constante y en técnicas de ingeniería social. Los administradores o participantes más activos investigan a los usuarios: rastrean qué publican, de dónde son, a qué escuela asisten, qué otros comentarios hicieron. Ese trabajo minucioso les permite construir perfiles y detectar vulnerabilidades.
En ese punto, la selección se vuelve más precisa. Álvarez advierte que el objetivo principal suelen ser adolescentes en situaciones de fragilidad: jóvenes enojados, frustrados, con dificultades para socializar o con sensación de no encajar. Esos perfiles, señala, representan un blanco más accesible para este tipo de captación, donde la pertenencia a una comunidad —aunque sea tóxica— puede funcionar como un imán poderoso.
Las platafornas no deben ser demonizadas
En ese entramado, Rodrigo Álvarez introduce un matiz clave: las plataformas en sí mismas no son el problema. Insiste en que no deben ser demonizadas, ya que fueron creadas con fines legítimos, orientadas a facilitar la comunicación, el aprendizaje o la construcción de comunidades. En ese sentido, menciona ejemplos concretos como Discord, Reddit, Telegram o TikTok, y subraya que todas pueden ser utilizadas de manera positiva o negativa según el usuario.
Para ilustrarlo, recurre a su propia experiencia: utiliza Discord como herramienta educativa, donde organiza materiales y mantiene contacto con alumnos en un entorno privado y ordenado. Esa misma lógica, advierte, es la que también pueden aprovechar estas comunidades, que encuentran en los servidores privados una estructura ideal para sostener intercambios más cerrados y difíciles de monitorear.
El problema, entonces, no reside en la tecnología sino en el uso que se hace de ella. Cada plataforma tiene sus particularidades, y en muchos casos esas características —como la posibilidad de crear espacios privados o semiprivados— terminan siendo funcionales a dinámicas de captación y radicalización.
Anonimato relativo: lo que se ve y lo que se puede rastrear
En ese contexto aparece otra dimensión sensible: el anonimato. Álvarez plantea que más que una invisibilidad total, lo que existe es una sensación de anonimato que varía según la plataforma. En espacios como Discord, explica, la mayoría de los usuarios no utiliza su nombre real. Se presentan con apodos asociados a intereses personales —videojuegos, deportes, personajes de ficción— y acompañan esos perfiles con imágenes genéricas, memes o ilustraciones. Esa construcción identitaria funciona como una primera barrera que dificulta la identificación.
Sin embargo, aclara que ese anonimato no es absoluto. Desde el punto de vista técnico, siempre quedan rastros. Para acceder a la identidad de un usuario, las fuerzas de seguridad deben realizar solicitudes formales a las empresas, que pueden aportar datos vinculados al registro: correos electrónicos, números de teléfono o direcciones IP. Es decir, información asociada al acceso, no necesariamente al contenido de las conversaciones.
Sobre este punto, Álvarez es enfático: el contenido de los mensajes —qué le dijo un usuario a otro— no suele ser compartido, salvo en situaciones excepcionales y bajo condiciones muy específicas. Lo habitual es que las plataformas colaboren únicamente con datos de conexión.
También introduce una diferencia importante con Telegram, que en los últimos años modificó parcialmente su política de colaboración tras la detención de uno de sus creadores en Francia. A partir de ese episodio, señala, se abrió una ventana mayor para que las autoridades puedan acceder a ciertos datos, aunque el margen sigue siendo limitado.
Aun así, el especialista advierte que existen herramientas y conocimientos que permiten a algunos usuarios reforzar su anonimato hasta niveles muy altos. Sin entrar en detalles —deliberadamente—, explica que muchos de estos actores investigan, experimentan y aprenden a camuflarse mejor dentro del ecosistema digital. Esa capacidad, sumada a las características propias de las plataformas, termina por complejizar el trabajo de identificación y seguimiento, y agrega una capa más de dificultad a las investigaciones.
Cuando la investigación por el caso de San Cristóbal empieza a hablar de "redes internacionales", la expresión puede sugerir una estructura organizada, casi conspirativa. Sin embargo, Rodrigo Álvarez baja esa idea a tierra y propone una lectura distinta: más que coordinación formal, lo que existe es un fenómeno de contagio de ideas entre comunidades digitales dispersas.
Explica que sería exagerado hablar de una organización criminal detrás de estas subculturas, que en algunos casos llevan más de dos o tres décadas de existensia. En particular, señala que los espacios que glorifican la violencia extrema —como las masacres escolares— tienen un punto de inflexión claro en la Masacre de Columbine. A partir de ese hecho, se consolidó una comunidad que no solo analiza estos ataques, sino que en ciertos casos los venera, generando con el tiempo nuevos espacios y sumando adeptos.
Comunidades sin jefes: contagio de ideas y radicalización adolescente
Lo que se produce, entonces, no es una cadena de mando sino una circulación de emociones y discursos. Personas con conflictos personales encuentran en estos entornos un lugar donde ese malestar no solo es comprendido, sino amplificado. Y, en algunos casos, otros usuarios terminan siendo convencidos de adoptar esa misma mirada. Álvarez traza un paralelo con la subcultura de los "incel" (celibato involuntario), donde también se observa un proceso de captación y radicalización basado en comunidades digitales, con discursos de odio que terminan moldeando la percepción del mundo de quienes participan.
Ese "contagio" puede tener consecuencias concretas. El especialista advierte que la exposición constante a estos contenidos y discursos puede influir en la psiquis de ciertos individuos, especialmente adolescentes, y empujarlos hacia conductas extremas. Para graficarlo, menciona incluso representaciones culturales actuales, como la serie Adolescencia, que refleja cómo estas dinámicas digitales impactan en los vínculos y en la construcción de identidad.
Señales de alerta: cuándo el consumo se vuelve un riesgo
En ese marco, la detección temprana se vuelve central. Álvarez insiste en que las señales de alerta no aparecen de forma aislada, sino como una acumulación de cambios. Entre ellas menciona el aislamiento repentino, la fascinación obsesiva por ataques escolares, el consumo reiterado de contenido violento o gore, y transformaciones bruscas en la conducta. También señala la aparición de lenguaje de odio constante, una irritabilidad generalizada o una visión extremadamente negativa del mundo.
A eso se suman otros indicadores que, combinados, pueden encender alarmas: cambios en los consumos culturales —como música o contenidos que glorifican la violencia—, la presencia de simbología extremista (como referencias nazis o de ultraderecha), el interés creciente por las armas, la crueldad hacia animales o incluso mensajes ambiguos que funcionan como despedidas encubiertas.
Muchas veces, advierte, estos signos son minimizados por el entorno adulto bajo la idea de que "es cosa de la edad". Y ahí introduce una diferencia clave: la rebeldía adolescente puede ser esperable, pero no lo es una expresión sistemática de odio, autodestrucción o fascinación por la violencia extrema.
Por eso, el rol de los adultos —familiares y docentes— resulta decisivo. Son quienes están en contacto cotidiano con los adolescentes y quienes pueden detectar más rápidamente estos cambios. En el ámbito escolar, de hecho, señala que hay antecedentes donde docentes lograron advertir señales a tiempo, activar equipos interdisciplinarios y hablar con los estudiantes para evitar desenlaces trágicos.
Esa dimensión preventiva, subraya, suele quedar invisibilizada. Cuando la intervención es eficaz, el hecho violento no ocurre, y por lo tanto no hay un caso que trascienda públicamente. Sin embargo, allí es donde radica uno de los mayores logros: actuar a tiempo para desactivar un proceso que podría haber terminado en tragedia.
Videojuegos en debate: entre la simplificación y la evidencia
En el debate público, cada vez que ocurre un hecho de violencia extrema protagonizado por adolescentes, los videojuegos suelen aparecer en el centro de la escena. Rodrigo Álvarez propone correrse de esa mirada simplista. Así como ocurre con las redes sociales, insiste en que no se puede demonizar una plataforma de entretenimiento por sí sola. Para explicarlo, recurre a una comparación histórica: títulos clásicos como Mortal Kombat o Tekken ya incluían violencia explícita décadas atrás, y sin embargo no generaban el mismo tipo de fenómenos.
La diferencia, sugiere, no está en el videojuego en sí, sino en el ecosistema que rodea hoy a los adolescentes. Juegos actuales como Call of Duty, Fortnite o Free Fire no son, por sí mismos, disparadores directos de conductas violentas en el mundo real. El punto clave está en otro lado: cuando un adolescente ya atraviesa un proceso de exposición o atracción hacia contenidos violentos, es más probable que elija este tipo de juegos porque dialogan con ese estado emocional o ese interés previo.
En ese sentido, los videojuegos pueden funcionar como un elemento más dentro de un entramado mayor. No originan el problema, pero pueden integrarse a una lógica donde la violencia empieza a naturalizarse o a ocupar un lugar central en la vida cotidiana del joven. Álvarez señala que, en algunos casos extremos, esa frontera entre lo virtual y lo real puede desdibujarse. Menciona antecedentes internacionales donde atacantes intentaron replicar dinámicas propias de los videojuegos en situaciones reales, trasladando mecánicas o imaginarios del entorno digital al mundo físico.
Pero rápidamente vuelve al eje principal: el foco no debe ponerse únicamente en los consumos culturales, sino en los procesos que atraviesan los adolescentes y en los contextos donde esos consumos adquieren sentido.
Estados en desventaja: los límites de la investigación y la prevención
Desde su experiencia, Álvarez plantea que este escenario no debería sorprender. La migración del delito hacia entornos digitales, explica, era previsible y, por lo tanto, exigía una preparación específica de las fuerzas de seguridad. En esa línea, recuerda el trabajo que encabezó en la provincia de Santa Fe para formar capacidades dentro de la policía, tanto en recursos humanos como tecnológicos, con el objetivo de investigar este tipo de delitos.
Sin embargo, traza un contraste contundente con el presente. Sostiene que hoy esas capacidades no se ven reflejadas en Santa Fe, ni en la estructura ni en los resultados, y que buena parte de lo construido en aquel momento se diluyó con el tiempo. Aclara que no se trata de una crítica dirigida a una gestión puntual, sino de un problema más amplio, pero advierte una tendencia que considera preocupante: la priorización de políticas visibles para la ciudadanía por sobre desarrollos más profundos, aunque menos perceptibles, como la preparación frente al delito digital.
Para el especialista, la falta de respuesta no se explica solo por la complejidad del fenómeno. Reconoce que se trata de un terreno difícil, pero insiste en que, cuando existe una decisión real, el propio recurso humano dentro de las instituciones puede capacitarse y adaptarse. "Nadie quiere no hacer nada ni sentirse inútil", sintetiza, al describir el compromiso que suele encontrar en quienes trabajan en estos ámbitos.
Cibercrimen: capacidades sin respaldo
En ese sentido, destaca también el perfil de quienes se dedican a la ciberinvestigación: profesionales atravesados por la curiosidad y la vocación, para quienes cada nuevo desafío representa una oportunidad de aportar soluciones. Pero ese impulso, advierte, no alcanza si no está acompañado por una estructura estatal que lo sostenga.
La conclusión es directa: hoy, sostiene, el Estado provincial de Santa Fe —y en muchos casos también el de otras provincias del país— no está preparado ni para investigar ni, mucho menos, para prevenir este tipo de delitos en entornos digitales. Y es precisamente allí donde, insiste, debería estar puesto el foco.
La raíz de esa dificultad es múltiple. Por un lado, el propio entorno digital ofrece ventajas a quienes delinquen, especialmente por las posibilidades de anonimato que reducen el riesgo de ser identificados. Por otro, existe una falta de inversión sostenida en capacitación y en la construcción de equipos especializados.
Álvarez marca una diferencia fundamental entre investigar y prevenir. La investigación llega cuando el daño ya ocurrió, cuando hay víctimas. La prevención, en cambio, implica anticiparse, detectar patrones, intervenir a tiempo. Y, según su experiencia, eso no solo es necesario sino posible.
Habla de la importancia de los estudios de campo, del trabajo con equipos interdisciplinarios y del compromiso de profesionales que entienden la dinámica digital. En ese terreno, asegura, hay una oportunidad concreta: la de actuar antes de que un proceso de captación, aislamiento y radicalización desemboque en una tragedia.
Prohibir no sirve: el desafío de educar en el mundo digital
En medio del impacto que generó el caso, el debate público empezó a desplazarse también hacia posibles respuestas. Durante la presentación de su informe en la Legislatura, la fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, advirtió sobre el aumento de la violencia entre adolescentes y planteó la necesidad de discutir el rol de las redes sociales, incluso deslizando la posibilidad de restringir su uso.
Rodrigo Álvarez se muestra tajante frente a esa idea. Desde su experiencia y su trabajo en el campo de la ciberseguridad, sostiene que la prohibición no es una solución efectiva. Lo explica con ejemplos cotidianos: las conductas adictivas no desaparecen por decreto, y las restricciones formales —como las leyes de tránsito vinculadas al consumo de alcohol— no eliminan por sí solas las conductas de riesgo. Con la tecnología, plantea, ocurre algo similar.
De hecho, menciona experiencias recientes a nivel internacional, como el caso de Australia, donde se avanzó en restricciones al acceso de adolescentes a redes sociales y dispositivos móviles. Los primeros resultados, señala, muestran límites claros: una gran proporción de jóvenes encontró formas de eludir los controles, ya sea mediante herramientas tecnológicas o mediante la falsificación de datos para crear perfiles. El efecto, lejos de resolver el problema, terminó desplazándolo.
Para Álvarez, el camino pasa por otro lado. Considera que el contexto actual —marcado tanto por el caso de San Cristóbal como por avances normativos en Santa Fe vinculados a la ciberseguridad— representa una oportunidad para encarar el problema de manera más profunda. La clave, insiste, está en la concientización y la alfabetización digital, no solo de adolescentes sino también de adultos.
En su mirada, existe una brecha evidente: muchos adultos aún mantienen una relación distante o temerosa con la tecnología, lo que dificulta el diálogo con los jóvenes. Esa desconexión, advierte, impide detectar a tiempo situaciones de riesgo. Por eso propone recuperar un espacio básico pero muchas veces ausente: el encuentro, la escucha, la conversación entre generaciones. Que el adulto pueda comprender el mundo digital en el que se mueven los adolescentes, y que a la vez pueda aportar criterios para identificar peligros.
VPN y evasión: por qué las restricciones técnicas tienen límites
En ese punto, el especialista introduce una dimensión técnica que ayuda a entender por qué las prohibiciones resultan insuficientes. Explica, por ejemplo, el funcionamiento de las VPN (redes privadas virtuales), herramientas que permiten ocultar o modificar la ubicación desde la cual un usuario se conecta a internet. En términos simples, una conexión tiene asociada una dirección IP —una especie de "identificador" público que indica desde dónde se accede—, pero mediante una VPN esa dirección puede "disfrazarse", simulando que el usuario se encuentra en otro país. Este tipo de recursos, disponibles incluso de forma gratuita, son utilizados con frecuencia para sortear bloqueos o restricciones geográficas.
Así, cualquier intento de limitar el acceso a plataformas sin un abordaje más integral corre el riesgo de quedar rápidamente obsoleto frente a las propias dinámicas de internet. La tecnología, sugiere Álvarez, siempre encuentra caminos alternativos.
La prevención invisible: lo que funciona antes de que ocurra la tragedia
Frente a ese escenario, vuelve a subrayar una idea central: la prevención es posible, pero requiere trabajo sostenido, formación y compromiso. Implica no solo desarrollar capacidades dentro del Estado, sino también fortalecer el rol de las familias, las escuelas y la comunidad en general.
Al cerrar la conversación, Álvarez deja abierta una puerta a ese mismo trabajo de concientización que promueve. Comparte su perfil de Instagram:
@rodrigo.alvarez.ok y se muestra disponible para capacitaciones y charlas, con el objetivo de seguir ampliando una discusión que, como queda claro, excede largamente un caso puntual y se inscribe en los desafíos más complejos de la vida digital contemporánea.
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