El Presupuesto 2027 de Santa Fe, presentado ante la Cámara de Senadores el 30 de octubre de 2026, asciende a 18 billones 877 mil 775 millones 741 mil pesos. Dentro de esa estructura de recursos y gastos aparece una cifra que merece especial atención: los 65.129 millones 652 mil pesos identificados en distintas partidas vinculadas con comunicación, publicidad, propaganda e información institucional.
La investigación del diputado provincial Carlos del Frade, del Frente Amplio por la Soberanía, a partir del análisis del anexo analítico III del proyecto presupuestario, permite dimensionar el volumen de esos recursos.
La suma de las partidas correspondientes al Poder Ejecutivo-Gobernación, el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública y Lotería de Santa Fe representa un promedio de 178 millones 437 mil pesos por día.
Se trata de una cifra que no puede analizarse solamente como un gasto administrativo. La publicidad oficial constituye una herramienta de comunicación del Estado, pero también supone una decisión política sobre la asignación de recursos públicos a los medios de comunicación.
Los números detrás de la pauta
De acuerdo con el relevamiento de Del Frade, las partidas identificadas en el presupuesto se distribuyen de la siguiente manera:
Poder Ejecutivo – Gobernación
Comunicación: $13.908.394.000.
Contenidos: $1.649.134.000.
Imagen: $636.335.000.
Publicidad: $11.936.733.000.
Relaciones Públicas: $796.058.000.Ceremonial y Protocolo: $805.008.000.
Ministerio de Gobierno e Innovación PúblicaImprenta Oficial: $2.020.138.000.
Comunicaciones: $1.222.300.000.
Cableado y tendido de fibras ópticas: $13.552.000.
Lotería de Santa FePublicidad y propaganda: $9.800.000.000.
Información y sistemas comunicacionales: $22.342.000.000.
El conjunto de estas partidas alcanza los $65.129.652.000, equivalente al 0,34% del presupuesto provincial.
De 122 a 178 millones de pesos diarios: el crecimiento de la pauta oficial
En declaraciones a Señales, el diputado provincial Carlos del Frade, del Frente Amplio por la Soberanía, recordó que en noviembre de 2025 había realizado un primer relevamiento sobre las partidas presupuestarias destinadas a comunicación y publicidad oficial para el ejercicio 2026. Para ese cálculo tomó tres áreas del Estado provincial: el Poder Ejecutivo-Gobernación, el Ministerio de Gobierno y Lotería de Santa Fe.
De 122 a 178 millones de pesos diarios: el crecimiento de la pauta oficial
En declaraciones a Señales, el diputado provincial Carlos del Frade, del Frente Amplio por la Soberanía, recordó que en noviembre de 2025 había realizado un primer relevamiento sobre las partidas presupuestarias destinadas a comunicación y publicidad oficial para el ejercicio 2026. Para ese cálculo tomó tres áreas del Estado provincial: el Poder Ejecutivo-Gobernación, el Ministerio de Gobierno y Lotería de Santa Fe.
El análisis del anexo analítico III del presupuesto, un documento de más de 1.400 páginas que detalla el destino de los recursos provinciales, permitió identificar partidas por aproximadamente 46.000 millones de pesos. El resultado difundido por el legislador fue de 122 millones de pesos diarios para el ejercicio 2026.
Ahora, con el proyecto de Presupuesto 2027 ingresado en el Senado provincial el 30 de octubre de 2026, Del Frade volvió a revisar los mismos organismos y encontró un conjunto de partidas que suman 65.129 millones 652 mil pesos. La cifra representa casi 19.130 millones de pesos más que lo previsto para 2026.
El nuevo cálculo arroja un promedio de 178.437.402 pesos diarios. Es decir, más de 56 millones de pesos adicionales por día respecto del monto diario que había difundido el diputado para el ejercicio anterior.
Para Del Frade, la magnitud de estos recursos abre una discusión que excede el crecimiento presupuestario. En sus declaraciones, el legislador cuestionó el peso que adquiere la comunicación gubernamental dentro del sistema de medios y sostuvo que semejante inversión convive con una presencia muy limitada de voces opositoras, particularmente en los grandes medios de comunicación.
Pero sus cuestionamientos apuntan también a dos cuestiones concretas que considera centrales: cómo se distribuye esa pauta oficial entre los distintos medios y cuáles son los criterios que utiliza el Gobierno provincial para determinar los destinatarios de esos recursos.
El diputado agregó otro interrogante: cuánto pagan de impuestos los grupos mediáticos que concentran una parte importante del sistema de comunicación santafesino.
En ese contexto mencionó particularmente al empresario Gustavo Scaglione, a quien vinculó con un proceso de concentración de medios de alcance nacional. Del Frade cuestionó que esa concentración pueda reducir el pluralismo informativo y advirtió sobre sus consecuencias para la vida democrática.
La preocupación expresada por el diputado no se limita a la propiedad de los medios o a la distribución de la publicidad oficial. También relaciona la concentración empresarial con el deterioro de las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores de prensa, una dimensión que suele quedar relegada cuando el debate sobre la comunicación se concentra exclusivamente en los montos de la pauta.
De esta manera, el crecimiento de la pauta proyectada para 2027 plantea una discusión con varias dimensiones: el volumen de recursos públicos destinados a comunicación, la distribución entre los medios, la concentración empresarial, las obligaciones tributarias de los principales grupos y las condiciones de trabajo dentro del sector.
Dieciséis años de información pública y una interrupción desde 2024
Pero el debate sobre la pauta oficial santafesina no se agota en el volumen de dinero presupuestado. Hay otra cuestión que resulta fundamental: la posibilidad de conocer quiénes reciben esos recursos.
Durante 16 años consecutivos, desde 2008 hasta 2023, el Gobierno de Santa Fe publicó en su sitio web oficial un registro detallado de la inversión publicitaria estatal. La información permitía consultar cuánto dinero se destinaba a los distintos medios de comunicación y organismos, discriminando los montos por tipo de medio.
La serie atravesó distintas administraciones provinciales y se mantuvo durante los cambios de gobierno. Sin embargo, desde la asunción de Maximiliano Pullaro, en diciembre de 2023, no se incorporaron los registros correspondientes a 2024 ni a 2025. Tampoco se encuentra publicado el correspondiente a 2026.
Lo llamativo es que la página oficial continúa activa y conserva la definición institucional que justificaba esa publicación: se trataba de una «política de transparencia activa sobre la asignación de la inversión publicitaria oficial».
El propio Gobierno explica allí que los ciudadanos pueden consultar los montos destinados a publicidad por tipo de medio y por organismos.
Es decir, la Provincia mantiene vigente la presentación de esa herramienta como una política de transparencia, pero el último ejercicio disponible sigue siendo 2023.
La diferencia no es menor. Durante 16 años cualquier ciudadano podía ingresar al portal oficial y conocer el destino de la inversión publicitaria. Desde 2024, esa posibilidad dejó de estar disponible mediante aquel registro centralizado.
La información presupuestaria permite conocer cuánto se proyecta gastar en determinadas partidas, pero no reemplaza el detalle de los pagos realizados, los medios beneficiarios y los criterios utilizados para distribuir los recursos.
Tampoco significa que no existan expedientes administrativos, registros contables o contrataciones que puedan consultarse por otras vías. La cuestión es que dejó de publicarse la información sistematizada que facilitaba el seguimiento y el control ciudadano.
En este punto aparece una pregunta institucional concreta: ¿por qué una política de transparencia que pudo sostenerse durante 16 años consecutivos dejó de actualizarse a partir de 2024?
La comparación con las áreas sociales
La dimensión política de estos números también aparece cuando se los compara con otras áreas del Estado.
Los recursos destinados al conjunto de las partidas relevadas para comunicación e información institucional superan el presupuesto asignado al Ministerio de Cultura, representan casi tres veces el de Ambiente y Cambio Climático y más de tres veces el del Laboratorio Industrial Farmacéutico.
La comparación adquiere relevancia dentro de un presupuesto que, como advierte Del Frade en su análisis general, muestra una participación reducida de las carteras vinculadas con las urgencias sociales.
Igualdad y Desarrollo Humano, Trabajo, Cultura y Ambiente y Cambio Climático reúnen conjuntamente apenas el 2,96% de los recursos provinciales.
No se trata de desconocer la necesidad de que el Estado informe, comunique sus políticas y garantice el acceso de la ciudadanía a la información pública. Se trata de discutir la magnitud de los recursos asignados, los criterios utilizados para distribuirlos y la transparencia con la que se ejecutan.
También es necesario considerar que no todas las partidas identificadas corresponden necesariamente a publicidad contratada en medios. Algunos conceptos incluyen servicios, infraestructura, producción de contenidos y otras actividades de comunicación institucional. Precisamente por eso, conocer su ejecución y desagregación resulta fundamental para dimensionar el destino efectivo de los recursos.
La pregunta sobre los destinatarios
Hay un aspecto que resulta tan importante como el monto global: conocer quiénes reciben efectivamente esos recursos.
El presupuesto permite identificar partidas y organismos, pero no alcanza por sí solo para conocer cómo se distribuye la pauta entre los distintos medios de comunicación, cuáles son los criterios de asignación, qué montos recibe cada empresa y qué obligaciones tributarias cumplen los principales beneficiarios.
Esa información resulta indispensable para evaluar si existe una distribución equitativa, si se contemplan criterios de alcance y audiencia y si se garantiza que la publicidad oficial no se convierta en un mecanismo de condicionamiento económico de los medios respecto del poder político.
También es necesario conocer qué parte de las partidas corresponde a publicidad efectivamente contratada en medios, qué parte a producción de contenidos y qué parte a otros servicios de comunicación institucional.
Las preguntas planteadas por Del Frade apuntan precisamente a esa dimensión del problema: no alcanza con conocer el volumen general de recursos, también hay que saber quiénes son los destinatarios, cómo se toman las decisiones de asignación y qué responsabilidades económicas y tributarias tienen los grupos empresarios que participan del sistema.
La sociedad tiene derecho a conocer el destino de los recursos que se financian con los impuestos de todos los santafesinos.
Una discusión que sigue abierta
El dato de los 178 millones de pesos diarios adquiere otra dimensión cuando se lo incorpora al contexto general del Presupuesto 2027.
En su análisis, Carlos del Frade plantea que las cifras presupuestarias permiten identificar las prioridades reales de un gobierno, más allá de los fundamentos y las declaraciones políticas que acompañan cada proyecto.
En ese sentido, la pauta oficial se convierte en una pieza de una discusión más amplia: qué Estado se pretende construir, a qué sectores se destinan los recursos y qué lugar ocupan las necesidades sociales.
Pero hay una cuestión adicional que no puede quedar afuera del debate: la transparencia.
Si durante 16 años los santafesinos pudieron conocer qué medios recibían publicidad oficial, cuánto cobraban y qué organismos realizaban las contrataciones, resulta necesario explicar por qué esa información dejó de publicarse desde 2024.
¿Cuánto dinero recibió cada medio durante 2024 y 2025? ¿Cómo se está distribuyendo la pauta durante 2026? ¿Qué criterios utiliza el Gobierno provincial para decidir las asignaciones? ¿Por qué no se actualizó el registro oficial?
El Estado necesita comunicar sus políticas, pero esa necesidad no puede estar separada de la obligación de rendir cuentas.
La pauta oficial debe responder al derecho de la sociedad a estar informada. Para eso, no alcanza con publicar cuánto se proyecta gastar: también es necesario informar quiénes reciben el dinero, cuánto reciben y bajo qué criterios.
En un presupuesto de casi 19 billones de pesos, la transparencia sobre el destino de más de 65 mil millones no debería ser una opción.
Ahora, con el proyecto de Presupuesto 2027 ingresado en el Senado provincial el 30 de octubre de 2026, Del Frade volvió a revisar los mismos organismos y encontró un conjunto de partidas que suman 65.129 millones 652 mil pesos. La cifra representa casi 19.130 millones de pesos más que lo previsto para 2026.
El nuevo cálculo arroja un promedio de 178.437.402 pesos diarios. Es decir, más de 56 millones de pesos adicionales por día respecto del monto diario que había difundido el diputado para el ejercicio anterior.
Para Del Frade, la magnitud de estos recursos abre una discusión que excede el crecimiento presupuestario. En sus declaraciones, el legislador cuestionó el peso que adquiere la comunicación gubernamental dentro del sistema de medios y sostuvo que semejante inversión convive con una presencia muy limitada de voces opositoras, particularmente en los grandes medios de comunicación.
Pero sus cuestionamientos apuntan también a dos cuestiones concretas que considera centrales: cómo se distribuye esa pauta oficial entre los distintos medios y cuáles son los criterios que utiliza el Gobierno provincial para determinar los destinatarios de esos recursos.
El diputado agregó otro interrogante: cuánto pagan de impuestos los grupos mediáticos que concentran una parte importante del sistema de comunicación santafesino.
En ese contexto mencionó particularmente al empresario Gustavo Scaglione, a quien vinculó con un proceso de concentración de medios de alcance nacional. Del Frade cuestionó que esa concentración pueda reducir el pluralismo informativo y advirtió sobre sus consecuencias para la vida democrática.
La preocupación expresada por el diputado no se limita a la propiedad de los medios o a la distribución de la publicidad oficial. También relaciona la concentración empresarial con el deterioro de las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores de prensa, una dimensión que suele quedar relegada cuando el debate sobre la comunicación se concentra exclusivamente en los montos de la pauta.
De esta manera, el crecimiento de la pauta proyectada para 2027 plantea una discusión con varias dimensiones: el volumen de recursos públicos destinados a comunicación, la distribución entre los medios, la concentración empresarial, las obligaciones tributarias de los principales grupos y las condiciones de trabajo dentro del sector.
Dieciséis años de información pública y una interrupción desde 2024
Pero el debate sobre la pauta oficial santafesina no se agota en el volumen de dinero presupuestado. Hay otra cuestión que resulta fundamental: la posibilidad de conocer quiénes reciben esos recursos.
Durante 16 años consecutivos, desde 2008 hasta 2023, el Gobierno de Santa Fe publicó en su sitio web oficial un registro detallado de la inversión publicitaria estatal. La información permitía consultar cuánto dinero se destinaba a los distintos medios de comunicación y organismos, discriminando los montos por tipo de medio.
La serie atravesó distintas administraciones provinciales y se mantuvo durante los cambios de gobierno. Sin embargo, desde la asunción de Maximiliano Pullaro, en diciembre de 2023, no se incorporaron los registros correspondientes a 2024 ni a 2025. Tampoco se encuentra publicado el correspondiente a 2026.
Lo llamativo es que la página oficial continúa activa y conserva la definición institucional que justificaba esa publicación: se trataba de una «política de transparencia activa sobre la asignación de la inversión publicitaria oficial».
El propio Gobierno explica allí que los ciudadanos pueden consultar los montos destinados a publicidad por tipo de medio y por organismos.
Es decir, la Provincia mantiene vigente la presentación de esa herramienta como una política de transparencia, pero el último ejercicio disponible sigue siendo 2023.
La diferencia no es menor. Durante 16 años cualquier ciudadano podía ingresar al portal oficial y conocer el destino de la inversión publicitaria. Desde 2024, esa posibilidad dejó de estar disponible mediante aquel registro centralizado.
La información presupuestaria permite conocer cuánto se proyecta gastar en determinadas partidas, pero no reemplaza el detalle de los pagos realizados, los medios beneficiarios y los criterios utilizados para distribuir los recursos.
Tampoco significa que no existan expedientes administrativos, registros contables o contrataciones que puedan consultarse por otras vías. La cuestión es que dejó de publicarse la información sistematizada que facilitaba el seguimiento y el control ciudadano.
En este punto aparece una pregunta institucional concreta: ¿por qué una política de transparencia que pudo sostenerse durante 16 años consecutivos dejó de actualizarse a partir de 2024?
La comparación con las áreas sociales
La dimensión política de estos números también aparece cuando se los compara con otras áreas del Estado.
Los recursos destinados al conjunto de las partidas relevadas para comunicación e información institucional superan el presupuesto asignado al Ministerio de Cultura, representan casi tres veces el de Ambiente y Cambio Climático y más de tres veces el del Laboratorio Industrial Farmacéutico.
La comparación adquiere relevancia dentro de un presupuesto que, como advierte Del Frade en su análisis general, muestra una participación reducida de las carteras vinculadas con las urgencias sociales.
Igualdad y Desarrollo Humano, Trabajo, Cultura y Ambiente y Cambio Climático reúnen conjuntamente apenas el 2,96% de los recursos provinciales.
No se trata de desconocer la necesidad de que el Estado informe, comunique sus políticas y garantice el acceso de la ciudadanía a la información pública. Se trata de discutir la magnitud de los recursos asignados, los criterios utilizados para distribuirlos y la transparencia con la que se ejecutan.
También es necesario considerar que no todas las partidas identificadas corresponden necesariamente a publicidad contratada en medios. Algunos conceptos incluyen servicios, infraestructura, producción de contenidos y otras actividades de comunicación institucional. Precisamente por eso, conocer su ejecución y desagregación resulta fundamental para dimensionar el destino efectivo de los recursos.
La pregunta sobre los destinatarios
Hay un aspecto que resulta tan importante como el monto global: conocer quiénes reciben efectivamente esos recursos.
El presupuesto permite identificar partidas y organismos, pero no alcanza por sí solo para conocer cómo se distribuye la pauta entre los distintos medios de comunicación, cuáles son los criterios de asignación, qué montos recibe cada empresa y qué obligaciones tributarias cumplen los principales beneficiarios.
Esa información resulta indispensable para evaluar si existe una distribución equitativa, si se contemplan criterios de alcance y audiencia y si se garantiza que la publicidad oficial no se convierta en un mecanismo de condicionamiento económico de los medios respecto del poder político.
También es necesario conocer qué parte de las partidas corresponde a publicidad efectivamente contratada en medios, qué parte a producción de contenidos y qué parte a otros servicios de comunicación institucional.
Las preguntas planteadas por Del Frade apuntan precisamente a esa dimensión del problema: no alcanza con conocer el volumen general de recursos, también hay que saber quiénes son los destinatarios, cómo se toman las decisiones de asignación y qué responsabilidades económicas y tributarias tienen los grupos empresarios que participan del sistema.
La sociedad tiene derecho a conocer el destino de los recursos que se financian con los impuestos de todos los santafesinos.
Una discusión que sigue abierta
El dato de los 178 millones de pesos diarios adquiere otra dimensión cuando se lo incorpora al contexto general del Presupuesto 2027.
En su análisis, Carlos del Frade plantea que las cifras presupuestarias permiten identificar las prioridades reales de un gobierno, más allá de los fundamentos y las declaraciones políticas que acompañan cada proyecto.
En ese sentido, la pauta oficial se convierte en una pieza de una discusión más amplia: qué Estado se pretende construir, a qué sectores se destinan los recursos y qué lugar ocupan las necesidades sociales.
Pero hay una cuestión adicional que no puede quedar afuera del debate: la transparencia.
Si durante 16 años los santafesinos pudieron conocer qué medios recibían publicidad oficial, cuánto cobraban y qué organismos realizaban las contrataciones, resulta necesario explicar por qué esa información dejó de publicarse desde 2024.
¿Cuánto dinero recibió cada medio durante 2024 y 2025? ¿Cómo se está distribuyendo la pauta durante 2026? ¿Qué criterios utiliza el Gobierno provincial para decidir las asignaciones? ¿Por qué no se actualizó el registro oficial?
El Estado necesita comunicar sus políticas, pero esa necesidad no puede estar separada de la obligación de rendir cuentas.
La pauta oficial debe responder al derecho de la sociedad a estar informada. Para eso, no alcanza con publicar cuánto se proyecta gastar: también es necesario informar quiénes reciben el dinero, cuánto reciben y bajo qué criterios.
En un presupuesto de casi 19 billones de pesos, la transparencia sobre el destino de más de 65 mil millones no debería ser una opción.
