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lunes, 28 de septiembre de 2026

Dos proyectos buscan frenar la derogación de los estatutos laborales de los periodistas

Las iniciativas fueron presentadas en Diputados y quedaron bajo análisis de las comisiones de Legislación del Trabajo y Libertad de Expresión. Una propone restablecer tres regímenes especiales y crear una mesa para actualizarlos; la otra se concentra en preservar el Estatuto del Periodista Profesional.

Dos proyectos de ley presentados en la Cámara de Diputados buscan impedir que entre en vigencia la derogación de los estatutos laborales especiales que regulan distintas actividades vinculadas con el periodismo, prevista en el marco de la Ley 27.802 Ley de Modernización Laboral, promulgada el 6 de marzo de 2026, por el gobierno de Javier Milei.

Las iniciativas fueron presentadas el 24 de septiembre y quedaron incorporadas al Trámite Parlamentario N.º 142. Ambas fueron giradas a las comisiones de Legislación del Trabajo, como comisión de primera competencia, y Libertad de Expresión. 

Se trata de los expedientes 4953-D-2026, impulsado por el diputado de Unión por la Patria Sebastián Galmarini, y 4954-D-2026, presentado por Sergio Palazzo junto con otros diputados del mismo bloque. 

El debate se produce ante la proximidad de la fecha prevista para la entrada en vigencia de las modificaciones introducidas por la reforma laboral. Los dos proyectos pretenden modificar ese esquema antes de que opere la derogación de los regímenes especiales.

El proyecto de Galmarini: restablecer tres estatutos y abrir una actualización

La iniciativa de Sebastián Galmarini es la más amplia de las dos. El expediente 4953-D-2026 propone derogar los artículos 197, 212 y 213 de la Ley 27.802 y restablecer la vigencia de tres normas que regulan distintas actividades dentro del sector periodístico.

En concreto, plantea recuperar:
  • la Ley 12.908, conocida como Estatuto del Periodista Profesional;
  • el Decreto-Ley 13.839/46, referido al personal administrativo de empresas periodísticas;
  • el Decreto-Ley 14.954/46, vinculado al personal de redacción de agencias noticiosas.
Ese es también el objeto que figura expresamente en el sumario oficial del expediente parlamentario.

La propuesta no se limita a restablecer las normas existentes. El proyecto incorpora además una instancia destinada a discutir su actualización.

Una mesa para discutir el futuro del trabajo periodístico
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la creación, en el ámbito de la Cámara de Diputados, de una Mesa de Actualización de los Estatutos del Trabajo Periodístico.

El objetivo es abrir un proceso de revisión de la normativa laboral específica para adecuarla a las transformaciones que atravesó la actividad periodística en las últimas décadas.

Entre los desafíos que aparecen asociados a esa actualización están las nuevas modalidades de trabajo, el teletrabajo, las plataformas digitales y el impacto de la inteligencia artificial sobre las tareas profesionales.

De esta manera, el planteo combina dos movimientos: por un lado, evitar que desaparezca el régimen especial vigente; por otro, discutir una actualización que contemple las nuevas condiciones tecnológicas y laborales del sector.

El proyecto fue presentado por Galmarini y posteriormente incorporó como cofirmantes a otros doce diputados: Hugo Yasky, Jorge Neri Araujo Hernández, Raúl Hadad, Marcelo Mango, Eduardo Valdés, Hilda Aguirre, Andrea Freites, Carlos Castagneto, María Graciela Parola, Gabriela Pedrali, Sabrina Selva y Juan Carlos Molina. Todos figuran en el registro oficial bajo el bloque Unión por la Patria.
 
El proyecto de Palazzo: preservar específicamente el Estatuto del Periodista
La segunda iniciativa tiene un alcance más acotado. Se trata del expediente 4954-D-2026, cuyo primer firmante es el diputado y dirigente sindical Sergio Omar Palazzo. El proyecto propone derogar el artículo 197 de la Ley 27.802 y ratificar la vigencia de la Ley 12.908, Estatuto del Periodista Profesional.

A diferencia del proyecto de Galmarini, la iniciativa no propone restablecer los otros dos regímenes especiales —el correspondiente al personal administrativo de empresas periodísticas y el referido al personal de redacción de agencias noticiosas— ni crea una mesa específica para actualizar los estatutos.

Su objetivo es concentrarse en una cuestión puntual: impedir que quede derogado el Estatuto del Periodista Profesional y reafirmar expresamente la vigencia de la Ley 12.908.

El expediente lleva las firmas de Sergio Palazzo, Carlos Cisneros, Germán Martínez, Máximo Kirchner, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Vanesa Siley, Hugo Yasky, Kelly Olmos, Hugo Moyano, José Gómez, Marina Salzmann, Julia Strada y Mario Manrique. 

Dos estrategias frente a la misma reforma
Aunque los dos proyectos tienen un objetivo común —evitar que la reforma laboral deje sin efecto el régimen especial del trabajo periodístico—, presentan diferencias importantes.

El proyecto de Galmarini tiene una mirada integral sobre los distintos estatutos vinculados con la actividad periodística. Propone restablecer tres normas y, al mismo tiempo, abrir un proceso de actualización legislativa.

El proyecto de Palazzo, en cambio, tiene una intervención puntual: derogar el artículo 197 de la Ley 27.802 y ratificar la vigencia del Estatuto del Periodista Profesional.

El punto de partida: qué dispone la reforma laboral
El conflicto legislativo se origina en la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que estableció modificaciones sobre distintos estatutos laborales especiales.

En el caso del periodismo, los proyectos presentados ahora buscan impedir que esas disposiciones produzcan la desaparición de las normas específicas que regulan las relaciones laborales del sector.

El expediente de Galmarini identifica expresamente los artículos 197, 212 y 213 como aquellos cuya derogación propone revertir, mientras que el proyecto de Palazzo se concentra exclusivamente en el artículo 197.

Por eso, el debate que se abre en Diputados no se limita a una discusión técnica sobre legislación laboral. También involucra la definición de las condiciones bajo las cuales se desarrolla el trabajo periodístico y la posibilidad de mantener un régimen laboral específico para una actividad atravesada por transformaciones tecnológicas profundas.

Del Estatuto de 1940 a la discusión sobre inteligencia artificial
La Ley 12.908, sancionada en 1946, constituye el núcleo del régimen especial para los periodistas profesionales.

La discusión actual incorpora un escenario muy diferente al de la época en que fueron sancionadas esas normas: medios digitales, trabajo remoto, producción de contenidos para plataformas, cambios en los modelos de negocio de las empresas periodísticas y utilización creciente de herramientas de inteligencia artificial.

Ese contraste explica una de las principales diferencias conceptuales entre las iniciativas.

El proyecto de Palazzo apunta fundamentalmente a preservar el estatuto existente frente a la derogación prevista por la reforma laboral.

El proyecto de Galmarini propone, además, utilizar la continuidad del régimen como punto de partida para una actualización legislativa que permita discutir cómo deben regularse las nuevas formas de trabajo periodístico.

Qué viene ahora
Por el momento, ninguno de los dos proyectos modifica la legislación vigente por sí mismo. Ambos deben atravesar el trámite parlamentario correspondiente.

El primer ámbito de discusión será la Comisión de Legislación del Trabajo, que tiene la primera competencia sobre los expedientes. Luego interviene la Comisión de Libertad de Expresión. 

Para que cualquiera de las propuestas avance hacia una modificación efectiva de la legislación deberá obtener dictamen de las comisiones y posteriormente ser tratada por el pleno de la Cámara de Diputados. En caso de obtener media sanción, deberá continuar el trámite en el Senado.

Así, el debate que comienza en las comisiones tendrá una cuestión de fondo: si el trabajo periodístico continuará contando con estatutos laborales específicos y, en ese caso, si esos estatutos serán simplemente preservados o si el Congreso abrirá un proceso para adaptarlos a las nuevas condiciones tecnológicas y laborales de la actividad.

Los dos expedientes ya forman parte formalmente del trámite parlamentario y están registrados en las comisiones de Legislación del Trabajo y Libertad de Expresión.

Los proyectos: 
Expediente 4953-D-2026 — Sebastián Galmarini

Expediente 4954-D-2026 — Sergio Palazzo y cofirmantes


Ver también: 
Con apoyo de distintos bloques del Senado, FATPren presentó el proyecto para un nuevo Estatuto del Periodista, Derogar el Estatuto del Periodista es debilitar la democracia, Derogación del Estatuto del Periodista: un riesgo para el derecho a la información y la libertad de prensa, Más de tres mil periodistas rechazaron la derogación del Estatuto del Periodista Profesional

viernes, 3 de julio de 2026

Libertad de prensa: reiteran el pedido para que cesen las restricciones en Casa Rosada

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP) reiteraron el pedido para que el Gobierno nacional levante las restricciones impuestas a las y los periodistas acreditados en la Casa Rosada, tras la designación de Adrián Ravier como vocero presidencial del gobierno de Javier Milei.

A través de una carta dirigida al nuevo vocero, las organizaciones solicitaron el cese de las limitaciones a la circulación dentro de la sede gubernamental, al considerar que el confinamiento de las y los trabajadores de prensa en la Sala de Periodistas durante la jornada laboral restringe sus posibilidades de trabajo y afecta el derecho de la sociedad a recibir información sobre las actividades de gobierno.

En la nota también se recuerda que el cierre de la Sala de Periodistas durante 11 días entre abril y mayo generó preocupación en organizaciones de prensa de distintos países y motivó el respaldo de la Federación Internacional de Periodistas al reclamo. En ese marco, las entidades sostienen que, en un contexto internacional de creciente presión sobre el ejercicio del periodismo, Argentina debe preservar su tradición de defensa de la libertad de expresión y garantizar condiciones adecuadas para el trabajo de la prensa.

Además, solicitaron una reunión con el vocero presidencial para abordar esta situación y otros temas vinculados con las condiciones de trabajo de las y los periodistas.

Las organizaciones advirtieron que sin el libre acceso a las fuentes gubernamentales, el derecho de la sociedad a la información se encuentra en riesgo, y reiteraron el pedido para que cesen las restricciones vigentes en Casa Rosada en resguardo de la libertad de prensa.

miércoles, 10 de junio de 2026

Con apoyo de distintos bloques del Senado, FATPren presentó el proyecto para un nuevo Estatuto del Periodista

Elaborado junto a 22 gremios de prensa de todo el país, el proyecto busca preservar los derechos laborales y profesionales de la actividad periodística ante la derogación del Estatuto vigente dispuesta por la reforma laboral del Gobierno nacional. La iniciativa incorpora regulaciones sobre inteligencia artificial, teletrabajo, violencia de género, salud mental y protección de periodistas en coberturas de riesgo.

Con una sala colmada, representación sindical de todo el país y la presencia de senadores de distintos espacios políticos, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren) presentó este martes en el Senado de la Nación el proyecto de ley para crear un nuevo Estatuto del Periodista Profesional y del Personal Administrativo, destinado a reemplazar la histórica Ley 12.908, cuya derogación entrará en vigencia el 1 de enero de 2027 si antes no se aprueba una nueva normativa.

La iniciativa fue elaborada de manera conjunta por 22 organizaciones gremiales de prensa y fue presentada en el ámbito de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, presidida por la senadora Carolina Moisés.

Durante la apertura de la jornada, Moisés destacó el carácter colectivo y federal del proyecto.

"No es una producción individual, sino de los periodistas de todo el país presentado de manera federal", afirmó.

Según se indicó desde el entorno de la legisladora jujeña, la propuesta no solo busca preservar la libertad de expresión, sino también incorporar nuevos derechos asociados al uso de plataformas digitales, el teletrabajo, la inteligencia artificial, los derechos de cuidado, el secreto profesional y la protección de las y los periodistas en coberturas de riesgo.

La senadora informó además que el proyecto quedará en circulación para que los integrantes de la Cámara alta puedan analizarlo y sumar adhesiones hasta el próximo viernes. Una vez cumplido ese plazo, será ingresado formalmente para su giro a las comisiones correspondientes, una definición que quedará en manos de la Presidencia del Senado.

La convocatoria reunió a representantes sindicales y trabajadores de prensa de Salta, Río Negro, Corrientes, Tandil, La Rioja, Esquel, Córdoba, Santa Fe, Rosario, San Juan, Chaco y Neuquén, entre otras regiones, reflejando el carácter federal con el que fue concebida la iniciativa.
Una respuesta a la derogación del Estatuto
El eje central de la propuesta surge como respuesta a la derogación del Estatuto del Periodista Profesional incluida en la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Aunque la vigencia de la norma fue prorrogada hasta el 1 de enero de 2027, desde los sindicatos advierten que es imprescindible llegar a esa fecha con una nueva legislación aprobada.

La secretaria general de FATPren y secretaria adjunta de SiPreBA, Carla Gaudensi, subrayó la urgencia del debate.

"Necesitamos tener la certeza de que nuestro estatuto no va a quedar derogado. Esta prórroga es un aliento para discutir cualquier modernización, pero el Estatuto contiene los aspectos protectorios más importantes de nuestra norma".

La dirigente sostuvo que la legislación vigente cumple un papel central en la defensa de la libertad de expresión.

"Está para que los periodistas no seamos presionados por ejercer nuestra labor y nos da protección ante un Presidente que pide despedir en las empresas periodísticas por la información que brindamos".

Gaudensi también defendió el carácter abierto de la propuesta y advirtió sobre el contexto actual que atraviesa la actividad periodística.

"No hicimos esta propuesta a libro cerrado. Asistimos al peor momento de libertad de expresión, y derogar el Estatuto en estas condiciones es un error que la época no nos puede permitir".

La dirigente sostuvo además que la normativa puede ser discutida y perfeccionada durante el tratamiento legislativo, aunque remarcó la necesidad de preservar los principios vinculados a la protección de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Nuevos derechos para los desafíos del siglo XXI
El proyecto mantiene los principios fundamentales del Estatuto vigente, especialmente aquellos vinculados a la protección de la libertad de prensa y del derecho a la información, pero incorpora nuevas regulaciones adaptadas a las transformaciones tecnológicas y laborales.

Entre las principales novedades se incluyen disposiciones sobre inteligencia artificial, teletrabajo, plataformas digitales, salud mental, licencias por violencia de género, derechos de cuidado, cláusula de conciencia y mecanismos de protección para periodistas que cubren manifestaciones o situaciones de violencia institucional.

También propone establecer un salario mínimo nacional para la actividad periodística, equivalente al menos al valor de la canasta básica medida por el Indec.

Diego Miner, integrante de FATPren y representante de la Asociación de Periodistas de Corrientes, destacó el proceso de construcción colectiva de la iniciativa.

"Es un prototipo trabajado con los sindicatos de todas las provincias del país para que salga un nuevo Estatuto acorde a los tiempos que corren".

Desde la Federación explicaron que el texto reduce significativamente la extensión de la norma original: pasa de más de 80 artículos a 28 distribuidos en cuatro capítulos, eliminando disposiciones en desuso y actualizando las categorías laborales mediante un sistema más flexible basado en áreas de trabajo.
Apoyos de distintos bloques políticos
La presentación cosechó expresiones de apoyo de distintos bloques parlamentarios.

El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Eduardo Vischi, comprometió la participación de su bancada en el tratamiento de la iniciativa.

"Es un gran logro de ustedes y es una satisfacción. Ratificamos el compromiso de ponernos a disposición y dar nuestro parecer para también brindar nuestra opinión".

Más adelante agregó: "Vamos a trabajarlo mirando con la más sincera objetividad para mejorarlo en todo lo posible".

Y alertó sobre el escenario actual para el ejercicio periodístico: "El momento que vivimos de ataque a la prensa es muy nocivo, lastima a la sociedad".

Por su parte, el senador catamarqueño Guillermo Andrada definió la iniciativa como "un proyecto genuino y necesario".

Desde el bloque Justicialista, el jefe de bancada José Mayans anunció el acompañamiento del espacio.

"El país necesita que trabajen libremente porque la información es fundamental".

Y recordó la postura que mantuvo el peronismo durante el debate de la reforma laboral: "Nosotros votamos en contra de la derogación y estamos de acuerdo en que ustedes trabajen libremente".

También participaron de la reunión las senadoras y senadores Anabel Fernández Sagasti, Sandra Mendoza, Fernando Salino, Mariano Recalde, Jorge Capitanich, Edith Terenzi, Beatriz Ávila, Vilma Bedia, Juan Cruz Godoy, Enzo Paolo Fulone y Pablo Cervi, entre otros.

Cervi, representante de La Libertad Avanza, planteó la necesidad de ampliar la discusión.

"Hay que escuchar a los dueños de los medios, a los que pagan sueldos a fin de mes", sostuvo, y pidió mantener una "visión federal" durante el tratamiento legislativo.
La voz de los periodistas
La comisión también contó con la participación de periodistas que aportaron su mirada sobre las condiciones actuales de trabajo en los medios.

Gabriela Pepe, periodista de Letra P y C5N, destacó que la discusión excede los derechos laborales y se vincula directamente con el acceso ciudadano a la información.

"Tenemos que pensar en un Estatuto que proteja el trabajo que hacemos. La contracara de esto es el derecho de todos los ciudadanos a tener acceso a información fidedigna".

En la misma línea, Mariano Obarrio remarcó la dimensión democrática de la propuesta.

"Es una ley fundamental para los periodistas, para la libertad de prensa y para la libertad en sí misma de los ciudadanos, que pueden ser libres a partir de conocer diversas fuentes y sectores".
Un debate abierto con plazo hasta 2027

Desde FATPren adelantaron que en las próximas semanas mantendrán reuniones con todos los bloques políticos de la Cámara alta para construir consensos que permitan aprobar la norma antes del vencimiento de la prórroga vigente.

La magnitud de la convocatoria dio una señal del interés que despertó la propuesta. La Sala Arturo Illia quedó completamente colmada y fue necesario habilitar espacios adicionales en el Salón de las Provincias para albergar a trabajadores de prensa, dirigentes sindicales y asesores parlamentarios que se acercaron a seguir el debate.

El desafío ahora será reunir los consensos necesarios para que el Congreso trate una nueva regulación para la actividad antes de 2027, cuando está prevista la derogación del Estatuto vigente.

martes, 21 de abril de 2026

Sin derechos no hay periodismo: FATPren renueva autoridades frente a la ofensiva de Javier Milei contra la prensa

Con nueva conducción, la FATPren impulsará una agenda de recomposición salarial y defensa del Estatuto del Periodista en medio de la crisis del sector y frente a las embestidas del gobierno de Javier Milei contra la prensa, los medios públicos y la libertad de expresión
El Congreso de la Federación de Trabajadores de Prensa (FATPren) renovó sus autoridades para el período 2026–2030 y definió una hoja de ruta centrada en la recomposición salarial, la lucha contra la precarización y la actualización del Estatuto del Periodista, en un contexto de crisis del sector y de profundos desafíos tecnológicos.

Carla Gaudensi del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y María Ana Mandakovic del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CiSPren) fueron elegidas como secretaria general y secretaria adjunta, respectivamente, de la Federación que nuclea a sindicatos de prensa de todo el país y estarán a cargo durante los próximos cuatro años. El debate por la actualización del Estatuto del Periodista ocupó un lugar central, con la definición de una agenda orientada a ampliar y consolidar derechos para las y los trabajadores de prensa.

Con una amplia participación, las jornadas estuvieron atravesadas por discusiones en torno a los derechos laborales en la actividad, bajo la premisa de que la información es un bien social. En ese marco, se planteó la necesidad de redefinir acuerdos que incorporen nuevos derechos para el trabajo periodístico. El encuentro se desarrolló además en el contexto de la prórroga obtenida en medio de la lucha contra la reforma laboral, que habilita el debate sobre la actualización del Estatuto del Periodista Profesional.

En la renovada Casa del Periodista de Carlos Paz, el Congreso definió sus nuevas autoridades y volvió a poner en el centro la necesidad de fortalecer el ejercicio del periodismo como pilar fundamental de la democracia.

Durante la jornada del viernes se aprobaron la memoria y el balance del ejercicio, y se definió el Secretariado Nacional que conducirá la entidad en el período 2026–2030. En ese marco, se renovó la comisión directiva, con eje en la defensa del salario y del Estatuto profesional.

La lista fue electa por unanimidad y reúne a representantes de 17 sindicatos de prensa de todo el país: Chubut, Salta, Santa Fe, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Corrientes, Misiones, San Juan, La Rioja, Santiago del Estero, Córdoba y Chaco, además de las ciudades de Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca y Tandil.
Tras su designación, Carla Gaudensi destacó: "Este nuevo mandato nos encuentra con más sindicatos de prensa de todo el país que se suman a la conducción de la Federación. Contamos con una organización más representativa y federal para dar las peleas que necesitamos las y los trabajadores: la lucha por el salario, contra la precarización, por nuestro Estatuto profesional y frente a los ataques de un gobierno nacional que nos eligió como blanco". Además, subrayó la importancia del desarrollo territorial para "construir una alternativa desde la clase trabajadora al modelo de ajuste, hambre y entrega que promueve el gobierno de Milei".

Gaudensi se desempeña además como secretaria de Género de la CGT a nivel nacional, mientras que Mandakovic es secretaria adjunta de la CTA Autónoma. La conducción se completa con Pablo Jiménez como secretario de Organización, referente de la CTA de los Trabajadores en la provincia de Santa Fe. En este sentido, FATPren viene transitando un proceso de unidad que se presenta como referencia dentro del movimiento sindical.

El Congreso se desarrolló como un espacio de debate y construcción colectiva, con participación de trabajadores y trabajadoras de prensa de distintos puntos del país, estudiantes de comunicación y dirigentes de organizaciones sindicales vinculadas al sector.

Como resultado de las deliberaciones, se resolvió impulsar acciones de visibilización y reclamo en las semanas del 1° de Mayo y del Día del Periodista en junio, así como presentar un proyecto de actualización del Estatuto ante legisladores nacionales y provinciales.

"Defender los derechos laborales, la libertad de expresión y el derecho a la información es tarea de las y los trabajadores", fue una de las consignas que sintetizó el espíritu del Foro.
El desafío de repensar el periodismo en contextos de crisis
La flamante secretaria adjunta de FATPren y secretaria general del CiSPren, María Ana Mandakovic, abrió el Foro Abierto de la jornada del sábado. Allí destacó la importancia de la confluencia de distintos sectores de la comunicación para debatir estrategias comunes en la búsqueda de más derechos para las y los trabajadores de prensa, en un ámbito que reunió a sindicatos de todas las provincias junto a actores gremiales, sociales y académicos.

En ese marco, señaló que el contexto actual está atravesado por la precarización, el pluriempleo y los ataques al ejercicio periodístico, y planteó la necesidad de revitalizar discusiones vinculadas al fortalecimiento de las condiciones laborales, especialmente en medios autogestivos y cooperativos. Según indicó, este escenario refleja "democracias de baja intensidad que no terminan de resolver los problemas de nuestro pueblo".

Mandakovic también se refirió al impacto de las plataformas digitales y la inteligencia artificial, proponiendo una mirada que contemple su incorporación, pero desde una perspectiva crítica. "La crisis que se atraviesa no es casual. La información es un bien social y su deterioro afecta tanto a la democracia como a la sociedad", sostuvo.

En esa línea, advirtió sobre el vaciamiento de los medios públicos, el desfinanciamiento de los proyectos autogestivos, los salarios por debajo de la línea de indigencia y la creciente concentración de las empresas de comunicación. "Este escenario constituye el terreno propicio para reproducir un sistema basado en la explotación y la acumulación desmedida de la riqueza. Por eso, nuestro oficio es determinante para consolidar otra democracia, con transformaciones profundas que permitan recuperar la justicia social y la equidad", afirmó.

Asimismo, destacó la construcción de una lista de unidad en un contexto que exige fortalecer la organización del sector: "Debemos priorizar la unidad de las y los trabajadores de prensa, entendiendo que formamos parte del movimiento obrero organizado. Esta Federación reúne a compañeros y compañeras que militamos en distintas centrales sindicales, lo que le otorga una característica singular y estratégica".

Por su parte, Gaudensi reiteró que la nueva conducción expresa una mayor representatividad federal y reafirmó los ejes de lucha vinculados al salario, las condiciones laborales y la defensa del Estatuto profesional.
El Foro Abierto contó con la participación de representantes de diversos espacios de la comunicación, entre ellos la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la Asociación de Reporteros Gráficos (ARGRA), el Foro de Periodismo Argentino (FoPeA), la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y la Facultad de Ciencias Sociales, así como la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Participaron, entre otros, el presidente de ARGRA, Sebastián Vricella; el vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Diego de Charras; la directora de la carrera de Comunicación, Larisa Kejval; la vicepresidenta de FARCo, Laura Carizzoni; la protesorera de FoPeA, Florencia Pérez Gaudio; y los asesores legales Miguel Rodríguez Villafañe, César Arese, León Pieske, Damián Loreti y Guillermo Gianibelli, junto a representantes sindicales de todo el país.

Durante el encuentro se discutieron propuestas para la actualización del Estatuto del Periodista, en el marco de la prórroga obtenida tras el debate de la Ley de Modernización Laboral en el Congreso de la Nación.

Hacia el cierre, se abordaron las restricciones estructurales e ideológicas que inciden en el deterioro del periodismo, entre ellas la mercantilización de la información de interés público, la falta de financiamiento de los medios públicos y la ausencia de políticas estatales que garanticen el acceso universal a internet.

Con el fortalecimiento de las redes construidas en el encuentro y la reafirmación de la unidad como horizonte, el debate continuará en cada provincia. "Sin libertad de expresión, sin derecho a la comunicación y sin pluralidad de voces no hay democracia. No defendemos privilegios sectoriales, sino la posibilidad de construir un proyecto de país inclusivo", concluyó Mandakovic.
El Secretariado Nacional quedó conformado en su totalidad de la siguiente manera:
Secretaria general: Carla Marisa Gaudensi – SiPreBA (CABA)
Secretaria adjunta: María Ana Mandakovic – CiSPren (Córdoba)
Secretario gremial: David Barresi – SiPreBo (La Plata y Zona)
Prosecretaria gremial: Micaela Polak – SiPreBA
Secretario de organización: Pablo Jiménez – APSF (Santa Fe)
Secretario de desarrollo territorial: Gustavo Marcelo Moreira – CiSPren
Prosecretario de desarrollo territorial: Agustín Lecchi – SiPreBA
Secretario tesorero: Francisco Rabini – SiPreBA
Prosecretaria tesorera: Rocío Davel – STPOCH (Esquel, Chubut)
Secretario de administración y de actas: Diego Miner – APC (Corrientes)
Prosecretario de administración: Danilo Belloni – Sindicato Prensa Bahía Blanca
Secretario de asistencia social: Flavio Ramírez – SPN (Neuquén)
Secretaria de relaciones internacionales: Ayelén Correa Ruau – SiPreBo
Secretario de derechos humanos: Fernando Díaz – SiPrenSal (Salta)
Secretario de prensa: Silvano Rosso – SUTPren (Río Negro)
Prosecretario de prensa: Santiago Amillano – SPN
Secretario de capacitación, cultura y asuntos profesionales: Juan José Thomes – SUTPren
Secretario de Libertad de Expresión y Derecho a la Información: Alejandro Brittos – APSF
Secretaria de géneros: Florencia Pendás – SPT (Tandil, Azul y Olavarría)
Secretario de nuevas formas de trabajo y comunicación: José Ignacio Tellería – CiSPren
Secretario de salud laboral: Milton Fernández – SiPren (La Pampa)

Vocal titular 1°: Myriam Pérez – ATPreC (San Juan)
Vocal titular 2°: Lara González – SiComLar (La Rioja)
Vocal titular 3°: José Elías – CPSE (Santiago del Estero)
Vocal suplente 1°: Erika Rivero – APC
Vocal suplente 2°: Miguel Angel Romero – SPCh (Chaco)
Vocal suplente 3°: Marina Almirón – SiPreM (Misiones)

Comisión Revisora de Cuentas
Titulares
Antonio Gaspar – SiPrenSal
Ana Paoletti – SiPreBA
Fernando Pedernera – SiPreBa

Suplentes
Andrés Fundunklian – Cispren
Oscar Livera – SPN
Gabriela Barcaglione – SiPreBo

Delegades a organizaciones de grado superior – Confederación General del Trabajo (CGT)
Titulares
Carla Gaudensi – SiPreBA
Silvano Rosso – SUTPren
Diego Miner – APC
Fernando Díaz – SiPrenSal
Agustín Lecchi – SiPreBa

Suplentes
Francisco Rabini – SiPreBA
David Barresi – SiPreBo
Micaela Polak – SiPreBA
Danilo Belloni – Bahía Blanca
José Manuel Cal – SiPreBA

Fuentes: FATPren, CiSPren, Señales

lunes, 9 de febrero de 2026

Las empresas de medios atacan el periodismo y la libertad de expresión

Las organizaciones sindicales de prensa rechazan la derogación del Estatuto del Periodista Profesional y denuncian que, bajo un falso discurso de modernización, las empresas de medios buscan facilitar despidos, precarizar el trabajo y condicionar la libertad de expresión. Reafirman que sin Estatuto no hay periodismo digno ni libertad de expresión
Declaración:
Las empresas de medios quieren derogar el estatuto y atacar la libertad de expresión de los periodistas.
Modernizar no es precarizar ni facilitar despidos.
¡Defendamos el Estatuto del Periodista Profesional!
En los últimos días tomamos conocimiento de un escrito que las cámaras empresariales de los medios de comunicación de nuestro país hicieron llegar a algunos senadores nacionales apoyando la derogación del Estatuto del Periodista que impulsa el gobierno.

El texto sostiene por un lado que "modernizar no es precarizar" pero no propone ni una sola modernización, sino sólo la eliminación de derechos, en particular la indemnización especial, que tiene como finalidad resguardar la libertad de expresión de las y los periodistas.

Dicho texto no fue difundido públicamente. Las empresas de medios, por un lado escriben sobre la libertad de expresión mientras que, en los hechos, promueven políticas que atacan la libertad, la profesión y a las y los periodistas.

El escrito contiene una serie de falacias respecto del impacto que tendría una eventual derogación.
Por eso nos vemos en la obligación de aclarar:

1- La derogación del Estatuto facilita los despidos y por lo tanto la consecuencia directa e inminente será la destrucción de puestos de empleo formales y su reemplazo por empleo basura. El escrito lo dice claramente buscan legalizar una práctica actualmente ilegal que es la utilización del mal llamado "colaborador". Esta figura esconde una hiperprecarización laboral. Periodistas a destajo sin ningún límite. Sin vacaciones, sin sueldo, sin derecho a enfermarse.

Insistimos: la indemnización especial tiene como objetivo garantizar cierta estabilidad del empleo por la especificidad de nuestra tarea, al estar expuestos a presiones políticas, económicas o de otra índole por el rol que tiene el periodismo en la democracia. Aun con el Estatuto vigente eso no sucede, ya que los salarios de pobreza hacen que incluso con la indemnización especial no sea dificultoso despedir para las empresas de medios. Pero al menos establece un piso de derechos y un resguardo elemental de la libertad de expresión de las y los periodistas.

2- Los salarios de la actividad se encuentran en un piso histórico siendo los trabajadores de prensa y del resto de los gremios vinculados a los medios los que hemos sostenido con nuestro esfuerzo el funcionamiento del sistema informativo en todo el país.

3- Las entidades empresarias se han negado sistemáticamente a negociar de buena fe la forma en que se debe retribuir las nuevas tareas que implica la incorporación de las diferentes tecnologías. El Estatuto no impide ninguna actualización como lo demuestra la existencia de diferentes acuerdos en muchos lugares del país que han incorporado esas tareas sin ningún inconveniente. Los sindicatos hemos promovido numerosas instancias para reformar convenios y discutir actualizaciones, pero son las empresas las que se niegan sistemáticamente.

4- Las patronales se victimizan ante la competencia desleal de las plataformas. Pero, en lugar de intentar regular las plataformas, empresas multinacionales que se valen del trabajo periodístico argentino, con lo que estaríamos de acuerdo y podríamos construir una agenda común, eligen buscar que seamos los trabajadores los que hagamos otra vez el esfuerzo. Se pretende volver a un modelo de trabajo periodístico de principios del siglo pasado. A eso le llaman "modernizar".

5- La existencia del Estatuto del Periodista no impidió que los grandes medios tengan ganancias millonarias todos estos años. Tampoco la hiper concentración mediática que existe en nuestro país. El Estatuto no se cumple íntegramente en todos los medios, más bien lo contrario, miles de periodistas están mal registrados. Pero es un piso de derechos y una ley que permite defender el periodismo y la libertad de expresión. Su derogación, o la eliminación de alguno de sus artículos, bajo un falso argumento de modernización, implicará menos periodistas y un periodismo de peor calidad.

Esta postura de las empresas de medios, que no se animan a sostener públicamente porque contradice su histórico discurso, implica un ataque directo al periodismo y la libertad de expresión.

Firman: 
FATPren – Federación Argentina de Trabajadores de Prensa / CISPren - Circulo Sindical de Prensa de Córdoba / APC - Asociación de Prensa de Corrientes / Sindicato de Prensa del Chaco / SiPreM - Sindicato Prensa Misiones / Sindicato de Prensa de Santa Cruz / Sindicato de Prensa de Jujuy / SiPrenSal – Sindicato de Prensa de Salta / APT – Asociación de Prensa de Tucumán / SiComLaR – Sindicato de Comunicadores de La Rioja / ATPREC – Asociación de Trabajadores de Prensa y Comunicación de San Juan / SiPreMza – Sindicato de Prensa de Mendoza / APSF – Asociación de Prensa de Santa Fe / SPR – Sindicato de Prensa de Rosario / SiPren -Sindicato de Prensa La Pampa Zona Sur / SUPren - Sindicato Único de Prensa de Río Negro / Sindicato de Prensa de Neuquén / STPCh – Sindicato de Trabajadores de Prensa del Chubut / SiTPrenCh – Sindicato de Trabajadores de Prensa del Chaco / SPT – Sindicato de Prensa de Tandil / Sindicato de Prensa Bahía Blanca / Sindicato de Prensa Mar del Plata / Sindicato de Prensa Bonaerense / SiPreBA – Sindicato de Prensa de Buenos Aires

viernes, 7 de noviembre de 2025

Denuncian graves irregularidades laborales en el Grupo Octubre, de Víctor Santa María

Gremios de prensa y televisión presentaron una carta abierta al bloque del peronismo en la Cámara de Diputados de la Nación, denunciando la gravísima situación que viven los trabajadores y las trabajadoras de los medios del Grupo Octubre, del empresario-sindicalista Victor Santa María, y exigiendo su renuncia al Consejo Directivo Nacional de la Confederación General del Trabajo (CGT) 

Los sindicatos SATSAID (Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos), SiPreBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires), SALCo (Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores) y SUTEP (Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la República Argentina) difundieron una carta abierta dirigida al bloque de diputados y diputadas del peronismo, en la que manifestaron su "urgente solicitud" ante la "alarmante situación laboral" que atraviesan las y los trabajadores del Grupo Octubre.

Los gremios, que representan a empleados de IP Noticias, El Nueve, PáginaI12, AM 750, Radio Continental y las FM Blackie, Los 40 y Aspen, denunciaron "persecución sindical, desconocimiento de aumentos paritarios, incumplimiento de convenios colectivos, atraso en los pagos de haberes y aguinaldos, contrataciones fraudulentas, vaciamiento de áreas, tercerizaciones, retiros voluntarios y despidos".

"Esta situación que se vive en los medios es el reflejo claro del modelo empresario que se impone en esta época", señalaron los sindicatos.

Según el texto, lo más grave es que quien lleva adelante estas prácticas es Víctor Santa María, empresario y dirigente sindical, propietario del Grupo Octubre y, al mismo tiempo, secretario de Estadísticas y Registros de la CGT, en representación del sindicato de trabajadores de edificios.

"Es imposible que nuestra central esté en sintonía con las demandas del pueblo trabajador si en su conducción tenemos representantes que, en sus emprendimientos privados, cargan el ajuste sobre los hombros de sus trabajadores y trabajadoras", expresaron.

Los gremios afirmaron que en IP Noticias existe "fraude laboral mediante la contratación de monotributistas como proveedores de servicios", mientras que en El Nueve denunciaron un "proceso de vaciamiento del área de Promociones con retiros ‘voluntarios’ y despidos", reemplazados por "una agencia fantasma tercerizada que también incumple la legislación laboral".

En PáginaI12, según los gremios, "se divide la planta de trabajadores en distintas razones sociales como método para incumplir derechos", mientras que en AM 750 "no se respetan los convenios de actividad". En Radio Continental y Los 40, último medio adquirido por el empresario, sostienen que hay "pago de salarios fragmentado y deudas con los trabajadores".

Los sindicatos señalaron además que "resulta sospechoso el vaciamiento y reducción de uno de los cuatro canales de televisión abierta más importantes del país, como es elnueve, por posible interés inmobiliario en los terrenos donde se encuentra emplazado".

"En todos estos medios del Grupo, se incumplen las paritarias, atacando el modelo de negociación colectiva, en línea con la reforma laboral que promueve el gobierno", remarcaron los gremios.

Los sindicatos invitaron a los diputados y diputadas del peronismo a constatar "de primera mano" la situación y reiteraron su pedido de renuncia de Santa María al Consejo Directivo Nacional de la CGT.

"Santa María es un empresario disfrazado de sindicalista, que explota a los trabajadores y nos deshonra como central obrera. Incluso, como representante del Partido Justicialista, contradice en la práctica la doctrina peronista", afirmaron.

El comunicado concluye con un llamado a construir "una central obrera que esté a la altura de este momento histórico" y a "difundir entre más compañeros y compañeras la grave situación que estamos viviendo en los medios del Grupo Octubre".

viernes, 17 de octubre de 2025

Organismo internacional de derechos humanos, convoca al Gobierno argentino por el deterioro de la libertad de expresión

Tras denuncias por agresiones a periodistas, fotógrafos, camarógrafos y otros trabajadores de prensa, así como por ataques sistemáticos a la libertad de expresión, la CIDH convocó una audiencia para evaluar la situación en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei, en un contexto de creciente hostilidad hacia los medios críticos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó una audiencia sobre la situación de la libertad de expresión en Argentina, tras recibir solicitudes de un amplio conjunto de organizaciones periodísticas, sindicales, de derechos humanos y referentes académicos que denuncian un deterioro sostenido y alarmante en el ejercicio de la libertad de expresión y prensa en el país. El objetivo es propiciar un espacio de diálogo para que el Estado adopte medidas que detengan los ataques a trabajadores de prensa y a las voces críticas.

La audiencia se celebrará el próximo 19 de noviembre de 2025 en la Universidad de Miami, Estados Unidos, en el marco del 194° Período de Sesiones del organismo y unifica los pedidos presentados por Amnistía Internacional Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), el Foro de Periodismo Argentino (FoPeA), entre otros.

Recientemente, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH advirtió sobre la preocupante situación de la libertad de expresión en Argentina y sobre una baja tolerancia del poder ejecutivo hacia la crítica, un ambiente para el debate público que se ha vuelto más hostil, y riesgoso para los periodistas.

Las organizaciones expondrán ante la Comisión sobre la deslegitimación del periodismo crítico en el discurso oficial, así como los crecientes ataques, amenazas y discursos estigmatizantes hacia periodistas y medios de comunicación, muchos de ellos promovidos desde las más altas autoridades del Estado. También alertarán sobre la judicialización abusiva de periodistas, la intensificación de la violencia policial contra trabajadores de prensa en manifestaciones públicas, las restricciones en el acceso a la información pública y el vaciamiento de los medios públicos y comunitarios.

La audiencia ante la CIDH será una oportunidad clave para visibilizar la gravedad de la situación, exigir garantías efectivas de protección para periodistas y medios, y reafirmar el compromiso con el derecho a la libertad de expresión como pilar esencial del Estado de derecho.

Lista completa de solicitantes:
Amnistía Internacional Argentina
ARGRA (Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina)
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina (AMARC)
Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA
Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE)
Colectivo Revista Crisis
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)
FATPren (Federación de Prensa de la Argentina)
Foro de Periodismo Argentino (FOPEA)
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
Fundación Heinrich Böll
Fundación Poder Ciudadano, Fundar
Fundación Transparencia Activa
Innocence Project Argentina.
SiPreEBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires)
RedCom (Red de Carreras de Comunicación)


Asimismo, la presentación contó con el aval de destacados referentes jurídicos y del derecho constitucional: Marcela Basterra, Eduardo Bertoni, Juan Pablo Bianchedi, Enrique Bianchi, Ignacio Boulin, Alejandro Carrió, Susana Cayuso, Laura Clerico, Alberto Dallavia, Gustavo Ferreyra, Carmen Fontán, Alberto Garay, Roberto Gargarella, María Angélica Gelli, Ricardo Gil Lavedra, Sebastián Guidi, Hernan Gullco, Pablo Manili, Osvaldo Pérez Sammartino, Mónica Pinto, Roberto Saba, Daniel Sabsay, Mariela Uberti y Hugo Wortman Jofre.

viernes, 18 de julio de 2025

PáginaI12 incumple el acuerdo paritario y aplica aumentos discrecionales

Las trabajadoras y los trabajadores de PáginaI12 denunciamos que la empresa incumplió el acuerdo paritario firmado el pasado 10 de junio entre las cámaras empresarias del sector y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) tras 19 audiencias en la Secretaría de Trabajo.

A pesar de haber participado de esa negociación como parte de la Asociación de Editores de Diarios y Revistas de Buenos Aires (AEDBA) —de la que además forma parte de su conducción—, la empresa no abonó los salarios de junio según lo pactado. En su lugar, otorgó un aumento unilateral, inferior al acordado, a cuenta de futuros incrementos.

Además, volvió a aplicar descuentos por medidas de fuerza y reincidió en prácticas de discriminación gremial, al otorgar aumentos diferenciados a sectores del personal que no participan de las decisiones colectivas. Esta política, ya conocida por quienes trabajamos en PáginaI12, profundiza la brecha entre trabajadores que realizan las mismas tareas.

En una reciente reunión mantenida entre la Comisión Interna y representantes de la empresa, la patronal reconoció que, una vez transcurridos 30 días desde la firma del acuerdo, este se homologa de hecho. Por lo tanto, ya estarían en condiciones de aplicar y pagar lo adeudado.

Mientras tanto, hemos presentado un nuevo escrito en la Secretaría de Trabajo para denunciar estas prácticas antisindicales por parte del Grupo Octubre, que sostiene un esquema salarial desigual y discriminatorio dentro de la redacción.

En la última asamblea, realizada el martes pasado, las y los trabajadores resolvimos mantenernos en estado de alerta, con cuarto intermedio hasta la fecha de cobro del próximo salario.

Reiteramos también la difusión de nuestro fondo de lucha, que permite enfrentar los descuentos sufridos por ejercer nuestro derecho a la protesta. Toda colaboración, por pequeña que sea, nos ayuda a sostener el reclamo. Alias: fondodeluchap12
Comisión Interna de PáginaI12 – SiPreBA

lunes, 16 de junio de 2025

El Gobierno prepara despidos en Radio y Televisión Argentina: internas, polémicas y conflicto sindical

El Gobierno impulsa un recorte drástico en Radio y Televisión Argentina con más de 900 despidos previstos, en medio de una fuerte interna entre Manuel Adorni y el interventor Eduardo González. La Casa Rosada cuestiona la falta de avances en el ajuste, la calidad de la programación, los acuerdos con productoras privadas y la débil sintonía con la agenda cultural oficialista, mientras crecen los conflictos gremiales por salarios congelados y dónde se denuncia censura y control editorial
Por: Antonio D’Eramo
En varios despachos cercanos al presidente Javier Milei crece el malestar por la lentitud con la que avanza el recorte en Canal 7 y Radio Nacional. La motosierra aún no impacta con la intensidad esperada, y el foco comienza a centrarse en la gestión de Eduardo González, presidente de Radio y Televisión Argentina (RTA), ingeniero aeronáutico con pasado en el Grupo América y exdirector de Azul TV en 2001.

Los contenidos actuales de la TV Pública son considerados de baja calidad, en su mayoría tercerizados, y con acuerdos de publicidad poco transparentes entre el canal y productoras privadas. Entre los ejemplos mencionados están los programas de panelistas que replican formatos radiales sin innovación ni atractivo masivo.

Desde la Casa Rosada, sectores ligados a la Secretaría de Comunicación que encabeza Manuel Adorni y al Ministerio de Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, exigen mayor decisión para reducir al mínimo los medios públicos, incluso a costa de indemnizaciones elevadas. A pesar de los retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas ofrecidas en 2024, consideran que el "desguace" aún no avanza al ritmo deseado.

Está previsto que RTA lance una nueva ronda de retiros voluntarios antes de fin de año, con el objetivo de avanzar luego en desvinculaciones directas, pese a la resistencia de los cuatro gremios con representación en la TV Pública y Radio Nacional.

La programación también está en la mira. Los funcionarios libertarios consideran que el canal no cumple con su rol en la batalla cultural. Se apuntaba a firmar acuerdos con producciones afines, como el caso de "Tuttle Twins", una serie animada de origen estadounidense, auspiciada por la fundación Libertas, que impulsa ideas libertarias y conservadoras, con una crítica explícita al legado de Karl Marx.

El proyecto quedó frenado por decisión del propio González tras la polémica que desató su posible emisión. La fundación Libertas está asociada a la película "Sound of Freedom", basada en la historia de Timothy Ballard, un ex agente estadounidense vinculado a denuncias de abuso sexual por parte de excolaboradoras. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habría recomendado evitar cualquier vínculo oficial con Ballard, incluso impidiendo una entrevista con el presidente Milei.

La serie animada está producida por Ángel Studios, una empresa con fuerte orientación religiosa y conservadora, conocida por títulos como The Chosen ("Los elegidos"), sobre la vida de Jesús.

La interna se amplifica por la falta de producción propia. Los pasillos del canal, tradicionalmente bulliciosos, hoy lucen vacíos. El único objetivo que parece regir la gestión actual es que la TV Pública no genere pérdidas. Para ello, se recurre a la tercerización y a acuerdos de coproducción con empresas privadas, como se hizo en gobiernos anteriores, pero que en el pasado motivaron denuncias por desvío de fondos.

El modelo vigente implica que el canal asume los costos técnicos y de infraestructura, mientras las productoras pagan los sueldos de las figuras y comercializan publicidad. Las ganancias, si las hay, se reparten en partes iguales. Este esquema también se extiende a contenidos para redes y streaming, para los cuales se reutilizó el histórico Estudio 8, transformado en un "streamroom".

No obstante, esta reconversión tampoco estuvo libre de polémica. Durante el estreno del programa "La pasión", se acusó al canal de pagar USD 15.000 a la actriz China Suárez por participar en una entrevista sobre su vida personal. La cifra fue difundida por el periodista Nacho Rodríguez y desmentida por el canal, aunque el periodista ratificó su información.

En paralelo, los trabajadores denuncian salarios por debajo de la línea de pobreza, con sueldos congelados incluso por debajo del índice inflacionario, sumado a restricciones en la línea editorial: según empleados, se habría prohibido el uso del término "represión" al cubrir las protestas en el Congreso.

El Gobierno pretende achicar la planta de RTA en medio de una interna entre Adorni y el interventor
Por: Giselle Leclercq 
El Gobierno nacional avanza con el objetivo de reducir drásticamente la estructura de Radio y Televisión Argentina (RTA). En las próximas semanas se pondría en marcha un nuevo plan de retiros voluntarios que precederá a un conjunto de desvinculaciones, con la meta de achicar la planta en un 45%.

La medida, que se enmarca en la política general de reducción del Estado, fue confirmada a Perfil por tres funcionarios. Aunque no se oficializó aún, las cifras ya circulan internamente:
  • TV Pública: 153 de 849 empleados serían desvinculados (18%).
  • Radio Nacional: 584 de 1.169 quedarían afuera (50%).
  • Ex empleados de TelAm: 228 en total, todos serían desvinculados.
  • Contenidos Públicos S.E.: de 127, quedarían solo 10 (92% de reducción).
  • APESAU (Agencia de Publicidad del Estado): de 167 empleados, se prevé la salida de 62 (37%).
El detonante del plan fue el informe económico interno que mostró que, al no haber producción de contenidos, los salarios se convirtieron en el único gran gasto de RTA. Federico Sturzenegger, titular del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, habría sido uno de los impulsores directos de la medida.

Sin embargo, fuentes cercanas a Manuel Adorni aseguran que no fue idea exclusiva de Sturzenegger, sino parte de la hoja de ruta ya anunciada por el presidente Milei. A pesar de ello, Adorni mantiene diferencias con el interventor Eduardo González, a quien critican por su forma de negociar con los gremios y su escasa sintonía con la batalla cultural que promueve el oficialismo.

La tensión también creció tras un acuerdo salarial que el interventor habría cerrado sin consultar a la Secretaría de Trabajo. El incremento fue de apenas 1%, lo que generó una nueva ola de protestas internas.

Desde SiPreBA, el sindicato que representa a los trabajadores de prensa, su secretario general advirtió: "En los medios públicos ya hubo reducción con los llamados retiros en 2024. No solo no sobra nadie, sino que falta gente para tareas estratégicas. Tenemos sueldos congelados desde agosto. Queremos salarios justos, como los que se negocian en el sector privado. Si no hay respuesta, iniciaremos acciones legales".

El conflicto sindical, los sueldos congelados y la ausencia de producción sostienen el malestar dentro de los medios públicos. Y mientras en el oficialismo crece la presión por desguazar definitivamente RTA, la gestión de González queda cada vez más cuestionada.
Fuentes: Agencia Noticias Argentinas y Diario Perfil

viernes, 13 de junio de 2025

TV Pública: Trabajadoras y trabajadores del noticiero denuncian censura y control editorial

Rechazan la manipulación informativa impuesta por la actual gerencia de noticias, que vulnera la libertad de expresión, el derecho a la información y la esencia de los medios públicos. Aseguran que la gerencia de noticias les impide hablar de la proscripción a Cristina Fernández de KIrchner. Además plantearon que esa metodología de censura es la misma que se aplicó con el conflicto del Hospital Garrahan y con el caso del fotógrafo Pablo Grillo, tras el ataque de Gendarmería.
Los trabajadores del noticiero de la TV Pública manifestamos públicamente que no compartimos ni somos responsables de la línea editorial que impone este gobierno en nuestra pantalla. La actual gerencia de noticias controla y filtra la información relacionada con la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, impidiéndonos referirnos a su proscripción o incluir voces disidentes al fallo de la Corte Suprema en la causa Vialidad, plagada de irregularidades desde su origen.

Solo se habilita la participación de constitucionalistas que avalaron la condena incluso antes de que se conociera el fallo, silenciando otras miradas jurídicas y políticas. Esta práctica de censura selectiva también se aplicó durante el conflicto en el Hospital Garrahan, donde se escucharon únicamente voces oficiales, sin espacio para los trabajadores afectados.

Lo mismo ocurrió con la cobertura del caso del reportero gráfico Pablo Grillo, herido de gravedad por el disparo de un gendarme mientras cubría una marcha de jubilados. La gerencia optó por invisibilizar el hecho y evitar su tratamiento en los noticieros.

Junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), repudiamos la condena a Cristina Fernández de Kirchner, que consideramos un ataque directo a la democracia y a la libertad de expresión.

Defendemos los medios públicos como herramientas fundamentales para garantizar el derecho humano a una información plural, diversa y federal.

lunes, 9 de junio de 2025

Presentan un Calculador de Honorarios para trabajos de comunicación y prensa

La herramienta busca establecer parámetros justos y actualizables para quienes trabajan de forma autónoma en el sector. Fue desarrollada por estudiantes y egresados de la UNLPam y acompañada por organizaciones sindicales y académicas.

En el marco de la semana del periodista y la periodista, el Sindicato de Prensa Zona Sur de La Pampa (SiPren Zona Sur) presentó oficialmente el Calculador de Honorarios para Trabajos de Prensa y Comunicación al Departamento de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). La iniciativa tiene como objetivo fomentar su análisis, recibir aportes técnicos y académicos, y avanzar hacia su validación institucional.

La presentación se llevó a cabo el pasado miércoles en una conferencia encabezada por el secretario general del gremio, Milton Fernández, junto a la egresada en Comunicación Social Micaela Servetto, responsable del proyecto, y el estudiante Román Escobedo.

Milton Fernández, explicó que el sindicato había identificado una problemática extendida entre los trabajadores de la comunicación, quienes se encontraban en una situación de "desamparo total". Según comentó, muchos de estos trabajadores, especialmente aquellos que se desempeñan de manera autónoma, no sabían cuál era el valor justo de su labor y vivían en condiciones laborales extremadamente precarias, sin contar con un respaldo sindical ni la seguridad de un convenio colectivo.

"Este problema lo venimos denunciando desde hace casi cuatro años, cuando realizamos un trabajo junto con Micaela Servetto y detectamos que muchos trabajadores de prensa eran explotados en sitios web y otras plataformas sin convenios ni condiciones mínimas garantizadas", dijo Fernández. Aseguró que este fenómeno no solo ocurre en La Pampa, sino que es una situación generalizada a nivel nacional, ya que muchas personas que trabajan en comunicación no tienen convenio ni saben cómo defender sus derechos laborales.

En ese contexto, destacó que después de dos años de trabajo, el SiPren Zona Sur presentaba finalmente el Calculador de Honorarios para Trabajos de Prensa y Comunicación, una herramienta desarrollada para dar seriedad, validez y profesionalismo al cálculo de los honorarios en este sector. La propuesta fue presentada a la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam con el objetivo de avanzar hacia una validación institucional y recibir aportes académicos.

El secretario general explicó que el calculador se basa en tres convenios colectivos de trabajo como referencia: el CCT 345/75, el CCT 541/08 y un convenio específico para los trabajadores de Canal 3 de La Pampa. Además, se incorpora la Canasta Básica Total del INDEC como parámetro de valoración. “La herramienta permite calcular el valor de los honorarios según módulos o piezas, lo que otorga una estructura objetiva y realista a la cotización de servicios”, agregó Fernández.

El calculador, que será actualizado trimestralmente, tiene un carácter de referencia y no vinculante, dado que aún no existen convenios específicos para este tipo de trabajos. Sin embargo, Fernández destacó que su principal objetivo es ofrecer un punto de partida justo y transparente, que permita a los trabajadores de prensa negociar sus honorarios de forma más equitativa, en un contexto marcado por la informalidad y la precarización laboral.

Asimismo, mencionó que la herramienta había sido creada con la colaboración de la Secretaría de Trabajo y de los propios trabajadores del sector, quienes aportaron sus testimonios para construir una grilla de valores. A través de este calculador, el gremio espera dar un paso hacia la dignificación del trabajo en comunicación y avanzar hacia la posibilidad de un convenio provincial de prensa e incluso, en el futuro, hacia una ley nacional que regule la actividad.

En cuanto al contexto salarial, Fernández indicó que el valor de la Canasta Básica Total, hoy estimado en 1.200.000 pesos, está muy por encima de lo que ganan los periodistas y trabajadores de la comunicación bajo convenio, cuyo salario en muchos casos no supera los 640.000 pesos mensuales. Este dato evidencia, según el dirigente sindical, el enorme atraso salarial en el sector. Además, señaló que la tarifa planteada por el calculador está basada en un estudio cuidadoso de la situación económica y no es arbitraria.

Fernández concluyó afirmando que la creación de este calculador no solo servirá como una guía para la correcta cotización de servicios en entornos no regulados, sino también como un instrumento para la lucha por mejores condiciones laborales y salariales en el ámbito de la comunicación.

Por su parte, Micaela Servetto, licenciada en Comunicación Social, brindó más detalles sobre el Calculador de Honorarios, que surgió de su experiencia laboral y de una tesis sobre el trabajo de los periodistas de la ciudad y la actividad gremial. Servetto explicó que el calculador se construyó de manera colectiva, y destacó que cada valor fue discutido y consensuado entre estudiantes, graduados, docentes, el sindicato e incluso con la participación del gobierno provincial. Aseguró que, aunque ya cuenta con respaldo institucional, ahora buscan avanzar hacia una validación formal.

En cuanto a la situación actual, señaló que en un contexto de creciente precarización, la herramienta adquiere una importancia aún mayor, dado que el trabajo freelance se ha vuelto cada vez más común. "Por eso, venimos a poner blanco sobre negro en esta situación", agregó.

Finalmente, Servetto concluyó que este proyecto representa el primer paso para trabajar en condiciones dignas, subrayando el valor de la iniciativa como un punto de partida para lograr mejoras en las condiciones laborales del sector.

Herramienta para dignificar el trabajo freelance
Durante la presentación, los oradores explicaron que el calculador es una herramienta de referencia diseñada para valorar de manera justa, clara y actualizable el trabajo autónomo en comunicación. Está dirigido principalmente a periodistas, comunicadores, fotógrafos, diseñadores, community managers y creadores de contenido que no están amparados por convenios colectivos ni representación sindical formal.

"Este proyecto surge como respuesta a la creciente precarización laboral del sector, con trabajos múltiples, bajos ingresos y falta de reconocimiento profesional", destacaron. Según datos del SiPreBA de 2024, el 76% de trabajadores de prensa está por debajo de la línea de pobreza, y en La Pampa esta cifra asciende al 90% en el sector gráfico, donde más de la mitad de los trabajadores deben tener dos o más empleos para cubrir necesidades básicas. 

Criterios claros y actualizables
El calculador se basa en un valor hora profesional, determinado a partir de la Canasta Básica Total (CBT) del INDEC, y permite calcular honorarios por pieza, servicio o jornada, en función de una tabla de puntajes. Se actualizará trimestralmente y estará disponible de manera libre y gratuita en los canales oficiales del sindicato.

Desde el SiPren aclararon que la herramienta no reemplaza ni compite con los convenios colectivos existentes, sino que apunta a complementarlos, generando un piso de referencia para trabajadores independientes, especialmente en medios cooperativos, comunitarios o proyectos autogestivos.

Acompañamiento y desarrollo conjunto
El documento fue presentado ante el Departamento de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Humanas con la intención de impulsar un trabajo conjunto con la carrera y la universidad. Fue elaborado por un equipo interdisciplinario conformado por estudiantes y egresados de la UNLPam, integrantes del SiPren Zona Sur, con el acompañamiento del CisPren (Córdoba), el Sindicato de Prensa de Entre Ríos, la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER y la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo de La Pampa.

El gremio expresó su voluntad de que este proyecto se convierta en una herramienta estratégica para la planificación económica, la elaboración de propuestas de pauta y la negociación de servicios comunicacionales en entornos no regulados.

Críticas al ajuste en medios públicos
Durante la jornada, también se abordó la situación crítica del sector comunicacional en el contexto nacional. El delegado gremial de Radio Nacional, Juan Ignacio de Pian, denunció el "salvaje ajuste" que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei sobre los medios públicos como Radio Nacional, la TV Pública y TelAm.

Finalmente, desde el SiPren Zona Sur remarcaron que "dignificar el trabajo en prensa y comunicación también es una responsabilidad colectiva, que requiere del compromiso de los sectores académicos, sindicales y profesionales". La presentación del calculador representa un paso concreto en ese camino.
Fuentes: CPEtv Canal 2, La Arena, Señales

jueves, 5 de junio de 2025

Cambio de mando en Radio Nacional: se va Cavallero y regresa un viejo conocido

Radio Nacional, marcada por el abandono y la pérdida de audiencia tiene nuevo director. Este jueves se confirmó la renuncia de Héctor Cavallero a la dirección ejecutiva de la emisora estatal, cargo que había asumido en febrero de 2024, en el marco de los cambios impulsados por el gobierno libertario de Javier Milei en los medios públicos.

Con una larga trayectoria en el espectáculo y la producción artística, Cavallero cerró una breve etapa al frente de Radio Nacional. "La decisión fue tomada en forma conjunta con las autoridades", explicó al diario La Nación. "Es mucho el esfuerzo y no estamos teniendo el resultado que queremos. Hemos mejorado sensiblemente la radio, casi duplicamos la audiencia, achicamos costos. Son 102 emisoras en el país, es un gran trabajo y a mí me pesa la edad. Ya estoy grande", señaló el productor, de 80 años.

Cavallero destacó que, durante su gestión, se logró reducir gastos sin incorporar nuevo personal, fomentando retiros voluntarios, reduciendo horas extras, transmisiones en exteriores y otras erogaciones. Sin embargo, su paso también dejó un diagnóstico preocupante: filiales cerradas, auditorios sin uso, despido sin motivo, despidos a una periodista a meses de jubilarse, persecución ideológica, retiros involuntarios, falta de inversión, sueldos congelados y una programación cada vez más centralizada desde Buenos Aires.

A nivel de contenidos, el exdirector intentó reforzar una programación cultural con enfoque federal, algo que estuvo lejos de lograr. Su gestión fue objeto de críticas por el silencio de las radios en momentos en que esa voz era necesaria en diversos puntos del país.

"El cepo al salario es parte del vaciamiento", afirmaron desde la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, y adviertieron: "no vamos a permitir que arrasen con la historia de nuestros medios de comunicación". Con un llamado contundente a la defensa de la radio pública, las trabajadoras y trabajadores concluyen: "Radio Nacional se defiende porque se necesita".

El recorte de la programación local para reproducir la señal de Buenos Aires cercena el federalismo. Los contenidos propios de cada emisora son la única posibilidad de una comunicación democrática y la radio pública es la garantía de eso. Por eso es que silencian a Radio Nacional: no quieren que se cuente que mientras vuelven a endeudar al país, en cada provincia cierran fábricas, faltan campañas de salud y crece el hambre. Tampoco quieren difundir las distintas expresiones culturales de cada región y solo se promociona lo que sucede en la porteña calle Corrientes", remarcaron desde la FATPren.

En su lugar asumirá Fernando Subirats, periodista, psicólogo social y docente universitario con más de 30 años de experiencia en medios. Hasta ahora vinculado a Radio Rivadavia y al Grupo Alpha Media —donde se desempeñó como gerente periodístico—, Subirats ya conoce la estructura de Radio Nacional: formó parte de la gestión durante el gobierno de Mauricio Macri, bajo la dirección de Ana Gerschenson.

Su perfil combina experiencia ejecutiva en radio y televisión con formación académica en prevención de conflictos, mediación y seguridad internacional. Ha trabajado como asesor de gobiernos, empresas y consultoras, y brindado charlas y seminarios en universidades de Argentina y el exterior.

Con la llegada de Subirats se espera que profundice una grilla con mayor presencia de contenidos informativos y de actualidad, en línea con los objetivos de la Secretaría de Medios, encabezada por Manuel Adorni, donde las voces opositoras y las organizaciones populares no tienen lugar. A las 21 hs del 5 de junio, el portal exhibía 11 notas dedicadas al gobierno, una sobre temas internacionales, cuatro deportivas, tres de interés general, y ninguna referencia a hechos relevantes ocurridos en el Congreso en las últimas horas.

viernes, 23 de mayo de 2025

Aplican el modelo de Donald Trump para limitar a la prensa en la Casa Rosada

El Presidente y su vocero impusieron nuevas restricciones al trabajo de la prensa: limitaron el acceso de periodistas a Casa Rosada, establecieron un código de vestimenta para las conferencias, modificaron los criterios de acreditación y prevén sanciones para quienes no cumplan las normas. “Es otra medida que atenta contra la libertad de prensa y el derecho a la información”, advirtió el Sindicato de Prensa de Buenos Aires
El Gobierno publicó un nuevo reglamento que limita el trabajo de los periodistas dentro de la Casa de Gobierno. Reducirán drásticamente el número de acreditaciones, prohibirán la circulación en muchas áreas de la Casa Rosada, exigirán código de vestimenta e implementarán sanciones, que incluirán el retiro de la credencial.

El Gobierno de Javier Milei definió los nuevos criterios para la acreditación y el ejercicio de la labor periodística en la Casa de Gobierno, que incluyen un código de vestimenta, limitaciones a la cantidad de cronistas en el lugar y un novedoso Manual de Evaluación Objetiva que otorga puntaje.

Después de meses de especulaciones y rumores, la Resolución 1319/2025 de la Secretaría de Comunicación y Medios se publicó ayer en el Boletín Oficial.

La nueva normativa se emparenta con lo que resolvió el presidente Donald Trump -que al igual que el presidente Milei se ha caracterizado por su trato despectivo e insultante a la prensa- en la Casa Blanca, donde a poco de iniciar su mandato se anunció que “periodistas independientes”, podcasters, influencers o creadores de contenido podrán obtener acreditaciones para asistir a las ruedas de prensa.

La normativa define dos modalidades de acreditación -anual y eventual- e introduce un Manual de Evaluación Objetiva, que otorga un máximo de 70 puntos y establece un mínimo de 35 para recibir la acreditación en forma de credencial, que deberá ser exhibida obligadamente mientras su titular permanezca en la Rosada.

La autoridad que calificará esa evaluación será la misma Secretaría de Comunicación y Medios -que hoy encabeza el recientemente electo legislador porteño Manuel Adorni-, lo que abre dudas sobre posible discrecionalidad con la que serán otorgadas las acreditaciones.

Otra de las novedades es que se fija un límite físico de acceso de 25 personas en la Sala de Periodistas "Decano Roberto Di Sandro", y de 36 personas en la Sala de Conferencias.

Además, se “autoriza únicamente la circulación transitoria por las áreas comunes que sean estrictamente necesarias e indispensables (...) La permanencia y circulación en pasillos, oficinas, despachos u otras zonas de la Casa de Gobierno que no estén explícitamente autorizadas a tal fin, se encuentra prohibida”.

La resolución establece que el acceso a Casa Rosada estará autorizado en el horario comprendido de lunes a viernes entre las 6:30 y las 21:00 horas, y marca que “los profesionales deberán mantener un trato respetuoso entre sí, con los organizadores y con los conferencistas”.

Uno de los puntos que más se cuestionaba entre los acreditados en Casa de Gobierno era el referido a las exigencias en materia de vestimenta que quería establecer el Ejecutivo. La norma publicada este viernes señala “que el código de vestimenta para las conferencias será formal”.Además, prevé un sistema de faltas graves que puede derivar en la revocación de la acreditación del periodista designado por un medio.

La libertad de expresión también está en riesgo en Casa Rosada
El Gobierno decidió establecer nuevos criterios para los periodistas que deseen acreditarse en Balcarce 50
Por: Eduardo Menegazzi
Se venía anunciando desde hace tiempo y finalmente se concretó este viernes. El Gobierno de Javier Milei restringirá el trabajo de la prensa dentro de la Casa Rosada. Limitación en la cantidad de periodistas en la Sala que funciona allí, un código de vestimenta para asistir a las conferencias de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni, acreditación de acuerdo a la audiencia que tenga cada medio, imposibilidad de circular libremente por los pasillos y de esperar por la llegada de algún funcionario a su despacho, restricción en la cantidad de tiempo que se utilice para realizar preguntas, prohibición de sacar fotos o filmar dentro de las instalaciones, son algunas de las medidas que se anunciaron y que entrarán en vigencia dentro de un mes.

La misión del periodismo acreditado en Casa Rosada fue desde siempre transmitir los actos de Gobierno. Ser el vehículo para que el ciudadano común conozca qué ocurre en las intimidades del poder, así como sucede, por ejemplo, dentro de un ministerio público o desde el Congreso de la Nación. Sin embargo, ahora aunque para otras cuestiones se declara liberal, en este ámbito se amplían las restricciones y se limita el trabajo profesional.

La libertad de expresión, una vez más, parece en riesgo. Desde que llegó a su cargo Adorni permitió que aparecieran en la Sala de conferencias periodistas de medios digitales afines a La Libertad Avanza y la presencia de corresponsales extranjeros o de estudiantes de universidades que curiosamente coincidían con las posturas del oficialismo. Y, por el contrario, fue estricto con otros medios tradicionales que cuestionaban las políticas libertarias.

Aunque su vertiginoso ascenso para acceder a la presidencia se apoyó en gran parte en sus constantes apariciones televisivas en el prime time donde su verba explosiva y cargada de posturas polémicas impactaba en las cifras del rating, Milei se toma venganza, una vez más, del periodismo al que todo el tiempo acusa de “ensobrado” y “pautero” con esta nueva iniciativa.

Adorni se tomará otras atribuciones cuando esté al frente de las conferencias. Podrá interrumpir el uso del micrófono a quienes preguntan y no permitirá la repregunta -ese humilde recurso con el que muchas veces se reformula un tema o se intenta obtener una respuesta- y también elegir a los que él prefiera, al estilo de la oficina de prensa de la Casa Blanca de Estados Unidos, de la que copiaron la estética que rodea a las presentaciones oficiales de los funcionarios. Y una vez que la conferencia se ponga en marcha, con un límite de 36 personas presentes, nadie más podrá ingresar a ese recinto.

Además de esas limitaciones el nuevo reglamento que se pretende imponer atenta contra la dinámica periodística. Cualquier acreditado en la Rosada puede dar testimonio de que son pocos los funcionarios que “off the record” comunican las intenciones o los planes gubernamentales. Ahora estarán prohibidas las habituales “guardias” periodísticas porque se necesitará autorización para la circulación interna.

Otro de los puntos polémicos será el criterio de selección de los medios que podrán estar diariamente en Rosada. Apelarán a métricas de audiencia o alcance, a la experiencia de los representantes que eligió cada medio de comunicación o a la cobertura previa que hicieron de las actividades en Balcarce 50. ¿Un medio de cualquier provincia acaso no tiene derecho a acreditarse? ¿Cuáles serán los parámetros que se tomarán? ¿Habrá una cobertura que como dice la resolución permita “asegurar el pleno ejercicio del derecho de la ciudadanía a recibir información objetiva, plural y de interés público, en condiciones de igualdad y transparencia”? ¿A qué se considera actualmente un medio de comunicación tradicional? ¿Puede establecer el Gobierno el criterio para evaluar a cada persona que pretenda acreditarse?

Todas esas preguntas y muchas más plantea este nuevo reglamento. Ya en el inicio de las sesiones legislativas en el Congreso a los periodistas se los ubicó arbitrariamente y no se les permitió acceder a determinados sectores. Ahora pasará lo mismo en la Rosada. ¿En nombre de la libertad?

Preguntar. Cuestionar. Incomodar al poder. Investigar. Registrar. Buscar información. Funciones del periodismo que ahora están en peligro.

Una resolución que limita la tarea del periodismo
Uno de los acreditados de Clarín en la Casa Rosada explica cómo se cubre la información del Gobierno hoy
Por: Guido Carelli Lynch 
"Este es un deporte de roce". La frase la dijo un antecesor de Manuel Adorni al frente de la Cecretaría de Comunicación durante los 10 años y tres gobiernos que este cronista lleva como acreditado para Clarín en Casa Rosada. Se refería, claro, al vínculo entre el periodismo y la política. El mismo funcionario también le recomendó a este mismo cronista que se buscara otro trabajo. Pasaron varios años y -nunca exento de errores- el periodista que escribe esta nota sigue cumpliendo la misma tarea.

El flamante legislador electo de la Ciudad y ganador en los comicios del domingo, que en privado relativiza la seguridad con la que afirma que renunciará a su cargo como vocero el 10 de diciembre, en esos años trabajaba en una concesionaria de automóviles. Ese detalle, por supuesto, no niega su mérito como bloggero exitoso y columnista en radio y televisión que le abrieron camino en los medios a los que ahora evalúa.

La resolución 1319/2025 de la Secretaría de Comunicación y Medios venía cocinándose desde hacía meses en la Casa Rosada. Adorni, en julio de 2024, le dijo a LN+

que ya trabajaba en la normativa para reformular el funcionamiento de la prensa en la sede del Ejecutivo. “¿Por qué tenemos que soportar la mentira? La mentira no la vamos a tolerar nunca”, declaró entonces el vocero.

Es paradójico que esté a cargo de la Secretaría de Comunicación “la matriz de evaluación objetiva” para evaluar el trabajo de los periodistas, aunque tiene coherencia si se repasa la experiencia del vocero para difundir información no del todo fidedigna.

AFP Factual -el sistema de chequeo de la agencia de noticias más antigua del mundo- demostró que varios posteos de Adorni en 2022 eran falsos; valen los ejemplos del supuesto robo de neumáticos de una escultura de Fangio o la supuesta censura de la televisión iraní a la transmisión de carreras de Atletismo en el Mundial de Doha. También, publicó entradas engañosas que mezclaban información con fotos viejas, como la que retrató el viaje de Alberto Fernández a Estados Unidos en 2023 con una comitiva de 48 personas.

El texto de la resolución no explicita qué es una “falta grave”, un detalle no menor si se tiene en cuenta que dos amonestaciones pueden provocar la revocación de la acreditación. Tampoco se aclara si el debido respeto de los periodistas a los conferencistas es recíproco o avala el destrato de los funcionarios a los acreditados como el que Luis Caputo dispensó al periodista Jonathan Heguier o si Adorni retirará de su despacho la caricatura de uno de los acreditados.

La limitación del cupo de periodistas en la sala de 87 acreditados a 25-cuando asisten regularmente más de 50- y las condiciones de contratación que el Gobierno exigirá de ahora en más enseñan el profundo desconocimiento de las autoridades nacionales sobre el ecosistema de medios.

El argumento esgrimido sobre la necesidad de evitar aglomeraciones no contempla que la secretaría que conduce Adorni creció exponencialmente durante su gestión. Una decena de los 208 empleados que supervisa asisten regularmente a sus conferencias, que ahora podrán ver 36 periodistas.

Tampoco hay precisiones sobre el código de vestimenta que se le exigirá a la prensa acreditada ni si volverán a habilitar las preguntas de estudiantes universitarios, que -en algunos casos- cuestionaron el trabajo de los acreditados.

Los periodistas no se mueven libremente por la Casa Rosada y aceptan los límites a los que obliga la seguridad presidencial y el protocolo. Con más libertad y acceso caminan los pasillos algunos de los periodistas militantes, que fueron acreditados por Adorni para participar de las conferencias.

La limitación de movimiento que aparece en la resolución y que aún no fue especificada- supone de todos modos un riesgo. No solo impide montar guardias para hablar con funcionarios o dirigentes; también permite chequear cuándo los ingresos no son incluidos en el registro de audiencias; una práctica habitual en todos los gobiernos.

Ese requisito, por ejemplo, hubiera impedido -por citar un casoque el periodista de Clarín Emiliano Russo, que entonces se desempeñaba en El Día, de La Plata, revelara que Sofía Pacchi visitaba a funcionarios en la Rosada después de que hubiera estallado el escándalo por la fiesta de Olivos.

Las limitaciones horarias también limitan el trabajo de la prensa en los momentos de crisis institucional. La exigencia de un título profesional universitario y/o terciario homologado por autoridad competente también desvirtúa la naturaleza del ejercicio periodístico, puesto que no se trata de una actividad colegiada.

Javier Milei no apuró la resolución hasta después de que la candidatura del vocero fuera cosa juzgada. En el medio, el Presidente parafraseó a Donald Trump con una frase temeraria, que replicó insistentemente en redes el aparato paraestatal y digital al servicio del Gobierno en redes. No es novedad que varios de ellos ocupan cargos en el Ejecutivo, con despacho en la Rosada. “No odiamos lo suficiente a los periodistas”, repite el jefe de Estado que se hizo famoso en TV, que acaba de querellar penalmente a tres periodistas y que nunca dio una conferencia de prensa.

La resolución es, en parte, una imitación de la política que implementó Trump y que replicó el autócrata Viktor Orban, de fluido trato con la administración de Milei.

Mientras el Gobierno redobla su presión sobre el periodismo, limita la ley de acceso a la información y Milei afirma en una publicación fijada en su perfil en X que Clarín es “la gran estafa argentina”, un gendarme le rompió el cráneo de un disparo al fotoperiodista Pablo Grillo, un agente de la Policía Federal le pisó la cabeza a su colega Tomás Cuesta y a Roberto Navarro le pegaron en la calle. No son hechos aislados. Funcionarios del Gobierno hostigan a periodistas. A todos ellos el Ejecutivo les garantiza libertad de expresión. Para la mayoría de los profesionales del periodismo, no hay más que roce.
Cerco a la libertad de prensa 
Referentes de la oposición criticaron con dureza y rechazaron las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional que restringe el normal ejercicio de la labor periodística en Casa Rosada. Oscar Agost Carreño, Esteban Paulón y Maximiliano Ferraro  cuestionaron las restricciones del Poder Ejecutivo a los periodistas de Casa Rosada
Fotos: Noticias Argentinas y Pablo Cuarterolo
Fuentes: Clarín, Perfil, Señales

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