Con una sala colmada, representación sindical de todo el país y la presencia de senadores de distintos espacios políticos, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren) presentó este martes en el Senado de la Nación el proyecto de ley para crear un nuevo Estatuto del Periodista Profesional y del Personal Administrativo, destinado a reemplazar la histórica Ley 12.908, cuya derogación entrará en vigencia el 1 de enero de 2027 si antes no se aprueba una nueva normativa.
La iniciativa fue elaborada de manera conjunta por 22 organizaciones gremiales de prensa y fue presentada en el ámbito de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, presidida por la senadora Carolina Moisés.
Durante la apertura de la jornada, Moisés destacó el carácter colectivo y federal del proyecto.
"No es una producción individual, sino de los periodistas de todo el país presentado de manera federal", afirmó.
Según se indicó desde el entorno de la legisladora jujeña, la propuesta no solo busca preservar la libertad de expresión, sino también incorporar nuevos derechos asociados al uso de plataformas digitales, el teletrabajo, la inteligencia artificial, los derechos de cuidado, el secreto profesional y la protección de las y los periodistas en coberturas de riesgo.
La senadora informó además que el proyecto quedará en circulación para que los integrantes de la Cámara alta puedan analizarlo y sumar adhesiones hasta el próximo viernes. Una vez cumplido ese plazo, será ingresado formalmente para su giro a las comisiones correspondientes, una definición que quedará en manos de la Presidencia del Senado.
La convocatoria reunió a representantes sindicales y trabajadores de prensa de Salta, Río Negro, Corrientes, Tandil, La Rioja, Esquel, Córdoba, Santa Fe, Rosario, San Juan, Chaco y Neuquén, entre otras regiones, reflejando el carácter federal con el que fue concebida la iniciativa.
El eje central de la propuesta surge como respuesta a la derogación del Estatuto del Periodista Profesional incluida en la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Aunque la vigencia de la norma fue prorrogada hasta el 1 de enero de 2027, desde los sindicatos advierten que es imprescindible llegar a esa fecha con una nueva legislación aprobada.
La secretaria general de FATPren y secretaria adjunta de SiPreBA, Carla Gaudensi, subrayó la urgencia del debate.
"Necesitamos tener la certeza de que nuestro estatuto no va a quedar derogado. Esta prórroga es un aliento para discutir cualquier modernización, pero el Estatuto contiene los aspectos protectorios más importantes de nuestra norma".
La dirigente sostuvo que la legislación vigente cumple un papel central en la defensa de la libertad de expresión.
"Está para que los periodistas no seamos presionados por ejercer nuestra labor y nos da protección ante un Presidente que pide despedir en las empresas periodísticas por la información que brindamos".
Gaudensi también defendió el carácter abierto de la propuesta y advirtió sobre el contexto actual que atraviesa la actividad periodística.
"No hicimos esta propuesta a libro cerrado. Asistimos al peor momento de libertad de expresión, y derogar el Estatuto en estas condiciones es un error que la época no nos puede permitir".
La dirigente sostuvo además que la normativa puede ser discutida y perfeccionada durante el tratamiento legislativo, aunque remarcó la necesidad de preservar los principios vinculados a la protección de la libertad de expresión y el derecho a la información.
El proyecto mantiene los principios fundamentales del Estatuto vigente, especialmente aquellos vinculados a la protección de la libertad de prensa y del derecho a la información, pero incorpora nuevas regulaciones adaptadas a las transformaciones tecnológicas y laborales.
Entre las principales novedades se incluyen disposiciones sobre inteligencia artificial, teletrabajo, plataformas digitales, salud mental, licencias por violencia de género, derechos de cuidado, cláusula de conciencia y mecanismos de protección para periodistas que cubren manifestaciones o situaciones de violencia institucional.
También propone establecer un salario mínimo nacional para la actividad periodística, equivalente al menos al valor de la canasta básica medida por el Indec.
Diego Miner, integrante de FATPren y representante de la Asociación de Periodistas de Corrientes, destacó el proceso de construcción colectiva de la iniciativa.
"Es un prototipo trabajado con los sindicatos de todas las provincias del país para que salga un nuevo Estatuto acorde a los tiempos que corren".
Desde la Federación explicaron que el texto reduce significativamente la extensión de la norma original: pasa de más de 80 artículos a 28 distribuidos en cuatro capítulos, eliminando disposiciones en desuso y actualizando las categorías laborales mediante un sistema más flexible basado en áreas de trabajo.
La presentación cosechó expresiones de apoyo de distintos bloques parlamentarios.
El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Eduardo Vischi, comprometió la participación de su bancada en el tratamiento de la iniciativa.
"Es un gran logro de ustedes y es una satisfacción. Ratificamos el compromiso de ponernos a disposición y dar nuestro parecer para también brindar nuestra opinión".
Más adelante agregó: "Vamos a trabajarlo mirando con la más sincera objetividad para mejorarlo en todo lo posible".
Y alertó sobre el escenario actual para el ejercicio periodístico: "El momento que vivimos de ataque a la prensa es muy nocivo, lastima a la sociedad".
Por su parte, el senador catamarqueño Guillermo Andrada definió la iniciativa como "un proyecto genuino y necesario".
Desde el bloque Justicialista, el jefe de bancada José Mayans anunció el acompañamiento del espacio.
"El país necesita que trabajen libremente porque la información es fundamental".
Y recordó la postura que mantuvo el peronismo durante el debate de la reforma laboral: "Nosotros votamos en contra de la derogación y estamos de acuerdo en que ustedes trabajen libremente".
También participaron de la reunión las senadoras y senadores Anabel Fernández Sagasti, Sandra Mendoza, Fernando Salino, Mariano Recalde, Jorge Capitanich, Edith Terenzi, Beatriz Ávila, Vilma Bedia, Juan Cruz Godoy, Enzo Paolo Fulone y Pablo Cervi, entre otros.
Cervi, representante de La Libertad Avanza, planteó la necesidad de ampliar la discusión.
"Hay que escuchar a los dueños de los medios, a los que pagan sueldos a fin de mes", sostuvo, y pidió mantener una "visión federal" durante el tratamiento legislativo.
La comisión también contó con la participación de periodistas que aportaron su mirada sobre las condiciones actuales de trabajo en los medios.
Gabriela Pepe, periodista de Letra P y C5N, destacó que la discusión excede los derechos laborales y se vincula directamente con el acceso ciudadano a la información.
"Tenemos que pensar en un Estatuto que proteja el trabajo que hacemos. La contracara de esto es el derecho de todos los ciudadanos a tener acceso a información fidedigna".
En la misma línea, Mariano Obarrio remarcó la dimensión democrática de la propuesta.
"Es una ley fundamental para los periodistas, para la libertad de prensa y para la libertad en sí misma de los ciudadanos, que pueden ser libres a partir de conocer diversas fuentes y sectores".
Un debate abierto con plazo hasta 2027
Desde FATPren adelantaron que en las próximas semanas mantendrán reuniones con todos los bloques políticos de la Cámara alta para construir consensos que permitan aprobar la norma antes del vencimiento de la prórroga vigente.
La magnitud de la convocatoria dio una señal del interés que despertó la propuesta. La Sala Arturo Illia quedó completamente colmada y fue necesario habilitar espacios adicionales en el Salón de las Provincias para albergar a trabajadores de prensa, dirigentes sindicales y asesores parlamentarios que se acercaron a seguir el debate.
El desafío ahora será reunir los consensos necesarios para que el Congreso trate una nueva regulación para la actividad antes de 2027, cuando está prevista la derogación del Estatuto vigente.
