Según señaló la entidad gremial, aunque el proyecto excluye formalmente a la actividad periodística de la aplicación de la norma, esa excepción queda condicionada a que las comunicaciones "no tengan por objeto influir en una decisión pública determinada". Para el SPR, este criterio resulta incompatible con el periodismo de investigación, cuya función en una sociedad democrática incluye el control de la gestión pública, la denuncia de hechos de corrupción y la exposición de estructuras de poder que, de manera inevitable, pueden incidir en decisiones estatales.
El sindicato también cuestionó la obligación prevista en el proyecto de registrar los "contactos" mantenidos con funcionarios y otros actores públicos, incluyendo datos sobre los participantes de reuniones y los temas abordados. A su entender, esta exigencia podría exponer públicamente la actividad de periodistas durante investigaciones en curso y afectar principios esenciales de la profesión, como el secreto profesional y la protección de las fuentes de información.
Además, advirtió que las sanciones contempladas para quienes incumplan la norma podrían tener un efecto disuasivo sobre la tarea informativa y fomentar prácticas de autocensura.
"En un contexto donde el periodismo es agredido y descalificado de manera constante, es de esperar que las ambigüedades puedan ser utilizadas para castigar a la prensa y debilitar su compromiso con la verdad", sostuvo la organización.
Por último, el Sindicato de Prensa Rosario reclamó que se revise la redacción del artículo 4 y se eliminen las condiciones que, a su juicio, ponen en riesgo el periodismo de investigación, la libertad de expresión y la circulación democrática de información sobre asuntos de interés público.
