lunes, 12 de mayo de 2025
Defensoría del Público: un informe de la interventora de facto que omite derechos y la crisis mediática
lunes, 21 de abril de 2025
Calidad informativa vs. violencia mediática
jueves, 26 de diciembre de 2024
Defensoría del Público: Despidos, remates y una intervención ilegal al servicio del poder concentrado
Durante un acto en Parque Lezama en octubre de 2024, el presidente Javier Milei arengó a 3000 asistentes para que gritaran «hijos de puta» a todos los periodistas menos a uno que, dijo, “es un buen profesional».
En la misma semana Soher El Sukaria, flamante interventora de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA), paseaba por medios simpatizantes del oficialismo para denunciar que la Defensoría se había dedicado durante años a «perseguir periodistas» y que había encontrado «listas negras» con los nombres de esos profesionales. Sus dos afirmaciones son falsas.
La DPSCA fue creada por la Ley de medios audiovisuales en 2009 y comenzó a funcionar en noviembre de 2012. Su misión es defender a las audiencias de radio y televisión y promover el derecho humano a la comunicación y la libertad de expresión. En 12 años nadie denunció haber sido perseguido. Todo lo contrario. Hay innumerables testimonios escritos y grabados de periodistas, trabajadores de medios públicos, privados y comunitarios, empresarios y funcionarios agradeciendo la función pedagógica del organismo, su rol de mediación y su capacidad de diálogo.
Incluso en casos donde existían notables diferencias de opinión respecto a los asuntos tratados, el vínculo de la DPSCA con medios y periodistas fue siempre respetuoso y promotor del diálogo sin grietas. Todavía pueden verse en la web videos de «casos resueltos» en los que tanto audiencias de radio y televisión que presentaron reclamos, como productoras y periodistas destacan el papel de la Defensoría.
Un caso destacado es el del periodista Jorge Lanata. Varias veces, en su programa en radio Mitre, se refirió a Florencia de la V como «un señor». Hubo decenas de reclamos por parte de la audiencia y la Defensoría convocó tanto al periodista como a las autoridades de la radio a dialogar para consensuar una reparación y ofrecer una formación al comunicador y su equipo. Lanata nunca se disculpó pero radio Mitre aceptó poner al aire una campaña por el respeto a las diversidades que se escuchó durante un mes en las tandas (incluidas las del programa de Lanata). Cada hora se emitían avisos que planteaban que "la Ley de Identidad de Género garantiza el derecho de cada persona a desarrollarse como es, sea cual sea el sexo que le asignaron al nacer".
Lanata participó este año en una de las audiencias públicas de la DPSCA. En su presentación el periodista destacó el trabajo de la Defensoría y alertó acerca de avances preocupantes sobre la actividad periodística por parte del gobierno de ultraderecha. La intervención de la Defensoría del Público suspendió las audiencias públicas.
📢 “Con esta medida, el Gobierno aniquila el derecho a la comunicación democrática que tienen las audiencias de todos los medios de comunicación audiovisuales”, apuntó Rodolfo Aguiar.
— Prensa ATE Nacional (@ateprensa) December 26, 2024
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Ver también: No al cierre de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Villarruel intervino la Defensoría del Público, Defensoría del Público: Por más defensa de las audiencias, El PRO lleva a cabo una auditoría ilegal en la Defensoría del PúblicoDefensora autopercibida
Después de la finalización del mandato de la última defensora del público, las autoridades del Congreso deberían haber convocado a la Comisión bicameral que tiene la potestad de elegir al defensor o defensora. Sin embargo, decidieron nombrar a Soher El Sukaría como interventora para realizar una "auditoría patrimonial y funcional". Le dieron un plazo de 180 días y 60 días extra para redactar el informe y presentarlo al Congreso.
La interventora sumó más empleados: personas de su confianza y ningún conocimiento en derechos a la comunicación. Con el paso de las semanas la interventora comenzó a autopercibirse defensora. Cambió su cargo en la página web a «Defensora interina», aunque los únicos autorizados según la ley para nombrar una defensora son los miembros de la Comisión Bicameral, es decir las y los legisladores.
Cierre del año con ajuste
La interventora suspendió todas las actividades para lograr así la profecía autocumplida de «un organismo público que no hace nada». Este tipo de decisión es una constante del gobierno. La Defensoría es un organismo creado por una ley que está vigente. El gobierno no promueve la modificación de la ley a través de los mecanismos de la deliberación democrática sino que impone una política de hechos consumados: hace que la Defensoría deje de cumplir sus funciones.
La intervención llevó al extremo el congelamiento de la DPSCA. Sin actividades, casi sin comunicación oficial salvo para alguna efeméride, puso el foco en el achicamiento de la planta de trabajadores. En una primera tanda dejó afuera a contratados y planta transitoria y apuró los expedientes de las personas que estaban en edad de jubilarse. Abrieron un registro de retiros voluntarios y pasaron a disponibilidad (que permite despedir a trabajadores luego de un año de dispensa). Todas estas maniobras sin contar con un mandato de parte del Congreso que solamente habilitó a la interventora a "realizar una auditoría".
Todos los años la DPSCA entregó informes detallados al Congreso de todas sus acciones, presupuestos, casos resueltos, capacitaciones, alianzas y publicaciones. Esos informes fueron recibidos, analizados y aprobados por la Comisión Bicameral de Servicios de Comunicación Audiovisual que siempre contó con representación plural de los partidos políticos. Esa aprobación no hubiese sido factible si el organismo defensor se hubiese dedicado a hacer lo que la actual intervención inventa en su relato.
El Congreso, las leyes que aprueba y el Estado que gestiona tienen como objetivo plantear reglas de convivencia, acuerdos básicos para la construcción de una nación y la protección de derechos de la ciudadanía. La Defensoría del Público, creada por una ley que aún está vigente, trabajó durante 12 años en defensa de las audiencias de medios audiovisuales, resolvió positivamente miles de reclamos, recorrió el país con capacitaciones para promover y ampliar la libertad de expresión, creó condiciones para que todas y todos puedan ejercer su derecho a la comunicación. La intervención gubernamental está coartando ese derecho con una narrativa de supuesta eficiencia mientras gobierna para favorecer al poder concentrado en todos los ámbitos, también en el de la comunicación.
La resolución 107 introduce los siguientes cambios significativos:Reducción de personal: La planta pasa de 144 empleados a 40, lo que implica el despido de 100 trabajadores.Remate del estudio de TV portátil: Este equipo, utilizado para capacitación y actividades en eventos públicos, como las temporadas estivales, será desmantelado.Revisión de funciones: Se restringe el uso del organismo para evitar su utilización como herramienta de persecución, según indicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado
Hoy quiero comentar la resolución 107 de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA) del 20 de diciembre con firma de @SoherElSukaria que ilustra los esfuerzos de desde la @DiputadosAR está haciendo @MenemMartin para bajar el gasto político en el… pic.twitter.com/sqkQs9BQvt
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) December 26, 2024
jueves, 7 de noviembre de 2024
El PRO lleva a cabo una auditoría ilegal en la Defensoría del Público
"La principal función será realizar una auditoría del organismo y evitar cualquier cuestión que tenga que ver con el patrullaje ideológico o el monitoreo de aquellos que piensan diferente", explicó El Sukaria, quien también anunció el inicio de una auditoría exhaustiva en la Defensoría. "La auditoría tiene como propósito evaluar el desempeño de la gestión anterior, el cumplimiento de los objetivos y la finalidad para la que fue designada la ex titular, y verificar si el cometido de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual ha sido cumplido conforme a la ley, en virtud de las denuncias realizadas", se detalla en el decreto de su designación.
La Defensoría del Público es un organismo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para difundir, promover y defender los derechos de las audiencias de la radio y la televisión. Recibe y canaliza consultas, reclamos y propuestas para que el derecho a la comunicación democrática sea respetado. Entre sus funciones y misiones, establecidas en el artículo 19, está la de "convocar audiencias públicas en diferentes regiones del país a efecto de evaluar el adecuado funcionamiento de los medios de radiodifusión”El Sukaria ha señalado que la Defensoría del Público fue utilizada para "perseguir a periodistas y acomodar amigos". Esta declaración se produjo después de conocerse el nombramiento de cinco miembros de su círculo íntimo e integrantes del PRO de Córdoba, quienes recibirán sueldos de hasta $3.500.000, equivalente a lo que gana un legislador provincial de Córdoba. Estos nombramientos fueron realizados entre el 18 y el 19 de septiembre, destacándose el de Pablo Steinaker como secretario general de la Defensoría. Steinaker, quien es secretario privado y mano derecha de El Sukaria, percibirá $3.500.977,56, el equivalente a un secretario de la Cámara de Diputados, sin contar el concepto de desarraigo, según informó el diario La Voz.
En un video publicado en sus redes sociales, El Sukaria reseñó: "Esta es la calle Alsina 1470. Aquí se encuentra la Defensoría del Público de Servicios Audiovisuales, un lugar donde trabajamos todos los días. Esta institución, nacida con la Ley de Medios (SIC), y en la que me han asignado la responsabilidad de ser interventora, está realizando una auditoría. Aquí defendemos los derechos de las audiencias, es decir, de todos los que consumen radio o televisión. Aquí trabajan 140 personas y depende del Congreso de la Nación. Junto a mi equipo, estamos comprometidos a transparentar, informar y definir qué derechos de las audiencias se vulneran o no. Con el equipo del PRO estamos trabajando incansablemente para elaborar el mejor informe y tomar las mejores decisiones a diario", aseguró la interventora. En otras palabras El Sukaria nos cuenta que el PRO encabeza una auditoría en la Defensoría del Público: ¿es legal?. ¡No! Es un órgano del Poder Legislativo Nacional, quién debería ocuparse del tema.
La funcionaria no oculta que su mandato responde a los lineamientos de Propuesta Republicana (PRO) o Juntos por el Cambio, como se llame la coalición al cierre de esta nota. Ya en 2023, el bloque del PRO en la Cámara de Diputados había presentado un proyecto para disolver la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, argumentando que dicha entidad realiza la misma función que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) y que su observatorio de medios excede sus competencias, incurriendo en actos de control periodístico que podrían conducir a la censura. El proyecto, encabezado por la diputada Silvana Giudici, también lleva las firmas de los diputados Fernando Iglesias, Luciano Laspina, José Luis Espert, Damián Arabia, Diego Santilli, Hernán Lombardi, Martín Yeza, Alejandro Finocchiaro, entre otros. En este proyecto, exigen la disolución de la Defensoría y la transferencia de su personal, presupuesto y bienes a la Defensoría del Pueblo de la Nación.
En sus redes, la interventora también relató: "En este momento se está llevando a cabo la subasta de un automóvil y un tráiler de la Defensoría del Público. Nos hemos propuesto transparentar y ordenar, y lo estamos logrando día a día". Sin embargo, mostró desconocimiento al referirse a la "Ley de Medios", ya que la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual no abarca los medios gráficos o digitales. El tráiler, conocido como "Defensoría Móvil", se utilizaba para instalarse en distintos espacios públicos del país con el fin de difundir el derecho a la comunicación. Entre las diversas iniciativas, destacaba la campaña "Salí en los medios como vos quieras", que promovía la ruptura de estereotipos impuestos por los medios audiovisuales.
Es importante señalar que la interventora de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Soher El Sukaria, no cuenta con antecedentes vinculados a medios de comunicación ni a los derechos de las audiencias.
¿A quienes rinde cuenta la Defensoría?
"La Defensoría rendía cuentas anualmente a la Comisión Bicameral del Congreso, que no funciona desde hace tres años, y es a esa comisión a la que, por ley, debe rendir cuentas. También existen controles y rendiciones hacia el Ministerio de Economía, que es quien envía las partidas. Al no estar constituida la comisión, estos procesos se dejaban sin seguimiento administrativo. La mayoría de la información es pública y se encontraba publicada en la página web. El gobierno debería haber conformado la Comisión Bicameral en el Congreso, para que dicha comisión propusiera un nuevo Defensor o Defensora y evaluara la gestión del organismo.
Cabe señalar que el titular o la titular de la Defensoría del Público debe ser designado por resolución conjunta de ambas cámaras del Congreso, a propuesta de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización. Previamente, se debe publicar el nombre y los antecedentes del candidato o la candidata para habilitar un período en el cual los ciudadanos puedan presentar observaciones e impugnaciones.
Un caso similar
En 2019, la primera decisión tomada por la intervención de ese momento fue realizar una auditoría falsa, que pretendió analizar en solo un mes el trabajo de seis años. Como resultado de esta auditoría y tras un informe con clara persecución ideológica, se desplazó a responsables de diversas direcciones sustantivas, así como a quienes estaban a cargo del trabajo territorial y la organización de las audiencias públicas. Además, continuó la política de hostigamiento hacia quienes permanecieron en sus cargos, y no se permitió presentar el informe sobre el monitoreo de los noticieros de la TV abierta, que la Defensoría realiza habitualmente.
No sanciona
Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Comunicación, sostuvo que el rol del organismo es similar al de varios otros en países como el Reino Unido, Alemania o Suecia, y destacó que no tiene facultades sancionatorias. 'Es una entidad que realiza mediaciones entre licenciatarios de radio y TV y las audiencias. Además, su alcance es limitado porque no tiene competencias sobre medios digitales', añadió. Es por eso que siempre se promovió el diálogo y se desarrolló una tarea pedagógica con comunicadores y responsables de medios, contó un exintegrante de la institución.
miércoles, 25 de septiembre de 2024
Defensoría del Público: Por más defensa de las audiencias
miércoles, 21 de agosto de 2024
Solicitan la conformación de la Comisión Bicameral para la Defensoría del Público y ENaCom
jueves, 15 de agosto de 2024
Villarruel intervino la Defensoría del Público
sábado, 13 de julio de 2024
Las audiencias de Radio Nacional de todo el país piden escuchar la programación local
Precisamente, las 49 emisoras de Radio Nacional fueron obligadas a transmitir la señal LRA1, desde la Ciudad de Buenos Aires, decisión que deja al público sin acceso a la información local y regional, principalmente en el horario central de las mañanas, que estará ocupado por un programa de entretenimiento.
“Es una herramienta fundamental en la región patagónica, como en el resto del país. En nuestra región existen muchos campos con sólo esa herramienta de comunicación a través del mensajero rural. Es imprescindible que no se baje la programación”, relata una persona que realizó una presentación al organismo.
La resolución del Gobierno expresa que "en virtud de lo establecido por la intervención de RTASE, se informa que todas las frecuencias de AM y FM de todas las emisoras del país deben transmitir parte de la nueva programación de LRA1 RN Buenos Aires".
Entre los múltiples reclamos ingresados, se puede leer:
- "Es una falta de prestación de servicios de información local e insuficiente cobertura de mensajes al poblador rural".
- "Denunciamos totalmente el corte de transmisión de la radio Nacional Esquel y la transmisión solamente de la radio Nacional con sede Buenos Aires, que produce los mensajes a pobladores indispensable para la comunicación de la gente que vive en zona rural en la provincia del Chubut".
- "Quiero escuchar información local de LRA9 Radio Nacional Esquel, es importante la información que se transmitía, para la gente del campo es su única forma de mantenerse comunicada".
- "LRA9 radio nacional Esquel es súper necesaria en cuanto a su programación local: estado de rutas y calles, temperatura y clima en general, mensajes a pobladores, comunicación entre vecinos, con gobernantes locales y provinciales, recreación con temas locales, contacto con zonas rurales… en fin: seguir comunicados con lo propio y no con noticias de 2000km de distancia".
- "Quiero escuchar la programación local".
- "Radio nacional Zapala dejará de transmitir programas locales, rechazo esta prohibición por una radio federal descentralizada".
- "La reducción de transmisión local que perjudica gravemente al interior patagónico en tiempos de emergencia climática. La Radio Nacional es la única que llega con noticias al interior rural".
Y tiene entre sus obligaciones, "considerar permanentemente el rol social del medio de comunicación como fundamento de su creación y existencia, asegurar la información y la comunicación con una adecuada cobertura de los temas de interés nacional, regional e internacional; difundir y promover las producciones artísticas, culturales y educativas que se generen en las regiones del país Instalar repetidoras en todo el territorio nacional y conformar redes nacionales o regionales (Artículos 121 y 122, ley 26.522)".
jueves, 16 de mayo de 2024
Desfinanciando medios también se limita la libertad de expresión
viernes, 9 de febrero de 2024
Más concentración de medios, menos libertad de expresión
En apenas dos meses, el gobierno de Javier Milei decidió suspender los límites a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación a nivel nacional, intervenir el sistema público de medios y prometer su privatización, intervenir la autoridad de aplicación de las leyes que rigen al sector excluyendo a las minorías parlamentarias de las decisiones y reprimir sin miramientos a los trabajadores de prensa que intentan cubrir las manifestaciones contra el ajuste y el desmantelamiento del Estado.
La convicción de que el Estado no debe poner límites al sector privado está llevando al gobierno a desarmar un sistema de medios organizado en tres sectores: el privado-comercial, el gestionado por la sociedad civil sin fin de lucro y el estatal/público. Un sistema de medios que muy costosamente construimos en nuestro país luego de décadas en las que solo los dueños de los medios privados tenían condiciones para realizar su actividad.
Además de lo que ya fue hecho, a través del DNU 70/23 y los decretos de intervención, el gobierno y las fuerzas políticas que lo apoyan amenazan constantemente con clausurar valiosas políticas promotoras de derechos como el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCA) y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
A este escenario, se le agrega la violencia verbal y física contra trabajadores de prensa, que no se limita a las represiones reiteradas de los últimos días sino que abarca un ataque persistente del presidente y sus funcionarios a las y los periodistas, entre otras varias prácticas que entorpecen la labor periodística.
Por este motivo, AMARC Argentina, Centro de Investigaciones ICEP-UNQ, CoNTA, FARCo, FATPren, REDCom, la Red de Medios Digitales, SiPreBA y el CELS realizamos una presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.