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lunes, 12 de mayo de 2025

Defensoría del Público: un informe de la interventora de facto que omite derechos y la crisis mediática

El informe de gestión presentado por la interventora Soher El Sukaria ante el Congreso de la Nación ha generado preocupación entre diversas organizaciones. El documento, que detalla una auditoría administrativa del organismo, ha sido criticado por su enfoque limitado y por no abordar cuestiones fundamentales relacionadas con los derechos de las audiencias y la crisis del sistema de medios en Argentina.

El Sukaria, la interventora de facto, designada por Victoria Villaruel, presentó un diagnóstico centrado exclusivamente en aspectos burocráticos, como recortes presupuestarios, reducción de personal y supuestas irregularidades heredadas. Sin embargo, omite completamente la razón de ser del organismo: la defensa de los derechos comunicacionales de la ciudadanía y la promoción de una comunicación democrática.

Distintas organizaciones de comunicación, sindicatos de prensa y referentes académicos han criticado duramente a la intervención y esta auditoría. Coinciden en que se trata de un intento de desarticular una institución que, desde su creación en 2012, ha sido un actor clave para garantizar el derecho a la información plural, equitativa y sin discriminación.

La lectura del informe evidencia que no existen argumentos sólidos para justificar el cierre de la Defensoría. La interventora simplemente no cree en su razón de ser, ni parece conocer su función. En un contexto de creciente concentración mediática, preocupa la invisibilización de los derechos que esta institución promovía. Resulta evidente una política de desmantelamiento institucional encubierta bajo el discurso de la austeridad.

El informe presentado por Soher El Sukaria al Congreso carece de una definición institucional clara sobre el rol de la Defensoría del Público. No explica su razón de ser ni el valor que tiene como garante de los derechos de las audiencias y promotora de una comunicación democrática. Ausente de cualquier diagnóstico sobre la crisis del sistema de medios, la concentración informativa o los discursos de odio, el documento se limita a enumerar medidas de gestión centradas en el ajuste: despidos, reestructuraciones y reducción de gastos, sin ofrecer una mirada crítica o contextualizada.

La crisis del sistema de medios y la ausencia de respuestas
El informe omite mencionar la crisis del sistema de medios, aunque diversos estudios y organizaciones han advertido sobre el deterioro de la pluralidad informativa y el aumento de la violencia mediática. Esta falta de análisis crítico ha sido interpretada como una omisión deliberada, que ignora la función esencial de la Defensoría en la defensa de una comunicación libre, plural y diversa. En lugar de abordar estos temas, el informe convierte a la Defensoría en una mera oficina técnica, sin función pública significativa. Se detallan la eliminación de equipos, el despido de personal especializado y la paralización de programas históricos vinculados a la protección de los derechos de las audiencias, sin justificar los criterios adoptados ni evaluar sus consecuencias. La lógica del ajuste se presenta como el eje central, sin mencionar en ningún momento el marco normativo ni los estándares internacionales sobre libertad de expresión.
Desmantelamiento encubierto
En lugar de fortalecer a la Defensoría como un espacio clave para la protección de los derechos comunicacionales, el informe opta por un ajuste que debilita su capacidad de intervención y monitoreo. Se omite cualquier mención a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), que sustenta la existencia del organismo, y se desoye el reconocimiento de los derechos comunicacionales de grupos históricamente vulnerados, como niños, niñas y adolescentes, pueblos originarios, mujeres y personas con discapacidad. Las audiencias, el público en general, simplemente no existen en el informe. Este documento despolitiza una institución creada para empoderar a la ciudadanía frente a los medios, reduciéndola a un apéndice estatal innecesario e ineficiente.

Al enfocarse únicamente en supuestas irregularidades administrativas, el informe construye un relato de ineficacia, que prepara el terreno para su desactivación. Este enfoque se produce en paralelo al vaciamiento de otros organismos clave de regulación y control, como el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom). La intervención, entonces, no parece una oportunidad de mejora institucional, sino una maniobra más en un proceso más amplio para desmantelar las políticas públicas de comunicación democrática impulsadas en los últimos años.

Ausencia de voces del sector y de participación
Es llamativo que el informe no incluya testimonios ni diagnósticos de los colectivos afectados, ni tampoco un diálogo con sectores académicos, sindicales o comunitarios. La Defensoría fue concebida como un organismo participativo, pero la intervención presentada se caracteriza por una gestión verticalista y desprovista de rendición de cuentas a las audiencias reales. Esta omisión de voces del sector refleja un enfoque cerrado y desconectado de las necesidades y demandas sociales.

Ajuste y persecución política
El presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática, Pablo Carro, expresó en su cuenta de X: "Soher El Sukaria dinamita la Defensoría del Público para luego decir que no sirve y pretender cerrarla. Además, persiguió a los trabajadores por su orientación política para que aceptaran un retiro voluntario".

"La funcionaria cobra bien por hacer lo que vino a hacer; solo que termina su tarea y sigue sin saber el para qué de una Defensoría del Público, su importancia crucial para fortalecer nuestra democracia. No dice una sola palabra sobre la crisis actual del sistema de medios. No brinda argumentos para su cierre. No le reconoce derechos a las audiencias, al público en general ni a los periodistas en particular. Nada, solo ajuste y persecución política". "Nos vemos en el Congreso", concluyó Carro.

Ver también: No al cierre de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Villarruel intervino la Defensoría del Público, Defensoría del Público: Por más defensa de las audienciasVillarruel intervino la Defensoría del Público, Solicitan la conformación de la Comisión Bicameral para la Defensoría del Público y ENaCom, Defensoría del Público: Por más defensa de las audiencias, El PRO lleva a cabo una auditoría ilegal en la Defensoría del Público, Defensoría del Público: Despidos, remates y una intervención ilegal al servicio del poder concentrado

lunes, 21 de abril de 2025

Calidad informativa vs. violencia mediática

El sensacionalismo en busca de audiencias montado sobre noticias falsas. Tiempos de posverdad que no reparan en los daños a las personas. La importancia de un periodismo responsable que actúe con respeto a la verdad y resguarde los derechos de las personas
Por: Roberto Samar
Una noticia de Crónica TV duró más de dos horas en vivo: "un peligroso psicópata que obtiene gatitos mediante engaños para torturarlos y asesinarlos, filmando sus actos de crueldad extrema y subiéndolos a redes digitales".

"Terror por el maltratador de animales" dice la placa. "Terror en el barrio. Maltratador suelto", subraya el zócalo con música escalofriante.

Información sin chequear, excitación, desesperada búsqueda de audiencias y transmisión en vivo.

Matías Fulco fue víctima de un caso de suplantación de identidad en redes digítales. Le robaron la imagen y las mezclaron con otras truchas de tortura de animales. A raíz de esto sufrió agresiones en su casa trasmitidas y estimuladas por el movilero. Casi le queman la vivienda.

"El que mata a un gato, mata a una persona" dice el supuesto periodista desde el piso. Maltratador, degenerado, asesino, psicópata y perverso lo definen juzgándolo sus colegas mientras exponen el nombre y rostro del joven.

"Lo vamos a hacer mierda", "lo vamos a matar a este loco", levanta acríticamente el movilero testimonios de vecinos. Desde el piso de Crónica TV dicen Matías "estaría armado" y "tendría distribución de imágenes de abuso sexual infantil"

Subidos en una transmisión que evidentemente medía, agregan que el joven es misógino y pedófilo mientras piden el aumento de penas para que esto no pase más.

Las noticias falsas circulan más rápido que las verdaderas. La emotividad es la clave que acelera la difusión. El punitivismo y la violencia son el clima de época para pensar los conflictos. Atraídos por una audiencia que crece la información verdadera o falsa, eso no importa, circula y se construye como mercancía.

La Guía para un tratamiento responsable de las noticias policiales de la Defensoría del Público sostiene que se debe privilegiar el respeto de la persona humana y de sus garantías constitucionales, es decir, respetar por ejemplo el principio de inocencia. Asimismo, respetar la identidad, la intimidad y la privacidad de las personas implicadas y difundir la información constatada en fuentes fehacientes, en lugar de privilegiar la primicia como único criterio noticioso.

En tiempos de posverdad y falta de empatía se pierden de vista a las personas. Matías tiene asperger. La violencia mediática, vecinal y digital que sufrió dejarán marcas que deberá cicatrizar.

En tiempos de crueldad, en los cuales desfinancian organismos claves como la Defensoría del Publico, la responsabilidad periodística se vuelve imprescindible. También es vital fortalecer las miradas críticas y los usos responsables de las redes digitales tan proclives a la estigmatización y la violencia.

Este caso no solo expone la fragilidad de los derechos individuales frente a la voracidad mediática, sino también la urgencia de repensar el rol del periodismo en una era donde la emotividad y la espectacularización reemplazan a la verdad. La ética no puede ser opcional. En tiempos de posverdad, es necesario recuperar la empatía y fortalecer una ciudadanía crítica que no consuma sin cuestionar. Porque detrás de cada "monstruo" fabricado, puede haber otra realidad.

*Licenciado en Comunicación Social UNLZ. Especialista en Comunicación y Culturas. Profesor de la UNRN.
Fuente: Diario PáginaI12

jueves, 26 de diciembre de 2024

Defensoría del Público: Despidos, remates y una intervención ilegal al servicio del poder concentrado

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, señaló que el organismo fue creado “por el kirchnerismo para doblegar al periodismo independiente”. La extitular del organismo, Miriam Lewin, cuestionó que el Gobierno basa su comunicación en "una granja de cientos de twitteros que persiguen e intimidan al que piensa distinto". La resolución 107 disminuye la planta de empleados de la Defensoría del Público de 144 a 40, remata el estudio de TV portátil y reestructura sus funciones. El organismo fue creado por ley y funciona desde hace más de 12 años. Su intervención -incluido el ajuste- dispuesto por el gobierno restringe derechos
Por: Ernesto Lamas. Director de Capacitación y Promoción de la DPSCA 2012-2018

Durante un acto en Parque Lezama en octubre de 2024, el presidente Javier Milei arengó a 3000 asistentes para que gritaran «hijos de puta» a todos los periodistas menos a uno que, dijo, “es un buen profesional».

En la misma semana Soher El Sukaria, flamante interventora de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA), paseaba por medios simpatizantes del oficialismo para denunciar que la Defensoría se había dedicado durante años a «perseguir periodistas» y que había encontrado «listas negras» con los nombres de esos profesionales. Sus dos afirmaciones son falsas.

La DPSCA fue creada por la Ley de medios audiovisuales en 2009 y comenzó a funcionar en noviembre de 2012. Su misión es defender a las audiencias de radio y televisión y promover el derecho humano a la comunicación y la libertad de expresión. En 12 años nadie denunció haber sido perseguido. Todo lo contrario. Hay innumerables testimonios escritos y grabados de periodistas, trabajadores de medios públicos, privados y comunitarios, empresarios y funcionarios agradeciendo la función pedagógica del organismo, su rol de mediación y su capacidad de diálogo.

Incluso en casos donde existían notables diferencias de opinión respecto a los asuntos tratados, el vínculo de la DPSCA con medios y periodistas fue siempre respetuoso y promotor del diálogo sin grietas. Todavía pueden verse en la web videos de «casos resueltos» en los que tanto audiencias de radio y televisión que presentaron reclamos, como productoras y periodistas destacan el papel de la Defensoría.

Un caso destacado es el del periodista Jorge Lanata. Varias veces, en su programa en radio Mitre, se refirió a Florencia de la V como «un señor». Hubo decenas de reclamos por parte de la audiencia y la Defensoría convocó tanto al periodista como a las autoridades de la radio a dialogar para consensuar una reparación y ofrecer una formación al comunicador y su equipo. Lanata nunca se disculpó pero radio Mitre aceptó poner al aire una campaña por el respeto a las diversidades que se escuchó durante un mes en las tandas (incluidas las del programa de Lanata). Cada hora se emitían avisos que planteaban que "la Ley de Identidad de Género garantiza el derecho de cada persona a desarrollarse como es, sea cual sea el sexo que le asignaron al nacer".

Lanata participó este año en una de las audiencias públicas de la DPSCA. En su presentación el periodista destacó el trabajo de la Defensoría y alertó acerca de avances preocupantes sobre la actividad periodística por parte del gobierno de ultraderecha. La intervención de la Defensoría del Público suspendió las audiencias públicas.
Ver también: No al cierre de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Villarruel intervino la Defensoría del Público, Defensoría del Público: Por más defensa de las audienciasEl PRO lleva a cabo una auditoría ilegal en la Defensoría del Público
Defensora autopercibida
Después de la finalización del mandato de la última defensora del público, las autoridades del Congreso deberían haber convocado a la Comisión bicameral que tiene la potestad de elegir al defensor o defensora. Sin embargo, decidieron nombrar a Soher El Sukaría como interventora para realizar una "auditoría patrimonial y funcional". Le dieron un plazo de 180 días y 60 días extra para redactar el informe y presentarlo al Congreso.

La interventora sumó más empleados: personas de su confianza y ningún conocimiento en derechos a la comunicación. Con el paso de las semanas la interventora comenzó a autopercibirse defensora. Cambió su cargo en la página web a «Defensora interina», aunque los únicos autorizados según la ley para nombrar una defensora son los miembros de la Comisión Bicameral, es decir las y los legisladores.
Cierre del año con ajuste

La interventora suspendió todas las actividades para lograr así la profecía autocumplida de «un organismo público que no hace nada». Este tipo de decisión es una constante del gobierno. La Defensoría es un organismo creado por una ley que está vigente. El gobierno no promueve la modificación de la ley a través de los mecanismos de la deliberación democrática sino que impone una política de hechos consumados: hace que la Defensoría deje de cumplir sus funciones.

La intervención llevó al extremo el congelamiento de la DPSCA. Sin actividades, casi sin comunicación oficial salvo para alguna efeméride, puso el foco en el achicamiento de la planta de trabajadores. En una primera tanda dejó afuera a contratados y planta transitoria y apuró los expedientes de las personas que estaban en edad de jubilarse. Abrieron un registro de retiros voluntarios y pasaron a disponibilidad (que permite despedir a trabajadores luego de un año de dispensa). Todas estas maniobras sin contar con un mandato de parte del Congreso que solamente habilitó a la interventora a "realizar una auditoría".

Todos los años la DPSCA entregó informes detallados al Congreso de todas sus acciones, presupuestos, casos resueltos, capacitaciones, alianzas y publicaciones. Esos informes fueron recibidos, analizados y aprobados por la Comisión Bicameral de Servicios de Comunicación Audiovisual que siempre contó con representación plural de los partidos políticos. Esa aprobación no hubiese sido factible si el organismo defensor se hubiese dedicado a hacer lo que la actual intervención inventa en su relato.

El Congreso, las leyes que aprueba y el Estado que gestiona tienen como objetivo plantear reglas de convivencia, acuerdos básicos para la construcción de una nación y la protección de derechos de la ciudadanía. La Defensoría del Público, creada por una ley que aún está vigente, trabajó durante 12 años en defensa de las audiencias de medios audiovisuales, resolvió positivamente miles de reclamos, recorrió el país con capacitaciones para promover y ampliar la libertad de expresión, creó condiciones para que todas y todos puedan ejercer su derecho a la comunicación. La intervención gubernamental está coartando ese derecho con una narrativa de supuesta eficiencia mientras gobierna para favorecer al poder concentrado en todos los ámbitos, también en el de la comunicación.
La resolución 107 introduce los siguientes cambios significativos:
Reducción de personal: La planta pasa de 144 empleados a 40, lo que implica el despido de 100 trabajadores.
Remate del estudio de TV portátil: Este equipo, utilizado para capacitación y actividades en eventos públicos, como las temporadas estivales, será desmantelado.
Revisión de funciones: Se restringe el uso del organismo para evitar su utilización como herramienta de persecución, según indicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado
ATE cruzó al Gobierno por los despidos en la Defensoría del Público: "Pretenden allanar el camino para tener sus propios ensobrados"
"Con esta medida, el Gobierno aniquila el derecho a la comunicación democrática que tienen las audiencias de todos los medios de comunicación audiovisuales", apuntó Rodolfo Aguiar.

Luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebrara el despido de 104 trabajadores de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA), el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló: "Rechazamos este centenar de cesantías ilegales que le pone fin a la comunicación democrática en el país y allana el camino para los propios ensobrados que el Gobierno quiere tener".

"Con esta medida, terminan de aniquilar el derecho a la comunicación democrática que tienen las audiencias de todos los medios de comunicación audiovisuales. Se quiere evitar que los medios y periodistas oficialistas sean denunciados. Quieren impedir todo tipo de reclamo de parte de las audiencias. Se trata de un verdadero ataque a la democracia", indicó el dirigente estatal.

En este marco, el Secretario General de ATE apuntó: "Sin lugar a dudas esta es una decisión que está orientada a fortalecer el relato fantasioso de un Gobierno que pretende hacernos creer que es el mejor de la historia, pero con sus políticas en tan solo 12 meses deterioró de manera grave las condiciones de vida de toda la gente".

Mediante la Resolución 107 de la cartera de Sturzenegger, se redujo en dos tercios la planta del organismo poniendo en peligro su pleno funcionamiento. 

La Defensoría del Público busca defender el derecho a la comunicación democrática de las audiencias de los medios audiovisuales en todo el territorio nacional, garantizando la libertad de expresión de quienes producen contenidos, determinando facultades y obligaciones de quienes emiten y son receptores de medios. También tiene el objetivo de intermediar entre ambos extremos en representación de los intereses y derechos de las audiencias. 

La Defensoría recibe y canaliza las consultas, reclamos y denuncias del público para que sus derechos ciudadanos como receptores de medios sean respetados. Sin la dotación adecuada de personal, esta función no podría realizarse correctamente. 

Esto dijo Sturzenegger:
Fuente: Tiempo Argentino

jueves, 7 de noviembre de 2024

El PRO lleva a cabo una auditoría ilegal en la Defensoría del Público

La interventora de la Defensoría del Público, Soher El Sukaria, lleva varios meses en el cargo. En agosto de 2024, el diario La Voz publicó: "La intención del gobierno libertario es cerrar ese organismo, tal como prometió el presidente Javier Milei, una vez que finalice una auditoría que llevará adelante la dirigente del PRO". 

"La principal función será realizar una auditoría del organismo y evitar cualquier cuestión que tenga que ver con el patrullaje ideológico o el monitoreo de aquellos que piensan diferente", explicó El Sukaria, quien también anunció el inicio de una auditoría exhaustiva en la Defensoría. "La auditoría tiene como propósito evaluar el desempeño de la gestión anterior, el cumplimiento de los objetivos y la finalidad para la que fue designada la ex titular, y verificar si el cometido de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual ha sido cumplido conforme a la ley, en virtud de las denuncias realizadas", se detalla en el decreto de su designación.
La S está siendo auditada

Desde el entorno de la interventora, recordaron que de la Defensoría del Público surgió la creación de la polémica red Nodio, un "Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales", cuyo objetivo, según se planteaba en el gobierno anterior, era "proteger a la ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y falacias".
La Defensoría del Público es un organismo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para difundir, promover y defender los derechos de las audiencias de la radio y la televisión. Recibe y canaliza consultas, reclamos y propuestas para que el derecho a la comunicación democrática sea respetado. Entre sus funciones y misiones, establecidas en el artículo 19, está la de "convocar audiencias públicas en diferentes regiones del país a efecto de evaluar el adecuado funcionamiento de los medios de radiodifusión”
El Sukaria ha señalado que la Defensoría del Público fue utilizada para "perseguir a periodistas y acomodar amigos". Esta declaración se produjo después de conocerse el nombramiento de cinco miembros de su círculo íntimo e integrantes del PRO de Córdoba, quienes recibirán sueldos de hasta $3.500.000, equivalente a lo que gana un legislador provincial de Córdoba. Estos nombramientos fueron realizados entre el 18 y el 19 de septiembre, destacándose el de Pablo Steinaker como secretario general de la Defensoría. Steinaker, quien es secretario privado y mano derecha de El Sukaria, percibirá $3.500.977,56, el equivalente a un secretario de la Cámara de Diputados, sin contar el concepto de desarraigo, según informó el diario La Voz.
En un video publicado en sus redes sociales, El Sukaria reseñó: "Esta es la calle Alsina 1470. Aquí se encuentra la Defensoría del Público de Servicios Audiovisuales, un lugar donde trabajamos todos los días. Esta institución, nacida con la Ley de Medios (SIC), y en la que me han asignado la responsabilidad de ser interventora, está realizando una auditoría. Aquí defendemos los derechos de las audiencias, es decir, de todos los que consumen radio o televisión. Aquí trabajan 140 personas y depende del Congreso de la Nación. Junto a mi equipo, estamos comprometidos a transparentar, informar y definir qué derechos de las audiencias se vulneran o no. Con el equipo del PRO estamos trabajando incansablemente para elaborar el mejor informe y tomar las mejores decisiones a diario", aseguró la interventora. En otras palabras El Sukaria nos cuenta que el PRO encabeza una auditoría en la Defensoría del Público: ¿es legal?. ¡No! Es un órgano del Poder Legislativo Nacional, quién debería ocuparse del tema.
 
La funcionaria no oculta que su mandato responde a los lineamientos de Propuesta Republicana (PRO) o Juntos por el Cambio, como se llame la coalición al cierre de esta nota. Ya en 2023, el bloque del PRO en la Cámara de Diputados había presentado un proyecto para disolver la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, argumentando que dicha entidad realiza la misma función que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) y que su observatorio de medios excede sus competencias, incurriendo en actos de control periodístico que podrían conducir a la censura. El proyecto, encabezado por la diputada Silvana Giudici, también lleva las firmas de los diputados Fernando Iglesias, Luciano Laspina, José Luis Espert, Damián Arabia, Diego Santilli, Hernán Lombardi, Martín Yeza, Alejandro Finocchiaro, entre otros. En este proyecto, exigen la disolución de la Defensoría y la transferencia de su personal, presupuesto y bienes a la Defensoría del Pueblo de la Nación.
En sus redes, la interventora también relató: "En este momento se está llevando a cabo la subasta de un automóvil y un tráiler de la Defensoría del Público. Nos hemos propuesto transparentar y ordenar, y lo estamos logrando día a día". Sin embargo, mostró desconocimiento al referirse a la "Ley de Medios", ya que la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual no abarca los medios gráficos o digitales. El tráiler, conocido como "Defensoría Móvil", se utilizaba para instalarse en distintos espacios públicos del país con el fin de difundir el derecho a la comunicación. Entre las diversas iniciativas, destacaba la campaña "Salí en los medios como vos quieras", que promovía la ruptura de estereotipos impuestos por los medios audiovisuales.

Es importante señalar que la interventora de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Soher El Sukaria, no cuenta con antecedentes vinculados a medios de comunicación ni a los derechos de las audiencias.

En 2021, la diputada El Sukaria protagonizó un curioso incidente cuando un periodista televisivo criticó el estado del tránsito en la avenida Córdoba, una de las más transitadas de Buenos Aires. La legisladora interpretó erróneamente que se refería a su provincia natal, y escribió en X: "La avenida del mal, la avenida del infierno, una avenida que de no existir, seguro Argentina sería potencia. Pero lamentablemente, Córdoba todavía existe, y nos encontramos en una situación difícil". La publicación fue reportada por el diario Página12.

¿A quienes rinde cuenta la Defensoría? 
"La Defensoría rendía cuentas anualmente a la Comisión Bicameral del Congreso, que no funciona desde hace tres años, y es a esa comisión a la que, por ley, debe rendir cuentas. También existen controles y rendiciones hacia el Ministerio de Economía, que es quien envía las partidas. Al no estar constituida la comisión, estos procesos se dejaban sin seguimiento administrativo. La mayoría de la información es pública y se encontraba publicada en la página web. El gobierno debería haber conformado la Comisión Bicameral en el Congreso, para que dicha comisión propusiera un nuevo Defensor o Defensora y evaluara la gestión del organismo. 

Cabe señalar que el titular o la titular de la Defensoría del Público debe ser designado por resolución conjunta de ambas cámaras del Congreso, a propuesta de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización. Previamente, se debe publicar el nombre y los antecedentes del candidato o la candidata para habilitar un período en el cual los ciudadanos puedan presentar observaciones e impugnaciones.

Un caso similar
En 2019, la primera decisión tomada por la intervención de ese momento fue realizar una auditoría falsa, que pretendió analizar en solo un mes el trabajo de seis años. Como resultado de esta auditoría y tras un informe con clara persecución ideológica, se desplazó a responsables de diversas direcciones sustantivas, así como a quienes estaban a cargo del trabajo territorial y la organización de las audiencias públicas. Además, continuó la política de hostigamiento hacia quienes permanecieron en sus cargos, y no se permitió presentar el informe sobre el monitoreo de los noticieros de la TV abierta, que la Defensoría realiza habitualmente.

No sanciona
Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Comunicación, sostuvo que el rol del organismo es similar al de varios otros en países como el Reino Unido, Alemania o Suecia, y destacó que no tiene facultades sancionatorias. 'Es una entidad que realiza mediaciones entre licenciatarios de radio y TV y las audiencias. Además, su alcance es limitado porque no tiene competencias sobre medios digitales', añadió. Es por eso que siempre se promovió el diálogo y se desarrolló una tarea pedagógica con comunicadores y responsables de medios, contó un exintegrante de la institución.

miércoles, 25 de septiembre de 2024

Defensoría del Público: Por más defensa de las audiencias

Las funciones de la Defensoría del Público creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y hoy cuestionada por el gobierno de La Libertad Avanza y sus aliados en el Congreso. Los argumentos para intentar desmantelarla. Una maniobra legislativa para nombrar nuevas autoridades. La democracia como espacio de disputa y construcción de lo colectivo en términos informativos
La diputada 
Soher El Sukaria, designada irregularmente en la Defensoría del Público junto a Milei
Por Silvana Iovanna Caissón*
La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina se crea en noviembre de 2012 a partir de lo establecido en el artículo 19 de la aún vigente Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N. 26.522 del 2009. Este organismo, ejemplar a nivel regional e internacional, tiene como objetivo recibir y canalizar consultas, reclamos y denuncias de las audiencias de los servicios audiovisuales, crear ámbitos participativos vinculados a la comunicación y sugerir modificaciones sobre políticas de comunicación a partir de consultas públicas. Es decir, la Defensoría no es un organismo de control, recibe demandas de la ciudadanía y las acerca en formato de recomendaciones a medios y órganos de contralor en materia de comunicación. Es única en su tipo y no hay otros organismos que puedan cumplir sus funciones. La Defensoría trabaja sobre el principio de respeto y pluralidad informativa.

Parece descabellado tener que citar una ley vigente, pero en tiempos donde la libertad de prensa vuelve a equipararse con la libertad de empresa, las funciones de la Defensoría están siendo cuestionadas. A fines de 2023, la diputada nacional por el radicalismo Silvana Giudice junto con otros legisladores de su bloque, presentaron un proyecto para disolverla y mes a mes no se cansan de insistir mediáticamente en ello.

¿Con qué argumentos?
La libertad de expresión es un derecho supremo con rango constitucional reconocido a nivel internacionalcomo la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros tratados incluidos en el artículo 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna. Pero este derecho, recordemos, tiene un aspecto individual y otro colectivo. Por un lado, nos abre la posibilidad de producir y difundir libremente nuestras ideas. Por el otro, nos recuerda que eso conlleva responsabilidades sociales e individuales. Y si bien, esto no implica regular las conversaciones en el ámbito público, constitucionalmente indica que, para convivir y dialogar, lo primero que tenemos que hacer es respetar. Ese es el sentido de la Defensoría: acerca, promueve y trabaja por el respeto, al menos, en los medios audiovisuales.

Pero, además, todas esas normativas internacionales indican que los Estados tienen obligaciones en materia de derecho a la libertad de expresión en términos positivos, es decir, deben tomar acciones que eviten la restricción de la expresión por vías indirectas, por ejemplo, no poder acceder y participar de medios de comunicación. Es aquí, donde la convocatoria a audiencias públicas por parte de la Defensoría del Público se vuelve esencial en Argentina. Niños, niñas, jóvenes, miembros de comunidades originarias, estudiantes, docentes, adultos mayores, colectivos de diversidad y migrantes, trabajadores de prensa, participaron de ellas desde el año 2013 para expresar ante el organismo cómo se ven afectados sus derechos a la expresión, información y comunicación. La ciudadanía acerca sugerencias que la Defensoría toma y formula para que otros organismos o medios las atiendan. Y si bien tiene potestad para actuar de oficio (art. 19 inc. A de la Ley SCA), sólo se ha dedicado a mediar y sugerir.

¿Por qué entonces insisten con su desmantelamiento?
En agosto de este año, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel , designaron de manera irregular a la legisladora cordobesa Soher El Sukaria como autoridad a cargo del organismo. Como denunció hace semanas el diputado Pablo Carro , en ningún momento las autoridades legislativas convocaron a la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, responsable del nombramiento del defensor. ¿Qué ha hecho desde entonces la nueva titular? Pedir informes, controlar y fiscalizar los casi doce años de trabajo de un organismo central para el ejercicio del derecho a la comunicación en Argentina. ¿Con qué objetivos?

En todos estos años la Defensoría convocó a audiencias públicas para escuchar a la ciudadanía en materia de comunicación: realizó relevamientos y estudios cuyos resultados derivaron en guías y recomendaciones sobre el tratamiento informativo basados en el respeto a los derechos humanos; brindó capacitaciones en todo el sistema educativo y en comunidades del país en relación a la protección de derechos en el sistema infocomunicacional; y ofreció charlas en ámbitos laborales mediáticos y no mediáticos. Todo esto está detallado en los informes que cada año presentó la Defensoría a la Bicameral y que están disponibles públicamente en su página web .

En un contexto donde las regulaciones estatales caminan hacia el déficit cero y favorecen la libertad de empresa, no podemos esperar que la mano invisible del mercado defienda los derechos de las audiencias. Mucho menos que considere a la información como un bien público en vez de una mercancía. Le guste o no a este gobierno, la democracia sigue siendo un espacio de disputa y construcción de lo colectivo también en términos informativos.
*Magister en Política y Planificación Social, becaria de CONICET UNSJ-UnCuyo
Fuente: Diario PáginaI12

miércoles, 21 de agosto de 2024

Solicitan la conformación de la Comisión Bicameral para la Defensoría del Público y ENaCom

El Diputado José Pablo Carro, presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, ha dirigido un comunicado al presidente de la Cámara, Martín Alexis Menem, solicitando la urgente integración de la Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de Información y Comunicación, y la Digitalización.

En su carta, Carro argumenta que la falta de conformación de esta Comisión Bicameral ha generado una acumulación de asuntos pendientes que son de interés para diversas fuerzas políticas. Destaca que la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual  -actualizado por DNU 267/2015-, otorga a esta Comisión la responsabilidad de nombrar representantes para el ENaCom y Radio Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA S.E.), así como de designar al titular de la Defensoría del Público y evaluar su desempeño, el control del cumplimiento de las disposiciones referidas a Radio y Televisión Argentina S.E. y del cumplimiento general de lo dispuesto por las leyes de Servicio de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital sobre servicios TIC. "Estas son atribuciones del Parlamento Argentino, no de interventores de turno", remarca.

Carro también expresa su preocupación por las recientes intervenciones del presidente de la Nación en estos organismos, lo que, según él, vulnera lo dispuesto por la ley vigente y ha reducido la transparencia en la gestión pública. Además, solicita que se haga público el documento del ENaCom que fundamenta la prórroga de su intervención hasta 2025.

El diputado critica que: "en lugar de proceder institucionalmente a convocar para la constitución de una Comisión Bicameral pluripartidaria que debe fiscalizar el funcionamiento de organismos en la órbita del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, ustedes obturan este normal funcionamiento en sintonía con partido del Gobierno, y de acuerdo a los propios fundamentos de la Resolución Conjunta 55/24, hacen lugar a un pedido de diputados del bloque PRO para disponer una intervención de la Defensoría designando a una persona miembro de esa fuerza política por al menos 240 días, según se desprende del mandato que le otorgan". En esa Resolución se designó interinamente a Soher El Sukaria como titular de la Defensoría del Público.

Carro hace un llamado a la presidencia de la Cámara para que se actúe conforme a los mecanismos democráticos y se convoque a la Comisión Bicameral para que pueda cumplir con sus funciones y garantizar la transparencia y el equilibrio en la gestión de los organismos de comunicación.

El comunicado finaliza con un llamado a respetar el funcionamiento institucional y a garantizar los derechos de las audiencias y la libertad de expresión, elementos fundamentales para el funcionamiento democrático del país.

jueves, 15 de agosto de 2024

Villarruel intervino la Defensoría del Público

Soher El Sukaria, exdiputada nacional del PRO, es la nueva interventora de la Defensoría del Público

La intervención al organismo creado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner es por seis meses. La interventora es Soher El Sukaria, exdiputada del PRO, no cuenta con ninguna experiencia previa ni formación en materia de derechos de las audiencias.

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, intervino la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual por 180 días, una medida interpretada por sectores críticos como un ataque a la normativa vigente en materia de derechos de las audiencias.

La Defensoría del Público fue creada en 2009 como parte de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, bajo la Ley 26.522, con el objetivo de garantizar el derecho a la información y promover una relación más equitativa entre las audiencias y los medios de comunicación. La función principal del organismo es recibir denuncias, consultas y reclamos de las audiencias, además de fomentar la participación ciudadana en los medios. Desde su creación, el organismo se posicionó como una institución modelo a nivel internacional en la defensa de los derechos de las audiencias.

Sin embargo, la Defensoría también estuvo envuelta en polémicas. Una de las más resonantes ocurrió durante la gestión de Miriam Lewin, cuando en 2020 se lanzó el dispositivo "Nodio", una iniciativa que buscaba combatir la desinformación y los discursos de odio en los medios. La propuesta recibió duras críticas por parte de la oposición y sectores del periodismo, que la consideraron un intento de censura encubierta. A pesar de la defensa oficial, que argumentó que el proyecto tenía como objetivo proteger la calidad de la información, el dispositivo fue visto como un ataque a la libertad de expresión y quedó marcado como un episodio controversial en la historia del organismo.

En esta ocasión, la Comisión Bicameral, encargada de designar a la titularidad del organismo, no realizó a tiempo el nombramiento a tiempo, lo que facilitó la intervención por parte del Ejecutivo.

Soher El Sukaria, exdiputada del PRO y concejala de la ciudad de Córdoba, fue designada interventora del organismo. Sin embargo, su nombramiento puede generar controversia ya que no cuenta con antecedentes ni experiencia vinculada a los medios de comunicación ni a la defensa de los derechos de las audiencias. Esto despertó preocupaciones sobre la independencia y la futura orientación de la Defensoría.
Fuente: eldiario.ar 

sábado, 13 de julio de 2024

Las audiencias de Radio Nacional de todo el país piden escuchar la programación local

La Defensoría del Público recibió una gran cantidad de reclamos luego de que el Gobierno Nacional tomara la decisión de que la programación local de las emisoras de Radio Nacional en todo el país fuera reemplazada por espacios producidos en LRA1 Buenos Aires.

Precisamente, las 49 emisoras de Radio Nacional fueron obligadas a transmitir la señal LRA1, desde la Ciudad de Buenos Aires, decisión que deja al público sin acceso a la información local y regional, principalmente en el horario central de las mañanas, que estará ocupado por un programa de entretenimiento.

“Es una herramienta fundamental en la región patagónica, como en el resto del país. En nuestra región existen muchos campos con sólo esa herramienta de comunicación a través del mensajero rural. Es imprescindible que no se baje la programación”, relata una persona que realizó una presentación al organismo.

La resolución del Gobierno expresa que "en virtud de lo establecido por la intervención de RTASE, se informa que todas las frecuencias de AM y FM de todas las emisoras del país deben transmitir parte de la nueva programación de LRA1 RN Buenos Aires".

Entre los múltiples reclamos ingresados, se puede leer:
  • "Es una falta de prestación de servicios de información local e insuficiente cobertura de mensajes al poblador rural".
  • "Denunciamos totalmente el corte de transmisión de la radio Nacional Esquel y la transmisión solamente de la radio Nacional con sede Buenos Aires, que produce los mensajes a pobladores indispensable para la comunicación de la gente que vive en zona rural en la provincia del Chubut".
  • "Quiero escuchar información local de LRA9 Radio Nacional Esquel, es importante la información que se transmitía, para la gente del campo es su única forma de mantenerse comunicada".
  • "LRA9 radio nacional Esquel es súper necesaria en cuanto a su programación local: estado de rutas y calles, temperatura y clima en general, mensajes a pobladores, comunicación entre vecinos, con gobernantes locales y provinciales, recreación con temas locales, contacto con zonas rurales… en fin: seguir comunicados con lo propio y no con noticias de 2000km de distancia".
  • "Quiero escuchar la programación local".
  • "Radio nacional Zapala dejará de transmitir programas locales, rechazo esta prohibición por una radio federal descentralizada".
  • "La reducción de transmisión local que perjudica gravemente al interior patagónico en tiempos de emergencia climática. La Radio Nacional es la única que llega con noticias al interior rural".
Radio y Televisión Argentina tiene entre sus objetivos "respetar y promover el pluralismo político, religioso, social, cultural, lingüístico y étnico; garantizar el derecho a la información de todos los habitantes de la Nación Argentina; promover el desarrollo y la protección de la identidad nacional, en el marco pluricultural de todas las regiones que integran la República Argentina; promover la producción de contenidos audiovisuales propios y contribuir a la difusión de la producción audiovisual regional, nacional latinoamericana; garantizar la cobertura de los servicios de comunicación audiovisual en todo el territorio nacional".

Y tiene entre sus obligaciones, "considerar permanentemente el rol social del medio de comunicación como fundamento de su creación y existencia, asegurar la información y la comunicación con una adecuada cobertura de los temas de interés nacional, regional e internacional; difundir y promover las producciones artísticas, culturales y educativas que se generen en las regiones del país Instalar repetidoras en todo el territorio nacional y conformar redes nacionales o regionales (Artículos 121 y 122, ley 26.522)".


Fuente: Defensoría del Público

jueves, 16 de mayo de 2024

Desfinanciando medios también se limita la libertad de expresión

Dos centenares de personas expusieron en la Audiencia Pública 2024, que se caracterizó por la pluralidad de voces, la diversidad de reclamos por el derecho a la comunicación, el rechazo a los discursos de odio y la situación que atraviesan los medios públicos. Hoy expusieron los periodistas Jorge Lanata y Luisa Corradini.

"Es muy grave todo lo que está pasando, pero no tenemos que deprimirnos. Hay que seguir produciendo comunicación popular, defender el derecho a la comunicación y la libertad de expresión. Salta a la vista cuál es la radiografia del ecosistema de medios, hay una regresión de derechos y una reacción activa por desarticular desmantelar las políticas publicas vinculadas a la comunicación".

La tercera y última jornada de esta fructífera Audiencia Pública arrancó y finalizó con las palabras de la Defensora del Público Miriam Lewin, que explicó la urgencia de este recorrido federal: "Desde diciembre del año pasado se han comenzado a dar cambios vertiginosos en el ecosistema de medios de comunicación y no podíamos esperar a que avanzara el año para tener un diagnóstico".
Para el inicio, la Directora General del Instituto Interamericano de Niños, niñas y adolescentes de la Organización de Estados Americanos (OEA) María Julia Garcete, postuló cuatro tipologías de niños, niñas y adolescentes que aparecen representados en los medios: el niño o la niña víctima, infractor/a, objeto sin voz y finalmente el niño o niña protagonista que sigue adscripto a intereses adultos. Y dijo que pensar "una comunicación para el desarrollo implica posicionar al niño o niña como un sujeto de derecho dejando de ser un receptor y que tenga una participación activa y potente". Finalizó de este modo: "La participación no es un derecho deseable, es un derecho".

Luego fue el turno del Diputado Nacional y presidente de la Comisión de Comunicación de la Cámara de Diputados de la Nación, Pablo Carro. Se refirió al fuerte impacto que tiene la cancelación de la pauta oficial para los medios más pequeños, cooperativos, comunitarios, que no suelen recibir publicidades del sector privado, a diferencia de los medios grandes. Además, se refirió a las acciones que llevó el Ejecutivo en desmedro de la comunicación. Y concluyó: "Esto, claramente, es un ataque del gobierno de Milei a sectores muy importantes de nuestro país: la comunicación pública, la comunicación privada; la cultura y la educación. Todo esto pone en crisis el derecho a la comunicación y a la cultura, a nuestra democracia".
En otro momento de la larga jornada que duró casi siete horas y media, el periodista Jorge Lanata expuso sobre los ataques del presidente de la Nación a periodistas: "El problema no son sólo las agresiones, sino la imputación de delitos. Una cosa es que te digan mal periodista; que te digan que estás ensobrado es muy distinto". Por otro lado, reclamó que el Congreso debe discutir una Ley de pauta publicitaria e hizo una diferenciación entre grandes y pequeños medios, sobre todo por el rol que desempeñan con sus agendas periodísticas.

Por otra parte, desde Paraná, Aixa Boeykens, de la REDCom, que nuclea 37 carrearas de comunicación públicas y privadas de todo el país, postuló: "La situación que estamos viviendo en los últimos meses ponen en riesgo el derecho a la comunicación, el pluralismo y la libertad de expresión y afectan también el derecho a la educación, al trabajo y con ello las condiciones de vida individuales y colectivas de nuestra sociedad".
La periodista, corresponsal en el exterior, Luisa Corradini, expuso sobre los cuestionamientos que publicó la ONG Reporteros Sin Fronteras en su informe anual sobre la libertad de prensa. "Argentina fue severamente cuestionada desde la llegada del nuevo gobierno junto a países como Afganistán o Birmania y se derrumbó 26 lugares, ubicándose ahora en el puesto 66. Semejante retroceso es indigno de una democracia". "En mis lustros de profesión jamás escuché calificar a un periodista de ensobrado u operador", amplió.

Desde una radio campesina de Mendoza se ejemplificó la situación y el estado de las radios alternativas. "Tomamos la decisión de reducir nuestra programación, nuestras horas de aire", fue el crudo mensaje de Juan Burba, de Radio Tierra Campesina.
La Diputada Nacional ​​Carolina Gaillard,  vicepresidenta segunda de la Comisión de Exrpesiónjunto a los diputados ​​Germán Martínez –preside el bloque de Unión por la Patria- y ​​Eduardo Valdés, analizaron la situación de la comunicación actual. "Por primera vez en la historia del Parlamento, la Comisión de Libertad de Expresión no está presidida por la oposición. Es una acción poco democrática", expresó Gaillard. Y denunció que esta situación "es una forma de seguir atentado contra la libertad de expresión". También refirió que se le había pedido a la presidenta de la Comisión, la diputada  Emilia Orozco de La Libertad Avanza, que citara a periodistas y artistas victimas de agresiones para escucharlos, pero que esto no obtuvo respuesta positiva. "Queremos que la Comisión de Libertad de Expresión funcione", reclamó Martínez. Y finalizó Valdés, quien citó a Rosa de Luxemburgo: "La libertad es siempre la libertad del que piensa diferente…" Al finalizar, expresaron que la Comisión está a disposición de la Defensoría del Público.

Desde Mendoza, Myriam Arancibia, de la Red PAR, denunció la precariedad laboral y los bajos salarios de quienes se dedican al periodismo y el efecto de los discursos de odio  dirigidos especialmente contra periodistas mujeres y diversidades. En esa línea, Valeria Ruth Chervin, miembro del Programa Provincial de Medios Escolares, contó sobre la situación de las radios con frecuencias FM que tienen algunos centros educativos de la provincia de Córdoba. La falta de insumos, de manos de obra capacitada, fueron sus ejes. "Con el cierre de las delegaciones del ENaCom no tenemos interlocutores estatales con quien resolver problemas", aseguró.
En el mismo sentido expuso Susana María Morales, del Programa de Estudios sobre Comunicación y Ciudadanía: "En este período hay un recorte que amenaza la democratización de la comunicación para los pueblos indígenas". Situación similar viven los miembros de la comunidad indígena de San Felipe de la provincia de Salta, que no cuentan con los insumos necesarios para hacer funcionar la radio.

En otro pasaje de la Audiencia, Ana Sol Pérez Gaudio, Milagros Trucco y Larisa Amaranto, de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, invitaron a los y las periodistas a que sumen las voces de las infancias y adolescencias siempre desde una perspectiva de derechos.

También tuvo la palabra la periodista Mercedes Ninci, quien se solidarizó con los periodistas que recibieron agresiones, pero señaló que algunas personas no reaccionaron de la misma forma cuando fue ella fue atacada por manifestantes  frente a los Tribunales  federales de Comodoro Py.
Además, la participante del Colectivo de comunicadoresoriginarios.ar, Laura Inés Méndez, expresó su preocupación por el achicamiento del Estado que afectó a los FoMeCA y la afectación que produce que no haya representantes de pueblos originarios en el ENaCom.

En otra línea, Gustavo Díaz Fernández, de la biblioteca popular de género y diversidad, Fundación Crisálida, detalló lo que pasa con los medios indígenas en la provincia de Jujuy: "El acceso a Internet se está limitando muchísimo". Y pidió que haya buenas delegaciones del ENaCom porque es muy importante contar con esos espacios y que mejore la participación.

Desde el colectivo feminista de Córdoba NiUnaMenos, Mariel Soria se preocupó por el escaso lugar que tienen la agenda feminista y disidente en los medios locales. También hubo muchas voces que se levantaron en contra del lesbicidio ocurrido en el barrio de Barracas, y manifestaron su preocupación, como por ejemplo hicieron desde Paraná, integrantes de la Radio y TV "Somos orgullo". Hicieron foco en la ausencia de los medios masivos que no incluyeron al tema en la agenda.
Casi en el cierre, Maira López, de la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy, aseguró: "Existe una doble violencia hacia las mujeres y diversidades que hacen periodismo. Somos objeto principal de ataques y discursos de odio".

Desde Salta, de la FM de Adentro, la primera radio en contexto de encierro del país, se propuso escuchar a un joven en conflicto con la ley para exponer la importancia que tienen este tipo de talleres. "Acá podemos cantar y componer nuestra música. A la mañana me levanto pensando que a la tarde tengo que ir a hacer radio. Salimos saltando y corriendo a hacer radio, a escuchar música y expresarnos", relató. Y concluyó: "Elegí la radio como taller y aprendizaje como mi vida".

Por su parte, Arlando Plaza, del Observatorio de Políticas Públicas, Género y Diversidad de Jujuy aportó: "Se debe asegurar el derecho a la información de las comunidades originarias y de las localidades pequeñas".
Irene Roquel, del Área de Comunicación Comunitaria de Entre Ríos, opinó en la misma línea que las mayorías de las experiencias de comunicación alternativa: "Venimos viendo que esta vez el intento de desguace de lo colectivo es tal que no da respiro". Pero afirmaron que, pese a estos problemas, su pueblo seguirá teniendo una radio.

Ana Müller, de la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy, detalló su preocupación, el descontento e intentó con sus palabras solidarizarse con los más de mil trabajadores y trabajadoras de Agricultura Familiar que no han sido informados del desvinculamiento.

Varias participaciones señalaron insistentemente el perjuicio del desmantelamiento de las delegaciones del ENaCom, el cierre de la agencia TelAm y el cese de producciones de las emisoras de Radio Nacional.
Dos observaciones
Por el Chaco, la docente del instituto Rodolfo Walsh Diana Della Bruna expuso la experiencia de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social con orientación Multimedial, que además de dictarse en la sede principal, desde 2016 incluye una propuesta para personas privadas de libertad. El instituto es pionero en la provincia ofreciendo estudios terciarios y mencionó como un logro contar con la tercera cohorte en la alcaidía de varones, de Resistencia. 
Della Bruna señaló que las personas privadas de su libertad tienen visibilidad en los medios de comunicación audiovisuales de una sola manera: "en contextos negativos, únicamente en casos de motines, conflictos o hechos de violencia. Nos preocupan discursos sostenidos incluso desde páginas oficiales del Estado, donde se nombre como ‘presos’ a ‘personas privadas de libertad’ o se hable de ‘castigo’ y no de cumplir una condena como parte de un proceso de resocialización", ejemplificó. 

Otro punto se relaciona con la discusión sobre si se les permite el uso de celulares: "Los teléfonos sirven para que nuestros estudiantes accedan a información, investiguen y produzcan piezas comunicacionales de la carrera. Vemos con preocupación que se los demonice. Tanto la educación como el ejercicio del derecho a la comunicación favorecen la disminución de episodios de violencia dentro de las cárceles y también disminuye la tasa de reincidencia". 
En la vereda de enfrente  
El integrante de la Coalición por la Comunicación Democrática Luis Lázzaro lamentó que se produjera un "apagón informativo" en las filiales de Radio Nacional del país y citó bibliografía sobre teoría de libertad de expresión para señalar la importancia de los medios públicos. En el recorte de recursos, mencionó la eliminación de los Fomeca y de la pauta oficial, así como el desmantelamiento del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) y del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

La periodista María Elena Romero expuso por la cooperativa La Prensa Limitada del Chaco, una empresa recuperada en 2002 por sus trabajadores para editar El Diario de la Región. Además como integrante del Sindicato de Prensa destacó que la cooperativa represente un modelo de comunicación que va por la vereda de enfrente de lo que plantea el gobierno nacional: el individualismo, mercantilismo y una forma de denigrar a otros sectores de la sociedad. "Nuestra cooperativa trabaja en red, con lo comunitario", diferenció. 
En el contexto local lamentó que se haya desmantelado la FM La Chimenea, de Fontana, en la que tres trabajadores sostenían actividades para adolescentes de comunidades indígenas. Y que se cerrara la agencia Foco, que presentaba noticias con perspectiva de derechos humanos, de género y una comunicación como bien social. "Con los dos espacios trabajamos en pluralidad de voces. Al final de su exposición Romero pidió plantear una alternativa diferente y tomó expresiones del papa Francisco para alertar: "Nos estamos acostumbrando a comer el pan duro de la desinformación". 
Fuentes: Defensoría del Público, Diario Norte

viernes, 9 de febrero de 2024

Más concentración de medios, menos libertad de expresión

Organizaciones que nuclean a los medios de comunicación comunitarios y autogestivos, carreras de comunicación social y periodismo, trabajadores de prensa y organizaciones de derechos humanos le pedimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que alerte sobre el incumplimiento de los estándares de libertad de expresión en nuestro país.

En apenas dos meses, el gobierno de Javier Milei decidió suspender los límites a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación a nivel nacional, intervenir el sistema público de medios y prometer su privatización, intervenir la autoridad de aplicación de las leyes que rigen al sector excluyendo a las minorías parlamentarias de las decisiones y reprimir sin miramientos a los trabajadores de prensa que intentan cubrir las manifestaciones contra el ajuste y el desmantelamiento del Estado.

La convicción de que el Estado no debe poner límites al sector privado está llevando al gobierno a desarmar un sistema de medios organizado en tres sectores: el privado-comercial, el gestionado por la sociedad civil sin fin de lucro y el estatal/público. Un sistema de medios que muy costosamente construimos en nuestro país luego de décadas en las que solo los dueños de los medios privados tenían condiciones para realizar su actividad.

Además de lo que ya fue hecho, a través del DNU 70/23 y los decretos de intervención, el gobierno y las fuerzas políticas que lo apoyan amenazan constantemente con clausurar valiosas políticas promotoras de derechos como el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCA) y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

A este escenario, se le agrega la violencia verbal y física contra trabajadores de prensa, que no se limita a las represiones reiteradas de los últimos días sino que abarca un ataque persistente del presidente y sus funcionarios a las y los periodistas, entre otras varias prácticas que entorpecen la labor periodística.

Por este motivo, AMARC Argentina, Centro de Investigaciones ICEP-UNQ, CoNTA, FARCo, FATPren, REDCom, la Red de Medios Digitales, SiPreBA y el CELS realizamos una presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

domingo, 28 de enero de 2024

Martín Becerra: Se está vulnerando el derecho a la comunicación

En Señales dialogamos con Martín Becerra para conocer su opinión sobre la intervención del ENaCom, el intento de cierre de la Defensoría del Público, del FoMeCA y la comunicación en tiempos de Javier Milei

El gobierno anunció este viernes la intervención de ENaCom. ¿Qué opinión tenés sobre esto? 
La intervención de Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), opino que tiene lógica dentro de lo que es la política de este gobierno. Pero incluso si pudiéramos por un momento despegarnos de la política de este gobierno en particular, de Javier Milei, también tiene lógica yo diría en la concepción prácticamente unánime del sistema político, de los partidos políticos. Incluso previa a la irrupción de Milei respecto de la función de ese organismo gubernamental. Recordemos que este organismo fue creado por un decreto también de Mauricio Macri, que había anulado las entonces autoridades audiovisual de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), y las telecomunicaciones, Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC). Y entonces ese decreto de Macri sujetaba al ENaCom a la decisión del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque tenía un directorio integrado por siete personas, cuatro de las cuales las designaba el Poder Ejecutivo, el presidente, y tres de las cuales las designaba el Congreso de la Nación, pero esas tres personas, incluso aún cuando el presidente tenía ya mayoría automática designando a cuatro, esas tres personas podían ser removidas. Y así lo dice el decreto de Macri, sin expresión de causa, o sea, porque se le cantaba al presidente. 

Vale decir, hace nueve años que es un organismo gubernamentalizado, o ocho años y monedas, es un organismo gubernamentalizado. Entonces, lo que hace Milei ahora, yo creo, en mi modesta opinión, es de alguna forma sincerar esa sujeción por parte del organismo al presidente de la Nación, designando -según trascendidos periodísticos que a su vez citan fuentes de jefatura de gabinete de Milei-, a tres personas, dos de las cuales están muy familiarizadas con el organismo, porque han sido autoridades de este organismo, ENaCom, y han sido autoridades del ComFeR, qué estaba antes de la AFSCA y del ENaCom, y alguno de ellos ha sido autoridad del ComFeR tan lejos, estamos hablando del año 1999, 2000, 2001, o sea, lejos de representar una ruptura con la casta, si por casta entendemos este alto funcionariado estatal, lo que hace es elegir a algunas personas, seguramente muy identificadas con el ideario del presidente de Milei, para intervenir este organismo. 

Esta semana, la diputada Silvana Giudice festejaba que el Ejecutivo incorpore dentro de su nuevo paquete de Ley Ómnibus un proyecto de ella, para eliminar algunas cosas que estaban dentro de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Giudice fue una de las directoras de este organismo, hoy intervenido, fue la propia Giudice, que le daba el ok y el visto bueno a un montón de proyectos que ahora critica. 
Sí, fue presidenta, directora también antes de ser presidenta, designada por Macri, y además ella ha tenido una movilidad partidaria importante, porque viene del radicalismo, pero después pasó a filas del PRO, y ahora evidentemente está haciendo buenas migas con Milei, siempre del calor del poder. Silvana Giudice efectivamente, como presidenta, como directora, había avalado muchos de los proyectos del Fondo de Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCA), que son de aliento a medios comunitarios y sin fines de lucro, y ahora festeja, mejor dicho, se autoadjudica la autoría de haber colado por la ventana, en este llamado proyecto de Ley Ómnibus de Javier Milei, la eliminación del FoMeCA, también la eliminación de la Defensoría del Público Audiovisual, en fin, todas políticas muy regresivas, muy retrógradas, para entender el grado de regresividad que tienen, ni siquiera Milei las había propuesto, o sea, no estaba en el proyecto de ley ómnibus original, es algo que añade Giudici, y por lo que tenemos entendido quienes nos dedicamos a esas cosas, no sólo ella, sino obviamente otras personas muy vinculadas al macrismo que introdujeron medidas, que si las vota el Congreso la semana que viene, van a ser muy problemáticas porque retroceden en materia de promoción de pluralismo, de diversidad de géneros, de diversidad de propietarios, de diversidad de geográfica. Que, en fin, todo eso ha hecho el FoMeCA, que es un fondo que no tiene mayor incidencia en el presupuesto nacional. Si alguien pretendía con esto ahorrar dinero para pagar al FMI o no sé qué quieren hacer, tampoco lo van a poder hacer con el FoMeCA. 

Cuando se debatía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en la redacción, dónde participaste, se tomó lo que sugerían organismos internacionales como fue la Unesco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros, dónde se valoraba lo que tenía que ver con el derecho y el acceso a la comunicación. Ahora todo pueden ser borrada de un plumazo. 
Sí, efectivamente es así, es lamentable, pero es así. Entre muchas otras afectaciones a jubilados o a la atención médica, a un montón de sectores de la sociedad, también, como uno podría decir y, perversamente, tiene lógica esto, porque es difícil avanzar sobre el derecho a la atención médica o el derecho a la educación pública y gratuita, si, al mismo tiempo, no se toma por asalto el capítulo de derecho a la cultura y a la comunicación, que es, efectivamente, lo que está haciendo este gobierno. 

Muchos criticaban el trabajo de la Defensoría del Público, la gente ya no consume los medios tradicionales, como es radio o televisión, va por otro lado, dicen y señalan que la Defensoría terminaba siendo una especie de espacio de censura para muchas de estas cosas. Y creo que el rol de la Defensoría siempre fue otro
Creo que hay una contradicción entre quienes, muy ideologizados, hacen esos señalamientos. Siempre señalamientos que van a favor de recortar todo tipo de derechos, y siempre a favor de los grandes grupos de medios concentrados, curiosamente, pero esa observación sobre que ya no es importante la televisión, entonces no importa la Defensoría, pero guarda porque es un órgano censor, es contradictoria en sus propios términos. Porque si no es importante, entonces no importaría que lo fuera, pero tampoco lo es, ¿por qué? Porque la Defensoría no tiene poder sancionatorio. Ese es uno de los aciertos que tuvo la redacción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, su tramitación en el Congreso, y así salió publicada, y eso es lo que está vigente, por lo menos hasta hoy.

En cuanto al capítulo de la Defensoría, que es un órgano sin capacidad sancionatorias, y lo que ha hecho siempre es mediar cuando hay abusos. Por ejemplo, cuando una conductora en el aire de la televisión, en plena pandemia, insta a la ingesta de dióxido de cloro, y a la semana siguiente muere un chiquito por ingesta de dióxido de cloro, lo que la Defensoría, que no tiene poder sancionatorio, ha hecho es convocar las autoridades del canal, de la productora. O sea, siempre una labor pedagógica, de mediación, nada de eso es censor. Censor sí es cerrar la Defensoría, porque le quita la posibilidad de expresión, de reclamos de las audiencias. Es cierto que la radio, que la televisión tienen menos rating, menos encendido. Su lugar de trascendencia social ha cambiado en las últimas décadas, eso es verdad. Pero también es verdad que la televisión sigue siendo, en todas las encuestas, nosotros hicimos una el año pasado con Colsecor, uno de los primeros, si no el primer medio, que la propia sociedad argentina cita cuando dice cómo se informa. ¿Cómo se informa? El primer medio es la televisión. Es verdad que las redes sociales complementa un paisaje que hoy es distinto al de 2009, cuando se votó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, eso no significa que la televisión haya muerto, lejos de estar muerto, 

Otra de las cosas que está planteando este gobierno es el cierre de los medios públicos.
Sí, efectivamente, esa es otra de las medidas que ya el propio Milei, en campaña, había anunciado, y algunos de sus voceros cómo la diputada Lilia Lemoine. Ese es otro capítulo lamentable de su propuesta política. Hoy los medios estatales son la única conexión informativa federal. La agencia TelAm es la única conexión informativa. Es el único medio que hoy tiene 24 corresponsales en todas las provincias argentinas. El único medio federal es la agencia TelAm. ¿Podría mejorar? ¡Por supuesto que sí!. La única vía para explorar formatos infantiles sin publicidad es el Estado, a través de la señal PakaPaka, o de cultura con Encuentro. La única radio nacional es el radio del Estado argentino: Radio Nacional. ¿Por qué? Porque son formatos que el mercado entiende que no le interesa, pues no son muy lucrativos. Entonces, se trata de géneros, de formatos, de presencia federal, aunque no sea redituable, aunque no sea mercantilmente atractiva, sin embargo forma parte de la obligación de acceso a la cultura que el Estado tiene que brindar a toda la población, independientemente de si vive en La Quiaca o si vive en el centro de la ciudad de Rosario. 

Después de lo que charlamos queda claro que el derecho a la comunicación está en peligro. ¿Qué hacemos para tratar de ponerle un freno a esto? 
Yo creo que la respuesta es compleja, porque es mucho más. No es una tarea sólo de comunicación lo que hay que hacer. Esta es una tarea más integral. Acá están vulnerando todos los derechos, también el derecho a la comunicación. Entonces, a mi juicio, lo que hay que hacer es pelear por la democratización de la sociedad argentina, que está perdiendo de manera veloz una gran cantidad de derechos laborales, de atención médica. Entonces, me parece que, en el marco de esa agenda grande, se inscribe también la agenda del derecho a la comunicación. Quienes nos dedicamos a estos temas tenemos la función de explicar por qué es importante, dentro de esa agenda general, sostener esta que estamos nosotros más involucrados, pero no puede estar disociada una cosa de la otra. Es decir, en un país que avasalla todos los derechos, insisto, perversamente tiene lógica también avasallar el derecho a la comunicación. 

Una oyente, Graciela, me plantea en un mensaje: Finalmente son las redes sociales las que imponen las agendas de muchos de los medios, con cosas que son las que ustedes están combatiendo en este momento
Eso es relativo. Es cierto que la circulación de mensajes en redes sociodigitales alimenta parte de la agenda mediática tradicional, pero esa formulación es más correcta a la inversa. En las redes sociodigitales conversamos sobre todo de lo que ocurre en los medios tradicionales y eso pone en circulación una gran cantidad de conversaciones, discusiones en redes sociodigitales. Milei mismo es un producto de la televisión, él es un panelista, es un tipo que durante 15 años fue el economista con mayor cantidad de minutos en la televisión argentina. La televisión lo hizo conocido. Lo hizo un personaje extravagante, pero muy presente en programas incluso de chimentos, no solamente políticos. Le dio una visibilidad que luego él explotó, sus seguidores y sus grupos explotaron en redes sociodigitales, más o menos con destreza. De ahí la importancia radical que tuvo la televisión en su proyección. Nos muestra nuevamente la importancia de los medios tradicionales, sin subestimar que por supuesto parte de nuestra agenda también tiene que ver con lo que conversamos en las redes sociodigitales. 

Por último, nos enteramos de las novedades de este gobierno, viendo los me gustas de Milei en Twitter. 
En eso, él copia mucho el estilo Trump, un presidente tuitero que ahora cuenta con la simpatía, que se tienen mutua, con el dueño de Twitter, Elon Musk. Pero él ahí está copiando mucho del estilo de Trump, incluso en esta permanente agresión que hace a periodistas, incluso periodistas que son muy oficialistas, a los que califican ensobrados, todo eso es la retórica y el envoltorio estético de Trump. 
Martín Becerra es especialista en medios y políticas de comunicación. Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor titular de las universidades nacionales de Quilmes y Buenos Aires, e investigador independiente en el Conicet. Es autor de libros sobre estructura y concentración de medios en América Latina y políticas de comunicación.

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