Las iniciativas fueron presentadas en Diputados y quedaron bajo análisis de las comisiones de Legislación del Trabajo y Libertad de Expresión. Una propone restablecer tres regímenes especiales y crear una mesa para actualizarlos; la otra se concentra en preservar el Estatuto del Periodista Profesional.
Dos proyectos de ley presentados en la Cámara de Diputados buscan impedir que entre en vigencia la derogación de los estatutos laborales especiales que regulan distintas actividades vinculadas con el periodismo, prevista en el marco de la Ley 27.802 Ley de Modernización Laboral, promulgada el 6 de marzo de 2026, por el gobierno de Javier Milei.
Las iniciativas fueron presentadas el 24 de septiembre y quedaron incorporadas al Trámite Parlamentario N.º 142. Ambas fueron giradas a las comisiones de Legislación del Trabajo, como comisión de primera competencia, y Libertad de Expresión.
Se trata de los expedientes 4953-D-2026, impulsado por el diputado de Unión por la Patria Sebastián Galmarini, y 4954-D-2026, presentado por Sergio Palazzo junto con otros diputados del mismo bloque.
El debate se produce ante la proximidad de la fecha prevista para la entrada en vigencia de las modificaciones introducidas por la reforma laboral. Los dos proyectos pretenden modificar ese esquema antes de que opere la derogación de los regímenes especiales.
El proyecto de Galmarini: restablecer tres estatutos y abrir una actualización
La iniciativa de Sebastián Galmarini es la más amplia de las dos. El expediente 4953-D-2026 propone derogar los artículos 197, 212 y 213 de la Ley 27.802 y restablecer la vigencia de tres normas que regulan distintas actividades dentro del sector periodístico.
En concreto, plantea recuperar:
la Ley 12.908, conocida como Estatuto del Periodista Profesional;
el Decreto-Ley 13.839/46, referido al personal administrativo de empresas periodísticas;
el Decreto-Ley 14.954/46, vinculado al personal de redacción de agencias noticiosas.
Ese es también el objeto que figura expresamente en el sumario oficial del expediente parlamentario.
La propuesta no se limita a restablecer las normas existentes. El proyecto incorpora además una instancia destinada a discutir su actualización.
Una mesa para discutir el futuro del trabajo periodístico Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la creación, en el ámbito de la Cámara de Diputados, de una Mesa de Actualización de los Estatutos del Trabajo Periodístico.
El objetivo es abrir un proceso de revisión de la normativa laboral específica para adecuarla a las transformaciones que atravesó la actividad periodística en las últimas décadas.
Entre los desafíos que aparecen asociados a esa actualización están las nuevas modalidades de trabajo, el teletrabajo, las plataformas digitales y el impacto de la inteligencia artificial sobre las tareas profesionales.
De esta manera, el planteo combina dos movimientos: por un lado, evitar que desaparezca el régimen especial vigente; por otro, discutir una actualización que contemple las nuevas condiciones tecnológicas y laborales del sector.
El proyecto fue presentado por Galmarini y posteriormente incorporó como cofirmantes a otros doce diputados: Hugo Yasky, Jorge Neri Araujo Hernández, Raúl Hadad, Marcelo Mango, Eduardo Valdés, Hilda Aguirre, Andrea Freites, Carlos Castagneto, María Graciela Parola, Gabriela Pedrali, Sabrina Selva y Juan Carlos Molina. Todos figuran en el registro oficial bajo el bloque Unión por la Patria.
El proyecto de Palazzo: preservar específicamente el Estatuto del Periodista La segunda iniciativa tiene un alcance más acotado. Se trata del expediente 4954-D-2026, cuyo primer firmante es el diputado y dirigente sindical Sergio Omar Palazzo. El proyecto propone derogar el artículo 197 de la Ley 27.802 y ratificar la vigencia de la Ley 12.908, Estatuto del Periodista Profesional.
A diferencia del proyecto de Galmarini, la iniciativa no propone restablecer los otros dos regímenes especiales —el correspondiente al personal administrativo de empresas periodísticas y el referido al personal de redacción de agencias noticiosas— ni crea una mesa específica para actualizar los estatutos.
Su objetivo es concentrarse en una cuestión puntual: impedir que quede derogado el Estatuto del Periodista Profesional y reafirmar expresamente la vigencia de la Ley 12.908.
El expediente lleva las firmas de Sergio Palazzo, Carlos Cisneros, Germán Martínez, Máximo Kirchner, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Vanesa Siley, Hugo Yasky, Kelly Olmos, Hugo Moyano, José Gómez, Marina Salzmann, Julia Strada y Mario Manrique.
Dos estrategias frente a la misma reforma Aunque los dos proyectos tienen un objetivo común —evitar que la reforma laboral deje sin efecto el régimen especial del trabajo periodístico—, presentan diferencias importantes.
El proyecto de Galmarini tiene una mirada integral sobre los distintos estatutos vinculados con la actividad periodística. Propone restablecer tres normas y, al mismo tiempo, abrir un proceso de actualización legislativa.
El proyecto de Palazzo, en cambio, tiene una intervención puntual: derogar el artículo 197 de la Ley 27.802 y ratificar la vigencia del Estatuto del Periodista Profesional.
El punto de partida: qué dispone la reforma laboral El conflicto legislativo se origina en la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que estableció modificaciones sobre distintos estatutos laborales especiales.
En el caso del periodismo, los proyectos presentados ahora buscan impedir que esas disposiciones produzcan la desaparición de las normas específicas que regulan las relaciones laborales del sector.
El expediente de Galmarini identifica expresamente los artículos 197, 212 y 213 como aquellos cuya derogación propone revertir, mientras que el proyecto de Palazzo se concentra exclusivamente en el artículo 197.
Por eso, el debate que se abre en Diputados no se limita a una discusión técnica sobre legislación laboral. También involucra la definición de las condiciones bajo las cuales se desarrolla el trabajo periodístico y la posibilidad de mantener un régimen laboral específico para una actividad atravesada por transformaciones tecnológicas profundas.
Del Estatuto de 1940 a la discusión sobre inteligencia artificial
La Ley 12.908, sancionada en 1946, constituye el núcleo del régimen especial para los periodistas profesionales.
La discusión actual incorpora un escenario muy diferente al de la época en que fueron sancionadas esas normas: medios digitales, trabajo remoto, producción de contenidos para plataformas, cambios en los modelos de negocio de las empresas periodísticas y utilización creciente de herramientas de inteligencia artificial.
Ese contraste explica una de las principales diferencias conceptuales entre las iniciativas.
El proyecto de Palazzo apunta fundamentalmente a preservar el estatuto existente frente a la derogación prevista por la reforma laboral.
El proyecto de Galmarini propone, además, utilizar la continuidad del régimen como punto de partida para una actualización legislativa que permita discutir cómo deben regularse las nuevas formas de trabajo periodístico.
Qué viene ahora Por el momento, ninguno de los dos proyectos modifica la legislación vigente por sí mismo. Ambos deben atravesar el trámite parlamentario correspondiente.
El primer ámbito de discusión será la Comisión de Legislación del Trabajo, que tiene la primera competencia sobre los expedientes. Luego interviene la Comisión de Libertad de Expresión.
Para que cualquiera de las propuestas avance hacia una modificación efectiva de la legislación deberá obtener dictamen de las comisiones y posteriormente ser tratada por el pleno de la Cámara de Diputados. En caso de obtener media sanción, deberá continuar el trámite en el Senado.
Así, el debate que comienza en las comisiones tendrá una cuestión de fondo: si el trabajo periodístico continuará contando con estatutos laborales específicos y, en ese caso, si esos estatutos serán simplemente preservados o si el Congreso abrirá un proceso para adaptarlos a las nuevas condiciones tecnológicas y laborales de la actividad.
Los dos expedientes ya forman parte formalmente del trámite parlamentario y están registrados en las comisiones de Legislación del Trabajo y Libertad de Expresión.
Periodistas, representantes sindicales y organizaciones vinculadas al ejercicio profesional del periodismo expusieron ante diputados opositores sobre agresiones, restricciones al acceso a la información, represión a trabajadores de prensa, precarización laboral y el hostigamiento del Gobierno de Javier Milei. También cuestionaron la distribución de la pauta oficial a través de empresas estatales y reclamaron que el Congreso investigue el destino de esos recursos.
El encuentro se realizó este viernes 11 de septiembre en el anexo de la Cámara de Diputados y fue convocado por legisladores opositores que integran la Comisión de Libertad de Expresión, ante la falta de funcionamiento del cuerpo que preside el oficialista Guillermo Montenegro.
Durante varias horas, periodistas de distintos medios, representantes sindicales y organizaciones profesionales describieron un escenario caracterizado por agresiones públicas, restricciones para acceder a funcionarios y dependencias oficiales, represión durante coberturas de protestas, denuncias judiciales, campañas de hostigamiento y un deterioro de las condiciones laborales.
La situación de los periodistas acreditados en la Casa Rosada, la política de comunicación oficial y el destino de los recursos públicos destinados a medios fueron algunos de los principales ejes de la jornada.
La fecha también tuvo un componente simbólico: el 11 de septiembre se conmemora el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, quien además de haber sido presidente fue escritor y periodista.
"El Congreso no puede mantenerse en silencio" El vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión, Nicolás Trotta, fue el encargado de abrir el encuentro. El diputado cuestionó al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, por la situación de la comisión y explicó que la reunión había sido convocada de manera informal ante la falta de funcionamiento del cuerpo.
"Es una reunión informal, porque al presidente de la Cámara no le gusta decir que nos autocovocamos ante la apatía y voluntad de clausura y no funcionamiento de esta comisión por parte del bloque mayoritario de LLA", sostuvo.
Trotta explicó que los diputados habían decidido convocar a medios, entidades de comunicación y periodistas que, según afirmó, vienen sufriendo "la agresión constante" del Poder Ejecutivo Nacional.
El legislador señaló que existen más de cien proyectos vinculados con la libertad de expresión presentados por diputados de distintos bloques, pero que permanecen sin tratamiento debido a la falta de reuniones de la comisión.
Para Trotta, lo que ocurre no puede interpretarse como una sucesión de episodios aislados.
"No estamos frente a hechos aislados, sino una clara estrategia de intimidación que quiere llevar adelante el Poder Ejecutivo frente a una enorme asimetría del poder", afirmó.
Según planteó, la sucesión de ataques genera un efecto que excede las redes sociales. "Ese nivel de agresión y nivel de violencia que pretende Javier Milei desatar deja el mundo virtual y se traslada al mundo real", sostuvo.
Por eso, consideró que el Congreso no puede permanecer al margen. "No convocar esta comisión implica un silencio cómplice a las agresiones", advirtió, y reclamó un compromiso que trascienda las identidades partidarias en defensa de la libertad de expresión.
En la misma línea se expresó la vicepresidenta segunda de la comisión, Lourdes Arrieta, de Provincias Unidas, quien planteó la necesidad de abordar el "constante agravio" no solamente contra periodistas, sino también contra quienes expresan opiniones diferentes a las del Gobierno.
Como comunicadora social, Arrieta remarcó la necesidad de discutir "la Argentina que queremos" y el modelo de democracia en el que se pretende vivir.
"Por estar en contra de alguna medida, no significa que somos enemigos", sostuvo, y propuso analizar hasta qué punto pueden instalarse discursos de odio contra quienes piensan diferente.
FoPeA: "Vivimos un momento particularmente crítico" El vicepresidente del Foro de Periodismo Argentino (FoPeA) y periodista de La Nación, Claudio Jacquelin, fue uno de los primeros en tomar la palabra. Su diagnóstico fue contundente: la situación es "sumamente grave".
Jacquelin cuestionó la ausencia del bloque mayoritario y el intento de vaciamiento de un ámbito que, consideró, debería ser central para la defensa de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información.
"Vivimos un momento particularmente crítico, porque han convergido una cantidad de situaciones que ponen a la libertad de expresión y de prensa en un estado de fragilidad demasiado profunda", sostuvo.
El periodista señaló que confluyen varios factores: un ataque sistemático contra las voces que contradicen el discurso oficial, una crisis profunda de la industria periodística y una creciente precarización del trabajo.
FoPeA realiza desde hace 16 años un monitoreo de la libertad de expresión. Según los datos expuestos durante la reunión, el año pasado se alcanzó un récord de agresiones contra periodistas, superando incluso el registro de 2013, y más del 60% de los casos tuvieron como origen al Poder Ejecutivo Nacional.
Jacquelin destacó que una parte sustancial de esas agresiones se expresa a través de ataques verbales y campañas de deslegitimación.
La secretaria de FoPeA, Paula Moreno Román, puso el foco en otro aspecto: el denominado "efecto contagio" hacia las provincias.
"Estas conductas del poder político central están haciendo mella en las provincias", advirtió.
Entre los problemas que enumeró se encuentran la publicidad oficial, la falta de transparencia en la distribución de fondos públicos y las dificultades para acceder a funcionarios.
Moreno Román sostuvo además que detrás de las restricciones al trabajo periodístico existe un intento por quitarle a los periodistas su función de intermediarios entre el poder y la sociedad.
"La no existencia de la repregunta en definitiva lo que hace es fomentar un discurso unidireccional", señaló.
La pauta oficial y los fondos de empresas estatales Uno de los temas que atravesó las exposiciones fue la distribución de publicidad oficial.
Rodrigo Lloret, director de Perfil, reconoció que la Secretaría de Comunicación ya no distribuye la pauta de la misma manera que durante gobiernos anteriores, pero sostuvo que eso no significa que hayan desaparecido los recursos públicos destinados a los medios.
"Es verdad que la Secretaría de Comunicación ya no distribuye la pauta como hacían otros gobiernos, pero la gran pauta pública es distribuida por Santiago Caputo, a través fundamentalmente de YPF", afirmó.
Lloret cuestionó que esos recursos sean distribuidos de manera discrecional y reclamó acceso a la información que permita conocer cuánto dinero se destina y quiénes son sus beneficiarios.
El planteo fue acompañado por otros participantes, quienes reclamaron a los diputados que investiguen el destino de los fondos públicos canalizados a través de empresas estatales.
La discusión sobre la pauta se vinculó así con una preocupación más amplia: el acceso a la información pública y la posibilidad de controlar el uso de recursos estatales.
Los insultos presidenciales y la naturalización de la violencia Los ataques públicos de Javier Milei contra periodistas ocuparon buena parte de las exposiciones.
Lloret cuestionó que la sociedad se haya acostumbrado a observar diariamente insultos del Presidente hacia periodistas de distintos medios.
"Es realmente impresionante acostumbrarnos a lo que nos hemos acostumbrado: ver todos los días en redes sociales al Presidente Javier Milei insultar a periodistas de todos los medios; normalizamos algo que es gravísimo", sostuvo.
El periodista cuestionó el tenor de algunos de esos ataques y consideró necesario discutir el impacto que tiene el discurso presidencial sobre el debate público.
Mónica Gutiérrez, en tanto, pidió no naturalizar la violencia.
La periodista sostuvo que la confrontación entre prensa y poder siempre existió, porque el periodismo cumple un papel de contrapoder, pero consideró que el nivel de tensión actual excede situaciones anteriores.
"Desde que se ingresa a esta profesión se sabe que el periodismo es contrapoder y en todo momento las tensiones entre la prensa y el poder han existido, pero ahora han llegado muy lejos", afirmó.
Gutiérrez advirtió además sobre el efecto que esos discursos pueden tener en la sociedad. A su juicio, el ataque constante al periodismo profesional puede terminar favoreciendo el abandono de fuentes periodísticas tradicionales en favor de influencers y contenidos sin criterios profesionales de verificación.
En ese escenario, alertó, una sociedad que pierde referencias confiables para informarse queda también más vulnerable desde el punto de vista democrático.
Casa Rosada: restricciones, cierre de la sala y aislamiento La situación de los periodistas acreditados en la Casa Rosada fue otro de los capítulos centrales.
Fernando Ramírez, presidente de la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA), contó que estuvo acreditado en la sede gubernamental desde 1983 hasta el año pasado y que participó incluso de las primeras conferencias de prensa de Manuel Adorni.
Según relató, durante los primeros seis meses la relación fue correcta, pero luego "se fue todo a la deriva".
Ramírez recordó la implementación de un protocolo "muy estricto", que consideró antecedente del posterior cierre de la sala de periodistas.
"Para mí este es el peor momento que sufre la relación periodismo-gobierno", afirmó, extendiendo su comparación incluso a períodos no democráticos.
También cuestionó que el Presidente no haya brindado una conferencia de prensa durante su gestión y recordó que tampoco lo hizo durante su campaña electoral.
Gabriel Sanfilippo, periodista y locutor acreditado en Casa Rosada, también cuestionó las condiciones de trabajo.
Recordó que durante el gobierno anterior fue expulsado de la Casa de Gobierno y planteó interrogantes sobre la continuidad de las restricciones: "¿Este Gobierno vino a hacer el trabajo sucio de encerrarnos en la sala de periodistas? ¿De no permitir repreguntar en las conferencias de prensa?".
Sanfilippo preguntó además qué sucedería con estas prácticas si en el futuro cambiara el signo político del Gobierno.
La periodista Natasha Niebieskikwiat, de Clarín, fue igualmente crítica. Pidió que no se "institucionalice nada de lo que está ocurriendo" y aseguró que, pese a haber atravesado otros períodos de fuerte tensión entre gobiernos y medios, nunca había observado un deterioro institucional semejante.
"Yo estoy prohibida en Casa de Gobierno", afirmó.
Para Niebieskikwiat, el problema excede el enfrentamiento coyuntural entre un Gobierno y determinados periodistas: se trata del "desmantelamiento de todo el aparato institucional de prensa". Represión y violencia contra trabajadores de prensa La periodista Nancy Pazos, de Radio 10, participó de manera virtual y llevó a la reunión el reclamo de quienes cubren las movilizaciones que se desarrollan frente al Congreso.
Pazos sostuvo que desde hace dos años trabajadores de prensa sufren agresiones durante las manifestaciones de los miércoles y recordó que se presentó un habeas corpus para evitar que periodistas y reporteros gráficos fueran golpeados, gaseados o reprimidos mientras trabajaban.
Según relató, ese recurso lleva dos años sin resolución.
La periodista aseguró que más de 250 cronistas y reporteros gráficos fueron gravemente lastimados durante ese período mientras realizaban su tarea.
"No nos rompen el celular y la cámara solamente porque las Fuerzas de Seguridad reciben la orden de odiar lo suficiente a los periodistas, lo hacen porque esos ojos y esas lenguas transmiten información", sostuvo.
Pazos reclamó a los legisladores que actúen y pidió que una eventual actualización del Estatuto del Periodista incorpore un capítulo específico destinado a proteger el derecho a trabajar sin sufrir violencia.
El Estatuto del Periodista y la precarización laboral La situación laboral de los periodistas apareció como otra de las preocupaciones centrales.
Jacquelin vinculó la precarización con la crisis general de la industria y señaló que el deterioro de las condiciones laborales profundiza las dificultades para sostener un periodismo profesional independiente.
Desde Tiempo Argentino, su presidenta, Malena Winer, puso el acento en la necesidad de preservar el Estatuto del Periodista.
"No hay periodismo profesional sin condiciones mínimas garantizadas", sostuvo.
Winer recordó que los trabajadores de prensa también son trabajadores y señaló que las credenciales y los chalecos que deberían funcionar como elementos de identificación y protección terminaron convirtiéndose, en algunos casos, en blancos visibles de agresión.
"No hay periodismo sin periodistas", remarcó.
También participaron representantes de organizaciones sindicales y profesionales, entre ellos Francisco "Paco" Rabini, secretario adjunto primero del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), quien señaló que Milei "insulta y agravia colegas día por medio, en una asimetría inmensa de poder".
Rabini planteó que el colectivo periodístico debe asumir una lógica de "autodefensa", no únicamente en protección de los trabajadores sino también por el papel que cumple el periodismo dentro de una democracia.
"Ni en dictadura se había cerrado la sala" La intervención de Ramírez volvió a colocar en primer plano el cierre de la sala de periodistas de la Casa Rosada.
"Ni en dictadura se había cerrado la sala de periodistas", sostuvo, para luego insistir en que considera que la actual situación constituye el peor momento de la relación entre el periodismo y el Gobierno.
El planteo fue acompañado por otros testimonios que describieron restricciones al uso de espacios comunes, controles sobre los movimientos de los periodistas y dificultades para acceder a funcionarios.
FoPeA, además, incorporó otros episodios denunciados por el sector: agresiones físicas por parte de fuerzas de seguridad, hackeos, campañas de difamación, denuncias judiciales y el uso de mecanismos judiciales considerados abusivos para intimidar a periodistas.
Entre los casos mencionados estuvo el del fotógrafo Pablo Grillo, herido durante una movilización.
La organización sostuvo que estos hechos ya fueron denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Una comisión paralizada y una disputa institucional El funcionamiento de la propia Comisión de Libertad de Expresión atravesó toda la jornada.
Los diputados opositores denunciaron que el cuerpo permanece paralizado pese a la existencia de más de cien proyectos vinculados con la temática y recordaron que habían solicitado formalmente su convocatoria en distintas oportunidades, incluida una presentación del 24 de agosto que, según afirmaron, no obtuvo respuesta.
Entre los diputados presentes estuvieron Raúl "Rulo" Hadad, Marcela Pagano, Lourdes Arrieta, Sabrina Selva, Hugo Yasky, Kelly Olmos, Mónica Frade, Romina Del Plá, Adriana Serquis y Lorena Pokoik.
Frade cuestionó que se haya naturalizado tanto la agresión como la utilización de "la mentira flagrante en las más altas autoridades".
"Nos acostumbramos al insulto brutal por parte del Presidente y algunos integrantes del oficialismo, que ya son la manera habitual de dirigirse a medios, legisladores y, finalmente, a la sociedad", afirmó.
También cuestionó directamente al presidente de la comisión, Guillermo Montenegro, por no convocar al cuerpo.
"El titular de la Comisión, Guillermo Montenegro, se niega a abrirla y no podemos dictaminar nada en torno a este problema", sostuvo, aunque aseguró que la oposición continuará reuniéndose.
Un reclamo común entre periodistas de distintas posiciones La jornada reunió a periodistas de distintos medios y con trayectorias y posiciones editoriales diversas.
Participaron Paula Moreno Román, Stella Hernández, Francisco "Paco" Rabini, Julia Cravero, Natasha Niebieskikwiat, Gabriel Sanfilippo, Sebastián Lacunza, Mariano Obarrio, Rodrigo Lloret, Malena Winer y Nancy Pazos, entre otros trabajadores de prensa que expusieron experiencias personales de agresiones, restricciones y dificultades para ejercer su profesión.
Uno de los aspectos destacados por varios participantes fue precisamente la posibilidad de compartir una misma mesa pese a las históricas diferencias existentes dentro del periodismo argentino.
Niebieskikwiat lo expresó al recordar que durante otros períodos había mantenido fuertes diferencias con colegas por las posiciones editoriales de los medios en los que trabajaban.
En ese sentido, afirmó que el actual contexto terminó acercando a periodistas que antes estaban enfrentados.
La coincidencia que atravesó la jornada fue que las diferencias editoriales o políticas no deberían poner en discusión el derecho de los periodistas a trabajar y de la sociedad a recibir información.
"Falta que actúen" El cierre de las exposiciones estuvo a cargo de José Ángel Di Mauro, vicepresidente de APeRA y director de la revista Parlamentario.
Di Mauro pidió no naturalizar los discursos y las agresiones contra periodistas y recordó el episodio ocurrido en la sesión de Diputados del miércoles, cuando el oficialismo aplaudió luego de que Trotta formulara una cuestión de privilegio en la que enumeró ocho insultos de Milei contra trabajadores de prensa.
"Es gravísimo y lamentable. El Presidente de la Nación nos representa y no puede hacer eso", sostuvo.
Di Mauro también realizó un recorrido histórico por la conducción de la Comisión de Libertad de Expresión y señaló que durante las últimas dos décadas estuvo mayoritariamente en manos de la oposición, con algunas excepciones.
Según explicó, la situación actual comenzó en 2024, cuando La Libertad Avanza, pese a contar con una representación parlamentaria minoritaria, quedó al frente del cuerpo.
Su crítica estuvo dirigida también hacia los bloques opositores que permitieron esa distribución.
"No se quejen tanto. Es uso y costumbre que las comisiones de gobernabilidad las maneja el oficialismo y las de control las maneja la oposición. La entregaron", afirmó.
Al finalizar el encuentro, Trotta agradeció a los participantes y, especialmente, a quienes permanecieron hasta el cierre.
El diputado sostuvo que la defensa de la libertad de expresión exige un "compromiso de dos vías": por un lado, el de los legisladores que decidieron convocar la reunión y continuar con estos encuentros; por otro, el de los periodistas y organizaciones del sector para visibilizar las situaciones denunciadas.
El objetivo, explicó, es impedir que las agresiones se conviertan en parte natural del escenario político.
"Vamos a seguir convocando", afirmó.
Y resumió el desafío que, según los organizadores, enfrenta ahora el Congreso: evitar que el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo sea aceptado como una nueva normalidad.
"Para ponerle un freno tenemos que llamar a la conciencia y construir la conversación pública de otra manera", concluyó Trotta.
El encuentro retomó, además, un reclamo que ya había sido planteado meses atrás, cuando una reunión de características similares abordó la prohibición de ingreso de más de medio centenar de periodistas acreditados a la Casa Rosada.
En aquella oportunidad, representantes del sector ya habían advertido que las restricciones al acceso, la falta de respuestas oficiales y las agresiones contra trabajadores de prensa no podían analizarse como episodios independientes.
Ahora, con nuevos testimonios y denuncias, el reclamo volvió al Congreso: que la libertad de expresión, el derecho a informar y el derecho de la ciudadanía a estar informada no queden subordinados a la disputa política de turno.
Fuentes: Tiempo Argentino, FoPeA, Parlamentario, Señales
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa cuestionó la producción de contenidos periodísticos íntegramente mediante sistemas de IA y pidió que la incorporación de nuevas tecnologías no se traduzca en destrucción de puestos de trabajo. El reclamo se vincula con el proyecto de actualización del Estatuto del Periodista presentado en el Senado, que incorpora derechos frente al avance de la inteligencia artificial y las plataformas digitales.
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren) salió al cruce de la utilización de sistemas de inteligencia artificial para producir contenidos periodísticos de manera íntegra y advirtió que la automatización no puede convertirse en una herramienta para sustituir el trabajo profesional en los medios.
Ante la reciente difusión de contenidos "pretendidamente periodísticos" elaborados completamente mediante sistemas de IA, la organización sindical reafirmó que la información de interés público debe ser producida, verificada, editada y presentada por profesionales de la comunicación.
Para FATPren, el problema no se reduce a una discusión tecnológica. La organización sostiene que detrás de la sustitución de periodistas por sistemas automatizados existe una disputa por las condiciones laborales, la calidad de la información y el derecho de la sociedad a acceder a contenidos elaborados con responsabilidad profesional.
"El periodismo es un oficio que construye ciudadanía y comunidad sobre la base del juicio ético, la experiencia de campo, el contacto directo con fuentes y la responsabilidad social de informar, educar y entretener con veracidad", sostiene la Federación. Y advierte que esas tareas no pueden ser reemplazadas por "alquimias automatizadas".
Más producción, pero no menos trabajo La discusión ocurre mientras las herramientas de inteligencia artificial comienzan a incorporarse de manera acelerada a las redacciones argentinas.
Un relevamiento realizado por FATPren y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), con la participación de trabajadores de más de 30 medios de todo el país, mostró que el 85% de los periodistas consultados ya utiliza herramientas de IA en su trabajo cotidiano. Al mismo tiempo, el 40% señaló que produce más contenidos que antes sin que eso implique una reducción de su jornada laboral.
El estudio también detectó que nueve de cada diez trabajadores perciben un déficit de capacitación proporcionada por las empresas, mientras que al menos siete de cada diez consideran que sus empleadores no cuentan con políticas claras respecto del uso de estas tecnologías.
El fenómeno plantea así una paradoja: la tecnología permite aumentar la cantidad de contenidos producidos, pero ese incremento de productividad no necesariamente se traduce en menos horas de trabajo, mejores salarios o mayor estabilidad laboral.
FATPren sostiene que la incorporación de IA debería tener el sentido contrario: ampliar las capacidades profesionales, facilitar tareas y enriquecer el trabajo periodístico, pero sin utilizar la automatización como argumento para eliminar puestos de trabajo.
Un nuevo Estatuto con regulación de la IA El debate sindical ya llegó al Congreso. El 9 de junio, FATPren y sindicatos de prensa de distintas provincias presentaron en el Senado un proyecto para actualizar el Estatuto del Periodista Profesional y reemplazar la Ley 12.908, incorporando las transformaciones producidas por las plataformas digitales, el teletrabajo y la inteligencia artificial.
La iniciativa fue presentada ante la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, presidida por la senadora Carolina Moisés, con la participación de representantes de distintos bloques políticos.
El proyecto conserva los principios centrales del histórico Estatuto, entre ellos la protección de la libertad de expresión y derechos laborales específicos para quienes ejercen el periodismo, pero busca adaptarlos a las nuevas formas de producción y distribución de información.
Entre las novedades se incluyen disposiciones vinculadas con inteligencia artificial, plataformas digitales y teletrabajo, además de derechos relacionados con las tareas de cuidado, la protección frente a situaciones de violencia y la salud psicofísica. También incorpora una cláusula de conciencia y mecanismos de protección para periodistas expuestos a situaciones de violencia institucional durante coberturas.
La propuesta reemplaza además las antiguas categorías profesionales por áreas más flexibles, independientemente de que el trabajo se desarrolle en un diario impreso, un medio digital, radio, televisión, streaming u otra plataforma.
Una disputa por el futuro del oficio La iniciativa sindical tiene además un plazo político concreto. Según FATPren, la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei estableció la derogación de la Ley 12.908 a partir del 1° de enero de 2027, por lo que los sindicatos buscan que una nueva legislación preserve los derechos fundamentales del sector antes de esa fecha.
En ese contexto, la Federación plantea que la discusión sobre inteligencia artificial no puede separarse de la discusión sobre el modelo de medios que se quiere construir.
"El periodismo es un oficio que construye ciudadanía", sostiene FATPren, que cuestiona que las empresas prioricen el ahorro de costos por encima de la calidad de la información.
La organización reclama, en cambio, que la tecnología se utilice para fortalecer el trabajo humano, generar nuevas oportunidades laborales y mejorar los ingresos de quienes producen información.
El desafío excede, por lo tanto, a las redacciones. La pregunta que instala el debate es quién será responsable de la información que circula cuando una noticia es producida por una máquina, quién verifica sus fuentes, quién responde por sus errores y qué ocurre con los trabajadores cuando la automatización deja de ser una herramienta para convertirse en un reemplazo.
Para FATPren, la respuesta debe formar parte de una regulación que reconozca que la inteligencia artificial puede transformar el periodismo, pero no debería eliminar a quienes tienen la responsabilidad profesional de ejercerlo.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP) reiteraron el pedido para que el Gobierno nacional levante las restricciones impuestas a las y los periodistas acreditados en la Casa Rosada, tras la designación de Adrián Ravier como vocero presidencial del gobierno de Javier Milei.
A través de una carta dirigida al nuevo vocero, las organizaciones solicitaron el cese de las limitaciones a la circulación dentro de la sede gubernamental, al considerar que el confinamiento de las y los trabajadores de prensa en la Sala de Periodistas durante la jornada laboral restringe sus posibilidades de trabajo y afecta el derecho de la sociedad a recibir información sobre las actividades de gobierno.
En la nota también se recuerda que el cierre de la Sala de Periodistas durante 11 días entre abril y mayo generó preocupación en organizaciones de prensa de distintos países y motivó el respaldo de la Federación Internacional de Periodistas al reclamo. En ese marco, las entidades sostienen que, en un contexto internacional de creciente presión sobre el ejercicio del periodismo, Argentina debe preservar su tradición de defensa de la libertad de expresión y garantizar condiciones adecuadas para el trabajo de la prensa.
Además, solicitaron una reunión con el vocero presidencial para abordar esta situación y otros temas vinculados con las condiciones de trabajo de las y los periodistas.
Las organizaciones advirtieron que sin el libre acceso a las fuentes gubernamentales, el derecho de la sociedad a la información se encuentra en riesgo, y reiteraron el pedido para que cesen las restricciones vigentes en Casa Rosada en resguardo de la libertad de prensa.
Trabajadores y trabajadoras de prensa de Radio Nacional alertaron sobre un endurecimiento de la censura en los medios públicos y denunciaron que el gobierno de Javier Milei impone restricciones a la libertad de expresión mientras mantiene salarios congelados que ubican al personal por debajo de la línea de la indigencia.
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren) denunció una profundización de la censura en Radio Nacional y advirtió que las restricciones impuestas por las autoridades alcanzan niveles "delirantes", con la prohibición de entrevistas a funcionarios sin autorización previa y el veto a la difusión de determinados artistas populares.
Según el comunicado difundido por las y los trabajadores de prensa de la emisora pública, entre los casos recientes figuran la suspensión de una entrevista vinculada a una campaña provincial de vacunación pediátrica y la prohibición de emitir canciones de artistas como Lali Espósito.
La denuncia sostiene que, tras la eliminación de las direcciones de las emisoras provinciales, el control editorial quedó centralizado a través de una "coordinadora periodística de la gerencia de emisoras", función que ejerce Lula Lupo, quien -afirman- no ocupa un cargo formal dentro de la estructura del medio. De acuerdo con el comunicado, ninguna entrevista a funcionarios públicos puede realizarse sin una autorización expresa.
Además, responsabilizan por estas decisiones al director de Radio Nacional, Fernando Subirats, junto con las gerencias Periodística, a cargo de Nicolás Yacoy, y Artística, encabezada por Fernanda Carbonell, a quienes acusan de aplicar un "silenciamiento sistemático" de las voces y de la programación local.
Para los trabajadores, el recorte de contenidos informativos y culturales producidos en las distintas provincias implica una pérdida de pluralidad, limita el debate público y vulnera el derecho de la ciudadanía a acceder a información diversa.
La denuncia también pone el foco en la situación salarial. Según FATPren, los salarios permanecen congelados desde 2024 y el sueldo básico actual asciende a 474.000 pesos, una cifra que -aseguran- se encuentra por debajo de la línea de indigencia.
El comunicado concluye con una fuerte advertencia sobre el futuro de los medios públicos: "Sin salarios dignos no hay trabajadores. Sin trabajadores no hay medios públicos. Sin medios públicos no hay democracia."
Elaborado junto a 22 gremios de prensa de todo el país, el proyecto busca preservar los derechos laborales y profesionales de la actividad periodística ante la derogación del Estatuto vigente dispuesta por la reforma laboral del Gobierno nacional. La iniciativa incorpora regulaciones sobre inteligencia artificial, teletrabajo, violencia de género, salud mental y protección de periodistas en coberturas de riesgo.
Con una sala colmada, representación sindical de todo el país y la presencia de senadores de distintos espacios políticos, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren) presentó este martes en el Senado de la Nación el proyecto de ley para crear un nuevo Estatuto del Periodista Profesional y del Personal Administrativo, destinado a reemplazar la histórica Ley 12.908, cuya derogación entrará en vigencia el 1 de enero de 2027 si antes no se aprueba una nueva normativa.
La iniciativa fue elaborada de manera conjunta por 22 organizaciones gremiales de prensa y fue presentada en el ámbito de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, presidida por la senadora Carolina Moisés.
Durante la apertura de la jornada, Moisés destacó el carácter colectivo y federal del proyecto.
"No es una producción individual, sino de los periodistas de todo el país presentado de manera federal", afirmó.
Según se indicó desde el entorno de la legisladora jujeña, la propuesta no solo busca preservar la libertad de expresión, sino también incorporar nuevos derechos asociados al uso de plataformas digitales, el teletrabajo, la inteligencia artificial, los derechos de cuidado, el secreto profesional y la protección de las y los periodistas en coberturas de riesgo.
La senadora informó además que el proyecto quedará en circulación para que los integrantes de la Cámara alta puedan analizarlo y sumar adhesiones hasta el próximo viernes. Una vez cumplido ese plazo, será ingresado formalmente para su giro a las comisiones correspondientes, una definición que quedará en manos de la Presidencia del Senado.
La convocatoria reunió a representantes sindicales y trabajadores de prensa de Salta, Río Negro, Corrientes, Tandil, La Rioja, Esquel, Córdoba, Santa Fe, Rosario, San Juan, Chaco y Neuquén, entre otras regiones, reflejando el carácter federal con el que fue concebida la iniciativa.
Una respuesta a la derogación del Estatuto El eje central de la propuesta surge como respuesta a la derogación del Estatuto del Periodista Profesional incluida en la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Aunque la vigencia de la norma fue prorrogada hasta el 1 de enero de 2027, desde los sindicatos advierten que es imprescindible llegar a esa fecha con una nueva legislación aprobada.
La secretaria general de FATPren y secretaria adjunta de SiPreBA, Carla Gaudensi, subrayó la urgencia del debate.
"Necesitamos tener la certeza de que nuestro estatuto no va a quedar derogado. Esta prórroga es un aliento para discutir cualquier modernización, pero el Estatuto contiene los aspectos protectorios más importantes de nuestra norma".
La dirigente sostuvo que la legislación vigente cumple un papel central en la defensa de la libertad de expresión.
"Está para que los periodistas no seamos presionados por ejercer nuestra labor y nos da protección ante un Presidente que pide despedir en las empresas periodísticas por la información que brindamos".
Gaudensi también defendió el carácter abierto de la propuesta y advirtió sobre el contexto actual que atraviesa la actividad periodística.
"No hicimos esta propuesta a libro cerrado. Asistimos al peor momento de libertad de expresión, y derogar el Estatuto en estas condiciones es un error que la época no nos puede permitir".
La dirigente sostuvo además que la normativa puede ser discutida y perfeccionada durante el tratamiento legislativo, aunque remarcó la necesidad de preservar los principios vinculados a la protección de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Nuevos derechos para los desafíos del siglo XXI El proyecto mantiene los principios fundamentales del Estatuto vigente, especialmente aquellos vinculados a la protección de la libertad de prensa y del derecho a la información, pero incorpora nuevas regulaciones adaptadas a las transformaciones tecnológicas y laborales.
Entre las principales novedades se incluyen disposiciones sobre inteligencia artificial, teletrabajo, plataformas digitales, salud mental, licencias por violencia de género, derechos de cuidado, cláusula de conciencia y mecanismos de protección para periodistas que cubren manifestaciones o situaciones de violencia institucional.
También propone establecer un salario mínimo nacional para la actividad periodística, equivalente al menos al valor de la canasta básica medida por el Indec.
Diego Miner, integrante de FATPren y representante de la Asociación de Periodistas de Corrientes, destacó el proceso de construcción colectiva de la iniciativa.
"Es un prototipo trabajado con los sindicatos de todas las provincias del país para que salga un nuevo Estatuto acorde a los tiempos que corren".
Desde la Federación explicaron que el texto reduce significativamente la extensión de la norma original: pasa de más de 80 artículos a 28 distribuidos en cuatro capítulos, eliminando disposiciones en desuso y actualizando las categorías laborales mediante un sistema más flexible basado en áreas de trabajo.
Apoyos de distintos bloques políticos La presentación cosechó expresiones de apoyo de distintos bloques parlamentarios.
El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Eduardo Vischi, comprometió la participación de su bancada en el tratamiento de la iniciativa.
"Es un gran logro de ustedes y es una satisfacción. Ratificamos el compromiso de ponernos a disposición y dar nuestro parecer para también brindar nuestra opinión".
Más adelante agregó: "Vamos a trabajarlo mirando con la más sincera objetividad para mejorarlo en todo lo posible".
Y alertó sobre el escenario actual para el ejercicio periodístico: "El momento que vivimos de ataque a la prensa es muy nocivo, lastima a la sociedad".
Por su parte, el senador catamarqueño Guillermo Andrada definió la iniciativa como "un proyecto genuino y necesario".
Desde el bloque Justicialista, el jefe de bancada José Mayans anunció el acompañamiento del espacio.
"El país necesita que trabajen libremente porque la información es fundamental".
Y recordó la postura que mantuvo el peronismo durante el debate de la reforma laboral: "Nosotros votamos en contra de la derogación y estamos de acuerdo en que ustedes trabajen libremente".
También participaron de la reunión las senadoras y senadores Anabel Fernández Sagasti, Sandra Mendoza, Fernando Salino, Mariano Recalde, Jorge Capitanich, Edith Terenzi, Beatriz Ávila, Vilma Bedia, Juan Cruz Godoy, Enzo Paolo Fulone y Pablo Cervi, entre otros.
Cervi, representante de La Libertad Avanza, planteó la necesidad de ampliar la discusión.
"Hay que escuchar a los dueños de los medios, a los que pagan sueldos a fin de mes", sostuvo, y pidió mantener una "visión federal" durante el tratamiento legislativo.
La voz de los periodistas La comisión también contó con la participación de periodistas que aportaron su mirada sobre las condiciones actuales de trabajo en los medios.
Gabriela Pepe, periodista de Letra P y C5N, destacó que la discusión excede los derechos laborales y se vincula directamente con el acceso ciudadano a la información.
"Tenemos que pensar en un Estatuto que proteja el trabajo que hacemos. La contracara de esto es el derecho de todos los ciudadanos a tener acceso a información fidedigna".
En la misma línea, Mariano Obarrio remarcó la dimensión democrática de la propuesta.
"Es una ley fundamental para los periodistas, para la libertad de prensa y para la libertad en sí misma de los ciudadanos, que pueden ser libres a partir de conocer diversas fuentes y sectores". Un debate abierto con plazo hasta 2027 Desde FATPren adelantaron que en las próximas semanas mantendrán reuniones con todos los bloques políticos de la Cámara alta para construir consensos que permitan aprobar la norma antes del vencimiento de la prórroga vigente.
La magnitud de la convocatoria dio una señal del interés que despertó la propuesta. La Sala Arturo Illia quedó completamente colmada y fue necesario habilitar espacios adicionales en el Salón de las Provincias para albergar a trabajadores de prensa, dirigentes sindicales y asesores parlamentarios que se acercaron a seguir el debate.
El desafío ahora será reunir los consensos necesarios para que el Congreso trate una nueva regulación para la actividad antes de 2027, cuando está prevista la derogación del Estatuto vigente.
Con nueva conducción, la FATPren impulsará una agenda de recomposición salarial y defensa del Estatuto del Periodista en medio de la crisis del sector y frente a las embestidas del gobierno de Javier Milei contra la prensa, los medios públicos y la libertad de expresión
El Congreso de la Federación de Trabajadores de Prensa (FATPren) renovó sus autoridades para el período 2026–2030 y definió una hoja de ruta centrada en la recomposición salarial, la lucha contra la precarización y la actualización del Estatuto del Periodista, en un contexto de crisis del sector y de profundos desafíos tecnológicos.
Carla Gaudensi del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y María Ana Mandakovic del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CiSPren) fueron elegidas como secretaria general y secretaria adjunta, respectivamente, de la Federación que nuclea a sindicatos de prensa de todo el país y estarán a cargo durante los próximos cuatro años. El debate por la actualización del Estatuto del Periodista ocupó un lugar central, con la definición de una agenda orientada a ampliar y consolidar derechos para las y los trabajadores de prensa.
Con una amplia participación, las jornadas estuvieron atravesadas por discusiones en torno a los derechos laborales en la actividad, bajo la premisa de que la información es un bien social. En ese marco, se planteó la necesidad de redefinir acuerdos que incorporen nuevos derechos para el trabajo periodístico. El encuentro se desarrolló además en el contexto de la prórroga obtenida en medio de la lucha contra la reforma laboral, que habilita el debate sobre la actualización del Estatuto del Periodista Profesional.
En la renovada Casa del Periodista de Carlos Paz, el Congreso definió sus nuevas autoridades y volvió a poner en el centro la necesidad de fortalecer el ejercicio del periodismo como pilar fundamental de la democracia.
Durante la jornada del viernes se aprobaron la memoria y el balance del ejercicio, y se definió el Secretariado Nacional que conducirá la entidad en el período 2026–2030. En ese marco, se renovó la comisión directiva, con eje en la defensa del salario y del Estatuto profesional.
La lista fue electa por unanimidad y reúne a representantes de 17 sindicatos de prensa de todo el país: Chubut, Salta, Santa Fe, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Corrientes, Misiones, San Juan, La Rioja, Santiago del Estero, Córdoba y Chaco, además de las ciudades de Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca y Tandil.
Tras su designación, Carla Gaudensi destacó: "Este nuevo mandato nos encuentra con más sindicatos de prensa de todo el país que se suman a la conducción de la Federación. Contamos con una organización más representativa y federal para dar las peleas que necesitamos las y los trabajadores: la lucha por el salario, contra la precarización, por nuestro Estatuto profesional y frente a los ataques de un gobierno nacional que nos eligió como blanco". Además, subrayó la importancia del desarrollo territorial para "construir una alternativa desde la clase trabajadora al modelo de ajuste, hambre y entrega que promueve el gobierno de Milei".
Gaudensi se desempeña además como secretaria de Género de la CGT a nivel nacional, mientras que Mandakovic es secretaria adjunta de la CTA Autónoma. La conducción se completa con Pablo Jiménez como secretario de Organización, referente de la CTA de los Trabajadores en la provincia de Santa Fe. En este sentido, FATPren viene transitando un proceso de unidad que se presenta como referencia dentro del movimiento sindical.
El Congreso se desarrolló como un espacio de debate y construcción colectiva, con participación de trabajadores y trabajadoras de prensa de distintos puntos del país, estudiantes de comunicación y dirigentes de organizaciones sindicales vinculadas al sector.
Como resultado de las deliberaciones, se resolvió impulsar acciones de visibilización y reclamo en las semanas del 1° de Mayo y del Día del Periodista en junio, así como presentar un proyecto de actualización del Estatuto ante legisladores nacionales y provinciales.
"Defender los derechos laborales, la libertad de expresión y el derecho a la información es tarea de las y los trabajadores", fue una de las consignas que sintetizó el espíritu del Foro.
El desafío de repensar el periodismo en contextos de crisis
La flamante secretaria adjunta de FATPren y secretaria general del CiSPren, María Ana Mandakovic, abrió el Foro Abierto de la jornada del sábado. Allí destacó la importancia de la confluencia de distintos sectores de la comunicación para debatir estrategias comunes en la búsqueda de más derechos para las y los trabajadores de prensa, en un ámbito que reunió a sindicatos de todas las provincias junto a actores gremiales, sociales y académicos.
En ese marco, señaló que el contexto actual está atravesado por la precarización, el pluriempleo y los ataques al ejercicio periodístico, y planteó la necesidad de revitalizar discusiones vinculadas al fortalecimiento de las condiciones laborales, especialmente en medios autogestivos y cooperativos. Según indicó, este escenario refleja "democracias de baja intensidad que no terminan de resolver los problemas de nuestro pueblo".
Mandakovic también se refirió al impacto de las plataformas digitales y la inteligencia artificial, proponiendo una mirada que contemple su incorporación, pero desde una perspectiva crítica. "La crisis que se atraviesa no es casual. La información es un bien social y su deterioro afecta tanto a la democracia como a la sociedad", sostuvo.
En esa línea, advirtió sobre el vaciamiento de los medios públicos, el desfinanciamiento de los proyectos autogestivos, los salarios por debajo de la línea de indigencia y la creciente concentración de las empresas de comunicación. "Este escenario constituye el terreno propicio para reproducir un sistema basado en la explotación y la acumulación desmedida de la riqueza. Por eso, nuestro oficio es determinante para consolidar otra democracia, con transformaciones profundas que permitan recuperar la justicia social y la equidad", afirmó.
Asimismo, destacó la construcción de una lista de unidad en un contexto que exige fortalecer la organización del sector: "Debemos priorizar la unidad de las y los trabajadores de prensa, entendiendo que formamos parte del movimiento obrero organizado. Esta Federación reúne a compañeros y compañeras que militamos en distintas centrales sindicales, lo que le otorga una característica singular y estratégica".
Por su parte, Gaudensi reiteró que la nueva conducción expresa una mayor representatividad federal y reafirmó los ejes de lucha vinculados al salario, las condiciones laborales y la defensa del Estatuto profesional.
El Foro Abierto contó con la participación de representantes de diversos espacios de la comunicación, entre ellos la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la Asociación de Reporteros Gráficos (ARGRA), el Foro de Periodismo Argentino (FoPeA), la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y la Facultad de Ciencias Sociales, así como la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Participaron, entre otros, el presidente de ARGRA, Sebastián Vricella; el vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Diego de Charras; la directora de la carrera de Comunicación, Larisa Kejval; la vicepresidenta de FARCo, Laura Carizzoni; la protesorera de FoPeA, Florencia Pérez Gaudio; y los asesores legales Miguel Rodríguez Villafañe, César Arese, León Pieske, Damián Loreti y Guillermo Gianibelli, junto a representantes sindicales de todo el país.
Durante el encuentro se discutieron propuestas para la actualización del Estatuto del Periodista, en el marco de la prórroga obtenida tras el debate de la Ley de Modernización Laboral en el Congreso de la Nación.
Hacia el cierre, se abordaron las restricciones estructurales e ideológicas que inciden en el deterioro del periodismo, entre ellas la mercantilización de la información de interés público, la falta de financiamiento de los medios públicos y la ausencia de políticas estatales que garanticen el acceso universal a internet.
Con el fortalecimiento de las redes construidas en el encuentro y la reafirmación de la unidad como horizonte, el debate continuará en cada provincia. "Sin libertad de expresión, sin derecho a la comunicación y sin pluralidad de voces no hay democracia. No defendemos privilegios sectoriales, sino la posibilidad de construir un proyecto de país inclusivo", concluyó Mandakovic.
El Secretariado Nacional quedó conformado en su totalidad de la siguiente manera:
El 25 de marzo se celebra en la Argentina el Día del Trabajador y la Trabajadora de Prensa. A 82 años de la sanción del Estatuto del Periodista Profesional, los sindicatos de todo el país se unen para reivindicar los derechos que garantiza y exigir al Congreso de la Nación el cumplimiento de su compromiso de renovar la ley 12.908, en el marco de la prórroga vigente hasta el 31 de diciembre:
El 25 de mayo de 1938 los trabajadores y trabajadoras de prensa de todo el país reunidos en Córdoba aprobaron el proyecto de lo que años más tarde, el 25 de marzo de 1944 se sancionaría por decreto como el Estatuto del Periodista Profesional. Dos años después, el Congreso de la Nación sancionó la ley 12.908, que a lo largo de los años tuvo múltiples modificaciones.
En su larga historia, el Estatuto del Periodista y el del Empleado Administrativo son el resultado del debate y la construcción colectiva y transversal de todos los sectores del periodismo y de la política: quien primero lo impulsó fue el periodista y diputado radical Víctor Guillot, lo promovieron los socialistas, lo sancionó Perón y lo promulgó como ley el Congreso de la Nación, aunque luego tuvo transformaciones, como la incorporación de la radio y la televisión o, durante el gobierno de Arturo Illia, cuando se introdujo la indemnización especial como una protección del empleo para garantizar la libertad de expresión.
En la llamada "ley de modernización laboral", el gobierno de Milei introdujo la derogación completa de la ley 12.908, lo que se contrapone de cuajo con cualquier propósito renovador. Pero un sector de legisladores y legisladoras propuso una prórroga hasta el 31 de diciembre de este año para dar espacio a un debate serio sobre la norma.
Desde la Federación y los sindicatos de prensa de todo el país expresamos nuestro rechazo a esa derogación, así como también a una prórroga sobre la base de una derogación posterior, pero en todo momento sostuvimos nuestra plena voluntad a realizar propuestas tendientes a actualizar el Estatuto del Periodista, sobre la base de la plena vigencia de los derechos que establece, incorporando las nuevas prácticas y soportes de la comunicación.
Es por eso que estamos trabajando una propuesta integral que contenga aquellos derechos como piso y que incorpore otros nuevos -teletrabajo, inteligencia artificial, plataformas, entre otros-, con el mismo objetivo que el Estatuto tuvo siempre: garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión de quienes ejercemos el periodismo, sobre la base de defender el empleo y las condiciones laborales.
Con esa propuesta nos comprometemos a promover un debate profundo con cada sector de la comunicación y con todos los bloques parlamentarios, para defender esa historia de consensos y no darle la espalda a los que son derechos humanos fundamentales en democracia, como la información y la comunicación. Esperamos que todos los legisladores y legisladoras, particularmente quienes propusieron esta prórroga para actualizar el Estatuto del Periodista, hagan honor a su palabra.
El Sindicato de Prensa Rosario y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa sostienen que el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei profundiza la precarización, debilita la negociación colectiva y amenaza conquistas históricas del sector
El Sindicato de Prensa Rosario expresó su rechazo firme al proyecto de ley de reforma laboral, al considerar que promueve una mayor precarización y un marcado retroceso en los derechos conquistados por las y los trabajadores. Según la entidad, la propuesta "apunta a un país con trabajadores sin derechos".
La organización afirmó que continuará defendiendo los estatutos del periodista profesional y del personal administrativo de empresas periodísticas, así como los convenios colectivos y el derecho inalienable a un trabajo digno, con pleno respeto a la libertad de expresión.
En el comunicado, se recordó que la historia del sindicato da cuenta de una lucha sostenida para preservar las fuentes laborales, garantizar salud a través de la obra social y ofrecer servicios a sus afiliados. “"No vamos a permitir que borren estas conquistas", señalaron.
El gremio advirtió además que la reforma presentada implica un escenario de sometimiento laboral que retrocede varias décadas y debilita de manera deliberada la capacidad sindical para defender a trabajadoras y trabajadores, cuya fuerza se basa en la negociación colectiva y la movilización.
Finalmente, el Sindicato de Prensa Rosario reafirmó su confianza en sus principios, en la unidad del sector y en la acción conjunta con otras organizaciones, reiterando su posición de rechazo a la reforma laboral.
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa sostiene que es una regresión de un siglo
La organización señaló que el proyecto del gobierno nacional implica un ataque directo al periodismo, elimina estatutos fundamentales y favorece a las grandes empresas de medios en detrimento de quienes trabajan en la actividad
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y los sindicatos que la integran expresaron su profunda preocupación frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional. Según señalaron, la iniciativa representa "una regresión de un siglo" en materia de derechos y conquistas obtenidas por generaciones de trabajadoras y trabajadores.
El documento recuerda que, a pocos días de asumir, el gobierno presentó su plan de “modernización laboral”, concepto bajo el cual —según el análisis gremial— se oculta un programa regresivo que ya tuvo una aplicación parcial mediante la Ley Bases y que ahora pretende ser profundizado. De aprobarse, advierten, la vida laboral de quienes trabajan, con o sin registro formal, sería más precaria y desprotegida, afectando tanto a los nuevos ingresos como a quienes ya ejercen el oficio.
El gremio alertó especialmente sobre el impacto del proyecto en la actividad periodística. La iniciativa, sin debate previo, propone derogar el Estatuto del Periodista Profesional y el Estatuto del Personal Administrativo de Empresas Periodísticas, ambos pilares vigentes desde hace ocho décadas. Estas normas, explican, garantizan estabilidad laboral, permiten intimar a empleadores ante irregularidades y ofrecen mejores condiciones para negociar sin necesidad de acudir a la justicia. También constituyen una protección esencial para ejercer la libertad de informar frente a presiones políticas y económicas.
Asimismo, la federación cuestionó que el proyecto deroga artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y elimina gravámenes que sostienen a medios públicos, comunitarios y pequeñas empresas del sector. Esta decisión, remarcan, beneficia doblemente a los grandes grupos mediáticos: les quita derechos a sus trabajadoras y trabajadores y los libera de impuestos destinados a asegurar un sistema informativo plural y democrático. A la vez, recuerdan que estas mismas empresas impulsan la flexibilización mientras evitan discutir en paritarias cuestiones como la regulación de la inteligencia artificial, el teletrabajo y las nuevas funciones.
La declaración también denuncia que esta ofensiva avanza sin debate real, ya que en los últimos años ni el gobierno ni las empresas de medios promovieron conversaciones sobre la vigencia o actualización del Estatuto del Periodista.
La federación enmarca esta situación en un contexto más amplio de pérdida de poder adquisitivo, señalando que la devaluación inicial del gobierno significó una transferencia de recursos desde quienes trabajan hacia los grandes grupos económicos.
Finalmente, la organización llamó a fortalecer la unidad y la acción conjunta con otras centrales sindicales para defender el derecho a contar con derechos laborales. Anunció que continuará la lucha en el Congreso, en la Justicia y en las calles, y convocó a trabajadoras y trabajadores de prensa a participar, afiliarse y frenar la reforma laboral.
APeRA rechaza la derogación del Estatuto del Periodista incluida en la reforma laboral
La Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA) expresó hoy su rechazo y oposición a la decisión del Gobierno nacional de derogar el Estatuto del Periodista, norma que establece el marco regulatorio para el ejercicio profesional en medios de comunicación.
La medida forma parte del proyecto de reforma laboral enviado al Senado este miércoles. Según la asociación, la decisión fue tomada de manera "intempestiva e inconsulta", sin convocar a los distintos sectores afectados.
El Estatuto del Periodista rige desde 1946 y, aunque APeRA reconoce la necesidad de actualizarlo, subraya que en democracia resulta fundamental que participen todos los involucrados y no solo el Poder Ejecutivo.
La comisión directiva de la asociación instó además al presidente Javier Milei a reflexionar sobre la medida y a buscar consensos, recordando las críticas públicas que ha hecho hacia el periodismo.
"Llamamos a un diálogo amplio por el bien de la República y de la profesión periodística", concluye el comunicado.
Rechazo al proyecto de reforma laboral y a la avanzada represiva contra la prensa
La Mesa Sindical de las Comunicaciones de Córdoba manifiesta su más enérgico rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional. Esta iniciativa profundiza el rumbo iniciado con el DNU 70/23 y la Ley Bases, avanzando sobre las instituciones laborales, destruyendo derechos históricos de les trabajadores y beneficiando de manera exclusiva a los grandes grupos empresariales.
Pero este no es solo un ataque al mundo del trabajo: se trata de una ofensiva directa y grave contra la comunicación, la cultura y el periodismo, pilares esenciales de la democracia y la soberanía popular.
En primer lugar, el proyecto propone la derogación del Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908) y de la Regulación del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas (Ley 13.839). Esta decisión atenta directamente contra la libertad de expresión, el derecho a la información y el acceso a las fuentes, vulnerando garantías constitucionales fundamentales. Desregular el periodismo es desproteger a quienes informan y habilitar mecanismos de censura indirecta y disciplinamiento.
En segundo término, la iniciativa elimina un capítulo completo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522), suprimiendo los gravámenes que hoy sostienen el financiamiento de la cultura y la comunicación pública. Se verían afectados:
el INCAA (25%),
el Instituto Nacional del Teatro (10%),
RTA (20%),
la Defensoría del Público (5%),
los proyectos especiales de comunicación audiovisual (10%),
y el Instituto Nacional de la Música (2%).
Este recorte implica un vaciamiento deliberado de las políticas públicas culturales y comunicacionales, debilitando la producción nacional, la diversidad de voces y el derecho de nuestro pueblo a verse y escucharse.
La comunicación y la cultura no son mercancías: son herramientas estratégicas para construir soberanía, identidad y democracia.
Por estas razones, los gremios nucleados en la Mesa Sindical de las Comunicaciones de Córdoba —SATSAID, UOGC, AATRAC, SUTEP y CISPren— llamamos a la sociedad a defender la democracia y a organizarnos colectivamente para frenar este avasallamiento a los derechos conquistados.
Mesa Sindical de las Comunicaciones de Córdoba
SATSAID – Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos
UOGC – Unión Obrera Gráfica Cordobesa
AATRAC – Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones
SUTEP – Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines
CISPren – Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba
ARGRA alerta: la derogación del Estatuto del Periodista y la represión forman parte del mismo ataque
La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) advirtió que la intención del Gobierno nacional de derogar el Estatuto del Periodista Profesional, incluida en el proyecto de reforma laboral, constituye un grave ataque a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a estar informada.
En diálogo con Radio La Torre, de La Rioja, su presidente, Sebastián Vricella, afirmó que "después de tantos años resulta inviable eliminar una norma que garantiza derechos laborales y protege la libertad de expresión, obligación expresa de la Constitución Nacional". Para ARGRA, esta medida no es aislada, sino parte de un proceso más amplio de disciplinamiento y control de la información.
"Este ataque se complementa con la represión directa a trabajadores y trabajadoras de prensa en la calle. Somos blanco de agresiones por mostrar la realidad", sostuvo Vricella, señalando la creciente violencia estatal durante coberturas de manifestaciones.
En ese marco, destacó el caso de Pablo Grillo, joven fotógrafo y exestudiante de la escuela de fotoperiodismo de ARGRA, gravemente herido el pasado 12 de marzo por un disparo fuera de protocolo mientras trabajaba. "Lo de Pablo fue una bisagra. Todavía lucha por su vida. Denunciamos este hecho a nivel nacional e internacional y acompañamos a su familia en cada instancia", afirmó, recordando que desde la sede de ARGRA se exigió la renuncia de la entonces ministra de Seguridad por su responsabilidad política.
La derogación del Estatuto del Periodista, remarcó, dejaría a los trabajadores de prensa "librados al mercantilismo, sin herramientas para defender sus condiciones laborales", facilitando el control de la circulación informativa. "Las imágenes de la represión son irrefutables. Por eso quieren silenciar a quienes documentan el abuso del poder", subrayó.
Vricella también alertó sobre la intención oficial de reemplazar el trabajo periodístico por contenidos generados con inteligencia artificial, como parte de un intento de construir "un relato no real". "No lo vamos a permitir. La democracia necesita información verdadera y periodistas con derechos", afirmó.
Desde diciembre de 2023, ARGRA articula acciones junto a FATPren, CELS, sindicatos de prensa y organismos de derechos humanos, presentando denuncias en los planos legislativo, judicial e internacional. "Vamos a seguir dando esta pelea en todos los ámbitos", aseguró.
Finalmente, confirmó la participación de ARGRA en las movilizaciones frente al Congreso y concluyó: "Los verdaderos trabajadores de prensa son quienes están en la calle informando lo que pasa. Defender el Estatuto es defender el derecho de la sociedad a saber".