miércoles, 14 de noviembre de 2018

Todo será Telefe! anuncian el cambio de marca de Canal 5 Rosario y Teleocho Córdoba

Así lo revela la nota de Patricio Dobal en VíaRosario. El cambio se instrumentará desde este 21 de noviembre y rompe así décadas de tradición local
La marca del Cinco en los 80 y 90
Es un baldazo de agua fría para las generaciones que se criaron cerca de la tele en tiempos donde los sistema de cable no existían y todo pasaba por los canales locales. Desde este 21 de noviembre, las ocho señales del interior que controla Telefe -en manos del gigante Viacom- dejarán su tradicional identificación basada en un número, para tomar el nombre de su canal controlante. Así, LT 84 Canal 5 Rosario y LV 85 Teleocho Córdoba, por caso, cambiarán denominación por Telefe Rosario y Telefe Córdoba, respectivamente.

La misma suerte correrán los canales 13 de Santa Fe, 8 de Mar del Plata, 8 de Tucumán, 9 de Bahía Blanca, 7 de Neuquén y 11 de Salta, que forman la unidad de negocios del interior de Telefe, que de ésta manera homogeniza su identidad con las tres pelotas de colores en todas las plazas donde tiene sus empresas.

El rumor comenzó a correr este miércoles y fue confirmado a Vía Rosario por fuentes directas de Viacom. Se trata de una estrategia que se anticipa al apagón analógico que pondrá fin a la transmisión de las señales de aire del Grupo Telefe mediante el histórico sistema VHF, para privilegiar sólo la emisión en digital.

Lo cierto es que la medida romperá con una tradición de 54 años años en el caso de Canal 5, ni más ni menos que la emisora que inauguró la TV local en Rosario. El Canal 8 de Córdoba, conocido por todos como Teleocho, fue fundado en 1971 y enseguida se ubicó como uno de las señales de preferencia entre los habitantes de la capital mediterránea.

El cambio de imagen institucional no alterará la generación de contenidos locales que se mixtura con la programación que se genera en Capital Federal, pero sí estará asociado a un cambio en todos los noticieros locales, que pasarán a igualar en su nombre al de Buenos Aires: “Telefe Noticias”. Los informativos rosarinos hace décadas ya habían igualado a los de su señal madre.
Fuente: Vía Rosario

Beneficia a Papel Prensa: Proyectan liberar el precio del papel para diarios

Es un texto de Diego Bossio, apoyado por el oficialismo y el massismo. Deroga los artículos clave de una ley impulsada por Cristina. Beneficia a Papel Prensa (del Grupo Clarín y La Nación) y perjudica a los pequeños diarios del interior del país.

Un proyecto empujado por parte del justicialismo y Cambiemos para liberar los precios de Papel Prensa promete convertirse en la próxima batalla de la Cámara de Diputados, donde se descuenta que el kirchnerismo batallará para evitar que deroguen un ley impulsada por Cristina Kirchner en plena guerra con Clarín.

El texto fue elaborado por el diputado justicialista Diego Bossio y tiene las firmas de los líderes del bloque de Cambiemos, Mario Negri y Nicolás Massot; del jefe del interbloque del PJ federal, Pablo Kosiner; y de los massistas Marco Lavagna y Alejandro Grandinetti, entre otros.

El proyecto ingresó a la Cámara baja el viernes pasado y, en un trámite exprés, este miércoles ya comenzó a ser tratado en la comisión de Comercio, que preside el justicialista mendocino Pedro Miranda.

Los bloques que lo empujan tienen número suficiente para darle dictamen en esa comisión -la única a la que fue girado-, pero se estima que el Frente para la Victoria intentará forzar el giro a la de Libertad de Expresión, donde podría al menos demorar el proyecto ya que la preside Leopoldo Moreau.

La norma propone derogar varios artículos de la Ley 26.736, aprobada por el kirchnerismo en 2011, que declara "de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios". En plena guerra con Clarín, esa ley fue un condicionamiento fuerte para Papel Prensa, manejada por ese Grupo y La Nación.

La derogación de esa ley era un reclamo de Clarín y La Nación al gobierno (al que incluso habrían advertido de un ajuste fuerte en la empresa), y también de los diarios del interior que a través de la Cooperativa de Provisión de la Prensa Argentina (Cooppal) le enviaron el mes pasado una carta a Emilio Monzó para reclamarle el tratamiento del tema.

El texto de Cambiemos y el PJ recoge los reclamos de Papel Prensa y propone derogar los artículos 20, 21, 24, 25, 26, 27, 40 y 41 de la ley de 2011. El principal cambio es la derogación del artículo 20, que establece la obligación de comercializar el papel para diario a un precio único y público de pago, con lo que se evita que se venda a precios diferenciales a determinados diarios en perjuicio de otros, principalmente los de menor tirada.

En la empresa argumentan que es una tendencia del mercado internacional que los grandes diarios hagan valer su capacidad de compra y obtengan mejores precios que el resto. Además, sostienen que el precio único hace competitivo a Papel Prensa para determinados clientes pero que el volumen que adquieren no es suficiente para hacer rentable el funcionamiento a tope de la capacidad, como también establece la ley.

En tanto, los artículos 24, 25, 26 y 27 de la ley vigente regulan la cantidad de producción nacional y de importación de pasta celulosa y papel para diarios, a fin de asegurar el abastecimiento pleno del mercado local. Finalmente, el 40 obliga a Papel Prensa a "operar como mínimo a pleno de su capacidad operativa o de la demanda interna de papel (cuando ésta sea menor a la capacidad operativa)", y a presentar planes de inversión cada tres años.

Papel Prensa también reclama que ante la caída de la demanda del papel para diarios, se le permita desarrollar otros segmentos del negocio.

El proyecto:
El Senado y Cámara de Diputados...
Papel para diarios
Artículo 1º:
Deróguense los artículos 20, 21, 24, 25, 26, 27, 40 y 41 de la Ley N° 26.736.
Artículo 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Fundamentos
Señor presidente:

El presente proyecto tiene por objeto corregir ciertos efectos negativos en la aplicación plena de la Ley N° 26.736 por medio de la cual se regula la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel de diarios.

No se puede desconcer que existe una tendencia mundial de la industria del papel para diarios que está dada por los cambios de hábitos de información y el avance del mundo digital en los medios de comunicación. La tendencia a la baja en la producción de papel y consumo de diarios se viene evidenciando en el mundo, a la que no es ajena la Argentina. Es por eso que se entiende, que la prioridad en la actualidad tiene que estar dada no solo porque los medios de prensa gráficos estén siempre abastecidos a precios de mercados razonables de los insumos necesarios para cumplir con su esencial función comunicacional y social sino también porque la propia industria pueda desarrollarse al máximo de la capacidad instalada de sus plantas, reconvirtiéndose a la producción de nuevos productos complementarios que permitan mantener los puestos de trabajo con perspectivas de mercados crecientes y sustentables a largo plazo.

La regulación del precio único y público mediante la determinación de una fórmula impuesta en el artículo 20 de la citada Ley, terminó operando en contra de condiciones equitativas de mercado perjudicando a pequeños compradores asociados en cooperativas que, con anterioridad, negociaban sus compras con importantes descuentos.

La complejidad de fijar un precio único del papel para diarios radica ya en la naturaleza del bien y la dinámica del mercado nacional e internacional, lo cierto es que es un bien que, en la Argentina, el precio de importación del papel para diarios es una variable clave que limita severamente la fijación de precios en el mercado local. Más allá que se produce papel para diario en Argentina, Brasil y Chile, el 50% del consumo en la región se nutre de la importación extra zona. Argentina por su dimensión no influye en la definición de reglas de mercado ni fija el precio internacional. En función de la libre importación de este producto (0% de arancel extrazona), para las empresas periodísticas, las decisiones de precio y de abastecimiento dependen, en gran medida de ese mercado existiendo distintos precios y listas de descuento para segmentar los clientes y atraer la demanda.

Los artículos 21, 24, 25, 26, 27 40 y 41 de la citada Ley tratan sobre la ampliación de la capacidad de producción de papel para diario en el país para satisfacer la totalidad de la demanda interna por parte de una determinada empresa obligando a efectuar inversiones no siempre necesarias en términos de demanda del mercado. Además, los artículos 40 y 41 de la Ley son identificados como Cláusulas Transitorias por lo que desde el principio dichos artículos se caracterizaron por la temporalidad de su vigencia. Nuevamente, estas disposiciones están alejadas, en la actualidad, de una nueva realidad económica que está dada por un mercado que indefectiblemente seguirá descendiendo su producción año tras año, esto por la dinámica propia del consumo de medios digitales. Como dato, se debe tener en cuenta que en el año 2011 el mercado en Argentina consumía 204.000 toneladas de papel para diario de uso periodístico, descendiendo año a año y ya en 2017 el consumo fue de 115.000 toneladas, estimándose para el año 2021 que el mercado será inferior a las 75.000 toneladas anuales.

A esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación ha ingresado con fecha 16 de octubre del corriente año, una nota de la Cooperativa de Provisión de la Prensa Argentina en las cuales manifiestan las dificultades que afrontan sus asociados a raíz de la aplicación de la Ley N° 26.736, en particular con la fijación del precio único de pago al contado de venta de papel para diario establecida en el artículo 20. Manifiestan que, a raíz de la norma cuestionada, han perdido su beneficio por pronto pago y por volumen de compra.

Asimismo, en la misma fecha y ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el Secretario General de la Industria del Papel de San Pedro solicita la derogación de la Ley N° 26.736 a raíz de que entiende que dicha acción es una condición necesaria para que la Empresa pueda encarar una reconversión industrial que permita asegurar la sustentabilidad de la unidad productiva y sus puestos de trabajo.
Manifiesta que de lo contrario se verían seriamente afectados las fuentes laborales de 475 trabajadores directos, sumadas a los trabajos indirectos, le economía forestal del Delta y la población de San Pedro.

Estamos convencidos, tanto para esta Industria como para otras, que la imposición de un precio único que coarte la posibilidad de las empresas de fijar la política de precios y sus condiciones de ventas, como la imposición de inversiones obligatorias innecesarias no son el camino que debe seguirse para cumplir el doble objetivo de un abastecimiento a precios de mercados y una reconversión paulatina de la industria.

Creemos que en los últimos tiempos se han sancionado en este Congreso Nacional leyes que dotan a las empresas a los consumidores y al propio Estado de herramientas jurídicas eficientes para combatir adecuadamente eventuales ejercicios abusivos de posición dominante y que en definitiva garanticen el abastecimiento adecuado de los insumos necesarios para que se pueda ejercer adecuadamente la prensa gráfica; por lo que las derogaciones propuesta en el presente proyecto en nada debería afectar el pleno ejercicio del derecho a la información a través de las imprentas gráficas consagrados en las propia Ley N° 26.736 y en la nueva normativa referida.

Por todo lo expuesto, y entendiendo la urgencia e importancia de este proyecto, es que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.

PáginaI12 otra vez sin firmas por retención de tareas

PáginaI12 hoy salió sin firmas porque los trabajadores y las trabajadoras del diario estuvimos con retención de tareas hasta el cierre de la edición de ayer. Eso fue producto de una larga asamblea en la que se comenzó a discutir cómo seguir ante la negativa constante del Grupo Octubre de pagar la paritaria de este año, ofreciendo únicamente una pobre suma fija a cuenta del acuerdo. También se debatió qué hacer frente a la decisión de la empresa de excluir de ese pago a las siete compañeras pasantes, eslabón más débil dentro del diario y las únicas discriminadas del pago de esa suma.

Tras un largo ruidazo en la redacción y luego en la vereda del edificio de la calle Venezuela, el director de Grupo Octubre, Francisco Meritello, recibió a los delegados y se comprometió a ampliar el pago de la suma fija también para las compañeras. De todos modos, siguió sin precisar cuándo van a pagar el total de la paritaria, cómo se encarará la deuda acumulada que vienen arrastrando desde mayo y qué va a pasar con el bono convenido entre el gobierno nacional y los gremios, entre otras cuestiones.

Frente a esta situación, los trabajadores y trabajadoras del diario entramos en cuarto intermedio hasta mañana jueves, cuando retomaremos la asamblea general para definir un nuevo plan de lucha de cara a esta etapa del conflicto.
Comisión Interna SiPreBA

Contactos de delegados/as
Fernando "Tato" Dondero: 1564753301 / Paula Sabatés: 1538900710 / Leandro Teysseire: 1561429298

Los funcionarios públicos frente al periodismo crítico

La Asociación de Prensa de Santa Fe expresa su rechazo al comunicado emitido por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial Zona Norte en el que sostiene que el ejercicio de la crítica periodística es un “ataque a la labor judicial”, al “Poder Judicial y a su independencia”.

Recordamos que los jueces son funcionarios públicos.

La esencia misma del sistema republicano es que los funcionarios públicos están sujetos en forma permanente a la valoración y a la crítica, no sólo de la prensa sino de toda la ciudadanía.

Pero precisamente ésa es una de las tareas centrales que nos toca a las y los periodistas.

Por eso de ninguna manera es aceptable que la crítica a un fallo y a la labor de un funcionario público sea entendida como un “ataque” al “Poder Judicial”.

Si esa misma lógica se aplicara a todas las reparticiones del Estado, el periodismo quedaría reducido a un ejercicio del aplauso permanente y a la reproducción de partes y declaraciones oficiales. Lo que ya no sería periodismo.

El periodismo es esencialmente interpelar, criticar, investigar, develar.

Por todo esto, expresamos nuestro respaldo a la labor de todas y todos los periodistas que realizan su trabajo de este modo y los animamos a continuar con este compromiso.

Por más y mejor periodismo.
Asociación de Prensa de Santa Fe

El Twitter de Yrigoyen

Francisco Godinez Galay, director del Centro de Producciones Radiofónicas, reflexiona sobre el uso de las redes sociales desde la perspectiva de la libertad de expresión y la aceptación de las opiniones disidentes
Por: Francisco Godinez Galay, @franupma
Cuenta la leyenda que al presidente Hipólito Yrigoyen sus asesores le imprimían un periódico especial para que no se enterara de las críticas que le hacía la prensa. Hoy parecemos asistir a un fenómeno en el cual cada quien se arma la red social que le diga lo que quiere oír. El ejemplo paradigmático es el ejercicio del bloqueo de usuarios en Twitter y lo preocupante es cuando son funcionarios públicos quienes lo hacen para no conocer la disidencia, riñéndose con todos los postulados de la democracia, la libertad de expresión y el debate.

Nuestros círculos de contacto voluntario suelen coincidir con nuestra forma de ver el mundo. Redes sociales como Twitter exponen este asunto al constituirse los grupos de interacción a partir de seguir y ser seguido por cuentas con intereses en común y, en gran parte de los casos, visiones en común sobre esos temas. Uno tiende a rodearse de personas con las que puede entablar una conversación coincidente y esa cotidianidad suele reforzar círculos de comunicación que a su vez refuerzan esas miradas sobre el mundo. Lo que decimos –y publicamos– es muy bien recibido por quienes opinan como nosotros/as. Eso nos hace sentir queridos/as, importantes, hasta inteligentes y en algún punto que tenemos razón.

Ahora bien, la gracia de la libertad de expresión y la comunicación no solo es la autorreferencia y la autoconfirmación del yo, sino que funcionen virtuosamente como herramientas de cooperación, construcción común y que robustezcan el debate público en pos de la consolidación de la democracia, los derechos humanos y una vida digna. Pero no es fácil. Primero, porque nos cuesta escuchar opiniones contrarias a las nuestras, máxime cuando estas tienen una lógica y contundencia suficientes como para poner en cuestión lo que pensamos y, por ende, nuestra cotidianidad y nuestros vínculos. Cuando una evidencia opuesta a nuestro pensamiento amenaza nuestra estructura de vida, la bloqueamos, como un instinto de supervivencia. Paradójicamente, somos capaces a su vez de reaccionar con violencia, una reacción desmedida y antiestratégica a los fines del convencimiento. En algún momento, la batalla discursiva deja de ser por convencer y pasa a ser por derrotar: se pone en juego nuestra estructura simbólica, nuestra identidad, nuestro ego. Y hay quienes están menos dispuestos a correr ese riesgo. Las grietas pasan a convertirse en muros y el peligro de encapsularnos amenaza la diversidad.

Cuando se bloquea esa disidencia, actuamos como infantes que creen que negar la realidad alcanza para que esa realidad no exista: así opera el clásico juego de niños y niñas que al taparse la cara creen que han desaparecido; o taparse los oídos y gritar más fuerte que el prójimo “no te escucho, no te escucho, no te escucho” para anular –aunque sea ficticiamente– la evidencia que de todos modos está allí.

Esto aparece de forma descarnada en redes sociales como Twitter, donde es común y concreta la acción de bloqueo de cuentas disidentes. Es cierto, muchas veces la virulencia que habilita el anonimato traslada el debate a un terreno de violencia que lo acerca más a esa necesidad de derrotar más que convencer o construir.

Pero cuando son funcionarios públicos quienes bloquean cuentas opositoras para no enterarse de opiniones contrarias, el fenómeno reviste nuevas vicisitudes. Allí el rol de servicio público y los discursos de pluralidad se riñen con las acciones. Cuando un funcionario público adopta la conducta de bloquear cuentas de Twitter que lo critiquen, anula el debate e intenta asfixiar la disidencia. O al menos no enterarse de ella ¿Cuán transparente puede ser esto? Ellas y ellos tienen la responsabilidad de hablar con sus acciones, de no limitar el debate público ni la libertad de expresión y, en última instancia, brindar explicaciones a la ciudadanía para la cual dicen servir. Si no, funcionan como los dibujos animados que no caen al precipicio mientras no se enteren de que están flotando en el aire: anulando la crítica todo es color de rosas. Armarse el Twitter de Yrigoyen, a medida de cada ego, impide ver qué está sucediendo allí afuera, y eso es de un enorme peligro porque va colocando a los funcionarios en una realidad paralela, muy lejos de las vivencias de las mayorías.

Mientras, ese afuera sigue allí, e indefectiblemente termina haciéndose oír, aunque se bloqueen todas las cuentas de Twitter del mundo.
Imagen ilustrativa
*Licenciado en Comunicación (UBA). Investigador
Fuente: PáginaI12

Eugenio Sosa Mendoza (Grupo Clarín), fue reelegido presidente de ATA

La Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA) reeligió hoy a Eugenio Sosa Mendoza como presidente para el período 2018-2019 en la Asamblea General Ordinaria celebrada en el Hotel Sheraton.

Posteriormente, se llevó adelante el almuerzo anual al que asistieron el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi; la presidenta de ENaCom, Silvana Giudici; el secretario de TICs, Héctor Huici; el director nacional de Publicidad Oficial, Horacio Minotti; el presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, senador Alfredo Luenzo; el presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática, diputado Juan Fernando Brügge; los directores de ENaCom Heber Martínez y Claudio Ambrosini.

Asimismo, participaron del almuerzo Daniel Vila (América TV), Carlos Lorefice Lynch (Canal 9), Guillermo Campanini (Telefe-Viacom), Daniel Zanardi (Artear), además de gerentes, directores y autoridades de cada uno de los canales integrantes de ATA.

Al momento del brindis, Sosa Mendoza dedicó unas palabras a los presentes “En el ADN de la televisión abierta se encuentran marcadas a fuego la innovación y la adaptabilidad y desde hace tiempo venimos poniendo en práctica acciones para dar respuesta a esta necesidad de reconversión”. Asimismo, agregó: “Los rivales que nos disputan nuestra audiencia y nuestro mayor sostén, que son principalmente los ingresos por publicidad, ya no son sólo los de siempre sino que los más desafiantes son jugadores de escala global en clave digital. Confiamos en que los jueces, que son los reguladores y las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo, redefinan reglas de competencia justa y equilibrada”.
Para finalizar, el reelecto presidente sentenció: “Si logramos ser exitosos en la reconfiguración de nuestra industria, podremos seguir contando con medios sanos y fuertes, capaces de ofrecer un servicio de interés público para la sociedad. Fuente generadora de contenidos de calidad para nuestras audiencias y comunidades, que se informan, educan y entretienen a diario a través de nuestras pantallas y nuevos soportes”.

A continuación, los miembros de Consejo Directivo que acompañarán la gestión de Eugenio Sosa Mendoza para el período 2018/2019:

Presidente: Eugenio Sosa Mendoza (Canal 13 Grupo Clarín)
Vicepresidente I: Claudio IpolittiI (Canal 5 Rosario)
Vicepresidente II: Marta Buchanán (Canal 2 La Plata)
Secretario: Juan Jenefes (Canal 7 Jujuy)
Prosecretario: Mariano Alonso (Canal 9 Mendoza)
Tesorero: Lucas González (Canal 8 Córdoba)
Protesorero: Adriana Maleplate (Canal 9 Buenos Aires)

Vocales titulares:
Adrián Gallo (Canal 3 Rosario)
Maria Ximena Velázquez (Canal 10 Mar del Plata)
Paula Guerra (Canal 11 Buenos Aires)
Ezequiel Magnetto (Canal 12 Córdoba)
Daniel Zanardi (Canal 13 Buenos Aires)
Ricardo Nosiglia (Canal 13 Río Cuarto)
Félix María Gómez Danuzzo (Canal 13 Corrientes)
Claudio Ipolitti (Canal 13 Santa Fe)

Director Ejecutivo: Matías Detry
Fotos: ATA
Fuente: ATA

La industria de la TV abierta reclama medidas para afrontar la crisis
Los canales de televisión piden cambios laborales y fiscales. Silvana Giudici, titular del ENaCom, y los directivos de los canales de TV exponen en la charla sobre el futuro de la televisión
Por: Alejandro Alfie
La presentación de Canal 9 en un procedimiento de crisis y la posibilidad de reducción de parte de su personal puso en alerta a la industria de la TV abierta, que arrastra una crisis global potenciada por la caída en la inversión publicitaria argentina. "Necesitamos hacer cambios para flexibilizar la producción, ya que tuvimos una caída muy fuerte de los ingresos", sostuvo Hernán Birencwajg, gerente general del Canal 9.

Sus palabras resonaron fuerte en la charla sobre el futuro de la televisión que organizó la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA). Es que los directivos de Telefe, El 13 y Canal 9 de Mendoza también reclamaron un cambio en los convenios colectivos de trabajo y medidas oficiales para amortiguar el peso de la crisis de un sector cuyo principal ingreso es la publicidad, que sólo en el Canal 9 de Buenos Aires se redujo un 30% este año.

"Necesitamos aliviar la mochila para producir más. Las reglas con las que trabajamos son convenios de hace 50 años", alertó Guillermo Campanini, director de Operaciones de Telefe y Viacom Argentina. La compra de Telefe fue una de las primeras inversiones extranjeras bajo la gestión de Mauricio Macri, cuando Viacom le pagó US$ 345 millones a Telefónica por los nueve canales de TV abierta de Telefe.

Pero ahora muestra problemas para producir más contenidos. Por ejemplo, Telefe no participó en la segunda temporada de "Un gallo para esculapio", ganador del Martín Fierro de Oro a la mejor producción 2017, que había compartido con TNT y Flow. Es que volver a hacerla con los mismos socios este año "era a pérdida completa", se sinceró Campanini. Por eso, la temporada actual va sólo por la señal TNT, de Turner, y la plataforma Flow, de Cablevisión. Algo similar le pasó a El 13, con otro unitario que debió postergar para el año que viene.

"Necesitamos una legislación que nos permita competir, equilibrando algunas cargas", sostuvo Daniel Zanardi, gerente general de El 13. El directivo planteó que hay señales extranjeras que emiten publicidad local sin haber producido ningún contenido en la Argentina, ni siquiera tener empleados en el país. A ese fenómeno, Zanardi le añadió la competencia de intermediarios tecnológicos que no controlan "los derechos de propiedad intelectual" de lo que circula por sus plataformas digitales.

Silvana Giudici, presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), destacó la mesa de diálogo que hay entre la industria de la TV abierta y el Gobierno, los cambios regulatorios que se produjeron en la gestión de Macri y las medidas específicas para beneficiar a la TV abierta. También remarcó la importancia del cambio en la situación fiscal de los prestadores digitales, como Netflix, que este año comenzaron a pagar el IVA, lo mismo que las "señales extranjeras que antes no abonaban".

La titular del ENaCom aceptó las críticas de la industria. Pero se mostró "optimista" por el nivel de las producciones nacionales, la incipiente competencia entre plataformas como Flow y Movistar TV, así como el lanzamiento del nuevo canal de televisión abierta, Net TV, por parte del Grupo Editorial Perfil.
Fuente: Diario Clarín

lunes, 12 de noviembre de 2018

Designan a un hombre de Cristóbal López al frente de C5N

Cristóbal López desplazó de la presidencia de C5N a su socio Fabián de Sousa y lo reemplazó por su síndico histórico Héctor Daniel González, quien ya llevaba la gestión cotidiana del canal de noticias, desde que ambos empresarios fueron detenidos a fines del año pasado, acusados de evadir 8.000 millones de pesos del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC). La decisión se tomó en una Asamblea General Ordinaria de accionistas de Telepiu -la empresa dueña de C5N-, que se realizó en la sala de reuniones del 4° piso de Grupo Indalo.

“La empresa está intervenida en el marco del concurso de acreedores”, dijo el abogado de Telepiu, a las 11.30 de esta mañana, minutos antes de invitar a este cronista a retirarse de la sala donde se realizaba esa Asamblea. “Te pido que nos esperes afuera, porque no es un acto público. Igual, apenas terminemos te doy una copia del escrito que vamos a firmar todos ahí”, agregó, mientras señalaba la puerta de salida. Una hora más tarde, al salir de la reunión, el abogado rectificó su postura y afirmó que no podía dar una copia de lo resuelto en la Asamblea, pero que enviaría un resumen con las decisiones que se tomaron ahí.
#RightNow: Desplazan a Fabián De Sousa de la dirección de C5N
En ese resumen, el Grupo Indalo informó que la Asamblea de Telepiu resolvió “la remoción del señor Carlos Fabián de Sousa a su cargo de director titular y presidente de la sociedad. La designación de un nuevo directorio”, bajo la presidencia de Héctor Daniel González. Y la elección de un síndico titular y otro suplente del concurso de acreedores. Esa Asamblea se hizo con la presencia de “un único accionista, South Media Investments” y los representantes de la Inspección General de Justicia, quienes fiscalizaron “la legalidad del acto” y verificaron “el cumplimiento por parte de la empresa de todos los requisitos legales”.

Nada se informó en ese resumen sobre uno de los ítems que tenía por tratar la Asamblea, en el cual se iba a analizar “la gestión y honorarios del presidente removido”, según la solicitada que publicó días atrás la empresa en el diario Ámbito Financiero, que pertenece al mismo grupo empresario. Es decir, no se pudo conocer cuánto le pagó el Grupo Indalo a Fabián de Sousa por echarlo de la presidencia de C5N.

Pese a ello, puertas adentro de C5N celebraron el desplazamiento de De Sousa, ya que el ex titular de esa cadena de noticias está detenido, tiene sus cuentas inhibidas y ya no podía firmar ni cobrar ningún cheque, lo cual dificultaba la operatoria comercial de la compañía, que está en concurso de acreedores. De todos modos, fuentes de C5N aclararon que el cambio de presidente del canal no significa un cambio en su línea editorial, ya que Héctor Daniel González es el histórico síndico de las empresas de Cristóbal López y trabaja desde hace varios años en C5N como enlace entre los dueños y los gerentes del canal.
Fuente: Diario Clarín

¿La TV pública es un museo?: Sin noticias, producción propia ni derechos laborales

El sábado 10 de noviembre, la Televisión Pública recibió a cientos de personas que recorrieron las instalaciones y pudieron conocer los primeros equipos y parte de la escenografía del único edificio pensado para ser un canal de televisión.

El paisaje, durante la ya tradicional Noche de los Museos, contrastó con lo que se observa a diario desde principios de año en Canal 7, donde el vaciamiento y el ajuste jaquean la pantalla y se reflejan en pasillos desérticos.

Desde el noticiero de la Televisión Pública denunciamos nuestra ausencia forzada no solo en el evento de los museos sino también en el Festival de Cine de Mar del Plata por primera vez en 20 años y en la histórica final de la Copa Libertadores en la Bombonera.

Una vez más, al noticiero del canal público no se le permitió realizar coberturas de sensibilidad periodística durante el fin de semana como el conflicto en Aerolíneas, las inundaciones en distintas localidades del conurbano bonaerense y la explosión en el ramal Mitre, entre otros.

Hace una semana, sin acuerdos salariales desde 2016, planteamos a las autoridades de la empresa un plazo de 48 horas para que convoque a una mesa paritaria y habilite el diálogo que venimos reclamando. La respuesta fue un descuento en los salarios por medidas de fuerza y asambleas.

Hacemos responsables al secretario de Medios, Hernán Lombardi; al presidente de RTA, Miguel Pereira; al vicepresidente Emilio Lafferriere; al gerente de noticias, Néstor Sclauzero; y al subgerente Jorge Goldenberg por la mediocridad periodística y televisiva que pretenden imponernos.

Tenemos dignidad profesional y, como trabajadores, seguiremos reclamando en defensa de nuestros derechos laborales y de una Televisión Pública que garantice el derecho a la información de todos los ciudadanos de manera plural y federal.
Asamblea de Trabajadorxs de Prensa de la TV Pública- SiPreBA

Cada vez más sorda y más ciega
Por Emanuel Respighi
El fin de semana no pasó nada en la Argentina. Al menos para la TV Pública, que por primera vez en dos décadas no cubrió la apertura del 33° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, tampoco la histórica primera final de la Copa Libertadores entre Boca y River, ni estuvo presente dando cuenta de las inundaciones que golpearon a un sector importante de la población argentina. Mucho menos el canal estatal dio cuenta de la movida cultural en torno de La noche de los museos, aún cuando el edificio en el que se emplaza la emisora abrió sus puertas a la iniciativa organizada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. El ajuste en los medios públicos es tal que, a lo que se percibe en la pantalla, se le suma el hecho de que los trabajadores de la TV Pública tuvieron "paritaria cero" en los últimos dos años. Una política que derivó en que hoy no se emitieran ninguna de las dos ediciones del noticiero (a las 8 y a 12), y que podría ocurrir lo mismo con las de las 19 y las 24, en caso de que las autoridades de la TV Pública no convoquen a un diálogo.

"Estamos asistiendo a la profundización del ajuste en la TV Pública", afirmó Agustín Lecchi, delegado por Sipreba. "Esto se ve en la pantalla, o en realidad no se ve: el fin de semana no estuvimos presentes en el Superclásico, en La noche de los Museos el canal abrió sus puertas como museo pero no como un canal de televisión... Todos los días les regalamos las noticias a los canales privados, en una situación muy grave para el canal. A eso se le suma el ataque a los derechos laborales, con un disciplinamiento feroz, que incluye no solo que se nos descuenten los días de paro sino también las horas en las que estamos en asamblea, algo que nunca sucedió en la historia del canal. No tenemos diálogo con las autoridades, ni nosotros ni ningún otro gremio, ni hay una convocatoria a una mesa paritaria. Hace dos años que tenemos ´paritaria cero´", subraya.

PáginaI12 intentó comunicarse a través de diferentes vías con las autoridades del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (SFMyCP), cuyo titular es Hernán Lombardi, pero no obtuvo respuesta. Tampoco de algún funcionario de la TV Pública.

La situación de la emisora estatal es preocupante, teniendo en cuenta que el ajuste económico no sólo apremia a sus trabajadores -que cobran el mismo salario desde 2016- sino también a la oferta de programación, cada vez más pobre. La merma en el volumen del contenido audiovisual y la sobrepoblación de material enlatado o de archivo es sintomático. El área de noticias, cuyo gerente es el periodista Néstor Sclauzero, es la que más sufre: no sólo se eliminaron todas las ediciones de los noticieros en el fin de semana, sino que en esos días ni siquiera hay equipos periodísticos de guardia. Los trabajadores creen que se trata de una decisión que trasciende el ajuste económico.

"Es -agrega Lecchi- un plan sistemático de vaciamiento de los medios públicos, cuyo fondo es sacarlos de la agenda. No hay capacidad para garantizar la cobertura de la información mínima de lo que sucede en nuestro país. La TV Pública, por ejemplo, le alquiló esta semana un movil HD a Chile para una producción privada y no lo utiliza para generar contenidos propios. Se viene el G-20 y el noticiero de la TV Pública no va a estar presente. Todos los días tenemos situaciones nuevas en las que se comprueba que la TV Pública le está dando su pantalla a productoras privadas. Los periodistas estamos siendo proscriptos. El pretexto económico contrasta con los millones que la gestión gasta para consultoras privadas, para los retiros voluntarios y la jubilación anticipada, o en sueldos altos de funcionarios que no concursan".

Los trabajadores del área de noticias de la TV Pública se encuentran en asamblea, ya que se cumplió el plazo de 48 horas que hace una semana le habían dado a las autoridades de RTA para que convocaran a una mesa de diálogo. "La respuesta fue un descuento en los salarios por medidas de fuerza y asambleas", denunciaron en el comunicado que se publica arriba.

"No queremos hacer medidas de fuerza permanente ni por tiempo indeterminado. Sólo queremos sentarnos en una mesa de diálogo para destrabar esta situación, al menos de forma transitoria o paleativa. Si es un problema de ajuste económico, deberían poder convocarnos para explicarlo y encontrar soluciones intermedias. Evidentemente, no es solo un ajuste económico sino también una persecución política a los periodistas del noticiero de la TV Pública", denunció Lecchi.
Fuente: PáginaI12

El intendente de Iguazú será denunciado por violencia de género contra una periodista

Claudio Filippa, el intendente de Puerto Iguazú, Misiones, envió un audio a sus funcionarios y el mismo se filtró. El mandatario municipal pedía un ataque sexual contra una periodista del diario El Territorio de Misiones, que denunció corrupción a través de una nota
La periodista Norma Devechi denunció esta tarde al intendente de Puerto Iguazú, Claudio Filippa, tras conocerse un audio que se le adjudica al jefe comunal y en el que se refiere a la periodista de la localidad y corresponsal de El Territorio en la zona, de forma violenta y despectiva. El audio que se viralizó a través de servicios de mensajería y redes sociales, según indica la propia trabajadora de prensa, habría sido enviado por Filippa a un grupo de colaboradores, desde donde habría sido filtrado hasta viralizarse. El audio se puede oír al pie de esta nota.

“Me enteré esta tarde del que audio habla de mi persona, donde el Intendente da una orden explícita a cualquier hombre soltero que trabaja en la Municipalidad", explicó Devechi en diálogo con el programa Cuestión de Actitud de Radioactiva 100.7. Allí además indicó que "según tengo entendido el audio lo envió al grupo de empleados municipales”.

Y agregó “hoy el audio me lo dedicó a mí, está muy enojado conmigo porque estoy haciendo mi trabajo, estoy dando a conocer las cosas que están bien y también las que no lo están”.
Ver anterior: El intendente de Iguazú fue denunciado por agredir a una periodista 
Según la periodista el malestar del jefe comunal con ella "comenzó el año pasado cuando presentamos una nota de ciertas irregularidades que marcaba el Presupuesto, denuncias que había hecho la oposición, en ese momento, el Intendente envió al encargado de prensa de la Municipalidad a negociar conmigo. Todos sabemos cómo funcionan los negocios, el Intendente te pone la pauta publicitaria y vos no podes decir un montón de cosas, así funciona acá en Iguazú, me ofrecieron hasta 12.000 pesos mensuales y yo tenía que reproducir las cosas buenas del municipio, pero las malas no las podía decir. No cerramos trato, obviamente, y siguió la puja”.

Agregó luego que “esto es algo que sabemos que lo hace, el Intendente es una persona muy inestable, si hablas bien de él está bien, si hablas mal está mal, esa es la situación, tiene más hechos de violencia que situaciones buenas”.

Sobre cómo recibió la noticia de este audio, indicó que "fue muy difícil escucharlo, me largue a llorar, obviamente esto recae sobre mi pareja, mi hija y cuesta, ahora estoy sintiendo la solidaridad de todos mis colegas a nivel provincial y nacional”. Dijo después,"aún no tengo miedo, mi abogado me dijo que cuando realice la denuncia pida custodia policial, es lo que voy a hacer”.

La periodista confirmó que mañana a la mañana hará la denuncia ante la Fiscalía. “Lo voy a denunciar por violencia de género, abuso de autoridad, por incitar a la violencia, y también haré una denuncia en el Inadi”, sentenció.

El audio atribuído a Claudio Filippa en el que se refiere a la periodista (Aviso: Contiene insultos explícitos)

La periodista Norma Devechi en diálogo con Radioactiva 100.7

Fuente: Diario El Territorio

"El periodismo está siendo derrotado porque no logra transmitir el mensaje"

Entrevista a Nelly Luna Amancio, editora general y una de las fundadoras de Ojo Público, propone volver al periodismo local
Por: Paula Boente
Premiada por sus trabajos de investigación, la periodista Nelly Luna Amancio, editora general y una de las fundadoras del medio digital peruano sin fines de lucro Ojo Público, estuvo de visita en Argentina para participar del Festival Basado en Hechos Reales (ver aparte) y, en diálogo con BAE Negocios, analizó el rol del periodismo en el ecosistema digital y cómo las burbujas de prejuicios nos están separando. En épocas de desconcierto electoral con los triunfos de Trump y Bolsonaro, la profesional que integró el grupo de 300 reporteros que trabajaron en los Panamá Papers, asegura que estamos escribiendo sólo para una élite.

¿Cómo cambió la forma de contar una historia?
El ecosistema digital le da una oportunidad, sobre todo al periodismo de investigación, de experimentar con nuevas herramientas sensoriales en una misma plataforma. Brinda la posibilidad no solo de encontrar texto sino también audios, voces, sonidos, que permitan enganchar y conmover de una manera distinta a la audiencia. Además, es posible medir, contabilizar y entender los hábitos de tus lectores: en qué momento leen, en qué momento se conectan, cuanto tiempo se enganchan con una historia. A partir de esas mediciones conocer los formatos que funcionan mejor y al final contar mejor las historias

¿Es más una conversación?
Sí, pero sin sacrificar el compromiso. Internet nos permite renovar el compromiso con los lectores de una manera más honesta y abierta porque hay un feedback permanente. Podemos hablar ahora de relatos compartidos: la audiencia enganchándose y comentando más allá de las simples ofensas. Porque lo que también vemos ahora es que el ecosistema digital, a través de las redes sociales sobre todo, priorizan mucho los algoritmos al momento de distribuir contenidos. Estos algoritmos están haciendo que los medios y los reporteros se encierren en burbujas muy severas que hacen creer que casi todos piensan como nosotros o que tenemos la razón. Esto nos divide mucho y nos aleja de las audiencias.

¿Qué impacto tiene el algoritmo en las democracias?
Hay varios estudios que alertan sobre las amenazas que tienen estos algoritmos no sólo para los sistemas democráticos sino también para las relaciones interpersonales porque al encerrarnos en estas burbujas de prejuicios terminan alimentando nuestras propias convicciones pero alejándonos del resto. Lo que ocurrió en Brasil y en Estados Unidos con el triunfo de Trump nos permite entender también que el periodismo está siendo derrotado porque no logra transmitir el mensaje. A pesar de que la mayor parte de los medios denunciaron presuntos actos de corrupción y el discurso de odio que estos candidatos tenían, aún así ganaron. No toda la responsabilidad es del periodismo pero la derrota es del periodismo porque estos mensajes no están llegando de una manera eficaz a los ciudadanos.

¿Qué es lo que está fallando?
Ya no alcanza sólo con reportar los hechos, es necesario que el periodismo empiece también a entender a las audiencias. Estamos acostumbrados a generar contenidos sin entender cómo están pensando las audiencias o si tienen otras prioridades. En Brasil hay mucha gente pobre, como en toda América latina, que sobrevive pensando en su semana. Al otro extremo tenés un discurso en los medios tratando de impulsar otro tipo de derechos que sean más equilibrados y justos para todos. Sin embargo, los derechos de estas comunidades más pobres no se están cumpliendo. Es muy difícil que una persona que no tiene acceso a agua potable pueda al mismo tiempo pensar en el derecho de terceros. Hay que empezar a construir narrativas y relatos que vuelvan a recomponer esta confianza de la gente hacia los medios y que sientan que contamos sus historias.

¿Crees que el periodismo está dejando de ser creíble en épocas de fake news?
Estamos haciendo noticias para élites intelectuales que piensan como nosotros y eso es cada vez más sensible, más problemático y más evidente, después de lo que ocurrió en Estados Unidos y Brasil. Los periodistas debemos entender que somos una comunidad privilegiada y tratar de despercudirnos de esos privilegios al momento de contar historias. Durante muchos años todos hemos estado buscando grandes historias, grandes investigaciones y eso está bien, pero también hay que buscar historias cotidianas que resuelvan la vida de estas comunidades que se sienten defraudadas, que no se sienten representadas. Volver a la cotidianidad de los temas, al periodismo local, regional. Creo que podría ser un buen inicio para renovar la confianza con los lectores.

Viviste la experiencia de los Panamá Papers, ¿creés que el periodismo colaborativo es el futuro?
Sí, no hay manera de hacer periodismo de calidad hoy en día si no es de manera colaborativa. Eso implica no sólo colaborar entre medios sino también colaborar con otras unidades de la sociedad civil. Por ejemplo, empezar a formar grupos de investigación entre periodistas y académicos. Universidades públicas o privadas que estén interesadas en determinados temas. Eso reivindicaría también el rol de generación de conocimiento por parte de los periodistas.

¿Qué fue lo más interesante de esa investigación?
Creo que el mensaje que dejan los Panamá Papers en perspectiva es que el sistema off shore es un sistema que está siendo utilizado para generar desigualdad en el mundo. Lo usan narcotraficantes, evasores de impuestos, pero también se usa para eludir legalmente el pago de millones de dólares en impuestos por parte de personas que podrían pagar. Es una denuncia global a un sistema que si bien no es completamente ilegal sí es completamente injusto.

¿Las consecuencias de ese trabajo fueron las que esperabas?
Esto es apenas el inicio de un tema que va a tener mucho más debate. El año pasado se publicaron los Paradise Papers, una filtración más grande y de firmas más grandes. Hay que permanecer en el tema de manera más permanente para que no salga de la agenda pública. Las filtraciones de información confidencial apenas empezaron. Hay gente dentro del sistema financiero y bancario internacional que está indignada con lo que está ocurriendo. Se debería garantizar la seguridad de las personas que quieren filtrar información.

¿Cómo pueden financiarse este tipo de trabajos de investigación?
Este tipo de periodismo encuentra un futuro en su propia comunidad. De hecho, muchos de los medios independientes trabajamos con donaciones. En nuestro caso, en un 90% dependemos de donantes internacionales y 10% de ingresos propios. El modelo publicitario no está funcionando.

Trabajan con ingenieros y matemáticos, ¿Big data se transforma en un terreno para el periodismo?
Sí, desde que empezamos en 2014 contamos historias en varios planos simultáneos: en formato relato para una audiencia que lee texto, construimos aplicaciones para una audiencia más activista a la que le interesa la interactividad y experimentamos con narrativas en comic y otros formatos más lúdicos. Hemos hecho, por ejemplo, calculadoras que comparan tus ingresos con las de los grupos multimillonarios en cada país o un menú de degustación de la corrupción donde cada plato tiene una receta de la corrupción para cinco países de América Latina.

¿Qué percepción tenés del periodismo en Argentina?
Mi impresión es que en toda América Latina los periodistas estamos muy polarizados. No podemos controlar nuestras pasiones. Discrepo mucho de las actitudes beligerantes en las redes. Entiendo que a veces la indignación nos gane pero deberíamos tener más cuidado cuando hacemos esos comentarios en redes sociales. Entorpece la credibilidad.
Fuente: Diario BAE

domingo, 11 de noviembre de 2018

Tenemos una estructura de medios en televisión de hace 60 años

El Director Ejecutivo de Observacom, experto en libertad de expresión y regulación de medios y telecomunicaciones y coordinador de la publicación 'Una Ley de Medios a medias' (ver abajo), Gustavo Gómez, analizó la estructura mediática nacional, las omisiones gubernamentales que perpetúan los oligopolios de medios de comunicación locales y se refirió también a los serios desafíos para el acceso a la información y para la propia democracia derivados de la masificación de las nuevas plataformas como Facebook y Google.

Gómez recordó que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como 'Ley de Medios', obtuvo sanción legislativa “en diciembre de 2014”, por lo que “cuatro años es un buen tiempo para evaluar una legislación” cualquiera. Y también la publicación referida fue presentada recientemente porque “octubre es un mes clave” al estar impedido el Estado de otorgar nuevas licencias desde un año antes de las elecciones.

El coordinador del mencionado trabajo, quien participó en la elaboración de la 'Ley de Medios', explicó que esta “es una Ley garantista” y que “no es revolucionaria en el sentido de cambios radicales”, una valoración que ha sido compartida por entidades internacionales en el sentido de que es “una Ley razonable, equilibrada” y también “muy parecida a la argentina” en ese balance entre derechos públicos y garantías privadas.

“Se construyó un relato de que era una monstruosidad”, a partir de lo cual se produjo “un debate enorme para una Ley que no era tan cruel como se decía”, resumió Gómez. De hecho, añadió, “la Corte Suprema de Justicia avaló la constitucionalidad de la Ley”, al punto de que “los pilares” de la norma “se han mantenido”. De 202 artículos, el máximo órgano judicial del país “observó 2 artículos completos y 6 parcialmente”, ejemplificó.

Sin embargo, “fue muy poco aplicada” porque “no hubo una voluntad y una decisión traducida en presupuestos” y recursos para hacerlo, lamentó. “Ahí hay responsabilidades compartidas” que trascienden el rechazo combativo y sistemático del sector privado de medios de comunicación.

El académico disparó contra “el Parlamento” por no proceder a la integración del Consejo de Comunicación Audiovisual que crea la Ley y también contra “el Poder Ejecutivo” por no haberla reglamentado a cuatro años de su entrada en vigor.

La no aplicación efectiva, pese a la vigencia de la norma, determinó que hasta ahora “perdimos 3,5 millones de dólares por año de producción audiovisual” nacional, un aspecto relevante previsto en el texto y que implica dimensiones como la capacidad creativa local, el desarrollo de la cultura vernácula y también el dinamismo de la economía doméstica.

A continuación, el entrevistado mencionó varios ejemplos de reacción empresarial negativa a la Ley por ver afectados suculentos privilegios de los que el sector privado se ha beneficiado durante décadas. Así, sus operadores han atacado, durante estos cuatro años, desde el espacio para publicidad electoral gratuita hasta la asignación de 15 minutos diarios por canal para la emisión de campañas de bien público, reseñó.

En la órbita del Estado, “la URSEC ha sido de los organismos estatales que más ha impulsado la Ley”, mientras que el Ministerio de Industria, Energía y Minería es el ejemplo más negativo de desinterés en el asunto, aseveró.

Gómez indicó que ahora, a un año de los próximos comicios nacionales, es virtualmente imposible generar un impulso estatal hacia el cumplimiento de la norma. “El poder de los medios hoy es fundamental” dado que, “cuanto más te acercás a las elecciones, el poder de lobby de los medios” se torna más fuerte y disuasivo.

El tema del poder mediático y su proyección política y partidaria en América Latina no es nuevo. La necesidad de regular y democratizar la estructura empresarial e institucional de medios de comunicación, ha integrado las plataformas programáticas de todas las izquierdas de la región.

Sin embargo, “tengo la impresión de que al progresismo en la región este tema lo 'calienta', pero cuando hay que tomar medidas” no sucede “nada” que mueva la aguja sobre el terreno, caracterizó el experto. “Tenemos una estructura de medios en televisión de hace 60 años”, sintetizó.
Fuente: m24.com.uy

Sergio Szpolski fue el dueño vaciador de Tiempo Argentino

El contador que interviene en la quiebra pidió su inhibición de bienes junto a la de Matías Garfunkel. El jueves estaba citado a una audiencia y se ausentó
Por: Javier Borelli
"Vengo por el presente a solicitar a V. S. se decrete la inhibición general de bienes de las siguientes personas: Sergio Bartolomé Szpolski (DNI N° 17.977.389), Matías Garfunkel (DNI N° 24.069.189) y Mariano Martínez Rojas", señala el escrito presentado por Pablo Berardino, el síndico que interviene en la quiebra de Balkbrug SA, vieja editora de Tiempo. Allí el profesional contable señala que a partir del material presentado en la causa "surge indubitablemente" que estas personas son "los verdaderos dueños de la sociedad fallida", tal como señalaron desde un primer momento los trabajadores que conformaron la cooperativa.

La situación de Szpolski quedó más comprometida tras ausentarse este jueves de la audiencia a la que había sido citado por el juez subrogante Eduardo Malde. Una audiencia a la que los trabajadores de Tiempo habían sido vedados de presenciar.

Como experto vaciador, Szpolski tiene los contactos y estrategias desarrolladas para escapar a la Justicia. Pero no siempre es suficiente. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 23 tardó varios meses en lograr notificarlo de su citación. Primero pidieron datos de su paradero a la Cámara Electoral y al Registro Nacional de las Personas. Pero el oficial notificador siempre ponía excusas para dar con él. A tal punto que se ganó un reto del propio juzgado cuando la subrogante era María Gabriela Vasallo. El último intento de la jueza fue pedirle a la policía que lo busque, pero nuevamente el resultado fue negativo.

Todo cambió cuando Szpolski fue citado a declarar en la causa de los cuadernos, donde parece haber menos obstáculos para avanzar. Asistió a Comodoro Py en septiembre y, poco después, finalmente se dio por notificado de su citación a la quiebra en su nueva dirección de Olivos. El jueves, no obstante, debía comparecer a las 10 de la mañana en el juzgado y no se presentó. Los trabajadores de Tiempo habían solicitado estar presentes y, aunque en primer término habían recibido el visto bueno, el 31 de octubre el juez Malde cambió de opinión. "Encuentro prudente mantener por el momento reservada (sic) el conocimiento de las explicaciones", expresó.

Los trabajadores representados por el abogado Andrés Bernal, integrante del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), presentarán en los próximos días un pedido de audiencia con el nuevo juez subrogante para pedirle celeridad en el proceso y conocer los motivos por los cuales no les permiten tener acceso al expediente completo de la causa. También solicitarán que se expida sobre su pedido de revisión de la fecha de terminación de la relación laboral, algo que la sindicatura estableció al inicio de la constitución de la cooperativa creada por los trabajadores para publicar su medio de manera autogestionada.

"El derecho de hacer una cooperativa lo tiene todo el mundo y también es lo que les ha permitido acceder a la Justicia de manera organizada. Lo que reclaman es que se cumpla con la ley que establece que es el decreto de quiebra el que establece el fin de la relación laboral", explica Bernal. Esa diferencia afecta el crédito laboral que reclaman los trabajadores y que, eventualmente, podría significar la reparación ante el vaciamiento que sufrieron. «

Martínez Rojas procesado
El estafador Juan Mariano Martínez Rojas fue procesado por el juez federal Daniel Rafecas por la violenta toma de la planta de trasmisión de Radio América el 11 de junio de 2016. El falso comprador de Tiempo y la emisora está acusado de interrumpir un medio de comunicación, un delito federal que contempla una pena de prisión de seis meses a dos años.

"La conducta desplegada por Martínez Rojas adquiere aun más gravedad porque, a la violenta situación que creó y generó en ocasión de poner fin a la vida comunicacional de Radio América, alegó derechos de propiedad sobre la frecuencia de dicha emisora que a la fecha no poseía, ello de conformidad con el Ente que regula la materia", concluyó el juez.

La toma de la planta no había tenido mayores consecuencias judiciales en su momento, por lo que el sospechoso continuó con su maniobra delictiva unos días después, cuando el 4 de julio avanzó con virulencia sobre la redacción de Tiempo, cuyo edificio compartía con los estudios de América. Esa noche, Martínez Rojas tuvo una suerte adversa.

Indagarán al comisario Azzolina por el ataque al diario
El comisario Jorge Guillermo Azzolina, titular de la Comisaría 31ª en momentos del ataque a la redacción de Tiempo, fue citado a indagatoria en la causa que investiga el intento de acallar a los periodistas del diario recuperado. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi lo citó para el próximo 20 de noviembre luego de haber quedado probado en el expediente su participación en la organización del ataque.

"Mi nombre es Martínez Rojas y hablo de parte del comisario Azzolina. Necesito un trabajo de serenos en un edificio, porque lo tengo que entregar y lo tengo tomado. Tengo el permiso de la fiscalía para abrirlo con el cerrajero", declaró Juan Carlos Blander, jefe de la patota que entró a los golpes en la redacción de la cooperativa según él mismo testimonió ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8. Esa declaración se suma a la de otros integrantes de la patota y la del cerrajero, Guillermo Carrasco, que realizó la apertura por la fuerza de la puerta de ingreso a la redacción y que consignó que "la policía me dio la orden de abrir el lugar".

De esta manera se avanza en la línea de investigación sobre la complicidad policial que sostienen desde el día del ataque los trabajadores de la cooperativa, representados por María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). Insólitamente, una denuncia paralela realizada por los periodistas ante la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) había sido convenientemente archivada.
Fotos: Mariano Martino y Diego Martínez
Fuente: Tiempo Argentino

Un proyecto para estudiar la propiedad de los medios y los riesgos de la concentración

El diario Tiempo Argentino será el socio local de Reporteros Sin Fronteras en su iniciativa global para identificar la titularidad de los principales medios de cada país y visibilizar los conflictos de intereses
Por: Javier Borelli
¿Quiénes son los dueños de las empresas que producen la información que consumimos para tomar decisiones? ¿En qué otras compañías tienen participación accionaria? ¿Hacen pública esa relación cuando informan sobre temas en los que tienen conflicto de intereses? ¿Existe otro país en donde un conglomerado no sólo produzca los contenidos más distribuidos en TV, radio, gráfica y online, sino también posea la infraestructura para hacerlos circular o produzca los insumos que necesitan sus competidores para existir? Todas estas preguntas intentarán responderse en el Monitoreo de la Propiedad de los Medios que, desde esta semana, lleva adelante Tiempo en colaboración con la organización Reporteros Sin Fronteras.

El proyecto consiste, básicamente, en el armado de una gran base de datos abierta al público con información sobre los 50 principales medios del país en cuatro soportes: radio, televisión, gráfica e Internet. El relevamiento incluye no sólo la propiedad, su historia y su alcance en términos de audiencia, sino también los posibles conflictos de intereses que tienen sus propietarios y un análisis exhaustivo sobre la legislación que permite el armado del mapa de medios.

Esta investigación ya fue realizada en otros 20 países, de los cuales cuatro son de América Latina (México, Colombia, Perú y Brasil). En Argentina al equipo de periodistas se suma la coordinación académica del especialista en medios Martín Becerra y del investigador Agustín Espada. Ellos tendrán la tarea de recabar esa información que muchos tratan de ocultar y analizar los resultados que reflejen el panorama de concentración en el país. También evaluarán los "riesgos de la concentración" siguiendo una metodología internacional elaborada por el Instituto Universitario Europeo.

"Hay un dicho que dice: muéstrame cómo es tu mapa de medios y te diré en qué país vives", provoca Olaf Steenfadt, coordinador global del proyecto MOM (por sus siglas en inglés). "En todo el mundo las estructuras sociales suelen reflejarse en el sector de los medios. Así se ve que las mismas familias propietarias también son terratenientes o tienen participaciones en todo tipo de negocios y hasta bancas en las distintas legislaturas", agrega el periodista alemán que también integra el "Grupo de Alto Nivel sobre noticias falsas y desinformación online" del Comité Europeo.

Steenfadt vino a la Argentina para participar del lanzamiento del proyecto que se realizó esta semana con la participación de representantes de organismos de protección de la audiencia, del sistema de medios públicos, de organizaciones de la sociedad civil, de sindicatos, especialistas en Derecho a la Comunicación e investigadores de universidades públicas nacionales. La publicación de los resultados ocurrirá en abril en el marco de un encuentro regional donde se pondrá en perspectiva la situación argentina.

"Estamos muy entusiasmados en colaborar con un proyecto autogestionado como Tiempo", detalla Steenfadt. "Creemos que es un modelo alternativo y muy promisorio que nos interesa seguir discutiendo en la presentación de abril. Creo que será una oportunidad que nos permitirá reunir especialistas de toda la región para hablar también sobre la necesidad de generar legislación valiosa sobre propiedad cruzada de los medios. Porque no hablamos de ingeniería espacial, sino de voluntad política. Hemos reunido un montón de información y ejemplos, y creemos que es tiempo de compartir".
Aquí pueden consultarse los informes de los países.

Un sector opaco en reglas e intereses
Por: Martín Becerra - Investigador
La concentración ocurre cuando un actor (empresa, grupo) acapara mayor proporción de un sector de la que poseía. La concentración no ocurre en el vacío, se hace a expensas de otros y tiene efectos: cuando ese actor incrementa su concentración, otros actores reducen su capacidad de intervenir en ese sector. Esta definición condujo a los países capitalistas centrales a regular la concentración excesiva para evitar el abuso del poder del que gozaba el concentrado.

En el caso de los medios y actividades colindantes (telecomunicaciones, Internet), la concentración preocupa más, ya que opera sobre la cultura, el clima de noticias, opiniones y percepciones de la sociedad. La concentración de la palabra en pocas manos es la antítesis de la democracia, porque reduce la producción y circulación social de perspectivas que nutren el debate democrático. Así lo expresan los principios internacionales en materia de Derechos Humanos y diversidad cultural, que imponen al Estado obligaciones para proveer pluralismo y para limitar la concentración excesiva.

Documentar los niveles de concentración ha sido siempre un objetivo resistido por el statu quo pues expone sus condiciones de privilegio. Pero, como parte del compromiso con la mejora de la calidad democrática, esa labor es fundamental. A ello apunta el proyecto de mapeo de la propiedad de medios que Tiempo Argentino y Reporteros Sin Fronteras lanzan ahora en la Argentina, para proveer a la discusión de evidencias acerca de un sector que suele reclamar transparencia pero que es opaco en sus reglas de juego y en sus intereses.
Fotos: Daniel Baca
Fuente: Tiempo Argentino

Nos vemos en la corte: Un caso de libertad de expresión contra el DNU de Macri llega al Sistema Interamericano

Por: Damian Loreti
En abril de 2016, organismos de derechos humanos, universidades, medios comunitarios y sindicatos de trabajadores de la comunicación habían expresado su preocupación por el desguace de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pocos días después la Comisión advirtió sobre la “transitoriedad de la situación” consagrada por los decretos, le recordó al gobierno los principios de legalidad y no regresividad que rigen en materia de derechos humanos y anticipó que seguiría de cerca el proceso de reforma del marco regulatorio de los medios audiovisuales en Argentina. Casi tres años después, sin nueva ley ni debate, el caso inicia su camino ante los organismos regionales de protección de derechos humanos y nuestro país enfrenta una posible condena de la Corte Interamericana.

FM En Tránsito, uno de los medios comunitarios con mayor trayectoria en nuestro país, denunció desde el primer momento la disolución por decreto de las instituciones que habían sido creadas por la LSCA, en particular el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (CoFeCA), organismo del cual participaban tres representantes de medios comunitarios. Uno de ellos era Patricio Enciso Riveros, presidente de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, histórica titular de la frecuencia de la FM de Castelar y miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC Argentina).

Enciso Riveros (foto principal, en el momento de enviar la denuncia a la Comisión Interamericana) fue removido de su cargo al igual que los representantes de cada una de las provincias, de las entidades de medios comerciales, de las universidades nacionales, de los sindicatos de trabajadores de los medios de comunicación, de las sociedades gestoras de derechos y de los pueblos originarios. Todos ellos, de acuerdo con el artículo 16 de la ley integraban ad honorem el CoFeCA.

La ley confería al Consejo funciones centrales en la definición y aplicación de las políticas de comunicación. Si bien la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) tenía un rol ejecutivo en la aplicación de la ley, el CoFeCA garantizaba un seguimiento de la implementación con miradas plurales y se reservaba para sí algunas competencias cuya ausencia hoy resulta notoria. Entre otras cosas, el Consejo elaboraba anualmente el listado de “eventos de trascendente interés público” cuyo ejercicio de derechos exclusivos de retransmisión debía garantizar el acceso de toda la población en condiciones no discriminatorias. En otras palabras, cuando se discute si las finales de la Copa Libertadores en las que se enfrentan Boca y River deberían ser transmitidas a través de canales públicos o privados de televisión abierta, en lugar de emitirse solo por sistemas de TV de pago (cable o satelital), es necesario recordar que existió un organismo creado por ley y desmontado por decreto que tenía el mandato de entender en esta materia y pronunciarse al respecto con las voces de todos los actores involucrados en la comunicación audiovisual (https://www.elcohetealaluna.com/futbol-y-pais-para-pocos/).

Pero no solo eso, el CoFeCA también designaba a dos de los miembros del directorio de AFSCA (uno de ellos debía ser un académico de carreras de Periodismo o Ciencias de la Comunicación de universidades públicas). Del mismo modo proponía dos miembros para el directorio de la Radio Televisión Argentina (RTA), máxima autoridad del sistema de medios públicos del Estado nacional. El CoFeCA también establecía las pautas para los pliegos y concursos destinados al otorgamiento de licencias y proponía sus jurados; diseñaba e implementaba los mecanismos a acceder a los fondos de fomento de proyectos audiovisuales; elaboraba programas de formación y presentaba un informe anual acerca del nivel de cumplimiento de la ley, entre muchas otras funciones. El Consejo era, en la práctica, el órgano más plural y el corazón de la institucionalidad creada por la ley 26.522.

Todas estas facultades están en cabeza hoy de las atribuciones absorbidas por quien asumió los restos de ex Ministerio de Comunicaciones y —luego— a su vez del Ministerio de Modernización.

Desguace con venia judicial
La presentación del caso de FM En Tránsito que ingresó a la Comisión Interamericana la semana pasada, detalla que en los días posteriores a su llegada a la presidencia Macri dictó tres decretos: el 13/2015 que creó el Ministerio de Comunicaciones (disuelto un año y medio más tarde), el 236/2015 que intervino sin justificación la AFSCA y, días más tarde, el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15 que reformó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y dispuso la disolución del CoFeCA. Esta última medida implicó la remoción de Enciso Riveros, quien formaba parte del Consejo en cumplimiento de lo dispuesto por la ley que asignaba tres puestos de consejeros a las radiodifusoras comunitarias y/o sin fin de lucro. La totalidad del CoFeCA fue reemplazada por la decisión del Ministro de Comunicaciones. En agosto de 2016, con un nuevo decreto, el 916/16, el gobierno pretendió crear un nuevo Consejo Federal, con integración diferente y asociado a la nueva institucionalidad encabezada por el ENaCom. Como si no hubiera pasado nada. Y no pasó nada –en otro sentido— porque no se constituyó.

Enciso presentó un amparo poco después de la promulgación de los decretos y obtuvo en un primer momento una medida cautelar pero luego el Estado logró cambiar la jurisdicción que actuaba y esa medida fue dejada sin efecto. La jueza de primera instancia del fuero Contencioso Administrativo Federal consideró que la petición se había tornado abstracta porque el propio decreto de necesidad y urgencia 267 la había resuelto. Claro, ya no había organismo en el cual reponer al representante de las radios comunitarias. Justamente esa disolución era lo que buscaba frenar el amparo.

Enciso y sus abogados señalaron ese fallo como una denegación de justicia y recurrieron a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para que se tratara la cuestión de fondo: la violación del principio de legalidad que tiene lugar cuando se utiliza la vía del decreto para cercenar derechos humanos que habían sido consagrados por ley luego de un inédito proceso participativo como fue el debate y la sanción de la LSCA. En esa línea se planteó la inconstitucionalidad de los decretos y de la ley 26.122, que regula el tratamiento de los DNU en el Congreso.

En abril de 2017 la Cámara confirmó la sentencia de primera instancia en todos sus términos y remitió a un precedente en una causa impulsada por Martín Sabbatella como titular de AFSCA. El objeto de ese caso era diferente, dado que se limitaba al Decreto 236 y no al DNU 267/15 y la ley 26.122. Además el reclamo del presidente del directorio de AFSCA no era equiparable al planteo de la Cooperativa titular de FM En Tránsito en cuanto a la disolución del CoFeCA y la representación de los medios comunitarios. La Cámara se negó a tratar la cuestión, pero meses después concedió el recurso extraordinario planteado por Enciso y sus abogados porque entendió que el caso involucraba discrepancias acerca de la interpretación de normas constitucionales y de tratados de derechos humanos que pueden acarrear responsabilidad internacional para el estado argentino.

Sin embargo, el 7 de mayo de este año la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso sin aportar ningún fundamento y dejó a las víctimas sin posibilidad de obtener justicia en la Argentina. Bastante distinto al antecedente “ReNaTRE” [1], planteado por Gerónimo Venegas.

Denuncia y búsqueda de respuestas
En este contexto, la presentación ante la CIDH es, en primer término, una denuncia al Estado argentino por la violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de las reglas y estándares que emanan de los organismos del sistema interamericano en materia de libertad de expresión, legalidad formal y no regresividad, así como del derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.

A partir de esta presentación se inicia el trámite formal del caso que la Comisión someterá a estudio con un dato de contexto muy particular: las violaciones de derechos humanos que ahora se denuncian fueron advertidas durante la audiencia de abril de 2016 frente a los Comisionados que ahora analizarán el caso y el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza. Allí representaron al gobierno el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj; el presidente del ENaCom, Miguel de Godoy, su actual reemplazante, Silvana Giudici; el secretario de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón y el por entonces director de la agencia de protección de datos personales del Ministerio de Justicia, Eduardo Bertoni. El discurso oficial se concentró en justificar las medidas tomadas en los escasos cuatro meses de administración invocando una supuesta situación de extrema gravedad heredada del gobierno anterior. Avruj llegó a hablar de “periodistas encarcelados” durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, aunque no pudo citar un solo ejemplo. La pesada herencia.

Al margen de este intento por deslindar responsabilidades, la delegación oficial remarcó en más de una oportunidad el carácter urgente y transitorio de las medidas adoptadas por decreto y se comprometió a impulsar una regulación completa del sistema de medios, por ley, y basada en los principios de pluralismo, diversidad y participación social. Como bien saben quienes comparten estos viajes del Cohete, esa ley nunca llegó y la presentación del proyecto oficial continúa desde hace tres años en un show de prórrogas.

Mientras tanto, se sumaron nuevos decretos y sobre el fin de las sesiones del Congreso se impulsa este año la denominada “ley corta”, a medida de las empresas de telecomunicaciones, en particular del Grupo Telefónica. Surge con claridad, una vez más, que no existe de parte del gobierno ninguna vocación de cumplir con el compromiso de reparar la “legalidad provisoria” a la que se refirió en la audiencia ante la CIDH, ni de reponer a las autoridades de la sociedad civil en organismos de diseño e implementación de políticas públicas de comunicación, ni de sostener mecanismos de pluralismo y diversidad.

Los peticionantes reclaman —como prevé el trámite de los casos ante el Sistema— una condena y una reparación. Pero también buscan respuestas sólidas que permitan frenar las regresiones y retomar el arduo trabajo de sentar las bases de un sistema de medios más democrático. “Nos vemos en la Corte”, dicen los compañeros.

[1] “En diciembre de 2011 las funciones que cumplía el ReNaTRE fueron transferidas por la ley 26.727 a un ente estatal que pertenece al Ministerio de Trabajo y que es administrado por un director que designa el Poder Ejecutivo Nacional.

En su fallo del 24/11/2015 la Corte Suprema señaló que son atendibles los argumentos del ReNaTRE que plantean que si el seguro de desempleo fue puesto a cargo de un ente creado por el legislador ateniéndose al modelo de administración por los interesados previsto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, cualquier reforma posterior que pretenda imponer un régimen de administración del seguro que no respete dicho modelo comportaría vulnerar tanto la letra como el espíritu del texto constitucional.

Al respecto, la Corte recordó que el principio de progresividad o no regresión, que veda al legislador la posibilidad de adoptar medidas injustificadamente regresivas, no sólo es un principio arquitectónico del Derecho Internacional de los Derechos Humanos sino también una regla que emerge del mismo art. 14 bis de la Constitución Nacional , pues durante los debates de la Convención Constituyente que incorporó dicho artículo se dijo que “un gobierno que quisiera sustraerse al programa de reformas sociales iría contra la Constitución, que es garantía no solamente de que no se volverá atrás, sino que se irá adelante”. Vía: Centro de Información Judicial
Fuente: elcohetealaluna.com

Presentan una ley corta para fortalecer las industrias culturales locales

La iniciativa del senador nacional Alfredo Luenzo, busca impulsar “a los emprendedores, trabajadores, cooperativas y pymes locales” que reflejan la diversidad cultural de nuestros país y que distribuyen la generación de puestos de trabajo en todo el país”. Ratifica la neutralidad de redes y recupera el marco normativo previo al decreto que modificó las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Federal
El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo presentó un proyecto de ley en la cámara alta que declara de “interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y las Telecomunicaciones” y que, además, restablece el marco regulatorio en materia de contenidos previo al decreto 267/15, que estaba estipulado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (ley 26.522).

Luenzo explicó que su propuesta se basa en “avanzar en una ley corta que permita reunir amplios consensos en las dos cámaras” que tiene como objetivo “unificar la regulación en materia de contenidos audiovisuales y dotarlos de un modelo con fuerte identidad federal, que exprese la diversidad cultural de la Argentina y la pluralidad en cada rincón del país”.

El senador chubutense subrayó que el proyecto quiere dar “respuesta al reclamo de diversos sectores vinculados a la sociedad civil y al mundo audiovisual como cineastas, actores, directores y productores de televisión, compositores, músicos y entidades gremiales que nuclean a los trabajadores, que piden recuperar la legislación que el decreto de 2015 dejó en una laguna y que al mismo tiempo contenga los desafíos que está presentando el avance tecnológico”.

Para Luenzo, es “clave recuperar este marco normativo” ya que fijaba criterios relacionados con “la protección del interés general, la salud pública, la minoridad y niñez, la defensa al consumidor y a la industria y producción nacional” pero a la vez remarcó la importancia de “fijar un criterio más amplio e incluir contenidos que antes no fueron estipulados para que se unifique a toda la actividad audiovisual”.

En ese sentido, el proyecto de Luenzo faculta al Estado para la regulación de contenidos “cualquiera fuera el medio de transmisión utilizado”.

De este modo, los contenidos audiovisuales difundidos por la radio y la TV abierta y por la totalidad de los servicios de radiodifusión por suscripción, ya sea por vínculo físico, radioeléctrico y satelital “quedarían sujetos a lo dispuesto por la ley de medios y se consagraría una coherencia normativa entre todos los prestadores de contenidos audiovisuales”.

Por otro lado, la iniciativa busca impulsar “a los emprendedores, trabajadores, cooperativas y pymes locales que reflejan la diversidad cultural de nuestros país y que distribuyen la generación de puestos de trabajo en todo el país”. Para ello, quiere darle “herramientas al Estado para que salgan fortalecidas las industrias culturales locales a través de políticas concretas que incentiven la competencia y desconcentren la comercialización audiovisual”.

“Esto permitirá que por un lado, que los contenidos no vengan enlatados directamente de las grandes urbes con un visión centralista de la problemática del país, sino que por el contrario representen la coyuntura y problemática de nuestros municipios y pueblos y, por otro, que en esa dinámica que fomenta contenidos locales y las industrias culturales se empiecen a crear cientos de puestos de trabajo directamente en pueblos y municipios”, afirmó.

Asimismo, dijo que “tiene un fuerte sustento democrático” el marco normativo en materia de contenidos que retoma de la ley Servicios de Comunicación Audiovisual ya que “fue debatida en todo el país”.

Recordó que esta legislación fue el resultado de un intenso intercambio “con todos los sectores empresarios, de los trabajadores y los usuarios”, que se nutrió del “aporte de docentes y estudiantes que llevaron el proyecto a las universidades nacionales de todo el país” pero que a la vez sumó “propuestas de las entidades intermedias de la sociedad civil” en temas basados en la protección de los derechos del niño, en términos de igualdad de género y de protección de los consumidores, entre otros.

Respecto a las consideraciones técnicas en materia de TIC’s y Telecomunicaciones, la iniciativa de Luenzo busca garantizar “el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad”.

Para ello, el proyecto estipula que las licencias para brindar servicios de comunicación audiovisual serán por 10 años contados a partir del 1° de enero de 2016, fecha en la que entró en vigencia el decreto 267/15 que modificó el marco jurídico anterior.

Además busca ratifica el criterio de la “neutralidad de las redes” previsto en el esquema de “Argentina Federal” (Ley 27.078) por el cual “los proveedores de servicios de red deben brindar todo contenido que trafica por ellas en las mismas condiciones técnicas y en forma indiscriminada”.

El objetivo de este principio –dijo- es “garantizar igualdad de tratamiento para todo el contenido que transita por las redes de internet y esto implica que no se priorice por razones comerciales o por alguna otra decisión sea personal o corporativa el tráfico de datos, de velocidades ni puntos de acceso”.

“Estamos trabajando activamente desde la Comisión de Medios del Senado que presido para apoyar a la industria audiovisual argentina, para fomentar la creación de puestos de trabajo de un sector que viene muy golpeado por la coyuntura económica, pero también en sentar nuevos lineamientos para la construcción de una identidad nacional frente a la enorme cantidad de material internacional que se distribuye por la pantalla chica y que además producto de los avances tecnológicos las audiencias se están trasladando a contenidos a demanda mediante suscripción y por eso necesitamos e adaptar nuestra legislación para que contengan estos desafíos y les dé respuesta a consumidores y trabajadores. Nos hemos reunido con ellos antes de presentar este proyecto y ahora vamos a convocarlos, escucharlos, y ampliar la propuesta durante el debate parlamentario”, concluyó Luenzo.
Fuente: Prensa Alfredo Luenzo

TelAm: El vaciamiento continúa

Por: Carlos Brigo
En TelAm, mientras esperamos no sin cierta ansiedad que la cámara se expida para confirmar la sentencia de las dos cautelares en donde me reincorporaron junto con una cantidad importante de compañerxs, El vaciamiento continúa. Las autoridades nunca volvieron al edificio de Belgrano y ni papel higiénico tenemos en los baños. Mientras tanto, de a poco están mudando la agencia a Tecnópolis en donde las comodidades son escasas. Se dispone de un solo baño para una cantidad importante de gente y yace un brutal malestar cuando hace calor y el sol recalienta la chapa del galpón donde “se trabaja”. Los autos salen desde allí para hacer coberturas acá en plaza de mayo. Así de ridículo.

Están vaciando las corresponsalías cerrándolas lisa y llanamente. Recientemente en Neuquén fueron con un camioncito y se llevaron todo. Y como mucho, permiten que los corresponsales sigan trabajando desde su casa usando su internet y sus bienes personales. Solo falte que el corresponsal abone su propio salario. Ya hablamos de lo importante que es que TelAm esté en todo el país. Así fue como a lo largo de la historia se tomó conocimiento de muchísimas casos que sin las corresponsalías hubieran pasado desapercibidas.

Manipulan a la gente dándole o no tarea para castigar a quien cuida su trabajo y la agencia y quién no. Se sufren hostigamientos. Trabajadorxs y delegadxs no despedidxs siguen sufriendo descuentos salvajes en sus salarios por acompañar una medida que la justicia y la sociedad toda apoyó. Hay redactores que mandan materiales que nunca salen al aire o los reforman bien a propósito para que se note bien que hay desmanejo, discriminación y maltrato.

Fotografía es otra de las secciones que se la hacen sufrir. Con su trabajo durante la lucha, se pudieron ver las imágenes del conflicto igual que Audiovisuales, una sección joven y con muchxs jóvenes que si ya sufrían hostigamientos antes de los despidos, imaginate ahora bajo el techito de chapas de Tecnópolis.

Respecto TelAm publicitaria, la indiferencia y la discriminación están más que garantizadas. En jefatura de gabinete siguen cubriendo los “chivos” de ellos como El estado en tu barrio y esas boludeces ignorando a los profesionales del área que hacían las campañas para la población que hoy se extrañan. También controlaban los gastos de publicidad oficial; de modo que sin su trabajo, hoy no podemos saber cuánta plata cobra por pauta el grupo Clarín o a América, por ejemplo, entre tantas otras cosas.

En mi sector, archivo periodístico, hacen falta gastos de librería para continuar con la restauración del archivo histórico y ni eso aparece. Tampoco la decisión de que nosotros sigamos digitalizando la parte que aún espera porque no hay lugar en los discos mientras sabemos que hay sérvers disponibles en el edificio de Bolívar esperando ser utilizados para liberar espacio que también serviría para darle continuidad al archivo del material actual.

La respuesta a toda esta situación la tenemos: no les interesa el archivo, no les interesa TelAm, no les interesamos nosotros, las personas. Podían haber hecho retiros voluntarios pero la idea era dedicarnos el desprecio y con el primer crédito del FMI, ejerciendo persecución ideológica tal como lo reconocieron en esos “sincericidios” que tienen, mandaron 354 despidos de “una” en pleno partido de Argentina en el mundial. Despidos que en muchos casos se están revirtiendo gracias a medidas cautelares que esperan sentencia firme, influenciadas por la lucha y la modesta difusión lograda gracias a ustedes por las redes y el “boca a boca” porque la mayor parte de los grandes medios -los mismos que son clientes de la agencia publicando fotos y notas muchas veces ignorando intencionalmente la fuente haciéndola pasar como producción propia -no eligieron informar sobre el desguace de TelAm.

Perdón por la extensión pero es mucho todo lo que pasa y estoy olvidando las secciones que cerraron como el reporte, el diario, la radio y el comedor. Total, como el comedor era un bien para los trabajadores ¿para qué van a dejar el comedor? (y quién se va a sorprender si ni hay papel higiénico...)

Seguiremos denunciando “la entrega” que hacen acá donde lo vemos y sufrimos personalmente y que lamentablemente no se diferencia de “la entrega” que hacen con el resto del país.
#SomosTelAm

Censura previa en TelAm
La dirección periodística de la Agencia Nacional de Noticias TelAm les manda una comunicación interna a los corresponsales de las provincias:
"Estimados corresponsales de las provincias, espero que se encuentren bien.
Diariamente, al comenzar su jornada, les solicitamos que todos envíen por Slack su sumario de temas. No se publicarán materiales que no hayan sido anticipados de esta forma. Asimismo, les pedimos que vuelvan a enviar sus materiales en forma directa a la Mesa. Gracias al sumario compartido en el canal de Slack, los jefes de las secciones podrán conocer los temas que están desarrollando y pedirles nuevas coberturas. Si alguna sección quiere ver un material para enriquecerlo, desde la Mesa se lo vamos a enviar.
Saludos, Daniel, Luis y Magdalena".
No tienen mucha idea que dirigen una agencia de noticias, al no publicar "materiales no hayan sido anticipados" previamente, dejan fuera de agenda a todo aquello que pueda suceder, los imprevistos.

Por otra parte a un enorme grupo de trabajadorxs que hemos sido reincorporados no se nos asigna tarea alguna. Tampoco liquidaron los sueldos no pagados, según ordena el fallo judicial; y no sólo no pagan sus obligaciones sino que nos hostigan con permanentes cartas documento.

Otras Señales

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