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domingo, 15 de febrero de 2026

El conflicto por el Almacén de las Tres Ecologías escala y reabre el debate sobre la costa de Rosario

Tras el cambio de cerraduras y la anulación de la cesión de uso sin notificación previa, referentes del espacio comunitario reclaman conocer el plan oficial para la ribera. Mientras inician acciones legales, mantienen la feria en la calle y convocan a asambleas abiertas. El municipio rescindió el contrato vigente hasta 2026 por "razones técnicas"; las organizaciones denuncian irregularidades y advierten que se trata de un modelo de ciudad que excluye a la economía social
En los últimos días, la controversia en torno al Almacén de las Tres Ecologías sumó nuevos capítulos en la costa de Rosario. A la irrupción municipal con cerrajero, la ruptura de candados y el cambio de cerraduras, se agregó una resolución firmada por el intendente Pablo Javkin que rescinde un contrato de cesión de uso vigente hasta julio de 2026. El municipio argumenta la necesidad de realizar una obra eléctrica urgente en una nave que también comparten el Centro de Emprendedores y el Mercado del Río.

Desde las organizaciones que sostienen el espacio, en cambio, denuncian irregularidades administrativas, contradicciones y lo que interpretan como un intento de vaciar un proyecto comunitario único en la ribera rosarina. Aseguran que la discusión excede largamente un galpón: pone en debate qué modelo de ciudad se proyecta para la costa y qué lugar ocupan en ese diseño las experiencias de organizaciones cooperativas y de economía solidaria.

Denuncias de irregularidades y falta de notificación
El miércoles 11 de febrero, cuando se cumplían once años de la cesión de uso, las organizaciones recibieron formalmente la resolución que rescinde el contrato que tenía vigencia hasta julio de 2026. En el comunicado difundido en la ciudad hablaron de "irregularidades administrativas", de "fundamentos falsos de toda falsedad" y de una "contradicción política": mientras el municipio impulsa una ordenanza para fomentar la producción agroecológica, avanza —según señalan— sobre una experiencia que desde hace más de una década trabaja precisamente en esa línea.

Roberto García, uno de los impulsores del Almacén de las Tres Ecologías, sostiene en Señales que los argumentos oficiales "son variados y en nuestra opinión todos falsos, porque no dicen la cuestión de fondo". Para él, se trata de excusas que obligan a las organizaciones a "gastar tiempo y energía en contestarlas", sin que se explicite cuál es el verdadero proyecto para el lugar.

Entre los fundamentos esgrimidos por el municipio, enumera la necesidad de una obra eléctrica y un supuesto descuido del espacio. García lo niega de plano. Afirma que en marzo de 2025 concluyeron una obra integral de remoción y puesta en valor que incluyó la pintura completa del galpón, el arreglo del piso y la restauración del mobiliario. "Al piso le hicimos un tratamiento de curado y de pintura para rescatar los ladrillos", detalla, en referencia a esas construcciones típicas del ferrocarril y del puerto que forman parte del patrimonio edilicio de la zona.

También menciona que se les atribuyen problemas de agua. Reconoce que existen desde que ocupan el espacio —y probablemente desde antes—, pero aclara que se deben a la falta de obras de infraestructura y al recambio de cañerías que nunca se realizó. En cuanto a los inconvenientes eléctricos, señala que comenzaron cuando se montó un patio de comidas en una de las cabeceras del galpón que comparten junto a las Tres Ecologías.

Para García, el eje del conflicto no está en esos argumentos técnicos sino en la falta de claridad sobre el destino del predio. "No dicen lo que quieren hacer en el lugar por lo cual nos están sacando", sostiene. Esa ausencia de explicaciones, asegura, se cubre con una serie de fundamentos que consideran inconsistentes.

En ese marco, las organizaciones iniciaron gestiones legales para acceder al expediente completo de la resolución. La medida municipal alude a una supuesta acta de inspección que, según García, nunca les fue entregada en mano. Señala que eso vulnera un procedimiento administrativo básico: ante cualquier inspección, explica, el acta debe ser labrada y notificada al responsable del espacio, ya sea una persona física o jurídica, para que pueda ejercer su derecho a descargo o cumplir con lo requerido.

"Acá no existió ese acta, por lo menos no nos la entregaron, pero la resolución la cita", remarca. Por eso, a través de un abogado solicitaron formalmente el expediente donde debería constar esa documentación. Hasta el momento, afirma, no se lo han proporcionado. Primero lo pidieron de manera verbal a la abogada a cargo de los trámites en la Intendencia; ella dijo no tenerlo y que el expediente había sido girado a otra dependencia. Desde entonces reciben respuestas evasivas.

El trato ha sido “realmente espantoso” hacia organizaciones que —subraya— llevan adelante tareas de producción alternativa, de cuidado de la naturaleza y de promoción de relaciones humanas basadas en el respeto y la cooperación. Mientras la tensión crece, el destino del Almacén de las Tres Ecologías se redefine en un contexto donde lo que se discute no es sólo un espacio físico, sino una forma de habitar y producir en la ciudad.

Roberto García no habla sólo del Almacén de las Tres Ecologías cuando describe el clima que rodea la situación. Dice que la agresividad que perciben no es un hecho aislado ni una excepción que los tenga como únicos destinatarios. "No nos quejamos en términos de víctimas", aclara, con un tono que busca correr el eje del lamento individual. A su entender, lo que ocurre forma parte de una forma de proceder que ya se ha repetido en otros puntos de la ciudad.

Recuerda, por ejemplo, el desalojo de una feria ubicada muy cerca del galpón que ocupan en la costa de Rosario. Según relata, la modalidad fue similar: irrupción intempestiva, medidas ejecutadas con rapidez y una dinámica que describe como violenta. Después —asegura— sobreviene otra estrategia: dividir a los grupos, fragmentar a las organizaciones, aislar referentes. En el caso del Almacén, sostiene, no lo lograron por la trayectoria y la historia compartida de quienes lo integran, pero advierte que el intento existió.
"Emprolijar la costa": una palabra en discusión
En paralelo a las acciones concretas, García cuestiona el lenguaje con el que se justifican las intervenciones sobre la ribera. Una de las expresiones que más le inquietan es la idea de "emprolijar la costa". Se pregunta qué significa exactamente ese verbo y quién define qué es prolijo y qué no lo es. "¿Qué es lo desprolijo?", interpela. ¿Una feria de producciones cooperativas? ¿Un espacio donde circulan alimentos agroecológicos y propuestas culturales autogestivas? En ese sentido, parece que lo que quieren "limpiar" no son residuos, sino personas.

"¿La quieren limpiar de qué? ¿Cuál es la basura?", insiste. Y lleva la pregunta hasta el límite: si la basura son personas que trabajan y ofrecen sus producciones, entonces el problema no es de infraestructura ni de mantenimiento, sino de concepción social. Para él, ese modo de nombrar encierra elementos peligrosos, porque anticipa un criterio de exclusión que excede al galpón.

Economía social vs. lógica de consumo
García afirma que lo que está en juego en la costa es un plan general que se viene gestando desde hace tiempo. Un plan que, según su lectura, oscila entre la entrega de espacios públicos a manos privadas y la construcción de una estética "de frialdad capitalista", como la define. Lugares prolijos, sí, pero vaciados de contenido social, donde lo central no es la comunidad sino la experiencia de consumo.

Imaginate esa ribera: todo prolijo, hecha para mostrar una imagen específica de la ciudad. Una estética que, advierte, no resulta accesible para todos. En contraste, reivindica la lógica del Almacén: allí se vendían producciones, claro, pero también existía la posibilidad de habitar el espacio sin consumir. "Si alguien quería ir con un mate y sentarse en el bar libre, lo hacía", cuenta. Les daban agua caliente, convidaban yerba, y la gente se quedaba conversando. También se abría la puerta a actividades culturales, encuentros, talleres. El intercambio no se reducía a la transacción económica.

Esa diferencia, sostiene, revela dos modelos de ciudad en tensión. Por un lado, una ribera orientada a inversiones inmobiliarias y emprendimientos gastronómicos de escala, vinculados a capitales privados. Por otro, espacios híbridos, comunitarios, donde la economía solidaria convive con prácticas culturales abiertas. "Hay un plan integral para toda la costa", afirma, aunque reconoce que no conocen su contenido porque no ha sido publicado oficialmente.

Ante esa falta de información, anticipa que presentarán un pedido de informes para conocer los lineamientos del proyecto. Confía en que otras fuerzas políticas del Concejo Deliberante acompañarán iniciativas similares. Las preguntas que formula son directas: quiénes están sentados en la mesa donde se redefine la ribera, qué empresas participan, qué sociedades se constituyeron, qué vínculos existen con el sistema político. Para él, no se trata de teorías conspirativas sino de un entramado habitual en los procesos de revalorización urbana.

Habla de "terratenientes", inversores inmobiliarios y políticos comprometidos, como en una trama donde el suelo se vuelve un botín estratégico y quienes no encajan en el modelo dominante terminan desplazados. No da nombres propios, pero describe un patrón que —según sostiene— se repite cuando un territorio adquiere valor.

Insiste en que lo que sucede en el Almacén no es un episodio aislado. "Esto también pasa en otros lugares de la ciudad", señala, reforzando la idea de que la disputa por la costa es apenas una pieza de un tablero más amplio. Por eso, repite, no se trata de una queja corporativa sino de una discusión sobre el tipo de democracia y de desarrollo urbano que se construye.

En ese punto, la conversación se detiene en un aspecto contractual. El acuerdo de cesión de uso preveía, según detalla García, una notificación con 60 días de anticipación para la finalización del vínculo. Es decir, si el municipio decidía no continuar, debía comunicarlo con dos meses de antelación para permitir una transición ordenada. Esa cláusula, asegura, no se cumplió.

Democracia, voto y diálogo
La rescisión llegó sin ese aviso previo, lo que para las organizaciones constituye una ruptura no sólo legal sino política. "Cortaron todo diálogo básico en un sistema democrático", afirma. Y a partir de allí amplía la reflexión: ¿cómo se vincula la sociedad civil con los gobiernos? ¿A través de qué instituciones? Para él, la respuesta es clara: mediante instituciones intermedias —sindicatos, mutuales, cooperativas, empresas, asociaciones— que median entre el Estado y la ciudadanía.

Ese entramado, explica, supone diálogo, incluso cuando hay tensiones. Las diferencias son parte de la vida democrática. Lo que cuestiona es la idea de que el voto agote la legitimidad del ejercicio del poder. "El voto es un aspecto restringido de la democracia", sostiene. Funciona cada cierta cantidad de años para elegir representantes, pero no habilita —según su visión— a gobernar sin escuchar ni debatir con las organizaciones que actúan cotidianamente en el territorio.

García percibe que muchos dirigentes confunden el mandato electoral con un cheque en blanco. Recuerda que quienes gobiernan lo hacen con el respaldo de una parte de la población, no de la totalidad, y que esa representación debería ejercerse en diálogo permanente con los distintos sectores sociales. Cuando ese intercambio se interrumpe, entiende, se empobrece la vida democrática.

En el caso del Almacén de las Tres Ecologías, considera que el municipio podría haber actuado de otra manera. Si la decisión política era no continuar con la cesión, existían mecanismos formales y tiempos previstos para hacerlo. "¿Podrían haberlo hecho bien? Sí, por supuesto", responde sin titubear. Para él, la discusión no es sólo jurídica sino ética: la forma en que se ejecutan las decisiones públicas también comunica qué lugar se le asigna a las experiencias comunitarias en el mapa de la ciudad.

Para Roberto García, incluso si el municipio hubiera optado por una vía más prolija en términos formales, el núcleo del conflicto seguiría intacto. "Nosotros estaríamos diciendo lo mismo", afirma: que existe un plan para la costa que vuelve a ponerla de espaldas al conjunto de la ciudad de Rosario, y que ese proyecto no ha sido explicitado públicamente. La demanda central, insiste, es conocer de qué se trata esa reconfiguración urbana que avanza sobre espacios con más de una década de trabajo comunitario.

En esa línea, sostiene que el galpón donde funciona el Almacén de las Tres Ecologías pertenece al ámbito de la economía social y que, por lo tanto, debería destinarse a promover ese tipo de prácticas. Si se desaloja una experiencia que —según define— es "clarísima" en materia de economía social, la pregunta que se impone es cuál es el sentido de sostener estructuras estatales con esa denominación. Interpela directamente a la Subsecretaría de Economía Social y a la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat: si el resultado de sus decisiones es el cierre de un espacio cooperativo y agroecológico, ¿qué función cumplen?
 En la puerta del Concejo Municipal, la frase de Manuel Belgrano advierte: "El miedo solo sirve para perderlo todo", mientras feriantes y amigos del Almacén se acercaron al lugar

La ordenanza agroecológica y la paradoja
Para García, la medida no representa un avance sino una "involución humana". Y en su argumentación introduce un elemento que, a su juicio, vuelve todavía más evidente la contradicción. En diciembre, un proyecto impulsado por la concejala Norma López derivó en la Ordenanza 10.851, que crea una red de promoción de la producción, comercialización y consumo de productos agroecológicos y orgánicos. La norma busca fomentar el desarrollo y la comercialización de estos alimentos, así como establecer un marco formal para su circulación.

La ordenanza fue promulgada por el intendente en enero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 9 de febrero. Es decir, casi en simultáneo con la resolución que rescinde el contrato del Almacén. La paradoja, señala García, es que una de las cooperativas que integran el espacio participó activamente en los debates que dieron origen a esa normativa. Él mismo forma parte del Mercado Solidario, una de las cinco organizaciones que sostienen el proyecto, y cuenta que un representante de esa cooperativa intervino en las discusiones promovidas desde el Concejo y el municipio para fortalecer estas prácticas.

"Estamos participando democráticamente en un ámbito para promover esto", subraya, en referencia a la construcción de la ordenanza, "y en otro que existe desde hace once años nos cierran de una manera violenta". La coexistencia de ambos planos —el institucional que convoca a debatir políticas de economía social y el ejecutivo que desaloja una experiencia concreta— es, para él, la prueba de una incoherencia profunda.

García habla de "artilugios" y de información que considera falsa difundida a la sociedad. También menciona intentos de separar a los grupos que funcionan en el galpón, en lugar de promover el cooperativismo. A su entender, el problema no es simplemente procedimental sino conceptual: se proclama una política pública orientada a la economía social mientras se debilitan, en la práctica, los espacios que la encarnan.

En relación con esto, se detiene a definir qué entiende por economía social. Recuerda que antes se hablaba de economía solidaria, economía de la cooperación o economía popular. Más allá de cómo lo llamen, lo que está en juego son distintas formas de organizar la economía, sin que el lucro sea el objetivo principal. Son esquemas donde los beneficios se distribuyen de manera cooperativa o mutual entre quienes producen y participan.

En estas economías, sostiene, no prima el capital monetario sino el capital asociativo, el capital social: la red de vínculos, la confianza, la construcción colectiva. Ese es, según su mirada, el tipo de prácticas que deberían impulsar las instancias estatales que llevan ese nombre. Si no es así —advierte— sería más honesto cerrar la Subsecretaría de Economía Social y comunicar a la ciudadanía que ese enfoque ya no forma parte de la agenda pública.

La crítica se intensifica cuando menciona al nuevo al subsecretario de Economía Social, William Germán Burgener, a quien responsabiliza no sólo por lo ocurrido con el Almacén sino también por conflictos abiertos con varias ferias en distintos puntos de la ciudad. Con esas experiencias, afirma, se solidarizan y anticipa que podrían articular acciones políticas directas y manifestaciones públicas para visibilizar la situación. La controversia, entonces, no se limita a un galpón en la ribera sino que conecta a distintos actores de la economía popular y cooperativa.

Solidaridad en la calle y asamblea popular
Sin embargo, en medio de la tensión, también emerge otro registro: el de la solidaridad recibida. Cuando se le pregunta cómo sigue este caso y qué ocurrió con los músicos, artesanos y otros actores culturales vinculados al espacio, García reconoce que se quedaron sin palabras. La reacción fue, dice, tan rápida y masiva que los sorprendió.

Relata que en el mismo momento en que se producía el cambio de la cerradura y candados, comenzaron a acercarse personas. A la tarde, ya había una cantidad "impresionante" de vecinos y participantes dispuestos a dialogar sobre lo que estaba ocurriendo. De esa concentración surgió una asamblea popular que continúa funcionando. Para García, esa escena encarna otra forma de democracia: no la que se expresa únicamente en el voto periódico, sino la que se construye en la deliberación colectiva y en la presencia física en el espacio público.

"La democracia de los grupos sociales", la llama. Una democracia donde una multitud se reúne a debatir un problema concreto que afecta a la comunidad. Allí, afirma, se produjo un intercambio intenso, plural, atravesado por la preocupación pero también por el compromiso.

La solidaridad no se limitó a quienes frecuentaban el Almacén. García destaca el apoyo del propio sindicato de trabajadores municipales. Cuenta que, al advertir que la situación podía derivar en una confrontación entre trabajadores —quienes ejecutaban las órdenes y quienes sostenían el espacio—, actuaron rápidamente para desactivar esa tensión. La intención, aclara, no era enfrentar a trabajadores con trabajadores, sino discutir decisiones políticas.

También recibieron el acompañamiento de numerosos sindicatos y asociaciones. Y el gesto de los artistas tuvo, según describe, una potencia especial. Músicos que llegaron de manera espontánea para cantar, para "hacer alegrar", como define, recordando que esa es una de las funciones de la música. No sólo ofrecieron apoyo simbólico, sino también propuestas concretas para sostener el espacio y visibilizar la la situación.

Y en este contexto, entre papeles, denuncias y resoluciones, ver a los músicos cantando y a los vecinos discutiendo en asamblea, para García, es la prueba de que el Almacén de las Tres Ecologías no es solo un local de ventas ni un galpón más en la costa. Es, sostiene, un nodo de vínculos, una trama social que se activa cuando percibe que está en riesgo. Y esa trama —insiste— es precisamente el capital que la economía social dice valorar y que hoy, paradójicamente, siente amenazado.
Cultura y resistencia: canciones, poemas y feria

Roberto García hace una pausa para contar una escena que, dice, los conmovió profundamente. Una amiga entrañable, la artista Vicky Alancay, se encontraba en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, integrando la delegación oficial que representaba a la cultura santafesina. Allí, lejos de la costa rosarina y del galpón hoy cerrado, se enteró de lo que estaba ocurriendo con el Almacén de las Tres Ecologías. La noticia la atravesó de tal modo que compuso una canción en pleno festival.

Para García, ese gesto tiene una potencia simbólica difícil de dimensionar. No se trata sólo de una muestra de apoyo, sino de una obra creada por una artista reconocida de la ciudad que dialoga directamente con una lucha concreta. "Es algo impresionante", resume. La canción, nacida a cientos de kilómetros del lugar, se convirtió en un puente entre la escena cultural y el reclamo por el espacio comunitario.

La pregunta que sobrevuela es cómo continúa esa corriente de solidaridad que estalló casi de inmediato tras el desalojo. García detalla que el plan más próximo es sostener la feria, aunque sea en la calle. El fin de semana volverán a montar los puestos fuera del galpón y habrá músicos que se acerquen a cantar. La decisión es no interrumpir la dinámica colectiva, aun cuando el espacio físico haya sido clausurado.

Pero también proyectan algo más grande para el día 21: un festejo simbólico del cumpleaños del Almacén de las Tres Ecologías. La fecha coincide con el aniversario de la experiencia y, paradójicamente, con el momento del desalojo. "Vamos a festejar el cumpleaños en el desalojo", dice, subrayando la dimensión política del gesto. Celebrar en medio de los hechos recientes es, para ellos, una manera de afirmar que la iniciativa trasciende las paredes de un galpón.

García insiste en que las Tres Ecologías no dependen en última instancia de un lugar físico. Es, antes que nada, una idea activa, una práctica sostenida por vínculos y convicciones. Sin embargo, aclara que eso no implica renunciar a la disputa política. Por el contrario, adelanta que continuarán cuestionando con fuerza el proyecto que el municipio tiene para la costa de Rosario y, en particular, la decisión que derivó en el desalojo.

A su entender, lo que se desarma no es un simple punto de venta, sino una iniciativa que considera única en el país. Afirma que no existe razón suficiente para reemplazarla por un patio de comidas o por propuestas pensadas bajo una lógica de consumo estándar. "Ninguna cosa hecha para el consumo puede reemplazar una propuesta que cuida las relaciones sociales, cuida la naturaleza y también cuida las prácticas de consumo", sostiene.

En esa definición se condensan las Tres Ecologías que dan nombre al espacio. García las enumera con precisión: una ecología del cuidado de las relaciones sociales, una ecología del cuidado de la naturaleza y una ecología del cuidado de la salud mental. No son consignas abstractas, explica, sino criterios que orientan las actividades cotidianas: desde la producción agroecológica hasta los encuentros culturales, desde la conversación compartida hasta la reflexión sobre qué y cómo se consume.

Cuando lo presentan como impulsor del proyecto, él corrige de inmediato. Rechaza la idea de liderazgo individual y se define como un socio más dentro de una cooperativa, uno de los muchos voceros que tiene la lucha. Subraya que el Almacén fue y es una construcción colectiva, impulsada por numerosas personas y organizaciones que funcionan de manera democrática. La insistencia en despersonalizar el rol no es casual: forma parte de la misma ética asociativa que reivindica.

La convocatoria para los próximos días es abierta. La feria funcionará de 19 a 22 horas, y la invitación se extiende a músicos, artesanos y a cualquiera que quiera sumarse. Recuerda que, en los primeros días de la medida municipal, la Escuela de Literatura Aldo Oliva realizó una acción poética que los sorprendió por su fuerza. También llegaron espontáneamente poetas y escritores a leer textos y acompañar la protesta.

La propuesta ahora es sostener ese clima creativo: quien tenga un poema puede acercarse a leerlo o compartirlo; quien quiera organizar una intervención artística, puede hacerlo; quien simplemente desee conversar y conocer los próximos pasos, también tiene un lugar. La asamblea popular que se formó seguirá delineando estrategias y acciones.
El debate que recién empieza

En paralelo a las actividades culturales, la estrategia institucional avanza por carriles formales. García anticipa que realizarán presentaciones judiciales, aunque primero agotarán la vía administrativa. La intención es llegar al fondo de la cuestión y obtener respuestas oficiales por los mecanismos correspondientes. Ya ingresaron pedidos de informe por mesa de entrada en el Concejo Deliberante, con una serie de preguntas dirigidas a los funcionarios responsables.

Esos pedidos, explica, serán publicados para que la ciudadanía conozca en detalle qué se está reclamando y qué se exige que se responda. La idea es que los funcionarios concurran a dar explicaciones públicas y que el debate no quede encerrado en expedientes técnicos. La lucha, dice, tendrá muchas aristas: cultural, política, jurídica y social.

García no desconoce la asimetría de fuerzas. Sabe que el poder del Estado y de quienes gobiernan es, en términos materiales, inconmensurable frente a individuos y organizaciones. Sin embargo, rechaza que esa desproporción implique resignación. "Eso no quiere decir que no se pueda parar alguien frente a ese poder y ponerlo a prueba", afirma.

En esa convicción se sostiene la decisión de celebrar, cantar, leer poemas y, al mismo tiempo, presentar recursos y exigir informes. El Almacén de las Tres Ecologías, aunque con las puertas cambiadas y el galpón cerrado, continúa activo en la calle y en la discusión pública. Para quienes lo integran, lo que está en juego no es sólo un espacio físico en la ribera, sino el sentido mismo de la ciudad que imaginan y el lugar que las prácticas cooperativas y solidarias ocupan —o deberían ocupar— en ella.

Escuchá la entrevista completa:

sábado, 31 de enero de 2026

El Almacén de las Tres Ecologías, entre una cerradura rota y el modelo de ciudad

Una cerradura forzada, un contrato vigente y once años de trabajo colectivo pusieron en evidencia una disputa más grande que un galpón frente al río
Casi al mediodía de ayer, la noticia empezó a correr como esos rumores que nadie termina de creer. En la redacción, entre colegas, la primera reacción fue un "no puede ser, algo no cierra". Pero sí, estaba pasando. Todo tenía lugar en la costa del río, en el predio donde desde 2015 funciona el Almacén de las Tres Ecologías. Todos hablaron y escribieron sobre ese lugar durante años, desde el día que abrió y, en realidad, desde antes, cuando todavía era solo un proyecto.

La gente que hoy cuenta lo que pasó estuvo ahí desde el principio: en la previa a la inauguración, el día que finalmente abrieron las puertas. Todavía se acuerdan de ese espacio lleno de amigos y amigas, de una energía colectiva que buscaba demostrar que otra economía era posible: social, cooperativa, diferente. Por eso el golpe fue inmediato. Los mensajes iban y venían; consultaron a conocidos, al municipio. Nadie sabía bien qué decir. La explicación oficial no llegaba, pero todos la exigían.

La irrupción municipal y la cerradura forzada
Roberto García, una de las caras más visibles del Almacén y referente histórico del proyecto, fue el que logró reconstruir lo que había pasado. No fue una intervención abstracta del Estado municipal, dijo, sino algo concreto, con responsables: la Subsecretaría de Economía Social, que depende de la secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat que conduce Nicolás Giannelloni. Ese día, personal municipal apareció en el lugar con un cerrajero. Forzaron la entrada, rompieron los dos candados y la cerradura, la cambiaron y, sin avisar a nadie, se quedaron con el espacio.

Después, desde el municipio dijeron que habían notificado y que necesitaban hacer una obra. García no les creyó ni un poco: "Es una excusa burda", dijo. Recordó que el Almacén ocupa un espacio público gracias a un contrato legal de cesión de uso, algo bastante común en la ciudad. El Estado, dueño del edificio, lo cede para que lo gestionen organizaciones sociales, barriales o vecinales.

Ese galpón no está solo. Es parte de un entramado más grande: los viejos galpones ferroviarios y portuarios de la costa central rosarina, lugares que quedaron vacíos después de las privatizaciones de los años noventa y la caída de buena parte de la economía nacional. Pasaron al ONABE, un organismo nacional, y después a los gobiernos locales. En esos galpones, como recuerda García, la ciudad fue armando parte de su identidad reciente: ahí nació el Museo Macro, en otros puntos surgieron experiencias como la Isla de los Inventos o el Jardín de los Niños.

En uno de esos galpones, la entonces Secretaría de Economía Solidaria imaginó varios proyectos. Por ejemplo, una cocina comunitaria que nunca funcionó y terminó abandonada. En ese contexto —con el espacio vacío, bajo la órbita de un organismo estatal dedicado a promover economías alternativas, no capitalistas ni comerciales, basadas en la cooperación— varias organizaciones sociales presentaron un proyecto. Lo hicieron dos años seguidos. La idea era clara: crear un almacén gestionado en conjunto por redes de comercio justo y organizaciones ya existentes, con autonomía y vocación pública.

Así nació el Almacén de las Tres Ecologías. Un espacio abierto, pensado para que cualquiera pueda comprar, encontrarse, charlar, sentarse a tomar un mate, pedir agua sin pagar. No era como los bares concesionados y privados de la costa, donde el acceso depende de consumir algo. En el Almacén entraba cualquiera. Así funcionó durante once años, con un contrato de cesión de uso que se renovaba automáticamente y estaba vigente hasta julio de 2026.

Por eso, lo que pasó se sintió como un atropello. De un momento a otro, violentando la entrada, el Estado tomó un espacio que había cedido legalmente. Para García y las organizaciones que lo gestionan, fue un acto ilegal. "Si hay un contrato, aunque tengan que hacer una obra, no pueden entrar así", explicó. Es como si el dueño de una casa decidiera irrumpir sin aviso para hacer arreglos, sin explicar nada.

En redes sociales empezó a circular la versión de un problema eléctrico. Pero, según contaron desde el Almacén, ese problema ya estaba solucionado. Incluso, el espacio estaba abierto de forma permanente para que los electricistas y arquitectos municipales hicieran su trabajo. "Entendemos que es lógico", admitió García, pero remarcó la diferencia entre coordinar trabajos y romper cerraduras para tomar el lugar.

Todo se complicó cuando el personal municipal quiso llevarse los productos de las cooperativas que trabajan en el Almacén. De entrada, ese intento se sintió como un robo: estaban por llevarse cosas que no le pertenecen al Estado. Por suerte, la maniobra se detuvo ahí mismo, después de una charla con la policía. Los policías, según cuentan, tampoco entendían mucho la orden que tenían que cumplir: era meterse en un lugar que, por contrato, no podían tocar. Algo parecido les pasó a los trabajadores de la Secretaría de Control. García les agradeció después, porque entendieron rápido en qué lío los habían puesto.

Al final, apareció un jefe y redactaron un acta. Nada nuevo: esas actas suelen usarse para meter presión. García lo explicó claro: frente al Estado, el ciudadano siempre está en desventaja. No quedaba otra más que firmar. Lo único que se consiguió fue un empate: lograron que no se llevaran los productos. Eso sí, las llaves no las devolvieron. Además, las organizaciones tuvieron que firmar que se hacían responsables de cualquier daño que pasara a lo que quedaba adentro.

Pero el problema no es solo lo material. Para la gente que banca el proyecto, lo que está en juego es algo mucho más grande: la legalidad. "Si el propio Estado rompe la legalidad, ¿qué esperamos de la democracia?", tiró García. El Almacén de las Tres Ecologías —que es un proyecto ciudadano, raro o directamente único en el país por su carácter público y comunitario— quedó golpeado y en la cuerda floja. Y ese riesgo, insistió, tiene que enterarse toda la sociedad.

Las preguntas no paran de aparecer. ¿Por qué esta intervención tan repentina? ¿Qué obra es la que tienen planeada y por qué no la explican? Desde la Municipalidad dicen que hay una sobrecarga eléctrica y que hay que arreglarla urgente. Pero la gente del Almacén asegura que ese tema ya estaba resuelto, y que cualquier cosa extra se pudo haber coordinado, como hicieron en diciembre y enero, avisando antes y dejando entrar a los técnicos cuando hacía falta.

Dicen que hay testigos de esto, incluso los arquitectos municipales: nunca se les negó la entrada. Pero hay un detalle que deja dudas. El día de la intervención, aparecieron veinte bolsas de cemento y bloques de ladrillo. "¿Qué tiene que ver eso con la electricidad?", preguntó García. Nadie respondió.

Un barquito en un mar de privatizaciones
Hoy el Almacén está en una de las zonas más codiciadas de Rosario, rodeado de negocios en crecimiento y privatizaciones por todos lados. A metros nomás, el municipio abrió un mercado nuevo: pura postal de una ciudad pensada para comprar y vender. Frente a ese panorama, García usó una imagen literaria para describir el lugar del Almacén: "Es como un barquito a la deriva en medio de un mar inmenso". La frase, de Macedonio Fernández, le queda justa: muestra lo frágil y al mismo tiempo lo terco que pueden ser estos proyectos colectivos cuando se enfrentan a poderes mucho más grandes.

Para García, ese "barquito" representa a todas las experiencias comunitarias que chocan de frente con gobiernos voraces que, aunque sean legítimos porque los eligió la gente, en el fondo piensan la ciudad para unos pocos. Hay un plan, dice, que nadie quiere mostrar del todo, porque si lo hicieran, se vería el juego completo. Las pistas están: en lo que dicen los arquitectos, en rumores en las oficinas, en comentarios dentro del propio Estado. Y la gente lo sabe. No es novedad que existe un proyecto para renovar toda la costa rosarina.

Ese plan, advierte García, no es solo de obras. Incluso algunas escuelas municipales de arte urbano podrían desaparecer. La idea es clara: la costa está pensada para el consumo, casi exclusivamente. Hoy, buena parte de la ribera está en manos privadas o bajo concesión, con zonas de lujo como Puerto Norte. Los espacios públicos que quedan —parques y accesos al río— son fruto de peleas y reclamos. "Si no se hubiera peleado, capaz pasaba lo mismo que en Buenos Aires, donde no hay acceso a la costa", reflexionó.

Aun así, todavía quedan muchos espacios estatales que, según la gente que maneja el Almacén, poco a poco van camino a ser privatizados o concesionados, un poco como ya viene pasando. Si uno mira el mapa —desde Puerto Norte, o incluso antes, desde Avellaneda, hasta el puerto de Rosario y la zona de 27 de Febrero— no hay lugar para un espacio comunitario, ni para proyectos de economía solidaria. Nada de cooperativas de trabajadores que se conectan entre sí, que intercambian con redes nacionales, que prueban otras formas de vender y que defienden una mirada ecológica más amplia.

Esa perspectiva, dice García, no es solo cuidar el ambiente natural. También habla de la ecología de las relaciones sociales y la ecología de lo que pensamos. Y, claro, esa última es la primera que atacan. "Nos colonizan la cabeza y nos hacen creer que la única opción son patios de comida, restaurantes o bares", explicó. No es que esté en contra de esos negocios, salvo cuando los usan como excusa para barrer con otras formas de vida colectiva, sobre todo las que apuestan a la democracia participativa.

Desde esa mirada, el Almacén de las Tres Ecologías es una experiencia real de participación ciudadana. No por el tamaño —apenas un espacio de diez por veinte metros— sino por lo que representa: es del Estado municipal, y por eso mismo de todos los rosarinos y rosarinas, pero lo gestionan organizaciones sociales. "Estamos muy lejos de una democracia real, y mucho más lejos todavía de una democracia participativa", dice García. En ese contexto, romper la cerradura no fue solo algo material: fue un golpe simbólico a una experiencia que aguantó más de diez años.
La asamblea, la feria y lo que viene
Después de la irrupción municipal, las organizaciones llamaron enseguida a una asamblea popular abierta. De esa reunión salieron las primeras decisiones colectivas. El acceso al espacio, aclara García, ya no es libre. Hasta el día anterior, tenían tres llaves, dos candados, una cerradura, y podían entrar y salir sin problemas. Ahora, la municipalidad tomó el control por la fuerza. Lo único que acordaron fue algo precario: las producciones siguen adentro y se puede feriar, pero para entrar hay que pedir permiso. "Hoy podemos entrar, pero con autorización", resumió.

Como respuesta, decidieron armar una gran feria abierta durante dos días seguidos. Invitaron a productores directos, artistas y gente de la cultura, buscando que el conflicto se haga visible y remarcar que el proyecto es colectivo. Al mismo tiempo, empezaron a prepararse para la reunión del lunes, que para ellos es clave. Ahí esperan que el municipio diga, de una vez, cuál es el plan para ese galpón que intentaron desalojar y que ocuparon, aunque sigue vigente un contrato de cesión de uso.

Para García, lo mínimo era terminar formalmente ese contrato. Así, dijo, se hubiera podido discutir de verdad, con todas las cartas sobre la mesa. Pero lo que generaron fue un escenario de desgaste: poner el cuerpo todos los días, discutir, salir a desmentir, aguantar acusaciones de violencia solo por estar ahí. Ahí fue claro: la modalidad del Almacén no es violenta, ni cerca. Todo lo contrario. Insistió: esto es una experiencia basada en el diálogo, la organización colectiva y la participación.

La explicación que llegó al día siguiente
Desde el mismo momento en que entraron al Almacén de las Tres Ecologías, el equipo de Señales trató de reconstruir lo que pasó con la versión oficial. Primero hablaron con el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, que los derivó al subsecretario de Economía Social, William Germán Burgener. La respuesta llegó recién a la mañana siguiente, en un audio que el funcionario aclaró que grabó porque tenía problemas de voz.

En ese audio, Burgener dijo que el Almacén es parte de una nave más grande que incluye el Centro de Emprendedores del Centro y el Mercado del Río, y que todo eso comparte la misma instalación. Según él, los equipos técnicos encontraron una falla eléctrica general que los obligaba a hacer reformas urgentes para evitar daños a personas o cosas. Por eso, decidieron intervenir el espacio y suspender su uso hasta terminar la obra. También aseguró que el municipio se puso a disposición de los emprendedores para buscar alternativas, incluso con un esquema de comercialización alternativo inmediato. Además, señaló que la mayoría de los que participan del Almacén también forman parte de otros circuitos municipales de comercialización, como las ferias fijas, y cerró el mensaje reiterando su voluntad de seguir trabajando en conjunto.

Roberto García escuchó el audio con atención y no tardó en responder, esta vez sin rodeos. No habló de mentiras, pero sí fue directo sobre las imprecisiones, y para él eran graves. La principal, dijo, tiene que ver con cómo se describe el espacio y quiénes lo forman. Explicó que solo cerca del 30% de quienes forman parte del Almacén están vinculados a programas municipales para emprendedores sociales, y algunos de ellos además participan en otras ferias. El 70% restante, el verdadero corazón del proyecto, lo integran organizaciones cooperativas legalmente constituidas. Ellas son las que firmaron el contrato de cesión de uso con el municipio.
Del rebusque individual a la organización colectiva
En el momento en que firmaron ese contrato, recordó García, las cooperativas aceptaron abrir el espacio a emprendedores de los programas municipales, pero con un objetivo claro: que esas personas se formen colectivamente y den el salto hacia la creación de nuevas cooperativas. La idea nunca fue fortalecer carreras individuales, sino fomentar la organización. García incluso cuestionó el término "emprendedor", que ve engañoso y demasiado cargado de individualismo, como si cada quien pudiera arreglárselas solo. Esos formatos, explicó, nacieron como estrategias de supervivencia en tiempos de crisis profunda, sobre todo a fines de los noventa y después de 2001. Pero el objetivo siempre fue la construcción colectiva.

Desde ese lugar, el discurso del subsecretario le resulta a García una distorsión de la realidad. En ese relato, las cooperativas ni siquiera existen. Las borraron del mapa oficial, aunque son quienes firmaron el contrato y llevan el peso del proyecto. Con esas autoridades, avisó, tendrán que sentarse a conversar el lunes. Y lo harán, pero no porque no quede otra, sino convencidos de que defienden algo justo y respaldado por más de diez años de trabajo.

García también puso sobre la mesa la diferencia entre la historia de las organizaciones y el paso fugaz de los funcionarios. "Nosotros estamos acá hace muchos años y vamos a seguir estando", dijo, incluso si al final los expulsan del Almacén. En ese contexto, volvió a remarcar que el argumento de la "obra eléctrica" es solo una excusa. Las reparaciones, aseguró, ya estaban casi terminadas. Los trabajos se hacían a la mañana, cuando el Almacén está cerrado, porque solo abre viernes, sábados, domingos y feriados por la tarde. Así que no hay razón válida para desarmar todo el espacio por ese motivo.

Para García, el objetivo real es vaciar el lugar. Y, dice, hay una pregunta sencilla que el municipio esquiva: ¿van a renovar el contrato en 2026, como se hizo durante once años seguidos? Si la respuesta fuera sí, bastaría con aclarar de qué obra se trata y cuándo se podrá volver a usar el espacio con normalidad. El silencio ante esa pregunta, para él, lo dice todo: no piensan renovar el contrato. "Ahí está la verdad", remarcó, y criticó las palabras amables y las actitudes de manual de la política, que solo buscan esquivar el debate de fondo ante la gente.

Mientras tanto, el Almacén sigue con el acceso restringido. Ese fin de semana, las organizaciones avisaron que van a estar presentes de 19 a 22 horas, durante la feria abierta. El lunes, después de reunirse con el municipio, irán al Concejo Deliberante para pedir un informe detallado sobre el tipo de obra que quieren hacer, sobre todo porque hay algo que sigue llamando la atención: entraron bolsas de cemento y ladrillos, materiales que poco tienen que ver con una reparación eléctrica.

Ya hubo concejales que se acercaron. Entre ellos, Pablo Basso, del peronismo; Julián Ferrero, de Ciudad Futura; y otros que pasaron a expresar su apoyo. García adelantó que va a hablar con todos los bloques, sin importar el partido. Radicales, libertarios, oficialistas: para él, lo que pasó es un atropello directo al orden legal.

El conflicto también hizo ruido dentro del propio municipio. Los delegados y gremialistas de la Secretaría de Desarrollo Humano salieron a apoyar públicamente a los trabajadores y trabajadoras de Economía Social, quienes —según el comunicado— llevan más de diez años acompañando a los emprendedores y fueron testigos del desalojo decidido por la subsecretaría. Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario repudiaron la violencia y el maltrato, pidieron diálogo y advirtieron sobre la gravedad del conflicto en un contexto de crisis económica que golpea a todo: país, provincia y ciudad.

El Almacén de las Tres Ecologías terminó en el ojo de una pelea mucho más grande que él mismo. No es solo un galpón junto al río ni una obra de cables y postes. Acá hay dos ideas de ciudad que chocan de frente: una mira el espacio público como algo que se compra y se vende, la otra lo cuida como un lugar de encuentro, organización y participación real.

Un espacio para tres ecologías
La historia comienza en 2001, en medio de la intensa marea social que atravesó el país, donde crisis y creatividad se entrelazaban en la vida cotidiana. Fue en ese contexto que el gobierno de Hermes Binner, buscando darle forma a nuevas alternativas económicas, creó en 2003 la Subsecretaría de Economía Social.

Diez años después, durante la gestión de Mónica Fein, empezó a pensarse el destino de un viejo galpón abandonado frente al río, muy cerca de Bajada España. Por dos años, vecinos, organizaciones y autoridades discutieron qué hacer con aquel espacio olvidado. La propuesta que ganó fuerza vino de la Red de Comercio Justo del Litoral y del Encuentro Nacional de Economía Solidaria: transformar el galpón en un lugar que promoviera la circulación económica solidaria desde una perspectiva ecológica, dando así origen al nombre que hoy lo identifica: Tres Ecologías.

En 2015, la idea se concretó con la firma de un "Convenio de Permiso de Uso Precario" entre el Estado local y varias organizaciones: Mercado Solidario, Centro Ecuménico Poriajhú, Almacén Ambulante (luego cooperativa Encuentro de Productores Rurales) y la cooperativa de trabajo Encuentro, formada por mujeres.

Un año más tarde, el Almacén de las Tres Ecologías obtuvo un reconocimiento oficial: fue declarado de interés municipal por unanimidad en el Concejo Deliberante de Rosario. Así, lo que comenzó como un galpón olvidado frente al río se convirtió en un espacio vivo, donde economía, ecología y comunidad se encuentran para imaginar nuevas formas de habitar la ciudad.
Imagen de archivo
En defensa de un espacio público, comunitario y sin fines de lucro
La costa central de Rosario reúne zonas privadas de alta concentración económica, especialmente en el área de Puerto Norte; espacios estatales como museos, escuelas y talleres; y espacios públicos comunes a toda la ciudadanía, como los parques. Dentro de este reparto de lo sensible existe un solo espacio comunitario y cooperativo que funciona en un edificio del Estado, es decir, de la ciudadanía de Rosario. Se trata de un espacio que desde hace once años fue cedido para su uso mediante contratos con renovación automática, con el objetivo de llevar adelante una experiencia autogestiva y sustentable, sin fines de lucro.

Durante todo este tiempo, el Almacén de las Tres Ecologías abrazó prácticas ecológicas, el amor por la Pachamama, las producciones sanas y solidarias, y los encuentros afectivos de nuestro entorno social y cultural. En este sentido, el Almacén de las Tres Ecologías es un espacio único en nuestra ciudad y uno de los poquísimos que existen a nivel nacional.

Por eso nos preocupa profundamente la idea de que se intente seguir privatizando espacios comunes, incluso la pequeña superficie que ocupamos, para realizar actividades que ya existen en abundancia y que podrían desarrollarse en cualquier otro lugar. En lugar de cuidar y regar este jardín de gentes que buscan compartir otras experiencias productivas y otras lógicas de consumo que no contaminen ni el ambiente, ni el cuerpo humano, ni las conciencias.

Nos quieren echar para seguir sumando patios de comida, contra los cuales no tenemos nada en particular, salvo cuando se utilizan como excusa para terminar con esta experiencia comunitaria.

Para que la democracia sea verdadera, los espacios públicos deben distribuirse de manera equitativa y deben promover experiencias que sanen el cuerpo social y las relaciones humanas, en lugar de impedir que crezcan y se desarrollen. La ecología es una práctica de cuidado y de pervivencia de nuestra vida en el mundo: cuidado de la naturaleza, cuidado de las relaciones sociales y cuidado de las conciencias democráticas e igualitarias. Eso es, en definitiva, ni más ni menos.
Colectivo del Almacén de las Tres Ecologías
Escuchá la entrevista completa: 
Fotos: Almacén de las Tres Ecologías, CTA Rosario

sábado, 15 de noviembre de 2025

Territorios que laten: la lucha por la agricultura familiar en Santa Fe

En el norte santafesino, donde los caminos de tierra se estiran entre montes, pastizales y poblaciones que resisten el paso del tiempo, la agricultura familiar campesina e indígena sigue siendo una pieza vital del entramado social. Allí, en esos parajes donde la vida rural conserva un espesor humano que parecen haber olvidado las grandes ciudades, surgió un llamado urgente: aplicar de manera efectiva la Ley Nacional 27.118, la llamada Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar. Las familias productoras la reconocen como un instrumento clave para garantizar soberanía y seguridad alimentaria en todo el país, pero también como una herramienta que podría devolverles derechos largamente vulnerados. El reclamo se volvió más fuerte después de un encuentro reciente en La Lola, un predio del Instituto de Cultura Popular (InCuPo) en Reconquista, que reunió a organizaciones campesinas, referentes territoriales y actores políticos preocupados por la desarticulación institucional que afecta al sector.

De aquella jornada surgió un documento en el que se denuncia un abandono profundo: el cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena (INAFCI), la falta de convocatoria al Consejo Nacional del área, la inexistencia de presupuesto para la aplicación de la ley, los obstáculos para acceder a la tierra, las carencias de infraestructura básica, las trabas para la comercialización y la ausencia total de financiamiento específico. Todo eso compone un paisaje complejo, en el que las comunidades rurales intentan permanecer a pesar de que las condiciones muchas veces les juegan en contra.

La jornada también recuperó un valor intangible pero decisivo: el de la comunidad. En varias intervenciones se definió a la agricultura familiar como "el corazón más humano del sistema productivo", un modo de nombrar esa forma de vida en la que la producción de alimentos se conjuga con el arraigo y con prácticas que cuidan el ambiente. Se remarcó que sin agricultura familiar no hay territorio vivo, y que estas familias han demostrado históricamente su capacidad para trabajar en equilibrio con la naturaleza, incluso en zonas de enorme riqueza natural pero también de alta fragilidad ambiental. Cuando el encuentro llegó a su fin, quedó una frase resonando con la fuerza de lo evidente: las familias rurales no piden compasión, sino reconocimiento y respeto.
Un encuentro necesario
La licenciada Mariana Cian, integrante de InCuPo y referente clave en la articulación territorial, explicó en Señales, que la reunión en La Lola fue impulsada por la convergencia de varios intereses. Por un lado, el Instituto de Cultura Popular, que desde hace décadas acompaña procesos de organización campesina en toda la región. Por otro, la iniciativa del diputado provincial Sergio Rojas, quien se acercó a InCuPo y a Fundapaz para interiorizarse sobre la situación actual de la ruralidad y de los agricultores familiares. Esa inquietud inicial derivó en la decisión de construir un espacio de encuentro donde las organizaciones pudieran reflexionar sobre su presente, compartir sus problemáticas y, al mismo tiempo, delinear propuestas.

Participaron organizaciones de los departamentos San Javier, General Obligado y Vera. También estaba prevista la participación de grupos del departamento 9 de Julio, que finalmente no pudieron asistir debido a las distancias y a dificultades de movilidad. Pese a eso, la jornada reunió a unas quince organizaciones, lo que representó un número significativo teniendo en cuenta que muchas familias se encuentran en contextos económicos que complican hasta los traslados más básicos. El interés fue tal que hubo que establecer cupos. La necesidad de verse las caras, de conversar, de poner en común lo que cada comunidad vive, dio al encuentro un clima particular: una mezcla de preocupación y esperanza.

Uno de los puntos más discutidos fue la falta de implementación de la Ley de Agricultura Familiar en Santa Fe. Aunque la provincia está adherida a la norma nacional, no existe presupuesto asignado ni programas ejecutándose. Las organizaciones insistieron en que se trata de una ley que prevé asistencia técnica, inversiones en infraestructura, apoyo para el acceso a la tierra y herramientas de financiamiento que hoy están completamente paralizadas. La ausencia de políticas públicas visibles agrava las dificultades que enfrentan quienes viven de la producción agroecológica, ganadera o hortícola en pequeña escala.
Los dos niveles del reclamo
La jornada permitió identificar con claridad que el reclamo debe darse en dos niveles. En primer lugar, en el nivel local, donde muchas organizaciones tienen vínculos debilitados o inexistentes con los presidentes comunales, intendentes o referentes municipales. Esa desconexión dificulta trámites, gestiones, articulaciones de proyectos y hasta diálogos básicos para resolver problemas cotidianos. El segundo nivel involucra al Estado provincial, que es el responsable de tomar decisiones estructurales y de articular políticas que no pueden depender solo de los gobiernos locales.

Para ordenar esos planteos, el encuentro produjo un documento que se transformó en una hoja de ruta. La intención es presentarlo a los municipios y comunas, pero también elevarlo al Ministerio de la Producción de Santa Fe. De hecho, pocos días después tuvo ingreso formal en la provincia acompañado de un pedido de audiencia. El objetivo final es abrir un canal de diálogo que hoy no existe, y que las organizaciones consideran urgente para empezar a revertir la situación.

Ecos del cierre del INAFCI
Una de las heridas más visibles del sector es el cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena. Durante años, ese organismo brindó presencia estatal, representación política, asistencia técnica, acompañamiento territorial y herramientas concretas para la producción. A través de programas como Prohuerta, que articulaba con el INTA, se distribuían semillas, pollitos camperos y otros insumos que permitían a las familias sostener sus huertas, mejorar sus gallineros o diversificar sus producciones. Pero más allá de los recursos, lo que aportaba era algo menos visible y a la vez fundamental: un interlocutor institucional que conocía el territorio y que actuaba como puente entre el Estado y las comunidades.

El cierre dejó un vacío que las organizaciones sienten de manera profunda. Hoy no hay representación específica, no hay técnicos que recorran los parajes, no hay articulación para acompañar proyectos productivos o para atender emergencias. Lo que antes se resolvía por cercanía y seguimiento constante ahora depende de gestiones aisladas, comunicaciones informales o peregrinajes a oficinas distantes.

A eso se suma un contexto económico que golpea fuerte. La inflación, el costo de los combustibles, la pérdida del poder adquisitivo y la falta de respuestas a los reclamos provocaron un proceso de desmovilización: muchas organizaciones se reúnen menos que antes, o lo hacen con mayor dificultad. Por eso el encuentro de La Lola fue vivido como un acto político en sí mismo: volver a verse, volver a escucharse, volver a nombrar las cosas en común.
El Estado ausente
En cuanto al papel del gobierno provincial, el diagnóstico fue categórico. Las organizaciones entienden que en lo que va de esta gestión no hubo respuestas concretas para la agricultura familiar. Existen algunas iniciativas vinculadas a las direcciones de género o de ambiente, pero se trata de acciones acotadas, que no llegan a consolidar una política estructural. Algunos grupos lograron presentar proyectos específicos y obtener financiamiento para actividades relacionadas con la participación de mujeres, o se articularon planes derivados de la Ley de Bosques. Sin embargo, esos programas no alcanzan a la totalidad del sector ni cubren sus necesidades principales.

Tampoco hubo convocatorias a espacios de discusión, ni mesas de trabajo permanentes, ni encuentros impulsados por el Estado para abordar los problemas del territorio. A nivel nacional, el panorama es similar: no existen nuevos ámbitos de participación, no se convocó al sector ni se abrieron discusiones sobre políticas públicas.

Frente a ese vacío, la capacidad de organización de las propias familias adquiere un valor decisivo. El documento presentado al Ministerio de la Producción es un primer paso, pero todavía no hay certezas sobre las respuestas que llegarán. Lo que sí existe es la convicción de que el camino debe construirse colectivamente, recuperando herramientas que funcionaron en otros momentos y diseñando nuevas estrategias para los desafíos actuales.
La migración juvenil y la ruralidad que se vacía
Uno de los temas que surgió con fuerza en el encuentro fue la situación de los jóvenes. Muchas familias ven cómo sus hijos migran hacia ciudades como Rosario, San Lorenzo o incluso localidades más pequeñas, en busca de trabajo temporal o empleos en la construcción. La falta de oportunidades en los parajes rurales empuja esa migración, que termina debilitando el tejido comunitario y envejeciendo el campo.

La preocupación no se limita al aspecto económico. La pérdida de jóvenes implica la pérdida de continuidad productiva, de cultura, de prácticas agroecológicas heredadas, de vínculos familiares. También significa que el futuro de esos territorios queda en duda. Por eso, las organizaciones insisten en pensar una ruralidad integral, donde la vida pueda desarrollarse con dignidad: con acceso a energía, agua segura, conectividad, educación, salud, caminos transitables y oportunidades laborales que no obliguen a abandonar la tierra.

La discusión, dijeron, no puede reducirse a infraestructura o producción. Tiene que ver con un proyecto de vida. Con que las familias puedan elegir quedarse sin que esa decisión implique resignaciones constantes.
Las dificultades para comercializar
La comercialización fue otro punto crítico del encuentro. En muchas localidades no existen ferias, mercados o espacios institucionales para vender la producción. Lo que antes se resolvía en mercados regionales —iniciativas itinerantes organizadas desde el Estado que reunían a pequeños productores en distintas localidades— hoy prácticamente no existe. Aquellos encuentros, recordaron los presentes, no solo garantizaban ventas sino también visibilidad y vínculos con consumidores urbanos.

Sin esos espacios, la comercialización queda reducida a ventas directas, pedidos por mensaje o entregas casa por casa. Pero incluso cuando hay demanda, la logística es un obstáculo mayor: los costos de traslado son altos, las distancias largas, los caminos a veces intransitables, y muchas familias no cuentan con vehículos adecuados ni con equipos de frío para conservar sus productos. Todo eso encarece la actividad y limita su alcance.

Además, surgió un debate en torno a la ASAL, la agencia santafesina que garantiza la seguridad alimentaria. Si bien nadie cuestionó la importancia de garantizar alimentos seguros, se señaló que los requisitos y procedimientos muchas veces están pensados para otro tipo de producción, y que las familias rurales no siempre pueden cumplirlos por falta de infraestructura o por la distancia a las sedes donde deben realizarse los análisis. En algunos casos, trasladar un producto para su certificación implica recorrer entre 80 y 100 kilómetros, lo cual no siempre es viable.

Las organizaciones propusieron pensar políticas más flexibles y adecuadas al territorio, sin renunciar a la calidad ni a la seguridad alimentaria, pero sí evitando que los requisitos se conviertan en barreras insalvables.

El valor de seguir organizándose
A pesar de todas las dificultades, el encuentro en La Lola dejó un mensaje alentador. La participación fue alta, el interés evidente y el compromiso notable. Las organizaciones, dijeron los referentes, están dispuestas a seguir analizando el contexto, a repensar estrategias y a plantear qué pasos deben darse para asegurar que sus demandas sean atendidas.

El documento que surgió de la jornada será la herramienta para abrir diálogos y audiencias. Pero más allá de eso, el encuentro en sí mismo fue una demostración de fuerza: en un momento de desmovilización generalizada, verse, hablar y proponer fue una forma de resistencia.

Mariana Cian, al cierre del proceso, agradeció el interés por visibilizar lo que ocurre en el norte santafesino y se comprometió a difundir cualquier avance que surja de las gestiones. Porque ese es, finalmente, el propósito de toda esta movilización: que las comunidades rurales sigan existiendo, que puedan vivir con dignidad, que sus producciones sean valoradas y que las políticas públicas acompañen a quienes sostienen el alimento cotidiano de millones de argentinos.

En un contexto donde el costo de los alimentos se ha disparado, se hace cada vez más evidente la necesidad de reconocer y valorar el aporte de la Agricultura Familiar. Esta forma de producción, que pone en primer plano la calidad de los alimentos y el acceso justo para la población, cobra especial relevancia como una alternativa viable frente a los precios elevados del mercado. Para quienes defienden y acompañan este modelo, el camino pasa por facilitar el acceso a los productos de la Agricultura Familiar a través de canales directos como ferias, almacenes populares y cooperativas. Según afirman, este tipo de producción no solo asegura alimentos frescos y de calidad, sino que también respeta el equilibrio con el medio ambiente y promueve el bienestar humano, garantizando prácticas que cuidan tanto la salud de las personas como la del planeta.

En ese territorio vasto, donde la ruralidad guarda todavía un pulso humano y comunitario, la agricultura familiar resiste. Resiste desde la tierra, desde la organización, desde la memoria colectiva y desde la certeza de que su existencia no es solo necesaria para quienes la habitan, sino para toda la sociedad. Esa resistencia, hoy, es más que un reclamo: es un llamado urgente a mirar el país desde sus bordes más vivos.
Escuchá la entrevista completa:

Lee el documento de las organizaciones: Fotos: Diputado Provincial Sergio Rojas, Manos de la tierra, Prensa UTT

domingo, 15 de diciembre de 2024

Milei desactivó el programa de microcréditos que transformó miles de vidas

En 2006, la Ley 26.117 sentó las bases para el Programa Nacional de Microcrédito "Padre Carlos Cajade", una iniciativa impulsada por el entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para fortalecer la Economía Social. Este programa, recientemente eliminado por el gobierno de Javier Milei, tenía como objetivo promover el acceso al microcrédito para estimular el desarrollo integral de individuos, grupos de bajos recursos y el fortalecimiento institucional de organizaciones no lucrativas de la sociedad civil. La Red Nacional del Banco Popular de la Buena Fe, repudió esta decisión del gobierno de Javier Milei. En Señales hablamos con Marita Milagro*, una referente del tema 
El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió al tema en sus redes: "El presidente Milei puso fin a otro curro disfrazado de fomento de la economía social. El Decreto Delegado 1094/24 disuelve la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social (CONAMI), creada por el kirchnerismo en 2006 mediante la Ley 26.117. Desde su creación, y manteniendo un gasto constante desde aquel año, CONAMI le habría costado al presupuesto el equivalente a $469.880 millones en pesos actuales". Sin embargo, en un giro más preciso, agregó: "La cartera activa es de apenas $751 millones. En otras palabras, desapareció el 99% de su presupuesto". Para concluir, con su habitual imprecisión, enfatizó: "Curro que se detecta, curro que se elimina".

Frente a este nuevo atropello del gobierno a los sectores más postergados, dialogamos en Señales con Marita Milagro, una referente clave en el tema que también creó uno de los Bancos Populares de la Buena Fe. Esta medida, que afecta a un programa clave en el desarrollo de políticas de microcrédito, tuvo durante años un impacto significativo en miles de emprendedores y emprendedoras de todo el país.

Marita Milagro comenzó la charla con una opinión crítica sobre las decisiones de la administración libertaria: "No quiero ser maleducada en un medio. Mirá, es una guanacada, es una brutalidad, es una mentira, es una falta de respeto". Además, expresó su indignación contra Adorni, a quien definió como un "títere" sin la debida comprensión de este sistema. Marita reflexionó sobre la responsabilidad de quienes votaron por estos cambios, afirmando que destruyen un sistema social sólido construido en conjunto por kirchneristas y no kirchneristas.

Orígenes del Microcrédito: Historia y propósito
Marita profundizó en los orígenes históricos del sistema de microcréditos en Argentina, citando a figuras como el padre Carlos Cajade y su inspiración en el libro El banco de los pobres, de Mohammed Yunus en Bangladesh. Recordó cómo el sistema comenzó en los barrios, impulsado por el deseo de salir de la pobreza a través de proyectos cooperativos de microcréditos.

"El corrupto del padre Cajade de La Plata puso fondos de su bolsillo, de los feligreses, la limosna que daban el domingo en misa, y formó un pequeño fondo de microcréditos. Recorrupto era", señaló con ironía y agregó: "Así empezó un sistema de pequeñas soluciones para mujeres en situación de vulnerabilidad".

Marita relató cómo estas prácticas se institucionalizaron en el contexto de políticas públicas, bajo el liderazgo de Daniel Arroyo, quien era Ministro de Desarrollo Social de la Nación, con el apoyo de organizaciones comunitarias. Desde ese momento, la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito, a través de los Bancos Populares de la Buena Fe, se convirtió en una herramienta esencial para la inclusión financiera de grupos de emprendedores.
El impacto social y los logros del programa

El programa de microcrédito permitió a familias emprender pequeñas actividades de autoempleo, principalmente en áreas como la textilería, panificación, rotiserías, artesanías y construcción. Según Marita, el enfoque estaba en la formación, el trabajo en comunidad y la solidaridad. Se exigía a los grupos de cinco integrantes un compromiso colectivo para asegurar la devolución de los fondos, lo que generó mecanismos de confianza y reciprocidad entre los beneficiarios.

Marita enfatizó: "El microcrédito no era solo entregar un préstamo, sino ofrecer un proceso formativo. Por eso cada reunión era un momento de formación política, salud reproductiva, violencia de género y educación". También contó historias conmovedoras de cómo el programa ayudó a mujeres a salir de situaciones de vulnerabilidad, a jóvenes a estudiar y a familias enteras a acceder a oportunidades económicas.

Resistencia y desafíos en el contexto actual
Al referirse a la disolución de la CONAMI, Marita no ocultó su enojo y preocupación. Argumentó que la medida es parte de una tendencia de desprecio por la promoción social y que refleja una visión elitista que ve en la inclusión económica y social una amenaza.

"Nos quieren tristes, vamos a estar alegres. Nos quieren solos, vamos a estar juntos. Nos quieren pobres, vamos a ser ricos, sumando nuestras abundancias", remarcó.

Para Marita, el objetivo ahora es resistir a través de organizaciones comunitarias, como La Bandada, un grupo de trabajo colaborativo que, desde Capitán Bermúdez, agrupa distintas organizaciones para intentar reconstituir el apoyo social y económico en el contexto actual de crisis.
El futuro del microcrédito y la esperanza colectiva

Con optimismo, Marita reflexionó sobre el legado del microcrédito, más allá de sus dificultades actuales: "Viva por siempre, aunque la quieran matar, enterrar, borrar de la historia, está en el corazón del pueblo el microcrédito. Está en el corazón de cada emprendedor". Subrayó que, aunque los recursos se han visto fuertemente limitados, la experiencia sigue viva en los sueños de miles de personas que aún luchan para salir adelante con sus proyectos de vida.

En este sentido, hizo referencia a casos particulares de éxito a lo largo de los años: mujeres que iniciaron emprendimientos con pequeños créditos, familias que mejoraron sus condiciones de vida y jóvenes que pudieron acceder a la educación gracias al financiamiento. Historias de panaderos, costureras, albañiles y pequeños comerciantes que, con esfuerzo, se levantaron gracias a una oportunidad de crédito y capacitación.

Por último, Marita mencionó que, a pesar de la falta de recursos y la disolución de instituciones, la clave está en la unión, la solidaridad y los sueños intactos: "Cada uno por separado no tiene nada, pero entre todos generamos una abundancia que se puede reproducir".

Con esta perspectiva, la lucha continúa: no solo contra el ajuste y el desmantelamiento de políticas públicas, sino también en la búsqueda de alternativas para preservar la solidaridad y la inclusión como principios fundamentales para el progreso social.

También dialogamos sobre el mensaje en X del responsable de esta acción, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger:
En el cierre de la nota se leyeron varios mensajes de oyentes, destacando el siguiente:
"Soy David, quiero enviar un mensaje a Marita. ¡Muchas gracias!, soy maestro mayor de obras y recibí un microcrédito, del cual estoy orgulloso. Todavía tengo las herramientas que pude comprar allá en 2009".
La moneda social, una experiencia de los banquitos

*Militante social desde los 12 años, educadora y comunicadora popular en el Centro Ecuménico Poriajhú, Manos Abiertas y La Bandada en Capitán Bermúdez, su ciudad. Docente mandato cumplido desde 2014. Madre de Sebastián, Matías y Celina. Abuela de Celeste y Felipe.
Escuchá la nota completa:

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