La economía argentina atraviesa una etapa en la que algunos indicadores parecen mostrar cierta estabilidad. La inflación mensual se mantiene en un rango relativamente acotado, el Gobierno exhibe esos números como una señal de normalización y el discurso oficial insiste en que la economía se está recuperando. Pero detrás de esa fotografía aparecen otros datos: salarios que todavía no recuperan lo perdido, jubilaciones que pierden poder de compra, empleo formal que continúa cayendo, una economía que no termina de despegar y una fuerte presión sobre los dólares que genera el país.
Ese es el diagnóstico que plantea el último Informe de Coyuntura del MATE, el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, correspondiente a agosto. El trabajo pone el foco en la pérdida del poder adquisitivo, la destrucción de empleo, el ajuste del Estado y un esquema económico que, según sus autores, depende cada vez más del endeudamiento para sostenerse.
Para Diego Kofman, economista, docente e integrante del MATE, la aparente estabilidad de algunos indicadores no alcanza para hablar de una solución de los problemas estructurales de la economía argentina. Licenciado y profesor en Economía por la Universidad Nacional de Rosario, especializado en macroeconomía y sector externo, Kofman forma parte del equipo de profesionales que elabora informes de coyuntura, investigaciones y trabajos de asesoramiento, particularmente en cuestiones vinculadas con el trabajo, los salarios y las relaciones laborales. También se desempeña como docente en los niveles medio y terciario, asesora a organizaciones sindicales y participa habitualmente del análisis de la coyuntura económica en medios de comunicación.
En su lectura, uno de los principales problemas es que la inflación no desapareció, aunque haya conseguido ubicarse durante varios meses en niveles más bajos que los registrados durante la etapa de mayor aceleración de los precios. El Gobierno, explica, apeló a diferentes mecanismos para intentar contenerla: el ancla cambiaria, el ancla salarial y el control del déficit fiscal. A eso se suma el endeudamiento, utilizado como una herramienta para mantener relativamente barato el dólar y evitar que una suba del tipo de cambio se traslade a los precios internos.
Algo similar ocurre con los salarios. El otro ancla sobre la que se apoya el programa económico es, justamente, el ingreso de la población. La contención de los salarios contribuye a moderar los costos y, de ese modo, a evitar mayores presiones sobre los precios. El problema es que una inflación del 2% mensual, aunque pueda presentarse como un número bajo en comparación con los momentos más críticos, continúa erosionando el poder adquisitivo si los ingresos no crecen por encima de ese nivel.
Kofman recuerda que el Gobierno celebró especialmente el registro de una inflación del 1,9% en junio. Sin embargo, advierte que exactamente el mismo porcentaje se había registrado en agosto del año anterior y que, después de aquel dato, la inflación había vuelto a acelerarse hasta alcanzar el 3,4% mensual en marzo de este año. Por eso considera apresurado hablar de una inflación definitivamente controlada.
El punto central, sostiene, no es solamente cuánto aumentan los precios, sino qué ocurre con los ingresos mientras esos aumentos continúan. Si la intención es recomponer el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados, los salarios y las jubilaciones deberían crecer por encima de la inflación. Cuando eso no sucede, el proceso inflacionario continúa funcionando como un mecanismo de deterioro de los ingresos.
Desde esa perspectiva, Kofman cuestiona que la reducción de la inflación pueda ser presentada simplemente como un triunfo del Gobierno. "La inflación sigue", resume, porque una economía en la que los precios continúan aumentando entre un 2% y un 3% mensual todavía enfrenta un proceso inflacionario con consecuencias concretas sobre los ingresos de la población.
La transferencia de 102,5 billones
Para Kofman, esa transferencia puede entenderse, en primer lugar, como una transferencia hacia el capital. No significa, aclara, que todos los sectores del capital se beneficien de la misma manera, pero sí que existe una reducción del costo salarial derivada de la caída de los salarios reales. Lo que los trabajadores dejan de percibir se transforma, en esa lógica, en recursos que dejan de estar en sus bolsillos y dejan de circular por otros canales vinculados al trabajo.
El cálculo del MATE permite desagregar esa transferencia y mostrar que el impacto no se limita al trabajador que cobra un salario. A nivel del bolsillo de los asalariados, la pérdida acumulada alcanza los 72,5 billones de pesos. Pero a esa cifra se suman otros recursos que dejan de recaudarse como consecuencia de la caída de los salarios.
Uno de ellos corresponde al sistema de seguridad social. Kofman estima una pérdida cercana a los 20 billones de pesos en recaudación, dado que los ingresos de la seguridad social están vinculados proporcionalmente a los salarios. Es decir, cuando los salarios pierden poder adquisitivo, no solamente se reduce lo que recibe directamente el trabajador: también disminuyen los recursos que ingresan al sistema previsional y de seguridad social.
El impacto se extiende, además, a las obras sociales. Según el informe, estas entidades dejaron de recibir alrededor de 8,3 billones de pesos. Se trata de un dato particularmente relevante porque, como señala Kofman, los aportes vinculados a los salarios constituyen su principal fuente de ingresos y, al mismo tiempo, deben afrontar gastos crecientes relacionados con el sistema de salud privado.
También los sindicatos experimentaron una pérdida de recursos. El cálculo del MATE ubica ese impacto en casi 2 billones de pesos. Nuevamente, se trata de una consecuencia vinculada con la forma en que se distribuye el salario y con la reducción de los ingresos sobre los cuales se calculan esos recursos.
La conclusión que extrae Kofman es contundente: "Pierde el Estado, pierden los asalariados, pierden las obras sociales, pierden los sindicatos y gana el capital". En su interpretación, esa transferencia no es un efecto secundario del programa económico, sino una parte de su funcionamiento. Es, plantea, uno de los costos que se pagan en nombre del supuesto combate contra la inflación.
Por eso, frente a una transferencia de semejante magnitud, la pregunta que plantea el economista es casi elemental: si ese dinero fue extraído de los ingresos de los trabajadores para sostener el esquema económico, y la inflación todavía continúa, ¿qué sentido tiene ese sacrificio? "Devuélvanos esa plata", sintetiza Kofman, como expresión de una discusión que excede las estadísticas y vuelve a colocar en el centro el problema de la distribución.
Jubilados: otro de los grandes mecanismos de ajuste
Para Kofman, los jubilados constituyen, junto con los trabajadores del sector público, uno de los sectores sobre los cuales recae con mayor intensidad el mecanismo de ajuste. Si un trabajador pierde cerca de una cuarta parte de su poder adquisitivo y un jubilado atraviesa un deterioro similar, la pregunta inevitable es qué ocurre con el dinero que deja de llegar a esos bolsillos.
La respuesta, en su análisis, obliga a mirar más allá de la situación individual. Ese dinero que antes se destinaba a comprar alimentos, pagar impuestos y servicios, afrontar un alquiler o cubrir otros gastos cotidianos deja de circular por el mercado interno. El ajuste sobre los ingresos no significa solamente que una familia consume menos. Significa también que los comercios venden menos, los proveedores reciben menos pedidos y las fábricas enfrentan una menor demanda.
Kofman lo explica a través de una cadena sencilla: el dinero que recibe un trabajador se utiliza en el almacén; el almacenero, a su vez, necesita comprarle al proveedor; el proveedor demanda productos a la fábrica. De ese modo, un ingreso se transforma sucesivamente en consumo, producción y trabajo. Cuando se recorta ese ingreso, la cadena se interrumpe.
Del consumo a la bicicleta financiera
El problema, entonces, no es solamente distributivo. También es una cuestión de dinámica económica. El dinero que deja de llegar a trabajadores y jubilados pierde su capacidad de alimentar el circuito de consumo y producción del mercado interno. Y, en la lectura de Kofman, esa dinámica comienza a ser reemplazada por otra: la de la especulación financiera.
Cuando una transferencia de riqueza se dirige hacia sectores que ya tienen cubiertas sus necesidades de consumo, explica, el dinero excedente puede orientarse hacia inversiones financieras o hacia la compra de dólares. Esos dólares pueden utilizarse para inversiones financieras en el exterior o directamente salir del país.
Así, el problema adquiere una dimensión adicional: la transferencia regresiva de ingresos no solamente deprime el consumo y la actividad económica, sino que puede generar una presión mayor sobre las divisas. Para Kofman, el costo en términos de dólares puede terminar siendo mucho mayor que el que tendría una economía con mayor nivel de actividad y consumo interno.
La paradoja aparece entonces con claridad. Una economía fuertemente recesiva puede generar un superávit comercial porque importa menos, pero al mismo tiempo puede transferir recursos hacia sectores que utilizan ese excedente para comprar dólares y fugarlos. De ese modo, lo que se gana por un lado se pierde por otro.
Y aparece allí la pregunta por el financiamiento. Si los dólares generados por el superávit comercial no alcanzan para satisfacer esa demanda, el Estado necesita recurrir al endeudamiento. En el razonamiento de Kofman, el endeudamiento permanente cumple precisamente esa función: generar los dólares necesarios para sostener un tipo de cambio relativamente barato y poner divisas "frescas" a disposición de sectores que demandan esos recursos.
Menos trabajo, menos capacidad de pago
Según los datos mencionados en el informe, se perdieron 375 empleos formales en una jornada, mientras que el sector privado ya expulsó alrededor de 241.000 trabajadores registrados. Pero para Kofman el dato más importante no es solamente cuántos empleos se destruyeron, sino la ausencia de sectores capaces de absorber a quienes quedan afuera.
No existe, sostiene, un sector de la economía que esté funcionando como receptor masivo de esos trabajadores. Incluso algunas actividades que aparecen como dinámicas en términos de producción, como el sector financiero, la minería y el petróleo, también han reducido sus plantillas.
La explicación está, en buena medida, en las características de esos sectores. Se trata de actividades muy intensivas en capital, donde un aumento de la inversión puede incrementar fuertemente la producción sin requerir una incorporación equivalente de trabajadores. Se puede generar más actividad con prácticamente la misma cantidad de personas ocupadas, pero con una mayor cantidad de capital invertido.
El problema aparece con mayor intensidad en la economía urbana, justamente allí donde históricamente se genera el empleo masivo. Kofman recuerda que las ciudades existen, en buena medida, alrededor de actividades como el comercio, la construcción y la industria. A esos sectores suma el transporte. Son actividades fundamentales tanto para la generación de bienes como para la creación de puestos de trabajo y, precisamente por eso, son también las que más sufren cuando se contrae el mercado interno.
La pérdida de empleo formal, además, no queda encerrada en las empresas que despiden. Tiene efectos en cadena. Los trabajadores que dejan de percibir un salario ya no pueden sostener determinados consumos y servicios. Entre ellos aparece el empleo en casas particulares.
Por eso, a los aproximadamente 241.000 puestos de trabajo privados registrados perdidos se suman otros 14.000 empleos en casas particulares, según los datos citados por Kofman. La explicación vuelve a ser la misma dinámica circular: el ingreso de un trabajador genera demanda para otros trabajadores. Cuando ese ingreso desaparece, también desaparecen parte de esas demandas.
El proceso funciona, en palabras del economista, "como un dominó". Una pérdida provoca otra y esa segunda pérdida genera una tercera. El salario que deja de existir afecta al comercio; el comercio vende menos; los proveedores reciben menos pedidos; las empresas producen menos; y todo eso vuelve a repercutir sobre el empleo.
La changa no es recuperación
La imagen de esa dinámica puede verse, según Kofman, en escenas cotidianas: locales vacíos, comercios con menor movimiento y personas buscando desesperadamente una forma de generar ingresos. Sin embargo, muchas de esas personas no aparecen estadísticamente como desempleadas.
El motivo es que desarrollan alguna actividad que les permite obtener un ingreso, aunque sea muy inferior al que tenían cuando eran trabajadores registrados. Aparecen entonces formas de trabajo como Uber, el reparto a través de aplicaciones y pequeños emprendimientos de subsistencia.
Son actividades que requieren esfuerzo laboral, inversión de pequeños ahorros y muchas horas de trabajo, pero cuyos ingresos están muy lejos de compensar aquello que se perdió. Más que una verdadera absorción del desempleo, representan para Kofman una estrategia de supervivencia.
La diferencia es importante. Tener una changa no significa necesariamente haber conseguido un empleo equivalente al perdido. Una persona puede dejar de ser contabilizada como desempleada porque genera algún ingreso, pero eso no significa que haya recuperado el salario, la estabilidad, los derechos laborales o la capacidad de consumo que tenía anteriormente.
Por eso, Kofman rechaza la idea de que esos sectores informales estén absorbiendo el empleo destruido. El empleo registrado total, afirma, muestra otra realidad: desde la asunción del actual Gobierno se perdieron alrededor de 342.000 empleos formales.
¿Recuperación o una economía estancada?
Comercio, construcción, industria y transporte forman parte de ese núcleo de actividades que podrían generar una cantidad significativa de bienes y puestos de trabajo. Sin embargo, si se mantiene deprimida la actividad de esos sectores, también se reduce la capacidad de la economía para generar ingresos y, con ellos, capacidad de pago.
La consecuencia vuelve a aparecer tanto hacia adentro como hacia afuera. Una economía que produce y trabaja menos genera una capacidad de pago inferior. Por un lado, esto dificulta la generación de los dólares necesarios para afrontar las obligaciones externas. Por otro, las familias también acumulan deudas para poder sostener sus niveles de consumo.
En ese punto, Kofman discute directamente con el relato oficial de una economía en recuperación. Su pregunta es qué se entiende por crecimiento y, sobre todo, quiénes están creciendo.
Los sectores que explican el "crecimiento"
Uno de los sectores que, a su entender, explica buena parte del supuesto crecimiento es el financiero. Pero ese crecimiento no proviene de una mayor utilización del trabajo ni de una expansión generalizada de la economía. Está vinculado, entre otras cosas, al negocio del llamado carry trade —la bicicleta financiera— y al circuito de deuda mediante el cual el Estado obtiene dólares que luego son colocados en operaciones vinculadas con la compra y venta de divisas.
Para Kofman, ese crecimiento está "inflado totalmente" y resulta insostenible en el tiempo. No representa, desde su perspectiva, una expansión genuina de la capacidad productiva de la economía, sino el resultado de un esquema financiero que depende de determinadas condiciones monetarias y de la disponibilidad de dólares.
La minería aparece como otro de los sectores que muestran crecimiento. Pero Kofman interpreta ese dato de una manera diferente a la del discurso oficial. El crecimiento de la actividad minera, sostiene, demuestra incluso que resulta innecesario un régimen de incentivos como el RIGI, porque muchas de las inversiones que explican la expansión del sector no comenzaron ahora.
Lo mismo observa en el petróleo. Los proyectos que se están desarrollando cuentan con beneficios impositivos, reducciones de determinadas obligaciones y facilidades para el acceso a divisas. Desde la perspectiva del economista, esas ventajas constituyen un subsidio que termina siendo asumido por el conjunto de la sociedad. Cuando el Estado resigna recursos, señala, es la sociedad la que pierde esos recursos.
Pero, al mismo tiempo, considera que ese subsidio es innecesario porque la minería y el petróleo ya venían atravesando una dinámica inversora propia. No se trata, explica, de actividades que comenzaron a crecer exclusivamente por las inversiones realizadas durante el último año. Parte de esas inversiones se vienen desarrollando desde 2014 o 2015 y son las que permiten explicar el crecimiento que se observa actualmente.
El agro completa otra parte de la explicación del crecimiento que muestran las estadísticas. También aquí Kofman llama a mirar con cuidado la comparación. La producción agropecuaria registra un crecimiento muy importante, incluso cercano al 100% respecto de 2023 en algunos indicadores. Pero aquel año estuvo atravesado por una sequía extraordinaria.
Comparar la producción actual con la de un año tan malo por razones climáticas genera, por lo tanto, un efecto estadístico significativo. El crecimiento responde en buena medida a una mejora de los rendimientos y de las condiciones climáticas, no necesariamente a una transformación estructural de la superficie sembrada o de la capacidad productiva.
Además, parte de la industria argentina está directamente vinculada con el sector agroalimentario y agroexportador. Por eso, incluso cuando el campo mejora respecto de un año marcado por la sequía, eso no alcanza para revertir el deterioro del conjunto de la industria.
La caída industrial, señala Kofman, continúa siendo muy fuerte. Y allí vuelve a aparecer el contraste entre las cifras agregadas y la experiencia de la mayoría de la población. Puede existir crecimiento estadístico en determinados sectores, pero eso no significa que exista una recuperación generalizada de la economía.
Para la gran mayoría de la población, sostiene, la actividad económica está cayendo. El crecimiento de determinados sectores no consigue compensar la pérdida de actividad en aquellas áreas que concentran el empleo y el consumo cotidiano.
El resultado es una economía cada vez más dividida entre sectores que pueden crecer sin incorporar trabajadores, actividades que se recuperan desde niveles excepcionalmente bajos y un enorme conjunto de comercio, industria, construcción y servicios urbanos que depende de un mercado interno debilitado.
El año de los vencimientos
A medida que esa dinámica se prolonga, también se acumulan las preguntas sobre el futuro. Salarios deprimidos, pérdida de empleo, caída de la recaudación, salida permanente de dólares y endeudamiento creciente conforman, para Kofman, un escenario particularmente delicado de cara a los próximos meses.
El principal riesgo aparece cuando llegue el calendario más fuerte de vencimientos. El próximo año, advierte, será muy difícil afrontar esos pagos con una economía que genera una capacidad de pago inferior y con una demanda de dólares que supera la capacidad de generación de divisas.
Es entonces cuando, según su análisis, el esquema vuelve a depender del financiamiento externo. Y allí aparece una comparación con otra experiencia reciente de la economía argentina: el gobierno de Mauricio Macri.
Kofman recuerda que Macri llegó a las elecciones sostenido por un volumen de financiamiento externo que, según su interpretación, excedía incluso los límites habituales establecidos por el estatuto del Fondo Monetario Internacional. Lo define como un préstamo político, un financiamiento externo destinado a sostener al Gobierno en funciones durante aquella etapa.
La comparación que establece con el presente es directa. "No le prestaron plata a la Argentina, le prestaron plata a Macri", plantea. Y sostiene que algo similar estaría ocurriendo ahora: los fondos no estarían llegando como resultado de una mejora estructural de la capacidad de pago del país, sino como financiamiento destinado a sostener al Gobierno en las condiciones actuales.
"Si no entra plata, explota"
En esa dinámica, sostiene, la participación de los organismos internacionales resulta central. No observa allí una apuesta espontánea del mercado por la economía argentina, sino una decisión política. Según su interpretación, las empresas toman deuda en el exterior, transforman esos dólares en instrumentos que pagan tasas por encima del ritmo de devaluación y luego utilizan los pesos obtenidos para comprar más dólares. Es el circuito que identifica con el carry trade o bicicleta financiera.
La particularidad, señala, es que no necesariamente se trata de que esos actores le presten dólares directamente al Estado. En su lectura, le prestan pesos, que luego son colocados en instrumentos que paga el Estado con tasas de interés. El resultado es un mecanismo mediante el cual el capital financiero puede multiplicar sus recursos mientras las condiciones cambiarias y financieras permanezcan favorables.
Para Kofman, esa estructura es extremadamente difícil de sostener en el tiempo. Su continuidad depende de dos condiciones: por un lado, que la población pueda soportar durante un período prolongado las condiciones de vida derivadas del ajuste; por otro, que el financiamiento político externo continúe llegando.
Y ese financiamiento, sostiene, no sería gratuito. Estaría condicionado a determinadas políticas y a una determinada orientación sobre cómo debe configurarse la Argentina. En particular, Kofman interpreta que existe una presión para avanzar hacia un modelo de país orientado fundamentalmente a la extracción de recursos naturales.
Mientras el Gobierno pueda demostrar que avanza en esa dirección, considera que tendrá posibilidades de seguir recibiendo financiamiento. Pero si ese respaldo se interrumpe, el esquema perdería el sostén que necesita para mantenerse en pie. La imagen que utiliza es la de alguien que está suspendido en el aire: mientras lo sostienen, permanece arriba; cuando lo sueltan, cae.
La comparación con otros episodios de la historia reciente vuelve a aparecer. Kofman recuerda el caso de la Alianza y, especialmente, el de Macri. Según su reconstrucción, durante el gobierno de Cambiemos el financiamiento externo permitió sostener el esquema hasta el tramo final, pero la asistencia del FMI llegó recién durante el tercer año de gestión. En el escenario actual, sostiene, el recurso al financiamiento internacional habría aparecido mucho antes: ya a comienzos del segundo año de gobierno.
La insistencia en conseguir nuevos fondos tendría, entonces, una explicación precisa: mantener en funcionamiento un modelo cuya capacidad de generar por sí mismo los dólares necesarios resulta insuficiente.
"Un default encubierto"
En ese punto, Kofman formula una de las conclusiones más fuertes de toda la entrevista. Argentina, afirma, estaría atravesando una situación que puede ser caracterizada como un "default encubierto". La razón es que el país necesita tomar nueva deuda para pagar deuda anterior.
Los organismos internacionales prestan recursos que permiten afrontar vencimientos con otros acreedores y, al mismo tiempo, se refinancian obligaciones y se agregan nuevos compromisos para sostener la salida del cepo y el funcionamiento del esquema cambiario.
No sería, por lo tanto, una situación de normalidad financiera, sino una forma de postergar el problema mediante nuevo endeudamiento. Kofman utiliza una imagen doméstica para describirlo: es como si le estuvieran dando dinero a los padres para que puedan seguir pagando sus deudas.
La discusión sobre la deuda vuelve entonces a cruzarse con la política. En el tramo final de la entrevista aparece el reciente fallo de los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, que ratificó la decisión de la jueza federal María Eugenia Capuchetti de archivar la causa relacionada con la deuda tomada durante el gobierno de Macri y la gestión de Luis Caputo con el Fondo Monetario Internacional.
La resolución sostuvo que no hubo delito en el acuerdo con el organismo por más de 50.000 millones de dólares, una deuda cuyos pagos, recuerda la entrevista, todavía continúan y se proyectan sobre las próximas generaciones.
Para Kofman, aquel endeudamiento fue tomado "entre gallos y medianoche", de espaldas a la sociedad y sin un informe técnico previo del Banco Central que permitiera determinar si la Argentina estaba en condiciones de repagar la deuda. Desde su perspectiva, ese análisis era una condición necesaria para evaluar la sustentabilidad del préstamo.
Su crítica no queda limitada al episodio puntual del endeudamiento. Kofman extiende su interpretación al papel del Poder Judicial argentino, al que considera el poder "menos democrático" y más alineado con intereses internacionales.
Para fundamentar esa mirada recupera los documentos Santa Fe I y Santa Fe II, elaborados en Estados Unidos durante la década de 1980, en los que —según recuerda— se planteaba la necesidad de trabajar sobre determinados sectores de poder de los países latinoamericanos. Kofman menciona particularmente al sector militar y al Poder Judicial como estructuras permanentes sobre las cuales, desde aquella perspectiva estratégica, debía ejercerse influencia en función de los intereses estadounidenses.
El economista considera que el papel de las Fuerzas Armadas como factor de intervención política directa se debilitó con el paso del tiempo, pero interpreta que el Poder Judicial conserva un lugar central como herramienta capaz de condicionar decisiones políticas y pasar por encima de determinados derechos democráticos.
En esa lectura inscribe también la situación judicial de una de las principales figuras políticas del principal partido histórico de la Argentina. Para Kofman, el Poder Judicial constituye actualmente un escollo para cualquier gobierno que pretenda desarrollar una política económica diferente.
La discusión económica termina así desembocando nuevamente en una discusión sobre poder. El endeudamiento no aparece, en su análisis, como una cuestión exclusivamente financiera. Es también una herramienta que condiciona las decisiones de política económica y que puede definir qué tipo de país resulta posible construir.
Familias endeudadas: el otro espejo de la deuda
El dato funciona como una suerte de espejo de todo el diagnóstico anterior. La deuda que aparece en las cuentas del Estado también se reproduce en las economías familiares. Cuando los salarios pierden capacidad de compra, el empleo formal desaparece y el mercado interno se contrae, las familias recurren al endeudamiento para sostener consumos que antes podían afrontar con sus ingresos.
El circuito se completa así en los dos extremos. El Estado se endeuda para conseguir los dólares que necesita para sostener el esquema financiero y afrontar sus obligaciones, mientras las familias se endeudan para sostener una vida cotidiana cuyos ingresos ya no alcanzan.
La fotografía de la estabilidad vuelve entonces a mostrar su reverso. Una inflación que desacelera no necesariamente implica recuperación; un sector que crece no necesariamente genera empleo; un superávit comercial no garantiza disponibilidad de dólares; y el acceso a nuevo financiamiento no significa que una economía haya recuperado su capacidad de pago.
Para Kofman, el problema central está precisamente allí: en una economía que necesita trabajar más y producir más para generar los recursos con los que afrontar sus compromisos, pero que al mismo tiempo reduce la actividad, deteriora los salarios y expulsa trabajadores.
El esquema puede mantenerse mientras continúe llegando financiamiento externo. Puede incluso transmitir una sensación de calma y permitir que determinados sectores obtengan importantes beneficios. Pero esa estabilidad, según la interpretación del economista, no surge de una economía que haya recuperado su fortaleza, sino de una economía que depende de que otros continúen inyectándole recursos.
Cuando ese flujo se corte, advierte Kofman, quedará expuesta la verdadera dimensión del problema.
Por eso, al final de la conversación, la pregunta que queda flotando no es solamente cuánto crecerá la Argentina ni cuánto marcará la próxima medición de inflación. Es una pregunta mucho más elemental y, a la vez, más incómoda: qué capacidad tiene el país para generar por sí mismo los recursos que necesita para sostener su economía, pagar sus deudas y mejorar las condiciones de vida de su población.
En el diagnóstico del MATE, la respuesta actual está lejos de ser tranquilizadora. Mientras los salarios pierden, el empleo formal se reduce, los hogares se endeudan, el mercado interno se achica y los dólares salen, el Estado necesita cada vez más financiamiento externo.
La estabilidad, así, no aparece como el final de la crisis, sino como una pausa sostenida por deuda.
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