domingo, 31 de julio de 2022

Idas y vueltas: Elon Musk quería comprar Twitter... ¿o no?

En privado, ha buscado salidas legales al acuerdo que firmó. En público, a menudo ha parecido empeñado en presentarse como un inaceptable custodio de la "plaza del pueblo digital"
Por: Jack Holmes

Elon Musk quiere salirse de su acuerdo de compra de Twitter. Muchos analistas en la prensa económica informaron inicialmente de que Musk había "rescindido" el acuerdo, que es un titular que puede haber complacido a Musk, pero que los abogados de Twitter discreparían. Musk no tiene el poder ilimitado de rescindir un contrato vinculante que firmó con otra parte, aunque es probable que este incidente ponga a prueba esos conceptos básicos.

Parece que hay varios escenarios posibles para el resultado:
1) Twitter gana su demanda contra Musk. Éste tiene que comprar Twitter por 44.000 millones de dólares.
2) Musk se libra del acuerdo y paga la multa estipulada de 1.000 millones de dólares a Twitter.
3) Musk se libra del acuerdo y no paga nada.
4) Twitter y Musk llegan a un acuerdo en el que éste compra Twitter por menos de 44.000 millones de dólares.
5) Twitter y Musk llegan a un acuerdo en el que él paga una multa superior a los 1.000 millones de dólares.
Como escribió recientemente Matt Levine en Bloomberg, parece poco probable que Musk acabe siendo dueño de Twitter. No podemos tachar exactamente el 1 y el 4, pero para simplificar vamos a suponer que no lo hará. Un acuerdo como el 5 es algo más probable, mientras que parece que Musk está presionando por el 2 o el 3, que, como señaló Levine, son funcionalmente lo mismo para Musk. Levine desglosó las estrategias legales que parece que Musk perseguirá para librarse, la más importante de las cuales -o al menos la que el público captará más fácilmente- es la noción de que Twitter tiene muchos más bots de los que dice tener, por lo que Musk no debería comprarlo.

Levine echó un jarro de agua fría a esta estrategia, en parte porque, según parece, Musk está intentando difamar a Twitter y echar por tierra el acuerdo. Además, "cuando fingía querer comprar Twitter, Musk fingía que quería comprar Twitter para limpiar el problema de los bots".

Pero esta es la vía legal de la estrategia de Musk para salirse del acuerdo. Además, desde hace algún tiempo parece, por el comportamiento público de Musk, que también está siguiendo una segunda vía. Gran parte de la discusión en torno a este acuerdo se basa en la suposición de que Musk se metió en todo esto por una broma y se aburrió, o que realmente quería comprar y reformar Twitter, pero ya no puede hacerlo después de la caída del mercado. No parece haber realizado la diligencia debida más exhaustiva antes de firmar el acuerdo (no "solicitó a Twitter ninguna información no pública relativa a Twitter", dijo la empresa a los accionistas en una declaración de representación). Las acciones de Tesla han sido maltratadas en los últimos meses, y los mercados financieros, de los que dependen los 13.000 millones de dólares de financiación de la deuda de Musk, son ahora lugares mucho menos amigables.

Pero esta suposición no se ajusta a su comportamiento público, que desde casi el momento en que firmó el acuerdo ha vacilado entre un par de personajes, ninguno de los cuales, por sí solo, sugiere una persona que sea totalmente seria para servir como un custodio confiable de la plataforma.

El 25 de abril, Twitter anunció que Musk había aceptado comprar la empresa a 54,20 dólares por acción. (¡420! ¡Ja, ja!) Al mismo tiempo, estrenó uno de sus personajes públicos, el Campeón Magnánimo de la Libertad de Expresión:
Espero que incluso mis peores críticos sigan en Twitter, porque eso es lo que significa la libertad de expresión.
También expuso sus objetivos políticos, a saber, "mejorar el producto con nuevas funciones, hacer que los algoritmos sean de código abierto para aumentar la confianza, derrotar a los bots de spam y autentificar a todos los humanos". Sin embargo, al día siguiente, en medio de una avalancha de reacciones y críticas, empezó a sentar las bases del segundo punto:
La reacción extrema de los que temen la libertad de expresión lo dice todo.
Por "libertad de expresión" me refiero simplemente a la que se ajusta a la ley. Estoy en contra de la censura que va más allá de la ley. Si la gente quiere menos libertad de expresión, pedirá al gobierno que apruebe leyes en ese sentido. Por lo tanto, ir más allá de la ley es contrario a la voluntad del pueblo.

La gente empezó a señalar que esta filosofía era un poco a medias. Sin embargo, las cosas hasta ahora habían apuntado a la posibilidad de que Musk había ido a comprar Twitter creyendo que podía arreglarlo pero sin pensar realmente en lo que implicaba ese arreglo. Entonces llegó el 27 de abril y el comienzo del troleo.

"Truth Social está actualmente superando a Twitter y TikTok en la Apple Store", dijo Musk. "Truth Social (terrible nombre, por cierto) existe porque Twitter censuró la libertad de expresión. Debería llamarse Trompeta en su lugar".

A continuación, añadió un meme bastante cocinado en un laboratorio para cabrear a los liberales de Twitter. Luego volvió a la pista del Líder Magnánimo, pidiendo que Twitter sea políticamente neutral y cabree a ambos bandos por igual, e introduciendo el cifrado de extremo a extremo para los DMs de Twitter. También compartió algunos chistes, como comprar Coca-Cola para volver a poner cocaína en ella.

Pero también fue el 27 de abril cuando Reuters publicó un artículo de opinión en el que se exponían todas las razones por las que la oferta de Musk por Twitter no tenía sentido -sobre todo por los conflictos que le crearía el negocio de Tesla en China- y se concluía que Musk no llevaría a cabo la operación. Varias cabezas explotaron.

Al día siguiente, Musk volvió a la senda del troleo, publicando una caricatura en la que sugería que la izquierda ha radicalizado tanto a los demócratas que un centrista se encuentra ahora a la derecha del centro. (Se trata de un argumento fantástico, teniendo en cuenta que el abanderado del partido conservador de Estados Unidos intentó recientemente derrocar al gobierno). Pero si Musk cree esto y es realmente un republicano con carné ahora no es realmente la cuestión.

El punto de resaltar todo este troleo político al desnudo es ilustrar que, habiendo firmado un acuerdo para comprar Twitter, Musk parece estar presentándose como un candidato inaceptable para ser dueño de Twitter: Los empleados de la compañía se inclinan claramente hacia la izquierda y estaban indignados con su oferta incluso antes de que se cerrara. Ahora, su posible nuevo jefe -que ha descrito a Twitter como la plaza del pueblo digital y ha pedido su absoluta neutralidad- también ha demostrado regularmente una animadversión hacia la izquierda.

"La extrema izquierda odia a todo el mundo, ¡a ellos mismos incluidos!", dijo el 29 de abril, en un fascinante porte de la estética de Trump. "Pero tampoco soy fan de la extrema derecha", dijo en una continuación unos 15 minutos después. "Tengamos menos odio y más amor".

En este punto, el 29 de abril, es útil señalar que Musk reveló que había vendido una tercera parte de las acciones de Tesla, tras las ventas anteriores del 26 y 27 de abril, por un total de 8.500 millones de dólares.

El 4 de mayo, en respuesta a los llamamientos para que los anunciantes obliguen a Twitter a mantener sus políticas de contenido existentes después de que Musk (teóricamente) tomara el control, tuiteó un enlace a un artículo del Daily Mail sobre cómo la campaña estaba dirigida por "George Soros, Clinton y personal de Obama." El 8 de mayo, el troleo continuó: "Si muero en circunstancias misteriosas, ha sido un placer conoceros". El 11 de mayo, compartió un meme que sugería que los medios de comunicación publican a sabiendas y con regularidad acusaciones nazis sin fundamento.

Y el 13 de mayo empezó a hacer pública la pretensión de los bots: El acuerdo de Twitter está temporalmente en suspenso a la espera de detalles que apoyen el cálculo de que las cuentas de spam/falsas representan realmente menos del 5% de los usuarios.

Como parte de ese tuit, compartió un enlace a un artículo de Reuters que hacía referencia a una presentación ante la SEC que incluía la estimación de bots de Twitter (de menos del 5% de los usuarios), pero no sugería que esa estimación fuera errónea. En ningún momento Musk ha ofrecido públicamente ninguna prueba de que la cifra sea errónea, y mucho menos drásticamente errónea de forma que pueda invalidar su acuerdo de compra de la compañía.

Sin embargo, sí que ha ofrecido una buena cantidad de bombo y platillo. "Los bots están enfadados por ser contados", tuiteó con un emoji de risa más tarde el 13 de mayo. "¡Quien pensó que poseer a los liberales sería barato nunca intentó adquirir una compañía de medios sociales!", dijo el 14 de mayo, "Al menos, eso es lo que piensa la mente colmena de los liberales jaja".

En los días siguientes, volvió a hablar del producto real de Twitter, en particular de sus algoritmos para servir contenidos a los usuarios. Pero luego volvió a encuestar a sus seguidores (¡científico!) sobre si creían (¡científicamente!) la estimación de los bots de Twitter.

El 18 de mayo, sugirió que "los ataques políticos contra mí se intensificarán drásticamente en los próximos meses", poco antes de que se publicara un artículo en Business Insider en el que se informaba del pago de SpaceX a una azafata que alegaba que Musk la había acosado sexualmente en el trabajo. Y esto, del tipo que prometió convertir Twitter en un espacio políticamente neutral para el libre intercambio de ideas:
En el pasado voté a los demócratas, porque eran (en su mayoría) el partido de la bondad.
Pero se han convertido en el partido de la división y el odio, así que ya no puedo apoyarlos y votaré a los republicanos.
Ahora, vean cómo se desarrolla su campaña de trucos sucios contra mí...
A juzgar por el implacable flujo de odio de la extrema izquierda, este tuit daba en el clavo.
Y luego, en el siguiente tuit, volvió a ser un líder magnánimo.

A estas alturas, el patrón debería estar emergiendo: A medida que los mensajes públicos de Musk iban adoptando dos personajes -magnánimo y troll-, se hacía cada vez más desagradable para una gran franja de usuarios y empleados de Twitter. (Se alejó mucho del principio de libertad de expresión al permitir que Trump volviera a la plataforma. Aunque eso cabrea a los liberales, ese argumento es válido cuando los líderes de los talibanes están en la plataforma). Simultáneamente, Musk comenzó a trabajar en las reclamaciones sobre los bots como un mecanismo intrincado para salir del acuerdo. El resultado de estas tácticas paralelas fue que mucha gente no quería que fuera dueño de Twitter, y parecía que él tampoco quería serlo.

Hemos llegado al emocionante crescendo. Después de meses de bombo y platillo, de memes de cultura de la cancelación, de actualizaciones legítimas de sus empresas, de acusaciones infundadas sobre los bots de Twitter (en público y a través del Washington Post) y de trolear a los liberales, Musk está trabajando oficialmente para librarse del acuerdo.

Un escenario probable parece ser que acabe pagando la multa de 1.000 millones de dólares a Twitter, según la disposición del acuerdo de fusión que firmó. No es la calderilla que tuvo que pagar a la SEC para resolver una investigación por fraude de valores en 2018, pero es, notablemente, calderilla. (Recordemos que Musk tuvo que renunciar al cargo de presidente de Tesla después de que mintiera públicamente diciendo que había conseguido financiación para llevar a Tesla a la bolsa a un precio superior. Una vez más, 420 dólares era la broma). Una multa de 1.000 millones de dólares tampoco parece gran cosa si se tiene en cuenta que el único resultado material del devaneo de Musk en Twitter hasta la fecha es que ha descargado 8.500 millones de dólares en acciones de Tesla sin un ciclo de noticias sobre cómo estaba descargando las acciones de Tesla.

Las noticias que había sobre la venta estaban envueltas en la suposición de que era para financiar su compra de Twitter. Ninguna de estas noticias mencionaba que el tipo que había prometido a sus fans que sería el último dinero en salir de Tesla estaba vendiendo miles de millones en acciones a unos 883 dólares por acción. (En varios momentos desde entonces, Tesla cotizaba en torno a los 630 dólares por acción, aunque actualmente ha rebotado por encima de los 800 dólares). El dinero era para comprar Twitter; si ya no quiere comprar Twitter, al final tiene 8.500 millones de dólares en efectivo.

Para ser claros, no tenemos forma de saber si Musk realmente tenía la intención de comprar Twitter, incluso si el artículo de opinión de Reuters señalaba desde el principio todas las razones por las que no tenía absolutamente ningún sentido. (¿Otra razón? Parece un trabajo miserable, y los trabajos actuales de Musk parecen muy geniales). Es muy posible que Musk haya vendido las acciones de Tesla con la verdadera intención de llevar a cabo la compra.

No es que Musk necesitara el dinero en efectivo, exactamente; podemos considerar la investigación de ProPublica sobre los impuestos pagados por los multimillonarios, en la que observan que Musk ha pedido un préstamo personal contra sus enormes participaciones. Pero como Tesla dijo en una presentación a la SEC el año pasado, "Si el precio de nuestras acciones comunes disminuyera sustancialmente, el Sr. Musk podría verse obligado por una o más de las instituciones bancarias a vender acciones comunes de Tesla para satisfacer sus obligaciones de préstamo". Las acciones de Tesla bajaron alrededor de un 19% después de que las vendiera, pero han recuperado parte de ese valor más recientemente. Musk ha hablado públicamente de su oscura visión del futuro económico cercano. Este fue también su razonamiento, en junio, para despedir al 10% de la plantilla de Tesla.

Tal vez no era un buen momento para pedir más préstamos contra sus participaciones en Tesla. O tal vez realmente quería comprar Twitter y simplemente no funcionó.

Elon Musk contrademanda a Twitter usando argumento de cuentas falsas
El fundador y consejero delegado de Tesla, Elon Musk, ha presentado una contrademanda confidencial contra Twitter después de que la compañía lo demandara por rescindir el acuerdo de compra de la plataforma por un valor de 43 millones de euros a principios de julio, según ha informado ‘The Wall Street Journal’.

La contrademanda del magnate servirá para señalar que Twitter no respondió cuando preguntó por el número de cuentas falsas que existían en la red social y cuál era el modo de la red social para localizarlas y eliminarlas, según ha señalado el equipo legal de Musk.

Asimismo, el citado diario ha recogido que es "probable" que el fundador de Tesla afirme que la compañía cambió la cantidad de usuarios activos diarios monetizables antes de que concretara el acuerdo entre ambas partes, lo que habría cambiado el precio de compra de la red social.

El equipo jurídico de Musk ha asegurado anteriormente que Twitter habría violado su acuerdo por varios motivos, incluido que la compañía había despedido a dos ejecutivos y, por lo tanto, había incumplido el acuerdo.

Por otra parte, el juicio por la demanda de Twitter contra el magnate se celebrará el próximo 17 de junio y durará cinco días, tal y como ha informado una jueza de Delaware y ha podido saber la cadena estadounidense CNN.

La jueza Jude McCormick, que supervisa el caso, ha dado la orden para celebrar el juicio a mitad de octubre diez días después de adelantar que el proceso tendría lugar en tal mes, aunque sin especificar el día.

Celebrando el juicio en octubre, McCormick ha dado la razón a la compañía, que había pedido "acelerar" el juicio, aunque finalmente no tendrá lugar en septiembre como en un principio había defendido el equipo legal de Twitter, alegando que el acuerdo para comprar la compañía debía ser antes del 24 de octubre.

El pasado 9 de julio, el magnate trasladó a Twitter que renunciaba al contrato de compra de la red social después de no recibir respuesta por parte de la compañía al pedir información sobre el número de cuentas falsas que se encuentran en la plataforma, así como la manera de la empresa de auditar y suspender las mismas.

Días más tarde, Twitter presentó ante un tribunal del estado de Delaware una demanda contra el multimillonario para obligarle a comprometerse con su oferta de compra de la empresa tras romper el acuerdo entre las partes.

"Musk aparentemente cree que él, a diferencia de cualquier otra parte sujeta a la ley de contratos de Delaware, es libre de cambiar de opinión, destrozar a la empresa, interrumpir sus operaciones, destruir el valor de los accionistas", dijo la compañía, tal y como recogió la cadena NBC News.

A mediados de mayo, el magnate había decidido suspender temporalmente la compra de Twitter, pactada a finales del pasado mes de abril por unos 44.000 millones de dólares (43.620 millones de euros), a la espera de detalles que respaldaran el cálculo de la compañía de que las cuentas falsas representan menos del cinco por ciento de los usuarios.

Posteriormente, mediante una carta remitida a principios de junio por los abogados de Musk a la Comisión del Mercado de Valores (SEC) de Estados Unidos, el equipo legal del multimillonario consideraba la posición de Twitter un "incumplimiento sustancial" de sus obligaciones en virtud del acuerdo de fusión, por lo que advertían de que Elon Musk "se reserva todos los derechos resultantes, incluido su derecho a no consumar la transacción y su derecho a rescindir el acuerdo de fusión".
Foto: Jim Watson, Getty Images
Fuentes: Esquire US, Agencia DPA

Córdoba: El Doce multiplica sus pantallas con programas locales

A partir de mañana, el canal estrena nuevos ciclos por sus plataformas digitales y por el canal 135 de DirecTV. Cómo serán los envíos
Por: Diego Tabachnik dtabachnik@lavozdelinterior.com.ar

El Doce ultima detalles para una nueva y fuerte jugada en su plan de diversificación de contenidos locales, a través de sus distintas plataformas.

“El Doce hace tiempo que es mucho más que un canal de televisión”, dice José “Chino” Sosa, gerente de contenidos de la señal, en referencia a cómo se adaptaron al ecosistema digital.

Además transmitir desde su web, tienen un sólido canal de YouTube, cuentas en redes sociales, y desde el año pasado se les sumó el canal 135 en la grilla de DirecTV con contenido local diferenciado. Como ese servicio de cable ya tiene la señal de El Trece, el contenido nacional que baja El Doce no puede duplicarse, por lo cual aprovechan esos espacios para estas nuevas propuestas.

A partir de mañana, en definitiva, lanzarán cuatro nuevos programas que apuntan a seguir generando contenido local. Para darle forma, el canal se asoció a Ideas HD con el aporte de la técnica y el estudio de esa productora.

Además, los equipos de los diferentes programas se conformaron con figuras de El Doce y otras que vienen de la productora.

“La idea es seguir generando contenidos locales para distintos públicos, darle más oferta a nuestra audiencia, multiplicarnos en distintas plataformas y pantallas”, insiste Sosa, remarcando que DirecTV les amplió notablemente su audiencia (“especialmente en el interior”).

Los programas nuevos de El Doce
El primer programa será De acá para allá, un magazine conducido por Joel Rossi y Silvia Pérez Ruiz (lunes a viernes, de 14.30 a 16). El ciclo buscará acercar una propuesta “para distenderse y hablar sobre temas que nos importan”, con entrevistas, debates e invitados. Salud, cocina, jardinería, tecnología, moda, turismo e humor, serán algunos de los temas que tendrán además columnistas e invitados en el piso.

También de lunes a viernes, de 19 a 20, llegará Todo Córdoba, un noticiero con la conducción de Fredy Bustos y Emilia Lorenzón pero con el foco puesto en la información regional: tendrá una extensa red de corresponsales distribuidos a lo largo y ancho de la provincia.

Se emitirá en vivo y va a revalorizar las noticias regionales que tengan alcance e interés provincial. María Eugenia Pérez llevará las novedades del tiempo y Dahyana Terradas contará todo lo que pasa con el cuarteto.

A las 21.15 (lunes a viernes), será el turno de Vamos a jugar!, con la conducción de Dracu Gómez y Gina Casinelli. Será un ciclo de entretenimientos con los televidentes como principales protagonistas, con juegos, regalos, entrevistas y más.

Por último, el cierre de cada jornada saldará una cuenta pendiente histórica de El Doce como lo es tener un noticiero nocturno. A las 00 en punto llegará Buenas Noches Córdoba,

“un típico noticiero de medianoche”, conducido por Néstor Ghino y Mimí Spicher, con lo más importante de la información provincial, nacional e internacional.

“Es una dupla que suena extraña pero aporta la frescura y hasta rebeldía de Mimí con un clásico periodista de noticiero, más tradicional y con experiencia, como es Néstor”, interpreta Sosa.

El programa contará con material del equipo informativo de El Doce, más la participación de María Eugenia Pérez con el tiempo y los espectáculos y además, el aporte de los periodistas de Mundo D, la sección de deportes de La Voz. –¿Cómo se va a medir el rating de estos nuevos programas? Y atado a eso, ¿hay chances de que alguno de estos ciclos luego paso a El Doce en su señal de aire?

–Sosa: En las plataformas digitales se mide todo. Vamos a saber cuánta gente está viendo en vivo, y DirecTV tiene su propio sistema de medición al que seguramente le pediremos que nos lo comparta. Y por el otro lado, esto va a servir para probar productos, foguear recursos humanos en la pantalla y darles hora de vuelo al aire. La experiencia que hicimos con Seguimos en El Doce fue muy positiva... y si estos programas funcionan, se ganan un lugar y la gente empieza a hablar de ellos, la evolución lógica será llevarlos a El Doce de aire. Eso se verá en su momento, por ahora estamos focalizados en esta etapa de lanzamiento.

Para ver
De acá para allá, de 14.30 a 16, con Silvia Pérez Ruiz y Joel Rossi; Todo Córdoba, de 19 a 20, con Fredy Bustos y Emilia Lorenzón; Vamos a Jugar!, a partir de las 21.15, con Gina Casinelli y Dracu Gómez y Buenas Noches Córdoba, con Mimí Spicher y Néstor Ghino, a las 00. Por Eldoce.tv, el canal de YouTube de ElDoce y canal 135 de DirecTV.
Fuente: La Voz del Interior

sábado, 30 de julio de 2022

Guatemala detiene a reconocido periodista opositor al Gobierno

La detención de un reconocido periodista guatemalteco bajo señalamientos de lavado de dinero desató una serie de reclamos de activistas, políticos y comunicadores contra las autoridades de Guatemala tras considerarlo un abuso del sistema de justicia contra opositores y críticos del gobierno del presidente Alejandro Giammattei.

Las autoridades arrestaron la noche del viernes en su casa a José Rubén Zamora Marroquín, director de El Periódico, un medio que ha realizado investigaciones sobre corrupción en la administración de Giammattei. El periodista ha recibido reconocimientos internacionales como el premio Maria Moors Cabot en 1995 y en el Premio Internacional Rey de España en 2021.

"Es un plan orquestado, donde ahora no se persigue a corruptos, sino que a opositores", expresó Eleonora Muralles, activista y defensora de derechos humanos. "La estrategia es cooptar todo el sistema y tener jueces con serios señalamientos a su imparcialidad para poder armar pruebas y casos contra opositores" opositores al gobierno de Giammattei.

Durante más de nueve horas, la fiscalía allanó el viernes la vivienda de Zamora Marroquín, a quien la fiscalía acusa de lavado de dinero. Los agentes incautaron dos teléfonos, dijo el periodista a su llegada a los tribunales a la medianoche del viernes.

El taller donde se imprime el matutino también fue allanado y ocho trabajadores fueron retenidos por más de 16 horas, mientras la fiscalía revisaba computadoras y busca documentos en oficinas del periódico. En sus redes sociales, el medio indicó que la fiscalía intentó detener la impresión de su periódico, que finalmente fue publicado.

El Periódico es uno de los medios que más investigaciones anticorrupción ha realizado sobre el gobierno de Giammattei. Entre sus pesquisas están los supuestos sobornos recibidos por el presidente de manos de ciudadanos rusos a cambio de apoyos o la presunta compra fraudulenta de vacunas contra el COVID-19. Giammattei ha negado las acusaciones.

Zamora Marroquín ha declarado a periodistas que iniciará una huelga de hambre en rechazo a su detención, luego que una juez de turno ordenó que permanezca en prisión y fijó para el lunes su audiencia de primera declaración.

"Tengo 36 horas sin comer ni tomar agua", denunció.
Varios periodistas y activistas protestaron el sábado frente a los tribunales de justicia para exigir que sea liberado el periodista.

La fiscalía también detuvo a la auxiliar fiscal Samari Carolina Gómez, a quien acusa de revelar información confidencial a Zamora. La fiscal aseveró a The Associated Press la noche del viernes que su actuación siempre ha estado apegada a la ley.

Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, dijo a medios locales que Zamora fue detenido por delitos de lavado de dinero en su calidad de empresario y no por su labor periodística. Curruchiche fue sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, acusado de obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia del país.

Según el diario, Consuelo Porras, que encabeza el Ministerio Público, dijo que investigaría a este medio tras la difusión de publicaciones en que señala actos de corrupción de políticos, entre ellos el presidente, quien ha dicho que es amigo de la fiscal.

El Departamento de Estado estadunidense también sancionó a Porras en 2021, acusándola de obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia y le retiró la visa de entrada a ese país.

Zamora cuenta con medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El congresista demócrata Jim McGovern se dijo consternado por el arresto de Zamora y reiteró que "el periodismo no es un delito".
Relator de la OEA se pronuncia por caso
El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, fue informado de los allanamientos realizados por el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) en la residencia del periodista José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico y en las instalaciones de ese medio.

En un tuit, Vaca señaló "he sido informado sobre allanamientos en la residencia del periodista José Rubén Zamora – beneficiario de medidas cautelares de la CIDH-y el medio que preside, elPeriódico".

Esta tarde elPeriódico informó que la residencia de Zamora fue allanada por fiscales y policías. El periodista está siendo acusado de lavado de dinero por el MP, según informó el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche.

Vaca compartió información sobre las medidas cautelares que tiene Zamora, a raíz de un allanamiento ilegal ocurrido el 24 de junio de 2003 en la residencia del presidente de elPeriódico, cuando una docena de individuos armados que se hicieron pasar por agentes de la PNC y el MP entraron a su residencia y maltrataron a miembros de la familia del periodista. Por esta razón tuvo que salir del país en esa ocasión y en vista de la situación de riesgo para él y por el contexto de violencia contra los periodistas, la CIDH solicitó medidas cautelares al Estado de Guatemala para proteger su vida.

Además, la Relatoría recibió información en octubre de 2021 de que Zamora había denunciado actos de corrupción penal, promovido por altos funcionarios públicos con fines intimidatorios. Dicha oficina conoció que el MP confirmó la vigencia de una investigación que data del 2003 a raíz de una denuncia presentada por auditoría interna del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Según informó el fiscal Curruchiche, Zamora tiene una orden de captura girada por el juez Séptimo y asegura que este caso no está relacionado con su calidad de periodista "sino de un posible hecho de lavado de dinero en su calidad de empresario". El caso está bajo reserva.

Un empresario y activista de ultra derecha, como se define escribió en su perfil de Twitter:
Fuentes: Agencia AP y Prensa Comunitaria

jueves, 28 de julio de 2022

La Cámara Argentina de Productores Independientes de Televisión tiene nuevo presidente Lucas Rainelli

La Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión anunció una renovación en sus autoridades y nombró a Lucas Rainelli como su nuevo presidente. A su vez, el ahora expresidente Diego Guebel pasará a ser secretario y Martin Kweller continuará como tesorero.

La Cámara Argentina de Productores Independientes de Televisión (CAPIT) anunció una renovación en la comisión directiva y el socio fundador de Kapow, Lucas Rainelli, fue nombrado como el nuevo presidente. Diego Guebel (Boxfish) y Martín Kweller (Kuarzo) seguirá en su tarea como tesorero de la Cámara.

Lucas Rainelli es cofundador, y presidente de la productora Kapow. La compañia es actualmente reconocida en el mercado audiovisual internacional con éxitos como Cocineros Argentinos, El Presidente (Amazon) y Terapia Alternativa (Star+), entre otros. La productora actualmente trabaja con nuevos proyectos propios y asociaciones, para generar contenidos de calidad para reconocidas plataformas como Supernova para Amazon Prime Video, 2001 para NatGeo y Felices los 6 para HBOmax.

"Estoy honrado de liderar esta etapa de CAPIT y agradezco especialmente a mis colegas el haberme dado esta enorme responsabilidad y confianza. Vamos a apoyar y acompañar a los miembros en esta transformación del sector audiovisual. El plan es potenciar a la cámara en los foros de negocios, aportar capacitación y promover el trabajo de nuestros socios en el mercado internacional", expresó Rainelli.

La nueva Comisión Directiva se encuentra conformada por:
Presidente: Lucas Rainelli
Secretario: Diego Guebel
Tesorero: Martin Kweller
Vocales titulares: José D’Amato, Ignacio Viale, Diego Andrasnik, Mariano Chihade, Alejandro Borensztein
Vocales suplentes: Matias Mosteirin,Agustín Bossi
Comisión Fiscalizadora: Gastón Gualco, Hernán Valenzuela
Suplente Comisión Fiscalizadora: Maria Laura Moure
La Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión – CAPIT- fue constituida en 1999. Desde entonces fue creciendo en la medida que la producción independiente también lo hizo en todo el país. Actualmente, entre todas las empresas productoras asociadas a CAPIT, se produce más de la mitad de la programación que emiten los canales argentinos y la abrumadora mayoría de las horas del prime time nacional.

Trabajadores de Radio y Televisión Santafesina reclaman en la Legislatura

Como parte del Plan de lucha iniciado esta semana en reclamo de la regularización del personal contratado de Santa Fe Canal, los trabajadores y trabajadoras de prensa del canal se presentaron esta tarde en las puertas de la Legislatura santafesina para hacer oír el reclamo.

Durante la movilización se entregaron a distintos diputados/as de diferentes sectores políticos un informe que describe la situación del Canal y en especial de precarización del personal contratado.

En ese marco se conoció que en Diputados se presentarían dos pedidos de informes para conocer el estado de situación del medio público de la provincia.

El próximo lunes el personal de prensa llevará a cabo otra asamblea para evaluar nuevas medidas.

La semana que viene, continuarán las acciones de visibilización tanto en el Ministerio de Trabajo de la provincia como en Casa de Gobierno.

Finalmente si no hay respuestas al reclamo el martes 9 se llevará adelante un paro de actividades.
Asociación de Prensa Santa Fe - Sindicato de Prensa Rosario

miércoles, 27 de julio de 2022

Basta de precarización en Santa Fe Canal

Una masiva asamblea de personal de Radio y Televisión Santafesina, convocada por la Asociación de Prensa Santa Fe y el Sindicato de Prensa Rosario, definió por unanimidad declararse en estado de alerta y asamblea permanente en reclamo por la urgente regularización del personal contratado precarizado de Santa Fe Canal.

La asamblea aprobó además un Plan de Lucha, que contempla un paro de actividades para el próximo martes 9 de agosto -con asistencia a los lugares de trabajo-, una amplia visibilización del conflicto y movilizaciones a la Legislatura santafesina, el Ministerio de Trabajo de la provincia y Casa de Gobierno.

La situación de irregularidad del personal contratado data de varias gestiones y se agrava con la falta de una actualización de los montos que perciben, que esté acorde con los altos niveles de inflación que se registran.

Desde hace años se viene insistiendo en el pedido de regularización del personal contratado, que lleva a cabo las mismas tareas con similar carga horaria que el resto del personal de la empresa, pero percibe ingresos muy inferiores en condiciones de trabajo precarizadas.

A fines del año pasado, el presidente del directorio de RTS, Luis Pfeiffer, aseguró que la regularización se haría en dos etapas -diciembre y marzo-, pero a más de ocho meses de ese compromiso no hubo avances. Incluso altos funcionarios de Gobierno -involucrados en el expediente correspondiente- de áreas de Gestión Pública y Hacienda, aseguraron a comienzos de este año que la regularización ya era un hecho, involucrando en algún caso en la decisión al gobernador de la provincia, pero nada de eso se cumplió.

Suma a este conflicto la falta de resolución de otros problemas vinculados con el funcionamiento de la empresa que incluyen insuficiente cantidad de personal en áreas sensibles, sobrecarga de tareas para camarógrafos sin reconocimiento de los mismos, una merma en producciones propias, atrasos en recategorizaciones, entre otros puntos, lo que denota un marcado desinterés de la gestión por el canal provincial.

Finalmente, exigimos que se reglamente de forma definitiva la Ley de Radio y Televisión Santafesina, que no haya más demoras para que se complete el directorio de la empresa con el resto de los directores que debe designar la Legislatura santafesina y se arbitren los medios para la designación del director/a obrero/a.

Santa Fe Canal es el canal público de la provincia, de todos los santafesinos y santafesinas, y es responsabilidad de los diferentes sectores políticos garantizar su buen funcionamiento.
Asociación de Prensa Santa Fe - Sindicato de Prensa Rosario

Unión Europea: Russia Today pierde batalla judicial y Moscú advierte represalias

El medio de comunicación controlado por el Estado, Russia Today, perdió el miércoles su lucha judicial contra una prohibición de la Unión Europea impuesta en marzo por supuesta desinformación, lo que llevó al Kremlin a advertir de medidas de represalia contra los medios de comunicación occidentales
El Tribunal General de la Unión Europea desestimó este miércoles el recurso que la sección francesa de la televisión Russia Today (RT) había presentado después de que la Unión Europea (UE) prohibiera sus emisiones en todo el territorio comunitario en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, por considerarlas propagandísticas.

La suspensión de emisiones de medios proclives al Kremlin, adoptada por el Consejo de la UE, entró en vigor el pasado 2 de marzo y afecta a las actividades de radiodifusión de Sputnik y Russia Today.

Contra la resolución del Tribunal General puede interponerse un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, instancia judicial superior de la UE, en el plazo de dos meses y diez días a partir de la notificación de dicha resolución.

En respuesta a la agresión rusa contra Ucrania, el Consejo de la UE adoptó medidas restrictivas que prohíben las actividades de radiodifusión de ciertos medios proclives al Gobierno ruso, incluida RT France, dentro de o hacia la Unión Europea.

El Consejo, que reúne a los Estados miembros, considera que Rusia utiliza esos medios como parte de su campaña de propaganda y desinformación para justificar y apoyar el ataque a Ucrania.

RT France interpuso un recurso de anulación de los actos del Consejo ante el Tribunal General de la Unión Europea y alegó que la suspensión de emisiones vulneraba los derechos a la defensa, a la libertad de expresión e información y a realizar una actividad empresarial, así como el principio de no discriminación en función de la nacionalidad. También cuestionó la competencia del Consejo para adoptar la suspensión de las emisiones.

Sin embargo, la Gran Cámara del Tribunal General rechazó todas las alegaciones de RT France.

Sobre la competencia del Consejo, la corte comunitaria señaló que este tiene una amplia libertad para definir el objeto de las medidas restrictivas y que no se le puede criticar por considerar que en respuesta a la guerra en Ucrania sea necesaria la prohibición temporal de varios medios financiados por el Estado ruso, sobre la base de que dichos medios apoyan la agresión militar.

Con respecto al derecho a la defensa de RT France, el tribunal dijo que las autoridades de la UE no estaban obligadas a escuchar al canal ruso antes de tomar la decisión de prohibir sus emisiones.

En cuanto a la vulneración de la libertad de expresión e información, el tribunal afirmó que el Consejo puede limitar el derecho a la libertad de expresión de RT France, siempre que esas limitaciones satisfagan ciertas condiciones "que deben cumplirse para que esa libertad se restrinja de forma legítima". Según el tribunal, las condiciones en este caso se han cumplido.

Dada la relevancia de los medios audiovisuales "en las sociedades modernas", la corte argumentó que un amplio apoyo mediático a la agresión militar contra Ucrania, brindado durante las transmisiones por televisión e Internet por un medio íntegramente financiado por el Estado ruso, "podría ser objeto de medidas restrictivas consistentes en prohibir la difusión de actividades de propaganda a favor de tal agresión".

El tribunal añadió que las restricciones también pretenden proteger el orden público y seguridad de la Unión Europea y presionar a Rusia para poner fin a la guerra.

Señaló que RT France no ha podido demostrar que ofreciera una información equilibrada sobre la guerra en Ucrania y opinó que limitar su libertad de expresión es un paso "proporcionado".

Agregó que la suspensión de las emisiones del medio ruso no vulneran de manera desproporcionada su derecho a la actividad empresarial, puesto que la prohibición es "temporal y reversible".

Sobre la discriminación en función de la nacionalidad, declaró que RT France no ha podido identificar "cualquier otra categoría de personas que habrían sido tratadas de forma más favorable en una situación comparable a la suya".

El Kremlin dijo que la decisión del tribunal de la UE era “extremadamente negativa” y que Moscú tomaría medidas similares contra los medios de comunicación occidentales en respuesta.

En una llamada con periodistas, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que Russia Today no podía trabajar en Europa, pero que esperaba que encontrara resquicios para reanudar sus emisiones.
Fuentes: Agencia EFE y Reuters

martes, 26 de julio de 2022

Periodista guatemalteca agradece solidaridad tras su expulsión de Nicaragua

Irma Alicia Velásquez aseguró sentirse "en un limbo" porque las autoridades de Migración de Nicaragua no registraron su ingreso al país
La periodista y antropóloga guatemalteca Irma Alicia Velásquez Nimatuj agradeció las muestras de "solidaridad" luego de ser retenida y expulsada de Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo cuando se dirigía a Nicaragua por compromisos académicos. Velásquez también fue despojada de sus equipos.

Mediante una entrevista a elPeriódico de Guatemala, la periodista que además es columnista de ese medio desde el 2003, relató que se dirigía a Managua "a una reunión y al bajar del avión me detuvieron y me quitaron todo. Solo pude quedarme con el teléfono. Un agente del régimen me detuvo y me quitó todo".

En cuanto a su situación aseguró sentirse "en un limbo porque Migración no ha registrado mi ingreso. Es como que no entré", lamentó la periodista que a su vez agradeció "profundamente el cariño y toda la preocupación externada hacia mi persona", luego de denunciar vía correo electrónico su situación dentro de Nicaragua.

Velásquez logró informar de lo ocurrido al historiador nicaragüense Horacio Cabezas a través de un correo electrónico que pudo enviar minutos después de su retención. "Vine a Managua a una reunión y al bajar del avión me detuvieron y me quitaron todo. Solo pude quedarme con el teléfono. Un agente del régimen me detuvo y me quitó todo", señaló la periodista.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala detalló que Velásquez fue trasladada a Panamá tras ser detenida y expulsada por las autoridades de Migración en Nicaragua. Velásquez es licenciada en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Carlos de Guatemala. También, estudió un máster en Antropología Social y obtuvo un doctorado como antropóloga en la Universidad de Texas, Austin, Estados Unidos.

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), periodistas y organizaciones nicaragüenses de oposición denunciaron la detención de la antropóloga.

"La Relatoría Especial por la Libertad de Expresión y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas recibieron información sobre la detención por parte de autoridades nicaragüenses de la columnista y antropóloga guatemalteca. Ambas oficinas aprovechan para reiterar su llamado a las autoridades a cesar las detenciones arbitrarias y el hostigamiento contra personas que participan activamente de la vida pública", destacó la mañana, del 25 de julio, la oficina de Michelle Bachelet.

La especialidad de Velásquez coincide con la demanda de la Asociación Madres de Abril (AMA), quienes exigen "memoria, verdad y justicia" para decenas de jóvenes que murieron en los ataques del Gobierno protestas antigubernamentales en 2018, cuyos responsables fueron beneficiados con una controvertida Ley de Amnistía en 2019.

Desde 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejó al menos 355 muertos en su primer año, de los cuales Ortega ha admitido 200.

La CIDH también ha informado que actualmente hay más de 190 presos políticos convictos en las cárceles de Nicaragua.

Recientemente, el régimen prohibió la entrada al país de la periodista Tifany Roberts, quien labora para la cadena Univisión. El argumento de las autoridades migratorias fue que la prueba PCR para la detección de la Covid-19 no había sido aceptada, situación que fue denunciada por la comunicadora, quien dijo que venía a visitar a su familia.
Fuentes: Artículo 66, Agencia EFE

lunes, 25 de julio de 2022

El exilio forzado en un medio de comunicación

El editor en jefe del periódico La Prensa de Nicaragua explica la situación actual que atraviesa medio y afirma que el presidente Daniel Ortega está llevando al país "hacia una situación totalitaria" y remarca: "Nunca habíamos sacado a toda la redacción del país".

En sus 38 años de experiencia, el reportero gráfico del diario La Prensa que se identifica como Luis, jamás había tenido que dejar atrás sus equipos de trabajo para salir de Nicaragua de forma abrupta. Partió al exilio únicamente con una pequeña mochila con unas cuantas camisas.

También llevó consigo -agrega- "incertidumbres, temores y nostalgia".

Este reportero, que cubrió la guerra en Nicaragua durante la década de 1980, tomó la decisión de salir del país después de que su vivienda fuera allanada "con lujo de violencia" dos veces consecutivas. Su última cobertura fue la expulsión de un grupo de monjas del país.

"Sabía que venían por mí, así que activé mi protocolo de seguridad y empecé a moverme a casas de seguridad mientras esperaba mi salida", cuenta el veterano reportero a la Voz de América desde un punto en San José donde se encuentra exiliado. "Todo fue sin rumbo y sin norte, todo por preservar tu integridad, tu vida y tu libertad".

El temor de Luis era terminar como los dos colaboradores independientes de La Prensa que fueron detenidos el mismo día que sus casas fueron allanadas por la policía.

"Es traumático y doloroso para uno salir de esa manera", agregó. Este trabajador es apenas uno de un masivo grupo del empleados del periódico La Prensa que salió del país tras denunciar que el "régimen de Daniel Ortega desató una feroz persecución contra sus colaboradores".

Dentro de este grupo se encuentran reporteros, fotógrafos y el personal administrativo del diario. Todos fueron víctimas del acoso gubernamental y trabajaban "de bajo perfil" por razones de seguridad, subrayó a la VOA el editor en jefe del periódico Eduardo Enríquez, vía Skype.

La Prensa, con casi 100 años de existencia, es el diario más antiguo de Nicaragua y uno de los más críticos al presidente Daniel Ortega. Eso le ha valido represalias desde que el mandatario retornó al poder en 2007.

Las estrategias para silenciarlo han sido varias, entre ellas la falta de acceso a la información pública y la negativa para que los reporteros accedieran a conferencias de prensa. Pero desde el año 2018, cuando surgieron las protestas contra Ortega, el mandatario sandinista tomó medidas más drásticas y fue cuestión de tiempo para que la justicia "fabricara acusaciones" contra La Prensa, afirmó Enríquez.

En 2021 el diario quedó únicamente con la edición digital debido a que el gobierno impidió acceder a la materia prima y en ese mismo año sus instalaciones fueron tomadas por la policía nicaragüense. También fue detenido su gerente general Juan Lorenzo Holmann, y condenado luego a nueve años de cárcel por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos.

Para esa fecha salieron del país otros editores del diario "porque era evidente que las acciones iban en contra de nosotros", comenta Enríquez, pero los reporteros y fotógrafos continuaron trabajando, así como el personal de redacción y administrativo.

No obstante con "esta nueva oleada de represión en la cual han arrestado a dos miembros de nuestro equipo", La Prensa decidió sacar a todo el personal de la redacción, indica el editor principal del periódico.
Ver también: Nicaragua: La Prensa reporta que su personal se va al exilio debido a la persecución del gobierno
Un hecho que ni siquiera ocurrió en la guerra de la década de 1980
Luis dio cobertura a la guerra en de la década de 1980 y tiene imágenes frescas en su memoria sobre "las postales de dolor de la guerra de los años 80 que dejaron mucho dolor a los nicaragüenses porque dejó a miles de personas muertas".

Ahora el fotógrafo considera que lo que se vive actualmente es una "reedición" de la represión de ese entonces, pese a que no hay un conflicto armado.

"Lastimosamente se están repitiendo esos episodios de dolor y represión, es lo que recetan los regímenes totalitaristas y dictatoriales. Estamos reeditado las mismas tragedias de los años 70s con los Somozas y los 80s con los sandinistas, hoy con una dictadura feroz que esta aniquilando a la población".

Y en ese sentido coincide Enriquez, quien menciona que Nicaragua está siendo llevada por el "régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo hacia una situación totalitaria que no sólo se expresa en el exilio forzado de todo un medio de comunicación que es, digamos, el decano e históricamente ha sido el medio de comunicación más crítico con todos los gobiernos".

Enríquez recuerda además que el medio tuvo que cerrar en el pasado por otros "regímenes, incluyendo la primera versión del sandinismo en los años ochenta, y el somocismo antes que ellos", pero enfatiza que sus instalaciones nunca habían sido tomadas y "nunca se había visto esta situación de tener que sacar a toda la redacción del país para poder continuar trabajando".

Por esta razón Enríquez llamó a los "países de América y el mundo" a poner los ojos en lo que ocurre en Nicaragua. "Tienen que darse cuenta de que este no es un gobierno, esto es un régimen autoritario, totalitario mejor dicho, en poder de un grupo de criminales".

Casi 150 periodistas exiliados en un país pequeño
Según Abigail Hernández, de la organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), en tan solo dos semanas han salido del país unos 16 reporteros, con lo que ya son 136 en total los que se encuentran en Costa Rica.

Dagmar Thiel, directora de Fundamedios en Estados Unidos, manifestó en entrevista con la VOA su "extrema preocupación por el recrudecimiento de la criminalización de la prensa independiente en Nicaragua" y catalogó como "muy grave lo que está pasando".

"Nicaragua es un país relativamente pequeño y tiene un número altísimo de periodistas en el exilio que salen generalmente a Costa Rica, a Panamá, Estados Unidos o España", afirmó Thiel.

Subrayó que a varios periodistas que han intentado salir legalmente por la frontera nicaragüense se les bloquea y les son confiscados los pasaportes, por lo cual muchos tienen que salir por puntos ciegos o salen sin documentos.

Thiel mencionó que en base a informes de organizaciones locales, varios medios continúan siendo víctimas de ataques, dentro de estos algunos religiosos y otros críticos al presidente Ortega.

"Lo que está pasando con la prensa desde el año 2018 es gravísimo. Todas las normas para endurecer el ejercicio de la prensa se han unido hoy en día a un aparato represor que prácticamente está dejando sin periodistas independientes que podrán fiscalizar lo que está pasando en Nicaragua. Muchos de los periodistas están saliendo al exilio", denunció la directora de Fundamedios.

Ortega por su parte ha negado los ataques contra los medios y ha señalado a la prensa crítica de "mentir". De hecho su esposa Rosario Murillo ha llamado chachalacas (que hablan mucho) a los reporteros que cuestionan la administración que dirige junto a Ortega.
Fuente: 100% Noticias

domingo, 24 de julio de 2022

Medios cómplices de la dictadura incumplen el derecho a réplica ordenado por la Justicia

Publicaron información falsa que trataba a víctimas como subversivos, sediciosos y delincuentes. Los fallos ya ordenaron la publicación de la verdad a La Nueva Provincia y Clarín
Por: Gerardo Aranguren @thetordo
La información falsa fue un arma más para el terrorismo de Estado. A través de comunicados oficiales, notas en medios cómplices y operaciones realizadas directamente en las mazmorras de la represión, la dictadura buscó instalar miedo, dividir a la sociedad, justificar y ocultar sus crímenes. La comunicación fue parte de la acción psicológica contra la población e integraba los manuales militares de la época.

Con el avance de los juicios por crímenes de lesa humanidad, comenzó a quedar más en evidencia el accionar de la dictadura y de los grandes medios de comunicación. Las personas que eran presentadas como delincuentes, sediciosos, terroristas, eran trabajadores, militantes gremiales y políticos que fueron víctimas de un plan de exterminio. Esa información, más de 40 años después de los hechos, continúa hoy en los archivos y hemerotecas a pesar de contar con datos falsos que generaron un daño que aún perdura en familiares y sobrevivientes.

Desde hace algunos años, fiscales y querellas empezaron a reclamar que esas notas se rectifiquen, en línea con las medidas de reparación integral que impulsa el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El último ejemplo de esto fue en el juicio de Vuelos de la muerte en Campo de Mayo, pero antes ya había ocurrido en los debates realizados en Bahía Blanca, con el diario La Nueva Provincia, en ESMA III y en Mendoza, con diferentes resultados.

"Remitir testimonios de esta sentencia a conocimiento del Grupo Clarín S.A para que adecuen conforme a lo aquí resuelto la nota ‘Buscan a familiares de dos niños abandonados’ del día 24 de noviembre de 1977". Este fue el punto 10 del veredicto del Tribunal Oral Federal 2 de San Martín en la causa Vuelos de Campo de Mayo y refiere a una nota que presentó como perdidos y abandonados a los hijos de Roberto Arancibia, una de las víctimas de la causa, cuando en realidad sus padres habían sido secuestrados y desaparecidos.

En septiembre, cuando se publiquen los fundamentos, se conocerá cómo aplicará el Tribunal esa medida y si el diario Clarín la cumplirá.

"Hoy los procesos de Memoria, Verdad y Justicia en Argentina vuelven a reafirmar que necesitamos sostenerlos con una política de reparación adecuada", sostuvo la fiscal Mercedes Soiza Reilly y, si bien señala que el medio podría negarse a realizarlo, basado en su derecho a la libertad de expresión, no se puede soslayar el derecho de las víctimas a que se diga la verdad de lo ocurrido, en línea con el derecho a la verdad que les asiste.

"¿Por qué Clarín podría oponerse a adecuar su noticia a la verdad probada en un juicio? Estamos en una sociedad democrática, hay un proceso activo de Memoria, Verdad y Justicia. Los juicios son espacios donde se reconstruye la verdad de lo ocurrido, donde se respetan todas las garantías constitucionales. La discusión pasaría por si los diarios en Argentina están de acuerdo con eso y sobre todo, en respetar el derecho a la verdad, tan importante para las víctimas y para la sociedad argentina, como un camino posible para garantizar que no se repitan estos hechos violentos", añadió.

El primer pedido de rectificación se realizó en Bahía Blanca en 2015 para que La Nueva Provincia diera cuenta de los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado. El multimedio tuvo un rol propagandístico de la dictadura y de la represión ilegal y, además, dos trabajadores del diario, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, secretario general y tesorero en el Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca, fueron secuestrados, torturados y luego asesinados en pleno conflicto gremial con la empresa y con sus dueños, la familia Massot.

La fiscalía a cargo de Miguel Palazzani y José Nebbia incluyó en su alegato un novedoso pedido de derecho a réplica colectivo por el que solicitó que el diario rectificara la información sobre las víctimas. "No hay ninguna razón o derecho para que sus historias queden contadas y fijadas en el diario como historias de delincuentes terroristas enemigos del pueblo argentino», señalaron.

En el juicio siguiente, de 2017, hicieron el mismo planteo. El Tribunal, en ambos casos, hizo lugar pero puso como condición que la sentencia quedara firme para que se publique, algo que por la lentitud del Poder Judicial aún no pasó: las dos sentencias esperan la definición de la Corte Suprema de Justicia desde hace años.

Hay también antecedentes similares pero que no prosperaron por la negativa del tribunal. En 2017, en el juicio ESMA III, la fiscal Soiza Reilly exhibió decenas de notas de los diarios Clarín, La Nación, Crónica, La Prensa, La Razón y las revistas Para Ti y Gente, y solicitó que se ordenara a esos medios la publicación de la verdad, pero los jueces ni siquiera lo tuvieron en cuenta. Un caso emblemático es el de Thelma Jara de Cabezas, la sobreviviente de la ESMA que fue llevada por sus secuestradores para simular una entrevista que la revista Para Ti publicó con el título «Habla la madre de un subversivo muerto».

En Mendoza, también en 2017, la querella que representaba a la familia del poeta Francisco "Paco" Urondo reclamó que se rectificara un cable de Télam publicado por el diario Los Andes titulado "Abatieron en Mendoza a un delincuente subversivo" y señalaba que había usado "como escudo a un niño" y que "planeaba atacar una comisaría", toda información falsa que había sido difundida por el Tercer Cuerpo del Ejército. El Tribunal tampoco respondió al pedido.

Sentencia
El TOF 2 de San Martín en la causa Vuelos de Campo de Mayo ordenó remitir esta sentencia al Grupo Clarín S.A. para que adecuen la nota ‘Buscan a familiares de dos niños abandonados’ que presentaba de ese modo a los hijos de Roberto Arancibia, quien en rigor había sido secuestrado y desaparecido.
Fuente: Tiempo Argentino

sábado, 23 de julio de 2022

Francia: Diputados aprobaron la supresión del sistema de financiación de la televisión pública

La Primera Ministra francesa Elizabeth Borne en la Asamblea Nacional, 19 de julio de 2022

Cada familia francesa paga obligatoriamente 138 euros al año para financiar los canales públicos de televisión. Es la llamada “Redevance Audiovisuelle” (canon audiovisual). Tras semanas de negociaciones, los parlamentarios decidieron este sábado su supresión pese a las fuertes críticas.

Este sábado, diputados franceses votaron en la Asamblea Nacional para terminar con la "Redevance Audiovisuelle" (canon audiovisual) que financia las cadenas nacionales France Télévisions, la emisora nacional Radio France y France Médias Monde, que incluye las cadenas internacionales RFI y France 24, así como el Instituto Nacional del Audiovisual (INA) y el canal de televisión franco-alemán, Arte.

La supresión de este impuesto era una promesa de campaña del presidente Emmanuel Macron. Medida que tuvo que ser reelaborada debido a las fuertes protestas en su contra. Así, según el Gobierno, las pérdidas para el sector audiovisual se compensarán con la deducción de una parte del IVA, el impuesto sobre la venta de bienes y servicios.
Manifestación contra la supresión de la "Redevance Audiovisuelle", 28 de junio de 2022, París

La reforma fue aprobada por 170 votos a favor y 57 en contra. Según los diputados de izquierda, la medida perjudicará la estabilidad de la financiación del sistema del audiovisual en Francia y han acusado al Gobierno de cumplir los deseos de la extrema derecha de desmantelar la radiotelevisión pública. Sin embargo, el Ejecutivo argumenta que este sistema de financiación está obsoleto.

"(Eric) Zemmour y la señora (Marine) Le Pen lo habían pedido, el señor Macron lo ha hecho", denunció un diputado comunista.

Sin embargo, Marine Le Pen, líder del ultraderechista Agrupación Nacional, afirmó que "el proyecto del Gobierno no tiene nada que ver con lo que queremos hacer", es decir, una "privatización" del audiovisual público francés.

Hacia una mayor contención del gasto público
La financiación a través del IVA aislará los recursos destinados a la radiodifusión pública de los presupuestos generales del Estado.

Se mantendrá el sistema de impuestos asignados, y con eso, se mantendrá también una forma de garantía de recursos, necesaria para mantener la independencia de las cadenas de televisión y de radio públicas. Pero muchos opositores a la medida se preguntan qué cantidad de dinero se asignará.
Los empleados del sector público de la radiodifusión se manifestaron en París el 28 de junio de 2022 para protestar contra la propuesta de supresión de la "Redevance Audiovisuelle"

Mientras que este nuevo método de financiación entrará ya en vigor este año, la ministra de Cultura, Rima Abdul-Malak, prometió que "la compensación se hará al euro más cercano".

Paralelamente a esta reforma, el Gobierno francés también está pensando en una reorganización de los organismos públicos, lo que probablemente supondrá nuevos ahorros. El Ejecutivo está estudiando la posibilidad de fusionar Radio France y France Télévisions.

Pese a los intentos del gobierno por tranquilizar a los opositores de la reforma, varios sindicatos de la radiodifusión han anunciado una huelga.
Fotos: Christophe Archambault, AFP, Romain Brunet, France 24 y Thomas Coex, AFP
Fuentes: Agencia AFP y France 24

viernes, 22 de julio de 2022

Renovó autoridades S.A. La Nación sin Esmeralda Mitre

Publicó S.A. La Nación en la sección economía, página 21, de este viernes 22 de julio, la siguiente información: "Se realizó en el día de ayer, la 113ª Asamblea Anual de Accionistas de S.A. La Nación con una asistencia superior al 95% de sus accionistas. En el transcurso de la Asamblea se aprobó la totalidad de los puntos del Orden del Día. El Directorio quedó conformado de la siguiente manera: presidente, Dr. Julio C. Saguier; vicepresidente, Alejandro Saguier; directores titulares: el Ing. Luis María Julio Saguier; los doctores Alberto J. Gowland Mitre, José Claudio Escribano, Aurelio Cid, Juan Pedro Ortiz de Rozas y Lucas Cinto Courtaux, y Bartolomé Mitre (h.). Asímismo, fueron reelectos miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora los Dres. Ignacio A. A. González García, Ricardo U. Siri y Julio P. Naveyra".

Televisión Española defiende el futuro de la Televisión Digital Terrestre ante la Unión Europea

Si se eliminara el uso de la banda UHF, millones de europeos perderían el acceso a los contenidos en abierto que se ofrecen por la TDT
Ante la consulta pública de la Comisión Europea sobre la posición de la UE con respecto a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023, RTVE mantiene su posición de defensa de la seguridad jurídica en el mantenimiento de la prestación del servicio de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en la banda UHF.

RTVE, como miembro de televisión abierta, es partidaria del “no cambio”, manteniendo su asignación en primario como hasta la fecha.

El uso de la banda de UHF no solo es de gran relevancia para los radiodifusores y la producción de contenidos, sino que también lo es para la sociedad en su conjunto. Asimismo, frente a posibles escenarios en cuanto al uso futuro de la banda de UHF, televisión abierta ha manifestado claramente que no se vuelva a debatir este asunto hasta la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2031.
Único espectro disponible

La banda sub-700MHz de UHF es el único espectro disponible para la difusión de la TDT y para los servicios de creación y producción audiovisual conocidos como PSME (Programme Making and Special Events), esenciales no solo para la producción de contenidos audiovisuales de televisión y radio, sino también para el acceso de organizaciones culturales, deportivas, artísticas, políticas, religiosas, educativas y de la sociedad civil.

Si la TDT y los PSME no tuvieran el acceso a esta banda, millones de europeos perderían el acceso a los contenidos en abierto que se ofrecen por la TDT, incluyendo los de servicio público, mientras que las industrias culturales perderían un medio esencial para su trabajo.

Televisión abierta es un grupo conformado por los principales agentes de la Televisión Digital Terrestre en España.

Se debe garantizar a la TDT acceso al espectro radioeléctrico en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023 
En España, el medio de comunicación audiovisual, la televisión libre y gratuita que, informa, entretiene, educa, cohesiona y ofrece acceso universal es la TDT. Representa el 71,8% del consumo de televisióni y es la única solución tecnológica que cumple con los requisitos de servicio de interés general, incluyendo la prestación del servicio público. La TDT también actúa de motor de la producción de contenidos española, un sector diversificado y con gran implantación territorial.

La TDT no discrimina a la ciudadanía por razones sociales, geográficas o de edad siendo la forma más inclusiva y sostenible de distribución de contenido audiovisualii. También es la más robusta en caso de emergenciaiii y proporciona un canal de comunicación con la ciudadanía en cualquier circunstancia. Europa es un continente de TDT y está presente en casi 185 millones de hogaresiv (el 45% del total).

En lo que respecta a su evolución, los agentes sectoriales llevan años innovando y trabajando para acometer la migración de todas las emisiones a Alta Definición (HD) y el inicio de emisiones en Ultra Alta Definición (UHD) en España. Asimismo, han sido capaces de implantar en nuestro país soluciones híbridas que aúnan lo mejor del mundo de la radiodifusión e internetv. Además, teniendo en cuenta el largo plazo, están participando en la definición y concreción de soluciones tales como el 5G Broadcastvi.

Pero todo podría estar en riesgo.

La TDT, para llegar a los hogares utiliza la banda de espectro 470–694 MHz, conocida como “sub700MHz”. Esta banda es la única disponible tras haberse acometido el primer y el segundo Dividendo Digitalvii. Sin acceso a esta banda garantizado a largo plazo, la TDT verá comprometida su capacidad inversora, operativa, innovadora y competitiva. Como consecuencia directa, los ciudadanos no tendrían acceso universal, libre ni gratuito a los contenidos en abierto actuales. Asimismo, su libertad de elección se vería reducida por decisiones regulatorias y no por dinámicas de mercado. También la propia producción española de contenidos se vería gravemente comprometida.

En la actualidad, esta banda se usa de forma eficiente y compartida tanto en España como en el resto de Europa. De hecho, la TDT comparte existencia con los servicios de producción audiovisual inalámbrica (conocidos como PMSE), los perfiladores de viento o los radares meteorológicos, siendo también posible la aparición de otros usos compatibles con la TDT en el futuro. En lo que se refiere a los servicios PMSE, es importante señalar que son indispensables no sólo para la producción audiovisual, sino también para organizaciones culturales, deportivas, artísticas, políticas, religiosas, educativas y de la sociedad civil. Sin el acceso a la banda, las industrias creativas y culturales se verían afectadas en gran manera. Y también lo estaría la producción de contenidos, tanto española como europea.

En la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023 (CMR-23)viii se debatirán posibles cambios en el acceso a esta banda de espectro. En caso de alteración del actual statu quo, el resultado impactará a la TDT y al resto de usuarios de la banda.
Existe un intenso debate entre administraciones de diferentes países sobre el futuro del acceso a la banda sub700MHz. En aras de una supuesta flexibilidad en el uso de esta, algunas administraciones plantean abrirla a otros usos, pero sin aportar estudios concluyentes sobre la relación coste-beneficio que ello supondría.

En España sabemos bien que abrir la banda a otros usos significaría perder uno de los ecosistemas audiovisuales más potentes y diversos de Europa. También sabemos que se produciría una grave alteración de las dinámicas competitivas del mercado. Pero no conocemos ningún beneficio para España en caso de que cambiase la regulación de acceso al espectro.

En resumen, una decisión favorable a cambiar el actual régimen de acceso a la banda sub700MHz en la CMR-23 pondrá en riesgo el acceso universal, libre y gratuito de los ciudadanos españoles a la plataforma de consumo mayoritario que cumple con los requisitos de servicio de interés general, alterando gravemente la competencia existente en el sector audiovisual e incluso la propia producción española de contenidos.

Por todo lo anterior, la posición de televisión abierta con respecto al punto 1.5 de la agenda de la CMR- 23 es la defensa de la seguridad jurídica en el mantenimiento de la prestación del servicio de TDT en la banda UHF y por lo tanto de “no cambio” (No Change), manteniendo su asignación en primario, como hasta la fecha.

La presente posición es compartida con la mantenida oficialmente por la Administración Española, el sector europeo de las industrias creativas y culturales, así como con organizaciones representativas del sector en Europa, tales como la Unión Europea de Radiodifusión (UER)ix o la Broadcast Networks Europe (BNE)x.
Fuentes: Asociación de Prensa de Madrid, Televición Abierta

jueves, 21 de julio de 2022

ENaCom planea denunciar a Netflix por los cambios en el contrato

Desde el Ente Nacional de Comunicaciones explicaron a cronica.com.ar que si bien no son una entidad regulatoria sobre la plataforma, planean hacer intervenir a Defensa del Consumidor o iniciar acciones legales. La función de Netflix cobra $219 adicionales al plan de cada usuario que quiera sumar un hogar a su cuenta.

En las últimas horas, Netflix tomó la decisión de cobrar un extra por cada hogar adicional debido a la pérdida de suscriptores que sufrió en el primer trimestre, por la que responsabilizó a las cien millones de cuentas compartidas a nivel mundial. Ante esto, miles de usuarios en las redes sociales comenzaron a pedir que intervenga el Ente Nacional de Comunicaciones para ponerle fin al supuesto abuso.

En diálogo con Cronica, el vicepresidente del ENaCom Gustavo López señaló: "Con este tema no somos un ente regulador porque las leyes vigentes no regulan las plataformas audiovisuales, nosotros regulamos Iternet pero no lo que va adentro. Pero eso no quiere decir que no avancemos en ninguna medida".

"Creemos que es un cambio de contrato unilateral que perjudica al usuario. Una de las medidas es hacer intervenir a defensa del consumidor otra es ir a la justicia", continuó y agregó: "Cuando se tiene un contrato de estas caracteristicas no la puede cambiar de manera unilateral y con la crisis que vive nuestro país, sobre todo cuando ellos no pagan impuesto a las ganancias y utilizan las redes que son de terceros".

Consultado sobre qué medidas se tomarán, López aseguró que "las acciones van a ser politicas mas que regulatorias. Alguna dependencia del Estado va a decir que no se puede hacer y no tienen ninguna justificacion para negarlo, porque no pueden cambiar el contrato".

¿Qué busca la plataforma?

El objetivo de Netflix es recaudar más dinero y frenar las pérididas. Por eso, la plataforma informó además que lanzará un plan con anuncios, que será más barato, y evitar que se compartan las cuentas.

Según recientes declaraciones de un experto en telecomunicaciones y ciberseguridad, la decisión de la empresa de cobrar un extra a los hogares que quieran compartir la cuenta "es ilegal", ya que "es falso" que pueda detectar desde qué domicilio se conecta cada usuario.

"Netflix solo busca recaudar más de los usuarios incautos", dijo Ariel Garbarz, exingeniero de comunicaciones de varios organismos del Gobierno nacional.

Cabe destacar que Argentina fue uno de los primeros países donde se aplicó esta medida, situación que tuvo un rechazo inmediato: #Chau Netflix se hizo tendencia en Twitter y muchos usuarios tomaron medidas al respecto, desde darse de baja hasta recurrir a la piratería para continuar viendo películas y series.

La función de Netflix cobra $219 adicionales al plan de cada usuario que quiera sumar un hogar a su cuenta. Sin embargo, Garbarz explicó en un hilo de Twitter que la medida es ilegal y llamó a "no avalar el abuso" de la plataforma.

Seguido del hashtag # NetflixMiente, el ingeniero que trabajó en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, la Procuración General de la Nación y varios ministerios nacionales aseguró: "Es falso que Netflix pueda identificar desde que domicilio te conectás e impedirte hacerlo desde otro lugar". ¿Por qué? "Tu celu, laptop, PC, smart TV o módem tienen asignadas por tu ISP (proveedor de internet) direcciones IP dinámicas que cambian si los apagás o reseteás", consignó.

"Además, no es posible asociar IP dinámicas a un domicilio determinado, sino a una geolocalización gruesa que puede abarcar una manzana o una cuadra o un área con varias viviendas. Y si tenés IP estática, Netflix necesita que el ISP le revele el domicilio del cliente", continuó el experto.

El ingeniero en telecomunicaciones alertó que "es técnicamente inviable el anuncio de Netflix, que solo busca recaudar más de los usuarios incautos y lo hace discriminando países sin autorización del ENaCom, organismo que debería impedirlo en Argentina".
Fuente: Crónica

Gobiernos como garantes de la libertad de prensa: los riesgos de la retórica antimediática

La libertad de informar cumple una función esencial para el control de la actividad de los órganos públicos, el debate democrático, la participación ciudadana en la cosa pública, el combate de la corrupción, en fin, para garantizar el instituto de una opinión pública libre y plural
Por: Guiselle Boza Solano*

En las sociedades democráticas, el ejercicio efectivo de la libertad de expresión requiere de condiciones sociales, políticas y jurídicas que la favorezcan, de la ausencia de situaciones de facto que la limiten o pongan en riesgo y de la existencia de gobiernos que cumplan con su obligación de ser garantes de este derecho fundamental. Los Estados y quienes gobiernan están obligados a crear entornos propicios para el ejercicio de la libertad de expresión y prensa.

En el continente, los periodistas desarrollan su trabajo de información en contextos cada vez más desfavorables y violentos. La retórica antimediática de algunos gobiernos va en aumento, mientras se aprueban leyes o se toman decisiones políticas que censuran o restringen el debate público y el acceso a la información: controles directos o sutiles de las líneas editoriales de los medios, uso de la publicidad oficial para premiar o castigar contenidos periodísticos y restricciones para acceder a la información en poder de los órganos públicos. Ni qué decir de escenarios más graves de violencia contra la prensa.

La libertad de informar, en particular la que se refiere a asuntos de interés público, cumple una función esencial para el control de la actividad de los órganos públicos, el debate democrático, la participación ciudadana en la cosa pública, el combate de la corrupción, en fin, para garantizar el instituto de una opinión pública libre y plural. El periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión en nuestras sociedades, por lo que existe una prohibición a los Estados para ejercer formas de censura directa e indirecta contra periodistas y medios de comunicación y una obligación de propiciar un entorno seguro, sin riesgos, para la libertad de prensa.

La posición de los gobiernos frente a los medios de comunicación no es la misma que aquella que tiene el resto de la ciudadanía; en primer término, porque quienes ejercen la función pública son garantes de los derechos fundamentales, entre ellos la libertad de prensa y, en segundo lugar, porque, en razón de sus cargos, están expuestos al escrutinio de sus actos y a la crítica severa de la prensa o de la ciudadanía. Los discursos oficiales que atacan a los medios de comunicación —sin importar su línea editorial— por su labor de fiscalización de los asuntos públicos representan un riesgo para la democracia.

Owen Fiss, constitucionalista estadounidense, autor de "La ironía de la libertad de expresión" en una entrevista con el Diario La Nación de Argentina, en 2008, señala que “un presidente democrático nunca ataca a los medios, sino que defiende sus posiciones frente a la opinión pública”.

La retórica intolerante y divisiva contra periodistas o activistas de derechos humanos, en sociedades de creciente polarización social, genera un ambiente hostil y riesgoso para el ejercicio de la libertad de prensa y la defensa de los derechos humanos, disuade la crítica política, la investigación periodística y el control democrático del poder público y político.

Las personas públicas o quienes optan por puestos de elección están obligadas a ser más tolerantes y estar abiertas al escrutinio público de sus actos. La doctrina más garantista sobre el ejercicio de la libertad de prensa establece que ni el error en los hechos o los contenidos considerados difamatorios, por sí solos, son suficientes para levantar la protección constitucional a las expresiones sobre la conducta de las personas públicas. Esta garantía es necesaria para que la ciudadanía tenga amplio acceso a los asuntos públicos y pueda ejercer el control democrático de sus gobernantes.

En la región, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, sostiene que los liderazgos, personas públicas o quienes ejercen la función pública deben abstenerse de hacer declaraciones estigmatizantes que atenten contra la integridad de personas periodistas o comunicadoras.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, ha advertido de los riesgos de los discursos oficiales hostiles contra periodistas y medios de comunicación. En Perozo y otros vs. Venezuela (2009) señaló que “si bien es cierto que existe un riesgo intrínseco a la actividad periodística, las personas que trabajan para determinado medio de comunicación social pueden ver exacerbadas las situaciones de riesgo a las que normalmente se verían enfrentadas, si ese medio es objeto de discursos oficiales que puedan provocar o sugerir acciones o ser interpretados por funcionarios públicos o por sectores de la sociedad como instrucciones, instigaciones, o de cualquier forma autorizaciones o apoyos, para la comisión de actos que pongan en riesgo o vulneren la vida, seguridad personal u otros derechos de personas que ejercen labores periodísticas o de quienes ejercen su libertad de expresión”. (párr. 155).

Tan importante es un sistema mediático plural y diverso, con medios críticos e independientes, como un gobierno garante de estas libertades.
*La autora es periodista y abogada
Foto: Shutterstock
Fuente: El Financiero

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