Un fallo con perspectiva de género en defensa de la libertad de prensa

Fallo a favor de La Marea Noticias, ganó el compromiso con las mujeres y la búsqueda de la verdad. El 5 de marzo se conoció el rechazo de la demanda de daños y perjuicios contra este medio por visibilizar un caso de violencia de género en General Deheza, durante la pandemia

Carina Ambrogi, autora de la nota

Que un sitio de noticias con perspectiva de género cuente situaciones de violencia, abuso o injusticias es parte de su tarea habitual. Lo que no es frecuente, es que la labor periodística sea criminalizada con un intento de censura.

Así se vivió por más de dos años la demanda que llegó contra La Marea Noticias a raíz de una noticia publicada en 2020, que daba cuenta de una situación de acoso y agresiones que atravesaba una mujer por parte de su ex pareja en una localidad de 15.000 habitantes al sur de Córdoba.

En un primer momento, la mujer contactó a la periodista Carina Ambrogi, para contar los padecimientos que estaba atravesando luego de decidir separarse de un hombre, que en ese momento era pastor de una iglesia evangélica y se había postulado como candidato a intendente. 

Dos años después de este episodio, y con el argumento de haber generado daños y perjuicios a su persona, el pastor realizó una demanda a este medio pidiendo que se publicara que la noticia era "falsa", más un resarcimiento económico de dos millones de pesos. 

Para el equipo de periodistas marcó un antes y un después: ¿cómo se sigue trabajando y publicando con rigor si se pone en juego la credibilidad y sustentabilidad de un espacio y sus integrantes? 

Oportunamente, en respuesta a la demanda, el abogado del medio, Ricardo Muñoz, señaló que el artículo periodístico reprochado "constituye el adecuado ejercicio del derecho de publicar informaciones de interés público y posibilitar que la ciudadanía pueda, por su parte, también ejercer el derecho a la información para una posterior formación de opinión pública sobre hechos lamentables que si bien hasta no hace mucho tiempo permanecían ocultos o invisibilizados". 

Además, citó que el objeto de La Marea Asociación Civil es "ejercer y promover el ejercicio del derecho a la información y a la formación con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos" y especialmente el de difundir contenidos que deconstruyan estereotipos que promuevan la violencia o desigualdad hacia el género femenino e identidades diversas".

Y finalmente, defendió que en este caso no deben entenderse las reglas de la "real malicia", ya que las expresiones en sí mismas y en sentido objetivo no solamente son ciertas, sino que tampoco son maliciosamente agraviantes, y que al tratarse de una persona pública, atento su condición de pastor religioso – expresamente reconocido en la demanda –, protagonista activo en un medio de comunicación cuya titularidad el mismo invoca e incluso haber sido candidato a intendente municipal de General Deheza por el partido Encuentro Vecinal Córdoba en las últimas elecciones locales del año 2019, existe un relevante y justificado interés público. 

Tras atravesar un proceso judicial en los Tribunales de Río Cuarto, el miércoles 5 de marzo se conoció la sentencia a favor de La Marea Noticias. En un texto de más de 60 páginas, la jueza María Laura Luque Videla expuso detalladamente que la noticia publicada no solo era objetivamente veraz, sino que, además, el pedido de la parte demandante constituía un intento de censura previa.

A favor de la libertad de prensa: un fallo con perspectiva de género

La Justicia de Córdoba desestimó una demanda por calumnias e injurias contra Carina Ambroggi, directora de La Marea Noticias, quien había publicado en 2020 una nota sobre una víctima de violencia de género. La sentencia, que refuerza la protección de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo con perspectiva de género es celebrada por el CiSPren, en virtud de destacar su importancia para garantizar el derecho a informar sin presiones judiciales.

En el año 2022, Carina Ambroggi, directora de La Marea Noticias, fue denunciada por calumnias e injurias tras publicar en 2020 una nota sobre violencia de género basada en el testimonio de una mujer que no encontraba respuesta en la justicia.

Era una denuncia a un varón que se desempeñaba en la esfera pública y tenía la pretensión política de convertirse en la máxima autoridad del lugar. La demanda fue presentada por el hombre mencionado en la publicación, quien exigía una indemnización de dos millones de pesos y una retractación pública. La jueza María Laura Luque Videla resolvió desestimar la denuncia, al considerar que el reclamo representaba un intento de censura previa y reafirmó el derecho a la información. El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CiSPren) celebró el fallo y destacó su relevancia para la protección del periodismo y el ejercicio de la profesión sin restricciones judiciales.

Hace más de cuatro años, la trabajadora de prensa recibió el mensaje de una mujer que denunciaba violencia de género y falta de respuestas del sistema judicial. Como responsable del medio digital que fundó junto a su colega Romina, quien también era coordinadora del sitio, publicaba casos de esta índole para visibilizar problemáticas y generar conciencia.

"Las personas que nos escribían lo hacían con la esperanza de que la visibilización del caso rompiera con la inercia de un sistema que no les daba respuesta", relató la comunicadora en un posteo que compartió en sus redes sociales y en el cual contó detalles del caso.

Tras corroborar toda la información a través de fuentes confiables, Ambroggi decidió publicar la nota. Dos años después, en 2022, recibió una notificación judicial: el involucrado en la noticia, un pastor evang{elico ex candidato a intendente en General Deheza, Marcelo Araós  la denunció por calumnias e injurias. Además de ella, también fueron demandadas Romina y su hermana, quien figuraba como titular del dominio web.

Un proceso judicial desgastante

La redactora reconoció que enfrentar el litigio fue una experiencia compleja. "Creo que solamente quienes transitan estos procesos judiciales saben lo que padece el cuerpo", sostuvo. Con el tiempo, el desgaste emocional la llevó a alejarse de la cobertura de temas de género.

"Dejar de publicar es una respuesta multicausal, no es solo por este juicio, es una medida de protección que tomé y que suelen adoptar quienes trabajan con temáticas de este tipo cuando el padecimiento es más fuerte que las recompensas", explicó.

Un fallo clave para el periodismo

La jueza resolvió que la nota periodística no constituyó difamación, sino el ejercicio legítimo del derecho a la información. Destacó, además, la importancia de preservar la libertad de prensa, especialmente en coberturas vinculadas a violencia de género.

El abogado Ricardo Muñoz, a cargo de la defensa, argumentó que el caso se enmarca en los avances normativos sobre derechos de comunicación y equidad de género. En este sentido, la sentencia sienta un precedente fundamental para la protección del periodismo y el ejercicio libre de la profesión.

Un triunfo para quienes rompen silencios

Tras conocer el fallo, Ambroggi expresó su alivio y destacó la relevancia de la resolución. "Esta sentencia refuerza la convicción que siempre tuve: ejercí mi profesión con la intención de contribuir a romper con los pactos de silencio en casos de denuncias por violencia de género", afirmó.

El CiSPren respaldó a las periodistas desde el inicio del proceso y celebró la decisión judicial como una garantía para el libre ejercicio de la profesión.

Un mensaje de aliento

La comunicadora alentó a los colegas de prensa a continuar con la labor en esta temática y destacó la necesidad de redes de apoyo y compromiso social. "Espero que esta sentencia anime a muchas periodistas a seguir en el camino de un periodismo que rompa silencios y acompañe desde la plena convicción de que el cambio es posible cuando hay compromiso desde todos los sectores", expresó.

También agradeció el apoyo de su compañero, el periodista Pablo Callejón, a quien definió como su sostén durante el proceso, y de sus testigos, haciendo hincapié en la solidaridad y el respaldo recibido en la defensa de la libertad de prensa.

La resolución llega en un contexto donde las demandas judiciales contra periodistas siguen siendo un mecanismo de intimidación. Sin embargo, este fallo refuerza el derecho a informar y el rol esencial de la comunicación en la construcción de una sociedad más equitativa.

Fuentes: La Marea, CiSPren

Mujeres periodistas están bajo fuego por vía digital

Por: Julio Petrarca, Defensor de los lectores de Diario Perfil

Seis de cada diez mujeres de prensa argentinas sufren ciberataques y la situación se agrava

Ayer, sábado 8 de marzo, fue celebrado el Día Internacional de la Mujer, reconocido por las Naciones Unidas en homenaje a la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como personas, en pie de igualdad con el hombre. Para las periodistas argentinas, la fecha debiera ser un buen momento en la continuidad de una lucha desigual: seis de cada diez mujeres que ejercen este oficio en nuestro país han sido objeto de agresiones de diverso tipo en el universo digital.

Es lo que resume un amplio estudio publicado por el capítulo local de Amnistía Internacional con el título "Muteadas: el impacto de la violencia digital contra las periodistas". El trabajo revela que el 63,5% de las periodistas mujeres y con diversas identidades de género en Argentina han sido víctimas de algún tipo de violencia digital en los últimos seis años. De ellas, un 98,3% fue objeto de insultos aislados, mientras que un 85,6% fue víctima de hostigamiento o trolleo. Un 45,9% de las periodistas experimentó acoso sexual o amenazas de violencia sexual y un 44% amenazas de violencia física. El 23% de los casos tuvo origen en personajes del ámbito político.

Para su elaboración, Amnistía Internacional encuestó a 403 periodistas mujeres y de diversas identidades de género de todo el país y se realizaron 36 entrevistas que recopilaron testimonios de personas con diversos roles en el circuito productivo de la información. Estas entrevistas incluyeron a periodistas, así como a directores, ejecutivos, ejecutivas, editores y editoras de medios de comunicación, representantes de asociaciones de periodistas como el Foro de Periodismo Argentino (FoPeA), la Academia Nacional de Periodismo, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y representantes de la empresa Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), quienes accedieron a brindar una entrevista, a diferencia de otras plataformas como X (ex-Twitter).

El informe documenta el impacto de la violencia digital en la libertad de expresión, la salud mental y el ejercicio profesional de las periodistas. Además, pone de manifiesto que la violencia de género online que se ejerce contra ellas tiene como fin "disciplinarlas y silenciarlas simplemente por el hecho de ser mujeres que alzan su voz en espacios públicos o, en el caso de las periodistas especializadas en género, por atreverse a visibilizar púbicamente la desigualdad de género". En este sentido, el informe releva que la producción noticiosa sobre aborto, femicidios y violencia de género y derechos humanos las expone a recibir mayor violencia. "Esto se enmarca en un contexto más amplio de polarización y ataques a periodistas, donde los discursos de odio, la agresión y la desinformación se han vuelto moneda corriente para desacreditarlos públicamente y minar por completo su reputación", señala el trabajo.

Al presentar el informe en octubre pasado, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, señaló que "no se trata en absoluto de un fenómeno nuevo" aunque puntualizó que en los últimos tiempos esta práctica "se ha visto exacerbada por un contexto donde la violencia y los abusos en espacios digitales es habilitada y promovida especialmente por autoridades gubernamentales, lo que agrava los riesgos de alteración del clima que preserva la libertad de expresión". En la elaboración del informe también participaron la periodista Luli Trujillo, la titular de la UFEM (Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres), Mariela Labozzetta y Nadia Koziner y Natalí Schejtman, especialistas en periodismo y tecnología.

Aunque el informe se refiere a las acciones condenables registradas en los espacios digitales, este ombudsman quiere transmitir su preocupación a los lectores de Perfil e invitarlos a solidarizarse con nuestras colegas víctimas de agresiones vía web u otros formatos.

Fuente: Diario Perfil

A nueve años del asesinato de Berta Cáceres, la deuda de justicia y verdad siguen pendiente

Al cumplirse nueve años del asesinato de Berta Cáceres, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Honduras) conmemora su incansable lucha en defensa del territorio, los derechos ambientales, de los pueblos indígenas y las mujeres. El GIEI nota que el asesinato de Berta de Cáceres, lejos de ser un hecho aislado, se circunscribe en un patrón de violencia generalizada contra defensores y defensoras del medio ambiente, la tierra y los derechos humanos el continente americano.

A casi una década de los hechos, sigue pendiente la deuda de una justicia y un esclarecimiento completo de los hechos. La identificación y condena de los autores materiales de su asesinato, si bien son avances que deben celebrarse, no culminan la obligación del Estado de Honduras de llevar a cabo una investigación que determine los autores intelectuales y esclarezca los delitos conexos al asesinato. Asimismo, las estructuras financieras y económicas que hicieron posible su asesinato deben responder ante la justicia y la sociedad hondureña.

Además de la investigación, queda pendiente un recorrido hacia las garantías de no repetición y la reparación de las víctimas, familiares y comunidades afectadas. En Honduras, como en muchos otros países de la región, las comunidades indígenas siguen enfrentando la amenaza de megaproyectos que buscan apropiarse de sus tierras y recursos, desplazando poblaciones, destruyendo ecosistemas y atentando contra formas de vida que han existido ancestralmente. En este contexto, quienes defienden estos territorios continúan siendo blanco de agresiones, hostigamientos y criminalización, a menudo con la complicidad de actores estatales y privados.

En su reciente visita a las comunidades de La Esperanza y Río Blanco, el GIEI evidenció cómo la imposición de proyectos extractivos y de infraestructura sin garantías de participación y sin respeto a los derechos de los pueblos indígenas genera escenarios de conflictividad, violencia y graves violaciones a los derechos humanos.

Tanto en sus reuniones con organizaciones de la sociedad civil en Tegucigalpa, así como con los liderazgos y comunidades de La Esperanza y Río Blanco, el GIEI pudo evidenciar que la lucha de Berta no terminó con su vida; su legado resuena en las comunidades que siguen enfrentando el despojo, la persecución y la criminalización por defender sus territorios frente a proyectos impuestos sin consulta ni consentimiento.

Como organismo comprometido con la búsqueda de justicia y verdad, el GIEI reitera su disposición a colaborar con todos los actores involucrados para garantizar que este crimen no quede impune.

El GIEI Honduras fue creado mediante el Acuerdo suscrito por la CIDH, el Estado de Honduras y la parte representante (COPINH y CEJIL) con el propósito de fortalecer la investigación de los hechos relacionados con el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres y otros delitos y otros delitos conexos, y proponer medidas de reparación y garantías de no repetición. El GIEI Honduras trabajará de manera independiente e imparcial y su mandato, de seis meses, culmina el 14 de agosto de 2025.

Exigen que investigación del crimen de hondureña Berta Cáceres avance sin interferencias

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) exigió este domingo que las investigaciones sobre el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, ocurrido hace nueve años, "avancen sin interferencias" y que se procese a los autores intelectuales del crimen.

"En este noveno aniversario, exigimos que las investigaciones avancen sin interferencias y que los autores intelectuales sean procesados. La conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) es clave para esto", por lo que su trabajo debe "contar con todas las garantías para investigar las responsabilidades intelectuales del crimen, los delitos de corrupción y los fraudes financieros", indicó en un comunicado el COPINH, del que Cáceres fue cofundadora.

Enfatizó que, aunque ha habido avances, "la justicia sigue incompleta", y demandó la identificación y el enjuiciamiento de todos los que planificaron y financiaron el asesinato de la ambientalista hondureña, ocurrido el 2 de marzo de 2016.

"Berta Cáceres vive en la lucha de los pueblos. Su legado nos impulsa a seguir defendiendo la vida, la justicia y la dignidad de nuestros territorios", señaló.

La ambientalista, que se oponía a la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca en la comunidad del Río Blanco, de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), fue asesinada pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía.

Tras "casi una década de su asesinato, el camino hacia la justicia ha sido arduo y marcado por obstáculos impuestos por quienes han querido garantizar la impunidad de los autores intelectuales del crimen", subrayó el COPINH, cuya coordinadora general es Bertha Zúñiga, una de las hijas de la ambientalista hondureña asesinada.

En noviembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia ratificó las sentencias contra los siete condenados por el asesinato de Cáceres y el intento de asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien fue el único testigo y quien era huésped de la líder indígena el día del crimen.

Roberto David Castillo, un ejecutivo de DESA, fue condenado en junio de 2022 a 22 años y seis meses de prisión como coautor del asesinato de Cáceres; sin embargo, el Supremo hondureño "redujo su condena, dejando en evidencia la influencia de los poderes sobre el sistema judicial", lamentó el COPINH.

"La persecución contra los movimientos sociales y defensores del territorio no ha cesado. Las mismas estrategias usadas contra Berta se han repetido con otros compañeros y compañeras", afirmó.

El COPINH destacó que el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el 14 de septiembre, "es una prueba de ello", ya que, al igual que Cáceres, había sido "amenazado y tenía medidas cautelares de la CIDH, pero el Estado de Honduras no garantizó su protección".

"La violencia contra quienes defienden la vida y los bienes comunes sigue siendo una estrategia de terror impuesta por el poder empresarial y criminal en el país", concluyó el COPINH.

Fuentes: GIEI-Hoduras, Agencia EFE

Los talibanes cierran Radio Begum: las voces de las mujeres afganas están silenciadas

La redacción de Radio Begum, una emblemática radio femenina, fue allanada y dos de sus empleadas fueron detenidas. El Ministerio de Información y Cultura afgano acusó a la emisora ​​de “múltiples violaciones” –entre ellas, proporcionar contenidos a un canal de televisión extranjero y no respetar su licencia– al anunciar su suspensión. Reporteros Sin Fronteras (RSF) pide la liberación inmediata de los empleados de la emisora ​​y el levantamiento inmediato de la prohibición. 

Las autoridades talibanas de Afganistán allanaron el martes la emisora de radio Begum, destinada al público femenino, arrestando a dos empleados, informó la emisora, y el ministerio de Información indicó que las operaciones de la estación fueron suspendidas.

"Agentes de la Dirección General de Inteligencia (GDI), con la asistencia de representantes del ministerio de Información y Cultura, allanaron hoy las instalaciones de Begum en Kabul", indicó un comunicado de la emisora, pidiendo la pronta liberación de su personal.

También indicó que las autoridades talibanas retuvieron al personal mientras registraban la oficina, confiscando computadoras, discos duros y teléfonos, y deteniendo a dos empleados masculinos "que no ocupan ningún cargo de alta dirección".

La emisora precisó que no haría más comentarios por temor a la seguridad de los empleados detenidos, y pidió que las autoridades "cuiden a nuestros colegas y los liberen lo antes posible".

En un comunicado en la red social X el ministerio de Información talibán precisó que la emisora había sido suspendida por múltiples violaciones y por haber proporcionado "materiales y programas a una estación de televisión con sede en el extranjero", señaló.

El ataque de los talibanes contra Radio Begum es otro ataque escandaloso a la libertad de prensa. Al utilizar normas vagas para silenciar una emisora ​​de radio dedicada a las mujeres afganas, el régimen está reafirmando su deseo de censura brutal, que es sólo una parte de una política más amplia de represión de los medios de comunicación. RSF exige la liberación de los dos empleados detenidos y el fin de la prohibición de Radio Begum , de inmediato.
Celia Mercier, Jefe de la Oficina de RSF para el Sur de Asia

"Debido a la violación de la política de transmisión y el uso indebido de la licencia" la emisión fue  suspendida hoy "para que los documentos relacionados puedan ser evaluados cuidadosamente y se tome una decisión final", subrayó.

Radio Begum afirmó que nunca se involucró en ninguna actividad política y que está "comprometida con servir al pueblo afgano y, más específicamente, a las mujeres".

La emisora fue fundada el 8 de marzo de 2021, Día Internacional de la Mujer, cinco meses antes de que los talibanes tomaran el poder, derrocando al gobierno respaldado por Estados Unidos.

Las autoridades han impuesto restricciones generalizadas a las mujeres, excluyéndolas de la vida pública con reglas que la ONU denomina "apartheid de género".

La represión de Radio Begum es un síntoma de la intensificación de los ataques contra los medios de comunicación en Afganistán. El endurecimiento de la ideología extremista del Emirato Islámico ha estimulado una proliferación de prohibiciones, que ha llevado al cierre de al menos 12 medios de comunicación por parte de los talibanes en menos de un año. Más de 140 periodistas han sido arrestados o detenidos, y el 80% de las mujeres periodistas han abandonado la profesión. Las pocas mujeres periodistas que siguen trabajando están sujetas a todo tipo de restricciones, con prohibiciones que incluyen el acceso a fuentes oficiales, viajar sin acompañante, trabajar junto a hombres en el lugar de trabajo e incluso estar presentes en el aire.

Las mujeres afganas han sido excluidas progresivamente de la vida pública y de la educación secundaria y universitaria. Debido a estas circunstancias,  Radio Begum ha vuelto a centrar sus actividades en programas educativos a domicilio. Después de que la ONU condenara el  “ apartheid de género” en el país, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció a finales de enero que había solicitado órdenes de arresto contra dos altos dirigentes talibanes acusados ​​de crímenes contra la humanidad por la violación sistemática de los derechos fundamentales de las niñas y las mujeres. RSF reitera su apoyo a esta decisión y sigue condenando las restricciones a la libertad personal y profesional de los periodistas afganos. 

Foto: Hector Retamal/AFP

Fuentes: Agence France Presse, Reporteros sin Fronteras

Escalada de ataques en redes sociales: Cómo funciona el ciberacoso de Milei contra las mujeres periodistas

El colectivo Periodistas Argentinas aseguran que se busca "un efecto disciplinador". La participación del presidente y la limitación de la libertad de expresión

Por: Mariana Carbajal

La presentación del colectivo Periodistas Argentinas se hizo en la Facultad de Derecho de la UBA

El colectivo Periodistas Argentinas denunció este lunes "una escalada significativa" de ataques en redes sociales contra mujeres periodistas, con una particularidad: "Las agresiones provienen principalmente de cuentas verificadas y de integrantes del dispositivo de comunicación oficial" y son iniciadas o replicadas "por el Presidente de la Nación, Javier Milei, desde la red X", advirtieron en una conferencia de prensa, en la que participaron María O'Donnell, Nancy Pazos, Cynthia García, Noelia Barral Grigera y Romina Manguel, entre otras integrantes de PA, varias de ellas afectadas por las agresiones denunciadas. 

PA presentó así el informe "Ciberacoso a periodistas mujeres: la tecnocensura", donde detalla 16 "casos emblemáticos" de "trolling" y advierte que ese mecanismo orquestado "afecta y limita la libertad de expresión", tiene un efecto "disciplinador" para silenciar a otras voces y "socava la democracia". Por esa razón, reclamó el fortalecimiento del "marco legal" para "proteger el ejercicio periodístico, garantizar la transparencia en el uso de algoritmos y bots, y fomentar una respuesta efectiva por parte de las empresas de medios y de las autoridades para enfrentar esta creciente amenaza".

La presentación se hizo en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la UBA. Entre el público estuvieron referentes de Amnistía Internacional, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y legisladoras, entre ellas Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados. La periodista Nancy Pazos planteó la urgencia de que "se tome conciencia, que algo suceda, que no pase desapercibido", el informe.

"En la Argentina, en los últimos meses, se ha observado una escalada significativa de trolling contra mujeres periodistas, pero con una particularidad: las agresiones provienen principalmente de cuentas verificadas y de integrantes del dispositivo de comunicación oficial, quienes utilizan sus cuentas personales en las redes sociales (especialmente las de X) para multiplicar mensajes que descalifican y desacreditan la credibilidad de estas comunicadoras", dice el informe de PA.

En ese sentido, el relevamiento describe que las periodistas argentinas que han sufrido acoso en la red, y las situaciones que han enfrentado cada una de ellas, tienen características en común: "Son comunicadoras que informan, comentan y opinan sobre política y economía". Generalmente, los ataques "no los originan sus opiniones personales sino la información que producen en sus medios y comparten en sus redes sociales".

El papel de Milei en el ciberacoso

En la mayoría de los casos que citan en el informe, "el ataque ha sido iniciado o replicado por el Presidente de la Nación, Javier Milei, desde la red X, lo cual ha derivado en una campaña de trolling muy agresiva en el día del posteo, que se mantiene a lo largo del tiempo con menor intensidad".

En el informe se incluyen 16 casos de periodistas que sufrieron ataques sistemáticos y orquestados en redes sociales: Ella son Luciana Peker (Infobae), Ivy Cángaro (periodista de investigación), Paula Moreno Román (presidenta de Fopea), Marina Abiuso (exeditora de género de TN), Nancy Pazos, María O'Donnell, Romina Manguel, Luisa Corradini (corresponsal del diario La Nación), Silvia Mercado (El Cronista), Sofía Diamante (La Nación y LN+), Jesica Bossi (TN), Ángela Lerena, Cecilia Boufflet (Radio Mitre y TN), Julia Mengolini (Futurock), Mónica Gutiérrez y Delfina Celichini (La Nación).

En muchos de los casos, contaron las periodistas, el ataque afectó también la relación periodística de esas profesionales con funcionarios y fuentes oficiales. "La violencia escala tanto y tan rápido que deciden alejarse de las redes o no responder. Algunas decidieron usar sus redes sociales de manera unidireccional, solo para informar a su comunidad, pero sin mantener interacciones. No creen que sea personal, aunque sí disciplinador", alertó PA.

El impacto sobre la libertad de expresión

Las periodistas afectadas coinciden en que hay un impacto sobre la libertad de expresión. "Las consecuencias no son exclusivamente individuales, sino que se derraman y generan más repliegues: de colegas y activistas que rehúyen de la visibilidad, y de otras mujeres que no quieren ser entrevistadas o participar de un debate público para no ser hostigadas. Por cada mujer silenciada o que se intenta acallar, son varias las que se retiran o ni siquiera llegan al debate público", describe el informe, en el que examinan cómo funcionan los ataques impulsados por actores institucionales que diseñan campañas en distintas plataformas --aunque con especial intensidad en la red X-- para coordinar intimidaciones y descalificaciones "con el propósito de silenciar a comunicadoras críticas".

"Estos ataques desinforman, intimidan y restringen la participación de periodistas en el debate público y, como consecuencia, socavan la democracia", concluyen.

"Hablamos de un proceso global: no se trata ya de alguien oculto detrás de un falso perfil, sino de un mecanismo financiado para producir desinformación. Este financiamiento puede provenir de grupos de poder o de gobiernos, tal como advierte Reporteros Sin Fronteras (RSF) en una investigación realizada en 32 países: 'Cuando hablamos de este fenómeno internacional, también encontramos que la desinformación masiva puede ser orquestada por las más altas esferas del Estado, en regímenes autoritarios y en ciertas democracias a la deriva. En una treintena de países se han creado ejércitos de trolls para callar a los disidentes'", indica el informe.

Como conclusión del relevamiento pidieron al Estado que:

• Refuerce el marco legal para que restrinja el acoso en línea a periodistas y que la legislación se aplique estrictamente.
• Imponga obligaciones a las plataformas en lo relativo a la transparencia de los algoritmos y el uso de ejércitos de robots que amplifican los ataques para que respeten los principios de la libertad de expresión y de información, sin que esto implique controlar los contenidos ni censurarlos.
• Instaure dispositivos de resarcimiento de daños y perjuicios para las víctimas de ciberacoso (indemnización financiera, ayuda médica y psicológica, etc).
• Prohíba financiar este tipo de agresiones para intentar influir en la opinión pública o para atacar a personas en línea; en otras palabras, que no se permita ni al Estado ni a los partidos políticos pagar ejércitos de robots para manipular a los usuarios ni para acosar a periodistas.

A las empresas de medios solicitaron que:

• Asuman la amenaza de ciberacoso y la prevengan o intenten prevenirla. En ese sentido, consideraron que los medios de comunicación deben capacitar, tanto a los periodistas como al resto de sus empleados, para que enfrenten este tipo de amenazas, y crear dispositivos de urgencia internos para garantizar que los y las periodistas víctimas de acoso cuenten con apoyo y protección. 
• Pidieron además que no se tomen "como un ataque personal que debe enfrentar la o el periodista en forma individual, sino como un daño a la libertad de expresión, al periodismo y a los medios y, por tanto, asumir la responsabilidad de contener, responder, litigar si fuera el caso, capacitar y prevenir".
• Aborden el tema del acoso en línea que sufren las y los periodistas: que realicen más reportajes e investigaciones que informen y sensibilicen a la población en general, al gremio periodístico y a las autoridades, sobre este desafío que aún no se reconoce como un ataque a la libertad de expresión ni como un serio riesgo del ejercicio de la profesión.

Foto: Cleo Bouza
Fuente: PáginaI12

El abuso silenciado: La lucha contra la desestimación judicial

Un tribunal de Reconquista absolvió a un hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado, basando su decisión en argumentos vinculados al desacreditado Síndrome de Alienación Parental (SAP), a pesar de que no lo mencionaron explícitamente. Este síndrome ha sido rechazado por la Asociación Americana de Psiquiatría y la Federación de Psicólogos de la República Argentina. La madre del niño agredido teme que sus dos hijos sean obligados a revincularse con el padre al que temen. En los Tribunales de Reconquista, las acusaciones contra las madres parecen ser más frecuentes que la consideración de los testimonios de los menores. En mayo, un tribunal pluripersonal, integrado por los jueces Norma Noemí Senn, Martín Gauna Chapero y Santiago Banegas, absolvió a César Manuel Lebus del mismo cargo. Aunque no se mencionó el SAP, los jueces sugirieron que el niño, hoy de diez años, podría haber tenido un "falso recuerdo" o "memoria implantada", aplicando así conceptos sin respaldo científico. En las Señales dialogamos con Andrea Adobato, integrante del Foro Reconquista Alcemos la Voz

¿Cuando comenzó el caso de César Lebus y cuál fue la acusación inicial?

El caso de Cesar Lebus viene desde el año 2022 y es una denuncia que hace la mamá, luego de un proceso muy doloroso y muy largo. Por episodios que ocurren en su familia, finalmente puede tomar conciencia que sus hijos estaban viviendo situaciones de abuso sexual por parte de su papá, el marido de ella, el señor César Lebus.

Ya habían tenido un episodio previo, en el año 2018, en la que el niño había manifestado a su mamá que el papá había intentado abusarlo sexualmente. Le había bajado el pantalón y había intentado acceder a sus genitales. El niño empezó un tratamiento psicológico y el papá lo que respondió en su momento era que seguramente había estado viendo algún tipo de video pornográfico en el celular, en su propio celular.

En ese momento la mamá terminó creyendo el relato del padre. Ahora se da cuenta de lo difícil que es creer al interior de una pareja que aparentemente todo funciona bien, que pueda pasar una cosa así. Luego vuelve a reiterarse esta situación en un paseo en la camioneta del papá, en la que el niño abusado va adelante y en realidad el que empieza a denunciar la situación es el hermano más pequeño que va en la camioneta sentado atrás, un niño de tres años que empieza a expresar a la madre lo que había pasado, y quien incluso interviene en la situación golpeando al papá para que no siga pasando lo que estaba pasando.

Esa es la situación que denuncia la mamá en nombre de los niños. Estos niños en realidad dan cuenta de ese abuso a través de su tratamiento clínico en un espacio de terapia psicológica. El niño mayor tuvo cambios de conducta muy abruptos a partir de esa situación, de ser un niño muy sociable, muy alegre, que iba a clases de arte, que tenía excelente desempeño en la escuela, de pronto comienza a tener actitudes muy agresivas, muy violentas, cambia diametralmente su forma de expresar sus dibujos en la escuela, en el espacio de arte al que iba, eso llama la atención a los maestros. Los maestros testifican en el juicio, porque advierten los dibujos con árboles con características monstruosas. Y también su maestra de grado advierte claramente el cambio de conducta. Lo que pasa que este famoso síndrome de alienación parental, en realidad fue creado por Richard Gardner, un psiquiatra o un falso psiquiatra de Estados Unidos y se descubrió que en realidad no lo era.

Lo que él Gardner establece en su teoría es que, entre otras cosas, el cambio de comportamiento en un niño no necesariamente se le puede atribuir a un abuso sexual, que puede haber muchas otras causas que lo generen. Cuando hay relaciones de pareja muy conflictivas, uno de los progenitores, que generalmente es la madre, por supuesto, inocula, implanta en el relato del niño las narrativas contra el progenitor masculino, haciéndole inventar de que ha sido sexualmente abusado por su padre, que es un modo en que las mujeres tenemos de obtener beneficio, o de vengarnos, o de impedir el contacto, es como una especie de malicia materna para impedir que los niños, como venganza contra ese padre al cual hay que lastimar de alguna manera.

Esa es una de las hipótesis que plantea Richard Gardner y que efectivamente fue utilizada en el juicio, eso es lo que más indigna, ¿no? Frecuentemente, lo que ocurre es que la mamá que denuncia, que protege a sus hijos, es la que termina después siendo blanco de las acusaciones, las sospechas. La mamá, Mónica, como es su nombre, llega a la denuncia impulsada por la propia psicóloga de los niños, o sea, la psicóloga les manifiesta que ella comprende que en su espacio clínico hay signos muy claros de abuso sexual y que ella debe denunciar, y que si en caso de que no lo haga la madre deberá hacerla ella misma porque ella por un código de ética profesional no puede quedar silencio cuando advierte que pacientes de ella, niños, puedan estar dando señales de abuso sexual.

La mamá tiene que hacer su propio proceso, pero finalmente termina denunciando. Para llegar a la denuncia primero se establece toda una situación familiar muy compleja. El niño que fue abusado en realidad niega diciendo yo no hice nada, ahí aparece un signo también muy frecuente que es la culpa del niño abusado. Generalmente, siente que es responsable de eso que se hizo y que no está bien, pero el que insiste con que ha sucedido es el hermanito menor. Llegan las vacaciones de julio, la mamá es de la provincia del Chaco, ella frecuentemente en esas vacaciones viajaba a la casa de los padres y en realidad es en el espacio de esa seguridad que le otorga la casa de los padres en Chaco, la casa de los abuelos y allí fue que el niño finalmente le cuenta a la madre lo que había ocurrido. Así que ya la mamá viene con la decisión de hacer la denuncia.

Cuando se hace la denuncia comienza todo un proceso también muy doloroso porque ella vive en la ciudad de Avellaneda, una ciudad muy conservadora. El señor Lebuz es ingeniero, es un señor que forma parte de cierta clase social que goza de cierto prestigio. Así que ella comenzó a vivir agresiones en el auto, le decían cosas a los niños y tuvo que trasladarse finalmente a vivir en la provincia del Chaco. Ese sería un poco el relato de vida.

En decisión unánime, el tribunal de primera instancia constituido por los jueces Martín Gauna Chapero, Norma Senn y Santiago Banegas (presidente), absolvió de culpa y cargo a César Manuel Lebus de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, agravado por el vínculo, por causar grave daño en la salud mental, y por la convivencia, en concurso ideal con corrupción de menores, y amenazas; y dispuso el cese de las restricciones a la libertad.

¿Cómo fue el fallo del tribunal?, ¿en qué consistió?, ¿el síndrome de alienación parental influyó en la decisión?
Claro, nosotras sabemos que ellos no lo nombran literalmente, no nombran síndrome de alienación parental. Pero en realidad utilizan todas las características y condiciones que en su momento Richard Gardner utilizó para describir en qué consistiría este síndrome. Nosotros ya sabemos que el síndrome este es inexistente porque un síndrome es una enfermedad. Eso lo tiene que diagnosticar un psiquiatra, un neurólogo, es una enfermedad, un síndrome. Y no existe ningún síndrome de estas características en el ámbito médico, ya desde el nombre sabemos que es inexistente. Por eso no se usa nunca esa terminología.

Ahora, no significa eso que no usen en su reemplazo características que describían a este síndrome. Como muestra que le estaba diciendo, relatos inoculados, memoria implantada, su gestión, en fin. Como que los niños narran relatos que no son propios, sino que han sido implantados por el adulto, ¿no? En realidad lo que se cuestiona, por eso nos llama tanto la atención en la sentencia, es que, por un lado, quien hizo la cámara Gesell del niño concluye que efectivamente el niño dio señales de abuso, pero ellos desestiman él, informe de la psicóloga de la cámara Gesell diciendo que carece de las formalidades, que no fue bien llevada a cabo, que las preguntas no fueron correctas, por cuestiones formales desestiman la cámara Gesell de la psicóloga Giordano, una psicóloga que ya lleva 400 realizaciones de cámara Gesell y que por primera vez se le cuestiona la metodología y el modo de su informe.

Luego desestiman el informe clínico de las dos psicólogas que han atendido a los niños, tanto las que los atendieron en Avellaneda, como quien los está atendiendo ahora en el Chaco. No solo que los desestiman, sino que además las tratan en la sentencia de una manera humillante y muy denigrante. ¿Por qué pasa esto? Porque las psicólogas clínicas han hecho un informe con un lenguaje, con una metodología y con una perspectiva de un psicólogo clínico. La defensa tuvo la buena estrategia de presentar dos peritas psicólogas, una de ellas es Estefanía Berrón y otra es una psicóloga de apellido Colombo que está en la ciudad de Buenos Aires y que lo hizo a través de Zoom. Ellas intentaron desarmar y lo lograron los informes de las dos psicólogas, porque según ellas no respondían a la metodología que debe tener un informe de perito psicólogo, que tienen que ser dadas de determinada manera los dibujos, desestiman la perspectiva de una psicóloga. Si trabaja con ciertas categorías del psicoanálisis para interpretar dibujos, para interpretar relatos, también lo desestiman porque el perito penal, psicólogo, no adhiere a esa teoría psicológica. Entonces todas las narrativas que fueron propuestas por la querella, una a una, fueron desestimadas por el tribunal porque adhirieron plenamente y absolutamente a la perspectiva de la defensa, y la defensa justamente construye gran parte de su relato a partir de este psicólogo, Martínez Soarez Lima (foto), que estuvo en la ciudad de Reconquista.

Nosotros a partir de la absolución de este hombre iniciamos todo un camino de repudio, un camino de reclamo, hemos ido a los medios, hemos ido a difundir la gravedad de esto, y la mamá por supuesto en un estado de desesperación absoluta, porque tiene terror de que los niños tengan que volver a vincularse con el papá porque los mismos niños le dicen, mamá, al final no hiciste nada. Los niños están pasando un muy mal momento. En todo este proceso de tanta indignación, estamos esperando con mucha confianza y esperanza que en la Cámara pueda cambiarse esta resolución. Ahora aparece esta conferencia de este psicólogo que fue quien justificó su teoría. En sus libros, aparece muchas veces citado dentro de este proceso de defensa. La misma Estefanía Berroni, que estuvo como perito de defensa en el juicio, era quien iba a coordinar esta charla. Fue como que se ataron ahí dos situaciones que realmente provocaron una gran preocupación, porque esta sentencia de algún modo está trazando una línea muy peligrosa al desestimar los informes clínicos. Ahora ningún otro psicólogo que trate a un paciente va a poder ser tenido en cuenta en un juicio, hasta ahora siempre eran valorados positivamente. Se va a obligar a que siempre los informes sean hechos por peritos, y no todo el mundo tiene los recursos para poder pagar peritos para que puedan presentarse en juicio.

Además, como bien sabemos, la mayoría de estos delitos se producen en un ámbito de privacidad, en un ámbito donde no hay testigos, entonces si el abuso sexual no deja de algún modo rasgos o huellas físicas, es muy difícil, porque eso tiene que ser contrastable, tiene que ser demostrable, pero a veces la única demostración posible que hay es la voz de la víctima.

Iniciamos también una campaña de denuncia y de repudio que afortunadamente recibió la adhesión de muchísimas organizaciones de toda la provincia, también la adhesión del Colegio de Psicólogos que corresponde al norte de Santa Fe, también la adhesión de medios de comunicación, algunos nos acompañaron, otros no, pero tuvo una repercusión muy positiva, incluso el diputado Palo Oliver va a presentar un proyecto de preocupación (ver abajo) por la intromisión o por el retorno de este tipo de teorías al Poder Judicial. Y la charla se desarrolló en el ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional, es lo más indignante es que sea en un espacio de una universidad pública ¿qué tiene que ver la UTN con una temática como esta?

Sumo a tu relato que en los Tribunales de Reconquista es mucho más fácil para ellos terminar acusando a la mamá que escuchar realmente a los niños y saber qué es lo que están viviendo y sufriendo. Leía algunos portales de Reconquista, y vi que en la charla había policías, abogados, psicólogos, psiquiatras, funcionarios del Poder Judicial y público que decidió ir a escucharlo, me preocupan los primeros...
Nosotros no entramos, estuvimos afuera y molestamos, de hecho fue un momento donde vinieron, unos cinco patrulleros a rodearnos y éramos treinta personas, que lo único que cantábamos era yo si te creo y cosas relativas a los niños. Y molestamos. Ellos habían dicho el día anterior que ya se había cerrado la inscripción porque estaba la sala llena, la sala no estaba llena en absoluto, estaba bastante vacía, con lo cual eso para nosotros fue muy reconfortante.

Policías había por todos lados, nosotros no sabemos si los policías estaban ahí para escuchar la charla o estaban ahí pensando que nosotros íbamos a ir a interferir adentro, porque ya te digo, había en las puertas de entrada, había en todos lados, pero sí ese es el Poder Judicial. Por otra parte, dicho esto, tenemos que decir que estos son los tribunales con los que lidiamos, nosotros que estamos permanentemente acompañando a víctimas de distintas situaciones de violencia, tanto penales como civiles, como régimen de comunicación, que tienen que ver con cuidados parentales. Es impresionante el nivel de violencia que se ejerce a las mujeres.

Yo siempre digo, cuando hablamos de patriarcado parece un concepto abstracto, pero luego cuando uno ingresa en los laberintos de los tribunales, ahí se materializa de una forma clarísima y potente, porque vemos cómo permanentemente la voz de los padres tiene mucha más credibilidad y cómo aparecen en los expedientes relatos vinculados a las madres, que uno no puede creer lo que lee, descalificación, desacreditación, incluso cómo las maltratan, cómo las desoyen. Eso nos pasa con la defensora pública, nos pasa con los jueces civiles, y ni hablar con los jueces penales. Realmente, en el norte todavía es muy, muy largo el camino que nos falta andar, sobre todo, porque también -es muy importante decirlo-, el índice de abusos sexuales infantiles es altísimo y atraviesa todas las clases sociales. Uno no está al tanto todos los días, pero sí sabemos que todos los días ingresan denuncias de ese tipo. Entonces, si no son bien trabajadas, la verdad es que es una endemia que se reproduce.

Más info: Negación Pública, Aplicación Privada: El SAP en las Sombras

Nota completa de Señales con Andrea Adobato, integrante del Foro Reconquista Alcemos la Voz: 

Sobre la sentencia absolutoria de César Lébus, el hombre que abusó sexualmente de sus propios hijos, publicó el Foro Reconquista Alcemos la voz:

Evitamos utilizar la expresión “presunto abusador” porque nosotras sí damos credibilidad a las declaraciones de los niños que fueron claras y contundentes, especialmente el del niño de 9 años que relató con contundencia su abuso en la cámara Gesell.

Al intentar entender este fallo judicial emitido el 30 de mayo de 2024 y dictado por tres jueces, Santiago Roberto Banegas, Norma Noemí Senn y Martín Gauna Chapero, del Colegio Interdistrital de Jueces Penales de la Cuarta Circunscripción, detectamos a simple vista diversas inconsistencias y errores significativos en una sentencia que libera al abusador y desprotege a los niños.

Algunas claves de la equivocación judicial en la sentencia

1.- Se ha ignorado el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que protegen a las y los niños.

Los jueces han pasado por alto la aplicación de las leyes pertinentes que protegen a los niños y niñas, tanto a nivel nacional como internacional. Las leyes 27.372 (Nacional) y la 13.923 (Provincia de Santa Fe) tienen como objetivo garantizar la protección de los derechos de las víctimas menores de edad en el proceso penal, asegurando que sus testimonios sean tomados de manera adecuada y respetuosa, evitando su re victimización. ¿Por qué no se tuvieron en cuenta? Estas leyes en concreto considera estas declaraciones como pruebas preconstituidas y actos irrepetibles, lo que subraya la importancia de su validez en el proceso judicial. Además, se ha desestimado el marco internacional proporcionado por la Convención sobre los Derechos del Niño (Ley 23.849), ratificada por la Argentina, y otros instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, Ley 23.054). Estos tratados establecen la obligación de los Estados de garantizar la protección y el bienestar de los menores en todos los ámbitos, incluyendo el judicial.

2.- Desestimación de Evidencias Clínicas en la Sentencia Absolutoria

Nos cuesta entender además que los argumentos centrales de la sentencia absolutoria que dictaron estos jueces estén basados en los aportes de las psicólogas de la defensa. Psicólogas que nunca vieron a los niños, ni los escucharon y que sacaron sus conclusiones por una serie de documentos que leyeron. Psicólogas claramente admiradas por los jueces por unos enfoques teóricos no aceptados por la comunidad científica y por sus currículos que quisieron exponer con detalles en la sentencia. Por el contrario, subestimaron gravemente el testimonio y la experiencia de psicólogas clínicas que trabajaron directamente con los niños, con más de 20 años en experiencia en el tratamiento de menores en víctimas de abuso sexual y que, al detectar señales claras de abuso, procedieron a comunicárselo a su madre. Proporcionaron observaciones detalladas y fundamentadas en sesiones directas que, al ser desestimadas por los jueces pusieron en riesgo la protección de los derechos de los niños.

3.- La Trampa del SAP: Cómo la Defensa y los Jueces Minaron la Credibilidad de los Niños

Otro grave error que pudimos apreciar en la lectura atenta de la sentencia, fue la aceptación de la teoría del SAP (Síndrome de Alienación Parental) aportada por la defensa, utilizando autores que adhieren a este enfoque que revictimiza a las y los niños y protege a los abusadores. Según esta teoría, la madre incitó a los niños a mentir, utilizó como táctica la inoculación de esos testimonios a sus hijos. Así que la defensa junto con los tres jueces, consideraron dudar de la veracidad del testimonio del niño, desviando la atención del abuso real y poniendo la atención en justificar “las mentiras” del niño en la cámara Gesell.

Sin embargo, este supuesto “síndrome” no existe, fue rechazado por la Organización Mundial de la Salud, por la Asociación Americana de Psicología, por la Asociación Americana de Psiquiatría y por la Asociación Médica Americana. Fue declarado ilegal para el ejercicio de la psicología por la Federación de Psicólogos de la República Argentina y por el Consejo Superior del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires. Así que, si no es válido por la comunidad científica ¿por qué sería válido utilizarlo judicialmente?

4.- Daño psicológico a los niños:

Los testimonios y evaluaciones clínicas indican que el niño que se animó a testificar en la cámara Gesell, ha sufrido un daño psicológico significativo debido al abuso. Algunos de sus profesores/as dieron testimonio de sus cambios abruptos de comportamiento, como agresividad, tristeza y enuresis nocturna. A esto, los jueces responden que estos cambios pueden ser producidos por muchos otros motivos. Es cierto, puede ser, solo que…¡¡¡El niño les está diciendo que ha sufrido abuso sexual por su propio padre!!! Ha sido muy claro en la cámara Gesell y en sus sesiones psicológicas.

Simplemente, se han negado en escucharle y se han centrado en proteger al abusador y en desprestigiar a las personas que realmente los están protegiendo: su madre, familiares, sus psicólogas clínicas, sus profesores y profesoras, etc.

El Foro Reconquista Alcemos la voz sostuvo que la actividad del pasado viernes fue coordinada por Estefanía Berroni, "psicóloga que contribuyó en la defensa de César Lebus", la profesional publicó el siguiente comunicado:

A la opinión pública - Necesarias aclaraciones ante la difusión de falsa información acerca de mi actuación profesional

Ante la evidente circulación en redes sociales y medios de comunicación de manifestaciones agraviantes vinculadas a mi intervención profesional en un concreto caso judicial y en la jornada organizada por la UTN en que disertará el Lic. Pablo Martínez Soares de Lima, es necesario poner de manifiesto:

La suscripta rechaza la utilización del Síndrome de Alienación Parental (SAP), y no lo ha aplicado en ninguna de sus múltiples intervenciones profesionales.  

He tenido intervención en cientos de casos judiciales vinculados a abuso sexual infantil y nunca consideré aplicable la teoría del SAP. Mi formación profesional específica en materia de psicología jurídica y forense desaconseja terminantemente su utilización. La disertación del Lic. Martínez Soares de Lima ha sido organizada exclusivamente por la UTN, para la cual fui convocada en carácter de coordinadora (moderadora) de la charla. La función comprendía la presentación del disertante, y facilitar el desarrollo de la disertación coordinando el otorgamiento de la palabra a los participantes ordenadamente.

El evento referido es de carácter estrictamente técnico-científico orientado a estimular el conocimiento sobre una temática de relevancia actual en pos de la defensa de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Destaco que toda información en sentido contrario a ello resulta falsa, y su difusión de manera irresponsable y/o malintencionada ocasiona un perjuicio personal y profesional absolutamente injusto.

Lic. Estefanía Berroni

Mat. Nro. 865

DNI 29.853.970

Ilustración de portada: Romina Ferrer @RoFerrerIlustra

Fotos: Reconquista Hoy

El Ministerio Público Fiscal solicita que no se publiquen las imágenes de Fabiola Yáñez golpeada

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Ramiro González, y la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), cuya titular es Mariela Labozzetta, quienes cuentan con la asistencia de la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), a cargo de Malena Derdoy, exhortan a los medios y profesionales de la comunicación a evitar la difusión de imágenes de Fabiola Yáñez vinculadas a los hechos de violencia de género por los que fue denunciado el expresidente Alberto Fernández en el marco de la causa 2539/2024.

La exhortación tiene como objeto evitar la revictimización de la denunciante. En el presente caso se investigan hechos que involucran violencia contra las mujeres, por lo que resultan de aplicación los mandatos de tratados internacionales, como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belén do Pará), así como las leyes de nuestro país que promueven el respeto de los derechos de las mujeres y las víctimas de delitos: Ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, y Ley 27.372, de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Ramiro González, y la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), cuya titular es Mariela Labozzetta, quienes cuentan con la asistencia de la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), a cargo de Malena Derdoy, realizaron un pedido a los medios de comunicación:

Pedido: Evitar referirse a aspectos íntimos y de la salud de Yáñez

En tanto, el y la fiscal que intervienen en la causa exhortan a los medios y profesionales de la comunicación a evitar referirse a aspectos íntimos y de la salud de Yáñez en relación con los hechos de violencia de género denunciados. El pedido tiene como objeto evitar la revictimización de la denunciante.

En el presente caso se investigan hechos que involucran violencia contra las mujeres, por lo que resultan de aplicación los mandatos de tratados internacionales, como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belén do Pará), así como las leyes de nuestro país que promueven el respeto de los derechos de las mujeres y las víctimas de delitos: Ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, y Ley 27.372, de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos.

Finalmente El País publicó este lunes 12 de agosto, a las 20:30 de Argentina, la nota en la edición América y más tarde en la edición papel

Medios que hicieron punta sobre este tema: 

Legitimar la revictimización

Nuestra decisión se ampara en la responsabilidad de informar y no sumarse ni a operaciones

Por: Colectivo Editorial Tiempo Argentino

En las últimas horas del jueves, un medio de comunicación dio a conocer las fotografías de Fabiola Yáñez que probarían las agresiones del expresidente Alberto Fernández, su pareja, hasta hace unos meses. Una extraña y confusa “filtración” tratándose de una mujer violentada que, hasta la difusión de los hechos -dados a conocer el fin de semana por un diario-, había decidido no denunciar.

Se escuchó cientos de veces que las víctimas deciden cuándo denunciar, de acuerdo a sus tiempos. Fabiola no pudo completar ese proceso.

Tampoco puede ahora ni siquiera comenzar su recorrido como víctima de violencia de género porque a la exposición que supone haber sido la expareja de un expresidente violentada, se suma la de su cara y su cuerpo golpeado. Está de más decir que no hacía falta ver las imágenes para creerle, porque nadie dudó: creer siempre en la palabra de la víctima es una construcción política de los feminismos, que el tiempo y los hechos avalan.

Las fotos de Fabiola no fueron enviadas por ella ni por sus representantes legales. Están en un expediente en una causa con secreto de sumario que tiene la justicia en sus manos. Insistimos, no las envió Fabiola. ¿Qué hacer entonces cuando no hay protección para las víctimas ni siquiera en un expediente judicial? ¿Cómo comunicamos todo este doloroso desastre que venimos viendo desde el domingo?

A esta divulgación se suma otra: durante toda la tarde redes y medios de comunicación circularon un video en la que en el que se ve a una columnista de espectáculos hablando supuestamente con Alberto Fernández en una situación de coqueteo. Videos de este tipo, fotos en este sentido, dicen los medios, fueron los que supuestamente generaron los conflictos entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez y que terminan después en una golpiza. Todas suposiciones. ¿Por qué difundir el video de la columnista de espectáculos? ¿Qué aporta a la causa de los seguros y a la de violencia de género? Y volvemos a preguntarnos, ¿son necesarias?

Desde hace tiempo que en los medios de comunicación venimos dando el debate de cómo comunicar las violencias contra las mujeres y diversidades sin revictimizar, respaldados por testimonios certeros, con el foco y la protección a las víctimas y amparados en los movimientos legales y judiciales. Como medio de comunicación, en Tiempo Argentino, por nuestra historia y nuestra labor, es que decidimos no publicar ni los videos ni las fotos donde se violenta a mujeres.

Nuestra decisión se ampara en la responsabilidad de informar y no sumarse ni a operaciones ni a divulgación de material cuya procedencia no podemos respaldar, y cuyo peritaje desconocemos. Hemos decidido ceñirnos a lo que surja en el expediente judicial, con información concreta y por supuesto la lectura periodística de esa información. De ninguna manera vamos a exponer a las víctimas ni a las mujeres para ser parte de operaciones políticas.

Las fotos de Fabiola Yañez y una decisión a contramano

elDiarioAR decidió retirar las fotos que muestran a Fabiola Yañez con rastros de haber sido golpeada. Aquí la explicación editorial

Por: Delfina Torres Cabreros, directora periodística de elDiarioAR y Mariana García

Desde que se conoció la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández, asistimos a la exhibición espectacularizada de la situación que atraviesa la presunta víctima, Fabiola Yañez. Lo entendemos: la noticia interesa, tiene relevancia pública en tanto involucra a un mandatario de la más alta jerarquía y las preguntas a resolver son muchas. Y el morbo opera. Desde hace días, circulan versiones de la existencia de chats y fotos espeluznantes, que ayer por la noche se conocieron. 

La primera reacción que tuvimos fue publicarlas. Como tantas otras veces, en medio de la urgencia y el fragor de las noticias, teníamos que tomar una decisión. Consideramos, entonces, que aportaban información valiosa, un indicio contundente de la presunta violencia ejercida contra una mujer por parte de un expresidente cuando estaba en funciones. 

Como en un loop, las fotos de Fabiola Yañez con un ojo y un brazo morado se repetían en los canales de televisión, la mayoría de las portadas digitales y se viralizaban hasta el infinito en redes sociales.

¿Había alguna razón por la cual elDiarioAR debía retirar esas fotos de su edición, fotos que ya eran conocidas hasta el hartazgo? La respuesta es sí.

Pasada esa primera reacción de publicar las fotos, de replicar esa primicia que desde hacía días se esperaba, entendimos que no es necesario mostrar el espanto para creerle a una mujer que denuncia haber sido violentada. Que más allá del interés que generen, la difusión de ese tipo de imágenes pone el foco en la víctima y, lo que es central, la expone sin su consentimiento: la revictimiza. 

Las fotos muestran, además, sólo un costado de la violencia de género, el de los golpes, pero esconden algo mucho mas complejo: el del sufrimiento y el miedo de la víctima, algo que describió la propia Yañez al denunciar a su expareja cuando lo acusó de ejercer “terrorismo psicológico”.

Hacer un diario es una tarea apasionante que implica decisiones difíciles. Los acontecimientos no piden permiso ni esperan los tiempos que requiere una reflexión meditada de la edición.

Dentro del equipo de elDiarioAR tenemos puntos de vista distintos, discutimos, disentimos, a veces nos peleamos. Nos permitimos hacerlo todos los días puertas adentro y lo hacemos también ahora frente a nuestra audiencia. Es parte del proceso y a veces nos equivocamos, tratamos de corregirnos y seguimos adelante. 

Anoche también apareció un video privado del expresidente junto a Tamara Pettinato. Se trata de una filmación en Casa Rosada que, en principio, se supone no corresponde al tiempo de restricciones por la pandemia. Es decir, que se mostraba un encuentro privado entre dos adultos que no infringían ninguna ley, pero que, una vez conocido, forma parte de la conversación de la sociedad y tal vez incluso aporta algo de contexto a la conducta del expresidente. Por eso consideramos que era necesario consignarlo: nuestro silencio no cambia la discusión pública, sí nuestra manera de participar de esa discusión. Consignamos entonces la noticia, pero sin publicar el video y, sobre todo, sin cargar las tintas sobre la mujer de la escena. Pettinato es solo una invitada del Presidente a su despacho, ése en el que se toman las decisiones más trascendentes de la Argentina, pero que fue utilizado también como espacio de brindis y chichonería por parte del primer mandatario. 

Como dejamos claro en nuestro momento fundacional, en elDiarioAR defendemos los derechos de las mujeres y buscamos que esa mirada esté detrás de todo lo que hacemos. Encontrarán textos diversos que aportan, desde nuestro foco, a las discusiones de estos días. No encontrarán las imágenes que deliberadamente muevan el reflector y quiten la atención sobre quien tiene la responsabilidad. 

Por ese motivo, decidimos retirar las fotos de las lesiones en el cuerpo de Yañez de nuestra edición.

Con Javier Milei, la crueldad es política de Estado

En las Señales hablamos sobre los recortes que se realizaron en lo que fue el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, de Nación y lo que ocurre en la provincia de Santa Fe, dónde el ministerio de Igualdad, Género y Diversidad terminó en una secretaría y hay despidos de personal. Y lo que pasa en otros lugares del país. Sobre estos temas charlamos con Erica Laporte, ella fue jefa de Gabinete del ex-Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad en el gobierno de Alberto Fernández, y ha denunciado este desguace en sus redes sociales, donde señaló no solamente la reducción de personal, sino cómo impacta esto, algo muy sencillo para cualquiera que nos esté escuchando, la línea 144, entre otras cosas, asiste y asesora a las personas en situación de violencia de género.

Este gobierno no para de hacernos levantar con malas noticias. Cada día que nos levantamos tenemos una mala noticia. Lamento que igualmente eso lo percibamos poca parte de la población, pero me parece que lo que hay que dimensionar es la gravedad que tiene, que luego de 40 años de institucionalidad de género que tiene nuestro país, porque la institucionalidad de género ha pasado por todos los gobiernos, por el gobierno de Macri, por el gobierno de Menem, por el gobierno de la Rúa, por el gobierno de Néstor, por el gobierno de Cristina, no es una política específicamente del peronismo, también para romper un poco con esto de la estigmatización y el odio que tienen contra el peronismo y el kirchnerismo. Es una decisión política que han tenido los distintos gobiernos durante 40 años. ¿Por qué? Porque la desigualdad existe. Las mujeres estamos en desigualdad de condiciones y nos faltan 130 años para llegar a la igualdad. Por más que tengamos estos 40 años a cuestas, todavía nos faltan un montón más. Y romper, desaparecer y desmantelar, no va a ser gratuito, no puede venir alguien con omnipotencia y creerse invencible a borrar de un plumazo algo que tiene 40 años de historia.

Porque además hay pactos internacionales, nosotros como país argentino adherimos a la convención Belém do Pará, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), está en la Constitución de nuestro país, tiene rango constitucional la protección de los derechos de las mujeres y de la no violencia, entonces creo que no es algo tan sencillo lo que va a pasar, pero sí suscita una gravedad y una emergencia que nos tiene que preocupar a toda la sociedad, no solamente a los sindicatos, a los partidos políticos, a las organizaciones de mujeres, a toda la sociedad. Siempre lo pongo en estos términos, cuando una mujer sufre violencia de cualquier tipo, pero sobre todo la violencia doméstica que es la que más sufrimos las mujeres de nuestro país, al interior de nuestros hogares, que se dan en el contexto del silencio, en el contexto del espacio íntimo entre comillas, no solamente le está afectando la vida a esa mujer, sino que le está afectando la vida a sus hijos o hijas que viven en ese entorno de violencia. En el caso del Programa Acompañar, el 63% de las mujeres a las que asistimos en violencia extrema de género tenían hijos o hijas a cargo.

Entonces, pensar en que minimizar que las políticas públicas de género son un gasto es una mentira, falso. Es el 0,23% del presupuesto general de toda la administración pública. Pensar que los trabajadores y las trabajadoras del ministerio son ñoquis, ensobrados de la Cámara, no sé qué tantas cosas le han puesto de sesgo a los trabajadores del Estado, también es falso. Desde que inició el gobierno de Javier Milei se despidieron 230 personas del ex ministerio, actualmente quedaban alrededor de 800 personas y lo que se anuncia es despido del 80%, se van a despedir 500. La línea 144 -que es la que vos bien mencionabas al inicio de esta conversación-, solamente para que funcione las 24 horas del día, los 365 días del año, necesitaba mínimamente 130 trabajadoras. Entonces, estamos hablando de dar una discusión que no tiene que ver con los trabajadores, no tiene que ver con el organismo, no tiene que ver con la ideología, tiene que ver con una profunda discusión cultural, ideológica y política, aunque a Milei no le guste, política. Sobre qué país queremos, dónde queremos vivir, dónde queremos que vivan nuestras hijas, dónde queremos que vivan nuestras nietas, dónde queremos que vivan nuestras hermanas, nuestras tías, dónde queremos que vivan, en un país que no tenga ninguna política de asistencia en casos de violencia por motivos de género y que vaya a una comisaría esa mujer y no le tomen la denuncia, porque pasa en cientos de comisarías de nuestro país que no toman las denuncias por violencia de género. Y se quede sola o tenga que volver a su casa, a correr riesgo su vida, ¿queremos eso? ¿Eso quiere este país? ¿Eso quiere la sociedad? Bueno, yo creo que no.

Creo que lo que este gobierno está instalando es un discurso con una masividad, porque bueno, es un gobierno corporativo, no tengo que explicar mucho, pero tiene todas las herramientas, cuando vos sos oficialismo tenés acceso a los medios, tenés acceso a las redes sociales y tenés el poder de la agenda pública, él está instalando la agenda pública, realmente estigmas y monstruos alrededor de políticas que fueron realmente para salvarle la vida a las personas o para que las personas puedan vivir vidas más dignas, y está claro que este gobierno va en contra de las mujeres de este país, y lo que nosotras tenemos que tener en cuenta es que todo eso que yo te nombré, verborrágicamente, porque entenderás que me enoja mucho la situación, todas estas cosas que yo te nombré y son un 0,01% de las políticas públicas que se han hecho durante estos 40 años en materia de género y diversidad, las conquistamos nosotras, y no es por un funcionario o funcionaria que haya estado a cargo, los funcionarios o funcionarias en el Estado estamos de paso, por lo menos así las mujeres y las diversidades que hemos estado en puestos de decisión pública lo vivimos, sabemos que los puestos no son para siempre, entonces la política no es de nadie, es de todas y de todos, al revés de lo que piensa Milei.

Mencionabas, para poner un ejemplo, el Programa Acompañar, ¿qué significaba ese programa para quien no lo conocía y sepa realmente la importancia de estas políticas públicas?

Sí, el programa Acompañar era un programa de asistencia en situaciones de violencia extrema, era un acompañamiento, un asesoramiento y una ayuda económica, equivalente a un salario mínimo inmóvil por 6 meses. La intención de la compañía, o el objetivo de la compañía, era que una mujer que sufría violencia de género u otro tipo de violencia, pero las violencias extremas, en donde vos te obligan a tener que dejar tu entorno o tu vida de golpe por esa violencia, se la asistía y se la asesoraba legalmente, psicológicamente, y se le daba un aporte de un salario mínimo vital inmóvil durante 6 meses para que pudiera recuperar o alquilar algo, en el caso de que muchas veces sacan a las mujeres de las casas y dejan a los varones, en caso de que ella tuviera que reiniciar su vida con sus hijos, lo pudiera hacer. O iniciar un proyecto productivo para poder tener una salida económica, porque hay mucha violencia, la violencia no es una sola, sino que a veces se entraman. El programa Acompañar asistió a 350.000 mujeres en nuestro país en los 4 años del Ministerio de Mujeres, y ahora estaba totalmente paralizado.

La Corte Suprema tiene un área que publica datos sobre el tema, en los últimos 10 años había 2.450 femicidios, y se escucha con absoluta crueldad a los autores de "Ya cerramos ese ministerio". Contarlo en un comunicado, y dicen ¿para qué quieren un ministerio si ya hay otros programas en otros lugares? Los femicidios siguen aumentando. Y todas esas falacias terminan convirtiendo eso en un discurso que para muchos termina siendo creíble.

Totalmente, porque además hay que decir varias cosas. Primero los datos no mienten. El dato de la Corte Suprema de los 2.450 femicidios en 10 años, en los 260 femicidios del 2023, y los que van este año, que los observatorios que las organizaciones feministas han podido construir. Ya llevamos 110 femicidios en lo que va de este año, en este primer semestre. Recientemente, salió el dato de la UCA del 55% de pobres en Argentina. Bueno, les voy a contar a la audiencia que por ahí no sabe, de ese 55% de pobres de la Argentina el 63% son mujeres. Atrás de esas mujeres hay miles y miles de niños y niñas que no van a poder desarrollar distintas características nutricionales, alimenticias, para poder tener, por ejemplo, un índice de atención en la escuela o ni siquiera acceso a la educación porque no le pueden comprar los útiles o no pueden llegar en colectivo. Esa es la realidad y de por qué se necesitan políticas focalizadas y direccionadas hacia las mujeres y diversidades. Porque somos la población más pobre del país, porque somos las más vulnerables, y ese dato el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el diputado Nacional, Bertie Benegas Lynch y el presidente Javier Milei, no solo lo omiten, no se hacen cargo, no se responsabilizan, no cumplen la función o el deber de funcionario público para generar políticas para que esto no siga creciendo, además, generan un discurso de odio, de estigmatización, de discriminación hacia esta población, ¿no? Y lo hacen con todo, lo hacen Sandra Pettovello, Ministra de Capital Humano, con el sector más vulnerable, los periodistas que son amigos de Milei lo hacen con los periodistas que por ahí están en contra. Hay una discursividad dentro de este gobierno que no deja frente abierto y que es importante que la audiencia que te escucha sepa que no es que estamos peleando por el carguito o por el puesto de trabajo, lo que se está defendiendo, más allá, obviamente, que no suene mal, las 500 familias que se quedarían sin trabajo, es un dolor y son amigas, compartí la gestión con ellas, un dolor terrible. Lo que estamos defendiendo es poder seguir peleando por vidas dignas para las mujeres y eso no lleva 4 años de un ministerio o 40 años de institucionalidad, 2000 años de opresión, de patriarcado, de machismo, no se pueden resolver en 4 años con un ministerio, lleva muchísimos años más, entonces creo que hay que entender que no estamos peleando por eso, estamos peleando por un montón de derechos que le han permitido a algunas mujeres en nuestro país poder tener vidas más dignas.

Por último, en esos hilos de tweets que pusiste, remarcabas una de las políticas del Estado, de este Estado, la crueldad.

Sí, la verdad que sí, lo estamos viendo, lo vivimos en el triple lesbicidio de barracas, porque cuando la máxima autoridad de un país habilita este tipo de discursos, habilita, por ejemplo, publicar un comunicado de disolución de un ministerio en una red social, que eso habilita a todas las personas odiantes de las redes sociales, incentive a la violencia. Legitima que las personas podamos hacer cualquier cosa, no está permitido pegarle a una mujer, no está permitido matar a una mujer, por más de que el presidente quiera fingir demencia y hablar de una libertad que existe solamente en su micromundo, porque ni siquiera es la libertad de los libertarios, es la libertad de su micromundo, estamos viviendo la política de Estado más cruel de todos los tiempos, no solamente para el Ministerio de Mujeres, como te decía, Capital Humano, Educación, Salud, la no entrega de los medicamentos oncológicos, la frenada de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), que era el organismo de entregar medicamentos oncológicos a las personas que no podían y las 60 personas fallecidas que ya llevamos en esta gestión. Es un gobierno cruel e ineficiente, además, porque no sabe resolver más que echando funcionarios cuando hay crisis políticas en su gobierno. Y sobre todo es muy cruel con las mujeres, lo que nos tiene que alertar muchísimo, porque ahora nos parece algo liviano, pero desde acá se arranca, y cuando arrancamos acá, en 10 años no sabemos qué vamos a tener, entonces culturalmente instalar esos discursos de odio, es de mucha gravedad. Puede haber haters como había antes, hoy son todos funcionarios de Milei, los libertarios que desarrollaban estas políticas en las redes sociales, hoy son funcionarios de Milei, pero cuando eso lo propicia el propio Estado, lo disemina el propio Estado, bueno, la crueldad es política, se vuelve política pública.

#NiUnPasoAtrás. A nosotras no nos la cuentan

La Subsecretaria de Protección contra la violencia de género, recientemente trasladada al Ministerio de Justicia, Claudia Barcia, anunció el recorte del 70% del recurso humano. Luego se enteró por un mensaje que la Subsecretaría que comandaba se disuelve, renunció. 

Laporte publicó en sus redes sobre el desmantelamiento:

1. Recortar la línea 144. Hace 10 años la línea asiste a más de 920.050.
2. Se realizaron 319.168 intervenciones en casos de violencia de género.
3. Ya están paralizadas las políticas públicas de género y diversidad desde que asumió Milei.
4. Desde que asumió Milei y Barcia, se redujo el 33% de inversión en políticas de género.
5. Acompañar: tiene un 80% menos en la ejecución del presupuesto interanual. El programa está frenado.
6. No hay datos del RENNYA*, principal programa de reparación para hijos/as de víctimas. 

Se degradaron las áreas de género del país, a las que Claudia Barcia jamás quiso atender.

Pasarían sólo 100 trabajadoras a las áreas de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos dependiente de Cúneo Libarona. 

Las políticas de género ya no están en peligro, están en emergencia. 

Esta decisión es producto de la política de un Gobierno que es cruel con las mujeres y diversidades. Somos las más afectadas por todo el ajuste y recorte que está haciendo. El desmantelamiento de las políticas de género impacta en el incremento de la violencia.

No les importa el Pueblo. Porque el pueblo somos nosotras. Y ellos están devastando todo lo poquito que supimos construir. Pero, a estos señores poderosos, se les responde con la fuerza de la red de mujeres y diversidades que nuestro país supo conseguir. 

*El Régimen de Reparación Económica para Niños, Niñas y Adolescentes (RENNYA) fue creado por la Ley 27.452, sancionada en 2018. Esta es una la reparación económica con la que el Estado nacional acompaña a hijas e hijos de víctimas de femicidios, travesticidios, transfemicidios o personas fallecidas en contexto de violencia intrafamiliar o de género. Entre quienes son titulares de este derecho, la mayoría tiene entre 5 y 12 años.

En los medios, de 10 jefes editoriales, solo una y media es mujer

Por: Soledad Huespe

La desigualdad de género en las redacciones argentinas (y del mundo entero) es un desafío persistente. Sin datos demasiado actualizados (eso también habla del desinterés de algunos sectores), los medios de comunicación no son ajenos a lo que sucede en el mundo de los negocios, en la política o, incluso, en la academia. En Argentina solo el 14,4% de los medios cuentan con mujeres en posiciones jerárquicas. Analicemos algunos datos de todo lo que falta por hacer.

No está bueno que solo la efemérides por el día del y la periodista nos haga reflexionar, pero bien vale la excusa para traer el tema a la tapa de este diario (que curiosamente escapa a todas las generales de la ley). ¿Cuál es la situación de las mujeres en las redacciones argentinas? Sigue habiendo una marcada desigualdad de género, especialmente en los puestos de liderazgo.

Los números no son actuales (falta investigación en la materia), pero nos siguen representando. Un estudio realizado por el Foro de Periodismo Argentino (FoPeA) con el apoyo de Google News Initiative, a finales de 2018, arrojó luz sobre la realidad laboral de las mujeres periodistas en el país. Los resultados son contundentes: solo el 14,4% de los medios en Argentina cuentan con mujeres en posiciones jerárquicas. Esta cifra refleja una disparidad significativa considerando que las mujeres representamos una proporción sustancial de la fuerza laboral en el periodismo.

Luego de encuestar a 13.597 periodistas de 2.464 medios relevados en todo el país, otra de las conclusiones a las que arriba el estudio es que la mayoría de las mujeres periodistas experimentan una doble sensación de incertidumbre. Primero, debido a la dinámica del mercado laboral y las dificultades para vivir del periodismo. Segundo, por los cambios en el sistema de medios y los nuevos perfiles de audiencia. Solo un tercio de las periodistas encuestadas cree que tiene posibilidades de crecimiento en su trabajo actual.

El estudio también muestra que el 80% de las periodistas se capacitó en los últimos tres años, pero solo el 12% de estas capacitaciones fueron gestionadas por sus empleadores. Además, la ausencia de paridad en la distribución de beneficios y oportunidades es evidente: el 71% de las periodistas tiene un jefe varón.

La configuración simbólica del rol de las mujeres en el periodismo también es preocupante. Solo el 16% de las periodistas menciona a una mujer cuando se les pregunta por “periodistas prestigiosos”. Además, el 76% de los integrantes de las mesas directivas de los medios son hombres, lo que refuerza la brecha de género en la toma de decisiones.

Estereotipos de género en las redacciones

Otro informe, "Mujeres sin nombre" de la consultora internacional Llorente y Cuenca, señala que los hombres firman un 50% más de noticias que las mujeres. Las secciones de salud, cultura y sociedad son las únicas donde las mujeres tienen una representación cercana al 45%, mientras que en deportes, política, tecnología y economía, su presencia no supera el 25%. Estos datos reflejan la persistencia de estereotipos de género que limitan las oportunidades de las mujeres en áreas tradicionalmente dominadas por hombres.

Qué pasa en el mundo

La desigualdad de género en las redacciones no es un fenómeno exclusivo de Argentina. Un informe del Instituto Reuters en 2023 examinó 240 grandes medios en 12 mercados de cuatro continentes y encontró que solo el 22% de los puestos jerárquicos están ocupados por mujeres, a pesar de que representan el 40% de las y los periodistas. En los Estados Unidos y Finlandia, la mitad de los nuevos nombramientos en posiciones de liderazgo fueron mujeres, pero en mercados como México, la cifra es tan baja como el 5%.

Existe una leve correlación positiva entre el porcentaje de mujeres periodistas y el porcentaje de mujeres en altos cargos, pero en 11 de los 12 mercados analizados, las mujeres están subrepresentadas en los puestos de liderazgo. El consumo de noticias de medios dirigidos por mujeres varía significativamente: desde un 72% en Kenia hasta un 18% en México.

Por qué incomoda tanto que lideremos en medios

Una tiende a pensar que los estereotipos de género arraigados en nuestra cultura, que sugieren que los hombres son más aptos para roles de liderazgo y toma de decisiones, continúan influyendo en la aceptación de las mujeres en estos puestos. Por supuesto, causadas por redes informales de influencia y poder (generalmente dominadas por hombres), que juegan un papel crucial en los ascensos profesionales. 

¿Miedo a la pérdida de privilegios? ¿Subestimación de las mujeres? Puede ser un poco de cada cosa, pero también, temor a mostrar una agenda mediática diversa, que incluya realidades que no estamos habituados a ver (y a la que muchos prefieren mantenerse ajenos).

Fuente: Infonegocios