Rosario ya es "Ciudad que Promueve la Convivencia en la Diversidad y Libre de Discursos de Odio"

La iniciativa del concejal Damián Pullaro fue aprobada por el Concejo Municipal el 6 de agosto. La Ordenanza Nº 10.924 fue promulgada el 20 de agosto por el intendente Pablo Javkin, junto a la secretaria de Igualdad, Género y Derechos Humanos, Mónica Ferrero, y el secretario de Control y Convivencia, Diego Herrera. Este miércoles 9 de septiembre fue publicada en el Boletín Oficial y entró formalmente en vigencia

Rosario incorporó formalmente a su marco normativo una política específica de prevención y abordaje de los discursos de odio. La Ordenanza Nº 10.924, aprobada por el Concejo Municipal el pasado 6 de agosto, fue promulgada el 20 de agosto y publicada este miércoles 9 de septiembre en el Boletín Oficial municipal y declara formalmente a Rosario como "Ciudad que Promueve la Convivencia en la Diversidad y Libre de Discursos de Odio".

La iniciativa fue presentada por el concejal de Unidos Damián Pullaro y había sido analizada por las comisiones de Igualdad, Género y Derechos Humanos y de Gobierno.

Al defender el proyecto en el recinto, Pullaro destacó que el objetivo es fortalecer la convivencia en una ciudad "plural, diversa e inclusiva" y remarcó que la ordenanza no establece sanciones ni restricciones a la libertad de expresión.

"Esta ordenanza busca fortalecer la convivencia, esta ciudad que es plural, diversa e inclusiva. Cabe destacar, para dejarlo claro, que no genera sanciones ni restringe derechos. Tampoco limita de ningún modo la libertad de expresión. Solo busca generar políticas de prevención, sensibilización y educación para fomentar el respeto", sostuvo.

Y agregó que la norma apunta a que el Estado municipal cuente con herramientas para actuar de manera preventiva: "De alguna manera, buscamos que el Estado tenga herramientas para prevenir estas cuestiones y que nadie tenga que padecer discursos de odio".

Una política centrada en la prevención
Uno de los puntos centrales de la nueva normativa es que no reemplaza el régimen antidiscriminatorio vigente en Rosario, sino que busca complementarlo con herramientas preventivas.

La ordenanza toma como antecedente la Ordenanza Nº 6.321/96 y sus modificatorias, entre ellas las Ordenanzas Nº 7.946/05 y Nº 8.299/08. Ese marco garantiza el derecho a ser diferente, prohíbe actos discriminatorios en espacios públicos y privados con acceso al público, establece sanciones en el Código Municipal de Faltas y dispone que el municipio desarrolle campañas periódicas de promoción de derechos.

La nueva norma incorpora específicamente la dimensión preventiva de los discursos de odio, tanto en el espacio público como en los entornos digitales. La iniciativa plantea que estas acciones funcionan como una instancia previa frente a actos discriminatorios que ya están contemplados por la legislación vigente.

Según los fundamentos de la ordenanza, los discursos de odio son expresiones que pueden promover, incitar o justificar la violencia, la discriminación o la exclusión contra personas o grupos por razones vinculadas con su identidad, orientación sexual, género, religión, nacionalidad, etnia, condición socioeconómica, discapacidad u otras características.

El texto advierte, además, que estas expresiones pueden generar condiciones propicias para la violencia simbólica, institucional y física, así como afectar la convivencia democrática y el tejido social.

Qué entiende Rosario por "discurso de odio"
El artículo 3º establece una definición concreta. La ordenanza considera discurso de odio a:

"Toda forma de expresión, comunicación o comportamiento —oral, escrito, simbólico o gráfico— que promueva, incite o justifique la discriminación, hostilidad o violencia contra una persona o grupo en razón de su identidad o condición".

Entre las condiciones mencionadas por la norma figuran el origen étnico, la nacionalidad, el género, la orientación sexual, la religión, la edad, la discapacidad y la condición socioeconómica, entre otras.

Los fundamentos también toman como referencia la definición de "discurso de odio" utilizada por la Organización de las Naciones Unidas y las obligaciones asumidas por Argentina mediante tratados internacionales, entre ellos la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, que cuenta con jerarquía constitucional.

En ese marco, la ordenanza reconoce que la libertad de expresión es un derecho fundamental garantizado por la Constitución Nacional, pero sostiene que no es absoluta y que encuentra límites en la protección de los derechos de terceros y el orden público.

Campañas, barrios, escuelas y redes sociales
La norma no se limita a una declaración institucional. El artículo 4º establece que el Departamento Ejecutivo deberá promover y articular acciones destinadas a fortalecer la convivencia y el respeto en la diversidad.

Entre las medidas previstas se encuentran:

• campañas de sensibilización y educación ciudadana;
• acciones territoriales en barrios, instituciones educativas y espacios comunitarios;
• estrategias de prevención y abordaje de la violencia simbólica y la discriminación;
• promoción de buenas prácticas en entornos digitales;
• recuperación y puesta en valor de espacios públicos afectados por expresiones de odio o discriminación.

Además, el municipio queda autorizado a celebrar convenios con organismos públicos, instituciones educativas, universidades, organizaciones de la sociedad civil y actores del sector privado.

La ordenanza también invita a instituciones educativas, medios de comunicación, plataformas digitales y organizaciones sociales a adherir a sus principios y promover prácticas responsables, inclusivas y respetuosas en la comunicación pública.

El antecedente de Santa Fe y Paraná
Entre los fundamentos del proyecto se menciona que otras ciudades de la región ya avanzaron en políticas específicas frente a la problemática.

La ordenanza destaca el caso de Santa Fe, que declaró su territorio como "Ciudad Libre de Discursos de Odio", y el de Paraná, que se declaró "Ciudad Libre de Discriminación".

En ese marco, la iniciativa rosarina busca profundizar las políticas locales de promoción de los derechos humanos, inclusión social y participación ciudadana. También plantea complementar los objetivos establecidos por el Decreto Nº 68.305, de autoría del concejal mandato cumplido Hernán Calatayud, mediante el fortalecimiento de las herramientas institucionales destinadas a prevenir y erradicar manifestaciones de odio o discriminación en la ciudad.

Concejales de La Libertad Avanza votaron en contra
El proyecto no tuvo el acompañamiento de todo el cuerpo. Cuatro concejales de La Libertad Avanza presentes en la sesión votaron en contra, mientras que la quinta integrante del espacio se ausentó.

Durante el debate, el concejal Lautaro Enríquez adelantó el rechazo de su bloque y aclaró que la posición no implicaba una oposición al respeto por los demás ni al combate contra la discriminación, sino la consideración de que ya existe normativa suficiente sobre la materia.

"Nosotros en sí no estamos en contra de la iniciativa. Más bien creemos en el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo", señaló.

Enríquez sostuvo además que la problemática ya está contemplada por tratados internacionales y por programas que, según afirmó, se encuentran actualmente en ejecución.

"El tema ya está regulado también por jerarquía constitucional. Hay tratados internacionales a los que adherimos como país por el mismo tema. Incluso hay programas en ejecución, con presupuesto de este año, de la Secretaría de Igualdad referidos al tema", afirmó.

Por ese motivo, explicó que el rechazo del bloque respondía a que consideraban innecesaria una nueva normativa.

"No es por estar en contra del tema, de la esencia del proyecto en sí, sino simplemente porque creemos que es más normativa sobre lo mismo. Ya hay un montón de programas y normativa vigente; lo consideramos innecesario", sostuvo.

Cómo fue la votación
La Ordenanza Nº 10.924 fue aprobada por 18 votos a favor, 4 en contra y 6 ausencias.

Entre los concejales que acompañaron la iniciativa estuvieron Leonardo Caruana, Fabrizio Fiatti, María Fernanda Gigliani, Sabrina Prence, María Fernanda Rey, Agustina Gareis, Carolina Labayru, Norma López, Alicia Pino, Damián Pullaro, Mariano Romero, María Eugenia Schmuck, Pablo Basso, Julián Ferrero, Pablo Gavira, María José Poncino, Lucas Raspall y Antonio Salinas.

En contra votaron los concejales de La Libertad Avanza Juan Pedro Aleart, Samanta Arias, Lautaro Enríquez y Franco Volpe.

En tanto, se registraron seis ausencias: Federico Lifschitz, Juan Monteverde, Anahí Schibelbein, Anabel Lencina, Ana Laura Martínez y Manuel Sciutto.

Una nueva herramienta de prevención
Con la sanción de la Ordenanza Nº 10.924, Rosario incorpora a su marco normativo una política específica de prevención y abordaje de los discursos de odio. La norma establece acciones de sensibilización y educación, intervenciones territoriales, estrategias frente a la violencia simbólica y la discriminación, promoción de buenas prácticas en entornos digitales y recuperación de espacios públicos afectados por expresiones discriminatorias.

El artículo 2º sintetiza el objetivo de la nueva normativa al declarar a Rosario "Ciudad que Promueve la Convivencia en la Diversidad y Libre de Discursos de Odio".

De esta manera, el municipio suma una política preventiva al régimen antidiscriminatorio ya vigente, con el foco puesto en la convivencia democrática, la diversidad y la protección de derechos, sin establecer nuevas sanciones ni restricciones a la libertad de expresión.

La Justicia parió una condena que tardó 13 años en revisar

En diálogo con Señales, Pate Palero, directora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir, analiza el caso de Paola Ortiz, quien después de más de 13 años presa recuperó la libertad. Había sido condenada a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo tras atravesar un parto en avalancha, sin asistencia médica y en un contexto de extrema vulnerabilidad. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba revisó aquella sentencia, reconoció que no había sido juzgada con perspectiva de género y fijó una pena equivalente al tiempo que ya había cumplido. Para Palero, el caso expone los prejuicios que todavía pesan sobre las mujeres cuando la Justicia mira una emergencia obstétrica como si fuera un delito.

Una historia que apareció casi por casualidad
Paola Ortiz estaba presa desde hacía más de una década cuando su historia llegó, casi de casualidad, a las abogadas de Católicas por el Derecho a Decidir. Ellas realizaban una investigación sobre determinadas sentencias cuando encontraron su expediente. Lo leyeron y algo empezó a resultar evidente: allí podía haber una injusticia.

"Es una mujer que nunca fue escuchada en el juicio", cuenta Pate Palero. La defensa oficial, según reconstruye, había sido deficiente y no había apelado ninguna de las instancias. Para una mujer pobre, con poco conocimiento sobre sus derechos y atravesada por una situación de extrema vulnerabilidad, aquella maquinaria judicial había avanzado sin detenerse demasiado a escuchar qué había sucedido.

Era 2012. La perspectiva de género todavía no estaba instalada en la Justicia, y mucho menos había logrado atravesar de manera transversal las decisiones judiciales. Hoy, admite Palero, esa batalla continúa: todavía cuesta incorporar esa mirada en cada expediente, en cada sentencia, en cada interpretación.

Las abogadas comenzaron entonces a vincularse con Paola y a reconstruir su historia.

En el centro estaba un parto ocurrido de manera abrupta. Paola ya tenía tres hijos. Pero ser madre no significaba, como se desprendía de la mirada que terminó imponiéndose sobre ella, estar naturalmente preparada para resolver un parto en cualquier circunstancia.

"Eso no nos da un seminario de maternidad por sí", plantea Palero. El nacimiento había ocurrido, según el relato de Paola y la descripción de uno de los peritos, "en avalancha": sin un aviso previo, como una situación que se precipitó de golpe y que ella no pudo tramitar. Paola sostuvo que el nacimiento había sido sin vida y que la experiencia había sido profundamente traumática.

A pesar de ese relato, terminó acusada de haber matado al producto de aquel parto.

El expediente y los prejuicios
La acusación por homicidio agravado por el vínculo se apoyó, explica Palero, en relatos de un policía y estuvo atravesada por una serie de prejuicios y mandatos acerca de lo que se supone que una mujer debe ser y hacer.

No se trataba solamente de determinar qué había ocurrido durante aquel parto. También parecía operar una idea previa sobre quién debía ser Paola.

Una mujer —y especialmente una madre— debería saber. Debería poder. Debería cuidar. Debería responder. Debería comportarse de acuerdo con aquello que se espera de ella.

En esa mirada también aparecen otros estereotipos: que las mujeres mienten, que siempre esconden una segunda intención, que sus relatos son sospechosos o que detrás de determinadas conductas puede haber algo perverso.

Palero encuentra incluso una raíz mucho más antigua en esa forma de observar a las mujeres. Menciona el Malleus Maleficarum (El martillo de las brujas), el tratado sobre la brujería escrito por dos frailes dominicos y publicado en Estrasburgo en 1487, históricamente asociado con la persecución de las mujeres acusadas de brujería. Según sostiene, algunas de las imágenes allí construidas dejaron una huella perdurable en el derecho occidental: la mujer asociada con la maldad, la brujería, las intenciones ocultas y el engaño.

"Todas esas cosas me parece que en algunos casos, como en este, persisten para mirar a las mujeres", dice. Paola, mientras tanto, había quedado atrapada en esa mirada.

Pobre, sin una defensa adecuada, con escaso conocimiento de sus derechos y sin posibilidades reales de revertir lo que estaba ocurriendo, terminó estigmatizada por la sociedad y por los medios. Era, además, un pueblo pequeño. La condena tuvo una dimensión social que excedió el expediente judicial.

En 2015 recibió prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo. La sentencia quedó firme.

Lo que la primera sentencia no quiso -o no pudo- ver
Cuando las organizaciones llegaron a la causa, el problema ya no era solamente qué había ocurrido en aquel parto. La pregunta era qué elementos habían quedado afuera de la mirada judicial.

La revisión impulsada por sus abogadas, Rocío García Garro y Julia Luna, y acompañada por organizaciones feministas, de derechos humanos y académicas, puso sobre la mesa una dimensión que la condena original no había considerado adecuadamente: las condiciones concretas en las que vivía Paola.

La pobreza. La violencia. La dependencia económica y habitacional. La ausencia de redes de apoyo. Las circunstancias propias del parto y del puerperio. La desigualdad estructural. Los mandatos de género relacionados con la reproducción. Todo eso, plantea Palero, debía formar parte de la historia.

No se podía analizar una emergencia obstétrica como si hubiera ocurrido en el vacío.

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba revisó finalmente aquella condena y reconoció que la sentencia original no había incorporado una perspectiva de género. No absolvió a Paola, pero modificó sustancialmente la pena.

Fijó una condena de 13 años, 9 meses y 26 días: exactamente el tiempo que ya había pasado privada de su libertad. La consecuencia fue inmediata. Paola recuperó la libertad. Para quienes la acompañaron, fue una reparación importante, aunque incompleta.

Porque el tribunal no se pronunció sobre una cuestión central para las organizaciones: el nacimiento sin vida que Paola había relatado. Y por eso, explica Palero, están evaluando si ese aspecto puede ser llevado a otras instancias internacionales.

La posición de quienes la acompañan sigue siendo contundente: sostienen que Paola no es culpable.

La madre que la sociedad espera
El caso vuelve una y otra vez sobre una pregunta incómoda: ¿qué significa ser una "buena madre" y quién decide cuándo una mujer cumplió con ese mandato?

Palero responde desde una tradición de décadas de feminismo y organización de mujeres. Los estereotipos, dice, no desaparecen porque cambien las leyes. Siguen presentes en la cultura y también en quienes interpretan y aplican esas leyes.

Está la idea de que las mujeres deben ser madres en cualquier circunstancia. Que tienen que estar al servicio del cuidado. Que deben ser sumisas, calladas y obedientes, especialmente frente a figuras masculinas. Que lo doméstico y el cuidado son atributos naturales de las mujeres. Pero nada de eso es natural, sostiene.

Son construcciones culturales. Y aunque tienen una enorme fuerza, también pueden modificarse.

Palero vincula esos mandatos con un modelo capitalista y patriarcal que históricamente invisibilizó el trabajo doméstico y reproductivo de las mujeres, sin reconocer su verdadero peso en el funcionamiento de la sociedad.

En el caso de Paola, esos mandatos terminaron convirtiéndose en una vara con la que se midió su comportamiento. "Paola es una simple mujer de barrio que hizo lo que pudo con su realidad", dice Palero. Y fue castigada, agrega, desde una mirada "muy androcéntrica, muy patriarcal".

Trece amicus curiae y una pelea colectiva
La revisión de la condena no fue obra de una sola organización ni de una sola persona. Detrás del expediente se desplegó un trabajo colectivo.

Fueron 13 los amicus curiae que llegaron al proceso. Participaron organizaciones como el CELS, Amnistía Internacional, ELA e Innocence Project, además de organizaciones locales e internacionales y especialistas que aportaron argumentos para mirar el caso desde distintas perspectivas.

Palero destaca especialmente esa articulación.

No lo presenta como un gesto de falsa humildad. Para ella, la intervención colectiva es una de las fortalezas históricas del movimiento feminista y de derechos humanos: organizaciones diferentes que ponen en común saberes, experiencias y herramientas para intervenir allí donde una injusticia necesita ser revisada.

El propio tribunal tomó argumentos de esos amicus curiae. "Esa es una construcción de capital intelectual que el movimiento le ha dado a las democracias", sostiene Palero. Y esa construcción también explica por qué un caso como el de Paola consigue trascender sus propios límites.

Porque Paola no es la única.

Paola y Belén: cuando una emergencia llega al fuero penal
Palero menciona el caso de Belén. Son historias diferentes, aclara, pero tienen algo en común: ambas muestran cómo una emergencia obstétrica puede terminar convertida en una causa penal contra una mujer. La comparación permite mirar más allá de un expediente concreto.

¿Qué sucede cuando una mujer atraviesa una situación vinculada con el embarazo, el parto o el puerperio y la primera respuesta institucional no es comprender el contexto, sino sospechar, investigar y castigar? Para Palero, allí aparece un problema estructural.

También observa con preocupación el discurso actual sobre las llamadas "falsas denuncias", que considera una construcción falaz que continúa operando y que puede contribuir a naturalizar injusticias y desigualdades más amplias.

Por eso, la discusión sobre Paola no termina con Paola. La pregunta es qué tiene que cambiar para que la próxima emergencia obstétrica no vuelva a transformarse en una acusación penal.

Los derechos no se regalan
Palero ubica esta discusión dentro de una historia más larga. Argentina se prepara para el 39.º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades en Córdoba, pero el movimiento de mujeres tiene una historia mucho más extensa que la de los encuentros.

Durante décadas, esa construcción plural, federal e intergeneracional consiguió transformar demandas en leyes y construir un marco normativo que hoy resulta fundamental.

Pero hay algo que también aprendieron en el camino: las leyes no se defienden solas. Los derechos deben sostenerse todos los días, en cada lugar y frente a cada contexto. Deben ser defendidos y argumentados porque son conquistas, no concesiones.

Y cada conquista, dice Palero, implica también disputar privilegios de sectores que históricamente tuvieron ventajas sobre otros.

Por eso, en un momento en que existe un fuerte cuestionamiento al sistema político, entiende que también hay que "poner el ojo en la Justicia". El caso Paola obliga justamente a mirar allí.

Una libertad que todavía tiene que reconstruirse
Pate Palero vio a Paola personalmente el día anterior a la conversación. La encontró fuerte. "Increíblemente fuerte", repite. 

Después de más de 13 años en prisión, ahora tiene que reconstruir su vida. Volver a armar su contexto. Recuperar vínculos. Recomponer una cotidianeidad que quedó suspendida durante más de una década.

Pero algo ya estaba allí. Los vínculos. Algunos construidos antes de la prisión. Otros nacidos dentro del penal. También las compañeras con las que compartió esos años y que ahora, algunas de ellas, ya recuperaron su propia libertad.

Paola está tejiendo nuevamente esa red. Palero habla entonces de una "resiliencia popular". Una cultura popular que resiste, que acompaña, que construye vínculos incluso en los lugares más adversos.

Se emociona cuando lo cuenta.

Quizás porque en esa imagen aparece algo que no figura en ninguna sentencia: una mujer que, después de haber sido convertida durante años en un expediente, vuelve a ser una persona que tiene que reconstruir su vida.

La Justicia modificó su condena. Le permitió salir de prisión. Reconoció que aquella primera sentencia había sido dictada sin perspectiva de género y que las condiciones de vulnerabilidad habían sido insuficientemente consideradas.

Pero todavía quedó una pregunta abierta sobre el fondo de la acusación.

Por eso, para quienes acompañan a Paola, su libertad no representa el final de la historia. Representa apenas un punto de inflexión.

También una advertencia: una emergencia obstétrica no puede ser analizada separada de las condiciones sociales, económicas y culturales en las que ocurre. Y una mujer no debería ser juzgada por no haber encarnado el modelo de maternidad que otros construyeron para ella.

En esa disputa se juega algo que excede el nombre de Paola Ortiz. Se juega la posibilidad de que la próxima mujer que atraviese una emergencia obstétrica sea escuchada antes de ser sospechada, comprendida antes de ser estigmatizada y juzgada con todas las circunstancias de su historia sobre la mesa. 

Porque, como insiste Palero, ninguna emergencia obstétrica debería ser considerada automáticamente un delito. Como mínimo, debe ser entendida en el contexto de la desigualdad estructural y de los mandatos patriarcales que todavía pesan sobre la reproducción.

Paola ya está afuera.

Ahora queda por ver qué hará la Justicia con todo lo que su historia volvió a poner delante de sus ojos.

Escuchá la entrevista completa:

Gaby Banach, una vida de lucha y un andamio para las que vienen

Gabriela Denisse Banach, activista trans de 47 años y militante por los derechos de las personas trans y del colectivo LGBTI, fue asesinada en su departamento del centro de Rosario. Hay un joven detenido que será imputado en las próximas horas. Mientras la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió, sus amigas y compañeras recuerdan en Señales una militancia hecha de gestos concretos: conseguir documentos, acompañar trámites, reclamar viviendas, defender el acceso al trabajo y abrir caminos para quienes venían detrás.

Entre la memoria de sus compañeras y el reclamo de justicia aparece una paradoja que atraviesa su historia: Gaby construía redes para sostener a otras mientras ella misma necesitaba que alguien la ayudara.

El 11 de agosto de 2026, Gabriela Denisse Banach fue encontrada sin vida en su departamento de Cerrito al 600, en el barrio República de la Sexta de Rosario. Tenía 47 años. Su cuerpo presentaba signos de violencia y la autopsia determinó que la causa de muerte fue un traumatismo de cráneo. La investigación fue caratulada como homicidio y, según informó la Fiscalía, un joven de 24 años fue detenido y será imputado en las próximas horas.

La noticia volvió a sacudir a una comunidad acostumbrada a contar pérdidas, pero también a reconstruir una y otra vez las historias de quienes dedicaron buena parte de su vida a abrir caminos para otras.

Banach había sido una de las militantes trans alcanzadas por la reparación destinada a quienes fueron perseguidas por la policía durante la vigencia de los códigos contravencionales. Desde el Archivo por la Memoria Travesti Trans de Santa Fe exigieron justicia y señalaron el hecho como un presunto transfemicidio. También remarcaron una dimensión central de su militancia: la pelea por el acceso a una vivienda, al trabajo y a condiciones de vida dignas para las personas travestis y trans.

La Fiscalía investiga las circunstancias del crimen y deberá determinar, entre otras cuestiones, cuál fue la motivación del ataque. Organizaciones de la diversidad reclamaron que el caso sea investigado como un crimen de odio.

En Rosario, la noticia fue recibida con dolor por quienes compartieron con Gaby años de militancia, discusiones, proyectos y afectos. Entre esas voces está Cristina Martínez, amiga de Banach, quien al hablar públicamente sobre su muerte no pudo evitar que la emoción quebrara su relato.

Para ella, Gaby no podía ser definida simplemente como un "ser de luz". Había sido algo más complejo y más humano: una presencia intensa, frontal, amorosa y muchas veces incómoda.

"Hola, buen día a todos los oyentes de Señales, soy Cris Martínez, orgullosa amiga de Gaby Banach, a quien nos arrebataron esta semana, voy a pedir disculpas porque me voy quebrando mientras hablo de ella porque tengo mucha bronca, mucha tristeza, queríamos mucho, las dos nos queríamos mucho y eso es un montón, en este mundo horrible que nos toca vivir es un montón.

La Gaby, no voy a decir que la Gaby era un ser de luz porque eso como que remite a algo muy romántico y la Gaby era luminosamente intensa, eso era Gaby, luminosamente intensa, luminosamente peleadora, luminosamente jodida por momentos, pero siempre fue ella, siempre fue la que conocimos sin filtro, decía cosas durísimas pero también decía cosas amorosas y hacía cosas amorosas, a veces sin contarlo nos enterábamos de cosas que ella hacía.

En su despedida ayer, en una de las tantas despedidas en las que estuve, escuché muchos testimonios de todo lo que ella hizo por un montón de gente, cada quien que llegaba decía a mí la Gaby me hizo el documento, a mí la Gaby me consiguió ropa, a mí la Gaby me hizo este trámite, a mí la Gaby hizo maravillas, hizo lo que un montón de Estado junto no hace y lo hizo sola, porque encima por eso era jodida, porque hacía muchas cosas sola, se cortaba sola, pero las hacía igual.

También ayer, mientras compartía estas despedidas varias en las que estuve, porque no podía despedirla sola, porque si no, no hubiera podido remontar el día, encontré un montón de compañeras, generaciones jóvenes de travestis y de trans, que seguramente lo saben, pero no sé si dimensionan el camino que ella y otras muchas compañeras, pero ahora estamos hablando de Gaby, han armado como amoroso andamio por el que pueden circular, para ser más felices, para estar más seguras, para tener menos miedo, para ser más respetadas, y eso también es un montón.

Porque no se fijaba solamente en las conquistas que a ella le hacían bien, sino que pensaba en el futuro, con su participación en el proyecto de las viviendas para la comunidad travesti y trans, en la que estaba trabajando, puteaba mucho contra las injusticias que a veces se cometían con el cupo laboral trans, las discrecionalidades, y tenía razón.

Bueno, me pasaría toda la mañana hablando de la hermosa Gaby Banach, que ahora se nos fue, pero no quiero quebrarme más. Todos quienes tuvimos la dicha de conocerla, hoy la extrañamos, la amamos siempre, y lo que pedimos es justicia. Gaby Banach, presente ahora y siempre".

Las palabras de Martínez permiten reconstruir una parte de la dimensión cotidiana de aquella militancia. No se trataba solamente de grandes consignas o de conquistas institucionales. También estaba el acompañamiento concreto: ayudar a conseguir un documento, buscar ropa, resolver un trámite, abrir una puerta, acercar una solución.

En el relato de su amiga, Banach hacía por otras personas aquello que muchas veces el Estado no lograba hacer, y lo hacía desde un lugar marcado por la urgencia y por una personalidad que no parecía dispuesta a esperar demasiado.

Esa misma forma de entender la militancia aparece asociada a una preocupación que excedía las necesidades inmediatas. Banach participaba de un proyecto de viviendas destinado a la comunidad travesti y trans y cuestionaba las injusticias y discrecionalidades que, según sus compañeras, podían aparecer en la aplicación del cupo laboral trans.

La pelea no terminaba en conseguir un derecho para sí misma: estaba puesta también en las condiciones de vida de quienes llegarían después.

Por eso, para Martínez, la imagen del "amoroso andamio" resulta especialmente significativa. Un andamio construido por generaciones de militantes para que las más jóvenes pudieran transitar una vida con algo más de seguridad, menos miedo y mayor reconocimiento.

Una militante que también pedía ayuda

En esa misma trama de memoria, resistencia y solidaridad aparece Mariana Fernández (foto), conocida cariñosamente como "La Choco" o "La Chocolate". Nacida en Goya, Corrientes, en 1961, creció en Rosario y construyó allí un extenso recorrido como militante travesti por los derechos de las diversidades.

Su historia personal está atravesada por la persecución, la discriminación y la violencia policial, particularmente durante los años de la última dictadura cívico-militar.

Fernández comenzó su militancia siendo muy joven. Tenía 15 años cuando empezó a vestirse con tacos y a reconocerse públicamente como travesti. Desde entonces, su historia quedó ligada a la de tantas otras personas travestis que durante décadas tuvieron que enfrentar la exclusión, la violencia y la persecución simplemente por expresar su identidad.

La Choco tiene cinco hijos y nietos y suele destacar especialmente el vínculo y el amor hacia su familia. Esa dimensión afectiva convive con una extensa trayectoria de trabajo comunitario. Durante la pandemia de COVID-19 creó el Comedor Candela, en barrio Acindar de Rosario, desde donde llegó a brindar comida a más de 200 personas del barrio y sus alrededores.

Su militancia también se convirtió en una forma de preservar una memoria que durante mucho tiempo permaneció silenciada. En 2021 y 2022 participó de encuentros y actividades públicas en los que contó su experiencia y recuperó las historias de quienes fueron víctimas de la persecución y la violencia contra las personas travestis y trans.

En 2023 llevó esa trayectoria al terreno electoral y se presentó como candidata a concejala de Rosario, trasladando al ámbito político una militancia que durante décadas había construido desde la calle, las organizaciones y el trabajo comunitario.

La historia de Mariana Fernández y la de Gabriela Banach pertenecen a generaciones y recorridos diferentes, pero se encuentran en un mismo territorio de lucha. Son historias atravesadas por la necesidad de sobrevivir a la violencia y, al mismo tiempo, por la decisión de transformar esa supervivencia en organización, solidaridad y derechos para otras.

Cuando La Choco habla de Gaby, la palabra solidaridad aparece una y otra vez. También la bronca. La tristeza. Y una pregunta que atraviesa todo su relato: qué tendría que haber ocurrido antes para que Gaby estuviera viva.

Fernández recuerda a Banach como "una loca linda", de esas personas capaces de hacer reír y enojar casi en la misma conversación, pero también como una militante que nunca limitó su lucha a los derechos de las compañeras travestis y trans.

"Era una persona maravillosa que solo no peleaba por los derechos de las compañeras, peleaba por todos los derechos de la gente".

La imagen que conserva de ella es la de una mujer que no esperaba sentada. Salía a buscar, organizaba comida, acompañaba a quienes necesitaban ayuda y se involucraba con los problemas de los barrios, de los jóvenes y de las personas que estaban en situación de calle.

"Disculpame porque acordarse de Gaby es algo muy fuerte porque fue una persona muy fuerte para nosotros y muy querida con su locura, con todo lo que ella representaba. Era una persona muy querida, muy querida, de verdad, muy querida. Y esa era Gaby, una persona que no solo, como te dije, defendía los derechos, defendía todos los derechos de los barrios, de los jóvenes, de las personas que estaban en la calle.

Ella no dormía, siempre se quejaba porque no podía hacer muchas cosas que a ella le gustaría hacer. Cuando uno se recuerda a Gaby se le cae una lágrima, de verdad, porque fue injusta esta muerte de una compañera que no merecía ser asesinada y perder la vida así como perdió ella y perdieron muchas compañeras".

En esa descripción aparece una contradicción que, para Fernández, resulta fundamental para entender la vida de Banach: mientras ayudaba a otras, ella misma atravesaba situaciones de vulnerabilidad.

En los días posteriores a su muerte, entre los testimonios de sus compañeras comenzaron a aparecer referencias a problemas de consumo, dificultades vinculadas con la salud mental, falta de trabajo y la imposibilidad de acceder a una vivienda digna. Banach, recuerda Fernández, había golpeado puertas y pedido ayuda.

"Con todo lo que estaba pasando, ella siempre ayudaba. Si tenía problemas de consumo, esa maldita droga que nos atraviesa a nosotras por ser inmunes, a todos, a todos nos atraviesa. ¿Por qué? Porque nosotras somos personas que tenemos derecho a vivir.

Nosotras las grandes viejas travestis luchamos para que una generación no caiga como nosotros caemos. Nosotros como travestis tampoco tenemos oportunidad de trabajo, no tenemos oportunidad de tener una casa linda. A nosotros nos alquilan una casa, alquilan una pieza con humedad el triple por ser travesti.

Mira todo lo que nos cuesta, todo lo que Gaby atravesó, no tendría que haber atravesado porque somos seres humanos y hay muchas compañeras que siguen atravesando este camino. Generación nueva. Esa era la lucha de Gaby, la lucha de todas las viejas travestis".

La pregunta sobre qué podía haberse hecho antes de que ocurriera el asesinato conduce, para Fernández, hacia el Estado. Su lectura es que la muerte de Banach no puede analizarse solamente como el resultado de una situación individual ni separarse de las condiciones estructurales en las que viven muchas personas travestis y trans.

"Claro, un Estado que no lo escuchaba. Nosotras, ¿sabe cómo vivimos? Ojalá que todo el mundo escuche esto. ¿Cómo vivimos con una caja de mercadería? Un Estado cree que nosotras somos una caja de mercadería.

No nos quejamos porque tampoco podemos quejarnos, ¿me entendés? No nos quejamos porque somos travestis. Nosotras cuando hicimos, la gente dice, salieron por la tele, pero quisiéramos salir de otra manera, o sea decir que nos están dando una vivienda, que nos están dando cosas como para vivir dignamente.

Y decían abajo, murió un hombre, yo creo que acá el sexo no importa, murió una persona querida, un ser humano. Yo no sé por qué esta sociedad y un Estado nos abandonan. Somos seres humanos que nos gustaría vivir dignamente con un trabajo, con una casa con baño, no una casa prestada, en esa casa que uno sufre mucha discriminación".

Fernández vuelve entonces sobre una idea que considera central: Banach no solamente necesitaba ayuda, también la había pedido. Y, según su relato, no encontró una respuesta adecuada.

La ausencia de espacios de acompañamiento para personas que atraviesan consumos problemáticos se vuelve, en su testimonio, parte de una cadena de vulnerabilidades que termina dejando a muchas compañeras en la calle.

"A lo mejor yo, vos me querrás hacer una pregunta, pero es tanta la bronca que tenemos con esta muerte que se podía evitar porque Gaby, así como ayudaba, ella también pedía ayuda. Pero no hay un lugar para nosotras como para que nos puedan ayudar con la droga. No hay lugar, el lugar que hay es de noche y de día, te largan a la calle, como no tenemos donde ir a dormir y estamos en la calle también con peligro porque de día está la droga, están los clientes, está el peligro hacia nosotras".

Para La Choco, la falta de respuestas no empieza ni termina en el consumo problemático. Forma parte de una historia más extensa de exclusión. En su relato, la vivienda, el trabajo, la seguridad, el acceso a la salud y el derecho a caminar por la calle sin ser objeto de burlas o agresiones aparecen como partes de una misma deuda.

"Bueno, eso es lo que estoy diciendo, no hay respuesta para las compañeras, hay respuesta con una caja de mercadería, esas respuestas es que no hay, esas respuestas y cuando estamos muertas ahí aparecen a decir, uy, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Por eso por nosotras, por ser travesti, no tenemos respuesta, no tenemos lugar en esta sociedad.

Y yo me pregunto por qué, porque si somos todos iguales, lloramos, sufrimos, somos todos el humano que tenemos derecho a vivir.

Pero así como se le cerró la puerta a esta compañera, ella seguía peleando para el derecho de la juventud, porque así como le pasó a Gaby, hay montones de compañeras que están pasando el mismo sufrimiento de la droga, de no tener donde vivir, de vivir en la calle, pero ¿por qué? No entiendo por qué esta sociedad nos castiga, no podemos caminar por la calle libremente, se nos ríe, se nos burla, es más, hay cuando un montón de cosas dijeron sobre nosotras, pero ¿por qué tanto odio? Si nosotros ¿a quién le hacemos mal?

Yo estoy hablando con vos hoy, pero yo cuando apaga esto, cada uno hace su vida, o sea que yo te estoy diciendo que nosotros no, ¿por qué que nosotros no vivimos la vida con las personas? Pero ellos sí viven la vida con nosotros porque no hacen sufrir, no hacen llorar, no hacen escondernos, no hacen tener miedo.

Eso luchaba Gaby por una vida distinta, por una dignidad de trabajo distinta, por una vivienda, por tener un respeto, por eso peleaba la Gaby, por eso ella no se quedaba".

Lo que se sabe y lo que cuentan sus compañeras
En medio de ese relato aparece también la versión que circula entre las compañeras sobre lo ocurrido la noche en que Banach fue asesinada.

Fernández aclara que no estuvo allí y que habla a partir de lo que pudo conocer después. Su explicación se enlaza con otra de las dimensiones que considera determinantes en la vida de muchas travestis: la carencia afectiva y la necesidad de encontrar vínculos en un contexto de soledad y exclusión.

"Sí, la versión, ¿saben qué? Nosotras somos carentes de amor, te voy a contar, somos carentes de amor, y la necesidad de amor para nosotras es mucha, porque nadie nos da amor, un abrazo, una caricia, un momento, pero nosotras, por eso eso es lo que nos pasa, encontramos a una persona que nos da un cariño, y sin saber que llevamos un enemigo dentro de nuestra casa, nos matan.

Lo único que sé es que este chico se encontraba, no se vieron, y bueno, se ve que se fueron frecuentemente, este chico con esa intención de querer robarle algo, porque nos quieren robar, aparte que nos roban el alma, el corazón, nos matan, entonces le robaron el televisor y se habrá luchado, le habrá dado un golpe y murió.

Pero mirá qué asesinato, qué maldad, dicen que no es una muerte de odio, yo creo que fue una muerte con mucho odio, porque cuando la mataron le siguieron cortando, la siguieron lastimando, a Gaby no se le reconocía, no se le reconocía, eso es un odio porque, no sé cómo decir, pero creo que si le da un golpe a alguien y se desmayó, bueno, ya está, basta, no, la siguieron matando, la siguieron cortando, la siguieron lastimando, ese es un caso de odio, ese chico la odiaba".

La investigación deberá determinar qué ocurrió aquella noche y cuál fue la motivación del crimen. La detención de un joven de 24 años, localizado a partir del análisis de cámaras de seguridad, abrió una nueva etapa en la causa. Según informó la Fiscalía, el detenido será llevado a audiencia imputativa en las próximas horas.

La discusión sobre una posible calificación como transfemicidio o crimen de odio coloca el caso frente a una pregunta que excede la reconstrucción de las últimas horas de la víctima: si detrás de la violencia existió también un componente de odio hacia su identidad de género. Organizaciones de la diversidad reclamaron que esa dimensión sea contemplada en la investigación.

Para sus compañeras, esa dimensión no puede quedar al margen. Porque la muerte de Gaby no aparece aislada, sino inscripta en una historia de agresiones, discriminación y vulnerabilidad que La Choco conoce desde hace décadas y que, justamente, Banach había intentado transformar.

Por eso Fernández vuelve, una y otra vez, a la misma imagen: Gaby ayudando a otras aun cuando ella misma necesitaba que alguien la ayudara. Una mujer que reclamaba una vivienda para la comunidad mientras atravesaba sus propias dificultades habitacionales; que defendía el acceso al trabajo mientras muchas travestis seguían excluidas del mercado laboral; que reclamaba respeto mientras ella misma era víctima de una violencia que terminó con su vida.

La memoria contra el olvido
El temor de las compañeras de Gabriela Banach no termina con el esclarecimiento del crimen. También está puesto en lo que pueda ocurrir después: que el caso se diluya, que el acusado recupere la libertad y que la muerte de Gaby termine archivada junto a tantos otros expedientes que, para la comunidad travesti y trans, nunca tuvieron una respuesta.

Mariana Fernández lo dice con crudeza, desde una memoria construida sobre demasiadas pérdidas.

"Y sí, y sí, por eso te digo, pero ojalá que no quede nada como quedaron los papeles de un montón de chicas, hay muchas chicas que han muerto con cinco tiros en la cabeza, perdón lo que lo digo así, y no quedan nada por ser travesti, Pamela, que fue muerta también hace cinco años, no se sabe nada, se quedó ahí, nadie dice nada, porque somos travesti.

Ojalá que esto no quede impune, que esto no sea que lo llevaron, después lo largaron, y ese tipo que lo largaron como a un montón de tipos, siguen matando, siguen matando. Entonces no debemos permitir que este tipo salga, porque van a haber otras muertes, y ojalá que el Estado pueda ayudar más a las compañeras, porque de verdad estamos en peligro de muerte, no solo Gaby, muchas compañeras".

La impunidad, para Fernández, no es una posibilidad abstracta. Tiene nombres, historias y expedientes que dejaron de avanzar. Por eso reclama que el asesinato de Banach no termine como otros casos y que la respuesta estatal no aparezca solamente cuando una compañera ya está muerta.

La preocupación se extiende también al retroceso de políticas públicas dirigidas al colectivo travesti-trans. Fernández recuerda que hubo un momento en el que distintas políticas comenzaron a acercarse a las necesidades de la comunidad y que, con esas herramientas, se consiguieron conquistas que hoy considera amenazadas.

"Y bueno, lo vemos mal, porque fue un momento de mucha lucha, hay un montón de cosas que logramos, y con este presidente, no sé por qué nos hostiga a nosotras, nosotras somos hostigadas por el mundo entero, tenemos el mundo en nuestra espalda, y creo mucho odio, mucho odio por eso, yo no entiendo, no entiendo, la verdad que no entiendo, no sé cómo explicarte, no sé cómo decirte".

Antes de despedirse, La Choco vuelve a lo esencial. Agradece haber tenido un espacio para hablar, pero sobre todo reclama que las personas travestis sean escuchadas y reconocidas como sujetos de derechos. No quiere que su comunidad sea visible únicamente en las noticias policiales o cuando una compañera muere.

"Bueno, yo te agradezco a vos, la verdad te agradezco mucho esto, porque la verdad que nosotras tenemos derecho a hablar y a decir lo que sentimos, yo le digo al mundo entero que nos dejen tranquila, que queremos vivir dignamente, nosotras no queremos estar en una esquina porque nos gusta, vos sabés en la esquina lo que pasa, el peligro, el de los clientes, el peligro de la droga, el peligro de estar en una esquina expuesta, eso quiero que nos den la oportunidad de tener un trabajo, no le hacemos mal a nadie, somos seres humanos con derechos, nosotras votamos, y exigimos, la verdad que hoy exigimos que nos den esa oportunidad de poder trabajar, te agradezco de verdad y de mucho, mucho te agradezco. Un abrazo grande, y justicia por la Gaby".

La despedida de Fernández vuelve a resumir, en pocas palabras, todo lo que había atravesado su relato: "Justicia, justicia, mucha justicia, la verdad, justicia por nuestra compañera, porque no merecía esa muerte".

Una mujer que ayudaba incluso cuando tenía poco

La voz de la comunidad no fue la única que se hizo escuchar después del asesinato. También hubo instituciones y personas de otros ámbitos que despidieron a Banach y recuperaron su dimensión solidaria.

Cáritas Argentina y la Parroquia María Auxiliadora de Rosario la recordaron como colaboradora y elevaron una oración por ella, confiando su alma a la ternura de María Auxiliadora y pidiendo que la acompañara en la vida eterna.

Ese gesto también permite reconstruir una parte de Gaby que aparece repetidamente en los testimonios: la de una mujer que ayudaba incluso cuando tenía poco para sí misma.

Ana María Ferrini, otra de las personas que la conocieron, la recuerda desde ese lugar. Su testimonio comienza poniendo en primer plano la contradicción entre la violencia de su muerte y la personalidad de la mujer que conoció: una mujer solidaria, activista por los derechos, vendedora ambulante y preocupada por el bienestar de los demás.

"Soy Ana María Ferrini. Asesinaron a una joven mujer, solidaria, activista por los derechos, que se ganaba la vida como vendedora ambulante y se preocupaba por el bienestar de los demás, no solo por sus derechos, quería un mundo mejor. Era simpática, agradable, charlatana, sonriente, no sé qué cantidad de odio tenía la persona que la asesinó, tortura previa, no sé si a lo mejor se sintió más hombre por haberlo hecho, o qué resentimientos lo llevaron a cometer el crimen.

Los comentarios de los odiadores en las redes, porque hay muchos obituarios por Gaby, son espantosos, casi diría que son de cómplices virtuales del asesinato".

Ferrini no habla de una figura distante ni de una militante conocida solamente por las consignas. Habla de una mujer que encontraba formas concretas de ayudar en la vida cotidiana. La recuerda cruzando la calle con personas mayores, vendiendo medias y pañuelos, participando de marchas y deteniéndose para orientar a alguien que preguntaba por una dirección o por un colectivo.

"Yo me pregunto qué nos está pasando como sociedad, porque hace menos de 15 días otra joven mujer fue asesinada. Los gritos, como en el caso de Gaby, alertaron a los vecinos. La policía llegó tarde, no hubo ninguna ayuda.

El cuerpo sin vida, como aparece en las noticias policiales, esa víctima tiene nombre y apellido, era querida en todo Rosario. Yo la recuerdo ayudando a cruzar en la calle a una viejita, a todas las viejas nos decía mamá, a mí también, o profe. Le dice a la viejita, mamá, dame la mano que yo te cruzo.

La recuerdo vendiendo medias, pañuelos, de todo, una vendedora nata. Yo no uso medias de invierno, pero tengo bolsas de medias que le compraba Gaby. ¿Quién le va a decir que no a Gaby? La recuerdo en las marchas, en los reclamos.

La última vez que la vi con vida, la vi en una carpa blanca que se hizo con ATE, y bueno, los jubilados, vamos, todavía hacía calor. Y me acuerdo que alguien le dio, no sé si un sándwich o qué, que ella a su vez se la dio a otra persona.

Y la recuerdo en todos los reclamos, la recuerdo parándose en la calle para contestarle a quienes le preguntaban por una dirección, un colectivo. Cuando todos pasan de largo y contestan cualquier cosa.

Y de la poca nada que tenía, porque era pobre, porque la mayoría de las chicas trans son pobres, ayudaba para Cáritas. Es decir, de lo poco que tenía daba para ayudar. Y también ayudaba, no me gusta la palabra silos, pero hogares para niños. Y Gaby estaba ahí. No sé qué decirles realmente".

En esa enumeración de pequeños gestos aparece una definición de Banach que coincide con la de sus compañeras: la solidaridad no era para ella una actividad separada de la vida cotidiana. Era una manera de estar en el mundo.

Ferrini también recupera los comentarios de odio que aparecieron en redes sociales después de su muerte. Frente a ellos, busca una respuesta en una idea que, según cuenta, escuchó muchos años atrás en una canción de Jean-François Casanova: "no soy un hombre ni una mujer, solo soy una persona".

Para Ferrini, esa palabra —persona— alcanza para cuestionar cualquier intento de reducir una vida a su género, su condición económica, su color de piel o su orientación sexual.

"Persona es el único chip irrepetible que tenemos y que nos identifica. Más allá del género, más allá del color de la piel, más allá de la elección sexual, más allá de riqueza o pobreza o situación económica".

La memoria que construye sobre Gaby está hecha también de escenas aparentemente pequeñas. Una conversación en un bar, un cumpleaños, una frase dicha a una moza. Ferrini recuerda que Banach hablaba fuerte, sin demasiados filtros, y que en una ocasión, después de cumplir años, le dijo a una de las mozas:

"Viste, superé la barrera".

La frase tenía detrás una conciencia dolorosa: muchas mujeres trans mueren jóvenes.

Desde ahí, Ferrini vuelve a pensar en la identidad y en la necesidad de reconocer, antes que cualquier clasificación, la humanidad de cada persona. El arco iris, dice, puede verse como siete colores, pero en realidad es una enorme franja de luz. La imagen le sirve para pensar en las diferencias que parecen dividir cuando, en el fondo, forman parte de una misma totalidad.

Su reflexión termina recurriendo a un poema de John Donne, el poeta inglés que inspiró el título de Por quién doblan las campanas, la novela de Ernest Hemingway. Ferrini lo parafrasea para explicar por qué la muerte de Gaby no puede ser considerada un hecho que afecta solamente a quienes la conocieron.

"La muerte de cualquier persona me disminuye, porque ninguna persona es isla independiente del archipiélago o de tierra firme".

Y entonces aparece la advertencia. Las campanas que hoy doblan por Gaby podrían, si la violencia continúa, doblar mañana por cualquier otra persona. Porque Ferrini ve en el asesinato de Banach parte de una violencia más amplia que encuentra objetivos entre quienes son considerados diferentes: personas mayores, migrantes, pobres, mujeres y, especialmente, quienes quedan fuera de los lugares que una sociedad decide como aceptables.

Su preocupación se proyecta hacia las nuevas generaciones. La edad de algunos de los agresores que menciona —entre los 20 y los 24 años— le plantea otra pregunta sobre el futuro de la sociedad y sobre qué clase de violencia se está transmitiendo.

Antes de terminar, vuelve a Gaby. A su forma de vivir, de ayudar y de resistir. Y encuentra una frase que funciona como despedida pero también como reconocimiento: "Gaby vuela alto".

Después de todo lo que escuchó y recuerda, Ferrini corrige incluso esa expresión. Porque, para ella, Gaby no empezó a volar después de morir. "Creo que siempre Gaby voló alto".

La muerte de Banach deja una exigencia concreta: justicia. Pero su recuerdo también queda en los documentos que ayudó a conseguir, en los trámites que acompañó, en las personas a las que consiguió ropa, en los proyectos de vivienda en los que participó, en las discusiones por el cupo laboral y en las redes que construyó para que otras pudieran transitar una vida con algo más de seguridad, menos miedo y mayor reconocimiento.

Un andamio construido por muchas. Un camino que todavía necesita de quienes lo sostengan.

Y una exigencia que, después de la muerte de Gaby, vuelve a repetirse con la misma contundencia: justicia para Banach, memoria para quienes la precedieron y condiciones de vida dignas para quienes todavía tienen que recorrer ese camino.

Escuchá la entrevista completa:

Fotos: Paula Sarkissian, Mariana Terrile, Ornella Avedikian

Discursos de odio, violencia de género y retrocesos del Estado: una advertencia desde la Universidad Nacional de Rosario

La titular del área de Género y Sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario analiza la relación entre discursos públicos, redes sociales y violencias extremas. Advierte sobre el impacto de los recortes en políticas de género, el rol de los medios y la necesidad de sostener estrategias educativas y comunitarias para prevenir la violencia machista

En los estudios de Aire Libre, Radio Comunitaria, la figura de Florencia Rovetto se recorta con la autoridad de quien lleva años investigando y gestionando políticas públicas en torno a la igualdad. Licenciada y doctora en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario, donde además se desempeña como docente e investigadora, Rovetto encabeza actualmente el área de Género y Sexualidades de la misma institución. Desde ese lugar impulsa programas que buscan no solo prevenir y abordar las violencias por razones de género, sino también formar a la comunidad académica en perspectiva de género y transversalizar estos debates en cada rincón de la universidad.

Su trabajo se articula con iniciativas institucionales como el Plan UNR Feminista y la implementación de la Ley Micaela, herramientas que considera claves para construir espacios más igualitarios. Sin embargo, el contexto reciente tensiona esos esfuerzos: el femicidio de Sophia Civarelli volvió a poner en primer plano una preocupación que, según advierte, crece con fuerza: la relación entre los discursos de odio que circulan —especialmente en redes sociales— y su traducción en violencia concreta.

Rovetto describe un escenario alarmante. Señala que en Argentina ocurre un femicidio cada 33 horas, una cifra que se ha mantenido estable en los últimos años pero que, en su lectura, muestra signos de recrudecimiento en el último período. Vincula este agravamiento con decisiones estatales recientes, como la reducción presupuestaria en políticas de género y el desmantelamiento de equipos especializados en acompañamiento, prevención e intervención. Para ella, estos retrocesos no son abstractos: impactan directamente en la capacidad de respuesta frente a situaciones de violencia.

Redes, discursos y violencia concreta

Al analizar el caso de Valentina Alzida, señalado como responsable del asesinato de Civarelli, y al ponerlo en paralelo con otros episodios recientes —como el de Pablo Rodríguez Laurta, quien asesinó a su exesposa y a su exsuegra, secuestró a su hijo y mató a un remisero durante la huida—, la investigadora observa patrones que se repiten. Habla de individuos cuyos perfiles digitales, lejos de ser un espacio separado de la realidad, funcionan como una extensión de sus prácticas y creencias. "Todo lo digital es real", sostiene, subrayando que esas identidades en linea están atravesadas por discursos de ultraderecha, expresiones homofóbicas y un fuerte antifeminismo.

En ese entramado, Rovetto advierte una conexión directa entre ciertas narrativas políticas y la legitimación de la violencia. Identifica una alineación de estos discursos con sectores que hoy encuentran eco incluso en niveles altos del poder estatal, mencionando el modo en que determinadas ideas —ligadas a corrientes como La Libertad Avanza— circulan y se refuerzan públicamente. Para la académica, no se trata de meras opiniones: esa "discursividad odiante", como la define, tiene efectos tangibles.

Lejos de quedar en el plano simbólico, esos discursos habilitan prácticas concretas que alimentan y justifican acciones violentas, profundamente machistas, homofóbicas y racistas, que luego se encarnan en quienes agreden. Así, el paso de la palabra a la acción deja de ser una excepción para convertirse en una continuidad inquietante, donde el odio expresado en redes o en espacios públicos encuentra su correlato en hechos de violencia extrema.

Para la docente, la pregunta sobre cuándo un discurso deja de ser solo palabra para convertirse en riesgo concreto tiene una respuesta incómoda: en realidad, ese umbral se cruza con mucha más facilidad de la que suele admitirse. Desde su mirada, la violencia de género nunca fue únicamente discursiva; es, ante todo, un problema estructural que atraviesa la historia social y cultural. Por eso insiste en que no puede pensarse como un fenómeno aislado ni coyuntural, sino como una trama profunda que exige respuestas igualmente estructurales, desde lo político, lo cultural y lo social.

En ese marco, advierte que el pasaje del discurso al acto no requiere largos procesos ni acumulaciones evidentes. A veces ocurre de manera casi inmediata, sin preámbulos, y encuentra ejemplos recientes que lo evidencian: el femicidio de Sophia Civarelli, el ataque a parejas lesbianas en Buenos Aires donde un vecino incendió su vivienda, o un travesticidio ocurrido en Córdoba, todos atravesados —según señala— por retóricas de odio que no se quedaron en el plano simbólico. Esos hechos refuerzan su idea de que la palabra, cuando se instala socialmente como legitimación del desprecio o la violencia, puede traducirse rápidamente en acciones extremas.

Retroceso de las agendas de género, responsabilidad discursiva y erosión del lazo social

Rovetto subraya entonces la responsabilidad que implica producir y amplificar ciertos discursos, especialmente cuando provienen de figuras públicas o de espacios de poder. Considera fundamental no solo cuestionarlos, sino también evitar que sean encarnados desde los niveles más altos del Estado, donde adquieren una capacidad de validación mucho mayor. En paralelo, observa con preocupación un retroceso en las políticas públicas destinadas a abordar la violencia de género: programas desfinanciados, agendas desplazadas y una sensación de que el tema "dejó de estar de moda". Ese repliegue, advierte, contrasta con un pasado reciente en el que se habían logrado avances significativos, tanto en la creación de espacios institucionales como en el despliegue de políticas sostenidas por recursos concretos.

En su lectura, esta suerte de "borramiento" de las agendas feministas no es inocuo. Al contrario, genera un clima propicio para reacciones violentas y refuerza un contexto social y político donde el odio encuentra menos resistencias. Ese clima, agrega, se apoya además en condiciones materiales y vinculares cada vez más frágiles: la precariedad económica se entrelaza con la precariedad de los lazos sociales, debilitando los acuerdos básicos de convivencia.

La investigadora extiende su preocupación hacia ámbitos cotidianos como las escuelas, donde emergen situaciones de amenaza y conflictividad que, a su entender, obligan a revisar el rol de los adultos en la formación de las nuevas generaciones. Se pregunta cómo se está educando a las infancias y adolescencias en un contexto donde predominan el individualismo y el aislamiento, muchas veces mediados por las redes sociales. Allí ve otra capa del problema: entornos que fomentan la fragmentación, que encierran a las personas en burbujas y que debilitan la construcción de comunidad.

Frente a esa dinámica, la especialista advierte que las reacciones suelen emerger desde el enojo, el resentimiento o la violencia, dificultando la posibilidad de construir vínculos sostenibles. Y es en ese punto donde vuelve a conectar con la idea inicial: cuando los discursos públicos —especialmente aquellos cargados de odio— se naturalizan, no solo describen una realidad, sino que la habilitan. Esa "habilitación simbólica", como la define, no es un concepto abstracto, sino una pieza clave para entender por qué ciertas violencias encuentran terreno fértil para volverse acción.

Las palabras construyen realidad y la universidad como actor clave

En la voz de Rovetto aparece una idea que atraviesa toda su reflexión: no hace falta haber pasado por las aulas de Comunicación para entender que las palabras no son inocuas. Las palabras, insiste, construyen realidades, modelan sentidos, producen mundo. Son performativas, y en esa capacidad radica también su potencia —y su peligro—. Por eso, el problema no se agota en quién gobierna o en qué políticas se implementan, sino que se expande hacia una red más amplia de responsabilidades: los medios de comunicación, las escuelas, los espacios de formación y, de manera central, la universidad.

En ese entramado, la Universidad Nacional de Rosario ocupa un lugar clave, no solo por su rol en la formación de profesionales, sino también por su capacidad de intervenir en la realidad social. Rovetto recuerda el acto realizado tras el femicidio de Sophia Civarelli, donde las críticas no se dirigieron únicamente a la justicia o a los medios, sino también a la propia universidad. Lejos de esquivarlas, decide asumirlas: reconoce que, aunque se ha avanzado mucho —con iniciativas como el Plan UNR Feminista y líneas específicas de intervención y prevención de la violencia de género—, cuando los hechos se consuman, muchas veces las instituciones llegan tarde.

Ese reconocimiento no borra, sin embargo, el camino recorrido. La universidad ha desarrollado dispositivos concretos para acompañar a quienes atraviesan situaciones de violencia: espacios de atención en cada facultad y escuela, sistemas de visibilización y difusión, residencias estudiantiles que contemplan casos de emergencia, becas, y acompañamiento psicoterapéutico. Incluso en un contexto adverso, marcado por recortes presupuestarios y conflictos salariales, la referente del área de género subraya que esos avances no se han desmantelado. Al contrario, se sostienen como parte de una construcción colectiva impulsada, en gran medida, por los feminismos dentro de la institución.

La comparación con los años noventa, cuando ella misma era estudiante, le sirve para dimensionar ese proceso: entonces no existían protocolos de abordaje de las violencias; hoy no solo existen, sino que han sido perfeccionados a partir de la experiencia y el trabajo cotidiano. Hay equipos formados, prácticas revisadas, y una voluntad institucional de mejora constante. Sin embargo, nada de eso garantiza resultados absolutos. A veces, admite, no alcanza. Muchas personas que atraviesan situaciones de violencia no logran reconocerlas a tiempo, o no pueden pedir ayuda, y allí se revela uno de los límites más complejos de cualquier política.

Prevención de violencias y responsabilidad colectiva

De cara al futuro, Rovetto plantea la necesidad de profundizar estrategias preventivas. Propone fortalecer espacios de promotoras contra las violencias dentro del ámbito universitario: redes de compañeras, amigas y pares capaces de detectar señales tempranas, orientar y acompañar. Esas iniciativas, que ya han tenido experiencias previas, podrían ampliarse y consolidarse como herramientas clave para intervenir antes de que la violencia escale.

Pero incluso ese esfuerzo, aclara, sería insuficiente si queda encapsulado en la universidad. La responsabilidad es necesariamente colectiva. Sin políticas de Estado sostenidas y sin el compromiso activo de los medios de comunicación —capaces también de reproducir o cuestionar sentidos—, cualquier avance institucional corre el riesgo de volverse aislado. En última instancia, la disputa es por el sentido común: por qué discursos circulan, cuáles se legitiman y qué tipo de sociedad se construye a partir de ellos.

Cobertura mediática en disputa: críticas, omisiones y narrativas de la violencia de género

La escena del acto por el femicidio de Sophia Civarelli dejó una marca que, para la directora del área de Género y Sexualidades, no debería pasar inadvertida: la crítica frontal de la familia y las amigas hacia los medios de comunicación. Fue, según reconstruye, un señalamiento contundente que interpela directamente las formas en que se narran estas violencias. Sin embargo, al revisar horas más tarde los resúmenes televisivos, advierte un gesto que le resulta tan familiar como preocupante: ese cuestionamiento prácticamente había desaparecido del relato mediático, como si hubiera sido deliberadamente borrado.

Entre los reclamos más claros, uno sobresalía por su potencia simbólica: dejar de mostrar imágenes de la víctima junto a su agresor como si se tratara de una pareja feliz. En cambio, exigir que se identifique a los responsables, que se visibilice el rostro de quienes ejercen la violencia. Rovetto observa que, al menos en parte, ese pedido tuvo algún eco: por primera vez en varios informes televisivos predominaba la imagen del femicida y no la postal de la pareja. Un cambio pequeño, pero significativo dentro de una lógica mediática que durante años tendió a romantizar o confundir los vínculos.

Aun así, el problema de fondo persiste. En los primeros momentos de la cobertura —señala— reaparecieron prácticas conocidas: el sensacionalismo, la búsqueda de impacto rápido, incluso la difusión de hipótesis erróneas como la del "doble suicidio". Allí no solo ubica responsabilidades en los medios, sino también en la justicia, que en ocasiones comunica de manera prematura sin contar con pruebas suficientes. Esa circulación inicial de información imprecisa no es inocua: para la familia, implicó una forma de revictimización, y para Rovetto, evidencia un problema estructural en la manera en que se construyen estas noticias.

Lo que está en juego, explica, no es solo cómo se cuenta un caso, sino qué concepción de los vínculos y de la violencia se reproduce. Cuando los medios presentan estos hechos como conflictos de pareja o dramas íntimos, refuerzan una mirada reduccionista que invisibiliza el carácter estructural de la violencia de género. A eso se suma la persistencia de estereotipos machistas: mujeres asociadas a roles subordinados, a la domesticidad, a posiciones de inferioridad frente a los varones. Frente a ese escenario, insiste en que toda cobertura debería estar atravesada por una perspectiva de género y de derechos humanos.

Rovetto reconoce, de todos modos, que el campo mediático no es homogéneo. Existen periodistas —muchas de ellas vinculadas a movimientos como Ni Una Menos— que vienen impulsando otras formas de narrar estas violencias, más responsables y comprometidas. El problema, advierte, es que no siempre ocupan los espacios de decisión ni los lugares de mayor visibilidad. La lógica de la primicia, del impacto inmediato o del rendimiento en términos de audiencia suele imponerse sobre la reflexión y el cuidado en el tratamiento de la información.

Redes de cuidado, escucha cercana y responsabilidad compartida frente a la violencia de género

En paralelo, la conversación se desplaza hacia otro territorio igual de delicado: el rol de los entornos cercanos. Al pensar en situaciones donde amigas o compañeras detectan señales de alerta —conductas extrañas, intentos de ocultamiento, miedo o vergüenza—, Rovetto recupera una memoria generacional. Recuerda que en décadas pasadas, como los años 80 y 90, muchas mujeres atravesaban estas situaciones en silencio, intentando disimularlas incluso frente a sus círculos más próximos.

Ese silencio, sugiere, no ha desaparecido del todo, pero hoy convive con mayores herramientas para intervenir. La clave, sostiene, está en construir redes de confianza donde sea posible acompañar sin juzgar, habilitar la palabra y reconocer señales tempranas. Las amigas, las compañeras, los vínculos cotidianos pueden cumplir un rol decisivo, siempre que exista información, sensibilidad y compromiso —una disposición activa a no mirar hacia otro lado—. No se trata de invadir ni de forzar, sino de estar presentes, de ofrecer escucha y de acercar recursos cuando alguien no puede, por miedo o vergüenza, pedir ayuda por sí misma.

En esa trama, vuelve a aparecer la idea que atraviesa toda su reflexión: ninguna intervención aislada alcanza. Ni los medios, ni la justicia, ni la universidad, ni los vínculos cercanos pueden, por sí solos, desarmar un problema que es estructural. Pero cada uno de esos espacios, en su propia escala, tiene la capacidad —y la responsabilidad— de no reforzarlo.

En la reconstrucción que hace Florencia Rovetto, los avances y retrocesos en torno a la violencia de género conviven en una tensión constante. Reconoce que, especialmente a partir de la irrupción de Ni Una Menos, se produjo un cambio profundo en la conciencia social: la violencia dejó de percibirse como un asunto privado para entenderse como un problema estructural. Esa transformación marcó a una generación que hoy transita la adultez con otras herramientas y lenguajes. Sin embargo, advierte que en los últimos años esa conciencia parece haber sufrido un retroceso, erosionada por nuevos climas políticos y discursivos.

Rosario, redes de cuidado y el desafío de sostener la prevención frente al clima de retroceso en políticas de género

En ese mapa más amplio, la ciudad de Rosario aparece como un territorio particular: un espacio donde el movimiento feminista y de la diversidad mantiene una fuerte presencia, y donde todavía existen instituciones y organizaciones que alojan, escuchan y acompañan. Rovetto destaca la importancia de esa red, que no se limita a lo militante sino que también incluye infraestructura pública, como los centros territoriales de denuncia y los espacios de acceso a la justicia, distribuidos en los distintos distritos, donde es posible realizar consultas o formalizar denuncias.

Pero incluso con esos recursos, la sensación es ambivalente. Lo que alguna vez pareció un proceso de avance sostenido hoy se percibe, en parte, como un terreno que obliga a recomenzar. Rovetto vincula ese retroceso con un clima antifeminista que no solo impacta en las políticas públicas, sino también en la discursividad social, reinstalando sentidos que se creían en disputa. En ese contexto, insiste en que la respuesta no puede limitarse a dispositivos de atención o a la reacción frente a los hechos consumados: debe reforzarse el trabajo preventivo y cultural.

Allí la escuela ocupa un lugar estratégico. Desde las infancias —plantea— es posible empezar a cuestionar cómo se construyen los vínculos: los noviazgos, las amistades, las relaciones sexoafectivas. La Educación Sexual Integral, entendida en su sentido más amplio, aparece como una herramienta central no solo para abordar contenidos biológicos, sino para trabajar la convivencia, los lazos y las desigualdades. Cuando se implementa de manera integral, señala, su impacto trasciende el aula y alcanza también a las familias, generando conversaciones y revisiones que de otro modo no tendrían lugar.

En ese proceso, hay un punto que considera clave: desarmar las complicidades machistas que se construyen desde edades tempranas. Esas complicidades —que muchas veces se refuerzan en espacios como las redes sociales— sostienen prácticas y discursos violentos, y encuentran pocas resistencias dentro de los propios grupos de varones. La ausencia de interpelación entre pares, donde alguien pueda señalar que un comentario o una actitud no está bien, es parte del problema. Por eso, insiste, esa deconstrucción debe comenzar en la infancia.

ESI en disputa: recortes, redes sociales y el desafío de transformar la matriz cultural de la desigualdad

Sin embargo, también en este terreno identifica retrocesos. La Educación Sexual Integral ha sufrido recortes presupuestarios tanto a nivel nacional como provincial, debilitando su alcance en un momento en que, paradójicamente, se vuelve más necesaria. Rovetto conecta esta situación con un fenómeno más amplio: la exposición temprana y muchas veces desregulada a contenidos en redes sociales, donde circulan de forma masiva estereotipos de género, mandatos y violencias. Menciona incluso que en algunos países europeos se han comenzado a implementar regulaciones sobre el uso de redes en infancias y adolescencias, en respuesta a la crudeza de esos contenidos.

En ese cruce entre escuela, redes y cultura, se juega una disputa de fondo. Para Rovetto, la violencia de género no puede entenderse sin esa "matriz cultural" que la sostiene: un entramado de valores, prácticas y discursos donde el patriarcado, el machismo y la misoginia siguen teniendo presencia. Transformar esa matriz implica intervenir en todos los ámbitos posibles, pero especialmente en aquellos que todavía conservan una fuerte capacidad de socialización, como la escuela.

La apuesta, en definitiva, es doble: aprender nuevas formas de vincularse y, al mismo tiempo, desaprender aquellas que se incorporaron casi sin advertirlo. Porque, como advierte, muchas de las violencias que hoy se manifiestan no surgen de la nada, sino de aprendizajes cotidianos, naturalizados, que siguen reproduciendo desigualdades entre varones y mujeres. Desarmarlos es, quizás, una de las tareas más complejas, pero también más urgentes.

En la mirada de Florencia Rovetto, la desigualdad de género no es un fenómeno abstracto, sino una estructura profundamente arraigada que ordena la vida social a partir de jerarquías. En esa lógica, todo lo asociado a lo femenino queda relegado a un lugar de inferioridad, cosificación o explotación. Es una matriz que atraviesa prácticas cotidianas y modos de vincularse, y que —advierte— solo puede desmontarse si se interviene desde múltiples frentes. Entre ellos, la escuela, las familias y los espacios de formación aparecen como actores centrales, capaces de reconocer en la Educación Sexual Integral una herramienta clave para construir relaciones más sanas, solidarias e igualitarias.

Pero esa transformación no puede pensarse sin incluir a quienes históricamente ocuparon posiciones de privilegio dentro de esa estructura. Rovetto pone el foco en los varones, especialmente en los jóvenes atravesados por discursos antifeministas, y señala que allí hay un desafío urgente. En el ámbito de la Universidad Nacional de Rosario, se han desarrollado experiencias concretas en esa dirección: espacios de trabajo con varones que, a partir de denuncias o consultas en el marco de protocolos institucionales, son convocados a procesos de reflexión e interpelación. Acompañados por profesionales de la psicología que trabajan sobre masculinidades, esos dispositivos buscan que quienes participan revisen sus prácticas, cuestionen sus creencias y comiencen a desarmar formas de socialización machista profundamente naturalizadas.

Pese a ello, ese tipo de iniciativas aún no tiene un desarrollo equivalente en otros niveles educativos. Rovetto plantea la necesidad de que las políticas públicas, especialmente desde los ministerios de educación, asuman también esta tarea: generar espacios específicos para trabajar con varones, promover instancias de diálogo y habilitar procesos de cambio que muchas veces solo pueden darse entre pares. Romper la complicidad machista —dice— implica también que sean otros varones quienes puedan señalar límites, cuestionar conductas y abrir conversaciones incómodas pero necesarias.

Varones en tensión: privilegios, malestar y desafíos de transformación cultural

El problema, insiste, no se agota en las instituciones. En el ámbito familiar, las formas de crianza siguen reproduciendo diferencias desde edades tempranas: modos distintos de educar a niñas y niños, permisos implícitos, privilegios naturalizados. Esos privilegios —como el acceso al tiempo, al cuerpo o a la disponibilidad de las mujeres— suelen ser invisibles para quienes los ejercen, y por eso mismo requieren ser puestos en evidencia. Incluso los silencios, advierte, pueden funcionar como una forma de habilitación.

En este escenario, Rovetto identifica un fenómeno creciente: la emergencia de "varones enojados". Se trata de hombres que, frente al avance de los feminismos —impulsado en gran parte por movimientos como Ni Una Menos y por debates como el del aborto legal—, perciben una pérdida de privilegios y una alteración de su lugar en el mundo. Muchos de ellos, señala, no encontraron interlocutores ni espacios donde procesar esos cambios, y ese malestar se traduce en discursos antifeministas y, en algunos casos, de odio.

Para Rovetto, ignorar ese fenómeno no es una opción. A esos varones hay que hablarles, trabajar con ellos, generar condiciones para que puedan revisar lo aprendido y construir otras formas de relación. No todos quedaron al margen —reconoce—: hubo quienes se sumaron activamente a las luchas feministas. Pero una parte significativa transitó estos cambios en soledad, con desconcierto o rechazo, sin herramientas para reelaborar su posición.

En el fondo, lo que se juega es una disputa cultural de gran escala. El avance de las mujeres —especialmente de las más jóvenes— en términos de derechos, autonomía y conciencia crítica no siempre encontró un correlato en procesos de transformación equivalentes en los varones. Esa asimetría, sugiere Rovetto, ayuda a explicar parte de las tensiones actuales. Y es allí donde vuelve a aparecer la necesidad de intervenir: no solo para acompañar a quienes padecen la violencia, sino también para transformar las condiciones que la hacen posible.

Pandemia, discursos de odio y retrocesos en políticas de género

En el tramo final de su análisis, Florencia Rovetto suma otra capa para entender el presente: el impacto de la pandemia. El aislamiento, señala, no solo profundizó la soledad sino que también intensificó la exposición a discursos que legitiman la violencia en redes sociales. Ese escenario, combinado con un clima político atravesado por retóricas antifeministas —que identifica en figuras como Javier Milei, Lilia Lemoine y Patricia Bullrich—, generó condiciones para lo que define como una reacción patriarcal. En su lectura, ese proceso no solo reforzó posiciones previas, sino que en muchos casos derivó en expresiones más radicalizadas y violentas.

Rovetto remarca que ese cruce entre aislamiento, redes sociales y discursos legitimados desde espacios de poder tuvo efectos concretos, especialmente en varones jóvenes que encontraron allí formas de reafirmar identidades y resentimientos. Frente a eso, insiste en la necesidad de volver a pensar estrategias de intervención: desaprender prácticas, construir masculinidades menos violentas y habilitar formas de convivencia donde la igualdad no sea percibida como amenaza. En esa tarea, vuelve a ubicar a la escuela, los medios y la universidad como actores clave.

Sin embargo, cuando se le plantea dónde están hoy las mayores fallas como sociedad, su respuesta se vuelve más directa y política. Señala al actual gobierno como un factor central de deterioro, al que describe como insensible frente a las consecuencias de sus decisiones. Menciona los recortes en políticas de bienestar, en derechos humanos y en programas vinculados a la violencia de género, y vincula esas medidas con un contexto donde los femicidios continúan en aumento. Para Rovetto, no se trata solo de números, sino de una orientación general que desarticula redes de contención y debilita la capacidad del Estado para intervenir.

En ese marco, también cuestiona la dinámica que se impone desde la agenda pública: una lógica que obliga a reaccionar permanentemente frente a iniciativas que, desde su perspectiva, implican retrocesos en derechos. Como ejemplo, menciona el proyecto impulsado por Carolina Losada sobre falsas denuncias, al que considera especialmente problemático. Señala que ya existen figuras en el Código Penal para esos casos, y que endurecerlas específicamente en materia de género —incluyendo situaciones que involucran a infancias víctimas de abuso— puede generar efectos dañinos, desalentando denuncias y profundizando la vulnerabilidad de quienes ya atraviesan situaciones críticas.

Esa disputa por la agenda, explica, desplaza energías que podrían destinarse a ampliar derechos o mejorar condiciones de vida. En lugar de avanzar, muchas veces se ven obligados a defender conquistas previas. Aun así, Rovetto insiste en la necesidad de sostener la reflexión colectiva: preguntarse qué tipo de sociedad se está construyendo y qué horizonte se proyecta para las nuevas generaciones.

En su cierre, la advertencia es clara: sin una toma de conciencia social más amplia, los retrocesos pueden profundizarse. La salida, sugiere, no depende únicamente de las instituciones o de quienes ocupan cargos de responsabilidad, sino de una respuesta colectiva capaz de poner límites y reorientar el rumbo. Porque, en definitiva, lo que está en juego no es solo una agenda política, sino las condiciones mismas de convivencia social.

Redes de cuidado, protocolos y prevención de la violencia en la vida cotidiana

La voz de Florencia Rovetto vuelve sobre una preocupación concreta, casi urgente: qué hacer cuando la sospecha de una situación de violencia aparece en el entorno cercano. Ya no en el plano abstracto, sino en la vida cotidiana, entre compañeras, amigas o grupos que perciben que algo no está bien, aunque no siempre puedan nombrarlo con claridad.

En ese terreno, la primera clave es no mirar hacia otro lado. Rovetto insiste en que, si la situación se da dentro de la Universidad Nacional de Rosario, existen herramientas institucionales activas que pueden y deben ser utilizadas. Cada unidad académica —facultades y escuelas— cuenta con espacios de atención en el marco de los protocolos de abordaje de las violencias, integrados por equipos capacitados para recibir consultas, orientar y acompañar. El acceso a estos dispositivos está sistematizado también en la web institucional, dentro del área de género y sexualidades, donde se detallan contactos, horarios y modalidades de atención. Para Rovetto, ese es el camino más inmediato y efectivo ante una situación de alerta.

Pero no es el único. También señala la importancia de los espacios colectivos dentro de la universidad: organizaciones estudiantiles, agrupaciones políticas y secretarías de género que, en muchas facultades, funcionan como puntos de referencia cercanos y accesibles. Allí circula información, se construyen redes y, muchas veces, se generan los primeros acercamientos cuando alguien no sabe cómo dar el paso inicial.

Más allá de la respuesta puntual, Rovetto vuelve a poner el acento en la prevención y en la construcción de comunidad. Desde el área que dirige se impulsan de manera constante iniciativas orientadas a formar "promotoras contra las violencias": estudiantes y miembros de la comunidad universitaria que puedan detectar señales tempranas, acompañar y orientar a otras personas. Recuerda especialmente una de esas experiencias, el ciclo "Mil Micaelas", en homenaje a Micaela García, cuyo caso dio origen a la Ley Micaela. Esa ley —subraya— sigue siendo una herramienta fundamental, aunque hoy enfrente recortes y dificultades en su implementación.

En el fondo, lo que propone Rovetto es construir una red donde la detección no dependa únicamente de especialistas, sino también de los vínculos cotidianos. Que sean las propias comunidades —amigas, compañeras, pares— las que puedan advertir, contener y activar los recursos disponibles. Porque, como deja entrever a lo largo de toda su intervención, la violencia de género no irrumpe de un momento a otro sin señales previas: muchas veces se manifiesta en gestos, silencios o cambios que, si encuentran escucha y acompañamiento, pueden abrir la puerta a una intervención a tiempo.

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