Discursos de odio, violencia de género y retrocesos del Estado: una advertencia desde la Universidad Nacional de Rosario

La titular del área de Género y Sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario analiza la relación entre discursos públicos, redes sociales y violencias extremas. Advierte sobre el impacto de los recortes en políticas de género, el rol de los medios y la necesidad de sostener estrategias educativas y comunitarias para prevenir la violencia machista

En los estudios de Aire Libre, Radio Comunitaria, la figura de Florencia Rovetto se recorta con la autoridad de quien lleva años investigando y gestionando políticas públicas en torno a la igualdad. Licenciada y doctora en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario, donde además se desempeña como docente e investigadora, Rovetto encabeza actualmente el área de Género y Sexualidades de la misma institución. Desde ese lugar impulsa programas que buscan no solo prevenir y abordar las violencias por razones de género, sino también formar a la comunidad académica en perspectiva de género y transversalizar estos debates en cada rincón de la universidad.

Su trabajo se articula con iniciativas institucionales como el Plan UNR Feminista y la implementación de la Ley Micaela, herramientas que considera claves para construir espacios más igualitarios. Sin embargo, el contexto reciente tensiona esos esfuerzos: el femicidio de Sophia Civarelli volvió a poner en primer plano una preocupación que, según advierte, crece con fuerza: la relación entre los discursos de odio que circulan —especialmente en redes sociales— y su traducción en violencia concreta.

Rovetto describe un escenario alarmante. Señala que en Argentina ocurre un femicidio cada 33 horas, una cifra que se ha mantenido estable en los últimos años pero que, en su lectura, muestra signos de recrudecimiento en el último período. Vincula este agravamiento con decisiones estatales recientes, como la reducción presupuestaria en políticas de género y el desmantelamiento de equipos especializados en acompañamiento, prevención e intervención. Para ella, estos retrocesos no son abstractos: impactan directamente en la capacidad de respuesta frente a situaciones de violencia.

Redes, discursos y violencia concreta

Al analizar el caso de Valentina Alzida, señalado como responsable del asesinato de Civarelli, y al ponerlo en paralelo con otros episodios recientes —como el de Pablo Rodríguez Laurta, quien asesinó a su exesposa y a su exsuegra, secuestró a su hijo y mató a un remisero durante la huida—, la investigadora observa patrones que se repiten. Habla de individuos cuyos perfiles digitales, lejos de ser un espacio separado de la realidad, funcionan como una extensión de sus prácticas y creencias. "Todo lo digital es real", sostiene, subrayando que esas identidades en linea están atravesadas por discursos de ultraderecha, expresiones homofóbicas y un fuerte antifeminismo.

En ese entramado, Rovetto advierte una conexión directa entre ciertas narrativas políticas y la legitimación de la violencia. Identifica una alineación de estos discursos con sectores que hoy encuentran eco incluso en niveles altos del poder estatal, mencionando el modo en que determinadas ideas —ligadas a corrientes como La Libertad Avanza— circulan y se refuerzan públicamente. Para la académica, no se trata de meras opiniones: esa "discursividad odiante", como la define, tiene efectos tangibles.

Lejos de quedar en el plano simbólico, esos discursos habilitan prácticas concretas que alimentan y justifican acciones violentas, profundamente machistas, homofóbicas y racistas, que luego se encarnan en quienes agreden. Así, el paso de la palabra a la acción deja de ser una excepción para convertirse en una continuidad inquietante, donde el odio expresado en redes o en espacios públicos encuentra su correlato en hechos de violencia extrema.

Para la docente, la pregunta sobre cuándo un discurso deja de ser solo palabra para convertirse en riesgo concreto tiene una respuesta incómoda: en realidad, ese umbral se cruza con mucha más facilidad de la que suele admitirse. Desde su mirada, la violencia de género nunca fue únicamente discursiva; es, ante todo, un problema estructural que atraviesa la historia social y cultural. Por eso insiste en que no puede pensarse como un fenómeno aislado ni coyuntural, sino como una trama profunda que exige respuestas igualmente estructurales, desde lo político, lo cultural y lo social.

En ese marco, advierte que el pasaje del discurso al acto no requiere largos procesos ni acumulaciones evidentes. A veces ocurre de manera casi inmediata, sin preámbulos, y encuentra ejemplos recientes que lo evidencian: el femicidio de Sophia Civarelli, el ataque a parejas lesbianas en Buenos Aires donde un vecino incendió su vivienda, o un travesticidio ocurrido en Córdoba, todos atravesados —según señala— por retóricas de odio que no se quedaron en el plano simbólico. Esos hechos refuerzan su idea de que la palabra, cuando se instala socialmente como legitimación del desprecio o la violencia, puede traducirse rápidamente en acciones extremas.

Retroceso de las agendas de género, responsabilidad discursiva y erosión del lazo social

Rovetto subraya entonces la responsabilidad que implica producir y amplificar ciertos discursos, especialmente cuando provienen de figuras públicas o de espacios de poder. Considera fundamental no solo cuestionarlos, sino también evitar que sean encarnados desde los niveles más altos del Estado, donde adquieren una capacidad de validación mucho mayor. En paralelo, observa con preocupación un retroceso en las políticas públicas destinadas a abordar la violencia de género: programas desfinanciados, agendas desplazadas y una sensación de que el tema "dejó de estar de moda". Ese repliegue, advierte, contrasta con un pasado reciente en el que se habían logrado avances significativos, tanto en la creación de espacios institucionales como en el despliegue de políticas sostenidas por recursos concretos.

En su lectura, esta suerte de "borramiento" de las agendas feministas no es inocuo. Al contrario, genera un clima propicio para reacciones violentas y refuerza un contexto social y político donde el odio encuentra menos resistencias. Ese clima, agrega, se apoya además en condiciones materiales y vinculares cada vez más frágiles: la precariedad económica se entrelaza con la precariedad de los lazos sociales, debilitando los acuerdos básicos de convivencia.

La investigadora extiende su preocupación hacia ámbitos cotidianos como las escuelas, donde emergen situaciones de amenaza y conflictividad que, a su entender, obligan a revisar el rol de los adultos en la formación de las nuevas generaciones. Se pregunta cómo se está educando a las infancias y adolescencias en un contexto donde predominan el individualismo y el aislamiento, muchas veces mediados por las redes sociales. Allí ve otra capa del problema: entornos que fomentan la fragmentación, que encierran a las personas en burbujas y que debilitan la construcción de comunidad.

Frente a esa dinámica, la especialista advierte que las reacciones suelen emerger desde el enojo, el resentimiento o la violencia, dificultando la posibilidad de construir vínculos sostenibles. Y es en ese punto donde vuelve a conectar con la idea inicial: cuando los discursos públicos —especialmente aquellos cargados de odio— se naturalizan, no solo describen una realidad, sino que la habilitan. Esa "habilitación simbólica", como la define, no es un concepto abstracto, sino una pieza clave para entender por qué ciertas violencias encuentran terreno fértil para volverse acción.

Las palabras construyen realidad y la universidad como actor clave

En la voz de Rovetto aparece una idea que atraviesa toda su reflexión: no hace falta haber pasado por las aulas de Comunicación para entender que las palabras no son inocuas. Las palabras, insiste, construyen realidades, modelan sentidos, producen mundo. Son performativas, y en esa capacidad radica también su potencia —y su peligro—. Por eso, el problema no se agota en quién gobierna o en qué políticas se implementan, sino que se expande hacia una red más amplia de responsabilidades: los medios de comunicación, las escuelas, los espacios de formación y, de manera central, la universidad.

En ese entramado, la Universidad Nacional de Rosario ocupa un lugar clave, no solo por su rol en la formación de profesionales, sino también por su capacidad de intervenir en la realidad social. Rovetto recuerda el acto realizado tras el femicidio de Sophia Civarelli, donde las críticas no se dirigieron únicamente a la justicia o a los medios, sino también a la propia universidad. Lejos de esquivarlas, decide asumirlas: reconoce que, aunque se ha avanzado mucho —con iniciativas como el Plan UNR Feminista y líneas específicas de intervención y prevención de la violencia de género—, cuando los hechos se consuman, muchas veces las instituciones llegan tarde.

Ese reconocimiento no borra, sin embargo, el camino recorrido. La universidad ha desarrollado dispositivos concretos para acompañar a quienes atraviesan situaciones de violencia: espacios de atención en cada facultad y escuela, sistemas de visibilización y difusión, residencias estudiantiles que contemplan casos de emergencia, becas, y acompañamiento psicoterapéutico. Incluso en un contexto adverso, marcado por recortes presupuestarios y conflictos salariales, la referente del área de género subraya que esos avances no se han desmantelado. Al contrario, se sostienen como parte de una construcción colectiva impulsada, en gran medida, por los feminismos dentro de la institución.

La comparación con los años noventa, cuando ella misma era estudiante, le sirve para dimensionar ese proceso: entonces no existían protocolos de abordaje de las violencias; hoy no solo existen, sino que han sido perfeccionados a partir de la experiencia y el trabajo cotidiano. Hay equipos formados, prácticas revisadas, y una voluntad institucional de mejora constante. Sin embargo, nada de eso garantiza resultados absolutos. A veces, admite, no alcanza. Muchas personas que atraviesan situaciones de violencia no logran reconocerlas a tiempo, o no pueden pedir ayuda, y allí se revela uno de los límites más complejos de cualquier política.

Prevención de violencias y responsabilidad colectiva

De cara al futuro, Rovetto plantea la necesidad de profundizar estrategias preventivas. Propone fortalecer espacios de promotoras contra las violencias dentro del ámbito universitario: redes de compañeras, amigas y pares capaces de detectar señales tempranas, orientar y acompañar. Esas iniciativas, que ya han tenido experiencias previas, podrían ampliarse y consolidarse como herramientas clave para intervenir antes de que la violencia escale.

Pero incluso ese esfuerzo, aclara, sería insuficiente si queda encapsulado en la universidad. La responsabilidad es necesariamente colectiva. Sin políticas de Estado sostenidas y sin el compromiso activo de los medios de comunicación —capaces también de reproducir o cuestionar sentidos—, cualquier avance institucional corre el riesgo de volverse aislado. En última instancia, la disputa es por el sentido común: por qué discursos circulan, cuáles se legitiman y qué tipo de sociedad se construye a partir de ellos.

Cobertura mediática en disputa: críticas, omisiones y narrativas de la violencia de género

La escena del acto por el femicidio de Sophia Civarelli dejó una marca que, para la directora del área de Género y Sexualidades, no debería pasar inadvertida: la crítica frontal de la familia y las amigas hacia los medios de comunicación. Fue, según reconstruye, un señalamiento contundente que interpela directamente las formas en que se narran estas violencias. Sin embargo, al revisar horas más tarde los resúmenes televisivos, advierte un gesto que le resulta tan familiar como preocupante: ese cuestionamiento prácticamente había desaparecido del relato mediático, como si hubiera sido deliberadamente borrado.

Entre los reclamos más claros, uno sobresalía por su potencia simbólica: dejar de mostrar imágenes de la víctima junto a su agresor como si se tratara de una pareja feliz. En cambio, exigir que se identifique a los responsables, que se visibilice el rostro de quienes ejercen la violencia. Rovetto observa que, al menos en parte, ese pedido tuvo algún eco: por primera vez en varios informes televisivos predominaba la imagen del femicida y no la postal de la pareja. Un cambio pequeño, pero significativo dentro de una lógica mediática que durante años tendió a romantizar o confundir los vínculos.

Aun así, el problema de fondo persiste. En los primeros momentos de la cobertura —señala— reaparecieron prácticas conocidas: el sensacionalismo, la búsqueda de impacto rápido, incluso la difusión de hipótesis erróneas como la del "doble suicidio". Allí no solo ubica responsabilidades en los medios, sino también en la justicia, que en ocasiones comunica de manera prematura sin contar con pruebas suficientes. Esa circulación inicial de información imprecisa no es inocua: para la familia, implicó una forma de revictimización, y para Rovetto, evidencia un problema estructural en la manera en que se construyen estas noticias.

Lo que está en juego, explica, no es solo cómo se cuenta un caso, sino qué concepción de los vínculos y de la violencia se reproduce. Cuando los medios presentan estos hechos como conflictos de pareja o dramas íntimos, refuerzan una mirada reduccionista que invisibiliza el carácter estructural de la violencia de género. A eso se suma la persistencia de estereotipos machistas: mujeres asociadas a roles subordinados, a la domesticidad, a posiciones de inferioridad frente a los varones. Frente a ese escenario, insiste en que toda cobertura debería estar atravesada por una perspectiva de género y de derechos humanos.

Rovetto reconoce, de todos modos, que el campo mediático no es homogéneo. Existen periodistas —muchas de ellas vinculadas a movimientos como Ni Una Menos— que vienen impulsando otras formas de narrar estas violencias, más responsables y comprometidas. El problema, advierte, es que no siempre ocupan los espacios de decisión ni los lugares de mayor visibilidad. La lógica de la primicia, del impacto inmediato o del rendimiento en términos de audiencia suele imponerse sobre la reflexión y el cuidado en el tratamiento de la información.

Redes de cuidado, escucha cercana y responsabilidad compartida frente a la violencia de género

En paralelo, la conversación se desplaza hacia otro territorio igual de delicado: el rol de los entornos cercanos. Al pensar en situaciones donde amigas o compañeras detectan señales de alerta —conductas extrañas, intentos de ocultamiento, miedo o vergüenza—, Rovetto recupera una memoria generacional. Recuerda que en décadas pasadas, como los años 80 y 90, muchas mujeres atravesaban estas situaciones en silencio, intentando disimularlas incluso frente a sus círculos más próximos.

Ese silencio, sugiere, no ha desaparecido del todo, pero hoy convive con mayores herramientas para intervenir. La clave, sostiene, está en construir redes de confianza donde sea posible acompañar sin juzgar, habilitar la palabra y reconocer señales tempranas. Las amigas, las compañeras, los vínculos cotidianos pueden cumplir un rol decisivo, siempre que exista información, sensibilidad y compromiso —una disposición activa a no mirar hacia otro lado—. No se trata de invadir ni de forzar, sino de estar presentes, de ofrecer escucha y de acercar recursos cuando alguien no puede, por miedo o vergüenza, pedir ayuda por sí misma.

En esa trama, vuelve a aparecer la idea que atraviesa toda su reflexión: ninguna intervención aislada alcanza. Ni los medios, ni la justicia, ni la universidad, ni los vínculos cercanos pueden, por sí solos, desarmar un problema que es estructural. Pero cada uno de esos espacios, en su propia escala, tiene la capacidad —y la responsabilidad— de no reforzarlo.

En la reconstrucción que hace Florencia Rovetto, los avances y retrocesos en torno a la violencia de género conviven en una tensión constante. Reconoce que, especialmente a partir de la irrupción de Ni Una Menos, se produjo un cambio profundo en la conciencia social: la violencia dejó de percibirse como un asunto privado para entenderse como un problema estructural. Esa transformación marcó a una generación que hoy transita la adultez con otras herramientas y lenguajes. Sin embargo, advierte que en los últimos años esa conciencia parece haber sufrido un retroceso, erosionada por nuevos climas políticos y discursivos.

Rosario, redes de cuidado y el desafío de sostener la prevención frente al clima de retroceso en políticas de género

En ese mapa más amplio, la ciudad de Rosario aparece como un territorio particular: un espacio donde el movimiento feminista y de la diversidad mantiene una fuerte presencia, y donde todavía existen instituciones y organizaciones que alojan, escuchan y acompañan. Rovetto destaca la importancia de esa red, que no se limita a lo militante sino que también incluye infraestructura pública, como los centros territoriales de denuncia y los espacios de acceso a la justicia, distribuidos en los distintos distritos, donde es posible realizar consultas o formalizar denuncias.

Pero incluso con esos recursos, la sensación es ambivalente. Lo que alguna vez pareció un proceso de avance sostenido hoy se percibe, en parte, como un terreno que obliga a recomenzar. Rovetto vincula ese retroceso con un clima antifeminista que no solo impacta en las políticas públicas, sino también en la discursividad social, reinstalando sentidos que se creían en disputa. En ese contexto, insiste en que la respuesta no puede limitarse a dispositivos de atención o a la reacción frente a los hechos consumados: debe reforzarse el trabajo preventivo y cultural.

Allí la escuela ocupa un lugar estratégico. Desde las infancias —plantea— es posible empezar a cuestionar cómo se construyen los vínculos: los noviazgos, las amistades, las relaciones sexoafectivas. La Educación Sexual Integral, entendida en su sentido más amplio, aparece como una herramienta central no solo para abordar contenidos biológicos, sino para trabajar la convivencia, los lazos y las desigualdades. Cuando se implementa de manera integral, señala, su impacto trasciende el aula y alcanza también a las familias, generando conversaciones y revisiones que de otro modo no tendrían lugar.

En ese proceso, hay un punto que considera clave: desarmar las complicidades machistas que se construyen desde edades tempranas. Esas complicidades —que muchas veces se refuerzan en espacios como las redes sociales— sostienen prácticas y discursos violentos, y encuentran pocas resistencias dentro de los propios grupos de varones. La ausencia de interpelación entre pares, donde alguien pueda señalar que un comentario o una actitud no está bien, es parte del problema. Por eso, insiste, esa deconstrucción debe comenzar en la infancia.

ESI en disputa: recortes, redes sociales y el desafío de transformar la matriz cultural de la desigualdad

Sin embargo, también en este terreno identifica retrocesos. La Educación Sexual Integral ha sufrido recortes presupuestarios tanto a nivel nacional como provincial, debilitando su alcance en un momento en que, paradójicamente, se vuelve más necesaria. Rovetto conecta esta situación con un fenómeno más amplio: la exposición temprana y muchas veces desregulada a contenidos en redes sociales, donde circulan de forma masiva estereotipos de género, mandatos y violencias. Menciona incluso que en algunos países europeos se han comenzado a implementar regulaciones sobre el uso de redes en infancias y adolescencias, en respuesta a la crudeza de esos contenidos.

En ese cruce entre escuela, redes y cultura, se juega una disputa de fondo. Para Rovetto, la violencia de género no puede entenderse sin esa "matriz cultural" que la sostiene: un entramado de valores, prácticas y discursos donde el patriarcado, el machismo y la misoginia siguen teniendo presencia. Transformar esa matriz implica intervenir en todos los ámbitos posibles, pero especialmente en aquellos que todavía conservan una fuerte capacidad de socialización, como la escuela.

La apuesta, en definitiva, es doble: aprender nuevas formas de vincularse y, al mismo tiempo, desaprender aquellas que se incorporaron casi sin advertirlo. Porque, como advierte, muchas de las violencias que hoy se manifiestan no surgen de la nada, sino de aprendizajes cotidianos, naturalizados, que siguen reproduciendo desigualdades entre varones y mujeres. Desarmarlos es, quizás, una de las tareas más complejas, pero también más urgentes.

En la mirada de Florencia Rovetto, la desigualdad de género no es un fenómeno abstracto, sino una estructura profundamente arraigada que ordena la vida social a partir de jerarquías. En esa lógica, todo lo asociado a lo femenino queda relegado a un lugar de inferioridad, cosificación o explotación. Es una matriz que atraviesa prácticas cotidianas y modos de vincularse, y que —advierte— solo puede desmontarse si se interviene desde múltiples frentes. Entre ellos, la escuela, las familias y los espacios de formación aparecen como actores centrales, capaces de reconocer en la Educación Sexual Integral una herramienta clave para construir relaciones más sanas, solidarias e igualitarias.

Pero esa transformación no puede pensarse sin incluir a quienes históricamente ocuparon posiciones de privilegio dentro de esa estructura. Rovetto pone el foco en los varones, especialmente en los jóvenes atravesados por discursos antifeministas, y señala que allí hay un desafío urgente. En el ámbito de la Universidad Nacional de Rosario, se han desarrollado experiencias concretas en esa dirección: espacios de trabajo con varones que, a partir de denuncias o consultas en el marco de protocolos institucionales, son convocados a procesos de reflexión e interpelación. Acompañados por profesionales de la psicología que trabajan sobre masculinidades, esos dispositivos buscan que quienes participan revisen sus prácticas, cuestionen sus creencias y comiencen a desarmar formas de socialización machista profundamente naturalizadas.

Pese a ello, ese tipo de iniciativas aún no tiene un desarrollo equivalente en otros niveles educativos. Rovetto plantea la necesidad de que las políticas públicas, especialmente desde los ministerios de educación, asuman también esta tarea: generar espacios específicos para trabajar con varones, promover instancias de diálogo y habilitar procesos de cambio que muchas veces solo pueden darse entre pares. Romper la complicidad machista —dice— implica también que sean otros varones quienes puedan señalar límites, cuestionar conductas y abrir conversaciones incómodas pero necesarias.

Varones en tensión: privilegios, malestar y desafíos de transformación cultural

El problema, insiste, no se agota en las instituciones. En el ámbito familiar, las formas de crianza siguen reproduciendo diferencias desde edades tempranas: modos distintos de educar a niñas y niños, permisos implícitos, privilegios naturalizados. Esos privilegios —como el acceso al tiempo, al cuerpo o a la disponibilidad de las mujeres— suelen ser invisibles para quienes los ejercen, y por eso mismo requieren ser puestos en evidencia. Incluso los silencios, advierte, pueden funcionar como una forma de habilitación.

En este escenario, Rovetto identifica un fenómeno creciente: la emergencia de "varones enojados". Se trata de hombres que, frente al avance de los feminismos —impulsado en gran parte por movimientos como Ni Una Menos y por debates como el del aborto legal—, perciben una pérdida de privilegios y una alteración de su lugar en el mundo. Muchos de ellos, señala, no encontraron interlocutores ni espacios donde procesar esos cambios, y ese malestar se traduce en discursos antifeministas y, en algunos casos, de odio.

Para Rovetto, ignorar ese fenómeno no es una opción. A esos varones hay que hablarles, trabajar con ellos, generar condiciones para que puedan revisar lo aprendido y construir otras formas de relación. No todos quedaron al margen —reconoce—: hubo quienes se sumaron activamente a las luchas feministas. Pero una parte significativa transitó estos cambios en soledad, con desconcierto o rechazo, sin herramientas para reelaborar su posición.

En el fondo, lo que se juega es una disputa cultural de gran escala. El avance de las mujeres —especialmente de las más jóvenes— en términos de derechos, autonomía y conciencia crítica no siempre encontró un correlato en procesos de transformación equivalentes en los varones. Esa asimetría, sugiere Rovetto, ayuda a explicar parte de las tensiones actuales. Y es allí donde vuelve a aparecer la necesidad de intervenir: no solo para acompañar a quienes padecen la violencia, sino también para transformar las condiciones que la hacen posible.

Pandemia, discursos de odio y retrocesos en políticas de género

En el tramo final de su análisis, Florencia Rovetto suma otra capa para entender el presente: el impacto de la pandemia. El aislamiento, señala, no solo profundizó la soledad sino que también intensificó la exposición a discursos que legitiman la violencia en redes sociales. Ese escenario, combinado con un clima político atravesado por retóricas antifeministas —que identifica en figuras como Javier Milei, Lilia Lemoine y Patricia Bullrich—, generó condiciones para lo que define como una reacción patriarcal. En su lectura, ese proceso no solo reforzó posiciones previas, sino que en muchos casos derivó en expresiones más radicalizadas y violentas.

Rovetto remarca que ese cruce entre aislamiento, redes sociales y discursos legitimados desde espacios de poder tuvo efectos concretos, especialmente en varones jóvenes que encontraron allí formas de reafirmar identidades y resentimientos. Frente a eso, insiste en la necesidad de volver a pensar estrategias de intervención: desaprender prácticas, construir masculinidades menos violentas y habilitar formas de convivencia donde la igualdad no sea percibida como amenaza. En esa tarea, vuelve a ubicar a la escuela, los medios y la universidad como actores clave.

Sin embargo, cuando se le plantea dónde están hoy las mayores fallas como sociedad, su respuesta se vuelve más directa y política. Señala al actual gobierno como un factor central de deterioro, al que describe como insensible frente a las consecuencias de sus decisiones. Menciona los recortes en políticas de bienestar, en derechos humanos y en programas vinculados a la violencia de género, y vincula esas medidas con un contexto donde los femicidios continúan en aumento. Para Rovetto, no se trata solo de números, sino de una orientación general que desarticula redes de contención y debilita la capacidad del Estado para intervenir.

En ese marco, también cuestiona la dinámica que se impone desde la agenda pública: una lógica que obliga a reaccionar permanentemente frente a iniciativas que, desde su perspectiva, implican retrocesos en derechos. Como ejemplo, menciona el proyecto impulsado por Carolina Losada sobre falsas denuncias, al que considera especialmente problemático. Señala que ya existen figuras en el Código Penal para esos casos, y que endurecerlas específicamente en materia de género —incluyendo situaciones que involucran a infancias víctimas de abuso— puede generar efectos dañinos, desalentando denuncias y profundizando la vulnerabilidad de quienes ya atraviesan situaciones críticas.

Esa disputa por la agenda, explica, desplaza energías que podrían destinarse a ampliar derechos o mejorar condiciones de vida. En lugar de avanzar, muchas veces se ven obligados a defender conquistas previas. Aun así, Rovetto insiste en la necesidad de sostener la reflexión colectiva: preguntarse qué tipo de sociedad se está construyendo y qué horizonte se proyecta para las nuevas generaciones.

En su cierre, la advertencia es clara: sin una toma de conciencia social más amplia, los retrocesos pueden profundizarse. La salida, sugiere, no depende únicamente de las instituciones o de quienes ocupan cargos de responsabilidad, sino de una respuesta colectiva capaz de poner límites y reorientar el rumbo. Porque, en definitiva, lo que está en juego no es solo una agenda política, sino las condiciones mismas de convivencia social.

Redes de cuidado, protocolos y prevención de la violencia en la vida cotidiana

La voz de Florencia Rovetto vuelve sobre una preocupación concreta, casi urgente: qué hacer cuando la sospecha de una situación de violencia aparece en el entorno cercano. Ya no en el plano abstracto, sino en la vida cotidiana, entre compañeras, amigas o grupos que perciben que algo no está bien, aunque no siempre puedan nombrarlo con claridad.

En ese terreno, la primera clave es no mirar hacia otro lado. Rovetto insiste en que, si la situación se da dentro de la Universidad Nacional de Rosario, existen herramientas institucionales activas que pueden y deben ser utilizadas. Cada unidad académica —facultades y escuelas— cuenta con espacios de atención en el marco de los protocolos de abordaje de las violencias, integrados por equipos capacitados para recibir consultas, orientar y acompañar. El acceso a estos dispositivos está sistematizado también en la web institucional, dentro del área de género y sexualidades, donde se detallan contactos, horarios y modalidades de atención. Para Rovetto, ese es el camino más inmediato y efectivo ante una situación de alerta.

Pero no es el único. También señala la importancia de los espacios colectivos dentro de la universidad: organizaciones estudiantiles, agrupaciones políticas y secretarías de género que, en muchas facultades, funcionan como puntos de referencia cercanos y accesibles. Allí circula información, se construyen redes y, muchas veces, se generan los primeros acercamientos cuando alguien no sabe cómo dar el paso inicial.

Más allá de la respuesta puntual, Rovetto vuelve a poner el acento en la prevención y en la construcción de comunidad. Desde el área que dirige se impulsan de manera constante iniciativas orientadas a formar "promotoras contra las violencias": estudiantes y miembros de la comunidad universitaria que puedan detectar señales tempranas, acompañar y orientar a otras personas. Recuerda especialmente una de esas experiencias, el ciclo "Mil Micaelas", en homenaje a Micaela García, cuyo caso dio origen a la Ley Micaela. Esa ley —subraya— sigue siendo una herramienta fundamental, aunque hoy enfrente recortes y dificultades en su implementación.

En el fondo, lo que propone Rovetto es construir una red donde la detección no dependa únicamente de especialistas, sino también de los vínculos cotidianos. Que sean las propias comunidades —amigas, compañeras, pares— las que puedan advertir, contener y activar los recursos disponibles. Porque, como deja entrever a lo largo de toda su intervención, la violencia de género no irrumpe de un momento a otro sin señales previas: muchas veces se manifiesta en gestos, silencios o cambios que, si encuentran escucha y acompañamiento, pueden abrir la puerta a una intervención a tiempo.

Escuchá la entrevista completa:

La otra escena del femicidio: cuando informar también es violencia

La foto del femicida, acompañado por Sophia, fue publicada por muchos medios, en este caso fue editada 

El femicidio de Sophia Civarelli reabrió el debate sobre la responsabilidad de los medios de comunicación: familiares, amigas y organizaciones denunciaron que la desinformación, la especulación y el tratamiento del caso también construyen violencia.

Mientras ese primer relato todavía circulaba, la investigación empezaba a aportar datos decisivos. En las horas siguientes se conocieron los resultados de la autopsia: el informe del Ministerio Público de la Acusación confirmó que Sophia Civarelli murió como consecuencia de una herida punzante en el cuello, lo que descartó de plano la hipótesis de un suicidio.

De acuerdo con los peritos, el ataque ocurrió el jueves 16 de abril por la tarde. El cuerpo fue hallado en la madrugada del viernes en el departamento de 3 de Febrero al 2400, en Rosario, donde vivía con su pareja. Al momento del hallazgo, los especialistas estimaron que llevaba entre 10 y 15 horas sin vida.

El principal sospechoso es su pareja, Valentín Alcida. Según la reconstrucción de los investigadores, permaneció en el lugar hasta aproximadamente las 2 de la madrugada del viernes. Luego se dirigió a la casa de una amiga, también sobre calle 3 de Febrero pero al 1100, donde se arrojó desde altura.

La noticia apareció primero como tantas otras: un título urgente, un corte de calle, una hipótesis en construcción. Una joven muerta en un departamento del macrocentro de Rosario. Un cuerpo con una herida en el cuello. Una pareja que, en paralelo, caía al vacío. La etiqueta inicial fue "muerte dudosa". Después, "posible doble suicidio".

Pero mientras la información aún circulaba incompleta, algo más empezaba a tomar forma: un relato mediático apurado, cargado de conjeturas, que sería fuertemente cuestionado pocas horas después. En ese mismo clima, la fiscal del caso convocó una conferencia de prensa y evitó hablar de femicidio: lo encuadró como una "muerte dudosa".

Con el correr del día, la investigación empezó a ordenar los hechos en otra dirección: femicidio seguido de suicidio. Sin embargo, para entonces, muchas de las versiones iniciales ya habían sido instaladas.

Una semana después del hecho, en la plaza 25 de Mayo, frente a familiares, amigas y organizaciones, la discusión dejó de ser solo judicial. Se volvió también pública y política: cómo se cuenta la violencia.

El principal pedido explícito fue a los medios: "Les pedimos algo básico, pero urgente: ética, verdad y responsabilidad", dijeron desde el documento leído por el entorno de la víctima. La frase no fue un pedido aislado, sino una acusación directa. "Se intentó instalar un relato que no era cierto", agregaron. Y señalaron algo más grave: "Aun cuando la Fiscalía confirmó que se trató de un femicidio, los medios continuaron poniéndolo en tela de juicio".

Para quienes tomaron la palabra, esto no constituye un hecho aislado, sino parte de un problema estructural: "Estas maniobras no son hechos aislados. Forman parte de prácticas que invisibilizan la violencia y obstaculizan el acceso a la verdad". 

La crítica también alcanzó el modo en que los medios narran estos hechos. Retomando la idea de la "pedagogía de la crueldad", señalaron: "Una forma en la que aprendemos, muchas veces desde los medios, a mirar el dolor con distancia, a volverlo espectáculo, a vaciarlo de humanidad". Frente a esto, insistieron: "Que la repetición en bucle de la violencia no la vuelva normal" y reclamaron nuevamente que "quienes comunican lo hagan con respeto y responsabilidad".

El cuestionamiento se volvió aún más concreto y doloroso en la voz de la madre de la víctima, Natalia, quien expresó: "No quería dejar de mostrar mi disconformidad en la forma de informar de los medios". Su crítica apuntó directamente al tratamiento visual: "Al abrir una nota y ver a mi hija junto a la persona que le quitó la vida", dijo, evidenciando el impacto que esa decisión editorial tiene en las familias. Y subrayó: "Ahí, cuando ya se había confirmado desde un principio que era femicidio. La cara de mi hija no es la que tiene que ser visible. Es la cara del asesino".

En la misma línea, la hermana de Sophia realizó un descargo contundente, en el que señaló: "Por el mal manejo de algunos medios periodísticos". Su señalamiento apuntó a la lógica de la primicia por sobre la responsabilidad: "Por tener una primicia, se olvidan de la noticia y de la víctima. Se olvidan del respeto y sobre todo del dolor de la familia".

Además, denunció la rapidez con la que se construyen versiones sin sustento: "A pocas horas de que todo esto saliera a la luz, ya estaban con sus hipótesis, sus opiniones y lo peor, con las fotos". Esa práctica, explicó, tuvo consecuencias directas: "Mucha gente de mi familia se enteró por los medios". Y agregó una imagen que resume el impacto emocional de esa cobertura: "No podían ni abrir las redes… soportar ver la cara de mi hermana junto a su asesino".

Y sintetizó la crítica en una frase que condensa el conflicto: "Por tener una primicia, se olvidan de la noticia y de la víctima".

La crítica se detiene en un punto incómodo: la violencia no se limita al suceso, también se produce en su circulación. "La violencia no empieza ni termina en el hecho; también se construye en el silencio, la desinformación y la negligencia mediática".

En ese marco, aparece otra dimensión: la forma en que los medios narran el dolor. "Una forma en la que aprendemos, muchas veces desde los medios, a mirar el dolor con distancia, a volverlo espectáculo, a vaciarlo de humanidad", señalaron. Y advirtieron sobre un efecto más profundo: "Que la repetición en bucle de la violencia no la vuelva normal".

La madre de la joven llevó esa crítica al terreno más concreto: la imagen. "No quería dejar de mostrar mi disconformidad en la forma de informar de los medios", dijo. Y puso en palabras una escena que se repitió en portales y redes: "Al abrir una nota y ver a mi hija junto a la persona que le quitó la vida".

Para ella, el problema no fue solo informativo, sino simbólico: "La cara de mi hija no es la que tiene que ser visible. Es la cara del asesino…".

El señalamiento incluye tiempos y procedimientos: "A pocas horas de que todo esto saliera a la luz, ya estaban con sus hipótesis, sus opiniones y lo peor, con las fotos".

En ese punto, la crónica deja de moverse únicamente en el terreno de los hechos y entra en otro: el de las responsabilidades. No solo qué pasó, sino cómo se cuenta lo que pasó.

Porque si algo quedó expuesto en la 25 de Mayo es que la cobertura también puede ser una forma de violencia. No necesariamente por lo que dice, sino por cómo lo dice, cuándo lo dice y qué se decide mostrar.

Entre la "muerte dudosa" de las primeras horas y la confirmación del femicidio, hay un recorrido que no es solo judicial. Es también mediático. Y en ese trayecto —marcado por la prisa, la especulación y la falta de cuidado— se juega otra disputa: la del sentido.

Nombrar bien, en estos casos, no es un detalle. Es una forma de justicia.

Falsas denuncias en agenda: Lucrecia Aranda cuestiona el relato y alerta por la subdenuncia

Lejos de la política institucional, la histórica militante feminista vuelve a intervenir en el debate público ante lo que define como una amenaza a los derechos de las infancias. Advierte sobre el impacto de discursos que ponen en duda a las víctimas y reclama más recursos para investigar delitos sexuales, en lugar de endurecer penas por denuncias falsas

Lucrecia Aranda es una dirigente política y social de la provincia de Santa Fe, con una extensa trayectoria vinculada al Partido Socialista y a la ciudad de Rosario. Fue diputada provincial y se destacó por su trabajo en temas de género, derechos humanos y políticas sociales. Antes de llegar a la Legislatura, fue la primera titular del Área de la Mujer de Rosario y una de las fundadoras de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, creada en 2005. Desde ese rol, fue pionera en impulsar políticas públicas con perspectiva de género en la ciudad y se consolidó como una referente histórica en la lucha por los derechos de las mujeres en la Argentina.

Militancia, Estado y derechos conquistados
Militante feminista desde el retorno de la democracia, participó activamente en la construcción de la agenda de derechos de las mujeres y en espacios pioneros del movimiento en Rosario. Durante su paso por la Cámara de Diputados de Santa Fe, promovió iniciativas orientadas a la protección de derechos, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Impulsó proyectos para transparentar los sistemas de adopción y combatir redes ilegales vinculadas a la niñez, y tuvo un rol activo en el debate sobre trata de personas y explotación sexual, reclamando políticas más eficaces de prevención y acompañamiento. También trabajó en propuestas para revisar normativas que habilitaban prácticas arbitrarias, con una mirada centrada en los derechos humanos. En la actualidad, integra la Asamblea lesbotransfeminista de Rosario.

La escena: una preocupación urgente
Lejos del ritmo áspero de la política institucional, Lucrecia Aranda vuelve a hablar. No desde una banca ni desde un cargo, sino desde el estudio de Aire Libre, Radio Comunitaria, donde su voz conserva la misma firmeza que atravesó décadas de militancia. Llega puntual, saluda con calidez y, antes de que la conversación avance, deja escapar una ironía: la presentación —dice— la hace sentir “un poco vieja”. Sonríe. No hay nostalgia en el gesto, sino una forma de marcar distancia.

Hace tiempo que se corrió de los espacios formales de poder, pero no del debate público. Hay temas que, para ella, no admiten retiro. Esta vez, el disparador es lo que define como una amenaza concreta: la instalación de discursos que ponen en duda las denuncias de abuso sexual en infancias y adolescencias. Habla de un clima que se enrarece, de una narrativa que gana terreno y que —advierte— no es inocente.

Desde ese lugar, Aranda vuelve a intervenir. Y lo hace con una certeza que no se ha movido con los años: cuando se debilita la palabra de quienes denuncian, lo que está en juego no es sólo una discusión pública, sino la posibilidad misma de que esos abusos salgan a la luz.

El foco en las denuncias falsas

Desde ese lugar, explica el motivo de su reciente posicionamiento público: una preocupación creciente por lo que define como una ofensiva discursiva contra las denuncias de abuso sexual en infancias y adolescencias. Señala que, en los últimos días, distintos medios de comunicación de Rosario, de la provincia y del país han instalado la idea de una supuesta "catarata" de denuncias falsas. Según describe, esa narrativa presenta a "mujeres malvadas que persiguen a pobres padres alejados de sus hijos", una construcción que considera falaz y deliberada.

Aranda sostiene que se trata de una operación para influir en la opinión pública y la vincula directamente con una iniciativa legislativa impulsada por la senadora Carolina Losada. Ese proyecto, explica, propone aumentar las penas para el delito de falsa denuncia cuando esté relacionado con casos de abuso sexual infantil, violación u otros delitos denunciados por mujeres, niñas, niños y adolescentes. Subraya que el delito de falsa denuncia ya existe en el Código Penal, y que la propuesta busca endurecer las sanciones en un terreno particularmente sensible.

Subdenuncia: el verdadero problema

En su análisis, la instalación mediática de este tema no responde a una problemática real en términos estadísticos. Reconoce que pueden existir denuncias falsas, como en cualquier otro delito —estafas, robos—, pero insiste en que son casos excepcionales. "Son mínimas, el cero coma algo por ciento", enfatiza, para luego contraponer ese dato con lo que considera el verdadero problema: la enorme subdenuncia de los delitos sexuales.

Para sostener su argumento, recurre a datos de la Encuesta Nacional de Victimización del INDEC, que revela que 9 de cada 10 personas que sufrieron ofensas sexuales no realizaron la denuncia. El número, remarca, es contundente y desarma la idea de una supuesta masividad de denuncias falsas. Por el contrario, lo que existe es un silencio extendido, motivado por la vergüenza, la culpa, la desconfianza en el sistema judicial y el temor a la exposición.

Infancias, relatos y complejidad

En ese sentido, describe situaciones concretas: madres que, ante un abuso, optan por alejar al agresor sin judicializar el caso, para evitar que sus hijas o hijos atraviesen procesos revictimizantes, como entrevistas reiteradas o pericias invasivas. Esa realidad, asegura, se repite tanto en Santa Fe como en el resto del país.

Aranda también menciona que, frente a esta coyuntura, comenzaron a surgir pronunciamientos críticos desde distintos sectores. Uno de ellos, señala, fue reflejado por el diario La Capital, luego de haber publicado previamente varias notas centradas en la problemática de las denuncias falsas. Para ella, este giro evidencia que el debate está abierto, pero también que existe una disputa por el sentido de lo que se instala en la agenda pública.

Su intervención, entonces, no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una trayectoria coherente: la de una militante que, incluso fuera de los cargos institucionales, continúa interviniendo en discusiones clave, con la convicción de que los derechos conquistados —especialmente en materia de género y niñez— requieren una defensa permanente.

Un sistema bajo presión

El pronunciamiento al que alude Lucrecia Aranda no fue aislado ni menor. En medio de la creciente instalación mediática sobre las supuestas denuncias falsas, distintos organismos del sistema judicial salieron a fijar posición. El documento, difundido el 10 de abril, llevó la firma del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal, y advirtió con claridad que la idea de una "epidemia" de falsas denuncias carece de sustento empírico. Más aún, alertaron que este tipo de construcciones generan efectos regresivos y expresaron su preocupación por proyectos legislativos basados en diagnósticos erróneos y datos falsos.

Para Aranda, ese posicionamiento confirma lo que desde los espacios feministas vienen señalando: que no se trata de un debate técnico sino de una disputa política y cultural. En su mirada, la avanzada tiene un objetivo concreto: desalentar la denuncia, instalar sospechas sobre quienes acuden a la justicia y, en definitiva, invertir la carga de la prueba. "Quien va a denunciar un abuso sexual infantil hoy se encuentra sospechada", plantea, subrayando además que esa sospecha recae mayoritariamente sobre mujeres.

La dirigente describe con precisión cómo circula la palabra de niñas y niños en situaciones de abuso. No aparece, en la mayoría de los casos, en tribunales ni en comisarías, sino en ámbitos cotidianos y de confianza: la escuela, el centro de salud, el comedor comunitario. Allí, señala, son generalmente mujeres —docentes, pediatras, trabajadoras sociales— quienes escuchan, detectan señales o advierten signos compatibles con situaciones de violencia. De ese entramado surge muchas veces la primera alerta, desmontando el estereotipo de la madre que inventa una denuncia para perjudicar a un padre.

Incluso, advierte, en no pocas ocasiones la madre no es quien inicia el proceso. El llamado "develamiento", ese momento en que el niño o la niña logra expresar lo que está viviendo, provoca un cimbronazo profundo. La primera reacción, dice, suele ser la negación, no por desinterés sino por el impacto devastador de lo que implica. El abuso sexual infantil, explica, es uno de los delitos más desestructurantes: quiebra la confianza primaria y, muchas veces, se inscribe en el núcleo familiar, atravesado por el tabú del incesto. Cuando el agresor es el padre, el padrastro, un abuelo o un hermano, la crisis no es sólo individual sino de toda la familia.

En ese contexto, los relatos de las víctimas no siguen una lógica lineal. Aranda describe cómo niñas y niños, al percibir el dolor que generan sus palabras, pueden retractarse o fragmentar sus testimonios. Por eso insiste en la importancia del trabajo profesional: psicólogas, peritos y equipos interdisciplinarios capaces de interpretar esos relatos en su complejidad. Sin embargo, advierte que ese mismo entramado hoy está bajo presión. En Rosario, menciona, hay profesionales —psicólogas, médicas forenses, docentes— que enfrentan denuncias o cuestionamientos por intervenir en estos casos.

El riesgo no es abstracto. Aranda trae a la memoria el caso de Vanesa Castillo, la maestra asesinada tras acompañar a una niña que había denunciado abuso intrafamiliar. Ese episodio, señala, expone el nivel de violencia y de exposición al que quedan sometidas quienes intervienen. En ese marco, no sorprende que cada vez sea más difícil encontrar profesionales dispuestos a asumir estos casos, atravesados por la complejidad, la carga emocional y también por presiones externas.

La dirigente describe un escenario donde las fiscalías están desbordadas y, al mismo tiempo, sometidas a fuertes tensiones. Habla de amenazas, de lobbies, de presiones que atraviesan a todos los actores del sistema. Y subraya un elemento clave: a diferencia de otros delitos, el abuso sexual infantil atraviesa todas las clases sociales. Cuando las denuncias alcanzan a sectores con poder económico, advierte, entran en juego mecanismos de presión mucho más sofisticados.

Números que interpelan

Los números, en ese sentido, vuelven a ser contundentes. La fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, informó recientemente en la Legislatura que durante 2025 ingresaron 4.984 denuncias por delitos contra la integridad sexual. De ese total, apenas el 7,1% llegó a una condena efectiva, mientras que el 81,7% fue desestimado o archivado, en la mayoría de los casos por falta de pruebas. Para Aranda, estos datos no indican falsedad sino la enorme dificultad probatoria de este tipo de delitos.

Porque, explica, el abuso sexual infantil suele ocurrir en ámbitos privados, sin testigos y sin dejar huellas físicas evidentes, especialmente en niños pequeños. Además, no se trata de hechos aislados sino de procesos: el agresor construye progresivamente una relación abusiva, muchas veces bajo la apariencia de afecto o cuidado. Esa dinámica, sumada a la corta edad de las víctimas, hace que los casos se revelen años después de iniciados.

En ese entramado, la llamada Cámara Gesell aparece como una herramienta central pero también limitada. Aranda la describe como un dispositivo donde el niño declara frente a un equipo profesional, mientras es observado desde otro espacio. Sin embargo, advierte que esa instancia muchas veces se sobredimensiona como prueba única. El miedo, la demora —que puede ser de meses— y la exigencia de un relato ordenado conspiran contra la posibilidad de obtener testimonios claros. Los niños, recuerda, no hablan como adultos: sus relatos son fragmentarios, a veces contradictorios, atravesados por el trauma.

Recursos vs. castigo

Por eso insiste en la necesidad de fortalecer el sistema: más recursos, más profesionales, más herramientas para recolectar pruebas. Contrapone esa carencia con modelos idealizados de series como La ley y el orden o CSI, donde existen múltiples instancias de investigación. En la realidad local, señala, muchas veces todo se reduce a una única entrevista tardía.

En ese desfasaje entre la complejidad del delito y la precariedad de las respuestas institucionales, Aranda ubica el verdadero problema. No en una supuesta proliferación de denuncias falsas, sino en un sistema que llega tarde, con pocos recursos y bajo presión, a uno de los delitos más difíciles y más devastadores de abordar.

La voz de Lucrecia Aranda se vuelve más enfática cuando describe el presente y las acciones que impulsan desde la Asamblea lesbotransfeminista de Rosario. En ese marco, anticipa una intervención concreta: una convocatoria frente a tribunales para exigir respuestas urgentes. La demanda, explica, no es abstracta ni declamativa, sino profundamente material: más recursos, más equipos interdisciplinarios, más personal especializado y mejores condiciones para producir pruebas. Todo, con el objetivo de revertir una realidad que considera inaceptable: miles de denuncias que, en su enorme mayoría, no logran traducirse en condenas.

El dato vuelve a aparecer como una herida abierta: cerca de 5.000 denuncias por delitos contra la integridad sexual en un año y apenas un 7,1% de condenas efectivas. Para Aranda, esa brecha no puede justificarse únicamente en el "beneficio de la duda" o en la falta de pruebas. Por el contrario, sostiene que ese funcionamiento termina operando como una garantía de impunidad para los abusadores y como una nueva forma de revictimización para niñas, niños y adolescentes. El daño, insiste, es profundo cuando alguien logra hablar —atravesando miedo, culpa y silencios— y el sistema no responde.

En ese sentido, la exigencia se dirige a todos los niveles del Estado: municipal, provincial y nacional, y también a los tres poderes. Aranda remarca que la obligación de proteger a las infancias está establecida tanto en la Constitución como en las leyes vigentes, y que no puede haber zonas grises en esa responsabilidad. Interpela a la justicia, a la fiscalía, a las áreas de niñez y también al Estado local, señalando la necesidad de una intervención articulada y efectiva.

La movilización no se limita a la calle. También menciona la circulación de iniciativas y campañas para oponerse al proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada en el Senado. Desde su perspectiva, esa propuesta no sólo es equivocada en su diagnóstico, sino que resulta directamente dañina: "penaliza, asusta, es una amenaza directa", afirma, interpretándola como un mensaje disuasorio hacia mujeres que podrían denunciar situaciones de violencia propias o de sus hijos.

Disputa política y cultural

Aranda no duda en señalar que detrás de la instalación del tema existe una articulación de intereses. Evita las generalizaciones —aclara que no se trata de "toda" la justicia ni de "todos" los medios—, pero insiste en que hay sectores con poder suficiente para imponer una agenda en cuestión de días. Se pregunta, casi retóricamente, quién puede instalar a nivel nacional un tema sin estadísticas claras que lo respalden, mientras que otros datos —sobre abuso sexual, violencia de género o femicidios— están ampliamente documentados por organismos como la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En ese contraste, sugiere que la construcción de las "falsas denuncias" responde más a una estrategia que a una realidad verificable. Y, para reforzar su argumento, el periodista introduce un señalamiento político: recuerda episodios protagonizados por la propia Losada durante su carrera pública, en los que —según plantea— se instalaron acusaciones sin sustento, como supuestos vínculos con el narcotráfico del dirigente Maximiliano Pullaro o afirmaciones mediáticas sobre la existencia de venta de bebés en Rosario que nunca fueron comprobadas.

La crítica se amplía cuando aborda el concepto de "recuerdos implantados", una idea que —según advierte— comienza a circular con fuerza para desacreditar testimonios de víctimas. Aranda rechaza esa noción con ironía y firmeza, cuestionando la idea de que niñas y niños puedan ser manipulados como si fueran "depósitos" de relatos ajenos. Reconoce que los testimonios infantiles pueden ser fragmentarios, confusos o incompletos, pero subraya que existen dimensiones —sensoriales, emocionales, corporales— que no pueden ser inventadas ni inducidas fácilmente.

El rol de las mujeres y los estigmas persistentes

Para ella, esta nueva narrativa reemplaza viejos prejuicios. Antes, dice, se desestimaban los relatos bajo la idea de que "los chicos fantasean". Hoy, frente a una mayor conciencia social sobre el abuso, ese argumento perdió eficacia y fue sustituido por otro: el de madres que supuestamente inducen a sus hijos a mentir. Aranda lo considera una forma renovada de estigmatización, que vuelve a cargar la sospecha sobre las mujeres.

En ese punto, su tono se vuelve más íntimo y reflexivo. Describe el dolor que atraviesa a una madre cuando enfrenta la posibilidad de que su hijo o hija haya sido abusado, especialmente cuando el agresor es alguien cercano. Habla de culpa, de devastación emocional, de una experiencia que ninguna mujer desearía atravesar. Desde esa perspectiva, cuestiona con dureza la idea de que una madre pueda inventar una acusación de ese calibre como estrategia.

Sin embargo, no niega la posibilidad de que existan denuncias falsas. Reconoce que pueden ocurrir, como en cualquier otro delito, pero insiste en que para eso ya existen herramientas legales. La clave, señala, no es endurecer penas ni instalar miedo, sino mejorar la calidad de las investigaciones. Ese es, en definitiva, el eje del reclamo: procesos judiciales sólidos, con altos estándares de prueba, recursos suficientes y acompañamiento integral a las víctimas.

La conclusión de Aranda se alinea con toda su intervención: lejos de desalentar la denuncia, el desafío es fortalecerla. Generar condiciones para que niñas, niños, adolescentes y mujeres puedan hablar, ser escuchados y atravesar procesos judiciales que no los vuelvan a dañar. Porque, en su mirada, denunciar no sólo es un acto individual, sino también una forma de proteger a otros.

La escena que se repite: medios, sobreexposición y una voz que intenta correrse

Hacia el final de la conversación, el clima se vuelve más tenso y reflexivo. El periodista introduce una escena casi anticipada: la cobertura mediática que vendrá, los recortes, los titulares, la amplificación de un caso que —advierte— volverá a instalar la idea de denuncias falsas. Nombra, en ese contexto, a la senadora Carolina Losada y a Ricardo Biasotti, como figuras que probablemente serán parte de esa exposición. Y señala, con preocupación, que en el centro de esa narrativa quedará nuevamente una mujer que, ya adulta, intentará evitar la sobreexposición para no ser revictimizada.

Lucrecia Aranda retoma esa idea y la profundiza. Describe a esa mujer como alguien que intenta seguir con su vida, mantenerse al margen, no volver a quedar atrapada en una escena pública que no eligió. Pero, al mismo tiempo, cuestiona el accionar de quienes, en nombre de su propia versión de los hechos, exponen a sus hijos e hijas con nombre y apellido. Esa exposición, advierte, no es inocua: implica hacer públicos aspectos íntimos, forzar relatos, imponer tiempos que no siempre coinciden con los procesos personales. "Cada uno tramita sus dolores y sus traumas de la mejor manera posible", señala, marcando un límite claro entre la decisión individual de contar y la imposición externa.

En ese punto, la conversación gira hacia un aspecto que Aranda considera central: la educación sexual integral. Insiste en su importancia no sólo como herramienta de prevención, sino también de detección y acompañamiento. La define como una política pública que fue injustamente demonizada, presentada como una amenaza cuando, en realidad, ofrece información adecuada a cada etapa del desarrollo. Habla de materiales pensados pedagógicamente, de lenguajes accesibles, de recursos como juegos, canciones y cuentos que permiten a niñas y niños comprender su cuerpo, reconocer límites y diferenciar entre situaciones de cuidado y de riesgo.

Educación sexual integral: herramienta clave

Para Aranda, la Educación Sexual Integral crea un ámbito seguro, especialmente allí donde muchas familias no cuentan con herramientas para abordar estos temas. En la escuela, dice, se habilita la palabra, se construye confianza y se generan condiciones para que los chicos puedan nombrar lo que les pasa. Esa posibilidad, remarca, es clave en contextos donde el silencio suele ser la regla.

Medios, narrativas y percepción social

Sin embargo, vuelve una y otra vez sobre el rol de los medios y la construcción de sentido. Advierte que la repetición sistemática de ciertos discursos —aunque carezcan de evidencia— termina instalando percepciones sociales. Habla de relatos "guionados", de narrativas que se reproducen hasta volverse creíbles, y contrapone esa maquinaria con la experiencia concreta de las personas. Propone, entonces, un ejercicio simple pero contundente: que cada quien revise su propia historia, su entorno, su memoria.

La pregunta que plantea es directa: cuántas situaciones de abuso conoce cada persona en su círculo cercano. No desde estadísticas, sino desde la experiencia cotidiana. Casos más o menos graves, visibles o silenciados, pero presentes. A partir de esa reflexión, construye su argumento central: lo masivo no son las denuncias falsas, sino el abuso sexual. Y contrapone esa evidencia vivencial con la ausencia de ejemplos concretos de falsas denuncias antes de su reciente instalación mediática.

En ese punto, introduce una reflexión atravesada por la ironía sobre la manera en que ciertos temas irrumpen en la agenda pública. "¿Cuándo se había enterado de las falsas denuncias? ¿No? Tal cual", desliza, para luego trazar una comparación: "esto es como lo de los therians". Según plantea, mientras se discutía la reforma de la Ley Laboral —en un contexto de denuncias por pérdida de derechos, abusos y explotación en el trabajo—, emergió de forma repentina un tema que desplazó la atención pública.

Para graficar ese fenómeno, recurre a la idea de asuntos que aparecen como si fueran omnipresentes, aunque no tengan correlato en la experiencia cotidiana. Discusiones que irrumpen de golpe y ocupan la agenda. La metáfora de las "vacas violetas" sintetiza esa lógica: aquello que se presenta como frecuente o extendido, pero que en la vida real no se verifica con la misma intensidad.

En paralelo, recuerda que los datos sobre violencia sexual son persistentes y verificables: abusos, violaciones grupales, femicidios. Realidades que, subraya, se repiten cotidianamente y que cuentan con registros en organismos como la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Frente a eso, cuestiona que el debate público se desplace hacia un fenómeno cuya magnitud no está demostrada.

Más allá del caso: la ofensiva contra los feminismos

La lectura política aparece con claridad en el cierre. Aranda define esta avanzada como parte de un ataque más amplio contra los feminismos y los movimientos de diversidad sexual. No lo limita a una coyuntura local, sino que lo inscribe en una tendencia global que asocia a sectores de derecha con estrategias de desarticulación de lo colectivo. En su interpretación, los feminismos no sólo disputan derechos, sino que construyen comunidad: en comedores, en barrios, en organizaciones, en redes cotidianas de cuidado.

Esa dimensión comunitaria, sostiene, es precisamente lo que se busca erosionar. Frente a ella, se promueve una lógica individualista, donde cada persona queda aislada, responsabilizada por su propia situación. "Sos pobre porque no la viste", resume, citando una idea que atribuye a esos discursos, en contraposición a una mirada estructural sobre las desigualdades.

La entrevista, ya convertida en relato, se cierra con la convocatoria concreta y urgente. El próximo jueves, a las diez de la mañana, en las escalinatas de los tribunales de Rosario, sobre calle Balcarce, la Asamblea volverá a hacerse presente. No como un gesto aislado, sino como parte de una trama de militancia que, incluso fuera de los cargos institucionales, sigue buscando incidir en la agenda pública y en la defensa de los derechos más vulnerados.

Escuchá la entrevista completa:

Leé el documento completo:

Periodismo en riesgo: redacciones latinoamericanas fortalecen la protección de mujeres periodistas

Reportera Jasmin López, de eP Investiga, cubre una protesta estudiantil de la Universidad San Carlos en la Ciudad de Guatemala el 8 de abril de 2026

Por: Silvia Higuera
El cierre del emblemático medio guatemalteco elPeriódico en mayo de 2023, luego de una sostenida persecución contra su fundador, José Rubén Zamora, algunos de sus periodistas quisieron continuar el trabajo que definía a la publicación.

"Nos quisieron callar, pero no pudieron", dijo Gerson Ortiz, el último jefe de redacción de elPeriódico, a LatAm Journalism Review (LJR) en julio de 2024. "Cerraron elPeriódico, pero el periodismo de Guatemala sigue vivo".

Ortiz, junto con la entonces directora Julia Corado, lanzó en abril de 2024 eP Investiga, un medio de investigación inspirado en el periodismo ambicioso y crítico de su predecesor. Pero los desafíos fueron inmediatos y los retos mayores desde que tuvieron que codirigir el medio desde el exilio.

Una reportera fue agredida por un abogado que era investigado por presunto fraude fiscal. Y el sitio web quedó fuera de servicio tras un ataque de bots mientras el equipo cubría la detención de una defensora de derechos humanos en el vecino país de El Salvador.

Las directivas del medio señalan que la respuesta de las autoridades no fue insuficiente o agravó el daño y evidenció lo poco preparada que estaba su pequeño equipo para enfrentar amenazas.

"Como somos un medio nuevo y una redacción pequeña, tenemos aún pendientes algunos aspectos como tener protocolos de seguridad y cómo reaccionar ante alguna emergencia", dijo a LJR una de sus editoras, Shirlie Rodríguez.

Conscientes de esto, eP Investiga postuló para hacer parte de "Safeguarding Women’s Voices: Enhancing Gender-Responsive Safety Strategies in Newsrooms", una iniciativa de un año diseñada para ayudar a las redacciones a desarrollar sus medidas de seguridad y atender los riesgos específicos que enfrentan las mujeres periodistas. En efecto, eP Investiga fue uno de los tres medios de América Latina y el Caribe que hacen parte de ella.

Equipo del medio guatemalteco eP Investiga, uno de los tres medios de América Latina y el Caribe que hacen parte de la iniciativa "Safeguarding Women’s Voices"

El programa, liderado por la International Women’s Media Foundation (IWMF) y la Unesco, reúne a 11 medios de todo el mundo. Los otros dos medios latinoamericanos no han dado autorización de publicar sus nombres, según el IWMF. Los participantes reciben apoyo personalizado para desarrollar protocolos de seguridad adaptados a las amenazas que enfrentan, ya sea a nivel nacional o en la cobertura diaria, explicó a LJR Angelica Mayor, gerente de programa.

La iniciativa comienza con evaluaciones de las vulnerabilidades de cada redacción y de las medidas de protección existentes, seguidas de grupos focales con las redacciones que participan y colaboradores freelance, así como capacitaciones en seguridad física y digital.

Las necesidades varían ampliamente. Algunos medios enfrentan intimidación por parte de funcionarios públicos; otros lidian con los desafíos logísticos y legales de operar a través de fronteras, como ocurre con redacciones en el exilio como eP Investiga.

"Lo que respecta a los periodistas en el exilio," dijo Mayor, "existe mucha compartimentación: trabajan con colegas que aún están en el país, pero al mismo tiempo tienen colegas en el exilio, lo que hace que la situación de la redacción sea bastante precaria".

A pesar de estas particularidades, las conversaciones iniciales le han permitido al equipo de la iniciativa identificar patrones a nivel global. Así, por ejemplo, están las amenazas de parte de actores estatales, es decir, vigilancia a las redacciones. Los grupos criminales se suman a esta vigilancia, los cuales ya usan drones como lo hacen también actores estatales.

Asesinatos y extorsiones, así como la exposición a conflicto (cubrir tiroteos, atentados, etc.) hacen parte de lo que también enfrentan estas redacciones.

A nivel digital, dijo Mayor, encontraron muchos casos de phishing (unos más sofisticados que otros), ataques a sus páginas web así como a redes sociales, y vigilancia en línea. Por ejemplo, el caso de Pegasus y otros tipos de software hacen parte de las mayores preocupaciones.

"Muchas redacciones no tienen la estructura necesaria para usar comunicaciones seguras", dijo Mayor, quien incluyó en este tema, la protección a la comunicación con la fuente. "Estamos trabajando con ellas para garantizar que sus comunicaciones sean seguras, que utilicen la autenticación de dos factores, que identifiquen cuándo se usan dispositivos personales para el trabajo y cómo eso podría implicar a las personas debido a la información que contienen".

Algunas redacciones tienen vinculadas sus direcciones físicas con las del periodista o director. Eso lleva a más posibilidad de doxxing e incluso violencia física.

"También existe el acoso en línea, utilizado como táctica para desalentar el periodismo, y este acoso, predominante o desproporcionadamente se dirige a mujeres periodistas y a periodistas marginados. Esto desalienta aún más el periodismo", dijo Mayor.

En efecto, un estudio global de 2021 reveló que el 73% de las periodistas encuestadas reportaron haber sufrido acoso en línea en algún momento debido a su trabajo. Además, los ataques fueron más frecuentes contra las mujeres indígenas y afrodescendientes.

Estos casos llevan a la autocensura e incluso a la renuncia del periodismo de parte de las mujeres. Y es justamente por esto, que la iniciativa busca proteger a estas mujeres.

"Si bien abarca a todos los géneros, siempre adoptamos una perspectiva de género porque […] reconocemos que, según las investigaciones que hemos realizado, las mujeres y las personas no binarias que trabajan como periodistas reciben desproporcionadamente más amenazas debido a su identidad", dijo Mayor.

Un tema en el que coincide Rodríguez, quien también ha visto cómo los ataques que reciben las mujeres del equipo tienden a ser sexualizados, misóginos y que finalmente llevan a la renuncia hacia el periodismo.

Por ejemplo, dijo Rodríguez, el caso de violencia física contra su colega fue particularmente "chocante". Además de la agresión como tal, les preocupó que en la redacción no tenían claros los protocolos a seguir ni dónde encontrar la ayuda legal necesaria.

Algo similar sucedió con la agresión digital, en donde el sitio web estuvo al menos seis horas offline. El equipo técnico encontró "acceso inusual de bots" provenientes de Estados Unidos y El Salvador justo cuando cubrían la detención de la defensora de derechos humanos Ruth López en El Salvador.

"Hay más riesgos para las mujeres. Los ataques son violentos hacia su persona, como individuo", dijo Rodríguez. "Con esta iniciativa, esperamos estar más preparados para hacer frente a estos problemas".

Fotos: eP Investiga

Fuente: LatAm Journalism Review

Odiocracia: el clima que empujó al exilio a una periodista en la Argentina de Milei

Dejó Argentina tras denunciar amenazas de los poderosos. En su último libro reflexiona sobre "la odiocracia", un sistema que "hace que las personas se culpen entre sí"

Por: Raquel Miralles

Luciana Peker (Argentina, 1973) es periodista y escritora. Ha desarrollado su carrera profesional dando voz a las mujeres y defendiendo los derechos de los colectivos más vulnerables en su país natal, pero en su último libro se desvía ligeramente de estos temas -aunque todo está relacionado- para poner el foco sobre otra cuestión que le interesa y le afecta: el odio.

Por ese sistema del odio, que ha bautizado como "la odiocracia", tuvo que salir de su país y pedir asilo en España, donde reside desde el año 2023, por amenazas relacionadas con su labor periodística.

Está en Valencia para dar una charla sobre la diversidad y la igualdad en el marco del deporte, invitada por la organización de los Gay Games que se celebrarán en la capital del Turia este verano.

Recibe a El Español para reflexionar sobre el odio, pero también sobre la masculinidad, el movimiento feminista y el avance de las ideas ultras en el mundo, especialmente en Argentina.

Afirma que "viene del futuro", que conoce de primera mano cómo afecta esta maquinaria de la hostilidad y el rencor en las personas, especialmente con los colectivos más vulnerables. Cuenta su experiencia para que pueda "servir como espejo" a España y que la ciudadanía "actúe antes de que sea demasiado tarde".

"Impera ahora un sistema de odio que pone como enemigos a las personas trans, a las mujeres y a la diversidad sexual", asegura. Insiste en la idea de que no se refiere a la derecha tradicional con la que "puedes coincidir o no, pero que sigue unas reglas claras".

Para hacer frente a esta hostilidad, aboga por la unidad y también un poco por el pragmatismo. "Hay que cuidarse", afirma y denuncia que las mujeres que alzan la voz, las que luchan de manera visible por la igualdad, sufren grandes campañas de desprestigio y de violencia que las lleva a la "autocensura".

"Las que discuten y las que hablan se quedan rotas y solas", subraya. Este es su caso. Y el de muchas otras. Por ello, lamenta que estamos en un momento de "desempoderamiento" y vaticina que los hombres están volviendo a ocupar todas las esferas públicas, con marcados liderazgos masculinos, tanto en la derecha, como en la izquierda.

"Está todo monopolizado por varones. Le llamo la machópolis y las mujeres tenemos que prevenirlo a tiempo", señala.

Sobre esta machópolis en la que el machismo es transversal y afecta a todo el arco parlamentario, como el caso Errejón en Sumar, el de Paco Salazar en el PSOE o el del alcalde de Móstoles del PP, asegura que "los varones ultras odian los avances de las mujeres, mientras que los de izquierdas, nos subestiman".

En esta línea, expresa su "sorpresa" de que todos estos casos sean posteriores a la ola feminista que se dio en los años 2017 y 2018.

En ese momento, según explica, se dio un cambio de escenario y el feminismo y la igualdad empezaron a formar parte del debate público y "la mayoría de casos que se destaparon de hombres de izquierdas en España son de varones que sabían lo que hacían y querían una revancha".

"Lo que yo veo es una reacción de los hombres que no soportan la interpelación de las mujeres. No soportaron escuchar a las mujeres", alega.

Acaba de publicar su último libro, La odiocracia. Al fondo a la derecha. ¿Qué es la odiocracia?

Es un sistema de odio que se expresa en el avance de ideas ultras. Quiero ser muy respetuosa con la pluralidad, porque no tiene que ver con un partido o el otro o la alternancia a la que estamos acostumbrados, pero sí con sistemas muy ultras.

Es un sistema que ya atenta contra la democracia como sistema político de convivencia y que genera confrontaciones sociales muy fuertes.

La odiocracia no se basa en que hay un poder que odia y que ejerce su odio contra algunas personas, sino en hacer que las personas se odien entre sí, se culpen entre sí y ejerzan ese odio. Todos terminamos siendo víctimas del odio de los demás, teniendo miedo e inhibiéndonos.

Es una sociedad que entiende la indignación y la rabia no como movilización para intentar reclamar una sociedad mejor, sino para desquitarnos con quién creemos que nos está quitando algo.

¿Por qué triunfa tanto el odio, especialmente entre los más jóvenes?

Creo que los chicos, entre la desorientación de la interpelación feminista y la falta de acceso a empleos, a viviendas, están agarrando esta idea del odio como una idea que les pertenece y que les da una motivación. Y es muy peligroso por el efecto social y porque también es algo que les va a perjudicar.

La sociedad incentiva a los varones a hacer cosas que son odiantes, pero a la vez les castiga por ello. Hay que intentar hacer todo lo posible para frenar este fenómeno y, en ese sentido, creo que el deporte puede tener una gran función contenedora.

¿Cómo se combate este sistema de odio que describe?

Es un enorme desafío. Hay que tener perspectiva histórica, tanto en los derechos de las mujeres, como de la diversidad sexual y ver que logramos muchísimas cosas en poco tiempo. Sin embargo, esto se está gestando y creando desde hace décadas y con mucha unidad entre los sectores ultras. En España está pasando algo más grave de lo que se nota.

No hay una fórmula mágica. En lo personal, cada una tiene que elegir las batallas cuando quiere y cuando puede. Hay que cuidar a las que hablan, hay que autocuidarse y hay que estar unidas, que parece una frase hecha, pero si nos quedamos solas y fragmentadas la tarea es imposible.

Estamos en un momento en que la sociedad está polarizada y esto afecta al movimiento feminista, que ha tenido en los últimos años fuertes debates, como el relativo a las mujeres trans. ¿Cuál es el futuro del feminismo?

No existe hoy un feminismo sin las personas trans, para mí no hay ni un margen de duda. Yo creo en una unidad que respete a los seres humanos por encima de todas las cosas y en una unidad que no es un lobby que defiende derechos específicos.

El feminismo hoy, y el 8 de marzo lo demuestra, es el único movimiento que tiene marchas multitudinarias en España, en México, en Argentina, en Francia, con gobiernos de un punto o del otro.

Es el único movimiento social internacional que hoy implica valores humanos y en un mundo que ya no tiene reglas, la esperanza es el potencial de ese movimiento. Es el único que disputa no solamente el fascismo, sino un mundo que ya no valora los derechos humanos y en el que ya no hay derecho internacional ni reglas democráticas.

Si hay gente que todavía piensa que la humanidad se puede salvar, somos las mujeres y las diversidades marchando juntas hacia un modelo mejor.

Exilio a España

A finales del año 2023, Peker tomó una de las decisiones más difíciles de su vida, una decisión que todavía le pesa. Exiliarse de su país debido a una serie de amenazas de muerte y a un hostigamiento sistemático vinculado, según explica, a su defensa de los derechos de las mujeres en Argentina.

Los ataques se intensificaron por apoyar públicamente a la actriz argentina Thelma Fardin, que denunció al actor Juan Darthés por violación. También por una noticia en la que relacionaba que la liberación de las armas en su país podía aumentar el número de feminicidios.

Peker denunció que las amenazas provenían de una estructura organizada con presuntos vínculos con sectores políticos y militares. En la causa judicial, se detectó que algunas denuncias en su contra se iniciaron desde una dirección IP vinculada a la Fuerza Aérea.

"Quedó demostrado que hubo un grupo orquestado para hostigarme y amenazarme", subraya. En este punto, la escritora y activista lamenta la "impotencia de la justicia para detener los ataques digitales".

Peker, a través de su experiencia personal de exilio, advierte que España enfrenta ataques organizados contra la libertad de expresión y la diversidad. Considera que "ver lo que pasa en otros países y cómo avanzan los grupos violentos es bueno para actuar antes de que sea demasiado tarde".

"La inacción, la indiferencia o el silencio son pegarse un tiro en el pie", manifiesta.

En su caso, posicionarse y alzar la voz le ha pasado factura hasta el punto de tener que abandonar su país.

Fue y es muy difícil, pero al demostrarse esta orquestación que yo nunca me hubiera imaginado supe a lo que me enfrentaba. Consideré que para poder seguir escribiendo y seguir hablando con libertad no era posible hacerlo desde ese lugar de amenazas.

La violencia digital contra las mujeres cada vez es mayor, sin que parezca que llegue una solución.

Estoy completamente a favor de una mayor regulación y control de las redes sociales. Si no se regulan no habrá democracia.

Yo lo que hice fue poner una denuncia, pero ni la justicia ni las leyes están a la altura. De hecho, los tecnofeudalistas le están diciendo a Donald Trump que la Unión Europea no puede ni ponerles una multa porque si no amenaza con aranceles.

Esa locura en la que estamos es la que hace tener ansiedad a una mujer. Además, estas agresiones no están ligadas a la hombría clásica, que tenía privilegios, pero también obligaciones. Esto es solo odio.

¿Qué le parece la herramienta que presentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para medir el discurso de odio en las redes sociales?

En el último mes en España, y no es casual por los ataques de Elon Musk a Sánchez o a Montero. Hay una reacción de las periodistas y del gobierno para frenar los discursos de odio e intentar que la sociedad tenga una alarma y los intentos de hacer algo son buenos. Mejor hacer algo a no hacer nada, frente al autoritarismo se necesita autoridad.

De todas maneras, la herramienta no es para frenar el odio, sino que es para el diagnóstico. El diagnóstico de donde hay más odio ya lo sabemos, es decir, no es una medida contra el odio, sino para diagnosticar un odio que ya está diagnosticado.

Los diagnósticos pueden sumar puntos para el debate, pero decir que las redes transmiten odio no es suficiente. No es cierto que X sea mucho peor que Instagram, ni que sea tan fácil irse o que haya redes nuevas que reemplacen a las antiguas con otros modos. Es una medida simbólica, pero que se queda muy corta con lo que está pasando. Además, anunciar que se está haciendo algo puede generar impotencia; las acciones tienen que ser más profundas y concretas.

Está en Valencia en el marco de la celebración de los Gay Games. ¿La diversidad y la igualdad es todavía una asignatura pendiente en el deporte?

Creo que el deporte tiene algunas asignaturas pendientes y además importa mucho, porque si hay un mandato social es hacer deporte.

Cuando yo tenía 15 años iba a la cancha del Boca, que es el club más popular de Argentina, a la Barra Brava donde estaban los hombres más tradicionales, por decirlo así. Y era el lugar más seguro para las mujeres.

Esa hombría era violenta con los otros, de enfrentamiento y no la defiendo, pero sí que creo que esta sobrerreacción de odio actual no tiene que ver con la hombría tradicional, que tenía costos muy altos, pero también responsabilidades.

Lo que hay hoy es una simulación de hombría a la que lo único que le queda es el odio, pero sin responsabilidades. No es protectora, no es proveedora, es puramente odiante.

Fuente: El Español