38 años de Aire Libre, Radio Comunitaria: cuando una voz se convierte en comunidad

El 20 de agosto de 2007, Jesús Yañes llegó a la radio después de escuchar el programa Buscando Trabajo. Era jubilado, tenía un pequeño boliche y quería colaborar con un bono para ayudar a reparar los equipos dañados por los bajones de tensión. No tenía mucho para dar, pero tenía algo que para una radio comunitaria vale mucho más: confianza. Casi dos décadas después, aquella escena sigue contando qué significa sostener una emisora de propiedad social durante 38 años

Hay historias que parecen pequeñas hasta que uno las mira de cerca. Entonces descubren otra dimensión. No hablan solamente de quienes las protagonizan, sino también de aquello que las hizo posibles.

El 20 de agosto de 2007, Aire Libre Radio Comunitaria era —y sigue siendo— mucho más que una radio.

Un medio alterativo, de propiedad social, nacido para interpretar los sentires y pareceres de la comunidad a la que pertenece. Una radio que había elegido no callarse frente a los poderosos, sostener una línea, apostar por la igualdad y acompañar las luchas cotidianas de quienes pocas veces encuentran un micrófono dispuesto a escucharlos.

Y sobrevivir.

Porque hacer radio comunitaria también era eso: aprender a mantenerse a flote en aquella jungla radioeléctrica en la que se había convertido el espectro. Peleársela todos los días. Encontrar la manera de que la voz siguiera llegando al otro lado del parlante.

Por esos días, además, Aire Libre, Radio Comunitaria tenía sus propias heridas.

Los constantes bajones de tensión estaban haciendo estragos en los equipos. Para intentar recomponer, aunque fuera un poco, todo aquello que se había dañado, habíamos puesto en circulación un bono. Lo contábamos al aire. Lo hacíamos, claro, para quienes pudieran colaborar, pero también para que quienes tenían problemas para recibir la señal supieran que detrás de esa voz había una casa, unos equipos, cables, micrófonos y una radio que necesitaba seguir funcionando.

El domingo terminé el programa y sucedió algo que, muchos años después, todavía merece ser contado.

Ese día llegó Jesús a nuestra casa.

No, tranquilos: no me había vuelto místico.

Era Jesús Yañes.

Había escuchado el programa y, cuando terminó, decidió acercarse. Quería dar una mano.

Jesús nos escuchaba siempre. Conocía nuestra voz antes de conocer nuestros rostros. Compartía muchas de las cosas que decíamos al aire, especialmente aquellas que tenían que ver con la solidaridad entre los trabajadores, las luchas contra la injusticia y esa obstinada apuesta por una sociedad más igualitaria.

Era jubilado y tenía un bolichito. No era alguien que llegara con grandes posibilidades económicas. Llegó, justamente, con lo que tenía.

Quería comprar un bono.

Le expliqué que en ese momento no tenía ninguno para darle y que podía tomarle los datos para llevárselo después. Pero Jesús no parecía demasiado preocupado por el papel.

Había otra cosa que para él era suficiente.

Conocía la voz.

Y confiaba en ella.

Entonces metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño fajito de billetes. Entre varios de dos pesos buscó uno en particular. Lo encontró.

Era un billete de cincuenta pesos.

Me lo entregó.

Así, sencillamente.

Sin formulario, sin recibo, sin demasiadas explicaciones. Como quien acerca una mano para sostener algo que siente propio.

Después, como Jesús no conocía la casa —aunque seguramente sentía que la conocía de tanto escuchar todo lo que contábamos al aire—, lo llevé a recorrerla.

Una visita guiada por ese pequeño territorio desde donde salían las voces que él escuchaba en su casa.

Vio los equipos, los micrófonos, los lugares donde se hacía la radio. Puso cuerpo y ojos a aquello que hasta entonces le había llegado convertido en sonido.

Se fue contento.

Y antes de irse dejó una frase:

—Cuando me necesiten, estoy.

No sé si Jesús imaginó entonces cuánto podía significar aquella frase.

Afuera seguía estando la jungla radioeléctrica. Los problemas de siempre. Los equipos castigados por los bajones de tensión. Las cuentas. Las dificultades. La necesidad de sostener una radio que no tenía detrás un gran empresario ni una estructura económica que garantizara su existencia.

Pero ese día había algo más.

Había un oyente que había cruzado la puerta.

Un oyente que había dejado de ser solamente alguien al otro lado de la radio para convertirse, por un instante, en parte de ella.

Ahora Domingo Faustino Sarmiento me mira desde un paquetito que guardé con los datos de Jesús y aquel billete de cincuenta pesos.

El prócer, estampado en el papel moneda, parece observarme con cierta sorpresa.

Yo también lo miro.

Y pienso que, al final, una radio comunitaria no se sostiene solamente con transmisores, antenas, consolas o electricidad.

Se sostiene con vínculos.

Con confianza.

Con personas que escuchan y que, cuando pueden, se acercan.

Con jubilados que tienen un bolichito y aun así encuentran unos pesos para ayudar.

Con quienes entienden que una voz en el aire también puede ser una herramienta para pelear contra la injusticia.

Quizás por eso guardé aquel billete.

No por los cincuenta pesos.

Sino porque durante mucho tiempo fue una pequeña prueba material de algo que en una radio comunitaria resulta esencial y, a veces, difícil de explicar: que del otro lado del micrófono también hay alguien.

Y que, cuando esa voz consigue llegar hasta otro, puede ocurrir algo extraordinario.

Que alguien escuche.

Que alguien confíe.

Que alguien golpee la puerta.

Y diga:

—Cuando me necesiten, estoy.

Ver también: Mirá vos..., La radiodifusión no se hace por decreto..., 23 años de Aire Libre, Radio Comunitaria: Has recorrido un largo camino muchacha..., Archivos Encontrados: 25 años de Aire Libre, Radio Comunitaria, Aire Libre, Radio Comunitaria: Una radio, pocos transistores, mucha tracción a sangre, Aire Libre, Radio Comunitaria ya tiene su licencia definitiva, Prensa Rosario celebra el otorgamiento de la licencia definitiva a Aire Libre, Radio Comunitaria Es oficial: Aire Libre, Radio Comunitaria ya tiene licencia, 32 años de Aire Libre, Radio Comunitaria: ¡Más Libre que nunca!, Cuando el barrio habló en su propia frecuencia: 37 años de Aire Libre

Gaby Banach, una vida de lucha y un andamio para las que vienen

Gabriela Denisse Banach, activista trans de 47 años y militante por los derechos de las personas trans y del colectivo LGBTI, fue asesinada en su departamento del centro de Rosario. Hay un joven detenido que será imputado en las próximas horas. Mientras la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió, sus amigas y compañeras recuerdan en Señales una militancia hecha de gestos concretos: conseguir documentos, acompañar trámites, reclamar viviendas, defender el acceso al trabajo y abrir caminos para quienes venían detrás.

Entre la memoria de sus compañeras y el reclamo de justicia aparece una paradoja que atraviesa su historia: Gaby construía redes para sostener a otras mientras ella misma necesitaba que alguien la ayudara.

El 11 de agosto de 2026, Gabriela Denisse Banach fue encontrada sin vida en su departamento de Cerrito al 600, en el barrio República de la Sexta de Rosario. Tenía 47 años. Su cuerpo presentaba signos de violencia y la autopsia determinó que la causa de muerte fue un traumatismo de cráneo. La investigación fue caratulada como homicidio y, según informó la Fiscalía, un joven de 24 años fue detenido y será imputado en las próximas horas.

La noticia volvió a sacudir a una comunidad acostumbrada a contar pérdidas, pero también a reconstruir una y otra vez las historias de quienes dedicaron buena parte de su vida a abrir caminos para otras.

Banach había sido una de las militantes trans alcanzadas por la reparación destinada a quienes fueron perseguidas por la policía durante la vigencia de los códigos contravencionales. Desde el Archivo por la Memoria Travesti Trans de Santa Fe exigieron justicia y señalaron el hecho como un presunto transfemicidio. También remarcaron una dimensión central de su militancia: la pelea por el acceso a una vivienda, al trabajo y a condiciones de vida dignas para las personas travestis y trans.

La Fiscalía investiga las circunstancias del crimen y deberá determinar, entre otras cuestiones, cuál fue la motivación del ataque. Organizaciones de la diversidad reclamaron que el caso sea investigado como un crimen de odio.

En Rosario, la noticia fue recibida con dolor por quienes compartieron con Gaby años de militancia, discusiones, proyectos y afectos. Entre esas voces está Cristina Martínez, amiga de Banach, quien al hablar públicamente sobre su muerte no pudo evitar que la emoción quebrara su relato.

Para ella, Gaby no podía ser definida simplemente como un "ser de luz". Había sido algo más complejo y más humano: una presencia intensa, frontal, amorosa y muchas veces incómoda.

"Hola, buen día a todos los oyentes de Señales, soy Cris Martínez, orgullosa amiga de Gaby Banach, a quien nos arrebataron esta semana, voy a pedir disculpas porque me voy quebrando mientras hablo de ella porque tengo mucha bronca, mucha tristeza, queríamos mucho, las dos nos queríamos mucho y eso es un montón, en este mundo horrible que nos toca vivir es un montón.

La Gaby, no voy a decir que la Gaby era un ser de luz porque eso como que remite a algo muy romántico y la Gaby era luminosamente intensa, eso era Gaby, luminosamente intensa, luminosamente peleadora, luminosamente jodida por momentos, pero siempre fue ella, siempre fue la que conocimos sin filtro, decía cosas durísimas pero también decía cosas amorosas y hacía cosas amorosas, a veces sin contarlo nos enterábamos de cosas que ella hacía.

En su despedida ayer, en una de las tantas despedidas en las que estuve, escuché muchos testimonios de todo lo que ella hizo por un montón de gente, cada quien que llegaba decía a mí la Gaby me hizo el documento, a mí la Gaby me consiguió ropa, a mí la Gaby me hizo este trámite, a mí la Gaby hizo maravillas, hizo lo que un montón de Estado junto no hace y lo hizo sola, porque encima por eso era jodida, porque hacía muchas cosas sola, se cortaba sola, pero las hacía igual.

También ayer, mientras compartía estas despedidas varias en las que estuve, porque no podía despedirla sola, porque si no, no hubiera podido remontar el día, encontré un montón de compañeras, generaciones jóvenes de travestis y de trans, que seguramente lo saben, pero no sé si dimensionan el camino que ella y otras muchas compañeras, pero ahora estamos hablando de Gaby, han armado como amoroso andamio por el que pueden circular, para ser más felices, para estar más seguras, para tener menos miedo, para ser más respetadas, y eso también es un montón.

Porque no se fijaba solamente en las conquistas que a ella le hacían bien, sino que pensaba en el futuro, con su participación en el proyecto de las viviendas para la comunidad travesti y trans, en la que estaba trabajando, puteaba mucho contra las injusticias que a veces se cometían con el cupo laboral trans, las discrecionalidades, y tenía razón.

Bueno, me pasaría toda la mañana hablando de la hermosa Gaby Banach, que ahora se nos fue, pero no quiero quebrarme más. Todos quienes tuvimos la dicha de conocerla, hoy la extrañamos, la amamos siempre, y lo que pedimos es justicia. Gaby Banach, presente ahora y siempre".

Las palabras de Martínez permiten reconstruir una parte de la dimensión cotidiana de aquella militancia. No se trataba solamente de grandes consignas o de conquistas institucionales. También estaba el acompañamiento concreto: ayudar a conseguir un documento, buscar ropa, resolver un trámite, abrir una puerta, acercar una solución.

En el relato de su amiga, Banach hacía por otras personas aquello que muchas veces el Estado no lograba hacer, y lo hacía desde un lugar marcado por la urgencia y por una personalidad que no parecía dispuesta a esperar demasiado.

Esa misma forma de entender la militancia aparece asociada a una preocupación que excedía las necesidades inmediatas. Banach participaba de un proyecto de viviendas destinado a la comunidad travesti y trans y cuestionaba las injusticias y discrecionalidades que, según sus compañeras, podían aparecer en la aplicación del cupo laboral trans.

La pelea no terminaba en conseguir un derecho para sí misma: estaba puesta también en las condiciones de vida de quienes llegarían después.

Por eso, para Martínez, la imagen del "amoroso andamio" resulta especialmente significativa. Un andamio construido por generaciones de militantes para que las más jóvenes pudieran transitar una vida con algo más de seguridad, menos miedo y mayor reconocimiento.

Una militante que también pedía ayuda

En esa misma trama de memoria, resistencia y solidaridad aparece Mariana Fernández (foto), conocida cariñosamente como "La Choco" o "La Chocolate". Nacida en Goya, Corrientes, en 1961, creció en Rosario y construyó allí un extenso recorrido como militante travesti por los derechos de las diversidades.

Su historia personal está atravesada por la persecución, la discriminación y la violencia policial, particularmente durante los años de la última dictadura cívico-militar.

Fernández comenzó su militancia siendo muy joven. Tenía 15 años cuando empezó a vestirse con tacos y a reconocerse públicamente como travesti. Desde entonces, su historia quedó ligada a la de tantas otras personas travestis que durante décadas tuvieron que enfrentar la exclusión, la violencia y la persecución simplemente por expresar su identidad.

La Choco tiene cinco hijos y nietos y suele destacar especialmente el vínculo y el amor hacia su familia. Esa dimensión afectiva convive con una extensa trayectoria de trabajo comunitario. Durante la pandemia de COVID-19 creó el Comedor Candela, en barrio Acindar de Rosario, desde donde llegó a brindar comida a más de 200 personas del barrio y sus alrededores.

Su militancia también se convirtió en una forma de preservar una memoria que durante mucho tiempo permaneció silenciada. En 2021 y 2022 participó de encuentros y actividades públicas en los que contó su experiencia y recuperó las historias de quienes fueron víctimas de la persecución y la violencia contra las personas travestis y trans.

En 2023 llevó esa trayectoria al terreno electoral y se presentó como candidata a concejala de Rosario, trasladando al ámbito político una militancia que durante décadas había construido desde la calle, las organizaciones y el trabajo comunitario.

La historia de Mariana Fernández y la de Gabriela Banach pertenecen a generaciones y recorridos diferentes, pero se encuentran en un mismo territorio de lucha. Son historias atravesadas por la necesidad de sobrevivir a la violencia y, al mismo tiempo, por la decisión de transformar esa supervivencia en organización, solidaridad y derechos para otras.

Cuando La Choco habla de Gaby, la palabra solidaridad aparece una y otra vez. También la bronca. La tristeza. Y una pregunta que atraviesa todo su relato: qué tendría que haber ocurrido antes para que Gaby estuviera viva.

Fernández recuerda a Banach como "una loca linda", de esas personas capaces de hacer reír y enojar casi en la misma conversación, pero también como una militante que nunca limitó su lucha a los derechos de las compañeras travestis y trans.

"Era una persona maravillosa que solo no peleaba por los derechos de las compañeras, peleaba por todos los derechos de la gente".

La imagen que conserva de ella es la de una mujer que no esperaba sentada. Salía a buscar, organizaba comida, acompañaba a quienes necesitaban ayuda y se involucraba con los problemas de los barrios, de los jóvenes y de las personas que estaban en situación de calle.

"Disculpame porque acordarse de Gaby es algo muy fuerte porque fue una persona muy fuerte para nosotros y muy querida con su locura, con todo lo que ella representaba. Era una persona muy querida, muy querida, de verdad, muy querida. Y esa era Gaby, una persona que no solo, como te dije, defendía los derechos, defendía todos los derechos de los barrios, de los jóvenes, de las personas que estaban en la calle.

Ella no dormía, siempre se quejaba porque no podía hacer muchas cosas que a ella le gustaría hacer. Cuando uno se recuerda a Gaby se le cae una lágrima, de verdad, porque fue injusta esta muerte de una compañera que no merecía ser asesinada y perder la vida así como perdió ella y perdieron muchas compañeras".

En esa descripción aparece una contradicción que, para Fernández, resulta fundamental para entender la vida de Banach: mientras ayudaba a otras, ella misma atravesaba situaciones de vulnerabilidad.

En los días posteriores a su muerte, entre los testimonios de sus compañeras comenzaron a aparecer referencias a problemas de consumo, dificultades vinculadas con la salud mental, falta de trabajo y la imposibilidad de acceder a una vivienda digna. Banach, recuerda Fernández, había golpeado puertas y pedido ayuda.

"Con todo lo que estaba pasando, ella siempre ayudaba. Si tenía problemas de consumo, esa maldita droga que nos atraviesa a nosotras por ser inmunes, a todos, a todos nos atraviesa. ¿Por qué? Porque nosotras somos personas que tenemos derecho a vivir.

Nosotras las grandes viejas travestis luchamos para que una generación no caiga como nosotros caemos. Nosotros como travestis tampoco tenemos oportunidad de trabajo, no tenemos oportunidad de tener una casa linda. A nosotros nos alquilan una casa, alquilan una pieza con humedad el triple por ser travesti.

Mira todo lo que nos cuesta, todo lo que Gaby atravesó, no tendría que haber atravesado porque somos seres humanos y hay muchas compañeras que siguen atravesando este camino. Generación nueva. Esa era la lucha de Gaby, la lucha de todas las viejas travestis".

La pregunta sobre qué podía haberse hecho antes de que ocurriera el asesinato conduce, para Fernández, hacia el Estado. Su lectura es que la muerte de Banach no puede analizarse solamente como el resultado de una situación individual ni separarse de las condiciones estructurales en las que viven muchas personas travestis y trans.

"Claro, un Estado que no lo escuchaba. Nosotras, ¿sabe cómo vivimos? Ojalá que todo el mundo escuche esto. ¿Cómo vivimos con una caja de mercadería? Un Estado cree que nosotras somos una caja de mercadería.

No nos quejamos porque tampoco podemos quejarnos, ¿me entendés? No nos quejamos porque somos travestis. Nosotras cuando hicimos, la gente dice, salieron por la tele, pero quisiéramos salir de otra manera, o sea decir que nos están dando una vivienda, que nos están dando cosas como para vivir dignamente.

Y decían abajo, murió un hombre, yo creo que acá el sexo no importa, murió una persona querida, un ser humano. Yo no sé por qué esta sociedad y un Estado nos abandonan. Somos seres humanos que nos gustaría vivir dignamente con un trabajo, con una casa con baño, no una casa prestada, en esa casa que uno sufre mucha discriminación".

Fernández vuelve entonces sobre una idea que considera central: Banach no solamente necesitaba ayuda, también la había pedido. Y, según su relato, no encontró una respuesta adecuada.

La ausencia de espacios de acompañamiento para personas que atraviesan consumos problemáticos se vuelve, en su testimonio, parte de una cadena de vulnerabilidades que termina dejando a muchas compañeras en la calle.

"A lo mejor yo, vos me querrás hacer una pregunta, pero es tanta la bronca que tenemos con esta muerte que se podía evitar porque Gaby, así como ayudaba, ella también pedía ayuda. Pero no hay un lugar para nosotras como para que nos puedan ayudar con la droga. No hay lugar, el lugar que hay es de noche y de día, te largan a la calle, como no tenemos donde ir a dormir y estamos en la calle también con peligro porque de día está la droga, están los clientes, está el peligro hacia nosotras".

Para La Choco, la falta de respuestas no empieza ni termina en el consumo problemático. Forma parte de una historia más extensa de exclusión. En su relato, la vivienda, el trabajo, la seguridad, el acceso a la salud y el derecho a caminar por la calle sin ser objeto de burlas o agresiones aparecen como partes de una misma deuda.

"Bueno, eso es lo que estoy diciendo, no hay respuesta para las compañeras, hay respuesta con una caja de mercadería, esas respuestas es que no hay, esas respuestas y cuando estamos muertas ahí aparecen a decir, uy, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Por eso por nosotras, por ser travesti, no tenemos respuesta, no tenemos lugar en esta sociedad.

Y yo me pregunto por qué, porque si somos todos iguales, lloramos, sufrimos, somos todos el humano que tenemos derecho a vivir.

Pero así como se le cerró la puerta a esta compañera, ella seguía peleando para el derecho de la juventud, porque así como le pasó a Gaby, hay montones de compañeras que están pasando el mismo sufrimiento de la droga, de no tener donde vivir, de vivir en la calle, pero ¿por qué? No entiendo por qué esta sociedad nos castiga, no podemos caminar por la calle libremente, se nos ríe, se nos burla, es más, hay cuando un montón de cosas dijeron sobre nosotras, pero ¿por qué tanto odio? Si nosotros ¿a quién le hacemos mal?

Yo estoy hablando con vos hoy, pero yo cuando apaga esto, cada uno hace su vida, o sea que yo te estoy diciendo que nosotros no, ¿por qué que nosotros no vivimos la vida con las personas? Pero ellos sí viven la vida con nosotros porque no hacen sufrir, no hacen llorar, no hacen escondernos, no hacen tener miedo.

Eso luchaba Gaby por una vida distinta, por una dignidad de trabajo distinta, por una vivienda, por tener un respeto, por eso peleaba la Gaby, por eso ella no se quedaba".

Lo que se sabe y lo que cuentan sus compañeras
En medio de ese relato aparece también la versión que circula entre las compañeras sobre lo ocurrido la noche en que Banach fue asesinada.

Fernández aclara que no estuvo allí y que habla a partir de lo que pudo conocer después. Su explicación se enlaza con otra de las dimensiones que considera determinantes en la vida de muchas travestis: la carencia afectiva y la necesidad de encontrar vínculos en un contexto de soledad y exclusión.

"Sí, la versión, ¿saben qué? Nosotras somos carentes de amor, te voy a contar, somos carentes de amor, y la necesidad de amor para nosotras es mucha, porque nadie nos da amor, un abrazo, una caricia, un momento, pero nosotras, por eso eso es lo que nos pasa, encontramos a una persona que nos da un cariño, y sin saber que llevamos un enemigo dentro de nuestra casa, nos matan.

Lo único que sé es que este chico se encontraba, no se vieron, y bueno, se ve que se fueron frecuentemente, este chico con esa intención de querer robarle algo, porque nos quieren robar, aparte que nos roban el alma, el corazón, nos matan, entonces le robaron el televisor y se habrá luchado, le habrá dado un golpe y murió.

Pero mirá qué asesinato, qué maldad, dicen que no es una muerte de odio, yo creo que fue una muerte con mucho odio, porque cuando la mataron le siguieron cortando, la siguieron lastimando, a Gaby no se le reconocía, no se le reconocía, eso es un odio porque, no sé cómo decir, pero creo que si le da un golpe a alguien y se desmayó, bueno, ya está, basta, no, la siguieron matando, la siguieron cortando, la siguieron lastimando, ese es un caso de odio, ese chico la odiaba".

La investigación deberá determinar qué ocurrió aquella noche y cuál fue la motivación del crimen. La detención de un joven de 24 años, localizado a partir del análisis de cámaras de seguridad, abrió una nueva etapa en la causa. Según informó la Fiscalía, el detenido será llevado a audiencia imputativa en las próximas horas.

La discusión sobre una posible calificación como transfemicidio o crimen de odio coloca el caso frente a una pregunta que excede la reconstrucción de las últimas horas de la víctima: si detrás de la violencia existió también un componente de odio hacia su identidad de género. Organizaciones de la diversidad reclamaron que esa dimensión sea contemplada en la investigación.

Para sus compañeras, esa dimensión no puede quedar al margen. Porque la muerte de Gaby no aparece aislada, sino inscripta en una historia de agresiones, discriminación y vulnerabilidad que La Choco conoce desde hace décadas y que, justamente, Banach había intentado transformar.

Por eso Fernández vuelve, una y otra vez, a la misma imagen: Gaby ayudando a otras aun cuando ella misma necesitaba que alguien la ayudara. Una mujer que reclamaba una vivienda para la comunidad mientras atravesaba sus propias dificultades habitacionales; que defendía el acceso al trabajo mientras muchas travestis seguían excluidas del mercado laboral; que reclamaba respeto mientras ella misma era víctima de una violencia que terminó con su vida.

La memoria contra el olvido
El temor de las compañeras de Gabriela Banach no termina con el esclarecimiento del crimen. También está puesto en lo que pueda ocurrir después: que el caso se diluya, que el acusado recupere la libertad y que la muerte de Gaby termine archivada junto a tantos otros expedientes que, para la comunidad travesti y trans, nunca tuvieron una respuesta.

Mariana Fernández lo dice con crudeza, desde una memoria construida sobre demasiadas pérdidas.

"Y sí, y sí, por eso te digo, pero ojalá que no quede nada como quedaron los papeles de un montón de chicas, hay muchas chicas que han muerto con cinco tiros en la cabeza, perdón lo que lo digo así, y no quedan nada por ser travesti, Pamela, que fue muerta también hace cinco años, no se sabe nada, se quedó ahí, nadie dice nada, porque somos travesti.

Ojalá que esto no quede impune, que esto no sea que lo llevaron, después lo largaron, y ese tipo que lo largaron como a un montón de tipos, siguen matando, siguen matando. Entonces no debemos permitir que este tipo salga, porque van a haber otras muertes, y ojalá que el Estado pueda ayudar más a las compañeras, porque de verdad estamos en peligro de muerte, no solo Gaby, muchas compañeras".

La impunidad, para Fernández, no es una posibilidad abstracta. Tiene nombres, historias y expedientes que dejaron de avanzar. Por eso reclama que el asesinato de Banach no termine como otros casos y que la respuesta estatal no aparezca solamente cuando una compañera ya está muerta.

La preocupación se extiende también al retroceso de políticas públicas dirigidas al colectivo travesti-trans. Fernández recuerda que hubo un momento en el que distintas políticas comenzaron a acercarse a las necesidades de la comunidad y que, con esas herramientas, se consiguieron conquistas que hoy considera amenazadas.

"Y bueno, lo vemos mal, porque fue un momento de mucha lucha, hay un montón de cosas que logramos, y con este presidente, no sé por qué nos hostiga a nosotras, nosotras somos hostigadas por el mundo entero, tenemos el mundo en nuestra espalda, y creo mucho odio, mucho odio por eso, yo no entiendo, no entiendo, la verdad que no entiendo, no sé cómo explicarte, no sé cómo decirte".

Antes de despedirse, La Choco vuelve a lo esencial. Agradece haber tenido un espacio para hablar, pero sobre todo reclama que las personas travestis sean escuchadas y reconocidas como sujetos de derechos. No quiere que su comunidad sea visible únicamente en las noticias policiales o cuando una compañera muere.

"Bueno, yo te agradezco a vos, la verdad te agradezco mucho esto, porque la verdad que nosotras tenemos derecho a hablar y a decir lo que sentimos, yo le digo al mundo entero que nos dejen tranquila, que queremos vivir dignamente, nosotras no queremos estar en una esquina porque nos gusta, vos sabés en la esquina lo que pasa, el peligro, el de los clientes, el peligro de la droga, el peligro de estar en una esquina expuesta, eso quiero que nos den la oportunidad de tener un trabajo, no le hacemos mal a nadie, somos seres humanos con derechos, nosotras votamos, y exigimos, la verdad que hoy exigimos que nos den esa oportunidad de poder trabajar, te agradezco de verdad y de mucho, mucho te agradezco. Un abrazo grande, y justicia por la Gaby".

La despedida de Fernández vuelve a resumir, en pocas palabras, todo lo que había atravesado su relato: "Justicia, justicia, mucha justicia, la verdad, justicia por nuestra compañera, porque no merecía esa muerte".

Una mujer que ayudaba incluso cuando tenía poco

La voz de la comunidad no fue la única que se hizo escuchar después del asesinato. También hubo instituciones y personas de otros ámbitos que despidieron a Banach y recuperaron su dimensión solidaria.

Cáritas Argentina y la Parroquia María Auxiliadora de Rosario la recordaron como colaboradora y elevaron una oración por ella, confiando su alma a la ternura de María Auxiliadora y pidiendo que la acompañara en la vida eterna.

Ese gesto también permite reconstruir una parte de Gaby que aparece repetidamente en los testimonios: la de una mujer que ayudaba incluso cuando tenía poco para sí misma.

Ana María Ferrini, otra de las personas que la conocieron, la recuerda desde ese lugar. Su testimonio comienza poniendo en primer plano la contradicción entre la violencia de su muerte y la personalidad de la mujer que conoció: una mujer solidaria, activista por los derechos, vendedora ambulante y preocupada por el bienestar de los demás.

"Soy Ana María Ferrini. Asesinaron a una joven mujer, solidaria, activista por los derechos, que se ganaba la vida como vendedora ambulante y se preocupaba por el bienestar de los demás, no solo por sus derechos, quería un mundo mejor. Era simpática, agradable, charlatana, sonriente, no sé qué cantidad de odio tenía la persona que la asesinó, tortura previa, no sé si a lo mejor se sintió más hombre por haberlo hecho, o qué resentimientos lo llevaron a cometer el crimen.

Los comentarios de los odiadores en las redes, porque hay muchos obituarios por Gaby, son espantosos, casi diría que son de cómplices virtuales del asesinato".

Ferrini no habla de una figura distante ni de una militante conocida solamente por las consignas. Habla de una mujer que encontraba formas concretas de ayudar en la vida cotidiana. La recuerda cruzando la calle con personas mayores, vendiendo medias y pañuelos, participando de marchas y deteniéndose para orientar a alguien que preguntaba por una dirección o por un colectivo.

"Yo me pregunto qué nos está pasando como sociedad, porque hace menos de 15 días otra joven mujer fue asesinada. Los gritos, como en el caso de Gaby, alertaron a los vecinos. La policía llegó tarde, no hubo ninguna ayuda.

El cuerpo sin vida, como aparece en las noticias policiales, esa víctima tiene nombre y apellido, era querida en todo Rosario. Yo la recuerdo ayudando a cruzar en la calle a una viejita, a todas las viejas nos decía mamá, a mí también, o profe. Le dice a la viejita, mamá, dame la mano que yo te cruzo.

La recuerdo vendiendo medias, pañuelos, de todo, una vendedora nata. Yo no uso medias de invierno, pero tengo bolsas de medias que le compraba Gaby. ¿Quién le va a decir que no a Gaby? La recuerdo en las marchas, en los reclamos.

La última vez que la vi con vida, la vi en una carpa blanca que se hizo con ATE, y bueno, los jubilados, vamos, todavía hacía calor. Y me acuerdo que alguien le dio, no sé si un sándwich o qué, que ella a su vez se la dio a otra persona.

Y la recuerdo en todos los reclamos, la recuerdo parándose en la calle para contestarle a quienes le preguntaban por una dirección, un colectivo. Cuando todos pasan de largo y contestan cualquier cosa.

Y de la poca nada que tenía, porque era pobre, porque la mayoría de las chicas trans son pobres, ayudaba para Cáritas. Es decir, de lo poco que tenía daba para ayudar. Y también ayudaba, no me gusta la palabra silos, pero hogares para niños. Y Gaby estaba ahí. No sé qué decirles realmente".

En esa enumeración de pequeños gestos aparece una definición de Banach que coincide con la de sus compañeras: la solidaridad no era para ella una actividad separada de la vida cotidiana. Era una manera de estar en el mundo.

Ferrini también recupera los comentarios de odio que aparecieron en redes sociales después de su muerte. Frente a ellos, busca una respuesta en una idea que, según cuenta, escuchó muchos años atrás en una canción de Jean-François Casanova: "no soy un hombre ni una mujer, solo soy una persona".

Para Ferrini, esa palabra —persona— alcanza para cuestionar cualquier intento de reducir una vida a su género, su condición económica, su color de piel o su orientación sexual.

"Persona es el único chip irrepetible que tenemos y que nos identifica. Más allá del género, más allá del color de la piel, más allá de la elección sexual, más allá de riqueza o pobreza o situación económica".

La memoria que construye sobre Gaby está hecha también de escenas aparentemente pequeñas. Una conversación en un bar, un cumpleaños, una frase dicha a una moza. Ferrini recuerda que Banach hablaba fuerte, sin demasiados filtros, y que en una ocasión, después de cumplir años, le dijo a una de las mozas:

"Viste, superé la barrera".

La frase tenía detrás una conciencia dolorosa: muchas mujeres trans mueren jóvenes.

Desde ahí, Ferrini vuelve a pensar en la identidad y en la necesidad de reconocer, antes que cualquier clasificación, la humanidad de cada persona. El arco iris, dice, puede verse como siete colores, pero en realidad es una enorme franja de luz. La imagen le sirve para pensar en las diferencias que parecen dividir cuando, en el fondo, forman parte de una misma totalidad.

Su reflexión termina recurriendo a un poema de John Donne, el poeta inglés que inspiró el título de Por quién doblan las campanas, la novela de Ernest Hemingway. Ferrini lo parafrasea para explicar por qué la muerte de Gaby no puede ser considerada un hecho que afecta solamente a quienes la conocieron.

"La muerte de cualquier persona me disminuye, porque ninguna persona es isla independiente del archipiélago o de tierra firme".

Y entonces aparece la advertencia. Las campanas que hoy doblan por Gaby podrían, si la violencia continúa, doblar mañana por cualquier otra persona. Porque Ferrini ve en el asesinato de Banach parte de una violencia más amplia que encuentra objetivos entre quienes son considerados diferentes: personas mayores, migrantes, pobres, mujeres y, especialmente, quienes quedan fuera de los lugares que una sociedad decide como aceptables.

Su preocupación se proyecta hacia las nuevas generaciones. La edad de algunos de los agresores que menciona —entre los 20 y los 24 años— le plantea otra pregunta sobre el futuro de la sociedad y sobre qué clase de violencia se está transmitiendo.

Antes de terminar, vuelve a Gaby. A su forma de vivir, de ayudar y de resistir. Y encuentra una frase que funciona como despedida pero también como reconocimiento: "Gaby vuela alto".

Después de todo lo que escuchó y recuerda, Ferrini corrige incluso esa expresión. Porque, para ella, Gaby no empezó a volar después de morir. "Creo que siempre Gaby voló alto".

La muerte de Banach deja una exigencia concreta: justicia. Pero su recuerdo también queda en los documentos que ayudó a conseguir, en los trámites que acompañó, en las personas a las que consiguió ropa, en los proyectos de vivienda en los que participó, en las discusiones por el cupo laboral y en las redes que construyó para que otras pudieran transitar una vida con algo más de seguridad, menos miedo y mayor reconocimiento.

Un andamio construido por muchas. Un camino que todavía necesita de quienes lo sostengan.

Y una exigencia que, después de la muerte de Gaby, vuelve a repetirse con la misma contundencia: justicia para Banach, memoria para quienes la precedieron y condiciones de vida dignas para quienes todavía tienen que recorrer ese camino.

Escuchá la entrevista completa:

Fotos: Paula Sarkissian, Mariana Terrile, Ornella Avedikian

No sabía que tenía hepatitis C: la historia de la mujer que convirtió su diagnóstico en una campaña para salvar vidas

Edith Michelotti descubrió la enfermedad cuando el daño en su hígado ya era avanzado. Se curó con los nuevos tratamientos y desde hace 17 años impulsa campañas gratuitas de detección. El próximo 4 de agosto, Hepatitis Rosario realizará una jornada de testeos, vacunación e información en Plaza Montenegro

Cuando en 2005 Edith Michelotti decidió hacerse un análisis de rutina un poco más completo, no imaginaba que ese estudio iba a cambiarle la vida. La respuesta llegó casi como una sorpresa: tenía hepatitis C. El virus había circulado durante décadas en su organismo sin darle señales y, para entonces, ya había provocado un importante deterioro en su hígado.

Había trabajado toda su vida como obstetra. Había acompañado cientos de nacimientos, había estado en contacto permanente con el sistema de salud y, sin embargo, desconocía que convivía con una enfermedad que avanzaba en silencio.

"Siendo partera, hacía casi treinta años que la tenía. Hacía partos, trabajaba con toda naturalidad y mirá a dónde iba: iba a la cirrosis y no tenía síntomas", recuerda en Señales.

Hoy, cerca de cumplir 85 años, Michelotti transforma aquella experiencia en una tarea permanente de concientización. Es la fundadora de Hepatitis Rosario, una organización que desde hace 17 años trabaja para acercar información, prevención y diagnóstico a la comunidad.

El próximo 4 de agosto, de 10 a 14, la ONG realizará una nueva jornada gratuita de testeos rápidos en Plaza Montenegro, con la participación de estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario capacitados especialmente para realizar los procedimientos. Habrá detección de hepatitis C, vacunación contra hepatitis B y también pruebas para VIH y sífilis.

Pero detrás de esa campaña hay una historia personal. Una historia que comenzó con un diagnóstico inesperado y que terminó convirtiéndose en una misión.

Del diagnóstico a la lucha contra una enfermedad silenciosa
Michelotti recibió una transfusión de sangre antes de 1990, cuando el virus de la hepatitis C todavía no había sido identificado y los bancos de sangre no contaban con los controles actuales.

"Me deben haber puesto el virus, si no se lo conocía", explica. Y enseguida aclara: "No es que los bancos de sangre no actuaban bien, sino que no se había descubierto el virus".

Cuando recibió el diagnóstico, intentó el tratamiento disponible en ese momento, pero no logró curarse. Durante once años convivió con la incertidumbre de saber que la enfermedad podía seguir avanzando.

"Fue muy peligroso transcurrir esos once años", reconoce.

Para cuando llegaron los antivirales de acción directa, los tratamientos que cambiaron para siempre el pronóstico de la hepatitis C, su situación era delicada.

"Las tres cuartas partes de mi hígado eran una piedra. Ahí nomás de la cirrosis estaba yo."

La respuesta fue contundente. En apenas tres meses logró eliminar el virus.

"Me curé", resume con una sonrisa. Y destaca la capacidad de recuperación del hígado, un órgano que, según cuenta, volvió a funcionar de manera sorprendente.

Su médico suele decirle que, a pesar de su edad, tiene un hígado con características de una persona joven.

Esa recuperación fue el impulso para crear el Grupo Hepatitis Rosario, con la intención de contarle a otras personas lo que le había ocurrido.

"Lo formé para decirle a la gente lo que me pasaba a mí, que le pasaba a millones de personas en el mundo", explica.

Desde entonces, la organización repite cada año campañas de detección y prevención con un objetivo claro: que nadie llegue al diagnóstico cuando el daño ya sea irreversible.

Una jornada gratuita para detectar, prevenir y cuidar
La próxima campaña en Plaza Montenegro será el resultado de meses de trabajo conjunto entre distintas instituciones.

Michelotti destaca especialmente la participación de la Universidad Nacional de Rosario y de los estudiantes avanzados de Medicina y Enfermería que estarán a cargo de los testeos.

"Imaginate lo que es salir a terreno a sacarle sangre a la gente", dice al referirse a la preparación de los voluntarios.

La prueba para hepatitis C consiste en un pequeño pinchazo en el dedo y el resultado está disponible en pocos minutos.

"¿Sabés qué hermoso? A los minutos que le hacen un pinchacito imperceptible en el dedo está el resultado. A los 15 minutos."

Mientras esperan, quienes concurran podrán acceder a información sobre prevención, formas de transmisión, vacunación y cuidados relacionados con la salud sexual.

Para Michelotti, la capacitación de los estudiantes es una parte fundamental del operativo.

"Si vieras la capacitación, con qué cantidad de chicos fueron a capacitarse. Realmente con qué interés participan, con qué interés estudian."

Aunque los llama "chicos", aclara que muchos están próximos a recibirse y que detrás de cada test existe una preparación técnica precisa.

"Ese pinchacito tiene que ser perfecto", remarca. Y define la herramienta como "una tecnología de punta maravillosa puesta al servicio de la población".

Detectarse a tiempo puede cambiar una historia
Para Michelotti, la clave de la lucha contra las hepatitis virales está en una palabra: diagnóstico. La hepatitis C suele avanzar durante años sin síntomas y muchas personas descubren que tienen el virus cuando la enfermedad ya provocó un daño importante.

Por eso insiste especialmente en un grupo que considera prioritario: quienes recibieron transfusiones de sangre antes de 1990.

"Más rápido que ligero tienen que ir y hacerse la detección", advierte.

Aunque la jornada del 4 de agosto será una oportunidad concreta para acercarse al test, recuerda que cualquier persona puede solicitar los estudios para hepatitis B y hepatitis C a través de su médico. Ese derecho está contemplado por la Ley Nacional 27.675.

"El médico tiene la obligación de pedírsela", señala.

Su insistencia nace de su propia experiencia. Durante casi tres décadas convivió con el virus sin saberlo. Si aquel análisis no hubiera aparecido casi por casualidad, probablemente la historia habría sido otra.

"Me la encontraron de casualidad", recuerda sobre aquel momento de 2005.

La enfermedad silenciosa, justamente, es uno de los mayores desafíos. La ausencia de síntomas puede generar una falsa sensación de seguridad y retrasar la consulta.

"Yo no sabía que tenía hepatitis C, como no lo sabe nadie, porque es una enfermedad que muchas veces no da síntomas."

Hepatitis B y C: dos virus diferentes, dos formas de prevenir
Aunque suelen mencionarse juntas, la hepatitis B y la hepatitis C tienen características diferentes.

Michelotti explica que la hepatitis C se transmite principalmente por contacto con sangre y pone especial énfasis en el cuidado de quienes comparten jeringas.

"Aquellos que comparten jeringas, por favor, cuidado, tengan la edad que tengan. Si comparten jeringas, tienen que saber si tienen hepatitis C."

En cambio, la hepatitis B también puede transmitirse por vía sexual. Por eso destaca la importancia de la vacunación y de los controles.

"La persona puede tener un aspecto completamente sano y nunca imaginarse que tiene hepatitis B."

La evolución de la enfermedad puede variar. En algunos casos el organismo elimina el virus luego de una infección aguda; en otros puede transformarse en una infección crónica y provocar complicaciones graves con el paso de los años.

Pero Michelotti insiste en que el escenario actual es diferente al que le tocó vivir a ella.

La hepatitis C, gracias a los nuevos tratamientos, dejó de ser una enfermedad inevitablemente progresiva.

"Si le llega a dar positivo, se cura en tres meses, en casi el cien por ciento de los casos, como me curé yo."

Por eso resume el espíritu de la campaña con una frase que repite como una consigna:

"Vacunarse para la B, detectarse la C, es una fiesta para la salud."

El trabajo de una ciudad detrás de una campaña
La jornada del 4 de agosto es también una muestra del trabajo articulado entre distintas instituciones.

Michelotti menciona el acompañamiento de la Universidad Nacional de Rosario, el sistema de salud provincial, la Municipalidad, el Hospital Centenario, la Sala 15 y el Colegio de Bioquímicos, entre otros actores.

Recuerda con orgullo su vínculo con la universidad pública. Se graduó en 1961 en la entonces Universidad Nacional del Litoral, institución de la que luego surgiría la actual UNR.

"Para mí la Universidad Nacional de Rosario es el amor de mi vida", dice.

También destaca especialmente el rol de la hepatóloga Virginia Regiardo, profesora titular de la Cátedra de Hepatología, quien estuvo a cargo de la capacitación de los estudiantes que participarán del operativo.

"Es una movida de fondo maravillosa", resume.

La participación de los jóvenes es uno de los aspectos que más la entusiasman.

"Si vieras con qué interés participan, con qué interés estudian."

Para Michelotti, esa formación no sólo permite realizar un procedimiento médico, sino acercar la salud pública a la comunidad.

Una oportunidad que puede salvar una vida
La convocatoria será abierta y gratuita, sin turno previo. La atención comenzará a las 10 de la mañana y se realizará por orden de llegada.

La experiencia de años anteriores muestra una respuesta importante de la comunidad. Michelotti cuenta que muchas veces las filas comienzan incluso antes del horario previsto.

"A veces a las siete y media u ocho ya empieza a ponerse la gente en la cola."

La accesibilidad es uno de los puntos centrales de la propuesta.

"Imaginate, una detección cuesta dólares y acá es completamente gratuita."

En el mismo lugar, quienes se acerquen podrán realizarse el test de hepatitis C, acceder a la vacunación contra hepatitis B y participar de las actividades informativas sobre VIH, sífilis y prevención.

También habrá propuestas educativas para aprovechar el tiempo de espera.

"Han inventado unos juegos para hablar exclusivamente de sexualidad mientras esperan en la cola", cuenta Michelotti.

La idea es que la información llegue de una manera sencilla, cercana y sin prejuicios.

"Para nosotros es un milagro"
La ONG Hepatitis Rosario continúa difundiendo sus actividades a través de sus redes sociales y canales de información. Michelotti reconoce, entre risas, que esa tarea ya está en manos de su equipo.

"Yo soy la voz y ellos son los que mandan por redes."

Pero su voz sigue siendo una parte central de la campaña. Su historia personal le da una dimensión diferente a cada mensaje de prevención.

Después de haber estado al borde de la cirrosis y de haber logrado curarse, entiende que una detección puede cambiar el destino de una persona.

Por eso sigue aceptando entrevistas, participando de campañas y contando una historia que comenzó con una enfermedad silenciosa y terminó convertida en una herramienta para otros.

"A lo mejor para ustedes es una nota periodística", dice. "Y a lo mejor para quien está escuchando está salvando su vida, como yo salvé la mía de pura casualidad."

El próximo 4 de agosto, en Plaza Montenegro, esa posibilidad estará al alcance de cualquiera que quiera acercarse.

Porque, para Edith Michelotti, la mejor forma de enfrentar a las hepatitis virales sigue siendo la misma que sostiene desde hace 17 años: conocer, prevenir y detectar a tiempo.

Escuchá la entrevista completa:

Cincuenta años después de la Noche del Apagón, el poder económico sigue esperando en el banquillo

La causa que investiga la responsabilidad empresarial de Ledesma por los crímenes de lesa humanidad continúa sin llegar a juicio oral. La abogada Malka Manestar, cuenta en Señales que el expediente revela el papel central que tuvieron los actores económicos durante la última dictadura y expone una deuda pendiente de la democracia: juzgar a quienes se beneficiaron del terrorismo de Estado

A cincuenta años de la Noche del Apagón, uno de los episodios más emblemáticos del terrorismo de Estado en Jujuy, la causa judicial por la responsabilidad empresarial de Ledesma continúa sin llegar a juicio oral. El paso del tiempo no solo dejó una investigación marcada por las demoras, sino también una pregunta que sigue abierta: cuál fue el papel que tuvieron los sectores económicos en la represión desplegada durante la última dictadura.

Para Malka Manestar, abogada de ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales), docente e investigadora de la Universidad Nacional de Jujuy, el caso Ledesma constituye una de las claves para comprender esa dimensión todavía pendiente del proceso de memoria, verdad y justicia. No se trata únicamente de reconstruir la colaboración de una empresa con los operativos represivos, sino de analizar cómo el poder económico participó de un proyecto político que buscó transformar las estructuras sociales y laborales del país.

Lejos de interpretar aquellos hechos exclusivamente desde la intervención militar, Manestar sostiene que la dictadura debe ser entendida como un proceso "cívico, militar y eclesial". En esa caracterización, las grandes empresas ocuparon un lugar central dentro del proyecto impulsado por el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.

"Cuando hablamos del poder real hablamos del poder de las empresas, del poder económico", afirma. Para la abogada, ese poder no desapareció con el retorno de la democracia, sino que continuó teniendo capacidad de influencia sobre distintos ámbitos del Estado, incluida la Justicia.

 
Un proyecto económico sostenido por la represión
Según Manestar, el terrorismo de Estado no tuvo solamente un objetivo represivo o disciplinador en términos políticos. También estuvo vinculado a la transformación del modelo económico argentino.

La dictadura buscó reorganizar las estructuras económicas, sociales y laborales para consolidar un modelo neoliberal que, desde su perspectiva, continúa proyectando consecuencias hasta el presente.

"Es un modelo que se sostiene sobre un proceso de expropiación de derechos de las y los trabajadores", explica.

Desde esa mirada, la persecución contra el movimiento obrero organizado no fue un aspecto secundario del aparato represivo, sino una condición necesaria para avanzar sobre conquistas laborales construidas durante décadas. La desaparición de trabajadores organizados, delegados gremiales, abogados laboralistas y representantes sindicales permitió luego modificar relaciones laborales y avanzar sobre derechos adquiridos.

En Jujuy, esa relación entre represión y economía adquiere una dimensión particular por la presencia histórica del ingenio Ledesma.

Para Manestar, la empresa no puede analizarse únicamente como una unidad productiva. Constituye, sostiene, un verdadero enclave de poder con influencia sobre la vida social, política y económica de la provincia.

"Todas las relaciones, tanto productivas como reproductivas, pasan por la empresa", señala.

Ese nivel de concentración, explica, permite comprender por qué durante tantos años resultó difícil avanzar judicialmente contra sus directivos. La investigación no solo enfrentaba la complejidad propia de juzgar delitos cometidos durante la dictadura, sino también la resistencia de sectores con una enorme capacidad de influencia.

 
Una causa que tardó décadas en llegar hasta los empresarios
El camino judicial de la causa Ledesma estuvo atravesado por años de obstáculos.

Durante mucho tiempo, recuerda Manestar, la Justicia "negaba la posibilidad de acercarse siquiera a una posible acusación" contra el poder económico de la empresa.

La situación comenzó a modificarse en 2012, después de una multitudinaria movilización en Jujuy. La protesta fue producto de la articulación entre organismos de derechos humanos y organizaciones sociales que reclamaban el avance de la investigación.

Entre esas organizaciones, Manestar destaca el papel de la Tupac Amaru, la Red de Organizaciones Sociales y la dirigente Milagro Sala, cuya participación resultó decisiva para presionar por cambios en la conducción judicial del expediente.

Como consecuencia de esa movilización, renunció el juez que intervenía en la causa y, con la llegada de un nuevo magistrado, la investigación logró avanzar hasta la imputación de Carlos Pedro Blaquier, entonces presidente del directorio de Ledesma, y del exadministrador Alberto Lemos.

Ese avance abrió una etapa inédita: por primera vez, la posibilidad de juzgar penalmente a empresarios por su participación en crímenes de lesa humanidad comenzaba a acercarse a los tribunales.

Sin embargo, pocos años después, el proceso volvió a quedar detenido.

En 2015, la Cámara Federal de Casación Penal dictó la falta de mérito para ambos imputados. La resolución reconocía que existían elementos que demostraban que Ledesma había aportado información sobre trabajadores, vehículos, logística, financiamiento y recursos utilizados durante los operativos represivos.

Pero, al mismo tiempo, consideraba que no había pruebas suficientes para demostrar que los directivos de la empresa conocían el destino concreto que tendrían esos aportes.

Para Manestar, ese argumento resulta imposible de sostener si se analiza el contexto específico de Jujuy.

"Ellos decían: no estaba probado el dolo, no estaba probado que ellos supieran para qué aportaban eso", resume sobre la resolución judicial.

Sin embargo, para la abogada, resulta impensable separar esos aportes del funcionamiento general del aparato represivo en un territorio donde la empresa tenía una presencia dominante.

"Estamos hablando de una empresa que tenía un poder absoluto", sostiene.

La demora judicial y la impunidad biológica
Tras varios años de incertidumbre, la Corte Suprema intervino en 2022 y cuestionó la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal. El máximo tribunal ordenó que la investigación continuara, reabriendo la posibilidad de que la causa pudiera avanzar hacia una instancia oral.

Pero para entonces el paso del tiempo ya había producido una consecuencia irreversible: Carlos Pedro Blaquier murió sin haber sido juzgado.

Para Malka Manestar, ese desenlace representa una de las expresiones más dolorosas de la demora judicial en los procesos por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Aunque la causa contra Alberto Lemos continúa abierta, la abogada advierte que la posibilidad de obtener una sentencia sigue condicionada por distintos obstáculos políticos, judiciales y presupuestarios.

"Hoy, lamentablemente, las condiciones en términos de las políticas de memoria, verdad y justicia no son óptimas", afirma.

En ese contexto, señala el debilitamiento de las políticas públicas vinculadas con la investigación y el juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado. Para ella, el problema no se limita a la falta de avances en un expediente particular, sino que forma parte de un escenario más amplio de retroceso en materia de derechos humanos.

La muerte de Blaquier sin una condena judicial expresa lo que los organismos de derechos humanos denominan "impunidad biológica": la posibilidad de que los responsables mueran antes de enfrentar un juicio.

Ese concepto, explica Manestar, surgió a partir de investigaciones desarrolladas por ANDHES sobre distintos casos de participación empresarial en violaciones a los derechos humanos. El análisis comparado permitió identificar una característica común: la presencia de actores económicos con capacidad para obstaculizar o condicionar el avance de las causas.

"Hablamos de actores con poder de veto", explica.

Según su análisis, los procesos judiciales contra empresarios vinculados al terrorismo de Estado solo logran avanzar cuando confluyen distintos factores: la presión y movilización social, el compromiso de algunos sectores del Poder Judicial, el trabajo sostenido de los organismos de derechos humanos y la existencia de políticas estatales orientadas a impulsar las investigaciones.

Pero ese avance, sostiene, suele encontrarse con la influencia de sectores económicos que conservan capacidad para intervenir sobre las decisiones institucionales.

Mucho más que vehículos y logística
Para Manestar, uno de los principales errores al analizar la responsabilidad empresarial consiste en reducir la participación de las compañías al aporte de recursos materiales para los operativos represivos.

En el caso Ledesma, sostiene, la colaboración fue mucho más amplia y estuvo vinculada con un objetivo central: desarticular la organización sindical dentro del ingenio.

La mayor parte de las personas detenidas y desaparecidas en la zona eran trabajadores de la empresa, muchos de ellos sindicalizados, delegados gremiales o integrantes de espacios de representación laboral.

También fueron perseguidos abogados laboralistas y referentes vinculados con la defensa de los derechos de los trabajadores.

Para la abogada, esa persecución no puede separarse del beneficio económico posterior obtenido por la empresa.

La eliminación de una estructura sindical construida durante años permitió modificar las relaciones laborales e imponer condiciones que implicaron una pérdida de derechos para los trabajadores.

"Esa desarticulación obviamente implica un beneficio económico para la empresa", sostiene.

Desde esa perspectiva, la responsabilidad empresarial no se limita a haber facilitado el funcionamiento del aparato represivo, sino también a haberse beneficiado de las consecuencias que esa represión produjo sobre el mundo del trabajo.

Los testimonios reunidos durante décadas de investigación judicial, explica, permiten reconstruir un entramado de colaboración que excede ampliamente la entrega de vehículos o la provisión de infraestructura.

"La empresa aportaba nombres con las personas a desaparecer", afirma.

También señala que numerosas detenciones se realizaron dentro del propio predio del ingenio y con conocimiento de la empresa. Ese aspecto, además de revelar la participación en el esquema represivo, implicó una vulneración directa de los derechos laborales de los trabajadores.

Las declaraciones de sobrevivientes incorporadas a los distintos procesos judiciales también permitieron reconstruir otros mecanismos de presión utilizados contra quienes recuperaban la libertad.

Algunos trabajadores, según los testimonios, eran obligados a firmar renuncias o aceptar indemnizaciones inferiores a las que les correspondían como condición para recuperar su libertad.

"Te damos la libertad, pero vos tenés que firmar esto", resume Manestar sobre una práctica que quedó expuesta a partir de los relatos de sobrevivientes y de los juicios realizados en Jujuy contra integrantes de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, mientras las responsabilidades estatales pudieron ser discutidas en los tribunales, la dimensión empresarial de la represión continúa sin llegar a juicio oral.

Una deuda pendiente de la democracia

Para Manestar, esa diferencia constituye una de las principales deudas del proceso de memoria, verdad y justicia.

Durante las últimas décadas, la Justicia argentina avanzó en el juzgamiento de numerosos integrantes de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad responsables de secuestros, torturas y desapariciones.

Pero la participación de los actores económicos que acompañaron, facilitaron o se beneficiaron del terrorismo de Estado permanece, en gran medida, sin una respuesta judicial definitiva.

La eventual realización del juicio contra Alberto Lemos tendría, por eso, una importancia que excede al caso particular de Ledesma.

No solo permitiría establecer responsabilidades individuales, sino que también podría convertirse en un antecedente relevante para la jurisprudencia argentina sobre la responsabilidad penal de empresarios involucrados en delitos de lesa humanidad.

Sin embargo, ese escenario continúa lejano.

Manestar advierte que la causa sigue atravesada por sucesivas dilaciones y que uno de los argumentos utilizados para justificar la demora es la falta de presupuesto.

"No hay plata para poder ejecutar estos juicios, no hay presupuesto para esto, no hay presupuesto para las políticas que hacen al sostenimiento de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia", afirma.

Para la abogada, esa explicación no puede analizarse separadamente del contexto político actual y del debilitamiento de las políticas públicas destinadas a sostener los procesos de memoria y justicia.

Cinco décadas declarando, esperando y reconstruyendo la verdad
La demora judicial no solo tiene consecuencias institucionales. También impacta de manera directa sobre quienes llevan medio siglo esperando una respuesta.

Malka Manestar recuerda que las víctimas y sus familias comenzaron a denunciar los hechos durante la propia dictadura. Frente a la imposibilidad de encontrar respuestas dentro del país, muchas de las primeras presentaciones fueron realizadas ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.

Con el regreso de la democracia, los testimonios continuaron ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Más adelante, esas mismas historias volvieron a aparecer en los Juicios por la Verdad y, finalmente, en las causas judiciales reabiertas después de la anulación de las leyes de impunidad.

Ese recorrido implica que muchas personas hayan tenido que volver a narrar los mismos hechos una y otra vez durante décadas.

"Es una situación revictimizante", reconoce Manestar.

Las víctimas y sus familias debieron reconstruir una y otra vez experiencias marcadas por la violencia, la pérdida y la incertidumbre. Sin embargo, la abogada destaca que ese esfuerzo también permitió preservar pruebas fundamentales para las investigaciones judiciales.

Muchos de quienes declararon durante estos años ya fallecieron. Sus relatos, registrados en distintos momentos del proceso histórico, permanecen como una pieza central para comprender lo ocurrido.

Para Manestar, esa persistencia de las víctimas y sobrevivientes demuestra que la construcción de memoria no depende únicamente de los tiempos de la Justicia.

La memoria también se disputa en las calles
Aunque considera que los juicios son una herramienta fundamental para establecer responsabilidades, la abogada sostiene que la memoria colectiva se construye también por fuera de los tribunales.

"La memoria no es solamente lo que sucede en los juicios", afirma. "Es fundamental que sigamos manteniendo la memoria en las calles, la memoria en la lucha también".

En ese sentido, reivindica el valor de las marchas, los actos conmemorativos y las actividades organizadas por los organismos de derechos humanos y las organizaciones sociales.

Esa tarea adquiere una relevancia particular frente a las nuevas generaciones, que no vivieron la dictadura pero reciben el desafío de interpretar ese pasado en un presente atravesado por nuevas discusiones políticas.

Durante las actividades realizadas por los cincuenta años de la Noche del Apagón, uno de los ejes estuvo puesto especialmente en los jóvenes que fueron víctimas del terrorismo de Estado en Ledesma.

Entre ellos estaban estudiantes secundarios de la Escuela Normal de Libertador General San Martín.

"Nosotros hablamos de nuestra Tarde de los Lápices", explica Manestar.

La referencia apunta a un grupo de adolescentes que, al igual que los estudiantes secundarios perseguidos en La Plata en 1976, comenzaban a organizarse, participar en espacios colectivos y desarrollar una conciencia crítica sobre la realidad social.

Muchos de ellos eran hijos e hijas de trabajadores del ingenio Ledesma.

Para Manestar, esa juventud también fue blanco del aparato represivo porque representaba la posibilidad de una nueva generación comprometida con la participación política y social.

El terrorismo de Estado, sostiene, no buscó únicamente eliminar a dirigentes sindicales o militantes adultos, sino también disciplinar a quienes comenzaban a construir nuevas formas de organización.

Frente al negacionismo, sostener la memoria
En el contexto político actual, Manestar considera que mantener activas las políticas de memoria resulta todavía más importante.

Advierte que el problema no se limita al desfinanciamiento de programas estatales, sino que también existe una disputa por el sentido histórico de lo ocurrido durante la dictadura.

"Tenemos que tener muy claro cuáles son las dimensiones de estos discursos negacionistas y de qué manera también se reivindica el proceso genocida", señala.

Frente a ese escenario, entiende que la respuesta debe construirse desde distintos espacios: los medios de comunicación, las organizaciones de derechos humanos, las universidades, la investigación académica y todos aquellos ámbitos donde pueda sostenerse una reflexión crítica sobre el pasado reciente.

Para la investigadora, la memoria no es una tarea encerrada en los archivos ni limitada a los tribunales. Es una práctica colectiva que requiere presencia pública y transmisión entre generaciones.

En esa construcción, algunas figuras adquieren un valor simbólico especial.

Una de ellas es Olga Márquez de Aredes, referente histórica de la resistencia en Jujuy.

Olga Márquez de Aredes, una memoria que camina
Después del secuestro y desaparición de su esposo, el exintendente de Libertador General San Martín Luis Aredes, Olga Márquez de Aredes comenzó a marchar sola cada jueves alrededor de la plaza de la ciudad.

Llevaba un pañuelo blanco y una pancarta en la que reclamaba justicia.

Su imagen se convirtió con el tiempo en uno de los símbolos más fuertes de la resistencia en Jujuy.

Para Manestar, esa persistencia representa una forma de lucha que atravesó generaciones y que permitió sostener el reclamo incluso en los momentos más difíciles.

Con motivo de los cincuenta años de la Noche del Apagón, ANDHES publicó la nota 50 años de impunidad, 50 años de resistencia. El trabajo buscó reconocer, por un lado, la falta de condenas para los responsables empresariales de los crímenes de lesa humanidad y, por otro, el papel fundamental de las mujeres que sostuvieron durante décadas la búsqueda de verdad y justicia.

"Queríamos reconocer que durante estos cincuenta años hubo distintas mujeres que sostuvieron la lucha", explica Manestar.

Algunas continúan participando activamente en los espacios de memoria. Otras, como Olga Márquez de Aredes, fallecieron sin ver concretadas todas las respuestas que reclamaban.

Pero su recorrido, sostiene la abogada, fue fundamental para que las investigaciones pudieran llegar hasta el punto actual.

Un legado que une memoria, justicia y ambiente
El legado de Olga Márquez de Aredes, explica Manestar, no se limita a su lucha por memoria, verdad y justicia frente a los crímenes de la dictadura.

En los últimos años de su vida, Olga también incorporó a su militancia las denuncias ambientales contra el ingenio Ledesma y los efectos que la actividad industrial tenía sobre la comunidad de Libertador General San Martín.

Su historia permite, para la abogada, comprender que las vulneraciones de derechos no aparecen como hechos aislados, sino que muchas veces forman parte de entramados más amplios de desigualdad y concentración de poder.

Además de reclamar justicia por la desaparición de su esposo y por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, Olga denunció la contaminación provocada por el bagazo de la caña de azúcar y las consecuencias sanitarias que afectaban a quienes vivían en las cercanías del ingenio.

Según recuerda Manestar, Olga murió a causa de un cáncer pulmonar asociado a la bagazosis, una enfermedad vinculada precisamente con la exposición permanente a ese material.

Para la investigadora, esa trayectoria muestra cómo la defensa de los derechos humanos puede extenderse hacia otras dimensiones de la vida comunitaria.

La memoria, sostiene, no se limita a recordar el pasado represivo, sino que también implica preguntarse por las condiciones presentes en las que viven las comunidades y por las distintas formas en que los poderes económicos pueden afectar sus derechos.

Por eso considera que figuras como Olga Márquez de Aredes siguen funcionando como "faros en el camino" para las nuevas generaciones de militantes, investigadoras y defensoras de derechos humanos.

Una causa que sigue esperando
A medio siglo de la Noche del Apagón, la causa por la responsabilidad empresarial de Ledesma continúa abierta y sin juicio oral.

El expediente concentra una de las discusiones más profundas que todavía atraviesan el proceso de memoria, verdad y justicia en Argentina: la necesidad de establecer qué responsabilidad tuvieron aquellos actores económicos que acompañaron el terrorismo de Estado, facilitaron su funcionamiento o se beneficiaron con sus consecuencias.

Para Manestar, juzgar esa dimensión pendiente no implica solamente reparar a las víctimas y a sus familias. También significa comprender cómo funcionó el poder durante la dictadura y qué continuidades de ese entramado todavía permanecen vigentes.

La posibilidad de que Alberto Lemos sea llevado a juicio representa, en ese sentido, una oportunidad histórica. No solo porque permitiría analizar responsabilidades individuales dentro del caso Ledesma, sino porque podría abrir un camino para otros procesos judiciales vinculados con la participación empresarial en delitos de lesa humanidad.

Pero mientras la causa continúa atravesada por demoras, el tiempo sigue siendo un factor decisivo.

Las víctimas envejecen. Los sobrevivientes mueren. Los responsables también.

La historia de la Noche del Apagón, sin embargo, continúa presente en los testimonios, en las calles y en las nuevas generaciones que retoman una pregunta todavía abierta: cómo juzgar a quienes tuvieron poder suficiente para participar de la represión y permanecer durante décadas lejos de los tribunales.

Cincuenta años después, la consigna que acompañó la lucha de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos mantiene su vigencia.

Memoria, verdad y justicia.

Escuchá la entrevista completa:

La protesta detrás de la protesta: qué cuentan los barrios sobre la falta de trabajo, salud y alimentos

Soledad Giupponi tiene 34 años, cinco hijos y sostiene, junto a otras voluntarias, el comedor comunitario Rayito de Sol en Cabín 9. Delegada de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), asegura que los 78 mil pesos del programa Volver al Trabajo no alcanzan para vivir, pero siguen siendo indispensables para cientos de familias.

En diálogo con Señales, Soledad Giupponi reconstruye, a partir del reclamo por la continuidad del programa Volver al Trabajo, la crisis que atraviesan los barrios populares del Gran Rosario. Entre changas, ollas populares y protestas, desde Cabín 9 pone voz a una realidad que pocas veces aparece en las estadísticas.

"No es un plan: son 78 mil pesos para sobrevivir"

Soledad Giupponi habla con la tranquilidad de quien conoce de memoria las necesidades del barrio. Lleva tres años como delegada de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) en Cabín 9 y es una de las voluntarias que sostiene el comedor comunitario Rayito de Sol.

Por momentos, sin embargo, la voz se le quiebra.

Acaba de regresar de la movilización nacional convocada por distintas organizaciones sociales para reclamar la continuidad de los programas sociales y denunciar el deterioro de las condiciones de vida en los barrios populares.

Para ella, la discusión excede largamente un programa.

—No es solamente un programa. Son 78 mil pesos que hoy mucha gente necesita porque no hay trabajo.

Mientras habla recuerda que varias de sus compañeras no pudieron asistir a la entrevista. Ese mismo día habían conseguido alguna changa y no podían dejar pasar la oportunidad.

La paradoja, dice, es evidente: trabajan para sostener un ingreso que ni siquiera saben si seguirán cobrando.

—No saben si el cinco del mes van a cobrar o no, porque supuestamente ya no se cobra más.

Ese dinero, explica, ya estaba comprometido antes de llegar.

Muchas familias compran fiado en los almacenes del barrio con la expectativa de pagar cuando ingresa el programa.

—Ya lo tenían empeñado hasta en los negocios. Hay que pagar esa plata igual.

En Cabín 9, esos 78 mil pesos no alcanzan para vivir. Pero muchas veces permiten sostener un alquiler.

—Tengo compañeras que pagan el alquiler con esa plata. No pagan todo, pero les ayuda porque no tienen trabajo.

También es el dinero que garantiza, aunque sea parcialmente, que haya un plato de comida sobre la mesa.

Entre todas las historias que escucha cada semana hay una que todavía la conmueve.

Hace pocos días una mujer se le acercó angustiada.

—Me dijo: "Sole, si no cobro el mes que viene no sé qué voy a hacer. Yo ya estaba contando con esa plata".

Nunca fue un ingreso seguro, aclara. Pero, al menos, llegaba todos los meses.

Ahora ni siquiera existe esa certeza.

Una olla para 280 personas

La crisis también cambió el rostro de quienes buscan ayuda.

En Rayito de Sol preparan alrededor de 280 raciones de comida. Apenas pueden hacerlo una vez por semana.

No es una decisión.

Es el límite que imponen los recursos.

—No da el presupuesto. No alcanza para el gas.

Incluso esos mismos 78 mil pesos que hoy están en riesgo ayudan a sostener el funcionamiento del comedor.

—Con esa plata compramos el gas para cocinar. Cocinamos dos veces y después hacemos fuego. Así sostenemos la olla.

Conseguir los alimentos tampoco resulta sencillo.

Parte de la verdura y otros productos los compran entre los propios voluntarios. El resto llega a través de la organización social.

—Es poco y nada, pero alcanza para sostener una olla por semana.

Saben que no alcanza.

Lo escuchan cada vez que alguien vuelve a preguntar cuándo habrá otra entrega de comida.

—La gente pregunta cuándo damos de vuelta. Nos gustaría cocinar más días, pero no podemos.

La realidad también cambió el perfil de quienes se acercan al comedor.

—Cada vez vienen más abuelos.

Hace unos años, dice, esa escena era poco frecuente.

Hoy muchos jubilados llegan porque deben elegir entre comprar medicamentos o comer.

—Es triste porque antes no se veía.

El panorama tampoco mejora cuando intentan conseguir ayuda institucional.

Según explica, el comedor recibe alimentos a través de subsidios de la Provincia de Santa Fe, aunque consideran que esa asistencia resulta insuficiente frente a la magnitud de la demanda. Señala que, hasta fines de 2023, la mayor parte de los alimentos provenía del Gobierno nacional y que el aporte provincial funcionaba como complemento para adquirir productos que Nación no enviaba. Tras el cambio de gestión nacional, sostiene, esa ayuda alimentaria fue interrumpida y hoy la asistencia provincial —que, afirma, se mantuvo tras distintos reclamos— es el principal sostén del comedor, aunque no alcanza para cubrir las necesidades.

Desde la intendencia de Pablo Corsalini, en Pérez, les reconocieron que también cuentan con pocas herramientas para asistir a la cantidad de espacios comunitarios que funcionan en Cabín 9.

Frente a esa ausencia, los propios vecinos inventan formas de resistir.

Hay quienes organizan ferias donde intercambian ropa o juguetes por alimentos.

—Muchos sostienen los comedores cambiando ropa o juguetes por un paquete de arroz o un puré de tomate.

Es una economía de supervivencia que rara vez aparece en las estadísticas, pero que mantiene abiertas decenas de ollas populares.

Yo soy piquetera por necesidad

Soledad conoce también el otro discurso.

El que señala a quienes reciben programas sociales como personas que no quieren trabajar.

Dice que quienes sostienen esa idea desconocen por completo lo que ocurre dentro de los barrios.

—El Estado es muy ausente. Aparecen en época de elecciones por unos votos y después desaparecen. Si el Estado está ausente, nunca va a ver lo que realmente pasa.

Por eso rechaza la imagen de quienes salen a cortar calles por comodidad o conveniencia.

—Se piensan que tenemos ganas de dejar a nuestros hijos para estar en una marcha.

Hace una pausa.

—Yo tengo cinco chicos. Lisandro, mi marido, sale a trabajar y yo quisiera quedarme en mi casa con ellos, y que puedan comer las cuatro comidas del día.

La realidad, dice, es otra.

En su propia casa también hay que elegir.

—A veces tenemos que decidir si comemos al mediodía o a la noche.

La fruta aparece apenas una vez por semana en la mesa familiar.

Aunque su esposo trabaja todos los días, el costo de los alimentos hace imposible cubrir todas las necesidades de una familia numerosa.

—El kilo de carne, ¿cuánto está?

La pregunta queda flotando unos segundos.

Después enumera todo lo que implica criar cinco hijos.

Ropa.

Zapatillas.

Útiles escolares.

Comida.

—La gente nunca se pone en el lugar del otro. Se piensan que porque recibimos una asignación ya alcanza para todo.

Trabajo desde los 11 años

La precariedad económica también atraviesa la vida escolar de sus hijos.

Cada comienzo de mes, cuenta Soledad, aparece un nuevo pedido desde la escuela: materiales, fotocopias, aportes o actividades. Gastos que para muchas familias pueden parecer menores, pero que en su casa obligan a tomar decisiones dolorosas.

—Todos los meses te están pidiendo más cosas. Pero eso no lo ve el Gobierno. Ellos exigen, exigen y exigen.

Sus hijos, por ejemplo, se quedaron sin viajes de estudio.

No porque no quisieran ir.

Porque la familia tuvo que establecer prioridades.

—Si yo le pago un viaje de estudio, no me alcanza para darle de comer. Hoy nos toca elegir. A las mamás nos toca decidir si pagamos un viaje, si compramos zapatillas o si ponemos comida en la mesa.

Es entonces cuando vuelve sobre uno de los prejuicios que más la incomodan: la idea de que quienes reciben asistencia social no quieren trabajar.

No necesita elaborar demasiado para responder. Le alcanza con una frase.

—Trabajo desde los 11 años.

Lo dice sin dramatismo.

Como si estuviera contando un dato más de su vida.

—Me tocó salir a la calle muy chica y no me da vergüenza decirlo. He salido hasta a cartonear, por necesidad.

Por eso insiste en que los funcionarios deberían recorrer los barrios sin intermediarios ni visitas protocolares.

—Que bajen a los barrios y vean la necesidad que hay. Que se paren en la fila de un comedor y miren lo que pasa. No es broma lo que decimos.

El pedido también alcanza a quienes cuestionan a las organizaciones sociales desde afuera.

Cree que muchas de esas críticas nacen del desconocimiento.

—Los que nos critican no saben lo que es vivir esto. Nosotros queremos que el Estado vea la realidad desde adentro, no desde arriba, con drones.

Nosotros sí queremos trabajar

En medio de ese debate aparece otro de los argumentos que más escuchó durante el último tiempo: la idea de que las organizaciones sociales administraban los programas y retenían parte del dinero de los beneficiarios.

Soledad lo rechaza de plano.

—La plata siempre fue directamente a la gente. Yo nunca le di mi tarjeta a nadie para que me cobrara. La cuenta del Banco Nación siempre la manejé yo. Los 78 mil pesos los cobré siempre yo.

Reconoce que pudo haber existido algún caso de corrupción.

Pero rechaza que esa imagen termine definiendo a todos.

—Puede haber algún corrupto, pero no somos todos iguales.

Cuando el antiguo Potenciar Trabajo fue reemplazado por el programa Volver al Trabajo, asegura que aceptó cumplir cada uno de los requisitos que le exigieron.

Completó formularios a través de Mi Argentina.

Eligió una orientación laboral.

Manifestó su intención de capacitarse para desarrollar un emprendimiento.

—Nosotros sí queremos trabajar. No somos vagos.

Su elección fue panificación.

Sin embargo, la capacitación que le ofrecieron terminó convirtiéndose, según relata, en una oportunidad imposible de aprovechar.

—Era en Córdoba. Unos 398 kilómetros separan Pérez de esa ciudad.

Hace una pausa.

—¿Cómo hago para ir a aprender panificación a Córdoba?

El problema, explica, nunca fue la voluntad.

Fueron los costos.

Los mismos 78 mil pesos que debía usar para alimentar a su familia también debían alcanzar para pagar los pasajes.

—¿Qué tengo que elegir? ¿Gastar esa plata para viajar a capacitarme o usarla para comer? Entonces, ¿dónde están las oportunidades que dicen que nos dan?

Hace cuatro años que recibe ese programa.

Comenzó cobrando 50 mil pesos.

Después, con la llegada de Javier Milei, el monto quedó congelado en 78 mil.

En todo ese tiempo, asegura, nunca encontró un acompañamiento real que permitiera transformar esa ayuda en un empleo estable.

—Escucho a los senadores decir que tenemos acompañamiento, pero no tenemos nada. Nos niegan la posibilidad de acceder a un trabajo.

Mientras habla, llega al estudio un mensaje de una oyente que dice comprender el dolor que está describiendo.

Soledad agradece el gesto.

Pero vuelve enseguida al centro de su planteo.

—El acompañamiento que necesitamos es que bajen a los barrios y vivan la realidad con nosotros.

Pan para hoy y hambre para mañana

En ese punto recuerda una situación que, según afirma, vivió durante la campaña electoral.

Relata que en Cabín 9 hubo personas vinculadas a La Libertad Avanza que ofrecían 20 mil pesos y un bolsón de mercadería a cambio del voto, y que incluso pedían una fotografía para comprobar la elección realizada.

—Lo viví desde adentro. La gente me preguntaba si podía ir porque lo necesitaba.

No juzga a quienes aceptaban.

Dice que entiende lo que significa pasar hambre.

Por eso cree que la necesidad empuja a muchas personas a tomar decisiones desesperadas.

—Eso es pan para hoy y hambre para mañana.

La ayuda inmediata, sostiene, no resuelve el problema de fondo.

—Porque mañana, cuando tus hijos no tengan un plato de comida, esos 20 mil pesos ya no alcanzan.

Vuelve entonces a la idea que atraviesa toda la conversación.

Más que subsidios, dice, hacen falta políticas públicas construidas desde el territorio.

Para ella, la discusión tampoco termina en los 78 mil pesos del programa.

Lo que cuestiona es que nunca existió una política capaz de transformar esa asistencia en un trabajo estable.

Recuerda que el actual Volver al Trabajo nació como una respuesta excepcional a la crisis provocada por la pandemia.

Sin embargo, asegura que el paso siguiente nunca llegó.

—Hasta el día de hoy seguimos esperando eso.

Mientras esa oportunidad no aparece, observa cómo las organizaciones sociales terminan cubriendo funciones que antes cumplía el Estado.

Una de las imágenes que más la conmueve es la presencia creciente de jubilados en los comedores comunitarios.

—Hoy somos las organizaciones las que les estamos dando una mano a los abuelos. Antes no hacía falta.

El barrio que no aparece en las estadísticas

Para Soledad, la crisis no termina en los 78 mil pesos del programa.

Salud, seguridad, trabajo y alimentación forman parte del mismo problema.

Y todo empieza por caminar el barrio.

La situación, insiste, no es exclusiva de Cabín 9 ni de Pérez.

A través del contacto permanente con otras delegadas de la Corriente Clasista y Combativa asegura que el panorama se repite en distintos barrios de Rosario y también en otras provincias.

—Creo que todos los barrios estamos iguales. Lo veo en Córdoba, lo veo en todos lados. Está pasando en toda la Argentina.

Por eso dice que le cuesta entender los anuncios oficiales que hablan de una baja de la pobreza.

Se ríe cuando escucha esas estadísticas.

Aclara enseguida que no es una risa de alegría.

Es de bronca.

—No estamos bajando la pobreza ni la inseguridad.

Desde su mirada existe una distancia enorme entre los indicadores oficiales y la vida cotidiana de los barrios populares.

Muchos problemas, sostiene, permanecen invisibilizados.

Nosotros lo vivimos todos los días

Entre los problemas que Soledad considera invisibilizados menciona el narcotráfico.

Cree que la violencia sigue presente, aunque ya no ocupe el mismo espacio en la agenda pública.

—No redujo nada la droga. Cada vez hay más. Nosotros lo vivimos todos los días porque somos militantes y vivimos en los barrios.

La misma lógica aplica, según ella, para las estadísticas sobre homicidios.

Considera que muchas veces la manera en que se registran los hechos termina ocultando la verdadera dimensión del problema.

Cabín 9 conoce de cerca esa realidad.

Es un barrio atravesado históricamente por la violencia.

Los callejones donde, según relata, con frecuencia aparecen cuerpos abandonados forman parte del paisaje cotidiano.

—Ya estamos acostumbrados a recibir muertos en el barrio.

La frase sale con una naturalidad que estremece.

Recuerda incluso el caso de dos jóvenes asesinadas cuyos cuerpos fueron hallados cerca del límite con Rosario.

Sin embargo, dice, el episodio volvió a quedar asociado una vez más a Cabín 9.

—Si hubiera más seguridad eso no pasaría. Pero quieren esconder todo.

Esperar un turno

La precariedad también alcanza al sistema de salud.

Para Soledad, conseguir un turno médico se convirtió en una carrera imposible.

Hace tres meses espera una consulta para sus hijos.

Uno necesita ser evaluado por una pediatra antes de llegar al oftalmólogo.

Otra de sus hijas requiere atención dermatológica.

Ninguno consiguió turno.

—Todos los días mandamos el mensaje a las siete de la mañana, como nos piden. Y no hay turnos.

Describe un sistema atravesado por superposiciones entre el municipio y la provincia que, según afirma, termina sin dar respuestas concretas.

A esa falta de atención suma otro problema que considera grave.

—No hay anticonceptivos. No hay nada.

Y plantea una contradicción.

—Después dicen que la culpa es de la chica que quedó embarazada. Pero si le sacan todas las herramientas, ¿qué posibilidad le están dando?

En su relato, todos esos problemas forman parte de un mismo mapa.

Trabajo.

Salud.

Seguridad.

Alimentación.

Para comprenderlo, insiste, no alcanza con mirar estadísticas.

Hay que caminar los barrios.

Los que cortan la avenida de Circunvalación

Otra vez vos

La movilización terminó.

Pero para Soledad la discusión recién empieza.

Sabe que el reclamo difícilmente encuentre una respuesta inmediata.

También sabe que las protestas seguirán ocupando las calles, aunque eso vuelva a despertar críticas.

Durante la última jornada, la presencia de Gendarmería volvió a marcar el pulso del operativo.

Ella estaba en la primera línea.

Allí se cruzó con un efectivo que ya la conocía de otras manifestaciones.

—"Otra vez vos", me dijo.

—"Sí, otra vez yo", le respondí.

El diálogo continuó entre advertencias y convicciones.

El gendarme le recordó que no podían cortar la calle.

Ella contestó que lo harían igual.

—La vamos a cortar por necesidad.

Cuando el uniformado le advirtió que podían reprimir la protesta, Soledad intentó correr la discusión hacia otro lugar.

—Vos me estás reprimiendo a mí, pero tendrías que verme como una compañera más.

No lo plantea desde una lógica de enfrentamiento.

Dice que pocos días antes había viajado en un vehículo conducido por un gendarme que, fuera de su horario de servicio, manejaba para una aplicación de transporte con el objetivo de completar el sueldo.

—Me dijo que era gendarme de La Pampa y que hacía Uber porque no le alcanzaba. Hasta me contó que muchas veces hace dedo para volver a su pueblo porque no puede pagar un pasaje.

Hace una pausa.

Después resume la contradicción.

—Los que nos reprimen también son trabajadores a los que no les alcanza el sueldo. También pasan necesidades.

Por eso insiste en que el conflicto no debería enfrentar a quienes viven de su trabajo.

—Ellos también son parte del pueblo.

Aun así, sabe que la represión puede repetirse.

Y asegura que eso no cambiará su decisión.

—No les tenemos miedo. Yo soy piquetera por necesidad, no porque me guste cortar calles.

Nuestra lucha no es por un plan

Su reclamo vuelve siempre al mismo lugar.

Un Estado presente.

Trabajo.

Capacitaciones reales.

Oportunidades.

—No estamos peleando solamente por esos 78 mil pesos. Estamos peleando por los abuelos, por trabajo genuino, por capacitaciones de verdad.

Hace una última aclaración, casi como si quisiera desmontar definitivamente uno de los prejuicios más extendidos sobre las organizaciones sociales.

—Nuestra lucha no es por un plan. Es por trabajo.

Y plantea una ecuación simple.

—Si mañana me dan un trabajo, que se queden con los 78 mil pesos. Yo quiero trabajar. Nosotros sabemos trabajar.

Reconoce que los cortes de calle generan molestias.

Que nadie disfruta de pasar horas bajo el frío o el calor.

—No queremos cortar calles. Pero lo hacemos porque estamos peleando por nuestros derechos.

Después deja una advertencia.

—Agradezcan si hoy tienen trabajo. Porque están cerrando empresas todos los días. Mañana les puede tocar estar de este lado.

Para ella, la pobreza no distingue ideologías.

Puede alcanzar a cualquiera.

—Que den gracias de que hoy no les toca estar del lado del pueblo que pasa necesidades.

La dignidad todavía no tiene precio

Antes de despedirse, Soledad recuerda a Jorgelina, una compañera de Cabín 9 que ese día no pudo asistir a la entrevista porque había conseguido una changa de limpieza. Su marido, albañil, seguía buscando trabajo.

Había dejado grabado un testimonio que, para Soledad, resume el sentimiento de muchas familias.

Jorgelina se preguntaba qué buscaba realmente el Gobierno enfrentando a quienes protestan con quienes pasan por la calle. Contaba que mientras algunos automovilistas ofrecían palabras de aliento, otros insultaban sin detenerse a pensar por qué había personas manifestándose.

También describía una escena que, según dice, se repite en muchos hogares: madres que toman mate y comen una sola vez al día para que sus hijos puedan hacer las cuatro comidas.

Recordaba que con los 78 mil pesos apenas alcanza para comprar un poco de carne y algo de mercadería, cuando esa ayuda no está ya comprometida con las deudas del almacén del barrio.

—Nadie vive con eso. Es solamente una ayuda.

Y cerraba con una frase que Soledad escucha en silencio y hace propia:

"No nos gusta estar en la calle con frío o con calor. Pero tampoco nos vamos a quedar callados. Vamos a luchar por nuestros derechos porque la dignidad todavía no tiene precio".

Soledad asiente.

Dice que Jorgelina habló con la voz quebrada porque describió exactamente lo que viven todos los días en los barrios.

Otras voces, la misma realidad

Las palabras de Soledad no quedan solas.

Se repiten, con distintos matices, en los testimonios de otras referentes de la Corriente Clasista y Combativa que viven y militan en distintos barrios de Rosario y la región.

Aunque cambian los nombres y los territorios, las preocupaciones aparecen una y otra vez: la dificultad para acceder a la salud, la pérdida del poder adquisitivo, la falta de trabajo y el temor a que desaparezcan los programas sociales que, aseguran, hoy funcionan como un sostén para muchas familias.

Jorgelina, también de Cabín 9, describe una realidad marcada por la incertidumbre. Para ella, el reclamo no pasa solamente por un programa social, sino por la posibilidad de acceder a derechos básicos: una salud pública que funcione, trabajo digno y mejores condiciones de vida.

En el mismo barrio, Roxana pone el foco en los problemas cotidianos que atraviesan a los vecinos. Menciona la falta de servicios esenciales, las dificultades con el agua potable, la inseguridad y un dispensario donde, según relata, muchas veces no hay turnos ni profesionales disponibles.

Nancy comparte un diagnóstico similar. Cuenta que cada vez ve más jubilados obligados a volver a trabajar porque sus ingresos ya no alcanzan para cubrir medicamentos y necesidades básicas. A eso suma la dificultad de muchas familias para conseguir empleos estables y la necesidad de sobrevivir con trabajos informales.

Fiama habla de otro aspecto de la crisis: el impacto sobre quienes necesitan tratamientos médicos o acompañamientos específicos. Señala la preocupación por la falta de medicamentos, la situación de las personas con discapacidad y el retroceso de programas que, según sostiene, eran fundamentales para muchas familias.

Cintia vuelve sobre la situación del sistema sanitario. Describe las dificultades para conseguir turnos pediátricos y una sensación de abandono que, dice, atraviesa a quienes necesitan atención médica en los barrios.

Rosinela insiste en una idea que aparece en varios testimonios: los 78 mil pesos no alcanzan para vivir, pero representan una ayuda que muchas familias necesitan para complementar changas y sostener la comida diaria.

Desde barrio Godoy, Susana plantea que los problemas se repiten en distintos territorios. Habla de vecinos que deben esperar horas para conseguir atención médica. Resume esa sensación con una frase que, para ella, describe una realidad extendida:

—Es la misma cagadita con diferente olor.

Pilar reconoce que el monto del programa es insuficiente, pero sostiene que quitarlo significaría agravar todavía más la situación de muchas familias que ya viven al límite.

Sabrina resume su mirada con una frase simple:

—Donde vayas se ve la necesidad.

Para ella, el problema no pertenece a un solo barrio, sino que atraviesa distintos sectores de la ciudad.

Valeria plantea que el desafío debería ser transformar esas ayudas en oportunidades reales de trabajo. Sostiene que quienes reciben un programa también buscan capacitarse, conseguir empleo y mejorar sus condiciones de vida.

Roxana, otra de las referentes consultadas, coincide en que la salida no está en eliminar los programas sociales, sino en fortalecer los controles y, al mismo tiempo, generar herramientas concretas de capacitación e inserción laboral.

Más allá de las diferencias entre cada historia, todas las voces coinciden en un punto: la protesta, para ellas, no nace de la comodidad ni de una negativa a trabajar.

Nace de una situación que describen como límite y de la necesidad de hacerse visibles.

Escuchá la entrevista completa: