El abogado constitucionalista, ex juez federal y periodista de opinión Julio Miguel Rodríguez Villafañe analiza en profundidad la situación del Poder Judicial, la Corte Suprema y el fallo contra Cristina Fernández de Kirchner. Denuncia un sistema que perdió la imparcialidad y plantea salidas políticas y jurídicas frente a lo que define como un verdadero "golpe institucional a cielo abierto"Rodríguez Villafañe, con décadas de trayectoria en el ámbito del Derecho, se ha caracterizado por una defensa activa del Estado de Derecho, los derechos humanos y la ética judicial. En una entrevista con
Señales, realizada tras la confirmación de la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema, Rodríguez Villafañe ofrece una visión crítica y documentada de la situación de la Justicia en Argentina, que va más allá del caso puntual y se extiende a un diagnóstico estructural del sistema institucional.
¿Cuál fue su primera reacción ante la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema?Fueron, en realidad, tres sensaciones muy fuertes. En primer lugar, sentí una profunda injusticia. Se trata de una causa completamente arbitraria contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En segundo lugar, percibí una confirmación explícita de que este gobierno no respeta a la mujer. Basta con recordar que, al momento de proponer nuevos integrantes para la Corte, Javier Milei eligió a dos hombres —Ariel Lijo y Manuel José García-Mansilla—, lo que hubiese dejado un tribunal compuesto exclusivamente por cinco varones. Esto, a pesar de que una de las vacantes era la dejada por la doctora Elena Highton de Nolasco.
Incluso, hubo propuestas anteriores de candidatas mujeres precisamente para equilibrar la representación femenina en el máximo tribunal del país, en consonancia con el pacto internacional con jerarquía constitucional que prohíbe la discriminación por razones de género. No es un detalle menor en un país con grandes juristas mujeres.
Y finalmente, la tercera sensación fue la de estar presenciando la emisión, por parte de la Corte Suprema, del certificado de defunción del Estado de Derecho en la Argentina. En este contexto, vuelve a resonar una frase que creíamos superada: que todos estamos en libertad condicional. Porque, en última instancia, el destino de cualquier juicio —el honor, la vida, la libertad de las personas— queda en manos de un tribunal de tres personas que, desde mi punto de vista, no cuentan con la calidad moral, ética ni técnica necesaria para decidir sobre esos aspectos fundamentales.
"La sentencia contra Cristina es el certificado de defunción del Estado de Derecho", Rodríguez Villafañe
¿Qué otros elementos considera relevantes para hablar de falta de garantías en este proceso judicial?También hay varios elementos que evidencian la falta de garantías procesales y la parcialidad por parte de la Corte. Leía ese fallo, que apenas tiene 27 páginas, y en un momento se menciona que no importa con quiénes hayan tenido vínculos los miembros del Poder Judicial en su momento. Pero yo no puedo dejar de recordar que hubo conexiones directas con el expresidente Mauricio Macri.
No hay duda alguna. Si le interesa, le menciono algunos casos concretos: el juez que instruyó la causa, Julián Ercolini, tenía a su esposa trabajando en el Ministerio de Justicia, bajo la gestión de Germán Garavano. Por su parte, el fiscal Ignacio Mahiques es hijo de un miembro de la Cámara de Casación, el tribunal que posteriormente iba a juzgar a Cristina Fernández de Kirchner —si bien en otra sala— y que fue incorporado durante el gobierno de Macri. Además, su hermano, Juan Bautista Mahiques, era representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura y, a su vez, se desempeñó como subsecretario de Asuntos Penitenciarios y de Relaciones con el Poder Judicial. Es decir, una relación directa: uno en el Ministerio de Justicia, otro como fiscal, y el juez vinculado también a ese mismo entramado.
Cuando la causa llegó al tribunal oral, tanto el juez Rodrigo Giménez Uriburu como el fiscal Diego Luciani formaban parte de un mismo equipo de fútbol que jugaba en la quinta Los Abrojos, propiedad de Mauricio Macri. No se trata de una cancha que cualquiera puede alquilar; se trata de una quinta privada, lo que sugiere una relación de mayor cercanía, al menos social.
Y más adelante, cuando el caso llegó a la Cámara de Casación, intervinieron los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, ambos con múltiples ingresos registrados a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos durante el gobierno de Macri. Borinsky, incluso, dijo haber ido a jugar al paddle; Hornos, supuestamente, a conversar. Todo este entramado muestra con claridad quiénes fueron los que, finalmente, terminaron decidiendo sobre este caso. Y desde ya, eso genera serias dudas sobre la imparcialidad del proceso y la vigencia de las garantías constitucionales más básicas.
"Hay un sistema judicial alineado con un poder político que no respeta la ley", Rodríguez Villafañe
¿Y qué reflexión le merece el papel de la actual Corte Suprema en esta causa?Aún más preocupante es el papel de la Corte Suprema actual. Dos de sus miembros —incluyendo al presidente del tribunal— fueron designados por decreto por el entonces presidente Mauricio Macri. Esa designación fue suspendida inicialmente por su carácter inconstitucional, pero luego, en julio, ambos recibieron el acuerdo del Senado como forma de "regularizar" la situación. Sin embargo, esa forma de acceso ya revelaba una falta de respeto por el derecho y un claro interés por ocupar esos cargos sin cumplir los pasos institucionales correspondientes. Y uno se pregunta: ¿para defender qué intereses?
Además, esos mismos jueces —Horacio Rosatti, presidente de la Corte, y Carlos Rosenkrantz, vicepresidente— quedaron luego involucrados en un juicio político iniciado por la Cámara de Diputados. También estaban implicados Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, aunque Maqueda ya no integra el tribunal porque se jubiló a fines del año pasado, al cumplir los 75 años. Es decir, ninguno de los integrantes de los distintos tribunales intervinientes mostró tener plena autonomía ni independencia frente al poder político o económico.
Y hay un punto interesante que quiero destacar. En su fallo, la Corte dice que a los fiscales no se les exige imparcialidad, sino objetividad. Esa afirmación es muy opinable. Y lo más llamativo es que sobre los jueces, directamente, no dice nada. El fallo en sí es extremadamente lacónico, por no decir irrelevante. Invoca el artículo 280, lo cual implica que no se expresa sobre el fondo del asunto, simplemente desecha el recurso extraordinario sin fundamentos claros. Se limita a generalidades, con una dosis importante de hipocresía.
Por ejemplo, en su resolución afirma que los defensores no lograron refutar argumentos "valiosos y profundos" que, supuestamente, justifican la causa. Pero no menciona en qué consisten esos argumentos. Y eso es algo que la ciudadanía en general no tiene por qué saber, porque son temas técnicos, pero que deberían estar claramente explicitados por la Corte.
Recordemos que la sentencia original tiene alrededor de 1.500 páginas. Sin embargo, para presentar un recurso extraordinario ante la Corte, se exige que los agravios —es decir, los perjuicios sufridos por la vicepresidenta como consecuencia de esa sentencia injusta— se formulen en un escrito de no más de 40 páginas. Cada página, además, debe tener un máximo de 26 renglones y utilizar letra no menor a tamaño 12. Puede parecer un detalle menor, pero es decisivo: una de las causales que la Corte puede usar para rechazar un recurso es, justamente, que no se cumplan esas condiciones formales.
Y lo que agrava aún más la situación es que, si se desea presentar una queja posterior, ésta debe ajustarse a un límite aún más severo: 10 páginas, con los mismos requisitos de forma. Entonces, lo que tenemos es que se exige impugnar una sentencia de más de 1.600 páginas en apenas 10 o 40 páginas, como si fuera posible desmontar una estructura jurídica tan compleja en un texto tan limitado.
Todo esto no se dice abiertamente, pero es sumamente relevante. ¿Cómo se supone que un defensor pueda refutar semejante sentencia en tan poco espacio? Aun así, el equipo de defensa hizo un esfuerzo enorme, casi una obra de magia, para presentar algo jurídicamente sólido en esas 40 páginas. Y la Corte, en lugar de valorar ese esfuerzo, responde que los agravios "no están suficientemente desarrollados" y que la sentencia está "suficientemente fundada", sin entrar en ningún detalle sustantivo.
Es, en definitiva, una negación del derecho a la defensa y una señal más del deterioro del Estado de Derecho.
"La Corte descalifica sin fundamentos: una causa de 1.600 páginas no puede refutarse en 10", Rodríguez Villafañe
¿Y cómo se interpreta esta serie de irregularidades y condiciones procesales desde el punto de vista institucional y democrático?Mire, esos detalles que pueden parecer menores para el público general no lo son en absoluto. Hablan de la hipocresía del Poder Judicial. Para graficarlo con una metáfora: es como si a alguien se le exigiera cruzar la Cordillera de los Andes en calzoncillos, con los ojos vendados y en ojotas. Y cuando finalmente logra llegar a la cima y se quita la venda para mirar el paisaje, lo descalifican por haber desobedecido una supuesta norma. Es una situación absurda, sin justificación alguna, que raya en lo perverso.
Yendo al fondo del caso, ni siquiera se respetaron principios jurídicos elementales. Por ejemplo, el principio de cosa juzgada: el caso por las obras públicas en Santa Cruz ya había sido juzgado anteriormente, y Cristina Fernández de Kirchner había sido declarada inocente. Tampoco se respetó la garantía de defensa en juicio, que incluye el derecho a ofrecer pruebas, impugnar la prueba acusatoria y recusar a los jueces cuando existen causales fundadas. En este proceso, se incorporaron pruebas nuevas durante el alegato final —algo abiertamente inconstitucional— y se impidió ejercer recursos básicos, incluyendo el derecho a recusar a magistrados evidentemente parciales.
Además, se violó el principio de presunción de inocencia. Cristina fue tratada como culpable desde el primer día, sin prueba directa alguna. Las obras por las que se la acusa fueron aprobadas por el Estado nacional y los controles estaban, en todo caso, a cargo del jefe de Gabinete. Sin embargo, esa cadena de responsabilidades se omitió completamente, y toda la imputación se focalizó en la presidenta.
Este escenario duele profundamente, porque es la expresión más cruda de un sistema judicial alineado con un poder político que no respeta la ley. Estamos ante un gobierno que ha manifestado su voluntad de "destrozar el sistema", y que aplica un trato discriminatorio. Mientras se presenta a Cristina como la gran delincuente del país, el presidente actual está siendo investigado en Estados Unidos, en Europa, y aquí sus causas apenas se mencionan, como en el caso de la estafa con la criptomoneda "Libra".
Mauricio Macri, por su parte, ha estado involucrado en múltiples hechos de presunta corrupción: el caso del ARA San Juan, los parques eólicos, los Panamá Papers. Y sin embargo, no ha rendido cuentas por nada. Para dar otro ejemplo claro: mientras a Cristina se le exige pagar, en un plazo brevísimo, 85.000 millones de pesos calculados de forma arbitraria, Macri lleva más de 50 años sin pagar la deuda del Correo Argentino. Y ahora la Corte le otorga la posibilidad de que ese juicio continúe en otro tribunal de la Capital Federal, lo que significa una vez más dilatar el proceso para favorecer la impunidad.
Con este panorama, lo que queda claro es que ha muerto el derecho, ha muerto la justicia. Y este fallo representa un certificado de defunción, no sólo para una mujer, sino para toda una sociedad, porque se le está arrebatando la posibilidad de elegir a quien legítimamente lidera la oposición.
Y mientras tanto, el presidente actual dice abiertamente que su modelo es la mafia. Afirma que su héroe es Al Capone, porque "evadía impuestos". Defiende a quienes no pagan impuestos como si fueran héroes y plantea que la mafia tiene "códigos" y que no se miente. Cerró el Instituto Belgraniano, y parece que ahora vamos a tener un Instituto de Al Capone, rindiendo homenaje a figuras como El Chapo Guzmán.
Pero lo más grave no es el absurdo simbólico: es el mensaje de fondo. En las mafias, cuando alguien se les opone, lo eliminan. Y eso es lo que estamos viendo en el país. Cristina Fernández sufrió un intento de asesinato —por fortuna, fallido—, y ahora buscan matarla judicialmente: como persona, como figura pública y como referente política.
Se ha llegado a extremos insólitos: se discute si puede salir al balcón de su casa, como si fuera una amenaza. Falta que le tapien la vivienda. Todo esto tiene un componente persecutorio alarmante.
Y sin embargo, hay algo profundamente admirable: la templanza de esta mujer. Cristina podría haber convocado a una reacción popular. Podría haber encendido la calle. Y no lo hizo. ¿Cuál fue su mensaje? "Olvídense de mí. Háganse cargo de los más débiles. Defiendan a los desprotegidos. Participen en política para revertir esta situación".
Ese llamado a la acción, sereno y democrático, ahora lo presentan como si fuera una incitación, una amenaza al orden público. Por favor. Como sociedad, debemos tener la madurez y la fuerza para no tolerar este atropello. Estamos frente a un límite histórico, y es nuestra responsabilidad como pueblo no dejar que la injusticia se institucionalice.
"A Cristina se la condenó sin prueba directa, con violaciones al debido proceso", Rodríguez Villafañe
¿Podemos hablar entonces de una doble vara judicial y de un rol activo del Poder Judicial en este contexto político?Sin dudas. Estamos ante una doble vara judicial, pero lo más preocupante es que estamos viviendo un momento en el que, anteriormente, uno observaba cómo actuaban, deliberadamente, ciertos poderes: el económico, el político, el mediático. Hoy, ese rol lo ha asumido el Poder Judicial, que no sólo acompaña, sino que implementa muchas de estas estrategias. Es una nueva forma de golpe de Estado, con toga en lugar de uniforme militar.
¿Golpe de Estado judicial?Así es, no tengo ninguna duda. Lo que ha sucedido es que los grandes poderes internacionales, que antes creían que había que sostener a los ejércitos como garantes del orden político, comprendieron que estaban equivocados. El poder militar no ofrecía ni la eficacia ni la legitimidad que requerían. Entonces, cambiaron la estrategia: ahora el poder se articula desde el Poder Judicial.
Hoy estamos frente a un escenario aún más grave, donde incluso se está anulando al Poder Legislativo. Tenemos un presidente que públicamente insulta a los legisladores, tratándolos de "manga de ratas". Y lo dice sin consecuencias. Hace poco se conoció, incluso desde Israel, que pretende vetar el aumento a las jubilaciones —una suma irrisoria, de apenas 21.000 pesos. ¿Qué legislador con un mínimo de sensibilidad social puede oponerse a eso? Con 21.000 pesos no se compra ni un lomito con coca.
Pero, claro, al mismo tiempo el gobierno se ocupó de reducir el impuesto a los Bienes Personales, que es el tributo más justo que existe porque se basa en la capacidad contributiva. Mientras tanto, no se hace cargo del verdadero genocidio por goteo que está ocurriendo con las personas mayores: jubilaciones que no alcanzan para alimentarse, para pagar medicamentos ni tratamientos. Y para colmo, el ministro de Economía dice que para eso están los hijos, como si las familias pudieran hacerse cargo solas de algo que el Estado está obligado a garantizar. Es una verdadera canallada.
Lo que tenemos es un Poder Ejecutivo que hace lo que quiere, un Poder Legislativo que ha sido neutralizado, y una Corte Suprema que garantiza cualquier atrocidad. Ya sea avalando fallos como el que condenó a Cristina Kirchner, o simplemente dejando sin resolver causas cruciales. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que está pendiente la resolución sobre la inconstitucionalidad del DNU 70/2023? Y todavía no se pronuncian. La Corte, en este esquema, funciona como una herramienta útil para consagrar el desmantelamiento institucional.
Y mientras tanto, nada pasa. No hay consecuencias. La impunidad se institucionaliza.
"La doble vara judicial: ¿Justicia para algunos, impunidad para otros?", Rodríguez Villafañe
¿Y cómo impactan las últimas medidas del Ejecutivo en los derechos fundamentales y en el orden constitucional?Estamos frente a una situación sumamente grave. Por ejemplo, en la Ley Bases se introdujeron restricciones al derecho de huelga que ya han sido declaradas inconstitucionales por varios tribunales. Sin embargo, el gobierno volvió a insistir, dictando otro decreto que endurece aún más esas limitaciones, al punto de que prácticamente elimina el derecho de huelga. Eso atenta directamente contra derechos fundamentales garantizados por la Constitución y por tratados internacionales.
Y lo más alarmante es que todo esto ocurre en un contexto en el que el presidente nos está metiendo, además, en un conflicto bélico internacional. Y eso hay que decirlo con todas las letras: está respaldando activamente a un gobierno que comete un genocidio contra el pueblo palestino, lo cual va en contra de lo que establece nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales a los que adherimos, como el Pacto Internacional para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. No se puede seguir tolerando este tipo de política exterior que no sólo compromete la neutralidad histórica de Argentina, sino que también nos convierte en cómplices de crímenes internacionales.
Frente a todo esto, como pueblo tenemos que ponernos de pie. No sólo debemos exigir respuestas a Milei, sino también a quienes lo sostienen: los sectores económicos, mediáticos y políticos que están detrás de estas decisiones. Tenemos que denunciarlos y desenmascararlos. Porque lo único que falta ahora es que ganen las elecciones y consoliden aún más su poder en el Congreso.
El propio presidente lo ha dicho: que no va a tocar la Corte Suprema hasta después de las elecciones. ¿Por qué? Porque espera contar con más diputados y senadores que le permitan convalidar este verdadero golpe de Estado a cielo abierto. Y eso no puede tener la complicidad del pueblo argentino. De ninguna manera. Estamos en una encrucijada democrática y es urgente que la ciudadanía tome conciencia del peligro que enfrentamos.
"Estamos frente a un golpe de Estado a cielo abierto", Rodríguez Villafañe
No sólo coincido, sino que lo que estamos viendo es de una peligrosidad enorme. Lo que se está ejecutando es un plan de colonización mental. Este gobierno ha convertido a los medios en una herramienta de domesticación simbólica. Lo digo sin rodeos: Milei se comporta como un virrey. Y digo "virrey" porque responde a intereses externos, no al pueblo argentino.
Hay dos cosas fundamentales que se están atacando. La primera es la educación pública. Nuestro pueblo, con todas sus dificultades, logró históricamente cierta movilidad social gracias a una educación pública, gratuita y de calidad. ¿Y qué hace Milei? Acaba de retirar al Estado nacional de la discusión sobre el salario mínimo docente. Eso significa eliminar un piso salarial común a nivel federal. A partir de ahora, cada provincia podrá pagar lo que quiera o pueda, lo cual nos lleva a un sistema fragmentado y profundamente desigual: una educación de primera, segunda, tercera o cuarta categoría, según la capacidad fiscal de cada distrito. Eso es una degradación deliberada del sistema educativo.
Además, se ha negado a pagar el FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que representa aproximadamente el 10% del sueldo de cada docente y que, por ley, debe ser pagado. También está ahogando financieramente a las universidades. Todo esto deja en evidencia que el objetivo es destruir un pueblo educado, porque un pueblo educado piensa, discute, analiza. En cambio, un pueblo desinformado y sin formación crítica es mucho más fácil de manipular a través de los grandes medios, de las redes sociales y de campañas sistemáticas de desprestigio.
Y ahí hay algo que nos toca muy de cerca, a nosotros como periodistas. El presidente dijo —y me sorprende que ningún fiscal lo haya procesado— que "a la sociedad todavía le falta odiar más a los periodistas". No dijo "a tal o cual periodista", lo dijo de forma general. Eso no sólo genera miedo, sino que busca legitimar la violencia simbólica y material contra la prensa. Es aún más grave en un contexto donde muchos periodistas están mal pagos, precarizados, y amenazados con despidos si no responden a la línea editorial de los grandes grupos concentrados.
Estamos hablando de una sociedad que está perdiendo el acceso a la información veraz y a la pluralidad de voces. Compitamos con un aparato de comunicación hegemónico que repite todos los días que Cristina "robó un presupuesto", que "es una chorra", que "es una yegua", utilizando un lenguaje degradante y profundamente misógino que el propio presidente ha legitimado desde la cima del poder.
Frente a esto, tenemos que construir una contracultura. Volver, si es necesario, a la tiza y al carbón. Educar desde abajo, en cada barrio, en cada escuela, en cada medio alternativo. Porque el problema, en el fondo, es cultural. No podemos permitir que la anestesia social se instale. Que dé lo mismo si cierran el Garrahan, el Hospital Posadas, o si se destruye la salud pública, siempre y cuando el dólar esté "pacificado" y se pueda viajar a Brasil. Ese es el tipo de anestesia que nos adormece mientras nos están entregando el país.
Y encima, la semana pasada volvieron a endeudarnos en 3.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para mantener este espejismo de estabilidad económica de cara a las elecciones. Lo hacen sólo para llegar con el dólar quieto, aunque detrás de eso se esconda una bomba de tiempo.
La sociedad argentina tiene que despertar. Porque lo que estamos haciendo es regalarle el gallinero al zorro. Y lo peor es ver a todos los pollitos haciendo fila, resignados, para que se los coman. Por eso hay que educar. Hay que resistir. Y sobre todo, hay que proteger al periodismo comprometido, al que todavía tiene vocación de llevar adelante un debate público profundo, que estimule el juicio crítico. Porque sin juicio crítico, no hay ciudadanía posible.
"Debemos reformar la Corte y recuperar el poder democrático del pueblo", Rodríguez Villafañe
Hace 95 años, el general José Félix Uriburu encabezaba un golpe de Estado que derrocó a Hipólito Yrigoyen, y en ese momento la Corte Suprema convalidó el gobierno de facto, argumentando que ejercía el poder de hecho y que sus actos debían considerarse válidos para preservar el orden público. Hoy, se vuelve a escuchar que "habló la Corte, caso cerrado". Pero, ¿es realmente así? ¿Siempre que habla la Corte actúa con justicia?Claramente no. La historia argentina nos enseña que no siempre que habla la Corte Suprema lo hace con apego a la justicia ni a los valores democráticos. La acordada de 1930, con la que la Corte convalidó el golpe de Uriburu, fue un verdadero escándalo jurídico que marcó un antes y un después: inauguró la doctrina de los gobiernos de facto, algo que luego se repitió en cada interrupción institucional. Hoy, decir que "habló la Corte" y por eso el caso está cerrado, es repetir ese mismo error histórico. No podemos seguir aceptando que la Corte tenga la última palabra sin que haya control ni revisión, especialmente cuando sus fallos vulneran principios fundamentales del Estado de Derecho.
Ahora bien, frente a este escenario, hay estrategias a considerar. Las apelaciones a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos son válidas, por supuesto, pero tienen tiempos muy largos: un fallo puede demorar entre cuatro y diez años. Mientras tanto, el daño político, jurídico y humano ya está consumado. Por eso creo que debemos pensar en acciones concretas dentro del país.
Primero, debemos ser muy conscientes de a quiénes votamos como diputados y senadores nacionales. No podemos seguir ampliando el poder de este "Virrey", como lo llamo a Milei, sin poner límites institucionales. Es fundamental impedir que consolide una mayoría legislativa que le permita avanzar con sus planes autoritarios.
Segundo, es clave acompañar y mejorar el proyecto de ley que se está discutiendo para reformar la Corte Suprema. Si bien lo ideal sería remover a los tres ministros actuales que han demostrado parcialidad —Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda (aunque este último ya jubilado)—, también se plantea la posibilidad de ampliar el número de integrantes a siete o nueve miembros, como ya ocurrió en otros períodos históricos. Esto permitiría incorporar entre cuatro y seis nuevos jueces, y con ello cambiar la mayoría que hoy sostiene este modelo regresivo de justicia.
En ese marco, se podría presentar una figura jurídica que ya he utilizado con éxito en otra causa en la que el Estado Nacional se ahorró más de 300 millones de dólares: la acción revocatoria de cosa juzgada írrita. Esta herramienta legal permite solicitar que la Corte revise fallos ya firmes cuando se demuestra que se han dictado en condiciones gravemente irregulares o violando garantías básicas. Y claramente, este fallo contra Cristina Fernández de Kirchner es uno de esos casos.
Finalmente, si no prospera esa vía en el corto plazo, queda una alternativa política: que dentro de dos años tengamos una presidenta o presidente con la suficiente autoridad moral y valentía institucional para ejercer el indulto presidencial, como una forma de reparación ante una condena manifiestamente injusta. El indulto, en este caso, no sería impunidad, sino una herramienta constitucional para restablecer una situación de derecho vulnerada por el sistema judicial.
Pero insisto: la prioridad hoy es la reforma de la Corte y la conformación de un Congreso que defienda la democracia y los derechos fundamentales. Es desde allí donde se puede iniciar una reconstrucción institucional profunda y justa.
Escuchá la entrevista completa:
Foto: Fino Pizarro, Perfil Córdoba - Rodrigo Néspolo, La Nación
Fuente: Señales
