Esta semana se puso en marcha en la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías de la Convención Constituyente de Santa Fe una serie de audiencias públicas con instituciones, organizaciones y personas que presentaron propuestas para reformar la Constitución provincial. Entre ellas, se destacó la exposición del proyecto que propone ampliar el contenido del Artículo 11, que actualmente garantiza la libertad de expresión, la enseñanza, el aprendizaje y la prohibición de la censura directa o indirecta contra la prensa.
En este marco, representantes de organizaciones sindicales y educativas vinculadas al periodismo, como la Asociación de Prensa de Santa Fe (APSF), el Sindicato de Prensa Rosario (SPR), universidades e institutos de comunicación y el Foro Argentino de Radios Comunitarias, presentaron una iniciativa que busca constitucionalizar el derecho a la información, el acceso irrestricto a fuentes públicas, y una distribución justa y transparente de la pauta oficial.
El primero en exponer fue Pablo Jiménez, secretario general de la APSF, quien destacó el carácter colectivo de la propuesta: "Trabajamos junto con la CTA de los Trabajadores, el SPR, la Universidad de Rosario, el Instituto Superior Número 12, el Instituto 8, FARCo y otras entidades. Es un proyecto que busca representar a todos los trabajadores y trabajadoras de prensa de la provincia", explicó.
Jiménez hizo especial énfasis en la necesidad de que el Estado garantice el funcionamiento de medios públicos, y que la pauta oficial se distribuya también a medios cooperativos y autogestivos, no solo a los comerciales.
"Esta es una nueva realidad de conformación de la comunicación. Pretendemos que a través de esta diversidad no haya monopolios ni oligopolios en la provincia, una tendencia peligrosa que atenta contra la pluralidad de voces y la participación democrática", afirmó.
A su turno, Florencia Sanjulián, abogada del SPR, reforzó la idea de que el nuevo artículo debe ser abarcativo y garantista, destacando que debe contemplar la protección irrestricta del secreto de las fuentes y sus herramientas de trabajo, como archivos o dispositivos electrónicos.
Además, pidió que el acceso a la información pública esté garantizado como un derecho amplio, gratuito, inmediato y en formatos abiertos, y que se reconozca su valor tanto para la ciudadanía como para el ejercicio profesional del periodismo.
San Julián también propuso que la nueva norma articule el derecho a la información y la libertad de expresión con el derecho a la intimidad, estableciendo que los posibles daños sean reparados vía acciones civiles y no penales, y limitados a personas privadas, excluyendo a funcionarios públicos: "Eso hace al corazón del debate democrático y al derecho de la ciudadanía de conocer el funcionamiento del poder".
El cierre de la presentación estuvo a cargo de Edgardo Carmona, secretario general del SPR, quien dio un mensaje contundente sobre la gravedad de la situación que vive el periodismo en la Argentina actual.
"Esta Constitución debe tutelar un derecho que está muy vapuleado, poco considerado y subvaluado, que es la información. No se puede construir una sociedad feliz con mentiras y manipulaciones permanentes", comenzó.
"Nosotros tenemos que asegurar que la información fluya, horizontal, veraz, plural y federal en todo el territorio de la provincia", expresó.
Carmona advirtió sobre el deterioro de las condiciones para ejercer la profesión y denunció una estrategia de estigmatización hacia los periodistas: "Las estamos pasando mal. Queremos hacer periodismo de calidad. En esa fuente abreva la democracia con densidad. No se puede construir una democracia representativa y republicana con un gobierno nacional que nos amenaza, que judicializa la crítica y la disidencia".
El dirigente también apuntó al plano local: "En Rosario hay connivencia entre el poder político y el empresariado de prensa. No se puede trabajar libremente, no podemos estar atados a la pauta publicitaria. Con temor y sorpresa veo que ningún partido político propone que la pauta oficial esté regulada por ley".
Finalmente, Carmona cuestionó la concentración mediática y pidió que se garantice la responsabilidad social de los empresarios de medios, ya que la información, dijo, "no es de ellos, ni nuestra, sino de cada uno de los ciudadanos santafesinos".
"Reclamamos que esta Constitución sea un mojón definitivo para cambiar la cultura de nuestra dirigencia y de nuestro pueblo. Que abracemos la libertad de la información como un bien tutelado por el Estado y definitivamente asentado en la construcción democrática de nuestra República", concluyó.
Con esta exposición, la comisión dio inicio a una serie de audiencias que seguirán recibiendo propuestas de distintos sectores para enriquecer el debate en torno a los derechos fundamentales de la ciudadanía en la futura Constitución santafesina.
A través del Decreto 448/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional oficializó una nueva prórroga de la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) hasta el 4 de enero de 2026. La medida, firmada por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, extiende el mandato del interventor Juan Martín Ozores, quien continuará ejerciendo plenas facultades como única autoridad del organismo.
La intervención del ENaCom fue dispuesta por primera vez el 26 de enero de 2024 mediante el Decreto 89, y prorrogada en julio de ese mismo año por el Decreto 675. Con esta tercera extensión, el Ejecutivo acumulará dos años de control directo sobre el principal regulador del sistema de medios y telecomunicaciones del país, apartándose del modelo plural y colegiado previsto en las leyes vigentes (26.522 y 27.078), que establecen una conducción institucional a través de un Directorio con representación parlamentaria.
Según los considerandos del nuevo decreto, el Poder Ejecutivo justifica la continuidad de la intervención por "la necesidad de culminar el proceso de reorganización, auditoría y adecuación estructural" del organismo. El texto menciona "falencias estructurales", "superposición de competencias" y "discrecionalidad en el manejo de fondos" como motivos para seguir con un esquema excepcional de conducción, y anuncia la conformación de comisiones técnicas y grupos de trabajo para revisar licencias, sanciones, calidad del servicio y relaciones con los usuarios.
Preocupación por fondos congelados y nula transparencia
Sin embargo, el diagnóstico oficial no menciona el estancamiento de políticas clave ni la falta de cumplimiento con obligaciones financieras hacia cooperativas, pymes de conectividad y medios comunitarios.
Desde comienzos de 2024 están paralizados los desembolsos del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU), destinado a proyectos de inclusión digital y expansión de redes, y del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCA), clave para la sostenibilidad de radios, canales y productoras comunitarias o autogestivas.
Ambos fondos funcionan mediante convocatorias públicas que exigen la presentación de proyectos, rendición de gastos mediante facturas y documentación respaldatoria, y cumplimiento de criterios técnicos y legales. Sin embargo, las transferencias correspondientes a las convocatorias de 2023 no se han realizado, generando una fuerte preocupación en los sectores afectados. La paralización total del financiamiento ha sido denunciada de forma reiterada por organizaciones como el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCo) y la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CoNTA).
Tampoco se avanzó, como se había prometido, en el relevamiento de los Planes de Adecuación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522), ni en la revisión de los regímenes de transición y de ingreso de nuevos prestadores que contempla la Ley Argentina Digital (27.078).
Un modelo de concentración y control centralizado
Para distintas organizaciones del sector, esta nueva prórroga consolida un modelo de conducción concentrada, alejado del espíritu democrático y plural que inspiró la creación del ENaCom como ente autárquico. El uso discrecional de sus recursos, la falta de información pública sobre su gestión y el congelamiento de fondos estratégicos profundizan la desconfianza.
En lugar de garantizar derechos comunicacionales y el acceso universal a las tecnologías, como exigen las leyes vigentes, el Ejecutivo parece orientarse a una reformulación del organismo que prioriza el control político, la eficiencia operativa y la simplificación normativa, sin garantizar mecanismos de participación ni transparencia.
Golpe al federalismo: cierre de delegaciones y despidos masivos El año pasado, en el marco de la primera etapa de la intervención, el Gobierno nacional ordenó el cierre de todas las delegaciones del ENaCom en las provincias, medida que provocó el despido de más de 500 trabajadores en todo el país. Esta decisión implicó un grave retroceso en términos de federalismo y acceso ciudadano a derechos fundamentales.
Las delegaciones eran el primer mostrador del Estado para millones de usuarios de telefonía, internet y televisión por suscripción. Su eliminación no solo desmanteló la presencia territorial del organismo, sino que dejó a las provincias sin capacidad de atención local para reclamos y trámites que hoy sólo pueden gestionarse desde Buenos Aires.
La pérdida de esa estructura local impacta directamente en la calidad de los servicios, ya que las empresas prestatarias del sector TIC suelen responder con mayor agilidad cuando el reclamo se canaliza a través de un organismo de control. Además, la desconexión del Estado respecto de las necesidades del interior agrava la brecha digital, al dificultar la ejecución de proyectos de conectividad que dependen del acompañamiento técnico y financiero del ENaCom.
Censura, violencia, precarización y políticas de silenciamiento: la libertad de expresión sufrió un ataque sistemático durante el primer año de gobierno de Milei
Patotas digitales, doxeo a periodistas, ataques furibundos desde los más alto del Poder Ejecutivo ante la difusión de cualquier noticia que contradiga el relato oficial y una creciente restricción al acceso a información pública. Esos son algunos de los ejes del informe "Libertad de expresión en la Argentina 2024", que se presentó este lunes 9 de diciembre y analiza el primer año del gobierno de Javier Milei. Un balance que incluye la represión a trabajadores de prensa en coberturas de movilizaciones, el desguace y vaciamiento de medios públicos y el ataque a empresas periodísticas. Todo eso detalla el trabajo elaborado por la Federación de Trabajadores de Prensa (FATPren), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, con el respaldo de la Federación Internacional de Periodistas (FIP).
"Desde su llegada a la presidencia, los casos de agresión a periodistas protagonizados por el presidente Milei se multiplicaron. El hostigamiento no se limitó a casos aislados ni a expresiones vertidas a través de las redes sociales. El accionar incluye comentarios y citas injuriosas a las cuales le siguen los posteos de trolls o ‘patotas digitales’. Este fenómeno se reveló a lo largo de 2024 como una estrategia desplegada de manera sistemática por el actual gobierno", indica el informe.
En la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), el trabajo lo presentaron la directora de la Carrera de Comunicación de la UBA, Larisa Kejval; la secretaria general de FATPren, Carla Gaudensi; el secretario general de SiPreBA, Agustín Lecchi; y el vicedecano de la UBA, Diego de Charras, junto con Luis María Lozano, quien estuvo a cargo de la redacción y producción del informe. También estuvieron Fabian Waldman (FM La Patriada), Sebastián Vricella (ARGRA), Claudia Acuña (Periodistas Argentinas) y Juan Delú (FARCo), quienes dieron testimonio de los ataques contra periodistas, fotógrafos y camarógrafos como política de gobierno.
"Tener registrado lo que vivimos en la prensa y en la comunicación en nuestro país durante el 2024 es fundamental para el presente y el futuro. Nos permite denunciar responsabilidades estatales y paraestatales. Y nos marca el escenario urgente en el que tenemos que seguir organizándonos, con unidad entre sectores como lo hicimos todo el año, para poner un freno a estas gravísimas situaciones", sostuvo Carla Gaudensi.
El documento está estructurado en dos grandes secciones: la primera aborda el deterioro de las condiciones para el debate público y el ejercicio del periodismo; la segunda pone el foco en las retracciones en materia de políticas públicas y el rol del Estado en la comunicación, que incluye la habilitación y fomento de deterioro de las condiciones laborales de quienes trabajan de prensa. También analiza e incluye el ataque a las empresas periodísticas como unidades productivas y generadoras de empleo.
"En nombre de esta supuesta ‘batalla cultural’, el Gobierno y sus socios económicos han avanzado a lo largo del primer año de mandato en una serie de iniciativas concretas cuyo denominador común es la concepción del Estado como obstáculo a la acción de los poderes fácticos. El vaciamiento y los intentos de cierre de medios de comunicación y organismos públicos vinculados con la comunicación y la cultura han sido una constante desde las primeras semanas de gestión", señala el trabajo.
Al analizar el impacto del doxeo que consiste en la difusión de información personal o documentos privados con el objetivo de dañar a una persona o grupo, el informe retoma el trabajo "Ciberacoso a periodistas mujeres: la tecnocensura", que presentó Periodistas Argentinas en septiembre. "Un dato preocupante es que 80% de las periodistas censadas considera que se siente inhibida de manifestarse en redes por temor al acoso y los ataques, el mismo porcentaje expresó que temió o teme por su integridad física, y un tercio cambió de puesto de trabajo", indica el relevamiento.
La presentación estuvo acompañada por la participación de diversidad de referentes políticos, gremiales y académicos, como Cristian Castillo, diputado nacional; Juan Pablo Morandelli, Juan Manuel Valdés, Gabriel Solano y Vanina Biasi, legisladores de CABA; Maria Ana Mandakovic, dirigenta de CTA, FATPren y CiSPren; Damián Loreti y Diego Morales, del CELS; Diego Rossi, docente y asesor del diputado Pablo Carro; Miriam Lewin, ex defensora del Público; Daniel Escribano, de la UNDAV; Yair Cybel, de la Red de Medios Digitales y Luis Lázaro; de la Coalición por una Comunicación Democrática; entre otras y otros.
"Creemos que este trabajo es clave para precisar cada uno de los ataques y los patrones de los que están siendo víctimas los compañeros y las compañeras, que a su vez afectan el derecho a la información de toda la sociedad argentina", expresó también, a través de un video, Zuliana Lainez, vicepresidenta de la FIP.
Como cierre, quienes elaboraron el informe reivindicaron ese compromiso: "Somos los trabajadores y las trabajadores de la prensa y de la comunicación, quiénes tenemos que defender la información. Vamos a continuar con el trabajo conjunto y documentando las restricciones al derecho a la comunicación, porque consideramos que es una herramienta clave para testimoniar y accionar en tiempos de creciente autoritarismo y silenciamiento de las voces críticas".
Representantes de medios audiovisuales comunitarios enviaron una carta al interventor del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), Juan Martín Ozores, para solicitar una reunión y expresar su preocupación sobre el actual estado del cumplimiento de la Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La misiva, firmada por organizaciones como el Foro Argentino de Medios Comunitarios (FARCo), la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CoNTA), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), la Red Nacional de Medios Alternativos (RMA), la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas (ARUNA) y la Red de Radios Rurales, detalla los puntos del reclamo:
Intervención y Autonomía del Órgano Regulador:
La intervención del ENaCom contraviene el principio de autonomía del órgano regulador, subordinado el control y la asignación de espectro al Poder Ejecutivo. Esto elimina cualquier tipo de contralor y participación del Congreso, afectando la transparencia y la rendición de cuentas que garantiza la independencia del ente regulador, alineándose con las recomendaciones de la OEA y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) sobre el derecho a la libertad de expresión.
Paralización del Fomento a la Comunicación Comunitaria:
Pese a la vigencia de la ley y recaudación del gravamen que la sustenta, se registra una paralización total del fomento a la comunicación comunitaria, originaria y de frontera. El nivel de ejecución continúa en cero (0) de lo recaudado por el inciso f del artículo 97 en el período 2023, así como de lo asignado en el presupuesto vigente. Se están reteniendo fondos de proyectos en desarrollo, ignorando convenios firmados y concursos iniciados. Esto es violatorio de la propia ley y sujeto de ser encuadrable en la figura de incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, así como de malversación de fondos en caso de constatarse que los mismos hayan tenido otro destino. Así como contraviene el principio de promoción de la diversidad cultural, establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO entre otros pactos y acuerdos internacionales de los que nuestro país es parte.
Ninguneo de la Comunicación Comunitaria:
Pese a estar entre sus funciones y obligaciones, desde el comienzo de la intervención el ENACOM se ha negado sistemáticamente recibir a las redes y federaciones que representan a la comunicación comunitaria, enviando un mensaje político de desprecio y ninguneo que no registra precedentes en ningún gobierno. Esta situación es inaceptable y debe ser rectificada. Según el artículo 3 de la 26522 se debe promover el acceso equitativo a la comunicación, lo cual es fundamental para el desarrollo de una sociedad democrática, como se estipula en el Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA.
Reserva de Frecuencias y Legalización:
Solicitamos la inmediata implementación de las disposiciones que establecen que al menos el 33% de las frecuencias del espectro radioeléctrico deben ser asignadas a medios sin fines de lucro. Hasta la fecha, hemos observado un acceso limitado a estas frecuencias, lo que perjudica a numerosas organizaciones comunitarias. Esta asignación es fundamental para garantizar el pluralismo y la diversidad, principios respaldados por el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Derechos de los Pueblos Originarios:
Demandamos que se implementen políticas específicas para garantizar que los pueblos originarios tengan acceso a los medios de comunicación y que se reconozcan sus derechos a producir y difundir contenidos que reflejen su cultura y necesidades. Este enfoque está alineado con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
"Exigimos la regularización de la pauta oficial para la plena pluralidad de voces y el derecho a la información de todos los cordobeses", remarcaron en un comunicado medios cordobeses
La Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios de Córdoba (CMCC) conformada por el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la Federación de Medios Digitales y la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina, vemos con preocupación la alarmante situación económica de las y los trabajadores de la actividad periodística y la posibilidad de que cierren medios, y se pierdan voces y cientos de puestos de trabajo en toda la provincia.
Esta situación se ha visto agravada a partir del ajuste impulsado por el Gobierno nacional asumido el pasado 10 de diciembre de 2023, que de manera inédita decidió recortar el envío de los fondos para Publicidad Oficial como así también la suspensión de las políticas de Fomento, tras su intervención al Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) y el cierre de sus delegaciones en todo el país. Esto repercute de manera directa en los ingresos de nuestros medios y por ende de sus trabajadores.
A su vez, la pluralidad de voces en Córdoba se ve fuertemente afectada también por el desguace a los medios públicos como Radio Nacional y los Servicios de Radio y Televisión (SRT), dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba.
En este contexto, el Gobierno Provincial sigue sin reconocer el trabajo y la importancia de la comunicación en cada pueblo. En la CMCC Córdoba hay 54 medios de comunicación, 700 trabajadores y más de 1.000 colaboradores presentes en más de 30 ciudades. Tras ocho meses de reuniones, notas y audiencias, el Ministerio de Vinculación Comunitaria, Protocolo y Comunicación de Córdoba sigue sin reconocer el trabajo de los medios comunitarios y cooperativos.
El Estado es responsable de proteger el trabajo y garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión en toda la provincia de Córdoba.
En Argentina como en Córdoba, el sistema de distribución de los recursos en la comunicación es altamente desigual. Los medios cooperativos y comunitarios se sostienen fundamentalmente por el trabajo colectivo, que en contextos de ajuste se torna cada vez más difícil. Por el contrario, los grandes grupos de comunicación concentrados no se ven afectados de la misma manera y el escenario mediático cordobés corre el riesgo de reducirse a muy pocas voces.
La Confederación es consciente del peligro de pérdida de puestos de trabajo y espacios para la comunicación en cada ciudad y pueblo. Se trata también del riesgo de la prevalencia de unos pocos sectores concentrados, que imponen discursos únicos, precarizan el trabajo y empeoran la calidad informativa para la ciudadanía.
Como medios de comunicación cooperativos y comunitarios, entendemos que fortalecer nuestros medios es fortalecer la pluralidad de voces, el intercambio desde diversas perspectivas, fundamentales para la vida en democracia. Se ve amenazada nuestra existencia como agentes de intercambio con la comunidad, generadores de debate y combatientes de la desinformación.
Es urgente la necesidad de políticas públicas que apoyen esta labor, como forma de garantizar el derecho humano a la comunicación y el acceso a la información por parte de todos los pueblos y ciudades del territorio provincial. La distribución equitativa de la Pauta Oficial es una herramienta para garantizar estos derechos y preservar la pluralidad de voces y la democratización de la información.
Exigimos al Gobierno de la Provincia de Córdoba la inmediata distribución de la pauta a todos los medios comunitarios y cooperativos, y un aumento justo de los montos.
Al cumplirse seis meses de intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCo) y la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CoNTA) lanzaron un duro comunicado. "Hay fuertes retrocesos en materia de democracia informativa, participación ciudadana y derecho a la comunicación", afirman. Las funciones del Ente están sujetas a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo que encabeza Javier Milei
ENaCom: Seis meses de intervención y ninguna respuesta
Los 180 días de la intervención por decreto del ENaCom se cumplen con fuertes retrocesos en materia de democracia informativa, participación ciudadana y Derecho a la comunicación.
Esta situación contraviene el principio de autonomía del órgano regulador de medios y telecomunicaciones, subordina el control, la atribución y asignación de espectro para licencias audiovisuales y de telecomunicaciones al Poder Ejecutivo y le otorga plena discrecionalidad en la toma de todas las decisiones. De esta forma se elimina cualquier tipo de contralor del Congreso sobre el órgano que, en la Argentina, funciona simultáneamente como regulador y como autoridad de aplicación.
En este marco se destaca la paralización total del Fomento vigente por ley y con presupuesto asignado a la comunicación comunitaria, originaria y de frontera, que al borde del octavo mes del año presenta ejecución cero. Se retienen fondos de proyectos en desarrollo, se desconocen convenios firmados y concursos iniciados y, en un mensaje político de desprecio inédito en la historia del Ente, se niegan incluso a recibir a las redes y federaciones representantes de la comunicación comunitaria.
Con la misma excusa utilizada en otras áreas para retener y recortar alimentos, tratamientos de salud o pensiones, se implementa la figura de una "revisión" que en la práctica es una paralización total -en contraste con la celeridad para atender y expandir los negocios de los mismos de siempre- sobre fondos que devienen de los gravámenes que los propios medios tributamos al Ente.
La suspensión de las políticas públicas de conectividad en barrios populares, desregulación total y fuertes tarifazos, despido de trabajadores, cierre de delegaciones completan el panorama. Una intervención a tono con el escenario general de ultra concentración, autoritarismo, vaciamiento de los medios públicos, hostigamiento a periodistas (en particular mujeres), y promoción del acoso digital.
Exigimos el pago de las deudas y la plena aplicación de la ley.
Sin medios comunitarios no hay democracia
FARCo - Foro Argentino de Radios Comunitarias
CoNTA - Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas
A seis meses de la asunción de Javier Milei y tras un nuevo avance del gobierno nacional sobre los medios públicos, nos presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría para la Libertad de Expresión. Junto con organizaciones de medios comunitarios, trabajadores de prensa y carreras de comunicación, alertamos sobre los retrocesos en materia de derecho a la comunicación.
En seis meses de gestión, el gobierno de Javier Milei impulsó una serie de medidas que afectan el derecho al acceso a la información y la libertad de expresión. Además de las dificultades graves para el trabajo de periodistas, que incluyen actos de violencia física y verbal, el gobierno tomó decisiones legales y administrativas que conducen a una mayor concentración del sistema de medios argentino -ya de por sí concentrado- y al achicamiento de su pluralismo y diversidad.
Por este motivo, junto con organizaciones que nuclean a los medios de comunicación comunitarios y autogestivos, carreras de comunicación social y periodismo, y el sindicato de trabajadores de prensa volvimos a presentarnos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. En febrero, les habíamos advertido sobre el incumplimiento de los estándares de libertad de expresión de parte del gobierno que había asumido dos meses antes. En la ampliación de aquella presentación, enumeramos los nuevos hechos que implican una grave regresión en materia de derecho a la comunicación, al acceso en condiciones de igualdad a la información y al conocimiento, no mercantilizada, y a la libertad de expresión en Argentina.
El 21 de mayo el gobierno nacional anunció que comenzó un “proceso de reorganización” en todo el sistema de señales de televisión y radios estatales. La primera medida suspendió los contenidos de las redes sociales y páginas web de la Televisión Pública, Radio Nacional, las emisoras del interior, FM Clásica, FM Rock, FM Folklórica, Paka Paka y Canal Encuentro.
Al momento no se sabe cuánto durará esta medida aparentemente temporal, ni tampoco existe una fundamentación de esta restricción que amenaza la igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación. Además, la decisión afecta el acceso al archivo de documentos públicos de estos medios, lo que dificulta mantener una memoria y archivo de los sucesos de la nación a nivel federal.
El mensaje que aparece en las páginas web suspendidas es idéntico al publicado desde marzo de este año en la página de Télam, la agencia de noticias estatal que fue vallada y silenciada por el Gobierno y lleva más de 80 días cerrada.
Dentro de una sociedad democrática es necesario que se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas, opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto. Argentina tiene un sistema de medios de comunicación altamente concentrado desde el punto de vista económico y centralizado desde el punto de vista geográfico. Esta circunstancia torna aún más relevante el rol de los medios de comunicación públicos para la producción y circulación de información, entretenimiento y educación, entre otras funciones.
Las diferentes políticas del Gobierno nacional demuestran la profundización de un proyecto en el que todo lo que no tiene fines de lucro es atacado y desguazado. Ha desmontado pilares fundamentales de la comunicación y la pluralidad de voces, orientando toda decisión a sus metas de ajuste fiscal y al dogma de que sólo el mercado merece sobrevivir.
Ante esta situación, junto con AMARC Argentina, el Centro de Investigaciones ICEP-UNQ, CoNTA, FARCo, FATPren, REDCOM, la Red de Medios Digitales y SiPreBA solicitamos a la CIDH y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que soliciten al Estado argentino cesar con el apagón informativo digital de los medios públicos, garantizar el acceso público a todo el material periodístico creado por los medios públicos de forma urgente, preservar la totalidad del archivo y ponerlo a disposición de manera accesible, ordenada y práctica para su búsqueda. También les pedimos que insten al Estado a que adopte las medidas necesarias para evitar la aprobación de normativas que limiten la libertad de expresión o el acceso a la información; y proteja los derechos a la libertad de prensa de las y los trabajadores de los medios públicos.
En una reunión realizada en La Plata se debatieron estrategias ante las dificultades económicas y la ausencia de políticas estatales para el sector. El cooperativismo como una alternativa sostenible
Por: Mateo Nemec
Las nuevas formas de comunicar traen consigo otras maneras de pensar los medios y desconocidos desafíos para los trabajadores. Con este espíritu fue que, en 2019, se creó la Red de Medios Digitales, un colectivo que busca coordinar las demandas del colectivo de medios independientes del espacio digital.
Desde su fundación, esta organización consiguió nuclear alrededor de 90 medios provenientes de 18 provincias del país con el fin de ampliar la cooperación, formalizar el sector y darle mayor contundencia a los reclamos de sus integrantes. Mientras que en un principio esta lucha se gestó solo en el reclamo por la división equitativa de la pauta oficial, el colectivo de medios continuó su crecimiento y hoy está formada por más de mil trabajadores. Ayer se presentó oficialmente como Federación, una figura que busca dar cuenta de las particularidades de los medios de comunicación creados en el entorno digital, en su conformación autogestiva, comunitaria, alternativa y popular.
El acto tuvo dos sedes. En el Salón Polivalente del Centro Cultural 'Pasaje Dardo Rocha' expuso un panel integrado por autoridades y medios de la red así como con una serie de funcionarios públicos representantes del sector popular. Al interior de este panel se presentaron dos mesas; en primer lugar 'La situación de los medios y el cooperativismo en Buenos Aires' en la que Yair Cybel (director de El Grito del Sur y presidente de la Federación de Medios Digitales), David Baressi (secretario gremial del Sindicato de Prensa Bonaerense –SiPreBo), Juan Salvador Delú (presidente de la Federación Argentina de Radios Comunitarias –FARCo) y Paola Alvarez (periodista de Pulso Noticias e integrante de la Federación) debatieron sobre los desafíos y reclamos que atraviesan a los medios digitales y sus trabajadores.
La segunda mesa, 'Desafíos para una pluralidad de voces cooperativa', estuvo conformada por Sacha Lechner (Director General de Comunicación Institucional de la Municipalidad de La Plata), Adrian Grana (Subsecretario de Coordinacion institucional del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia), Gildo Onorato (presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo) y Malena Gonzalez (Codirectora de Comunicadas y vicepresidenta de la Federación de Medios Digitales), quienes, desde sus diferentes posiciones como funcionarios públicos reflexionaron acerca de lo propuesto en la primer instancia y llamaron a la coordinación de nuevas herramientas de apoyo para el sector. Al interior de estas exposiciones, se generó un diálogo interesante sobre las propuestas y limitaciones en el campo de la comunicación popular:
Qué dijeron
'La información no es un derecho, es una necesidad', dice Laureano Barrera, director de la agencia de investigación judicial Perycia, parte de la Federación de Medios, quien moderó el debate en ambas mesas. 'Más que nunca, es necesario que se encuentren espacios de coordinación con el Estado', añadió en vistas de la nueva política nacional frente a la comunicación: que tildó de 'no comunicación'. Esta consideración, para Juan Delú es consecuencia de 'una sobrerrosca del Estado a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: ni todo es comunicación ni nada lo es', que ha llevado a considerar que la situación actual es 'por haber puesto a la comunicación en el centro de la discusión'. Al contrario, nuevas discusiones que actualicen la idea de una verdadera soberanía comunicacional deberían tener lugar, para Delú, desde una proyección transversal a todos los medios, digitales o no.
No es casualidad que el reclamo parta desde la Federación, compuesta en su mayoría por medios cooperativos que David Baressi identificó como 'experiencias que surgen [en su mayoría] como respuestas a situaciones de crisis'. De esta forma, para Baressi 'fomentar la cooperativización de los medios es la mejor forma de luchar contra las políticas de desinformación y saqueo', evidentes en el cierre de Télam y el quite de la pauta oficial que forman parte de este nuevo impulso de concentración en el esquema de medios.
Para el presidente de la Federación, Yair Cybel, el principal problema para los medios cooperativos de hoy es su sustentabilidad, en especial con el abandono de la dirigencia política en materia comunicacional: 'Ante la falta de una estrategia estatal, debe impulsarse una discusión de comunicación en términos de soberanía' que integre 'la importancia estratégica de los medios comunitarios digitales comunitarios en la batalla cultural'.
Para Adrian Grana esta vuelta al discurso único que cercena la pluralidad de voces es un ataque directo a las estrategias de comunicación no mercantiles: 'El agobio a los medios y espacios comunitarios es otro intento de disgregar el campo popular para eliminar al denominador común'.
Este ímpetu cooperativista se replicó en la propuesta de Lechtner, quien buscó revalorizar el asociativismo en su rol de herramienta de lucha y, respecto al rol del Estado, ponderó que 'el lugar es escuchar, construir en conjunto y extender el mensaje', reivindicando la experiencia como un canal para la llegada de 'una propuesta colectiva a los problemas individuales'. En comunicación con ANCCOM, Lechtner rescato que 'aunque el Estado nacional esté mirando hacia otro lado, hacia el extranjero, este es el rol de las demás dependencias deben asumir: el de condensar estos reclamos y construir herramientas de cooperación para afrontar los nuevos desafíos'.
Otra voz que se hizo escuchar fue la de Gildo Onorato, quien denunció que 'la crueldad como forma de estructurar la acción política es una consecuencia lógica de la concentración, la extranjerización y el extractivismo: son las nuevas formas de la dependencia', dijo el presidente del recientemente inaugurado IPAC, y añadió: 'Enfrentar la crueldad para construir una propuesta alternativa que produzca una nueva mayoría'. Al ser consultado sobre las formas en la que estas propuestas podrán adoptarse, Onorato dijo: 'Considero esta necesidad de seguir tendiendo puentes y configurando nuevos lazos es vital para la construcción de una nueva propuesta que incluya la agenda social verdadera: trabajo, produccion, innovacion tecnologica y comunicación'.
Terminado el acto se recordó que el próximo Encuentro Nacional de la Federación se dará el 21 de junio en Santa Fe
El sector cooperativo crece en su relevancia como articulador del campo popular, representando cerca de 10 puntos del PBI nacional, por lo que esta iniciativa de visibilizar la importancia del sector de medios digitales para su articulación y comunicación resulta cada vez más llamativa. Escuchar y atender los reclamos particulares de un sector estratégico, especialmente en un contexto de ataque a los medios de comunicación, mediante el cierre, achicamiento o ahogo, surge como una responsabilidad estatal para el desarrollo de una articulación sinérgica que vele por la pluralidad de voces.
Son cuatro líneas de aportes no reembolsables con objetivos específicos y montos máximos de entre 1 y 3 millones de pesos. Podrán ser utilizados para generación de contenidos, capacitación, infraestructura y gestión administrativa. "Defender a las cooperativas y mutuales es defender el trabajo", sostuvo el gobernador Martín Llaryora
El gobernador Martín Llaryora encabezó el lanzamiento del Programa de Fortalecimiento de Medios Cooperativos y Comunitarios, cuya primera medida consiste en la creación de cuatro líneas de aportes no reembolsables destinadas exclusivamente a este sector, con cifras de entre 1 y 3 millones de pesos que pueden gestionarse a través de la plataforma Ciudadano Digital.
Esta iniciativa es impulsada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, en una acción conjunta de los ministerios de Cooperativas y Mutuales y de Vinculación Comunitaria. El anuncio se realizó en la sede gremial del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de la ciudad de Córdoba.
"Reconocer el movimiento cooperativista y el mutualista es un acto de justicia. Y es, al mismo tiempo, defender el trabajo genuino, sobre todo en nuestros pueblos y ciudades del interior", definió Llaryora.
En el mismo sentido, el gobernador destacó el rol social que desempeñan estos medios, sobre todo en comunidades alejadas de los grandes centros urbanos, a través de la difusión de información importante para el desarrollo y el fortalecimiento de los rasgos culturales e identitarios de cada región.
El mandatario provincial sostuvo asimismo que es vital la defensa de la libertad de expresión, al señalar que "uno puede pensar distinto, pero para defender la democracia tenemos que defender los pensamientos diversos y que tengan donde expresarse".
A su turno, la secretaria general del gremio de Prensa, Mariana Mandakovic, consideró positivamente la existencia del crédito y señaló que "el hecho que Córdoba tenga este programa para los medios de autogestión nos invita a pensar en una sociedad más justa, equitativa e igualitaria".
En tanto, la vicepresidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCo), Laura Carizzoni, aseguró que "este programa viene a reconocer el valor de la comunicación y nos da la posibilidad de seguir apostando a la sostenibilidad de nuestros medios".
A su turno, el ministro de Cooperativas y Mutuales, Martín Gill, destacó que "sabemos el valor que tiene la comunicación en democracia. Esto es un punto de partida, es un hecho histórico donde estamos todos juntos en una mesa de trabajo".
El ministro de Vinculación Comunitaria, Daniel Pastore, recordó que "el gobernador ha defendido desde siempre el movimiento cooperativo. Creemos firmemente en sostener la pluralidad de medios, para que el ecosistema de nuestra provincia garantice democracia y que todas las voces estén reflejadas".
A la presentación asistieron, entre otros, el integrante de la Red de Medios Digitales, Maximiliano Taibi; el legislador provincial Matías Chamorro; el secretario de Desarrollo de Cooperativas y Mutuales, Domingo Benso; el de Vinculación Territorial, Gabriel Frizza y el secretario de Medios y de cultura de la Municipalidad, Mariano Almada
A la presentación asistieron, entre otros, el integrante de la Red de Medios Digitales, Maximiliano Taibi; el legislador provincial Matías Chamorro; el secretario de Desarrollo de Cooperativas y Mutuales, Domingo Benso; el de Vinculación Territorial, Gabriel Frizza y el secretario de Medios y de cultura de la Municipalidad, Mariano Almada.
Líneas disponibles
Cada organización, de manera individual puede aplicar a una línea y se permitirá una presentación entre dos o más organizaciones de manera grupal.
Línea Gestión: Destinada a brindar herramientas y recursos para la planificación y evaluación de procesos, para la administración legal y contable, para el fortalecimiento de equipos de trabajo. Monto máximo: 1 millón de pesos.
Línea Formación: Para solventar o fortalecer las capacitaciones tanto internas como externas. Monto máximo: 1 millón de pesos.
Línea Producción de contenidos periodísticos y culturales en diversos formatos: Para fomentar las propuestas radiofónicas y audiovisuales a través de la producción de programas diarios que aporten a la difusión y el acompañamiento del cooperativismo, de la diversidad, la pluralidad, la construcción de ciudadanía, la inclusión social, la promoción de los derechos humanos, los contenidos locales y la federalización de la producción. Monto máximo: 2 millones de pesos.
Línea Equipamiento e infraestructura: destinada a posibilitar o apoyar la adquisición de material de equipamiento e infraestructura necesario para el funcionamiento adecuado de la entidad, o bien para el mantenimiento de los mismos. Monto máximo: 3 millones de pesos.
Dos centenares de personas expusieron en la Audiencia Pública 2024, que se caracterizó por la pluralidad de voces, la diversidad de reclamos por el derecho a la comunicación, el rechazo a los discursos de odio y la situación que atraviesan los medios públicos. Hoy expusieron los periodistas Jorge Lanata y Luisa Corradini.
"Es muy grave todo lo que está pasando, pero no tenemos que deprimirnos. Hay que seguir produciendo comunicación popular, defender el derecho a la comunicación y la libertad de expresión. Salta a la vista cuál es la radiografia del ecosistema de medios, hay una regresión de derechos y una reacción activa por desarticular desmantelar las políticas publicas vinculadas a la comunicación".
La tercera y última jornada de esta fructífera Audiencia Pública arrancó y finalizó con las palabras de la Defensora del Público Miriam Lewin, que explicó la urgencia de este recorrido federal: "Desde diciembre del año pasado se han comenzado a dar cambios vertiginosos en el ecosistema de medios de comunicación y no podíamos esperar a que avanzara el año para tener un diagnóstico".
Para el inicio, la Directora General del Instituto Interamericano de Niños, niñas y adolescentes de la Organización de Estados Americanos (OEA) María Julia Garcete, postuló cuatro tipologías de niños, niñas y adolescentes que aparecen representados en los medios: el niño o la niña víctima, infractor/a, objeto sin voz y finalmente el niño o niña protagonista que sigue adscripto a intereses adultos. Y dijo que pensar "una comunicación para el desarrollo implica posicionar al niño o niña como un sujeto de derecho dejando de ser un receptor y que tenga una participación activa y potente". Finalizó de este modo: "La participación no es un derecho deseable, es un derecho".
Luego fue el turno del Diputado Nacional y presidente de la Comisión de Comunicación de la Cámara de Diputados de la Nación, Pablo Carro. Se refirió al fuerte impacto que tiene la cancelación de la pauta oficial para los medios más pequeños, cooperativos, comunitarios, que no suelen recibir publicidades del sector privado, a diferencia de los medios grandes. Además, se refirió a las acciones que llevó el Ejecutivo en desmedro de la comunicación. Y concluyó: "Esto, claramente, es un ataque del gobierno de Milei a sectores muy importantes de nuestro país: la comunicación pública, la comunicación privada; la cultura y la educación. Todo esto pone en crisis el derecho a la comunicación y a la cultura, a nuestra democracia".
En otro momento de la larga jornada que duró casi siete horas y media, el periodista Jorge Lanata expuso sobre los ataques del presidente de la Nación a periodistas: "El problema no son sólo las agresiones, sino la imputación de delitos. Una cosa es que te digan mal periodista; que te digan que estás ensobrado es muy distinto". Por otro lado, reclamó que el Congreso debe discutir una Ley de pauta publicitaria e hizo una diferenciación entre grandes y pequeños medios, sobre todo por el rol que desempeñan con sus agendas periodísticas.
Por otra parte, desde Paraná, Aixa Boeykens, de la REDCom, que nuclea 37 carrearas de comunicación públicas y privadas de todo el país, postuló: "La situación que estamos viviendo en los últimos meses ponen en riesgo el derecho a la comunicación, el pluralismo y la libertad de expresión y afectan también el derecho a la educación, al trabajo y con ello las condiciones de vida individuales y colectivas de nuestra sociedad".
La periodista, corresponsal en el exterior, Luisa Corradini, expuso sobre los cuestionamientos que publicó la ONG Reporteros Sin Fronteras en su informe anual sobre la libertad de prensa. "Argentina fue severamente cuestionada desde la llegada del nuevo gobierno junto a países como Afganistán o Birmania y se derrumbó 26 lugares, ubicándose ahora en el puesto 66. Semejante retroceso es indigno de una democracia". "En mis lustros de profesión jamás escuché calificar a un periodista de ensobrado u operador", amplió.
Desde una radio campesina de Mendoza se ejemplificó la situación y el estado de las radios alternativas. "Tomamos la decisión de reducir nuestra programación, nuestras horas de aire", fue el crudo mensaje de Juan Burba, de Radio Tierra Campesina.
La Diputada Nacional Carolina Gaillard, vicepresidenta segunda de la Comisión de Exrpesiónjunto a los diputados Germán Martínez –preside el bloque de Unión por la Patria- y Eduardo Valdés, analizaron la situación de la comunicación actual. "Por primera vez en la historia del Parlamento, la Comisión de Libertad de Expresión no está presidida por la oposición. Es una acción poco democrática", expresó Gaillard. Y denunció que esta situación "es una forma de seguir atentado contra la libertad de expresión". También refirió que se le había pedido a la presidenta de la Comisión, la diputada Emilia Orozco de La Libertad Avanza, que citara a periodistas y artistas victimas de agresiones para escucharlos, pero que esto no obtuvo respuesta positiva. "Queremos que la Comisión de Libertad de Expresión funcione", reclamó Martínez. Y finalizó Valdés, quien citó a Rosa de Luxemburgo: "La libertad es siempre la libertad del que piensa diferente…" Al finalizar, expresaron que la Comisión está a disposición de la Defensoría del Público.
Desde Mendoza, Myriam Arancibia, de la Red PAR, denunció la precariedad laboral y los bajos salarios de quienes se dedican al periodismo y el efecto de los discursos de odio dirigidos especialmente contra periodistas mujeres y diversidades. En esa línea, Valeria Ruth Chervin, miembro del Programa Provincial de Medios Escolares, contó sobre la situación de las radios con frecuencias FM que tienen algunos centros educativos de la provincia de Córdoba. La falta de insumos, de manos de obra capacitada, fueron sus ejes. "Con el cierre de las delegaciones del ENaCom no tenemos interlocutores estatales con quien resolver problemas", aseguró.
En el mismo sentido expuso Susana María Morales, del Programa de Estudios sobre Comunicación y Ciudadanía: "En este período hay un recorte que amenaza la democratización de la comunicación para los pueblos indígenas". Situación similar viven los miembros de la comunidad indígena de San Felipe de la provincia de Salta, que no cuentan con los insumos necesarios para hacer funcionar la radio.
En otro pasaje de la Audiencia, Ana Sol Pérez Gaudio, Milagros Trucco y Larisa Amaranto, de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, invitaron a los y las periodistas a que sumen las voces de las infancias y adolescencias siempre desde una perspectiva de derechos.
También tuvo la palabra la periodista Mercedes Ninci, quien se solidarizó con los periodistas que recibieron agresiones, pero señaló que algunas personas no reaccionaron de la misma forma cuando fue ella fue atacada por manifestantes frente a los Tribunales federales de Comodoro Py.
Además, la participante del Colectivo de comunicadoresoriginarios.ar, Laura Inés Méndez, expresó su preocupación por el achicamiento del Estado que afectó a los FoMeCA y la afectación que produce que no haya representantes de pueblos originarios en el ENaCom.
En otra línea, Gustavo Díaz Fernández, de la biblioteca popular de género y diversidad, Fundación Crisálida, detalló lo que pasa con los medios indígenas en la provincia de Jujuy: "El acceso a Internet se está limitando muchísimo". Y pidió que haya buenas delegaciones del ENaCom porque es muy importante contar con esos espacios y que mejore la participación.
Desde el colectivo feminista de Córdoba NiUnaMenos, Mariel Soria se preocupó por el escaso lugar que tienen la agenda feminista y disidente en los medios locales. También hubo muchas voces que se levantaron en contra del lesbicidio ocurrido en el barrio de Barracas, y manifestaron su preocupación, como por ejemplo hicieron desde Paraná, integrantes de la Radio y TV "Somos orgullo". Hicieron foco en la ausencia de los medios masivos que no incluyeron al tema en la agenda.
Casi en el cierre, Maira López, de la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy, aseguró: "Existe una doble violencia hacia las mujeres y diversidades que hacen periodismo. Somos objeto principal de ataques y discursos de odio".
Desde Salta, de la FM de Adentro, la primera radio en contexto de encierro del país, se propuso escuchar a un joven en conflicto con la ley para exponer la importancia que tienen este tipo de talleres. "Acá podemos cantar y componer nuestra música. A la mañana me levanto pensando que a la tarde tengo que ir a hacer radio. Salimos saltando y corriendo a hacer radio, a escuchar música y expresarnos", relató. Y concluyó: "Elegí la radio como taller y aprendizaje como mi vida".
Por su parte, Arlando Plaza, del Observatorio de Políticas Públicas, Género y Diversidad de Jujuy aportó: "Se debe asegurar el derecho a la información de las comunidades originarias y de las localidades pequeñas".
Irene Roquel, del Área de Comunicación Comunitaria de Entre Ríos, opinó en la misma línea que las mayorías de las experiencias de comunicación alternativa: "Venimos viendo que esta vez el intento de desguace de lo colectivo es tal que no da respiro". Pero afirmaron que, pese a estos problemas, su pueblo seguirá teniendo una radio.
Ana Müller, de la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy, detalló su preocupación, el descontento e intentó con sus palabras solidarizarse con los más de mil trabajadores y trabajadoras de Agricultura Familiar que no han sido informados del desvinculamiento.
Varias participaciones señalaron insistentemente el perjuicio del desmantelamiento de las delegaciones del ENaCom, el cierre de la agencia TelAm y el cese de producciones de las emisoras de Radio Nacional.
Dos observaciones
Por el Chaco, la docente del instituto Rodolfo Walsh Diana Della Bruna expuso la experiencia de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social con orientación Multimedial, que además de dictarse en la sede principal, desde 2016 incluye una propuesta para personas privadas de libertad. El instituto es pionero en la provincia ofreciendo estudios terciarios y mencionó como un logro contar con la tercera cohorte en la alcaidía de varones, de Resistencia.
Della Bruna señaló que las personas privadas de su libertad tienen visibilidad en los medios de comunicación audiovisuales de una sola manera: "en contextos negativos, únicamente en casos de motines, conflictos o hechos de violencia. Nos preocupan discursos sostenidos incluso desde páginas oficiales del Estado, donde se nombre como ‘presos’ a ‘personas privadas de libertad’ o se hable de ‘castigo’ y no de cumplir una condena como parte de un proceso de resocialización", ejemplificó.
Otro punto se relaciona con la discusión sobre si se les permite el uso de celulares: "Los teléfonos sirven para que nuestros estudiantes accedan a información, investiguen y produzcan piezas comunicacionales de la carrera. Vemos con preocupación que se los demonice. Tanto la educación como el ejercicio del derecho a la comunicación favorecen la disminución de episodios de violencia dentro de las cárceles y también disminuye la tasa de reincidencia".
En la vereda de enfrente
El integrante de la Coalición por la Comunicación Democrática Luis Lázzaro lamentó que se produjera un "apagón informativo" en las filiales de Radio Nacional del país y citó bibliografía sobre teoría de libertad de expresión para señalar la importancia de los medios públicos. En el recorte de recursos, mencionó la eliminación de los Fomeca y de la pauta oficial, así como el desmantelamiento del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) y del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
La periodista María Elena Romero expuso por la cooperativa La Prensa Limitada del Chaco, una empresa recuperada en 2002 por sus trabajadores para editar El Diario de la Región. Además como integrante del Sindicato de Prensa destacó que la cooperativa represente un modelo de comunicación que va por la vereda de enfrente de lo que plantea el gobierno nacional: el individualismo, mercantilismo y una forma de denigrar a otros sectores de la sociedad. "Nuestra cooperativa trabaja en red, con lo comunitario", diferenció.
En el contexto local lamentó que se haya desmantelado la FM La Chimenea, de Fontana, en la que tres trabajadores sostenían actividades para adolescentes de comunidades indígenas. Y que se cerrara la agencia Foco, que presentaba noticias con perspectiva de derechos humanos, de género y una comunicación como bien social. "Con los dos espacios trabajamos en pluralidad de voces. Al final de su exposición Romero pidió plantear una alternativa diferente y tomó expresiones del papa Francisco para alertar: "Nos estamos acostumbrando a comer el pan duro de la desinformación".
Organizaciones que nuclean a los medios de comunicación comunitarios y autogestivos, carreras de comunicación social y periodismo, trabajadores de prensa y organizaciones de derechos humanos le pedimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que alerte sobre el incumplimiento de los estándares de libertad de expresión en nuestro país.
En apenas dos meses, el gobierno de Javier Milei decidió suspender los límites a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación a nivel nacional, intervenir el sistema público de medios y prometer su privatización, intervenir la autoridad de aplicación de las leyes que rigen al sector excluyendo a las minorías parlamentarias de las decisiones y reprimir sin miramientos a los trabajadores de prensa que intentan cubrir las manifestaciones contra el ajuste y el desmantelamiento del Estado.
La convicción de que el Estado no debe poner límites al sector privado está llevando al gobierno a desarmar un sistema de medios organizado en tres sectores: el privado-comercial, el gestionado por la sociedad civil sin fin de lucro y el estatal/público. Un sistema de medios que muy costosamente construimos en nuestro país luego de décadas en las que solo los dueños de los medios privados tenían condiciones para realizar su actividad.
Además de lo que ya fue hecho, a través del DNU 70/23 y los decretos de intervención, el gobierno y las fuerzas políticas que lo apoyan amenazan constantemente con clausurar valiosas políticas promotoras de derechos como el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCA) y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
A este escenario, se le agrega la violencia verbal y física contra trabajadores de prensa, que no se limita a las represiones reiteradas de los últimos días sino que abarca un ataque persistente del presidente y sus funcionarios a las y los periodistas, entre otras varias prácticas que entorpecen la labor periodística.
La frase se oyó en uno de los debates colectivos que se plantearon en el encuentro de la Regional Córdoba del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCo), que se celebró entre el sábado 2 y el domingo 3 de diciembre en Villa Ciudad Parque. Representantes de 35 medios autogestivos, cooperativos, sin fines de lucro, compartieron preocupaciones y esperanzas, analizaron la coyuntura y trazaron líneas de acción hacia el futuro cercano.
Unos 80 kilómetros al sur de esta capital, en el ingreso al departamento Calamuchita, a la vera de la ruta 5 y en un predio que cogestionan emprendimientos sociales de la región, el encuentro anfitrionado por la radio El Brote incluyó diversas instancias participativas.
En ronda y divididos en grupo, las y los participantes repasaron realidades particulares y miradas comunes; exteriorizaron sus temores respecto del futuro que puedan correr políticas públicas como el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCA), contemplado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, o los programas Potenciar Trabajo y la Agencia TelAm; que ayudan a la sostenibilidad de cada emisora.
Asimismo, se contempló la importancia de que las emisoras comunitarias del país, y particularmente de la provincia de Córdoba, están sólidas en equipamientos y cuentan con una historia de consolidación individual y colectiva que les permite afrontar el desfinanciamiento que pudiera devenir del ajuste anunciado por el presidente electo Javier Milei para el Estado Nacional.
Y que incluso, en un contexto en el que el discurso hegemónico puede llegar a alinearse con dicha gestión para justificar su accionar, como en otras épocas también, la voz disruptiva de las emisoras comunitarias será demandada.
Empero, se puso hincapié en el encuentro en la necesidad de que todas las radios concentren buena parte de sus esfuerzos en trabajar en sus proyectos políticos comunicacionales y en las definiciones de sus líneas editoriales; que la capacitación y la formación de sus integrantes no se detenga; que se diversifiquen las fuentes de financiamiento para fortalecer la disputa de las agendas locales; y que se ofrezcan contenidos de calidad, atractivos, interesantes, que dialoguen con las audiencias y se aggiornen a los desafíos de las nuevas tecnologías.
Entrevistado por la Radio Tortuga 92.9, Juan Delú, el presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCo), integrante de Radio Futura de La Plata, quien se sumó como invitado a este encuentro, lo consideró "una buena noticia".
"A pocos días de la asunción presidencial, pensando en los desafíos del futuro, es muy motivante y esperanzador", completó.
Y se explayó: "Hay mucho para hacer y mucho por trabajar. Hay una potencia en el sector, y particularmente acá en Córdoba, que motiva a nuevas experiencias. Ojalá sirva para eso, para que personas que todavía no se integraron a un proyecto colectivo, vean en esto una oportunidad. Todavía estamos a tiempo de tener un país con un mapa plural de medios, que no es poca cosa".
¿Cómo está el escenario de los medios comunitarios, y en particular de las radios comunitarias, de cara a este escenario que se avecina?
En alerta, observando lo que pasa. Como el resto de la población. Con mucha preocupación sobre lo que puede ser un recorte general de las voces. Porque el proyecto que viene tiene una mirada economicista, donde todo debe estar hecho en la Capital Federal, que es el único distrito que tendría capacidad de mercado para atender medios que puedan funcionar y pagar a sus trabajadores. Si no es en lugares con alta densidad demográfica, los medios no deberían existir. Es el proyecto de La Libertad Avanza. Lo mismo aplica para los hospitales, para los caminos, para la educación. Estamos en problemas. Pero aún así, estuvimos en tiempos peores. Este sector se hizo grande en la adversidad, así que hay que seguir buscándole la vuelta para seguir trabajando en conjunto; y pensando que hoy estamos en un momento en el que a buena parte de la sociedad le interesa hablar de comunicación, sabe que los medios tienen tendencias, que se usan para lobbys empresariales y de la política. Así que enhorabuena discutir estos temas de cara al pueblo.
¿Cuál es el desafío para adelante?
Que la gente entienda que la discusión sobre la comunicación es una discusión sobre derechos. Que si no hay información fidedigna, la capacidad de incidir en un sistema democrático y en la forma de autoorganizarnos, va a ser muy limitada. Esto no pasa sólo en Argentina, pasa en todo el mundo. El desafío para los medios comunitarios y cooperativos es mejorar la situación laboral de quienes los integran y hacer medios más escuchados, más interesantes, más creativos, que puedan convivir con el avance maratónico de las nuevas tecnologías. Y poder ser novedad, como siempre lo fuimos.
Por su parte, Laura Carizzoni, vicepresidenta de FARCo e integrante de Una Radio Muchas Voces, una de las emisoras integrantes de la Regional Córdoba, también presente en el evento, también fue entrevistada por Tortuga.
"Nos encontramos para pensarnos y repensarnos, planificando y reflexionando sobre lo que hicimos. En el trabajo de redes es necesario parar la pelota y encontrarnos para seguir gestando lo que se viene. Sobre todo en este panorama político y económico, sabemos con seguridad que ninguna radio se salva sola y que seguir tejiendo en colectivo es vital para cuidarnos y cuidar nuestros proyectos. Y seguir creando, porque además de salir a defender lo que hemos logrado, es necesario recrear y reconstruirnos; pensar con creatividad cómo seguir construyendo la trama en la que somos parte en cada comunidad, localidad, pueblo, en el plano regional y en el plano nacional con nuestra red".
¿Cómo está la Regional para encarar este proceso lleno de incertidumbres?
Si bien los resultados del balotaje nos dan un escenario muy complicado, hemos estado evaluando en el trabajo de hoy que las radios estamos fuertes. En los últimos cinco o diez años muchas de nuestras radios accedimos a las licencias que por ley nos correspondían. Hemos accedido a equipamiento, a formarnos, a entramarnos y a hacer crecer los equipos de gestión de nuestras radios. Esto nos tiene que dar más potencia para encarar lo que se viene.
En las rondas de trabajo y en las exposiciones de conclusiones comunes, muchas frases condensaban arduos debates para que cada representante pudiera llevarlas de vuelta a sus radios para socializar las preocupaciones y esperanzas. "Es el tiempo de las radios", se oyó por allí, de alguna manera planteando el desafío de que el sector comunitario imagine la manera en que puede adquirir mayor protagonismo en este contexto.
Asimismo, apelando a la necesidad de reforzar el vínculo territorial de cada emisora con el territorio que habita y con la comunidad con la que se vincula, un integrante de la anfitriona radio El Brote, retomó una frase que le quedó resonando desde el encuentro nacional de FARCo, que meses atrás se llevó adelante en Chapadmalal; y cuando la planteó, un silencio profundo que conjugó emoción, preocupación y esperanza, se sintió en el ambiente: "Quién va a extrañar la radio cuando se apague".
La reverberancia de una frase tan profunda es el desafío que cada radio se llevó de vuelta a casa.
Trabajadores de medios públicos se declararon en "estado de alerta y movilización en defensa del pluralismo informativo y de la libertad de expresión"
La Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) realizó hoy un encuentro con representantes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y de organizaciones de trabajadores de prensa para analizar el "nuevo escenario de la comunicación" en virtud de las "amenazas de privatización y actos de hostigamiento contra empresas y personal de medios públicos".
Representantes de organizaciones de trabajadoras y trabajadores de prensa y televisión, medios comunitarios y Pymes, universidades públicas nacionales, sindicatos y centrales obreras, colectivos de medios populares, de municipios y audiencias, reunidos en la sede de la Federación de Trabajadores de Prensa (FATPren), se declararon en estado de alerta y movilización en defensa del pluralismo informativo y de libertad de expresión.
Alertaron sobre el regreso de prácticas de los años 90 de concentración monopólica de los medios de comunicación bajo la impronta de una visión mercantil de la información y reclamaron la necesidad de sostener los fondos de asignación específica votados por el Congreso Nacional en defensa del federalismo y de una mirada integradora de la cultura y la comunicación.
En este sentido se demandó también el establecimiento de pautas de asignación de la publicidad oficial que fortalezcan la pluralidad de voces y declararon el estado de alerta ante los anuncios de ajustes indiscriminados que pondrían en peligro el trabajo informativo, el federalismo y la pluralidad de voces que debe caracterizar una democracia.
Por la CTA participó Edgardo Carmona y Juan Pablo Sarkissian del Sindicato de Prensa Rosario; el director de Prensa de CTERA, Alejo Demichelis; el secretario General del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), Agustín Lecchi; el vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Diego de Charras, y la directora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de esa universidad, Larisa Kejval, entre otros.
La Coalición por una Comunicación Democrática es un grupo de sindicatos de prensa, universidades, organizaciones sociales, radios comunitarias, pequeñas radios comerciales y organismos de derechos humanos, entre otros, que convocada por el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCo) fue clave en la presentación de los 21 puntos básicos que sentaron las bases de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 en reemplazo de la ley de radiodifusión instaurada por la última dictadura cívico-militar.
Fuente: CTERA
En defensa del derecho a la información, la pluralidad, el federalismo y la libertad de expresión
Comunicado de la Intersindical de la Comunicación, integrada por representantes de las áreas de prensa y comunicación de sindicatos de las centrales de trabajadoras y trabajadores ante las amenazas de cierre o privatización de los medios públicos.
La Intersindical de la Comunicación, conformada por compañeros y compañeras de las áreas de prensa y de comunicación de sindicatos de la CTA Autónoma, de la CTA de los Trabajadores y de la CGT, lanzó un comunicado para responder a las amenazas de cierre o privatización de los medios públicos que se han podido oír por parte de los integrantes del Gobierno Electo.
A continuación, el comunicado completo:
En defensa del derecho a la información, la pluralidad, el federalismo y la libertad de expresión
Desde la Intersindical de la Comunicación, integrada por representantes del área de prensa y comunicación de sindicatos pertenecientes a las distintas centrales de trabajadoras y trabajadores de la Argentina, nos expresamos, ante las amenazas de cierre o privatización de los medios públicos, en declaraciones de integrantes del gobierno electo.
Los subsistemas de medios públicos y privados son garantes de una comunicación democrática, federal, soberana y son un derecho social para la comunidad. Tanto en nuestro país como en la inmensa mayoría de países democráticos del mundo los sistemas públicos de comunicación garantizan el acceso a la información, la libertad de expresión, pluralidad de voces, el federalismo y el derecho a la comunicación.
Representan un aspecto sustancial del fortalecimiento de la democracia y son esenciales para la construcción de ciudadanía puesto que no los mueve el fin de lucro sino su carácter de garantes de derechos constitucionales incluidos en pactos internacionales suscriptos por nuestro país.
Por lo tanto, desde nuestro espacio, rechazamos toda amenaza a la libertad de expresión y las instituciones que resguardan el derecho a la comunicación y la información. Al mismo tiempo, alertamos sobre el peligro que conlleva para la convivencia democrática la proliferación de discursos y prácticas violentas contra quienes defienden estos derechos y garantizan su ejercicio desde el sistema de medios.
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