La intervención del ENaCom fue dispuesta por primera vez el 26 de enero de 2024 mediante el Decreto 89, y prorrogada en julio de ese mismo año por el Decreto 675. Con esta tercera extensión, el Ejecutivo acumulará dos años de control directo sobre el principal regulador del sistema de medios y telecomunicaciones del país, apartándose del modelo plural y colegiado previsto en las leyes vigentes (26.522 y 27.078), que establecen una conducción institucional a través de un Directorio con representación parlamentaria.
Según los considerandos del nuevo decreto, el Poder Ejecutivo justifica la continuidad de la intervención por "la necesidad de culminar el proceso de reorganización, auditoría y adecuación estructural" del organismo. El texto menciona "falencias estructurales", "superposición de competencias" y "discrecionalidad en el manejo de fondos" como motivos para seguir con un esquema excepcional de conducción, y anuncia la conformación de comisiones técnicas y grupos de trabajo para revisar licencias, sanciones, calidad del servicio y relaciones con los usuarios.
Preocupación por fondos congelados y nula transparencia
Sin embargo, el diagnóstico oficial no menciona el estancamiento de políticas clave ni la falta de cumplimiento con obligaciones financieras hacia cooperativas, pymes de conectividad y medios comunitarios.
Desde comienzos de 2024 están paralizados los desembolsos del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU), destinado a proyectos de inclusión digital y expansión de redes, y del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCA), clave para la sostenibilidad de radios, canales y productoras comunitarias o autogestivas.
Ambos fondos funcionan mediante convocatorias públicas que exigen la presentación de proyectos, rendición de gastos mediante facturas y documentación respaldatoria, y cumplimiento de criterios técnicos y legales. Sin embargo, las transferencias correspondientes a las convocatorias de 2023 no se han realizado, generando una fuerte preocupación en los sectores afectados. La paralización total del financiamiento ha sido denunciada de forma reiterada por organizaciones como el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCo) y la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CoNTA).
Tampoco se avanzó, como se había prometido, en el relevamiento de los Planes de Adecuación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522), ni en la revisión de los regímenes de transición y de ingreso de nuevos prestadores que contempla la Ley Argentina Digital (27.078).
Un modelo de concentración y control centralizado
Para distintas organizaciones del sector, esta nueva prórroga consolida un modelo de conducción concentrada, alejado del espíritu democrático y plural que inspiró la creación del ENaCom como ente autárquico. El uso discrecional de sus recursos, la falta de información pública sobre su gestión y el congelamiento de fondos estratégicos profundizan la desconfianza.
En lugar de garantizar derechos comunicacionales y el acceso universal a las tecnologías, como exigen las leyes vigentes, el Ejecutivo parece orientarse a una reformulación del organismo que prioriza el control político, la eficiencia operativa y la simplificación normativa, sin garantizar mecanismos de participación ni transparencia.
Golpe al federalismo: cierre de delegaciones y despidos masivos
El año pasado, en el marco de la primera etapa de la intervención, el Gobierno nacional ordenó el cierre de todas las delegaciones del ENaCom en las provincias, medida que provocó el despido de más de 500 trabajadores en todo el país. Esta decisión implicó un grave retroceso en términos de federalismo y acceso ciudadano a derechos fundamentales.
Las delegaciones eran el primer mostrador del Estado para millones de usuarios de telefonía, internet y televisión por suscripción. Su eliminación no solo desmanteló la presencia territorial del organismo, sino que dejó a las provincias sin capacidad de atención local para reclamos y trámites que hoy sólo pueden gestionarse desde Buenos Aires.
La pérdida de esa estructura local impacta directamente en la calidad de los servicios, ya que las empresas prestatarias del sector TIC suelen responder con mayor agilidad cuando el reclamo se canaliza a través de un organismo de control. Además, la desconexión del Estado respecto de las necesidades del interior agrava la brecha digital, al dificultar la ejecución de proyectos de conectividad que dependen del acompañamiento técnico y financiero del ENaCom.
Golpe al federalismo: cierre de delegaciones y despidos masivos
El año pasado, en el marco de la primera etapa de la intervención, el Gobierno nacional ordenó el cierre de todas las delegaciones del ENaCom en las provincias, medida que provocó el despido de más de 500 trabajadores en todo el país. Esta decisión implicó un grave retroceso en términos de federalismo y acceso ciudadano a derechos fundamentales.
Las delegaciones eran el primer mostrador del Estado para millones de usuarios de telefonía, internet y televisión por suscripción. Su eliminación no solo desmanteló la presencia territorial del organismo, sino que dejó a las provincias sin capacidad de atención local para reclamos y trámites que hoy sólo pueden gestionarse desde Buenos Aires.
La pérdida de esa estructura local impacta directamente en la calidad de los servicios, ya que las empresas prestatarias del sector TIC suelen responder con mayor agilidad cuando el reclamo se canaliza a través de un organismo de control. Además, la desconexión del Estado respecto de las necesidades del interior agrava la brecha digital, al dificultar la ejecución de proyectos de conectividad que dependen del acompañamiento técnico y financiero del ENaCom.
