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sábado, 6 de septiembre de 2025

Cosplay, censura y cinismo: la política argentina en clave de show

Las acciones del Gobierno no por torpes son menos efectivas. En una sociedad sin atención el entretenimiento constante es una forma de censura

Por: Lucas Arrimada*
La censura en tiempos de fantasías políticas.

1. De la simpleza a la torpeza

Milei ganó hace dos años con un relato tan intenso como simple. Propuso una fantasía competitiva que llegó a una mayoría de la sociedad enojada. La oposición todavía está construyendo su relato con dificultad.

Después de semanas de confusión oficialista y aparente crecimiento opositor, mañana se vota. En un mundo cada vez más cínico que permite hacer denuncias falsas de todo, cabe esperar que no haya fraude ni falsas denuncias ante una derrota.

Los torpes intentos del Gobierno contra los medios de prensa han sido directos pero no por eso menos efectivos. La destrucción cínica de la esfera pública es un hecho y participan muchos actores además del Gobierno. El juego político parece buscar más entretenimiento y distracción que un cambio sustancial. Esa sensación popular reforma el sistema y lo hace teatral.

Si a alguien le interesara la libertad de expresión se daría cuenta que las audiencias, los lectores, el público, los votantes se están ausentando de la democracia. Con audiencias saturadas no hay libertad de expresión. Sin alumnos no hay educación.

La privatización de la esfera pública en las plataformas de publicidad que llamamos redes sociales ya implicó un deterioro de esos espacios "públicos" y de las personas que los habitan. La desigualdad es parte del modelo de negocio. Ya está normalizada la segregación de clase y la desigualdad de status entre los que pagan por tener "más visibilidad" y "más poder comunicativo" en las plataformas. Esas personas dirán que pagan un acceso privilegiado para luchar por la igualdad, aceptan los privilegios de unos pocos para construir los derechos de todos.

La oposición entra en la guerra payasesca de Milei y ensaya su propio show, una fantasía participativa, contra quien derrotó a los partidos tradicionales haciendo cosplay.

Ambos reformulan el sistema político desde las reglas de una simulación, de un "Gran Hermano" irresponsable y peligrosamente con menos rating. Milei parece más indócil que el mismo Scioli, Reutemann, Palito Ortega o Nito Artaza, ejemplos de famosos devenidos políticos en décadas pasadas. Veremos a quién "expulsará" el pueblo de la casa del "GH democrático". Ojalá no cancelen directamente el programa.

En las reglas del espectáculo, el estímulo es más importante que la comprensión. El entretenimiento y distracción multinivel pueden ser formas de censura. No se puede censurar lo que no tenemos ni intención ni posibilidad de entender. El estímulo subordina, no libera.

2. La cancelación de la realidad
La censura en un mundo sin atención y sin verdad es innecesaria. El exceso de información, usualmente de malas noticias, desensibiliza, brutaliza y satura. Opera como otra forma sutil de censura.

Como afirmamos en la nota "Educación en la brutalidad" (NdE: No disponible en línea), del 26 de Octubre del año pasado: "creer ciertas cosas sirve para protegerse. Dar sentido es una necesidad vital". Un mundo cada vez más hostil y complejo invita a muchos a abrazar fantasías políticas, religiosas, económicas o tecnológicas que nos ofrecen protección en su simpleza. Trump y Milei supieron ofrecer un relato en esa sintonía.

La negación cínica de la Constitución y su literalidad es cada vez más común. Privacidad e intimidad han sido derechos derogados. La inteligencia artificial no reconoce ni respeta derecho de autor alguno. No hay mecanismo para proteger esos derechos ni voluntad de hacerlo. Todo se justifica con otra fantasía: la del progreso tecnológico. Los daños a una generación de niños y adultos se justifican porque el progreso está "asegurado". Esas fantasías permiten escapar de una amenazante realidad.

Tanto oficialismo como oposición viven en su mundo de fantasía y sin una realidad compartida. Nadie ofrece construir un puente entre ambos ni hacia la realidad material de un país empobrecido dirigido a otra crisis económica.

La política con sus fantasías alejadas de la necesidades de la sociedad parece incubar un autoritarismo cada vez más atractivo y competitivo. El liderazgo de Milei puede ser pasajero. El malestar que Milei supo capitalizar tiene todo para mantenerse, crecer y gestar algo peor.
*Abogado y profesor de Derecho Constitucional

Foto: Instagram del pintor Yari Casanova, Marzo de 2024.
Fuente: Diario Río Negro

jueves, 4 de septiembre de 2025

Amnistía Internacional manifiesta preocupación por la censura previa avalada por la justicia y advierte sobre su impacto en la libertad de expresión

Amnistía Internacional Argentina expresó su profunda preocupación ante la decisión del juez Alejandro Maraniello, al considerar que impedir la circulación de información constituye una forma de censura previa.

El caso se refiere a la difusión de audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, atribuidos a la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, cuya publicación fue prohibida por resolución de un juez del fuero Civil y Comercial de la Nación, en una medida que configura censura previa.

Este tipo de censura está expresamente prohibida por los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, así como por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Conforme a estos estándares, los eventuales conflictos relacionados con la honra o la intimidad deben resolverse a través de responsabilidades ulteriores —es decir, mediante sanciones posteriores, legales y proporcionales—, y nunca mediante bloqueos preventivos.

Un aspecto especialmente cuestionable de la resolución judicial es que desatiende la protección reforzada que merece la libertad de expresión cuando se trata de asuntos de interés público. Lejos de proteger derechos, prohibir la difusión de información sobre temas relevantes para la ciudadanía vulnera el derecho de la sociedad a estar informada.

"La difusión de información de interés público no puede ser bloqueada de forma preventiva. Eso constituye censura previa, una práctica absolutamente prohibida. La amenaza penal hacia quienes ejercen el periodismo, así como impedir que la sociedad acceda a información relevante, representan graves ataques a la libertad de expresión, a la transparencia y a la rendición de cuentas. En este contexto, hemos solicitado el acceso al expediente —actualmente reservado— y reclamamos que se haga público", expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Amnistía Internacional también advierte que la denuncia penal contra periodistas por presunto espionaje ilegal constituye una amenaza seria a la libertad de expresión, y genera un efecto amedrentador incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos.

martes, 2 de septiembre de 2025

Pullaro apuntó contra Milei por las denuncias de corrupción y advirtió sobre "mordazas a la información"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, exigió al Ejecutivo nacional que aclare con urgencia las denuncias por presuntos hechos de corrupción que salpican a funcionarios del Gobierno de Javier Milei, y se manifestó enérgicamente contra los intentos de limitar la libertad de prensa.

Durante su participación en el Santa Fe Business Fórum, en Rosario, Pullaro lanzó duras críticas al oficialismo por la falta de respuestas políticas ante la difusión de audios que involucran a funcionarios de alto rango en posibles maniobras irregulares.

"Es muy duro escuchar audios de un funcionario de primera línea del Gobierno nacional hablando con desparpajo de coimas y corrupción, y que no exista una respuesta política clara del Ejecutivo", sostuvo el mandatario ante empresarios y dirigentes.

Pullaro advirtió que lo que está en juego es la credibilidad de la Casa Rosada y la estabilidad institucional del país. En ese contexto, cuestionó también las medidas judiciales que restringen la publicación de los audios, al considerarlas un riesgo para la libertad informativa.

"Nadie puede, bajo ningún concepto, poner una mordaza sobre lo que podría ser información periodística. Mucho menos intentar llevarlo al terreno del espionaje. Lo que hay que hacer es explicar qué significaban esos audios y si realmente existen grabaciones de la hermana del presidente, Karina Milei. Eso debe aclararse", reclamó.

Sin prensa libre, Argentina retrocede siglos
El gobernador santafesino remarcó que el sistema democrático se sostiene en pilares como la libertad de expresión y de prensa, y alertó sobre los retrocesos que implicarían los intentos de controlar la circulación de información.

"Si no existiera una prensa libre, Argentina estaría retrocediendo muchísimos años y siglos", advirtió Pullaro, quien señaló que la falta de respuestas por parte del Gobierno nacional "erosiona la figura presidencial".

A pesar de haber acompañado varias políticas impulsadas por la gestión Milei, Pullaro fue enfático: "Lo que no puede tolerarse es la corrupción ni la opacidad en casos de esta magnitud", subrayó.
Repercusiones: Defendamos la libertad informativa con hechos
Las declaraciones de Pullaro fueron bien recibidas por sectores vinculados a la comunicación. El Sindicato de Prensa Rosario (SPR) y la Asociación de Prensa de Santa Fe respaldaron su defensa de la libertad de expresión, pero reclamaron hechos concretos.

Esta mañana, en declaraciones a la prensa el gobernador Maximiliano Pullaro se manifestó enfáticamente a favor de la libertad de expresión. Dijo que el gobierno nacional tiene que aclarar con urgencia las denuncias por irregularidades en el área de discapacidad, y que "no se intente limitar la difusión de información”. Añadió que: “Nadie puede, bajo ningún concepto, poner una mordaza sobre lo que podría ser información periodística" y que: "Si no existiera una prensa libre, Argentina estaría retrocediendo muchísimos años y siglos".

"Las y los periodistas, representados por el Sindicato de Prensa Rosario y la Asociación de Prensa de Santa Fe, le pedimos al gobernador que en su rol de convencional de la reforma de la Constitución provincial impulse las propuestas que un amplio sector vinculado a la comunicación ha reclamado para incorporar al artículo 11 sobre la libertad de expresión, el derecho a la comunicación, el acceso a la información pública, el secreto de las fuentes, los medios públicos, medios cooperativos y comunitarios, la pauta oficial, entre otras consideraciones", señalaron en un comunicado.

Hoy, la libertad de expresión y el derecho a la información se ven gravemente afectados cuando el manejo de la pauta publicitaria oficial se utiliza como herramienta para condicionar a medios de comunicación y periodistas. Esto no solo distorsiona el debate público, degrada al periodismo, sino que también debilita el pluralismo informativo, tan necesario en una democracia. Lamentablemente, esto es precisamente lo que está ocurriendo en la provincia de Santa Fe.

Censura previa en el país de la libertad de Milei

El Gobierno logra que un juez prohíba la difusión de audios donde se escucha a Karina Milei, hermana del presidente
Karina y Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el domingo 25 de mayo

Por: Hugo Alconada Mon
Como decimos en la Argentina, el Gobierno "pisó el palito". Al pedir —y conseguir de manera preliminar— que la Justicia prohíba a los periodistas difundir cualquier grabación clandestina que haya de Karina Milei, solo logró reforzar las sospechas que rodean a la hermanísima presidencial. Si no, ¿por qué tanto afán en que no se difundan esos audios? Y desde la perspectiva jurídica y periodística, ¿qué diferencia hay entre esta iniciativa de la Casa Rosada y un acto de censura previa?

La encerrona en que se metió el Gobierno comenzó a gestarse hace meses, cuando alguien grabó al entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, mientras vomitaba broncas y sospechas contra sus superiores dentro de la Casa Rosada a los que endilgaba presuntos actos de corrupción. Entre ellos, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su mano derecha, Eduardo Lule Menem.

Esos audios comenzaron a difundirse el 19 de agosto, sin que Spagnuolo los desmintiera. Tampoco salió a aclarar que no fuera su voz la de esos audios, o que el contenido fuera falso o adulterado. Calló, ante el estupor, el temor y las sospechas crecientes de la Casa Rosada, que empezó a ver fantasmas por todos lados. Porque hay funcionarios que avizoran una zancadilla de los kirchneristas, sí, pero son más los que apuntan a las guerras intestinas que carcomen a los libertarios.

Si el panorama era ya agobiante para el Gobierno, la paranoia llegó a niveles estratosféricos cuando la semana pasada comenzó la segunda fase de las filtraciones. ¿Cuál? La que tiene como protagonista a Karina Milei. Circularon dos audios inofensivos —en los que ella remarca cuántas horas trabaja por día, por ejemplo—, pero lo importante fueron los audios en sí: todos supimos que alguien la había grabado y, encima, dentro de la Casa Rosada.

Llegado este punto, cabe una aclaración. En términos generales, las grabaciones pueden ser clandestinas o ilegales. ¿Qué las diferencia? Si las voces de Spagnuolo y Karina Milei las grabó alguien que, por ejemplo, almorzó con él o tomó un café con ella, esas grabaciones son reprochables desde la perspectiva ética —porque los grabó sin autorización previa—, aunque no son ilegales. Distinto es si un tercero grabó esas conversaciones, ya fuera "pinchando" teléfonos o "plantando" micrófonos sin orden judicial previa. En ese caso sí son ilegales.

Trazada la aclaración, el Gobierno reaccionó del peor modo. Le pidió a la Justicia que dicte una medida cautelar para impedir la difusión periodística de cualquier otro audio de Karina Milei, sin conocer su eventual contenido. Y un juez del fuero Civil y Comercial Federal, Patricio Maraniello, admitió el pedido de manera preliminar, tras aclarar que su decisión no debía interpretarse como un acto de "censura previa".

Pero así fue, precisamente, como lo interpretaron muchos. Entre ellos, el profesor de Derecho Constitucional Pedro Caminos. "La medida tendría como objeto proteger la intimidad y el honor de Karina Milei. Pero el juez no tuvo los audios a disposición como para evaluar tal cosa. Así que censura ‘por si acaso", estimó. "Las medidas previas son, como regla, inadmisibles y, en materia de libertad de expresión, rige el principio de las responsabilidades ulteriores", recordó. "Eso significa que ninguna autoridad, ni la judicial, tiene atribuciones para impedir la difusión de información. Si esa difusión provocara un daño (como una injerencia arbitraria en la intimidad), nace la responsabilidad. Siempre después, nunca antes".

La decisión de Maraniello —un juez que busca ascender a camarista mientras acumula denuncias por presunto acoso sexual, maltrato laboral y abuso de poder en el Consejo de la Magistratura—, trae recuerdos ingratos entre los argentinos memoriosos. En 1992, la jueza federal María Servini logró que una Cámara de Apelaciones prohibiera de manera preventiva toda mención a ella en el programa televisivo del humorista Tato Bores. ¿Conclusión? Fue peor. ¿Por qué? Porque Tato cosechó un amplísimo respaldo social contra la jueza a la que, para no nombrarla, el domingo subsiguiente él y sus docenas de invitados especial aludieron como Barú Budú Budía.

Así las cosas, el Gobierno se metió solo en un berenjenal. Si no conoce los audios de Karina Milei, ¿por qué procura evitar que se difundan? Si sí conoce los audios y son inocuos, ¿por qué evitar que se difundan? Y si sí conoce los audios y son incriminatorios —para ella, para Lule Menem, para el presidente Javier Milei o para quien fuera—, ¿puede evitar que se difundan?

La respuesta corta es o debería ser: no. Entre el interés de una persona —a la sazón, funcionaria pública— y el interés público, este último debe prevalecer. Así lo establece la Constitución Nacional, así lo ha remarcado la Corte Suprema de Justicia argentina y allí están los Pentagon Papers como estandarte y premisa para cualquier periodista. Ocurrió en Estados Unidos, cuando The New York Times accedió a documentos secretos del Pentágono sobre la guerra de Vietnam, la Casa Blanca procuró impedir su publicación y la Corte Suprema reafirmó en 1971 la prevalencia de la prensa a difundir información de interés público sin que ningún gobierno pueda impedirlo.

Dicho de otro modo, si un periodista argentino tuviera hoy o accediera mañana a audios en los que se escuchase a Karina Milei abordar cuestiones de interés público —ya fuera el presunto trasiego de sobornos, la campaña electoral o la salud presidencial, entre otras muchas opciones—, ¿debería autocensurarse o publicarlo, sabiendo que afrontará un proceso judicial que terminará en la Corte o, incluso, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

Por lo pronto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya fijó su posición y, en rigor, la del Gobierno. ¿Cómo? Pidió a la Justicia que allane al canal de streaming y los domicilios de sus dueños y periodistas para secuestrar sus dispositivos electrónicos y documentación vinculada.

La ministra de Seguridad, cabe aclarar, de un gobierno que se dice "libertario".
Foto: Gustavo Garello (AP)
Fuente: Diario El País

lunes, 1 de septiembre de 2025

Cuando Milei no quiere que hablen: censura al cartero

La Justicia ordenó silenciar los audios de Karina Milei, mientras la ministra de Seguridad admite que el gobierno está "en indefensión"


Por: Sergio Coria

En un nuevo capítulo de autoritarismo blando con ribetes de comedia negra, la Justicia federal —por ahora— impuso el cese inmediato de la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, que habrían sido grabados dentro de la Casa Rosada. La medida la dictó el juez federal Alejandro Patricio Maraniello (Juzgado Federal Civil y Comercial Nº 5), quien además ordenó notificar de urgencia al ENaCom para frenar su circulación en redes, medios escritos, audiovisuales y canales web.
 
Carnaval y periodistas en la mira
El centro del torbellino informativo fue el canal de streaming Carnaval, en su programa "Data Clave", donde el periodista Mauro Federico adelantó la difusión de más de cincuenta minutos de audios ("la puntita", según él) atribuidos a Karina Milei.

El gobierno los denunció como parte de "una operación de inteligencia ilegal" dirigida a desestabilizar al Ejecutivo en plena campaña electoral. En la denuncia también aparecen mencionados el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi como posibles partícipes de esta maniobra.
 
Y ahora quieren allanar al cartero
Pero la vieja lógica de "matar al cartero" continúa: además de la cautelar, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich —quien reconoció que "el gobierno está en indefensión" (aunque no consideró la posibilidad de renunciar)— pidió allanamientos a periodistas y el cierre del medio por lo ocurrido, lo que generó una catarata de repudios de organizaciones sociales y gremiales de trabajadores de prensa. Se cuestiona que, en lugar de asumir responsabilidad por las fallas de inteligencia, se persiga a quienes informan.

¿Censura previa encubierta?
Periodistas y colegas denunciaron que la medida judicial constituye una censura previa, algo expresamente prohibido por la Constitución Nacional. Como dice el artículo 14, nadie puede impedir la publicación de ideas: "publicar sus ideas por la prensa sin censura previa". Y el artículo 32 añade que el Congreso no puede dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta.

La jurisprudencia —especialmente de la Corte Suprema— refuerza esta prohibición: salvo riesgo inminente e irreparable, no hay lugar para impedir que la información circule. El mecanismo legítimo es la responsabilidad posterior, no el silenciamiento anticipado.
 
Credibilidad al borde del abismo
Este episodio no surge en el aire: se da luego de un escándalo por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), revelado también en audios filtrados. En aquella crisis, el exfuncionario Diego Spagnuolo fue separado, se ordenaron 14 allanamientos y se secuestró dinero, pero Karina Milei, Menem y otros quedaron impunes —al menos por ahora—.

Además, en las elecciones provinciales de Corrientes el oficialismo se impuso cómodamente, pero el partido de Milei quedó relegado al cuarto puesto. Esa derrota abre interrogantes sobre el desgaste real del "relato libertario".
 
Menos micrófono, más responsabilidad
En plena campaña, el Ejecutivo prioriza amedrentar a quienes difunden en lugar de dar cuentas sobre cómo alguien grabó dentro de la Casa Rosada, o por qué falló la inteligencia estatal. Se aplica la vieja lógica de "matar al cartero", pero el problema está en el carterista de adentro: no hay quien responda por permitir que el espionaje doméstico ocurra bajo el manto presidencial. Y mientras tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, admite que el gobierno está "en indefensión" —sin renunciar—, y en cambio ordena represalias.

La Constitución y la Corte están del lado de una prensa que puede informar sin miedo. El gobierno, en cambio, pisa aquellos baluartes: silenciar ahora, investigar después —si llega—. El equilibrio democrático se tambalea. Y bien podríamos preguntarnos: ¿qué pasa cuando el poder no soporta que lo miren de frente?

Censura y allanamientos por los audios de Karina Milei: un fallo que desafía la libertad de expresión en Argentina

Diego Spagnuolo, con Karina Milei, Lule Menem y Martín Menem, en 2023

La Justicia Federal argentina ordenó frenar la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei. La medida fue impulsada por el Gobierno nacional, que calificó la filtración como parte de una "operación de inteligencia ilegal" para desestabilizar al Ejecutivo en plena campaña electoral.

Además del pedido de censura, el Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, solicitó el allanamiento de las oficinas del canal Carnaval Stream, responsable de la difusión, y de los domicilios de periodistas como Mauro Federico y Jorge Rial. La solicitud figura explícitamente en la denuncia judicial presentada por el abogado Fernando Soto, funcionario del área que dirige Patricia Bullrich.

Un pedido de allanamiento que Bullrich negó al aire
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich protagonizó un episodio incómodo durante una entrevista televisiva, al negar que el Gobierno hubiese pedido allanamientos a periodistas. "Nosotros no hemos pedido nada", respondió al periodista Pablo Rossi. Sin embargo, cuando el conductor pidió leer el escrito judicial que ella misma había llevado, un columnista confirmó que en la página 18 de la presentación oficial se solicita expresamente:

"Ordénese allanamiento y secuestro en las oficinas y estudios de Carnaval Stream. Dispónganse allanamientos en los domicilios de Franco Bindi, Jorge Rial, Pablo Toviggino, Mauro Federico y todo otro interviniente".

A pesar de la evidencia, Bullrich insistió: "No. Estamos pidiendo la construcción de la prueba. La Justicia puede decidir lo que quiera". Luego volvió a cuestionar a los periodistas involucrados: "Estos no son periodistas. El periodista tiene otra construcción... hace años que defiendo la libertad de expresión. Estos no son periodistas".

No obstante, la propia denuncia se refiere al "el periodista Mauro Federico" y más adelante alude a "los periodistas del canal de streaming Carnaval", lo que contradice la postura pública adoptada por la ministra.

Qué dice la denuncia
La denuncia consta de 20 páginas y fue presentada en el juzgado federal de Julián Ercolini. Allí se solicita:
  • Prohibir la difusión de nuevas grabaciones privadas.
  • Allanar y secuestrar dispositivos en oficinas y domicilios vinculados a los periodistas.
  • Exigir a medios de comunicación, prestadores digitales y personas físicas la colaboración para impedir nuevas filtraciones, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia (artículo 239 del Código Penal).
Según el Gobierno, la maniobra constituye una operación de inteligencia ilegal con supuesta influencia extranjera. En el escrito se habla de una "campaña de desinformación" atribuida a "intereses rusos y bolivarianos", que incluiría al ciudadano ruso Evgueni Morozov, al abogado Franco Bindi (ligado al exSIDE Fernando Pocino), y a la diputada disidente Marcela Pagano.

Entre los señalados, además de Bindi y Pagano, figuran Jorge Rial, Mauro Federico, y el dirigente de la AFA Pablo Toviggino, como presuntos partícipes de una estrategia que incluiría "la captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados manipulados" de Karina Milei y otros funcionarios.

Qué contienen los audios
Los audios no hacen mención directa al escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), aunque este contexto potenció la crisis. En ellos, Karina Milei habla de tensiones internas en el oficialismo, en lo que sería una reunión privada en la Casa de Gobierno. El canal Carnaval Stream afirma tener al menos 50 minutos de grabaciones, que seguirían saliendo a la luz.

Amnistía Internacional y antecedentes legales
Amnistía Internacional Argentina calificó el fallo como una posible amenaza a la libertad de expresión y el derecho a informarse. "Este precedente puede significar un ataque directo del Gobierno y el Poder Judicial a la libertad de expresión", publicó la organización en X.

El fallo judicial reaviva debates constitucionales. La Constitución Nacional (art. 14 y 32) y el Pacto de San José de Costa Rica (art. 13) prohíben expresamente la censura previa. La Corte Suprema, en fallos como Editorial Perfil S.A. (2011), ha dejado en claro que el interés público prima sobre la privacidad de funcionarios, siempre que no exista daño inminente o irreparable.

Casos comparables, como New York Times Co. v. United States (1971) sobre los Pentagon Papers, sostienen que solo puede impedirse la publicación cuando hay un peligro real y comprobable para la seguridad nacional, algo que no ha sido demostrado en este caso.

El Grupo Indalo repudia el intento de censura del gobierno de Javier Milei
Frente a la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad que solicita el allanamiento de medios y periodistas por la difusión de los audios de Karina Milei, el Grupo Indalo —propietario de C5N y Radio 10— emitió un comunicado enérgico donde repudia el accionar del Ejecutivo Nacional.

"Indalo Media repudia el intento del Gobierno Nacional de limitar la tarea del periodismo independiente a través de acciones judiciales que buscan censurar la publicación de información", comienza el texto.

El comunicado destaca que los pedidos judiciales impulsados por el Ejecutivo, convalidados por sectores del Poder Judicial, "implican una afectación directa al derecho a la información de la ciudadanía".

Sobre los periodistas involucrados, el documento sostiene: "Las denuncias penales destinadas a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, que se desempeñan en nuestros medios de comunicación, significan una acción activa de amedrentamiento, incompatible con el Estado de Derecho".

El grupo cuestiona el rol de la Justicia en este contexto: "El acogimiento por parte del Poder Judicial del intento del Poder Ejecutivo de ejercer censura previa sobre contenidos ligados a presuntas maniobras de corrupción oscurece la labor del periodismo y socava los cimientos de la democracia con fines poco claros".

También reafirma su compromiso con el periodismo y la legalidad: "Indalo Media ratifica su compromiso con el ejercicio responsable del periodismo y su disposición a colaborar con las autoridades judiciales en el marco del debido proceso, manteniendo el irrenunciable derecho a informar sobre cuestiones de interés público".

Y finaliza: "La democracia se fortalece con más y mejor periodismo, que tiene la función de contrapeso del poder y de informar a la ciudadanía sobre los hechos de trascendencia pública".

Actualización: Gregorio Dalbón denunció penalmente a Patricia Bullrich por abuso de autoridad
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue denunciada penalmente este martes por el abogado Gregorio Dalbón, bajo la acusación de abuso de autoridad, tras haber solicitado allanamientos contra periodistas y medios de comunicación en el marco de la causa por la difusión de audios atribuidos a Karina Milei.

Dalbón presentó la denuncia ante la Justicia, advirtiendo que las acciones impulsadas por Bullrich buscan "amedrentar, censurar y restringir la libertad de prensa", constituyendo una violación directa a los artículos 14, 32 y 43 de la Constitución Nacional, así como a tratados internacionales con jerarquía constitucional, que protegen la labor periodística y el resguardo de las fuentes.

"Censura indirecta y masiva"
En su presentación, el abogado remarcó que el intento de allanar medios como Carnaval Stream, y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, junto con el pedido de secuestro de equipos de trabajo y documentación, representan un acto de censura inaceptable en un Estado de derecho.

"La ministra no solo direcciona la persecución contra periodistas concretos, sino que pretende restringir a toda la prensa y plataformas digitales, lo cual constituye una forma de censura indirecta y masiva", sostuvo Dalbón.

Asimismo, denunció que la intención de prohibir la reproducción o difusión de los audios obtenidos en la operación cuestionada apunta a condicionar el acceso a la información pública y viola principios básicos de la libertad de expresión.

"Herramienta de intimidación"
Para Dalbón, el accionar de Bullrich configura una extralimitación de sus funciones como funcionaria pública: "El pedido de allanamiento de medios, el secuestro de material periodístico y, particularmente, la pretensión de prohibir la difusión de información, constituyen órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución Nacional".

Finalmente, el abogado consideró que la denuncia penal fue utilizada por el Gobierno como una herramienta de intimidación política, destinada a condicionar a periodistas críticos, configurando un presunto delito de abuso de autoridad, tipificado en el Código Penal, y que podría acarrear consecuencias judiciales para la ministra de Seguridad.

sábado, 9 de agosto de 2025

Hostigamiento, despidos y silenciamiento de voces críticas: el periodismo chaqueño bajo presión en la era de Leandro Zdero

El Sindicato de Prensa del Chaco advierte sobre el avance de prácticas intimidatorias, despidos masivos y ataques a la libertad de expresión por parte del gobierno provincial, en un contexto de creciente precarización laboral y persecución al trabajo periodístico
El Sindicato de Prensa del Chaco recuerda que el libre ejercicio periodístico y la libertad de expresión son pilares fundamentales para la construcción de nuestra democracia.

En el último tiempo, trabajadores y trabajadoras de prensa de la provincia se vieron afectados en su labor por el solo ejercicio de su tarea profesional, como ser: preguntar en conferencias de prensa y difundir datos e información que son de acceso público.

Asimismo, recordamos que el año pasado, el Gobierno de Leandro Zdero inició un operativo de despidos masivos en medios públicos y desguazó el ex canal Chaco TV y Radio Provincia. Más de 80 trabajadores de prensa perdieron sus empleos, en muchos casos, única fuente de trabajo. En algunos casos, dichos colegas se embarcaron en proyectos periodísticos autogestionados para poder hacer frente a una crisis económica galopante que castiga a los bolsillos de todos los chaqueños y también al sector de prensa.

Los funcionarios del actual gobierno provincial imitan cada vez con mayor frecuencia lo que ocurre a nivel nacional, insultos, agravios, estigmatización y persecución a través de redes sociales con un ejército de trolls que justifican y replican el odio y los discursos violentos, haciendo cada vez más difícil ejercer con libertad la profesión.

En este contexto, recordamos que en el mes de junio, este sindicato se hizo eco de un informe elaborado por la consultora Politikon que advirtió que los salarios de los periodistas chaqueños acumulan una pérdida del 32% en lo que va de la gestión del presidente Javier Milei.

Actualmente, el salario básico de un Aspirante se ubica en $366.192. Mientras que la remuneración básica de un Redactor es de $560.366, ambos salarios muy por debajo del valor de la Canasta Básica Total supera el millón de pesos. Esto también es violencia.

En este orden, recordamos que desde el inicio de gestión del gobernador Leandro Zdero solicitamos una audiencia para dar a conocer la grave situación de los trabajadores de prensa de nuestra provincia. Todavía seguimos esperando una respuesta.

martes, 29 de julio de 2025

La libertad de expresión bajo ataque en la Argentina de Milei

El ataque a periodistas y el deterioro a la libertad de expresión en la Argentina. Las denuncias y advertencias sobre el tema de organismos nacionales y internacionales. La asimetría entre gobernantes y gobernados. La responsabilidad colectiva de salvaguardar el debate público
Por Diego de Charras* y Larisa Kejval**

El pasado 22 de julio en ocasión de lo que se denominó Derecha Fest, un evento del partido de gobierno, se impidió la cobertura informativa por parte de la periodista de este medio Melisa Molina y se la amedrentó. Hace poco tiempo, se calumnió para intimidarla a través de un video de contenido sexual generado con inteligencia artificial a otra periodista, Julia Mengolini. Unos días después el mismo presidente iniciaba causas judiciales contra la propia Mengolini, Jorge Rial, Fabián Doman, Mauro Federico y Nicolás Lantos vinculadas a sus análisis y opiniones. Dos meses antes lo había hecho contra Ari Lijalad, Carlos Pagni y Viviana Canosa. El año pasado su ministro de justicia, Mariano Cúneo Libarona, inició la saga contra Darío Villarruel y Nancy Pazos. Todo bajo la consigna “No odiamos los suficiente a los periodistas”. Esa diatriba sirvió de marco para que fuerzas de seguridad dispararan y pusieran en riesgo la vida del reportero gráfico Pablo Grillo o un grupo de partidarios del gobierno golpearan en un lugar público al periodista Roberto Navarro.

Hace medio año publicábamos el "Informe sobre libertad de expresión en Argentina 2024" elaborado conjuntamente por la Carrera de Comunicación de la UBA, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Allí se resumía: "Censura, hostigamiento, precarización y despidos a periodistas; violencia y criminalización contra personas que toman la voz pública; retracción de políticas de comunicación y desmantelamiento de medios y organismos públicos; obstáculos en el acceso a la información pública; asignación discrecional de fondos publicitarios; ciberacoso y vigilancia digital, son algunos de los grandes ejes a partir de los cuales es posible agrupar y dar cuenta de los hechos ocurridos desde la llegada de Javier Milei a la presidencia en materia de libertad de expresión".

En un sentido similar, en mayo de este año se divulgó el Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA que registró "un deterioro acelerado del ambiente para el ejercicio de la libertad de expresión en Argentina, caracterizado por la baja tolerancia del Poder Ejecutivo hacia las críticas y los procesos deliberativos (…) la Relatoría observó declaraciones oficiales que buscaban desincentivar la libertad de expresión y exaltar la represión policial".

En una línea similar, se manifestó la organización internacional Reporteros sin Fronteras en su Informe 2025: "Las injurias, la difamación y las amenazas por parte de la administración de Javier Milei hacia los periodistas y los medios críticos son una constante desde su llegada al poder". Del mismo modo, lo hicieron nueve relatores especiales de Naciones Unidas en una carta remitida al gobierno argentino donde expresaron su seria preocupación ante "el deterioro grave de las libertades fundamentales y del espacio cívico en la República Argentina desde diciembre del 2023".

En el plano nacional, el reciente monitoreo sobre manifestaciones públicas de la Comisión Provincial de la Memoria señala que "el incremento exponencial de los hechos de represión que ocurrieron en 5 de cada 10 movilizaciones en el primer semestre de 2025, contra 3 de cada 10 movilizaciones durante 2024, da cuenta de la decisión del Gobierno nacional de profundizar el camino represivo por sobre el diálogo y la construcción democrática".

En síntesis, la gravedad del deterioro del debate público en nuestro país es advertida por instancias nacionales e internacionales. Para los simpatizantes de Milei, sin embargo, se trata de que “habla como habla la gente”. En este tipo de afirmaciones se evidencia la negación cínica de la responsabilidad de la investidura presidencial y de la posesión del monopolio de la fuerza. En otras palabras, se expresa la negación de la asimetría entre gobernantes y gobernados.

Una preocupación central de las constituciones modernas ha sido limitar los poderes con contrapesos y fórmulas de equilibrio y, sobre todo, propulsar la participación y el debate social. La expresión de la diferencia y la crítica respecto de los gobiernos, así como el debate público sostenido en datos y argumentos, se constituyen en condiciones para la toma de decisiones de la ciudadanía y para la vida democrática en su conjunto.

Por el contrario, asistimos a una práctica sistemática de ataque dirigido específicamente a una de las instituciones que ha configurado su rol social en torno la producción de información, la argumentación y la prosecución de verdad como trabajo de cara a la sociedad: el periodismo. ¿Hasta cuándo? La responsabilidad por la salvaguarda de la información precisa en pos del debate público no es sólo del gobierno de turno, sino de todo el sistema político argentino que viene mirando hacia otro lado. En su defecto, sólo nos quedará el regodeo de tribus aisladas en burbujas algorítmicas de creencias. Quizás, ese sea el proyecto político ideológico de este tiempo.
* Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales UBA
** Directora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación UBA

Fuente: La Ventana, PáginaI12

domingo, 27 de julio de 2025

Cuando el silencio es política: el cierre de Radio Ciudadana y el fin de una experiencia democrática

El gobernador Rogelio Frigerio en los estudios de Radio Ciudadana junto al intendente Francisco Azcué, el hombre que supo encontrar la manera de apagar voces en nombre de la gestión

Uno de los principales logros que trajo consigo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue la apertura a nuevas voces dentro del sistema de medios. En ese marco, se habilitó a municipios, comunas, universidades, escuelas, comunidades originarias y organizaciones comunitarias a crear y gestionar sus propios medios de comunicación.

Fue en ese contexto que comenzó a gestarse una experiencia concreta en la ciudad de Concordia: la creación de Radio Ciudadana. La iniciativa surgió a partir de una decisión política del entonces intendente Gustavo Bordet, quien en 2012 convocó a un periodista con el fin de poner en marcha una emisora municipal.

Ya en 2013, el proyecto había avanzado con la elaboración de un borrador de licitación para los equipos y con propuestas de ordenanza que darían marco a la radio. Una de las ideas que se plantearon en ese momento fue la conformación de una asamblea de oyentes, que tendría la responsabilidad de elegir a los representantes del directorio de la emisora. Este mecanismo apuntaba a garantizar una participación ciudadana activa, permitiendo que la comunidad definiera democráticamente los rumbos del medio. Se promovía así una radio abierta, participativa, con contenidos propios y espacio para el debate.

La persona que estuvo desde el inicio de este proceso era Claudio Gastaldi, quien se encontraba en comunicación con  SeñalesEl motivo de la entrevista no era solo recuperar la experiencia positiva de la radio, sino también dar cuenta de una noticia reciente: el municipio había decidido cerrar Radio Ciudadana, tras casi diez años de intensa labor comunitaria.

Una decisión repentina y una maniobra calculada
Claudio Gastaldi relató que, luego del receso invernal, cuando se retomaron las actividades en el Concejo Deliberante, se produjo una situación inesperada: de forma repentina, se propuso el cierre de Radio Ciudadana. Según explicó, la maniobra fue cuidadosamente diseñada para que la votación ocurriera en el mismo momento en que se presentaba la propuesta, lo que permitió que, en el lapso de apenas una hora, se desmantelara un proyecto que llevaba una década de trabajo y construcción colectiva.

Advirtió también que parte de esa estrategia incluyó una modificación en los tiempos: la sesión del Concejo comenzó más tarde de lo habitual, justo después de que concluyera el programa de Radio Ciudadana que habitualmente transmitía en vivo lo que ocurría en el recinto. Según interpretó Gastaldi, se trató de una maniobra deliberada para impedir que la emisora pudiera cubrir la sesión en la que se debatiría —y aprobaría— su cierre.

Una emisora que cubría lo público
Gastaldi (foto) recordó que Radio Ciudadana contaba con un programa especial que se emitía una vez por semana y que estaba dedicado exclusivamente a informar sobre las actividades del Concejo Deliberante. En ese contexto, destacó especialmente el papel de la asamblea de oyentes, a la que definió como una instancia clave de participación ciudadana. Según señaló, este espacio representó una verdadera bocanada de aire fresco para muchas personas, al ofrecerles la posibilidad de involucrarse activamente en la vida pública a través de un medio propio.
La resistencia al modelo público
El periodista señaló que, a pesar de ser la segunda ciudad más importante de Entre Ríos, después de Paraná, Concordia no contaba con una radio pública. Mientras otras ciudades de la provincia, como Paraná, Concepción del Uruguay o Gualeguaychú, sí disponían de emisoras públicas, Concordia había estado históricamente privada de ese derecho. Según su análisis, esto se debía en gran medida a la resistencia del establishment local, que se oponía a la existencia de un medio de comunicación gestionado desde lo público.

En su repaso, Gastaldi advirtió que en la ciudad existía una sola emisora AM dominante, LT15 AM560, que ejercía un fuerte control sobre los contenidos y los temas que se podían tratar. Como ejemplo, recordó un episodio ocurrido durante el período democrático, en 1988, cuando Aldo Rico encabezó una sublevación militar en Monte Caseros, Corrientes. En esa oportunidad, la emisora optó por difundir los partes del militar carapintada y negó el micrófono a los partidos democráticos, cerrando sus puertas a los representantes de la Multipartidaria, quienes buscaban defender el orden institucional. Para Gastaldi, ese hecho era revelador del sesgo editorial y político que predominaba en los medios tradicionales de la ciudad.

Una dirección con autonomía y participación ciudadana
Según Gastaldi, la creación de una radio pública en Concordia vino a quebrar un esquema comunicacional hegemónico, lo que —a su entender— explica por qué fue tan resistida por ciertos sectores locales. Aclaró que en la actualidad ya no formaba parte del proyecto, aunque recordó que fue él quien redactó la ordenanza fundacional. En ese texto propuso que la dirección de la emisora tuviera un mandato de seis años: los cuatro correspondientes al gobierno que nombraba al director y dos del siguiente, como forma de preservar cierta autonomía institucional y evitar interferencias directas.

Fiel a esa propuesta, renunció al cargo una vez cumplido ese plazo, permitiendo que la siguiente gestión municipal designara a su reemplazante. Sin embargo, esa nueva conducción duró solo dos años. Según relató, lo que siguió fue la llegada de lo que calificó como una “hecatombe”, encabezada por la nueva administración municipal. Describió esa gestión como inoperante y destructiva, no solo en relación con la radio, sino con la ciudad en su conjunto. En sus palabras, se trataba de un gobierno de "puro humo", al que comparó con la administración nacional liderada por Javier Milei.

Dirigió también críticas al actual intendente, Francisco Azcué, a quien señaló como una figura que se autodefine como radical, aunque —según afirmó— no goza de buena reputación entre muchos dirigentes del propio radicalismo. Recordó que Azcué intentó presidir el partido a nivel provincial, pero no logró avanzar debido a impedimentos establecidos en la carta orgánica, siendo finalmente la justicia la que cerró esa posibilidad. A juicio de Gastaldi, el intendente actuó como una "topadora" que arrasó con todo lo que funcionaba bien, empeorando incluso aquello que ya estaba mal.

Gastaldi calificó el cierre de Radio Ciudadana como un “zarpazo horrible” y subrayó que el impacto había sido tan fuerte que, al buscar “Cierre de Radio Ciudadana” en Google, aparecían decenas de notas de medios no solo de Entre Ríos, sino de distintos puntos del país. Señaló que el golpe fue muy duro, incluso para personas de distintas corrientes ideológicas, que más allá de sus diferencias coincidían en la defensa de la emisora. Según explicó, radicales, peronistas, socialistas, comunistas y otros sectores se habían unido en ese momento, convencidos de que la radio había representado una verdadera novedad para la ciudad.

Volvió a referirse al modelo de gestión participativa de la emisora, recordando que cuando él presidía el Consejo de Administración, este estaba compuesto por seis o siete personas. La mayoría eran designadas por el Ejecutivo y el Concejo Deliberante, pero también —gracias a la ordenanza— existía una asamblea de oyentes, encargada de elegir a uno de los integrantes del directorio.

Esa asamblea, explicó, era un espacio de debate en el que se discutía lo que se hacía bien y mal en la radio. Consideró que se trataba de una verdadera innovación en términos de participación ciudadana. Sin embargo, concluyó con una nota amarga: como muchas cosas en la vida, esa experiencia pasó, y lo que vino después —según su mirada— fue mucho peor.

Un cierre sin argumentos sólidos
Consultado por los motivos esgrimidos para cerrar Radio Ciudadana, Claudio Gastaldi consideró que la excusa utilizada no solo era débil, sino directamente insostenible. Según explicó, el argumento de que la radio representaba una carga económica para las finanzas municipales carecía totalmente de fundamento. Recordó que cuando él se retiró de la dirección, en diciembre de 2021, el presupuesto que el municipio destinaba al funcionamiento de la emisora era de apenas 220 mil pesos mensuales, lo que representaba poco más de dos millones de pesos al año.

Además, señaló que esa suma era complementada con ingresos provenientes de la publicidad comercial, lo cual contribuía a sostener el funcionamiento general del medio. Para dimensionar lo absurdo del planteo, comparó ese monto con el presupuesto total de la ciudad de Concordia, que supera los 100 mil millones de pesos y está destinado a atender a una población de alrededor de 200 mil habitantes. Desde su perspectiva, era completamente inverosímil que una suma tan pequeña pudiera representar un obstáculo financiero real para la gestión municipal.

De hecho, mencionó que el ex intendente Gustavo Bordet se había pronunciado públicamente en redes sociales sobre el tema, dejando en claro que el supuesto ahorro no podía ser utilizado como justificación válida para un retroceso institucional de tal magnitud.

La comparación con el desmantelamiento de medios nacionales
Gastaldi reconoció que quizá estaba hablando con intensidad, pero justificó su tono por la carga emocional que le producía la situación. El entrevistador coincidió con él y expresó que, al escuchar su relato, no podía evitar pensar en lo que estaba ocurriendo a nivel nacional, con el cierre de TelAm y el desmantelamiento de los medios públicos. Agregó que le resultaba doloroso ver cómo hechos de esa magnitud pasaban desapercibidos para buena parte de la sociedad.

De la creación a la destrucción
Ante esa reflexión, Gastaldi compartió lo que había sentido personalmente: relató que había sido uno de los impulsores del proyecto de Radio Ciudadana desde sus orígenes, y que junto a un grupo de personas habían comprado el equipamiento técnico de la emisora. Detalló que se trataba de equipos de altísima calidad, poco comunes incluso en otras radios del país, e incluían no solo el transmisor principal sino también un sistema de respaldo, preparado para mantener la señal en caso de fallos técnicos.

Recordó también que, cuando asumió la dirección, la radio funcionaba en un local alquilado, con muchas limitaciones edilicias. Sin embargo, aproximadamente un año después, lograron trasladarla a un edificio propio: una propiedad del municipio que fue reacondicionada específicamente para albergar a la emisora. Gracias a esa mudanza, se dejó de pagar alquiler y se consolidó una sede definitiva para la radio pública de la ciudad. Todo ese proceso de construcción, según lamentó, fue desmantelado de un día para el otro.

En otro tramo del diálogo, el entrevistado valoró profundamente el trabajo de otras radios comunitarias, como la emisora en la que se estaba desarrollando la conversación. Celebró la existencia de medios que no respondieran a los intereses de los grandes grupos económicos y que, por el contrario, construyeran su línea editorial desde el compromiso con la realidad: con aquello que sucede, que duele, que no puede ni debe silenciarse, sin importar a quién moleste.

Contó que él mismo fue nombrado por Bordet como director de Radio Ciudadana, y que desde el comienzo tuvo total libertad para organizar el medio. En ese rol, también condujo el programa central de la emisora durante los primeros cuatro años, donde abordaba temas locales y se realizaban críticas abiertas tanto al gobierno provincial, encabezado por Bordet, como al municipal, a cargo de Enrique Tomás Cresto. Subrayó que, a pesar del tono crítico de muchos de los periodistas, nunca hubo intentos de censura ni represalias, algo que —destacó— consideraba natural en el marco de una democracia.

Contrastó esa experiencia con la situación actual, donde —según denunció— los periodistas son señalados como enemigos o tratados como si fueran perseguidores, mientras que quienes desmantelan lo público son presentados como "los buenos". Mencionó directamente al actual intendente, Francisco Azcué, y recordó que durante la campaña electoral y en los primeros meses de su gestión, la emisora había sido uno de los medios que más había visitado. Ese hecho, a su entender, hacía aún más evidente la contradicción con su posterior decisión de cerrarla.

Ataques a medios críticos y censura encubierta
Gastaldi afirmó que no se trataba de que estuviera prohibido hablar mal del actual intendente o que hubiera censura directa, pero advirtió que el contexto general resultaba alarmante. Contó que en la actualidad se estaba desarrollando una persecución contra Diario Junio, el medio que él dirige. Como ejemplo, mencionó el caso de un compañero, que no realiza tareas periodísticas sino que se encarga de la administración digital del diario y que también es trabajador municipal. Este fue suspendido por 45 días sin goce de sueldo por el municipio. Según explicó, el joven, de poco más de treinta años, tuvo una discusión con otros compañeros y una de las personas involucradas lo denunció. El hecho fue suficiente para que se aplicara la sanción sin siquiera darle la oportunidad de presentar su versión de los hechos.

Agregó que otro integrante del equipo, quien también conducía un programa en la radio luego de su alejamiento de la emisora, fue directamente despedido. En su opinión, estos casos reflejan una situación de hostigamiento generalizado hacia el periodismo crítico. Vinculó esta actitud con las declaraciones del presidente Javier Milei, quien había dicho públicamente que "no odiamos lo suficiente a los periodistas". Según Gastaldi, esas palabras no se referían a figuras mediáticas o a periodistas "ensobrados", sino precisamente a aquellos que intentan seguir haciendo periodismo real en un país cada vez más hostil con la verdadera prensa independiente.

En ese contexto, expresó su preocupación por la dirección que estaban tomando los acontecimientos en Concordia, y aunque no tenía claro cómo era la situación en Rosario, intuyó que también allí debía haber tensiones similares. Insistió en que, bajo la actual gestión municipal, el panorama no era nada alentador.

Sospechas de intereses privados detrás del cierre
Cuando se le preguntó si esta situación tenía vuelta atrás, respondió con escepticismo. A su entender, ya había intereses económicos detrás del cierre de la emisora. Creía que había negocios en marcha y que el objetivo final era entregar el espacio a un privado, probablemente a precio vil. Comparó lo que estaba sucediendo con experiencias anteriores de vaciamiento del patrimonio estatal, como la privatización de Aerolíneas Argentinas, YPF y otras empresas públicas durante los años noventa. 

En esete punto, se le mencionó que, según la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la frecuencia utilizada por la radio pública era intransferible y debía ser devuelta si no era utilizada por el municipio. Sin embargo, sospechaba que se intentaría sortear esa norma, ya que —en sus palabras— la ley, para ciertos sectores, no tenía ningún valor.

Además, lamentó la falta de consecuencias judiciales ante situaciones graves, como el caso de las criptomonedas en el que estaría involucrado un funcionario, quien, según dijo, debería estar preso pero no enfrentaba consecuencias. Sostuvo que en Argentina había cuestiones profundas que debían ponerse en debate con urgencia.

La banalización del rol de los medios públicos
En ese contexto, se mencionó que una concejala libertaria de Concordia celebró públicamente el cierre de la radio, sosteniendo que los medios públicos eran simplemente "aparatos de propaganda". Gastaldi señaló que ese mismo argumento era repetido por el Gobierno Nacional, que paradójicamente utiliza esos medios para difundir sus propios discursos, en los que solo aparecen funcionarios oficialistas que se felicitan mutuamente. Opinó que lo que alguna vez fue la televisión pública y lo que es hoy representaba una vergüenza. En ese marco, se expresó solidaridad con los trabajadores de esos medios, con la convicción de que muchos de ellos no comparten el rumbo que se les impone.

En el tramo final de la charla, Gastaldi agradeció especialmente por visibilizar lo que ocurría en Concordia. Reconoció que, aunque geográficamente estaban lejos, el cierre de una radio pública no era un hecho lejano, mucho menos para quienes ejercen el periodismo. Valoró el rol de los medios comunitarios como espacios clave para la construcción democrática.

Al cerrar la entrevista, se expresó que el cierre de Radio Ciudadana no solo implicaba silenciar una emisora, sino romper un pacto democrático construido colectivamente. Señaló que los medios públicos deben existir precisamente para dar lugar a aquellas voces que no aparecen en los grandes medios comerciales, y que eliminarlos significaba apagar espacios fundamentales para sostener el debate y la información en un país que atraviesa —según dijo— uno de sus momentos más oscuros desde la última dictadura.

Escuchá la entrevista completa:

Ver también: Un director de 'Radio Ciudadana' será nombrado por la asamblea de oyentes, Radio Pública: El Concejo Deliberante de Concordia avaló por unanimidad la designación de Claudio Gastaldi como director, La radio pública de Concordia ya tiene casa propia, Radio Ciudadana cumplió tres años al aire: 'Hoy no somos una radio más; somos una radio importante', Repudio al proyecto de control político en radio pública: amenaza a la pluralidad de voces y libertad de expresiónSilenciar la pluralidad: el cierre de la radio pública de Concordia como síntoma de odio e ineptitud

jueves, 24 de julio de 2025

Silenciar la pluralidad: el cierre de la radio pública de Concordia como síntoma de odio e ineptitud

El cierre de Radio Ciudadana FM 89.7, la radio pública de Concordia, no fue una decisión administrativa ni un simple recorte presupuestario. Fue un acto político con olor a revancha, ejecutado con precisión quirúrgica y disfrazado de “optimización del gasto”. Una decisión cargada de ideología y resentimiento que terminó con un proyecto que representaba mucho más que un espacio en el dial: era un lugar de pluralidad, participación y periodismo incómodo para el poder.

La decisión fue aprobada este jueves por el Concejo Deliberante, tras el envío de un proyecto por parte del Ejecutivo municipal que estableció la derogación de la ordenanza que creaba la Comisión Administradora de la Radio Pública (CARP). Con eso, la emisora, fundada en 2015, quedó formalmente disuelta. Sus bienes pasarán a manos de la Municipalidad, y el futuro del personal, según lo aprobado, quedará en manos del intendente, que podrá reasignarlos, reubicarlos o directamente prescindir de sus servicios.

El pretexto: el presupuesto
Según el oficialismo, la decisión responde a una evaluación de "costo-beneficio". El concejal Felipe Sastre (JxER) explicó que, en una ciudad con alta pobreza, el presupuesto de $150 millones anuales que insumía la Radio era "un privilegio" que no podía sostenerse. Sin embargo, ese gasto representaba apenas el 0,16 % del presupuesto total del municipio para 2025, de $89.500 millones. Es decir, una incidencia marginal.

La concejal libertaria Yaiza Pessolani Beichet (La Libertad Avanza) celebró el cierre y lo comparó con la clausura de TelAm dispuesta por el presidente Javier Milei, repitiendo la idea de que los medios públicos son "aparatos de propaganda" que deben eliminarse. "Es un despropósito financiar esto con los impuestos de todos", dijo, sin mencionar que la emisora funcionaba sin escándalos, con personal precarizado que sostenía la programación con vocación, muchas veces cobrando sueldos equivalentes a jubilaciones mínimas.
FM 89.7 no era solo un medio de comunicación. Era un espacio de encuentro cultural, de información, de construcción ciudadana. Una tribuna abierta a las organizaciones sociales, al periodismo independiente, a las expresiones barriales, juveniles, de mujeres y trabajadores. Cerrar esta radio es quitarle la voz al pueblo. Es romper un pacto democrático. Es apagar un faro en medio de un país que atraviesa momentos cada vez más oscuros.
Lo que realmente dolía: las voces
Pero la oposición y gran parte de la comunidad cultural y periodística no compraron el argumento económico. Carolina Amiano (PJ) fue tajante: "Esto no es ahorro, es censura. Lo que molesta al intendente Azcué es que existan voces institucionales que no puede controlar".

Y no es solo retórica. Radio Ciudadana se había consolidado como uno de los medios más escuchados de Concordia en solo dos años desde su fundación. Con programación social, cultural, comunitaria y periodística, con debates, entrevistas incómodas, poesía, política y micrófonos abiertos a la gente del barrio, cumplía una función que ningún otro medio local ofrecía. Y, sobre todo, sin el filtro de la pauta oficial ni los intereses privados que dominan el resto del dial.

El exdirector y fundador de la radio, Claudio Gastaldi, también director de DiarioJunio, denunció que el cierre fue el final de una persecución silenciosa pero constante. Contó que incluso en reuniones privadas, funcionarios del gobierno como el secretario de Gobierno, Luciano Dell Ollio, cuestionaban la posibilidad de un concurso abierto para elegir autoridades, temiendo que él ganara. "El pecado original fue existir, y hacerlo bien!, resumió Gastaldi.
 
Silenciar para gobernar
El cierre no fue comunicado con claridad al personal. Se ejecutó de manera informal, casi con desprecio, como si fuera un trámite menor. Pero fue mucho más que eso. Fue la clausura de un espacio de ciudadanía, de memoria colectiva y de pensamiento crítico. Un lugar donde no se pedía permiso para hablar, donde se ejercía la palabra como derecho, no como privilegio.

Como sintetizó un concejal opositor en la sesión: "A Radio Ciudadana no la cerraron: la ejecutaron. Le metieron una bala en la nuca entre ordenanza y ordenanza".

Lo que deja la gestión del intendente Francisco Azcué es un mensaje claro: en su modelo de ciudad, la cultura es gasto, no inversión; la pluralidad es un estorbo; y la libertad de prensa, un lujo prescindible.

La ciudad, como tantas veces, se enteró tarde. Ya sin su radio pública, sin su espacio plural, sin ese eco incómodo pero necesario que hacía ruido donde había silencio oficial.

El silencio, esta vez, no fue casual. Fue una estrategia política, un síntoma del odio, y una muestra de inoperancia de gestión que no supo –o no quiso– sostener lo que funcionaba. Porque funcionaba.
Carta de despedida de Radio Ciudadana
Me llamo Radio Ciudadana. Nací allá por diciembre de 2015, y este año iba a cumplir mis 10 añitos. Dentro de mí vivieron miles de historias, personajes y personas que guardaré por siempre en mi memoria sonora. Fui más que una frecuencia; fui una casa abierta, una voz compartida, un latido colectivo.
Cada uno de mis miembros son parte de mí. Fueron ellos, los trabajadores, quienes me dieron vida cada día, y hoy quiero detenerme para nombrarlos, para que el olvido no los alcance y sus huellas no se borren.

José, nuestro ordenanza, el primero en llegar cada mañana, el que abría mis puertas y dejaba todo en orden para empezar. Con su "que hace"? "¿cómo anda?" que resonaba en mis pasillos, fue siempre una presencia amable. Te voy a extrañar, amigo. Cuídate mucho.

Lucre y Laura, las chicas de Tarea Fina, llevaron adelante una lucha necesaria, honesta, valiente. Su periodismo comprometido con la verdad, aun cuando dolía, fue y será un tesoro de esta radio.

Daniel, Federico y Marcelo, gracias por reflejar la realidad de nuestra ciudad, por cubrir los casos policiales con respeto y humanidad, y por aquellos sorteos que regalaron sonrisas en las mañanas. Que "Una Mañana por Delante" quede grabada como un hermoso recuerdo en el aire.

Marianito Almeida, a través tuyo me despido del deporte concordiense. Gracias por cada transmisión, por esa pasión incansable que contagiaste a tu equipo y a cada oyente. Gracias por hacer que el deporte tuviera siempre su lugar en mi casa.

Mauro, Nahuel, Agustín, Ruth y Claudia… ustedes son mi corazón. Gracias por prestar sus manos e ingenio para que tantas voces se escuchen, porque del otro lado del vidrio ustedes daban vida. Sin ustedes, nada hubiera sido posible. Gracias infinitas.

Leticia, la que hizo posible lo imposible, enfrentando la burocracia para que todo saliera bien. Gracias por tu esfuerzo, por mantener mi casa en orden y transparente.

Claudia, o Claudita, como todos te decían. Llegaste a mí con el alma atravesada por la vida, y aun así me entregaste tus días, tus tardes, tus noches, tus madrugadas. Me amaste, y créeme que lo sentí. Me cuidaste como se cuida a quien se quiere de verdad. Hoy me duele despedirte, pero te abrazo en esta despedida.

No me quiero olvidar de quienes alguna vez fueron los que me dirigieron. Claudio Gastaldi, Gustavo Guaglianone y Guillermo Pérez: gracias por su compromiso, predisposición y responsabilidad. Gracias por hacerme crecer, por cuidar mi rumbo, por creer en este proyecto que hoy, por decisión de unos pocos, fue borrado de un plumazo.

Diego Lopes, Dieguito, crack, como todos te decimos… gracias por tu magia. Porque con ella me vestías, me dabas color, ritmo, identidad. A través de tus separadores, jingles, avances, y ni hablar de los podcasts, me hiciste brillar. Sos arte puro, y siempre serás parte de mi esencia.

Agustín Álvarez, tampoco me olvido de vos. Valiente como pocos, el que trepaba mi antena sin miedo para asegurarse de que todo funcionara. El Tero, el gran técnico. Gracias por tu entrega silenciosa, por estar siempre donde hacía falta, aun sin pedir nada a cambio.

Y a ustedes, mis queridos oyentes, gracias de corazón. Porque sin ustedes, nada de esto hubiera tenido sentido. Gracias por estar del otro lado, por acompañar, por creer, por hacer de esta radio su casa también.

No quiero olvidarme de nadie. Si lo hice, pido perdón. En cada programa, en cada voz, viajé por el arte, la cultura, la educación y la música. Viví aventuras increíbles. Extrañaré las transmisiones del carnaval, las expos, las coberturas, los encuentros, los abrazos compartidos a través del aire.

Hoy me toca callar los micrófonos y apagar las luces. Mi corazón deja de latir por el puñal de quienes no supieron cuidarme, de quienes no comprendieron mi valor y me dejaron caer.

Pero me voy en paz, porque sé que Dios, el todopoderoso, conoce los corazones de cada uno. Él sabe quién luchó, quién aguantó, quién soñó conmigo.

Me despido con amor, con gratitud, y con la esperanza de que, alguna vez, mi voz pueda volver a encenderse.

Hasta siempre.
Radio Ciudadana, la Radio Pública de Concordia.
Gremio de prensa repudian el cierre de Radio Ciudadana en Concordia
Desde la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren), junto al Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación (SETPyC), expresamos nuestro enérgico repudio al cierre de Radio Ciudadana, emisora perteneciente a la Municipalidad de Concordia, y manifestamos nuestra solidaridad con todas y todos sus trabajadores.

En un contexto de profunda crisis social y económica, el cierre de un medio de comunicación público no solo representa la pérdida de fuentes laborales, sino también la vulneración del derecho a la información de la ciudadanía. Apagar una voz institucional es restringir el acceso a contenidos informativos confiables, especialmente en un momento en que más se necesitan.

Lamentamos profundamente que se haya silenciado una emisora que, con compromiso y esfuerzo, había logrado consolidarse como un espacio relevante para la comunidad concordiense.

Exigimos que se revierta esta medida y se garantice el pleno funcionamiento de los medios públicos y los derechos laborales de quienes los integran.

Periodistas feministas: Un grave retroceso
Periodistas feministas de Entre Ríos también se pronunciaron respecto al cierre de la emisora
Las Periodistas Feministas de Entre Ríos expresamos nuestro profundo rechazo ante el cierre de la emisora municipal Radio Ciudadana de Concordia, decisión aprobada recientemente a partir del proyecto impulsado por el concejal Felipe Sastre.

Sostenemos que esta medida vulnera el derecho a la comunicación, un pilar esencial en toda sociedad democrática, y representa un gravísimo retroceso en términos de acceso a la información, pluralidad de voces y construcción colectiva de ciudadanía.

El cierre no solo silencia un espacio de comunicación pública, sino que además elimina fuentes de trabajo y reduce aún más el ya limitado universo de medios con perspectiva comunitaria y de derechos.

Cabe señalar que durante el funcionamiento de la emisora, sus trabajadoras y trabajadores ya se encontraban en condiciones laborales precarias. Esta situación se agrava al confirmarse que solo tres personas conservarán sus puestos.

Entendemos que las políticas públicas deben orientarse a fortalecer los medios comprometidos con la diversidad, la participación social y la información de calidad. Cerrar una radio no es un simple acto administrativo: es una decisión política que restringe el diálogo social y debilita la democracia.

En un contexto donde el derecho a la información y el ejercicio del periodismo están siendo fuertemente amenazados, reafirmamos nuestro compromiso con el derecho a comunicar y con la defensa activa de todos los espacios que lo hacen posible.

Nos solidarizamos con las y los trabajadores de Radio Ciudadana, rechazamos enérgicamente esta medida y exigimos a las autoridades municipales que reviertan esta decisión.
Comunicado del Municipio:
El Ejecutivo disolvió la Comisión de Administración de la Radio Pública
En la sesión de este jueves, el Concejo Deliberante aprobó un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo mediante el cual se estableció la derogación de la ordenanza que creaba la Comisión de Administración de la Radio Pública de Concordia (CARP).

La decisión se enmarca en el proceso de reforma del Estado y de reducción del gasto público que lleva adelante la gestión encabezada por el intendente Francisco Azcué. Este proceso abarca tanto a la administración central como a los entes descentralizados del municipio.

A partir de esta medida, se dispone el traspaso a la Municipalidad de Concordia de la totalidad de los activos que pertenecían a la ahora disuelta CARP. El Departamento Ejecutivo queda facultado para disponer de dichos activos mediante los mecanismos o procedimientos que considere necesarios.

En relación al personal, se establece que será reubicado, reasignado o dado de baja, conforme a las necesidades existentes en las distintas áreas municipales.
Cierre de la radio pública: Cuando se acallan las voces, el silencio habla
A instancias del Poder Ejecutivo, el Honorable Concejo Deliberante ha resuelto el cierre definitivo de la radio pública "Ciudadana 89.7".

La primera reacción de gran parte de la comunidad concordiense ante esta medida ha sido de profunda indignación frente a una decisión compulsiva, irracional e injusta. Los argumentos esgrimidos por las autoridades carecen de sustento serio y creíble. El cierre de esta emisora estatal representa una medida desacertada e improcedente.

Más allá de su variada programación periodística, cultural, deportiva y social, Ciudadana 89.7 fue siempre un espacio abierto al pensamiento plural y a la libre expresión. Un micrófono dispuesto para la crítica responsable, el respeto por las ideas diversas y la manifestación libre de la ciudadanía, sin censura.

Esta decisión constituye una muestra contundente de inoperancia institucional y un ataque directo a la libertad de prensa y opinión. Es una acción política reprochable, cuyas consecuencias se harán sentir a futuro.

Poco puede esperarse de un presidente que desprecia el periodismo y a quienes lo ejercen, y que recurre sistemáticamente a un lenguaje ofensivo y denigrante hacia toda voz disidente con su visión mesiánica. Gobernadores e intendentes replican, sin cuestionamientos, esa lógica autoritaria, cumpliendo órdenes con obediencia ciega.

No es una novedad. Por segundo año consecutivo, Argentina ha experimentado una alarmante caída en el índice global de libertad de prensa, según Reporteros sin Fronteras (RSF), lo que señala un preocupante retroceso en las garantías del derecho a la información.

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Concordia, expresamos nuestra total solidaridad con los trabajadores de Ciudadana 89.7, así como con periodistas, locutores, productores y colaboradores que con esfuerzo y compromiso hicieron de esa emisora un faro de pluralidad, identidad y expresión regional.

Reafirmamos nuestra defensa irrestricta de la libertad de prensa y de expresión.

"El periodismo, en todas sus formas, es una barrera infranqueable contra la gran mentira", expresó el escritor y periodista Jorge Fernández Díaz al ser distinguido por la Academia Argentina de Periodismo.

Hoy, las voces que se acallaron no se pierden en el éter. Habitan el silencio. Un silencio que también habla, que resiste con dignidad, con firmeza y con la convicción de que no hay poder que pueda imponerse para siempre sobre la verdad y la libertad.
Consejo Ejecutivo
Confederación General del Trabajo
C.G.T. Regional Concordia

Fuentes: Diario Junio y Señales

lunes, 16 de junio de 2025

El Gobierno prepara despidos en Radio y Televisión Argentina: internas, polémicas y conflicto sindical

El Gobierno impulsa un recorte drástico en Radio y Televisión Argentina con más de 900 despidos previstos, en medio de una fuerte interna entre Manuel Adorni y el interventor Eduardo González. La Casa Rosada cuestiona la falta de avances en el ajuste, la calidad de la programación, los acuerdos con productoras privadas y la débil sintonía con la agenda cultural oficialista, mientras crecen los conflictos gremiales por salarios congelados y dónde se denuncia censura y control editorial
Por: Antonio D’Eramo
En varios despachos cercanos al presidente Javier Milei crece el malestar por la lentitud con la que avanza el recorte en Canal 7 y Radio Nacional. La motosierra aún no impacta con la intensidad esperada, y el foco comienza a centrarse en la gestión de Eduardo González, presidente de Radio y Televisión Argentina (RTA), ingeniero aeronáutico con pasado en el Grupo América y exdirector de Azul TV en 2001.

Los contenidos actuales de la TV Pública son considerados de baja calidad, en su mayoría tercerizados, y con acuerdos de publicidad poco transparentes entre el canal y productoras privadas. Entre los ejemplos mencionados están los programas de panelistas que replican formatos radiales sin innovación ni atractivo masivo.

Desde la Casa Rosada, sectores ligados a la Secretaría de Comunicación que encabeza Manuel Adorni y al Ministerio de Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, exigen mayor decisión para reducir al mínimo los medios públicos, incluso a costa de indemnizaciones elevadas. A pesar de los retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas ofrecidas en 2024, consideran que el "desguace" aún no avanza al ritmo deseado.

Está previsto que RTA lance una nueva ronda de retiros voluntarios antes de fin de año, con el objetivo de avanzar luego en desvinculaciones directas, pese a la resistencia de los cuatro gremios con representación en la TV Pública y Radio Nacional.

La programación también está en la mira. Los funcionarios libertarios consideran que el canal no cumple con su rol en la batalla cultural. Se apuntaba a firmar acuerdos con producciones afines, como el caso de "Tuttle Twins", una serie animada de origen estadounidense, auspiciada por la fundación Libertas, que impulsa ideas libertarias y conservadoras, con una crítica explícita al legado de Karl Marx.

El proyecto quedó frenado por decisión del propio González tras la polémica que desató su posible emisión. La fundación Libertas está asociada a la película "Sound of Freedom", basada en la historia de Timothy Ballard, un ex agente estadounidense vinculado a denuncias de abuso sexual por parte de excolaboradoras. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habría recomendado evitar cualquier vínculo oficial con Ballard, incluso impidiendo una entrevista con el presidente Milei.

La serie animada está producida por Ángel Studios, una empresa con fuerte orientación religiosa y conservadora, conocida por títulos como The Chosen ("Los elegidos"), sobre la vida de Jesús.

La interna se amplifica por la falta de producción propia. Los pasillos del canal, tradicionalmente bulliciosos, hoy lucen vacíos. El único objetivo que parece regir la gestión actual es que la TV Pública no genere pérdidas. Para ello, se recurre a la tercerización y a acuerdos de coproducción con empresas privadas, como se hizo en gobiernos anteriores, pero que en el pasado motivaron denuncias por desvío de fondos.

El modelo vigente implica que el canal asume los costos técnicos y de infraestructura, mientras las productoras pagan los sueldos de las figuras y comercializan publicidad. Las ganancias, si las hay, se reparten en partes iguales. Este esquema también se extiende a contenidos para redes y streaming, para los cuales se reutilizó el histórico Estudio 8, transformado en un "streamroom".

No obstante, esta reconversión tampoco estuvo libre de polémica. Durante el estreno del programa "La pasión", se acusó al canal de pagar USD 15.000 a la actriz China Suárez por participar en una entrevista sobre su vida personal. La cifra fue difundida por el periodista Nacho Rodríguez y desmentida por el canal, aunque el periodista ratificó su información.

En paralelo, los trabajadores denuncian salarios por debajo de la línea de pobreza, con sueldos congelados incluso por debajo del índice inflacionario, sumado a restricciones en la línea editorial: según empleados, se habría prohibido el uso del término "represión" al cubrir las protestas en el Congreso.

El Gobierno pretende achicar la planta de RTA en medio de una interna entre Adorni y el interventor
Por: Giselle Leclercq 
El Gobierno nacional avanza con el objetivo de reducir drásticamente la estructura de Radio y Televisión Argentina (RTA). En las próximas semanas se pondría en marcha un nuevo plan de retiros voluntarios que precederá a un conjunto de desvinculaciones, con la meta de achicar la planta en un 45%.

La medida, que se enmarca en la política general de reducción del Estado, fue confirmada a Perfil por tres funcionarios. Aunque no se oficializó aún, las cifras ya circulan internamente:
  • TV Pública: 153 de 849 empleados serían desvinculados (18%).
  • Radio Nacional: 584 de 1.169 quedarían afuera (50%).
  • Ex empleados de TelAm: 228 en total, todos serían desvinculados.
  • Contenidos Públicos S.E.: de 127, quedarían solo 10 (92% de reducción).
  • APESAU (Agencia de Publicidad del Estado): de 167 empleados, se prevé la salida de 62 (37%).
El detonante del plan fue el informe económico interno que mostró que, al no haber producción de contenidos, los salarios se convirtieron en el único gran gasto de RTA. Federico Sturzenegger, titular del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, habría sido uno de los impulsores directos de la medida.

Sin embargo, fuentes cercanas a Manuel Adorni aseguran que no fue idea exclusiva de Sturzenegger, sino parte de la hoja de ruta ya anunciada por el presidente Milei. A pesar de ello, Adorni mantiene diferencias con el interventor Eduardo González, a quien critican por su forma de negociar con los gremios y su escasa sintonía con la batalla cultural que promueve el oficialismo.

La tensión también creció tras un acuerdo salarial que el interventor habría cerrado sin consultar a la Secretaría de Trabajo. El incremento fue de apenas 1%, lo que generó una nueva ola de protestas internas.

Desde SiPreBA, el sindicato que representa a los trabajadores de prensa, su secretario general advirtió: "En los medios públicos ya hubo reducción con los llamados retiros en 2024. No solo no sobra nadie, sino que falta gente para tareas estratégicas. Tenemos sueldos congelados desde agosto. Queremos salarios justos, como los que se negocian en el sector privado. Si no hay respuesta, iniciaremos acciones legales".

El conflicto sindical, los sueldos congelados y la ausencia de producción sostienen el malestar dentro de los medios públicos. Y mientras en el oficialismo crece la presión por desguazar definitivamente RTA, la gestión de González queda cada vez más cuestionada.
Fuentes: Agencia Noticias Argentinas y Diario Perfil

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