Editorial Perfil puso en conocimiento de doce entidades defensoras de la libertad de expresión, como AdEPA y la Sociedad Interamericana de Prensa, el caso argentino de ataque a los medios y periodistas críticos a través de la distribución política de la publicidad oficial. El método de apriete que hizo célebre el kirchnerismo
Editorial Perfil puso en conocimiento de doce entidades, nacionales e internacionales, la discriminación que viene sufriendo desde el Gobierno a través del manejo arbitrario de la publicidad oficial, entre otros ataques. Se trata de organizaciones vinculadas con la defensa de la libertad de expresión y el seguimiento de la violencia institucional de los poderes del Estado. Son la Asociación de Entidades Periodísticas (AdEPA), el Foro de Periodismo (FoPeA), Amnesty International, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Reporteros sin Frontera, Committee to Pretect Journalists (CPJ), Human Rights Watch, Poder Ciudadano, la Asociación de Editores de Revistas (AAER), el Colegio Público de Abogados, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación Led.
En las notas a estas entidades se explica que, contrariamente a lo que Javier Milei sostuvo desde que asumió, en la práctica sigue utilizando el viejo recurso de presionar a los medios independientes a través de distribuir miles de millones de pesos en publicidad a los medios y periodistas cercanos y cero a los más críticos. Entre estos se encuentran los medios de Editorial Perfil.
“Lo hace a través de las empresas del sector público como YPF, Aerolíneas Argentinas y Banco Nación –expresa el escrito–. Que es el mismo modus operandi utilizado durante el kirchnerismo, que en 2011 ya recibió condena de la Justicia por discriminación en la causa que lleva el nombre de esta editorial. Usan a la publicidad oficial como arma para silenciar o condicionar a los medios y periodistas más críticos”.
Los cuatro juicios de Fontevecchia y Perfil contra Milei
A esta forma de discriminación que los argentinos pensábamos haber superado, se le suma la falta de pago de deudas anteriores. El Gobierno ya afrontó el pago del 85% de esas deudas. El 15% restante corresponde a los medios más críticos, como los de esta editorial, que siguen sin cobrar. Además, en el caso de Perfil, se suman los permanentes insultos y ataques del Presidente y su aparato comunicacional a los periodistas y medios de esta editorial y a su fundador, Jorge Fontevecchia.
En las cartas a las doce entidades firmadas por Gustavo González, presidente de Perfil, se dice que la editorial y el propio Fontevecchia ya iniciaron reclamos administrativos y judiciales. Sin embargo, como también ocurrió en el pasado, Perfil siente la obligación de denunciar esta situación tanto en el país como en el extranjero, por aquellos periodistas y medios más pequeños que sufren la misma persecución y que, por temor a las represalias, temen darla a conocer.
Porque los ataques del poder de turno hacia el periodismo no solo implican casos de censura explícita (presiones para que no se publique algo o para no darle voz a determinadas opiniones), sino que generan la autocensura de medios y periodistas por temor a las represalias del Gobierno.
Quebrar
Cabe recordar que la causa que marcó jurisprudencia en la Argentina sobre la discriminación de los gobiernos con la publicidad oficial y reveló el mecanismo del apriete estatal, lleva el nombre de editorial Perfil y se había iniciado en 2006 ante un pedido de la Sociedad Interamericana de Prensa. La SIP también entendía que una editorial como Perfil debía afrontar ese desafío, más allá de que eso significara que el kirchnerismo, por entonces en el poder, redoblara sus ataques y la discriminación durante los años siguientes.
El juicio por discriminación finalmente se ganó en 2011; y el de daños y perjuicios, en 2024.
En la asamblea que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizó en Córdoba, se presentó un documento titulado "Estándares para el relacionamiento de gobernantes con periodistas y medios de comunicación". El siguiente texto es la introducción al informe:
Las relaciones entre quienes gobiernan y el periodismo nunca han estado exentas de tensiones. Es natural que así ocurra, ya que es función de la prensa contribuir al control ciudadano de las acciones de quienes ejercen el poder de un Estado. Y en esa tarea se producen fricciones respecto de la publicidad de los actos de gobierno, en especial cuando el periodismo cumple su misión de investigar hechos eventualmente ilegales, irregulares o contrarios a la ética que cabe esperar de mandatarios y funcionarios.
En los últimos años, esa interacción derivó en algunos países en una abierta confrontación, con discursos oficiales que estigmatizan el trabajo periodístico y que llegan a calificar a la prensa como enemiga del pueblo. Esto suele ser sólo el preámbulo para la censura directa, persecuciones, deportaciones y encarcelamiento de comunicadores y directivos de medios de información.
Las restricciones para acceder a información en manos del Estado afectan el derecho ciudadano a informarse y a ejercer el control de los gobernantes. Y la violencia verbal no sólo representa un agravio para el personal de prensa, sino que con creciente frecuencia termina avalando el accionar de grupos criminales que atentan contra periodistas y empresas editoriales.
El deterioro democrático que se vive en diversos puntos del planeta, y que en ciertos países de América Latina ha desencadenado en una deriva autocrática o llevó al retorno liso y llano de regímenes dictatoriales, ha sido acompañado en todos los casos por limitaciones a las libertades de expresión y de prensa y también por trabas al acceso a la información pública. Cuando aquellas se debilitan y los gobiernos apelan a la cultura del secretismo, se avanza luego en el avasallamiento de otros derechos humanos, por lo que es vital que la ciudadanía permanezca alerta y reclame transparencia como condición de gobernabilidad.
Ningún gobernante puede proclamarse defensor de las libertades, de la democracia, de la institucionalidad si no reconoce las libertades de expresión y de prensa. Porque democracia implica control ciudadano de las acciones de quienes desempeñan una función de poder. Y la prensa es una aliada imprescindible para que la sociedad pueda ejercer ese control.
Del mismo modo, ningún gobernante puede proclamarse demócrata, defensor de la libertad y de la soberanía del pueblo que es esencia de una república si practica el secretismo y no garantiza el libre acceso a la información pública. Y ello incluye cumplir con la obligación de dar publicidad a los actos de gobierno sin condicionar con ello la línea periodística de los medios de comunicación y someterse de manera periódica a ruedas de prensa sin condicionamientos de ninguna índole, más allá del vínculo directo que se intente por redes sociales u otros mecanismos.
La distinción es clara: quien silencia, quien censura, quien persigue al periodismo y castiga la libre expresión ciudadana no habita el campo democrático, sino que va camino a una autocracia.
No se trata de posiciones ideológicas, sino de compromiso con la democracia. Si este compromiso existe, podrá haber gobernantes más de izquierda o más de derecha; que promuevan mayor o menor intervención del Estado; que confíen en el valor de las regulaciones públicas o en las fuerzas del mercado. Pero nadie debería hablar en nombre de la soberanía popular y en la práctica mostrarse intolerante a toda crítica y refractario a la imprescindible transparencia en la administración pública.
Sobre este punto, vale reiterar un principio que no por obvio es menos necesario reiterar una y otra vez: gobernantes, funcionarios, legisladores, jueces o empleados de la administración pública y empresas estatales no son dueños de la información que generan o a la que acceden; son garantes de que la ciudadanía pueda acceder a ella de manera simple, rápida y gratuita. Las excepciones a este principio deben haber sido establecidas por ley y la norma que así lo consagra debe estar fundamentada en razones que cumplan con los estándares internacionales en la materia.
En relación con las libertades de expresión y de prensa, vale la misma aclaración: el ejercicio de estas no es una concesión de las autoridades sino un derecho inalienable del pueblo, como veremos más adelante al analizar la Declaración de Chapultepec.
Las dos aclaraciones anteriores marcan un límite infranqueable para quienes pretenden ejercer una función pública en el marco de la institucionalidad. Porque quien llega al poder por el voto ciudadano debe partir de la base de que fue elegido para representar a la sociedad, para producir los cambios que propuso a la comunidad que lo consagró, pero saber también que eso no lo convierte en un ser superior, no lo hace inmune a la crítica ni le otorga un derecho de impunidad.
Por el contrario, funcionarios electos, legisladores, magistrados y hasta empleados de menor nivel de los distintos estamentos estatales deben ser siempre conscientes de que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Y el trabajo del periodismo es informar, no proteger al funcionario del escrutinio social.
Ciudadanía activa, prensa libre y gobiernos abiertos y tolerantes a la crítica son esenciales para mejorar la institucionalidad en la región.
El objetivo de estos Estándares para el relacionamiento de gobernantes con periodistas y medios de comunicación es aportar pautas normativas y de conducta a aplicar para fomentar un mejor vínculo en esa interacción y fortalecer en paralelo el entorno institucional en la región.
Nos inspiramos para ello en el Modelo de protocolo de intervención e interacción de las fuerzas de seguridad con periodistas, comunicadores y medios de comunicación, presentado en 2023 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), luego de un proceso de consultas con organismos de seguridad y organizaciones de la sociedad civil y de defensa de la libertad de expresión, entre ellas la SIP.
Asimismo, consideramos documentos que sobre la materia elaboraron gobiernos hispanoamericanos, empresas y agencias de asesoramiento corporativo.
Valiosos aportes surgieron de documentos aprobados por la propia Sociedad Interamericana de Prensa y otros organismos y entidades internacionales, como la Carta de Aspiraciones; las declaraciones de Chapultepec (1994) y de Salta (2018) –que sistematizaron, respectivamente, los Principios de Libertad de Expresión, y su aplicación en la era digital–; la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA y las posiciones fijadas por la organización sobre acceso a la información, transparencia, publicidad oficial, difamación, derecho al olvido, colegiación de periodistas, seguridad en el ejercicio de la actividad y lucha contra la impunidad.
En torno de esas temáticas estructuramos el índice de este manual, con la intención de que sirva de guía a jefes y jefas de Estado, gobernantes locales, responsables de comunicación gubernamental, funcionarios y funcionarias de distintos niveles, personal directivo de medios de comunicación, periodistas y estudiantes de periodismo.
También como aporte para legisladores –de partidos de gobierno o de la oposición– o para magistrados que deben juzgar casos donde están en juego las libertades de expresión y de prensa.
Muy probablemente, el efecto será nulo o muy escaso en gobernantes y portavoces que practican el autoritarismo y son censores por convicción.
Pero quienes llegan a la función pública con intenciones de respetar los derechos de expresión y de información que son ejes del republicanismo podrán acceder en estas páginas a un reservorio de principios generales, para que no terminen imitando, por simple desconocimiento, prácticas que son claramente contrarias a los estándares internacionales en la materia.
Por tratarse de un modelo de interrelación entre gobernantes y periodistas o medios de comunicación, no se profundiza en cada ítem sino que se aborda sólo lo relacionado con eventuales conflictos que se plantean en torno de ellos, remitiendo en cada caso a las fuentes respectivas para indagar en otros aspectos. La situación en Argentina
En este período, periodistas y medios de comunicación experimentaron fuertes agresiones verbales de parte del presidente Javier Milei, referentes del gobierno nacional y militantes de su espacio político.
El Foro de Periodismo Argentino (FoPeA) advirtió que un tercio de todos los ataques en los primeros meses del gobierno provinieron de Milei. Más de medio centenar de periodistas fueron desacreditados en entrevistas televisivas o en mensajes en redes sociales con epítetos como "ensobrados" (en alusión a un supuesto condicionamiento de su trabajo por publicidad estatal), "mentirosos", "difamadores", "esbirros", "manipuladores", "extorsionadores" y "cómplices de los violentos".
Uno de los episodios más graves en los que se registraron agravios del presidente ocurrió el 28 de septiembre. En un acto proselitista Milei dedicó algunos de los párrafos más enfáticos de su discurso a gritar insultos contra periodistas. Terminó dirigiendo un coro de miles de militantes que repetía "hijos de puta".
A la asimetría de poder entre la máxima autoridad y cualquier periodista, se suma el efecto contagio que se manifiesta en hordas digitales que amplifican los insultos, incluyendo amenazas de muerte, por lo general amparadas en el anonimato, lo que genera un efecto inhibitorio y degrada el debate público.
"Todo funcionario tiene derecho a disentir, desmentir, replicar y criticar una información u opinión publicadas", afirmó en un comunicado la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (AdEPA), pero subrayó que "debe hacerlo honrando su responsabilidad institucional".
El periodista Jorge Lanata anunció que iniciaría una demanda por haber sido llamado "ensobrado" por el presidente Milei, lo que a su juicio implica la imputación del delito de soborno. Editorial Perfil y el editor Jorge Fontevecchia, impulsan causas judiciales en el mismo sentido, además por discriminación publicitaria y por los daños y perjuicios que implican las declaraciones del presidente sobre la viabilidad económica de ese medio. La primera demanda fue rechazada por el juez Sebastián Ramos, con un sobreseimiento express al presidente. Fontevecchia apeló la resolución, proponiendo como amicus curiae a Amnesty, Periodistas sin Fronteras, FoPeA y AdEPA.
En los inicios de la nueva gestión gubernamental, el presidente anunció la suspensión de la publicidad oficial por ajuste de gastos estatales. No obstante, organismos descentralizados y empresas públicas usaron fondos para publicidad con criterios comerciales, en algunos casos con presupuestos superiores a los que tenían en años anteriores. Un grupo de diputados nacionales solicitó al Poder Ejecutivo un informe detallado de los montos usados, de los resultados y que quienes intermediaron en esas operaciones.
Un decreto del Poder Ejecutivo introdujo restricciones a la Ley de Acceso a la Información Pública que desentonan con estándares internacionales y con el espíritu del principio de "máxima divulgación". El decreto pretende flexibilizar los criterios legales con una ambigüedad que afecta la consistencia de la ley, bajo el argumento de la protección de la privacidad de los funcionarios y de ciertos aspectos de la gestión. El Gobierno estableció que "no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido".
La extensión del secreto, cuando va más allá de lo previsto en la legislación, pone en riesgo la capacidad del periodismo y la ciudadanía de fiscalizar la gestión, y afecta los niveles de transparencia.
La sanción de la Ley de Acceso, en 2017, fue uno de los hitos en la ampliación y consolidación de las libertades de expresión y de prensa en el país, que se suma a la eliminación del desacato, la protección constitucional de las fuentes periodísticas, la despenalización de las calumnias e injurias y los fallos judiciales que vedaron el uso discriminatorio de la publicidad oficial. La Ley de Acceso, además, está en línea con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, trazada en fallos como la causa "Menem contra Noticias", en la que el tribunal revirtió el fallo de la Justicia argentina que condenaba a un medio y sus editores por violación de la privacidad, al publicar fotografías e información relacionadas con un hijo extramatrimonial del entonces presidente Carlos Menem.
El presidente Milei no ofreció conferencias de prensa desde que asumió en diciembre de 2023, aunque privilegia el uso de la red X para manifestar opiniones y restringe la concesión de entrevistas a un grupo reducido de periodistas televisivos y radiales.
El vocero presidencial es quien a diario informa a los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno.
Otros casos relevantes:
A partir de las críticas de organizaciones ligadas a la defensa de la libertad de prensa y por legisladores nacionales, el jefe de Gabinete de ministros admitió ante el Congreso que quizás el Gobierno debería revisar las modificaciones introducidas en el decreto sobre acceso. No obstante, el vocero presidencial señaló que el Gobierno no contemplaba revisión alguna.
Un anuncio público del Ministerio de Capital Humano, en junio, sobre la exigencia de una matrícula para ejercer el periodismo disparó las alertas. El anuncio luego quedó descartado.
También generó críticas la decisión de cancelar la acreditación de la periodista Silvia Mercado a la sala de prensa de la Casa de Gobierno. La periodista dijo que judicializaría su caso y el Gobierno decidió renovar su acreditación.
En agosto, el empresario tabacalero Pedro Otero demandó al periodista Andrés Sanguinetti y a los directivos del medio iProfesional por dos millones de dólares, por una nota sobre denuncias de evasión impositiva, contrabando y lavado de activos. La demanda del empresario está fuera de los estándares jurisprudenciales de la Corte Suprema y presenta las características que configuran un caso de Slapp.
A mediados de agosto, la jueza Lucila Córdoba dictó una resolución que prohibía toda referencia al periodista Lanata, quien se encuentra internado desde hace cuatro meses y en torno al cual se han desatado conflictos familiares que derivaron en denuncias. La medida inconstitucional por configurar un caso de censura previa fue revocada después del rechazo de distintas organizaciones que defienden la libertad de expresión.
AdEPA ha señalado la necesidad de tutelar los derechos de autor de los contenidos periodísticos. Dos de las grandes empresas tecnológicas llegaron a acuerdos de pago por el uso de ciertos contenidos con un centenar de medios de comunicación. Una de ellas, Meta, decidió no renovar esos acuerdos. La otra, Google, los renovó. Estos últimos acuerdos, señaló AdEPA, constituyen un antecedente positivo, pero insuficientes para configurar una retribución justa.
Conclusiones
80ª Asamblea General de la SIP, 17 – 20 de octubre de 2024, Córdoba, Argentina
En las Américas imperaron en el último semestre múltiples formas de violencia y agresiones contra el ejercicio del periodismo. Las expresiones más extremas fueron el asesinato de cuatro periodistas y la desaparición de una reportera. Pero la represión, la impunidad y el hostigamiento a periodistas, así como las trabas al acceso a información pública, constituyen un problema estructural en numerosos países del hemisferio.
Ataques físicos, amenazas de muerte, estigmatización, restricciones, acoso judicial y financiero, incursiones contra medios, picos de agresiones durante procesos electorales, espionaje, bloqueo y hackeo, entre otras violaciones, plagan el ejercicio del periodismo en la región.
En este período tres periodistas fueron asesinados en México y uno en Colombia, mientras en Nicaragua desapareció una reportera de un medio independiente.
La estigmatización y el descrédito contra comunicadores y medios provinieron de políticos, activistas, funcionarios públicos y grupos de interés. También preocupan el acoso y los insultos contra mujeres periodistas, principalmente a través de las redes sociales. Entre los países más afectados por estos flagelos, figuran Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, México, Jamaica y Nicaragua.
Las agresiones contra la prensa surgen desde ideologías políticas diversas. En Argentina, el presidente Javier Milei continúa sus diatribas contra periodistas y medios, mientras que, en Colombia, el presidente Gustavo Petro igualmente utiliza insultos para cuestionar la labor de los periodistas.
En la región norte del continente también preocupan las agresiones contra periodistas en Canadá y Estados Unidos, particularmente durante manifestaciones y demostraciones públicas. Incidentes similares ocurrieron en Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Paraguay, Perú y Venezuela.
En Estados Unidos, asimismo, el expresidente Donald Trump continuó criticando a los medios de comunicación en el marco electoral.
El Índice Chapultepec 2024, presentado en la asamblea, señaló que existen "severas restricciones" para la libertad de expresión en las Américas y, por segundo año consecutivo, subrayó un retroceso de las libertades de expresión y de prensa.
Cuba, Nicaragua y Venezuela siguen mostrando constantes violaciones a los derechos humanos, que traducen en la inexistencia de libertad de prensa. En junio fue excarcelado y desterrado el periodista cubano Lázaro Yuri Valle Roca, pero desde el 2021 continúa en prisión su colega Jorge Bello. En septiembre se registró una nueva ola represiva contra el periodismo independiente y el régimen mantiene la prohibición a salir del país a varios periodistas a los que, a la vez, se les insta a emigrar, pero renunciando a su derecho a retornar a su país.
En Nicaragua fue excarcelado y enviado al exilio, despojado de su nacionalidad, el periodista Víctor Ticay. La periodista Fabiola Tercero se halla desaparecida desde mediados de julio. En Venezuela, antes, durante y después del proceso electoral, más de una docena de comunicadores fueron detenidos de manera arbitraria y acusados de incitación al odio.
En Guatemala, tras 812 días de encarcelamiento injusto y arbitrario, un juez otorgó arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora, fundador de elPeriódico. La repetición del juicio contra Zamora sigue demorándose.
En El Salvador, una misión conjunta de la SIP y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), corroboró el clima de presión contra la prensa y una restricción severa al acceso a la información pública. También en República Dominicana varios medios denunciaron restricciones al acceso a información pública y en la cobertura de eventos oficiales.
En Perú recrudecieron las iniciativas legislativas para silenciar a la prensa ante denuncias de medios y periodistas sobre irregularidades en la función pública.
En México prosiguió el derramamiento de sangre en las filas del periodismo con los asesinatos de Alejandro Martínez Noguez, Roberto Figueroa y Víctor Culebro Morales, mientras que en Colombia fue asesinado Jaime Vásquez, en medio de un aumento de la violencia en el interior del país. Por otra parte, durante el desarrollo de esta asamblea, el 17 de octubre, desconocidos dispararon varias veces contra la fachada del edificio del diario El Debate en el estado de Sinaloa.
En Haití, la violencia generalizada de parte de bandas criminales sigue mermando la capacidad de informar de la prensa, en un marco de profundo deterioro social y político, En Jamaica, las violaciones a la libertad de prensa se relacionan con el proceso electoral del próximo año. Seguidores de los dos principales partidos políticos han realizado intentos de desacreditar a periodistas y medios.
En Bolivia, la crisis política generó una ola de violencia contra periodistas y en Honduras una reciente misión de Naciones Unidas advirtió sobre la exposición a la violencia que enfrentan periodistas, defensores de derechos humano y ambientalistas.
En Paraguay, el gobierno y el partido oficial perpetraron las mayores agresiones contra la prensa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDEH) instó al Estado a despenalizar los delitos de difamación. En ese sentido, se confirmó la absolución de la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo y del periodista Juan Carlos Lezcano en una de varias querellas por difamación.
En Ecuador, prosiguió una ola de ataques contra periodistas, proveniente de funcionarios públicos y del crimen organizado. Varios periodistas se vieron obligados a salir del país debido a amenazas.
El presidente Rodrigo Chaves, de Costa Rica, continuó su ataque contra medios y periodistas críticos durante conferencias de prensa y discursos públicos. Esta violencia se tradujo también en prácticas discriminatorias en la distribución de la publicidad oficial.
En Brasil, el Tribunal Supremo cerró la red social X durante varios días, lo que ocasionó graves perjuicios de cobertura periodística. Del lado positivo, el mismo tribunal determinó que la presentación de numerosas demandas con el propósito de coaccionar a un periodista o un medio de prensa constituye acoso judicial.
En Panamá las demandas por difamación contra medios y periodistas, así como las desproporcionadas sumas de dinero en las sentencias, representan problemas de sostenibilidad para los medios. Una iniciativa legal busca eliminar el embargo de bienes y cuentas bancarias en este tipo de litigio.
Declaración de Salta II
Sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital
La Declaración de Salta fue instituida por la Sociedad Interamericana de Prensa en 2018, en la ciudad argentina homónima. La presente actualización es aprobada por la 80ª Asamblea General realizada en 2024 en Córdoba, Argentina, ante los acelerados cambios tecnológicos y el surgimiento de nuevos desafíos en el ámbito digital que impactan en la comunicación, el periodismo y las libertades de expresión y de prensa.
Preámbulo
La Declaración de Chapultepec subraya que las libertades de expresión y de prensa son indispensables para la vigencia de la democracia.
El periodismo y los medios de comunicación son actores vitales de la libertad de expresión, más allá de las plataformas en las que operen. Aportan información sustantiva para la calidad de vida de las comunidades, alientan el debate público y empoderan a la ciudadanía para ejercer sus libertades y gozar del derecho a la información, como resalta la Carta de Aspiraciones de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Internet, la Inteligencia Artificial (IA) y otras tecnologías digitales tienen el potencial de ampliar las libertades de expresión e información al ofrecer acceso inmediato y global a un vasto conocimiento, lo que realza las aspiraciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que aboga por una libertad de expresión sin fronteras ni violencia.
En el ecosistema digital también se generan amenazas para las citadas libertades y el debate público: regulaciones estatales arbitrarias, censura, bloqueo de acceso y/o contenidos, cibervigilancia, acoso, campañas de descrédito, violencia digital. A ello se suma la opacidad de algoritmos que inducen polarización, confirman prejuicios y propagan desinformación y discursos de odio. Resulta igualmente lesiva la concentración de mercado en plataformas digitales, lo que menoscaba, entre otros, el derecho de autor y la propiedad intelectual del periodismo y compromete así la sostenibilidad de esta herramienta fundamental para la democracia.
Ante estos retos, convencidos de que las libertades de expresión y de prensa no son una concesión de las autoridades sino derechos inalienables de las personas, estamos llamados a proteger y promover los siguientes principios en el ecosistema digital.
Principios
Los derechos vinculados a las libertades de expresión y de prensa deben garantizarse por igual en el entorno analógico y en el digital.
La legislación y las políticas públicas sobre internet, inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías digitales deben garantizar que el espacio digital sea abierto, neutral, accesible para todos, apegado a los derechos humanos y a los derechos de propiedad intelectual. Al adoptar regulaciones sobre estas temáticas, deben considerarse los puntos de vista de todos los actores.
Los gobiernos no deben inhibir con regulaciones o acciones el acceso a internet y las expresiones de interés público en el espacio digital; tampoco imponer sanciones agravadas por manifestarse en ese espacio ni penalizar la crítica, la información o la protesta en contra de funcionarios públicos o personas que voluntariamente se exponen al escrutinio de la sociedad cuando se trata de asuntos de interés público. En caso de reclamos de carácter civil, debe probarse que se actuó con real malicia y desalentarse demandas desproporcionadas (SLAPP o pleitos estratégicos contra la participación pública) que puedan generar autocensura o costos que comprometan la sostenibilidad del medio.
Toda restricción y sanción ulterior que afecten el derecho a difundir, compartir o divulgar información e ideas en internet deben ser establecidas por ley, validadas por el Poder Judicial y consistentes con los estándares internacionales sobre derechos humanos.
El bloqueo y el filtrado de acceso y/o de contenidos por control estatal en el espacio digital constituyen censura previa de acuerdo con lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Los Estados deben garantizar en el espacio digital un ambiente libre de violencia, ciberataques y amenazas a quienes cumplen la función de informar. Las agresiones deben ser investigadas y sancionadas con prontitud, considerando el ejercicio de la labor informativa como posible móvil.
Las autoridades no deben utilizar mecanismos de vigilancia digital que vulneren las libertades y la privacidad de la ciudadanía. Estos mecanismos sólo son admisibles en casos excepcionales en los que se persiga un fin legítimo, en el marco de un debido proceso con orden judicial y de acuerdo con las convenciones sobre derechos humanos. La vigilancia masiva no es aceptable en ningún caso. Las personas deben tener garantizados el acceso y control a sus datos personales recopilados por el Estado.
Las leyes deben garantizar el derecho a proteger la identidad de las fuentes confidenciales de quienes ejercen el periodismo y permitir el uso de herramientas de encriptación o cifrado. En el debate de asuntos de interés público, se debe respetar el derecho de las personas al anonimato.
La legislación debe garantizar que los actores del ecosistema digital adopten buenas prácticas para resguardar los datos personales y la privacidad de las personas que utilizan sus plataformas y servicios. También deben disponer de mecanismos de denuncia accesibles para quienes puedan verse afectados en el ejercicio de sus derechos. El uso de datos personales con fines algorítmicos, comerciales o de otro tipo debe ser transparente, consentido y susceptible de revisión judicial ante eventuales abusos.
La supresión o desindexación de información sobre hechos de interés público atenta contra el derecho ciudadano a informarse y preservar la memoria colectiva. La protección de datos personales y la privacidad son derechos fundamentales, pero no deben restringir ni limitar la circulación de información de interés público.
La diseminación maliciosa o deliberada de desinformación por parte de actores estatales o privados afecta la confianza pública y menoscaba procesos democráticos. Además de las responsabilidades de quienes emitan, distribuyan, amplifiquen o moneticen estos mensajes, se requiere adoptar políticas de alfabetización noticiosa y digital sobre el impacto de las tecnologías en la privacidad, la autodeterminación informativa y el consumo de información.
Los actores públicos o privados no deben impulsar ni financiar operaciones de influencia en línea destinadas a manipular las opiniones o actitudes del público con fines político-partidistas, estigmatizar a medios de comunicación, agredir a periodistas u hostigar a personas a través de revelación de datos personales, ciberacoso o amenazas.
Como regla general, los gobiernos no deben imponer responsabilidades legales a los actores del ecosistema digital por contenidos de interés público generados o compartidos por terceros en sus plataformas, excepto ante la falta de debida diligencia y buena fe para suprimir la propaganda bélica, las incitaciones al odio, la violencia, los genocidios y la pornografía infantil. Desarrolladores de sistemas de IA y otras plataformas de generación automática de contenidos deberán asumir responsabilidad por estos, aun cuando se alimenten de fuentes de terceros.
Intermediarios tecnológicos, así como desarrolladores de sistemas de IA y de otras tecnologías digitales deben respetar los derechos humanos en el desarrollo de sus actividades, fomentar la libertad de expresión y resistir presiones de gobiernos y grupos de poder. Deben implementar políticas de autorregulación para prevenir en sus plataformas maniobras de desinformación y la vulneración de derechos de terceros. Las normas de moderación y curación de contenidos deben ser claras y transparentes, permitir el ejercicio de los derechos de denuncia y revisión, y adecuarse a estándares internacionales de derechos humanos.
Los intermediarios tecnológicos, en tanto árbitros en la distribución de noticias, deben operar con transparencia, dar prioridad al contenido original, citar adecuadamente las fuentes, incluir enlaces a los sitios de origen y evitar el cobro por posicionamiento de noticias. La opacidad de los algoritmos condiciona el acceso de la sociedad a una información diversa y de calidad.
Intermediarios tecnológicos y desarrolladores de sistemas de IA y de otras tecnologías digitales deben respetar los derechos de autor y propiedad intelectual, compensar de manera justa los beneficios generados por los contenidos periodísticos que distribuyen o utilizan para generar contenidos automáticos y evitar prácticas que afecten la libre competencia y el acceso a una internet abierta. Editores y creadores de contenido tienen derecho a negociar y recibir una remuneración justa por el uso de su propiedad intelectual por parte de intermediarios tecnológicos y desarrolladores de sistemas de IA y de otras tecnologías digitales. La legislación debe promover negociaciones en ese sentido, contribuir a equilibrar en ellas las asimetrías de poder y establecer mecanismos alternativos en caso de que aquellas fracasen. La obligación de compensación no debe afectar otros derechos de los editores, como la indexación, el enlace o la jerarquización de sus contenidos, y debe reflejar la evolución de los ingresos de intermediarios tecnológicos y desarrolladores de sistemas de IA y de otras tecnologías digitales.
Las conductas que busquen eludir normativas sobre propiedad intelectual, compensación por uso de contenidos periodísticos, buenas prácticas competitivas y transparencia algorítmica afectan la libertad de expresión y el derecho a la información, y comprometen la viabilidad del periodismo y el acceso ciudadano a información de calidad.
También afectan la libertad de expresión y la sostenibilidad del periodismo las prácticas comerciales indebidas que puedan ejercer los intermediarios tecnológicos, desarrolladores de sistemas de IA y de otras tecnologías digitales por su alcance global, su manejo de grandes volúmenes de datos personales y su integración en la cadena de valor publicitaria, por lo que las autoridades deben evitar que aquellos hagan abuso de su posición dominante.
Bajo esta Declaración de Principios, y con el espíritu de la Declaración de Chapultepec, reafirmamos que la lucha por las libertades de expresión y de prensa es esencial para la democracia y el bien común. Defenderlas día a día es honrar nuestra historia y dominar nuestro destino.
Los periodistas argentinos sufren el acoso y los insultos públicos del presidente Javier Milei en entrevistas televisivas y en las redes sociales, al que se le suman otros miembros del gobierno y hordas de seguidores en un contexto cada día más complicado para la prensa.
Este es el panorama que describe sobre Argentina la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su Índice Chapultepec 2024 sobre la Libertad de Prensa en las Américas, un informe pendiente de aprobación por su 80 Asamblea Anual, que se celebra precisamente en la ciudad argentina de Córdoba.
La Asamblea fue inaugurada este jueves por el presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, pero ni Milei ni un sólo integrante de su gobierno se han acercado al hotel Quinto Centenario de Córdoba, donde se celebra la convención de la prensa americana.
Un tercio de los ataques a los periodistas vinieron este año del propio presidente Milei, según datos del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), que recoge la SIP en su informe.
De ‘ensobrados’ a ‘extorsionadores’, los insultos de Milei a los periodistas
“Más de medio centenar de periodistas fueron desacreditados en entrevistas televisivas o en mensajes en redes sociales con epítetos como ‘ensobrados’ (en alusión a un supuesto condicionamiento de su trabajo por publicidad estatal), ‘mentirosos’, ‘difamadores’, ‘esbirros’, ‘manipuladores’, ‘extorsionadores’ y ‘cómplices de los violentos’, argumenta la SIP en su informe, que será aprobado en asamblea este domingo.
Uno de los episodios más graves ocurrió el 28 de septiembre, cuando el presidente argentino gritó insultos contra los periodistas en un acto y, a continuación, miles de militantes de su espacio político, La Libertad Avanza (LLA), repitieron una y otra vez: "hijos de puta".
Estos hechos conllevan un “efecto contagio que se manifiesta en hordas digitales que amplifican los insultos”, advierte la SIP, al destacar que incluyen “amenazas de muerte”, por lo general anónimas.
La SIP explica que el conocido periodista Jorge Lanata, con graves problemas de salud y en ingreso hospitalario, anunció que iba a presentar una demanda tras haber sido llamado “ensobrado” por el presidente, quien con ese calificativo lo acusó de delito de soborno.
Recortes en publicidad estatal y decreto contra la transparencia
Editorial Perfil y su editor, Jorge Fontevecchia, han iniciado trámites judiciales por hechos similares y han denunciado ser víctimas de discriminación publicitaria. Piden, por ello, una indemnización por daños y perjuicios.
“La primera demanda fue rechazada por el juez Sebastián Ramos, con un sobreseimiento ‘express’ al presidente. Fontevecchia apeló la resolución, proponiendo como ‘amicus curiae’ a Amnistía Internacional, Reporteros sin Fronteras, FoPeA y AdEPA”, agrega el informe.
Milei ha llevado a cabo una polémica suspensión de la publicidad estatal a los medios, justificada en un ajuste del gasto público, pero “organismos descentralizados y empresas públicas han usado fondos para publicidad con criterios comerciales, en algunos casos con presupuestos superiores a los que tenían en años anteriores”, revela la SIP.
Cuando un grupo de diputados pidió información sobre esos fondos, el Gobierno de Milei respondió con un decreto que introdujo restricciones a la Ley de Acceso a la Información Pública.
La SIP recuerda que la Ley de Acceso de 2017, en línea con la jurisprudencia de la Corte Interamericana y acorde a los estándares internacionales, fue uno de los hitos en la ampliación y consolidación de la libertad de expresión en Argentina.
Milei no atiende a la prensa
La SIP denuncia que “el presidente Milei no ha ofrecido ruedas de prensa desde que asumió el cargo el 10 de diciembre de 2023, se comunica y opina a través de la red X y restringe sus entrevistas a un grupo muy reducido de periodistas”.
Es el portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien informa a diario a los periodistas acreditados en la Casa Rosada y su actuación no ha estado exenta de polémica, pues pone contra las cuerdas a quienes le hacen preguntas incómodas y ha intentado retirar la acreditación a informadores, como la periodista Silvia Mercado.
En 2018, el expresidente Mauricio Macri fue el encargado de cerrar el encuentro sobre libertad de prensa que se llevó a cabo en Salta durante cuatro días, Javier Milei no participará. Jaffer Zaidi, vicepresidente de alianzas de noticias de Google, también estará presente
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, abrirá la 80ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se celebrará en Córdoba, Argentina, entre el 17 y el 20 de octubre próximo.
La participación del mandatario paraguayo subraya la relevancia del evento, que abordará temas cruciales como el impacto mutuo entre el deterioro democrático y las libertades de prensa y expresión, la sostenibilidad de los medios y los retos que plantea la inteligencia artificial en el periodismo.
Jaffer Zaidi, vicepresidente de alianzas de noticias de Google, también se suma a la convocatoria para aportar su visión sobre el papel de Google en la evolución de la prensa en la era digital. Su participación refuerza el enfoque de la SIP en analizar las oportunidades y desafíos que las nuevas tecnologías ofrecen a los medios de comunicación en todo el continente.
Precisamente a la luz de los profundos avances tecnológicos de los últimos seis años, la SIP actualizará la Declaración de Salta sobre Libertad de Expresión en la Era Digital, que fue aprobada también en Argentina, durante la 74ª Asamblea realizada en la ciudad de Salta en 2018. El nuevo texto buscará reflejar el compromiso continuo de la SIP con la libertad de expresión ante los desafíos de las nuevas tecnologías, y en especial de la inteligencia artificial.
Bajo el lema "Periodismo del presente, periodismo del futuro", la asamblea contará con la participación de reconocidos editores, como Marty Baron, exdirector de The Washington Post, quien ofrecerá su perspectiva sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos, a realizarse el martes 5 de noviembre.
El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, se referirá al reciente informe de la CIDH sobre "Inclusión digital y gobernanza de contenidos en internet". Y Gina Chua, editora ejecutiva de la startup de noticias Semafor, se presentará en un panel sobre inteligencia artificial aplicada al periodismo.
Durante el evento, se entregarán los premios SIP a la excelencia periodística, en sus 13 categorías, con los que la organización distingue trabajos periodísticos de excepcional calidad producidos por reporteros y medios de comunicación del continente.
Además, el Gran Premio a la Libertad de Prensa, concedido este año al Periodismo en el Exilio, honrará a colegas y medios de comunicación de América Latina que fueron deportados o forzados a desplazarse o emigrar debido a la violencia, las amenazas y la persecución por parte de grupos criminales, funcionarios corruptos y gobiernos autoritarios. Este premio destaca la resiliencia y el compromiso continuo de periodistas y medios con la verdad, pese a afrontar circunstancias extremadamente difíciles.
El Gran Premio Chapultepec, la distinción más alta de la organización, se otorgará en 2024 al Comité para la Protección de Periodistas (CPJ). Este premio resalta "la encomiable labor a favor de las libertades de prensa y expresión y su dedicación a la promoción y defensa de los derechos humanos, principios esenciales recogidos en la Declaración de Chapultepec". La CEO del CPJ, Jodie Ginsberg, recibirá la distinción.
La SIP también distinguirá al Centro Knight para el Periodismo en las Américas, con el premio Gran Amigo de la Prensa. Este reconocimiento se debe al papel fundamental del Centro en la formación y el desarrollo de periodistas en América Latina y el Caribe, para fortalecer así las bases de un periodismo libre e informado. Rosental Calmon Alves, su fundador y director, recibirá el premio.
El miércoles 16 está prevista, además, una actividad previa en la Universidad Siglo 21 — con sus instalaciones de avanzada diseñadas sobre un master plan trazado por el reconocido arquitecto César Pelli— para analizar junto a académicos de esa casa de estudios los retos que el contexto plantea al management de los medios.
Las inscripciones siguen abiertas y los interesados pueden registrarse en este enlace. Detalles adicionales sobre el evento, o consultas específicas, deben ser dirigidas a la Sra. Paola Dirube, pdirube@sipiapa.org. El hotel Quinto Centenario será sede del evento y las reservas están disponibles en este enlace. La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.
Declaración de la III Cumbre Global sobre Desinformación
Un frente común de gobiernos, plataformas, medios y la sociedad en su conjunto, en respuesta al fenómeno global de la desinformación, es una de las propuestas que surgen de la III Cumbre Global sobre Desinformación realizada en septiembre por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Proyecto Desconfío de Argentina y la Fundación para el Periodismo de Bolivia.
La cumbre, realizada en formato virtual, reunió a expertos y líderes en la lucha contra la desinformación y contó con participantes de más de 50 países. A continuación el texto de su declaración oficial:
Las entidades organizadoras de la Cumbre Global sobre Desinformación enfatizan la necesidad de un enfoque integral en la lucha contra la desinformación, que involucre a gobiernos, medios de comunicación, plataformas tecnológicas y la sociedad en su conjunto para abordar eficazmente el desafío de la desinformación en las democracias contemporáneas; y consideran:
La desinformación es un fenómeno global que conspira contra las sociedades democráticas, perjudicando el debate de ideas y la búsqueda de consensos. La desinformación empaña los procesos electorales.
Los gobiernos deben combatir la desinformación y desalentar las prácticas que fomentan la circulación de mentiras y engaños. Los gobiernos no deben constituirse como jueces de la verdad, ni utilizar su poder de amplificación para propagar información falsa o engañosa.
Las campañas de difamación a medios y periodistas por parte de gobiernos deben ser monitoreadas, denunciadas y sancionadas por parte de los organismos multilaterales, entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil. Se requiere de un esfuerzo multiactor para hacer frente a este tipo de hechos.
Los gobiernos y organismos multilaterales deben comprometerse con la transparencia de los asuntos públicos y la defensa del derecho de acceso a información confiable. Se requieren políticas públicas integrales y eficientes que aborden la problemática.
La industria de los medios debe recuperar la confianza de sus audiencias por medio de estrategias que den cuenta de prácticas transparentes en el tratamiento de la información. Las empresas periodísticas deben procurar la incorporación de metodologías que les permitan crear contenidos de calidad y elevar los indicadores de credibilidad de las noticias.
Las grandes plataformas tecnológicas deben implementar acciones concretas y efectivas para frenar la circulación de contenidos falsos o engañosos, discursos de odio y teorías conspirativas. Sus medidas han demostrado ser insuficientes.
Los medios de fact-checking así como los fact-checkers tienen un rol esencial en el análisis de los discursos públicos, en la identificación de patrones en el flujo de contenidos digitales, y en la distribución de información verificada a las audiencias.
Existe un amplio acuerdo en la necesidad de incorporar pautas éticas en el uso de IA por parte de los medios de comunicación. Los actores involucrados necesitan mirar atentamente y evaluar el impacto de la IA en el periodismo.
La estrecha vinculación entre las posibilidades que ofrecen las herramientas de IA y el fenómeno de la desinformación ha sido demostrada por diversos estudios en todo el mundo. Quienes abogan por la lucha contra la diseminación de información falsa y engañosa, deben comprometerse a investigar y fomentar el uso de las posibilidades que ofrece la IA en la detección temprana de piezas de desinformación.
La educación es el arma más poderosa para transformar el mundo. Medios de comunicación, periodistas y actores comprometidos en la lucha contra la desinformación, deben promover y fortalecer las prácticas de alfabetización mediática en la sociedad para mitigar la circulación de narrativas desinformantes.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
Los Principios Globales, pioneros en su género, proporcionan orientación para el desarrollo, despliegue y regulación de los sistemas y aplicaciones de IA.
26 organizaciones que representan a miles de profesionales creativos de todo el mundo, incluidas empresas editoriales de noticias, entretenimiento, revistas y libros, así como el sector de la edición académica, publican este miércoles los Principios Globales para la Inteligencia Artificial (IA).
Estos Principios Mundiales, pioneros en su género, y de los que son signatarios los miembros del Grupo de Diarios América, incluyendo El Comercio, proporcionan orientación para el desarrollo, despliegue y regulación de los sistemas y aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA), con el fin de garantizar que las oportunidades de negocio y la innovación puedan prosperar dentro de un marco ético y responsable.
“La proliferación de sistemas de IA, especialmente la Inteligencia Artificial Generativa (IAG), supone un cambio radical en la forma en que interactuamos con la tecnología y los contenidos creativos y los utilizamos. Aunque las tecnologías de IA aportarán beneficios sustanciales al público, los creadores de contenidos, las empresas y la sociedad en general, también plantean riesgos para la sostenibilidad de las industrias creativas, la confianza del público en el conocimiento, el periodismo y la ciencia, y la salud de nuestras democracias”, advierte la News Media Alliance, encargada de lanzar la versión final de estos principios.
El objetivo de los Principios Globales para la IA es garantizar que los editores puedan seguir creando y difundiendo contenidos de calidad, a la vez que facilita la innovación y el desarrollo responsable de sistemas de IA fiables.
Temas críticos como la propiedad intelectual, la transparencia, la responsabilidad, la calidad y la integridad, la equidad, la seguridad, el diseño y el desarrollo sostenible son abordados en estos principios, que marcan una colaboración sin precedentes que salvaguarda los intereses de los creadores de contenidos, los editores y los consumidores por igual.
Como parte de estos Principios Globales, las organizaciones hacen un llamamiento al desarrollo y despliegue responsables de los sistemas y aplicaciones de IA, afirmando que estas nuevas herramientas sólo deben desarrollarse de acuerdo con los principios y leyes establecidos que protegen la propiedad intelectual, las marcas, las relaciones con los consumidores y las inversiones de los editores. Los Principios afirman explícitamente que “la apropiación indebida indiscriminada de nuestra propiedad intelectual por parte de los sistemas de IA es contraria a la ética, perjudicial y una infracción de nuestros derechos protegidos”.
“Estos Principios Globales de la IA demuestran el acuerdo generalizado de los editores de todo el mundo de que su propiedad intelectual, producto de las importantes inversiones que han realizado para ofrecer contenidos periodísticos y creativos de calidad, debe ser reconocida y respetada… Los desarrolladores de tecnología de IA generativa deben reconocer y compensar en consecuencia a los editores por el enorme valor que sus contenidos aportan al desarrollo de estos sistemas”, declaró la Presidenta y Directora General de News/Media Alliance, Danielle Coffey.
Jason Kint, consejero delegado de Digital Content Next, abundó: “Durante décadas, nuestras empresas miembros han buscado oportunidades para llevar noticias y entretenimiento de confianza a nuevas plataformas y nuevos canales de distribución habilitados por Internet. Sabemos por experiencia que principios como estos son necesarios para garantizar que esas oportunidades sigan proliferando y sirvan de guía para las empresas y los responsables políticos que se debaten en las cuestiones éticas y legales que rodean a la IA”.
Angela Mills Wade, Directora Ejecutiva del Consejo Europeo de Editores, lanzó una invitación para que “los reguladores establezcan marcos jurídicos que impulsen la innovación y creen nuevas oportunidades de negocio, garantizando al mismo tiempo que la IA se desarrolle de forma responsable y sostenible para los sectores editorial y periodístico, respetando plenamente sus derechos de propiedad intelectual”.
¿Qué estipulan los Principios Globales de la IA?
Entre otras cosas, que los desarrolladores, operadores e implantadores de sistemas de IA deben:
Respetar los derechos de propiedad intelectual que protegen las inversiones de las organizaciones en contenidos originales
Aprovechar modelos eficientes de concesión de licencias que puedan facilitar la innovación mediante la formación de sistemas de IA fiables y de alta calidad
Proporcionar transparencia granular para permitir a los editores hacer valer sus derechos cuando sus contenidos se incluyan en conjuntos de datos de entrenamiento
Atribuir claramente los contenidos a sus editores originales
Reconocer el inestimable papel de los editores a la hora de generar contenidos de alta calidad para la formación, así como para la difusión y la síntesis
Cumplir las leyes y principios de competencia y garantizar que los modelos de IA no se utilicen con fines contrarios a la competencia
Promover fuentes de información fiables y de confianza y garantizar que los contenidos generados por IA sean precisos, correctos y completos
No tergiversar las obras originales
Respetar la privacidad de los usuarios que interactúan con ellos y revelar plenamente el uso de sus datos personales en el diseño, entrenamiento y uso del sistema de IA
Alinearse con los valores humanos y operar de acuerdo con las leyes mundiales
Los Principios Globales para la IA completos pueden consultarse acá
Además de los medios de GDA, otras organizaciones firmantes incluyen:
Asociación de Medios de Información (AMI, Colombia)
Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA)
Asociación de Editores de Sociedades Eruditas y Profesionales (Association of Learned and Professional Society Publishers, ALPSP)
Asociación Nacional de Periódicos (Associação Nacional de Jornais, ANJ, Brasil)
Czech Publishers' Association
Danish Media Association
Digital Content Next (DCN)
Asociación Europea de Medios de Revistas (European Magazine Media Association, EMMA)
Asociación Europea de Editores de Periódicos (European Newspaper Publishers' Association, ENPA)
Consejo Europeo de Editores (European Publishers Council, EPC)
Federación Internacional de Editores de Periódicos (FIPP)
Grupo de Diarios América (GDA)
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
Asociación Coreana de Periódicos (Korean Association of Newspapers)
Magyar Lapkiadók Egyesülete (Asociación de Editores Húngaros)
NDP Nieuwsmedia
News Media Alliance (NMA)
Asociación de Medios de Noticias (News Media Association, NMA)
Medios de Comunicación de Canadá (News Media Canada, NMC)
Medios de Comunicación de Europa (News Media Europe)
News Media Finland
Asociación de Editores de Noticias (News Publishers' Association)
Nihon Shinbun Kyokai (Asociación de Editores de Periódicos de Japón)
Asociación de Editores Profesionales (Professional Publishers Association)
STM
Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA).
Los Principios están abiertos a futuros signatarios.
Petro ataca a la prensa y es acusado de no respetar su libertad: unos medios lo critican, otros sacan informes basados en "fuentes anónimas". La guerra entre dos pilares del Estado de derecho puede dañar la democracia.
"Nadie va a impedir a los medios su derecho a expresarse, pero nadie nos quitará nuestro derecho para (sic) expresarnos", replicó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el pasado 11 de junio en Twitter a sendas columnas de los dos principales diarios de Colombia, El Espectador y el Tiempo, que rechazaban "acusaciones" y "estigmatizaciones" de parte del Ejecutivo hacia la prensa, tanto en discursos públicos como a través de su cuenta de Twitter, que cuenta con 6,8 millones de seguidores.
Los ataques a la prensa en un país en el que, según la FLIP, cada dos días es amenazado un periodista por ir en busca de la verdad y la noticia son especialmente peligrosos.
"El presidente, de manera generalizada, busca sembrar un manto de duda sobre la idoneidad y la veracidad del periodismo. Petro insiste en un relato periodístico en contra de su gobierno, donde habla de una intención de ‘golpe blando', supuestamente propiciado o impulsado por medios de comunicación", dice a DW Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
Ciudadanos, medios y el Gobierno gozan del derecho de expresión
¿Está irrespetando el presidente de Colombia el derecho a la libertad de prensa, uno de los pilares del Estado de derecho? "Una cosa es la libertad de expresión y otra el derecho a la información", advierte a DW el jurista José Gregorio Hernández Galindo, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia, y también columnista de varios medios, agregando que "la libertad de expresión está consagrada en el artículo 20 de la Constitución colombiana y consiste en que cada persona posee el derecho fundamental de manifestar sus opiniones, frente a un gobierno, por ejemplo, esté uno o no de acuerdo con él. O sobre si sus políticas son acertadas o erradas".
La preocupación crece sobre si Gustavo Petro está abandonando su expreso "espíritu democrático". La FLIP lo quiere escuchar de boca del mismo Gustavo Petro, por lo que ha solicitado una reunión con el mandatario, junto con Reporteros sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Para Bock, el presidente de Colombia "tiene una oportunidad de demostrar que el periodismo es una institución democrática que, especialmente en un país con un conflicto armado como el de Colombia, debe fortalecerse".
La reserva de la fuente no debe ser un escudo
El escándalo sobre presuntas aportaciones ilegales que habrían contribuido a la campaña de Petro ha sido publicado por la revista Semana, principalmente. De aquí ha interpretado Petro que dicha revista estaría dando órdenes a la Fiscalía y así lo ha declarado. "Una acusación emitida sin aportar ninguna prueba", acota el director de la FLIP, miembro consultivo ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
A su vez, mientras el presidente de Colombia se encontraba firmando acuerdos para la transición energética en Alemania, la misma revista publicó este 15 de junio un nuevo reporte sobre que presuntamente Petro mantendría guardados 3.000 millones de pesos de fuentes no conocidas, sin dar tampoco ninguna prueba de ello y amparándose en "una fuente anónima". Una publicación que ha elevado las tensiones a niveles insospechados en Colombia.
Uno de los puntos en los que se enciende el debate sobre los ataques a la prensa y el abuso, sea real o presunto, por parte de algunos periodistas y medios es la fuente de sus informaciones.
En las democracias el secreto profesional es inviolable, trátese de un médico, abogado, sacerdote o periodista. "La reserva de la fuente está garantizada por la Constitución colombiana, pero le confiere a periodistas y medios una responsabilidad social con la información que divulgan. Eso implica que tienen el deber de contrastar la información que reciban, de confrontarla, confirmarla y verificarla", precisa el exmagistrado Hernández y recuerda que la información falsa no solo puede dañar la reputación de una persona, sino la democracia misma.
Si bien tenemos el derecho a expresar nuestras opiniones, que pueden ser subjetivas, el derecho a la información conlleva, por ley, el deber de ser objetivos. "La Corte Constitucional colombiana estipula que el derecho a la información tiene doble vía, o sea tanto derecho tiene quien informa, ya sea un periodista o un medio, como el receptor de la información -sea un lector, televidente o radioescucha- tiene el derecho a que esa información sea veraz e imparcial", precisa el profesor Hernández.
La responsabilidad social de periodistas y medios
Ante los ataques de parte y parte en Colombia, pareciera aún necesario aclarar que así el Gobierno como los medios y ciudadanos tienen que respetar tanto la libertad de expresión como el derecho a la información. Una responsabilidad que el otrora presidente de la Corte Constitucional ve especialmente en los periodistas mismos, que "deben respetar la ética profesional. O sea no presentar opiniones como hechos. Y no utilizar su libertad de expresión para manipular la información en determinada manera".
"La manipulación de la información", concluye el reconocido constitucionalista José Gregorio Hernández Galindo, "desvirtúa la misma información, perjudicando el periodismo, a los ciudadanos en general, y la democracia".
La UNESCO trabaja en una guía para la regulación de plataformas digitales que contempla en primera instancia la salvaguarda de las libertades de prensa y de expresión, según señalaron este jueves responsables de ese organismo en la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Como señaló Ana Cristina Ruelas, experta de la UNESCO, la guía que prepara esta agencia de las Naciones Unidas para regular las plataformas digitales, para la que en 2022 inició consultas con 280 actores de 130 países, tiene como eje la protección de esas libertades, un aspecto que ha quedado definido tras un congreso sobre el tema celebrado en febrero en París.
"La regulación no es necesariamente una ley, gran parte de los momentos de la regulación tienen que ver con qué forma va a tener esa regulación. Debemos regular, pero de manera innovadora", señaló a su turno la consultora Natalia Zuazo, quien hizo eco de la idea de que las plataformas sin moderación no son plataformas.
La UNESCO dará a conocer el tercer borrador de esta guía el próximo 3 de mayo en Nueva York, en el marco del Día de la Libertad de Expresión que conmemora desde hace 30 años, como se dio a conocer hoy durante el panel dedicado a esta iniciativa y con el que la SIP abrió la tercera y última jornada de su reunión de medio año.
El abogado Eric Iriarte Ahón destacó que la guía propondrá "puntos mínimos regulatorios" que pretenden enganchar las regulaciones globales con las nacionales y las realidades de cada país.
Agregó que si bien América Latina ha definido una gama de principios sobre libertad de expresión y de prensa, no ha avanzado tanto con el tema de tecnologías y plataformas digitales, y de hecho las herramientas de moderación de contenidos pueden ser usadas con parcialidad en algunos casos.
En la ronda de preguntas, el director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti, recordó que han remitido a los responsables del proyecto interrogantes relacionadas al riesgo de que la guía pueda ser usada por "Gobiernos autoritarios" de América Latina.
Ante ello, Adeline Hulin, una de las responsables del proyecto, señaló que el asunto engloba un "gran debate" que se desarrolla a nivel global, y que la guía pretende llenar vacíos legales que hay en algunos países sobre nuevas tecnologías y plataformas digitales.
La jornada de hoy de la reunión semestral de la SIP, que se desarrolla de forma virtual, incluye en su programación asuntos como la inclusión de mujeres en puestos de liderazgo, y cerrará con la aprobación de las resoluciones y los informes sobre la libertad de prensa en la región.
En esta reunión, que comenzó el martes, la SIP ha puesto de manifiesto la alarma que suscita el deterioro de las libertades en la región, incluso en países con Gobiernos elegidos de forma democrática.
Fuertes advertencias de la Sociedad Interamericana de Prensa en el inicio de su 78ª Asamblea en Madrid
Periodistas y autoridades de la SIP en uno de los paneles de la Asamblea.La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) inauguró ayer su 78ª Asamblea General, que este año se celebra en Madrid, España. Más de 250 periodistas, editores y propietarios de medios de comunicación asisten al encuentro que aborda la situación de los medios y los desafíos para el ejercicio libre del periodismo.
Esta reunión es la primera presencial desde 2019. En ella, además de revisar los informes de cada país sobre el estado de la libertad de prensa, se presentan los resultados del Índice Chapultepec, un barómetro de la libertad de expresión y de prensa en el continente americano.
La sostenibilidad de los medios de comunicación es uno de los temas principales de discusión. “El mayor reto de nuestra industria es la sostenibilidad de los medios y el apoyo al periodismo local”, dijo el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, durante su discurso en la inauguración de la Asamblea General.
Desde América Latina Periodistas de Nicaragua, Venezuela, El Salvador y Cuba denunciaron este viernes el trauma personal y profesional que significa tener que exiliarse para esquivar las “amenazas” de los gobiernos de esos países, con las que intentan “amordazar” la libertad de expresión y de prensa.
En la mayoría de los casos, dejan de ejercer el periodismo y de contar lo que pasa en su país por “temor”; sus familias siguen allí, donde son conocidas y vigiladas por las autoridades; las fuentes informativas también tienen miedo de hablar, incluso de manera anónima, y la vida suele ser mucho más cara en el extranjero.
Néstor Arce (Divergentes, Nicaragua), Gabriela Cáceres (El Faro ,El Salvador), Yadiris Luis Fuentes (Eltoque.com y ADN, Cuba) y Alonso Moleiro (colaborador de varios medios en Venezuela y en El País de España) participaron ayer en la 78ª Asamblea General de la SIP.
Fue en la mesa redonda “Por cada golpe a la libertad de prensa, un nuevo defensor”, moderada por el periodista de la Agencia EFE Alfonso Bauluz, presidente de Reporteros Sin Fronteras España; y Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director de La Voz del Interior.
“En 2022, la ola de violencia fue imparable. En menos de 10 meses transcurridos hasta hoy, son 38 los comunicadores silenciados por ataques que, en su enorme mayoría, aún no han sido esclarecidos”, señaló Jornet. Luego agregó: “Se suman 40 ataques desde nuestra Asamblea de octubre de 2021; 21 de ellos en México. La situación es crítica en ese país. La violencia contra la prensa parece no tener freno”.
“Cuando se silencia a un periodista, se silencian miles de voces, se vulnera el derecho ciudadano a informarse y a debatir”, sentenció.
“En estos mil días (desde que se inició la pandemia), el crimen organizado asesinó a unos 70 periodistas. En muchos casos, con la complicidad y casi siempre con la desidia de gobiernos y de fuerzas de seguridad. Y con un “bill de impunidad” que actúa como aliciente”, dijo.
Jornet expuso una serie de datos contundentes para retratar el peligro de ser periodista en México en los últimos 36 años: “En los 2.190 días de gobierno de Felipe Calderón, hubo 59 periodistas asesinados; en los 2.190 días de Enrique Peña Nieto, 48 muertos, y en la gestión actual, 52 asesinatos, cerca del récord de Calderón. Pero en apenas 1.384 días, ya que aún falta más de un tercio del mandato de Andrés Manuel López Obrador”.
“Sobre 660 comunicadores asesinados en 36 años, México supera por un tercio la cifra de muertos de Colombia y triplica la de Brasil, otros dos países que padecen el flagelo de la inseguridad para la prensa”, añadió. Jornet subrayó que entre los 613 periodistas varones y 47 mujeres abatidos en 36 años, sólo el 9% de casos esclarecidos, “lo que revela la otra cara de la tragedia: la alta tasa de impunidad, que termina incentivando la violencia criminal”, sostuvo.
Este año, la SIP se comprometió en la lucha contra la inseguridad que afecta a medios y a periodistas.
“Al presidente López Obrador le decimos, una vez más: en medio de esta tragedia, es irresponsable confrontar día tras día con la prensa. Modere su discurso, presidente, porque así sólo aviva el fuego que está consumiendo la libertad de expresión. Porque cada voz que es silenciada es una posibilidad menos de develar la escalada narco, la corrupción, las mafias enquistadas en las instituciones”, cerró Jornet.
Casos graves Néstor Arce indicó que hay más de 180 periodistas nicaragüenses en el exilio que salieron por puntos irregulares de la frontera con Costa Rica para poder asegurar la vida y seguir informando sobre la realidad del país.
Aseguró que la libertad de prensa sufre un deterioro progresivo desde que Daniel Ortega regresó a la presidencia (2007); el poder ha ido “minando” todos los espacios de información independiente, ha comprado medios y trata de “manipular” las redes sociales. “Nicaragua es el único país del hemisferio sin un solo periódico impreso”, lamentó.
A pesar de la “represión”, el periodismo nicaragüense “resiste”, se ha reinventado, desde Costa Rica, Estados Unidos, México o España, donde profesionales tratan de seguir informando sobre su país, aunque tienen
Situación en México. En los menos de 10 meses de 2022 transcurridos hasta el presente, son 38 los comunicadores silenciados en México por ataques que, en su enorme mayoría, aún no se han esclarecido.
que vivir con sueldos nicaragüenses donde la vida es tres o cuatro veces más cara. “Pero es una lástima que se pierdan grandes periodistas por ese miedo”, apostilló.
También Miguel Otero (El Nacional, Venezuela) habló de la gran “diáspora” de periodistas venezolanos, que supone una “anulación” de su profesión, y apuntó que la SIP debería poner “énfasis” en ello.
La asociación Venezuelan Press de España agrupa a unos 400, pero sólo el 5% o el 10% ejerce la profesión, según dijo. Moleiro, a su vez, constató la “importante cantidad de periodistas en el exilio”, además de casos como el de Roland Carreño, dos años preso por estar acusado de “asociación para delinquir” y sin juicio abierto, aseguró.
A pesar del chavismo, del gobierno del presidente Nicolás Maduro y de la “censura”, valoró y agradeció que en Venezuela todavía haya periodistas que ejercen su deber cívico. Aunque advirtió de que la libertad de prensa se deteriore aún más y “pronto” se asemeje la situación a Nicaragua.
Gabriela Cáceres, quien salió de El Salvador en enero pasado de manera “preventiva”, denunció la persecución “muy directa” del presidente Nayib Bukele a su medio (El Faro )y al periodismo de investigación en general, los medios son “vigilados” y “espiados”, y probablemente empeore la situación, apuntó.
Yadiris Luis Fuentes explicó que el periodismo independiente es la “diana” del Gobierno y el Código Penal de la “dictadura cubana” para silenciarlo; y los profesionales que lo ejercen desde el extranjero “van a la cárcel si vuelven”. El “régimen” se dedica a “desprestigiar” a los periodistas (“mercenarios, vendepatrias”), y la comunidad internacional “a veces hace oídos sordos”, resaltó.
Por eso, “la mayoría estamos en el exilio y luego no nos atrevemos a contar nuestras historias”, comentó, pues necesitan “terapia” y adaptarse a otras sociedades. En Cuba, sintetizó, “no nos quieren presos, nos quieren fueran del país”.
Al margen, otros participantes en la asamblea alertaron del “deterioro” de la libertad de prensa en países como Perú y Guatemala, y falta de protección (o insuficiente) de periodistas colombianos, y pidieron acabar con la “impunidad” penal de los autores de crímenes contra estos profesionales.
La SIP es una organización sin fines de lucro, dedicada a la defensa y la promoción de las libertades de prensa y expresión en el continente americano. Está conformada por más de 1.300 publicaciones, entre periódicos, medios electrónicos y radios. Mantiene proyectos permanentes de monitoreo de vulneraciones al ejercicio periodístico, formación para profesionales en el área, y gestiones ante gobiernos para la aprobación de leyes para la protección de los periodistas y para garantizar el acceso a la información pública.
Conclusiones La SIP finalizó su 78ª Asamblea General en esta ciudad con la presentación de las conclusiones tras cuatro días de reuniones.
78 Asamblea General - 27 - 30 de octubre de 2022 - Madrid, España: Un preocupante y franco retroceso de la libertad de prensa se registra en las Américas. Ello se evidencia en el aumento de los asesinatos de periodistas, así como en la intensificación de prácticas de persecución y criminalización judicial que desembocan en detenciones y exilios de integrantes de los medios del continente.
Este panorama, que genera alarma y socava las condiciones democráticas de la región, se constata en los informes semestrales de cada país aprobados por la 78ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), reunida en Madrid de forma presencial luego de más de dos años de encuentros virtuales debido a la pandemia.
Los 25 periodistas asesinados en los últimos seis meses fueron el hecho que generó mayor condena e indignación por parte de los más de 200 editores de medios que asistieron al encuentro. La cifra asciende a 40 si se considera el período desde la 77ª asamblea, realizada en octubre de 2021.
Nuevamente México fue el país con mayor número de víctimas, con 11 homicidios de periodistas y trabajadores de medios desde abril último, sin que las autoridades de esa nación hayan logrado combatir de forma eficaz esta dolorosa tragedia.
Los otros países donde se registraron asesinatos fueron Colombia (3), Haití (3), Ecuador (2), Honduras (2), Estados Unidos (1), Paraguay (1), Brasil (1) y Chile (1). Además, en Colombia prescribieron, en medio de la impunidad, tres casos de periodistas asesinados en 2002.
Durante la reunión fue entregado el gran Premio Libertad de Prensa de la SIP, en calidad de homenaje póstumo, a 20 periodistas que fueron asesinados en México durante los últimos 12 meses.
La asamblea exhortó a gobiernos y autoridades a que asignen prioridad a las investigaciones que permitan capturar a los culpables de los asesinatos de periodistas en la región. Además, instó a promover medidas que garanticen la protección del personal de prensa, tema que también fue discutido durante las sesiones, en busca de crear mecanismos adicionales y sistemas que contribuyan a fortalecer la seguridad de los integrantes de los medios en condiciones de riesgo.
En ese sentido, Ecuador y Paraguay están creando sistemas de protección para periodistas, que se sumarán a los de Brasil, Colombia, Honduras y México.
Pero no solo mediante el asesinato se intenta silenciar las voces de una prensa libre que investiga, denuncia y cuestiona. En este período, la persecución mediante intimidaciones y la criminalización judicial ha llevado al exilio a 29 periodistas y mantiene en prisión, en muchos casos en condiciones infrahumanas, a 15 comunicadores y trabajadores de medios, ya sea por expedientes en curso o por condenas dictadas sin juicios justos.
El caso de Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega, sigue siendo el más alarmante. Seis periodistas condenados permanecen en prisión, en tanto que dos trabajadores del diario La Prensa siguen detenidos. Al menos 15 periodistas salieron al exilio y ya son más de 150 los que han vivido la misma situación en los últimos cuatro años. El gobierno continuó cerrando medios, entre ellos varias radioemisoras de la Iglesia Católica y cortó la señal de CNN en español.
Cuba es otro protagonista crítico de exilios y detenciones que lesionan gravemente la libertad de expresión. Un periodista y dos ‘influencers’ digitales permanecen presos, en tanto que cuatro ciudadanos están detenidos por críticas al gobierno en las redes sociales. Además, tres periodistas independientes se exiliaron y a otros 20 se les «ofertó» la opción de salir del país, con la amenaza de no regresar.
También en El Salvador dos periodistas permanecen presos, en tanto que 10 más se exiliaron debido a la hostilidad del gobierno de Nayib Bukele, el cual intensificó sus amenazas contra la prensa desde que decretó el estado de excepción para combatir las pandillas. Esta situación ha generado, además, autocensura de las fuentes informativas.
En Venezuela, otro país que ha sido fuente del exilio en los últimos años, el gobierno de Nicolás Maduro cerró 41 radioemisoras. También intensificó su ofensiva contra el libre acceso a la información mediante el bloqueo de sitios de internet de medios nacionales e internacionales. Para lograrlo, ordenó a las compañías telefónicas, oficiales y privadas, sacar del aire esos sitios web. Esa situación abrió una controversia sobre el papel de Movistar, filial de la multinacional Telefónica, por darle cumplimiento a este tipo de intervenciones antidemocráticas.
En esta asamblea se hizo un llamado para que se facilite que los periodistas en riesgo puedan acogerse al programa de Reporteros Sin Fronteras España con el Ayuntamiento de Madrid, que les brinda formación y apoyo.
Otro frente de preocupación es el serio deterioro de las condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico por cuenta del avance del narcotráfico y el fenómeno de su transversalidad que abarca a varios países. Las denuncias de amenazas y hostigamientos contra la prensa bajo ese contexto se registraron especialmente en México, Colombia, Ecuador, Argentina y Paraguay.
A eso se suman las conductas de estigmatización del periodismo y las campañas de desprestigio provenientes de gobiernos, sus aliados y movimientos políticos. El escenario más extendido para estos ataques han sido las redes sociales. Los casos de mayor intensidad en este frente se registraron en Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Nicaragua. También el ambiente de alta polarización en las campañas presidenciales de Colombia y Brasil desembocó en este tipo de hostilidad contra periodistas y medios.
La incitación a los discursos de odio en el ecosistema digital afecta prácticamente a toda la región, al punto que hasta en Canadá, uno de los países con mayores garantías para la libertad de prensa, las organizaciones de periodistas reclamaron al gobierno tomar acciones contra las plataformas y redes sociales para que frenen la circulación de mensajes violentos contra los medios y sus integrantes.
Además, siguen siendo inquietantes los intentos por limitar la libertad de expresión a través de leyes nuevas o en proceso de ser debatidas y mediante mecanismos gubernamentales de control.
En Cuba genera temor el reciente Código Penal, el cual aumenta los castigos, que incluyen prisión, por el delito de desacato en casos de ofensas o críticas contra miembros del gobierno. Y en Chile hay alerta por la decisión de la presidencia de Gabriel Boric de crear una comisión que contempla definir estándares sobre la «regulación del sistema de medios» y definir «el derecho a la libertad de expresión y de prensa». El borrador de un proyecto de ley en Colombia que establece restricciones a la libertad de prensa en el marco de una iniciativa para promover la pluralidad de medios comunitarios también despierta preocupación.
De forma positiva hay que destacar que Guatemala y República Dominicana archivaron leyes sobre ciberdelincuencia con mordazas a la prensa, mientras que Honduras derogó la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos, que incluía obstáculos para acceder a información pública.
La presentación de un nuevo reporte del Índice de Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa confirmó la situación crítica consignada en los informes de cada país. En la escala más baja, sin libertad de expresión, aparecen Cuba, Venezuela y Nicaragua. Las únicas dos naciones que están en la franja de libertad de expresión plena son Canadá y Jamaica. En tanto que en el grupo de parcial restricción figuran Colombia, Perú, Argentina, Honduras, Ecuador, Brasil, Bolivia, México y El Salvador. Guatemala está en la categoría de alta restricción. El resto quedaron clasificados en el bloque de baja restricción.
La compleja situación de quienes ejercen el periodismo, la pérdida de sostenibilidad de numerosas empresas de prensa por los efectos de la pandemia y el avance de las grandes plataformas globales y la consolidación en varios países de los poderes políticos autocráticos, limitan el papel de investigación y fiscalización de la prensa. Desde esta asamblea se reclamó a las plataformas digitales que remuneren a los medios en forma justa, razonable y equitativa por el uso de los contenidos noticiosos que distribuyen y monetizan. Todos estos factores constituyen hoy una mezcla de elementos que debilitan las democracias de las Américas, una región que hoy más que nunca necesita de un periodismo fortalecido y protegido por la sociedad.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de las libertades de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental, y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.-
Expertos de medios de comunicación reiteraron que las plataformas digitales deben pagar una retribución justa y razonable por el uso de los contenidos que aquellos generan. Lo plantearon en un panel sobre la sostenibilidad de la industria periodística organizado ayer por el Diálogo Interamericano (IAD).
Durante la actividad "Sostenibilidad de los Medios en la Era de Plataformas Digitales", el presidente de la SIP, Jorge Canahuati Larach, dijo que "la buena salud económica de los medios de comunicación es un atributo fundamental de su independencia, y esta es a su vez esencial para el papel que los medios tienen en una sociedad".
Canahuati, CEO de Grupo Opsa, de Honduras, dijo que la pandemia aceleró la crisis económica de la industria periodística, a la que se sumó el deterioro de su mayor sustento, la publicidad, que en el ámbito digital fue absorbida en un alto porcentaje por las grandes plataformas globales.
Danielle Coffey, vicepresidenta ejecutiva de la News Media Alliance, de Estados Unidos, enfatizó que, gracias a internet, "la audiencia y la demanda por más contenido se ha multiplicado por 10 en la última década", pero, paradójicamente, "los ingresos de los medios se redujeron al 50%". Agregó que esa anomalía se debe a que Facebook y Google se quedan con los beneficios de la distribución de los contenidos periodísticos y de la publicidad que generan con ellos.
Sobre el proyecto de "Ley de Competencia y Preservación del Periodismo (JCPA, en inglés) —que podría ser presentado al pleno antes de fin de año, según lo explicaron congresistas de ambos partidos a la misión de la SIP—, Coffey dijo que se fortaleció debido a decisiones regulatorias en otros países. Explicó que la ley permitirá y obligará a los medios y a las plataformas a negociar un precio justo por los contenidos noticiosos.
Ante una pregunta de Santiago Canton, director del Programa Legal Peter D. Bell Rule de IAD y moderador del panel, Martín Etchevers, presidente de la Comisión de Asuntos Legales de la SIP, dijo que, si bien "son valorables las iniciativas de Google y Facebook para llegar a acuerdos voluntarios con los medios", estos "están lejos de ser justos y razonables". Y agregó: "Tenemos que sentarnos en una mesa de diálogo para lograr que las compensaciones sean de común acuerdo".
Sobre la resistencia de las plataformas a pagar por los contenidos noticiosos, Etchevers, gerente de Relaciones Externas de Grupo Clarín, de Argentina, indicó: "Observamos que en aquellos lugares donde hubo un abordaje legal (Australia y países de la Unión Europea) se alcanzan compensaciones mucho más relevantes, incluso antes de que se aplique la negociación legal obligatoria".
A su vez, Canahuati dijo que "las empresas digitales no deben escatimar esfuerzos para respaldar a los medios, no solo por razones de derecho intelectual, sino porque los contenidos periodísticos les ayudan a contrarrestar la desinformación y las noticias falsas de sus plataformas".
Etchevers agregó que no se entiende que las plataformas se resistan a pagar por el valor de una creación intelectual como son las noticias, cuando no se discute el valor de la música o de una creación cinematográfica. "¿Por qué tenemos que discutir el valor de los contenidos periodísticos, cuando es absolutamente comparable en términos de protección a cualquier otra creación?", preguntó el panelista.
Canton, quien fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Relator Especial para la Libertad de Expresión, consideró que los organismos del Sistema Interamericano podrían ser incentivados para establecer estándares sobre la sostenibilidad de los medios, la libertad de prensa y los desarrollos digitales, como beneficios directos para las democracias.
Canahuati y Etchevers integran una delegación internacional de la SIP que permanecerá hasta el 27 de mayo en Washington, DC, en reuniones con congresistas y funcionarios estadunidenses, embajadores de la Organización de Estados Americanos y con el secretario general de ese organismo, Luis Almagro, por temas de libertad de prensa y sostenibilidad de los medios.
También integran la misión de la SIP, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, director periodístico de La Voz del Interior, Argentina; Andrea Miranda, miembro de la Junta de Directores, editora general del Grupo Debate Media, México; Sebastián Pastor, secretario general de las Asociación de Medios de Comunicación de Honduras (AMC) y director ejecutivo de la Fundación Televicentro, Honduras, y Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP. Gilberto Urdaneta, miembro del Comité Ejecutivo de la SIP, de El regional del Zulia, Venezuela, así como las representantes del Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa (RCFP, en inglés), Lisa Zycherman, directora jurídica adjunta y asesora política, y Sasha Dudding, abogada, participan en varias de las reuniones. Otros aspectos relevantes que emergieron del panel Canton: "La situación económica endeble en la que se encuentran los medios representa una amenaza para la libertad de expresión y, como consecuencia, para la fortaleza de la democracia". En referencia a las regulaciones en otros países, dijo: "El objetivo para nuestra región no es copiar las soluciones externas, pero sí crear una que funcione en el contexto político, social y económico de las Américas".
Canahuati: "Debido a las crisis económicas, en todos los países vemos la retracción de los medios y cómo las arenas de los desiertos informativos se están expandiendo". Sobre las consecuencias, agregó: "Sin información local de calidad e independiente, las comunidades no suelen comprometerse con los procesos electorales; la corrupción aumenta, así como las injusticias y las violaciones a los derechos humanos".
Coffey: "Es importante recordar que no hay nada comparable a un derecho sostenible. No podemos descansar en pagos benevolentes que están por fuera de regulaciones o del ámbito legal. Nunca van a reflejar o acercarse a reflejar el verdadero valor de mercado, porque, por definición, en un mercado que está roto, siempre hay un monopolio dominante que obviamente disfruta del statu quo".
Etchevers: "América Latina es la región del mundo donde más se destruyó la publicidad tradicional y no está compensada por la publicidad digital. El crecimiento de la publicidad digital no compensa las pérdidas de las fuentes de ingresos tradicionales. Es un fenómeno que atraviesa a toda la industria periodística y que debe ser abordado como se hizo en Canadá, Europa y Australia, de una manera transversal a toda la industria periodística".
