El arquitecto y exsubsecretario de Planeamiento Urbano de Rosario criticó en Señales la falta de debate público en la intervención sobre la costa central, cuestionó la estética "artificial" del proyecto y advirtió sobre la creciente polarización política alrededor de las transformaciones urbanas Eduardo González, arquitecto rosarino especializado en planeamiento urbano, desarrollo sustentable y políticas públicas vinculadas al territorio y el ambiente, observa el debate por el nuevo proyecto sobre la costa rosarina con una mezcla de preocupación técnica y alarma política. Con décadas de experiencia en la Municipalidad de Rosario —donde ocupó cargos vinculados al urbanismo, las obras particulares y la planificación estratégica— sostiene que una intervención de semejante escala no puede desarrollarse sin una discusión pública profunda, abierta y participativa.
González fue subsecretario de Planeamiento Urbano durante la gestión de Hermes Binner, director de Obras Particulares, coordinador del Programa de Construcciones Sustentables y Eficiencia Energética y nuevamente subsecretario de Planeamiento bajo la intendencia de Mónica Fein. Desde esos espacios impulsó políticas de arquitectura sustentable, ahorro energético y criterios ambientales aplicados al desarrollo urbano. También tuvo un rol central en el proyecto Legado Deliot, orientado a la preservación y recuperación ambiental de las islas frente a Rosario, en el Delta del Paraná, donde coordinó iniciativas de conservación, educación ambiental y ecoturismo sobre más de 1.700 hectáreas de humedales en la isla Charigüé.
Un proyecto así necesita una discusión mucho más grande
Desde esa trayectoria, González considera que el principal problema del proyecto ribereño no es solamente urbanístico o paisajístico, sino político y metodológico. "Un proyecto de esta naturaleza necesita sí o sí una discusión más grande", afirma. Para él, una obra de semejante impacto no puede aparecer de manera repentina, sin haber atravesado instancias previas de validación colectiva, como ocurría con los grandes proyectos urbanos incluidos en el Plan Estratégico Rosario, donde distintas instituciones participaban de la elaboración y el consenso.
Lo que observa, en cambio, es un proceso cerrado. "Nadie sabe y te aparece de golpe un proyecto de esta característica", cuestiona. Y señala que justamente quienes hoy manifiestan mayor oposición —ambientalistas, usuarios del río, kayakistas y organizaciones vinculadas al paisaje costero— son quienes nunca fueron convocados a participar. Esa ausencia de diálogo previo, sostiene, explica gran parte del rechazo actual.
La discusión que nunca se abrió
Le resulta especialmente llamativo que una intervención de más de un kilómetro de extensión no haya sido trabajada junto a ámbitos ya existentes, como el
Consejo Consultivo del Río (ver más abajo) y otras instancias de articulación ciudadana. "Si no lo conocen es porque nadie los ha participado", responde, en referencia a las declaraciones oficiales que adjudican las críticas al desconocimiento del proyecto. Para González, esa lógica termina agravando la polarización y debilitando cualquier posibilidad de consenso.
Incluso concede la posibilidad de que el proyecto haya sido diseñado contemplando ciertas premisas ambientales o urbanísticas valiosas. Pero insiste en que, aun en ese caso, la falta de participación lo vuelve difícilmente gobernable. "Por más bien que esté el proyecto, si no hay participación es muy difícil poder consensuar", resume. A su entender, la discusión pública es una condición indispensable para sostener proyectos de alto impacto territorial.
González sostiene que gran parte de las controversias urbanas aparecen justamente cuando los proyectos no son discutidos previamente con la ciudadanía. Para él, la falta de discusión pública no es un detalle secundario, sino una condición básica para gobernar y desarrollar una ciudad. En el caso de la intervención ribereña, aclara que el uso del suelo no cambia —porque toda esa zona ya estaba destinada a funciones recreativas—, pero sí cambia de manera drástica el paisaje que se proyecta sobre la costa.
Y allí vuelve sobre uno de los aspectos que más cuestiona: la estética del proyecto y las imágenes difundidas oficialmente. El arquitecto observa que las estructuras coloridas, los juegos y los elementos plásticos que aparecieron en los renders iniciales transmiten una idea de artificialización difícil de compatibilizar con el discurso de “renaturalización” de la ribera. Según plantea, esa presencia dominante de “plásticos de colores”, similares a los instalados en plazas recientes de la ciudad, terminó generando una reacción inmediata en muchos sectores que esperaban una propuesta más integrada al paisaje natural del río.
Por eso insiste en que una transformación de semejante impacto debería haber sido previamente discutida con vecinos, ambientalistas y organizaciones vinculadas al uso cotidiano de la costa. De lo contrario, advierte, la oposición social aparece inevitablemente.
González también cuestiona el tono confrontativo que fue tomando el debate político alrededor del proyecto. Considera que la gobernabilidad de intervenciones urbanas de semejante impacto ya es compleja de por sí, pero que esa dificultad aumenta cuando desde el oficialismo se responde a las críticas mediante la polarización o la descalificación de quienes se oponen.
En ese sentido, observa que el propio intendente planteó públicamente que muchos cuestionamientos surgían porque la gente "no conoce" el proyecto. Y agrega que, en otros casos, se intentó asociar a los críticos con sectores políticos opositores, particularmente con Ciudad Futura. Para González, ese tipo de respuestas terminan reduciendo una discusión urbana y ambiental mucho más amplia a una lógica de enfrentamiento partidario.
"Se revaloriza la confrontación por sí", sostiene. Y compara esa dinámica con los mecanismos de polarización que, según él, atraviesan hoy la política nacional. Allí menciona al presidente Javier Milei y su permanente confrontación con el kirchnerismo como ejemplo de una estrategia basada en construir adversarios y desacreditarlos públicamente.
Frente a eso, González reivindica el diálogo y la participación como herramientas centrales para sostener proyectos urbanos de gran escala. "Dentro de la convivencia y dentro de la democracia es bueno hablar, es bueno dialogar, es bueno participar", insiste, convencido de que la gobernabilidad de una ciudad depende justamente de la capacidad de construir consensos y no de profundizar divisiones.
Entre la renaturalización y una plaza extendida En paralelo, González pone el foco en otro aspecto que considera determinante: la comunicación visual del proyecto. Las primeras imágenes difundidas, dice, mostraban estructuras plásticas y coloridas muy similares a las utilizadas en plazas recientemente inauguradas por el municipio. "Esos mismos plásticos, esas mismas fotos, con los mismos colores", describe. Para buena parte de la ciudadanía, sostiene, la asociación fue inmediata: una nueva extensión de ese mismo modelo de espacio público sobre la ribera.
Esa percepción inicial, entiende, condicionó fuertemente la recepción social de la obra. Porque mientras desde el discurso oficial se hablaba de "renaturalizar" la costa o recuperar superficie absorbente, las imágenes transmitían exactamente lo contrario: una intervención artificial y cargada de estructuras de colores. "Todo ese tipo de cosas hace que pierda el amor que hay que tenerle a estos proyectos", lamenta.
Con el correr de las semanas, reconoce, comenzaron a difundirse otras representaciones visuales donde predominaban más la arena y elementos menos invasivos. Allí detecta una reformulación comunicacional, un intento de despegar el proyecto de aquella primera imagen asociada a plazas modulares y juegos infantiles. "Primero era un proyecto como si fuese una plaza extendida y ahora es un kilómetro y chirola de longitud ribereña", ironiza.
Al analizar el pliego licitatorio, cuyo presupuesto ascendió finalmente a 12.600 millones de pesos, González también detecta continuidades con otras intervenciones urbanas recientes impulsadas por el municipio. La obra, explica, fue adjudicada mediante un sistema "modular", una metodología que ya se había utilizado en distintas plazas de la ciudad. Para el arquitecto, eso refuerza la sensación de repetición estética y conceptual que generaron las primeras imágenes difundidas del proyecto.
En ese punto menciona especialmente la presencia de juegos y estructuras de la empresa Crucijuegos, cuyos diseños —según plantea— remiten inmediatamente a las plazas inauguradas en los últimos años. Esa asociación visual, marcada por los colores intensos, los juegos plásticos y una estética fuertemente artificial, terminó instalándose rápidamente en la percepción pública del proyecto ribereño.
Por eso considera que ahora el municipio intenta reformular la comunicación de la obra y reforzar la idea de un proyecto “integral”, más vinculado al paisaje y menos asociado a una gran plaza extendida sobre la costa. Sin embargo, cree que el problema inicial ya dejó una huella difícil de revertir. "El primer paso mal dado está", resume, convencido de que la imagen pública de una intervención urbana muchas veces condiciona todo el debate posterior
Es la única garantía democrática
Más allá de lo visual, insiste en que el núcleo del problema sigue siendo la falta de mecanismos efectivos de participación ciudadana para proyectos de alto impacto. Recuerda incluso haber participado personalmente en iniciativas destinadas a crear herramientas para que vecinos y organizaciones pudieran expresarse formalmente frente a grandes transformaciones urbanas. Sin embargo, esas propuestas nunca avanzaron.
Para él, la ausencia de instancias de consulta previas explica buena parte de las controversias urbanas que periódicamente surgen en Rosario. "Es la única garantía democrática de poder gobernar una ciudad", asegura. Y aunque reconoce que el sector intervenido ya estaba destinado a uso recreativo dentro de la planificación urbana, aclara que eso no impide discutir el tipo de paisaje que se construye allí.
Porque, en definitiva, el cuestionamiento no pasa tanto por el uso del suelo como por la identidad visual y ambiental que se proyecta sobre la costa. González considera que el nuevo diseño propone un paisaje "muy artificial", especialmente por la presencia dominante de estructuras plásticas coloridas. Por eso vuelve una y otra vez sobre la necesidad de debatir colectivamente qué tipo de ribera quiere Rosario.
"No está mal que cambie el paisaje", aclara. Incluso reconoce que toda esa zona necesita un tratamiento integral. Pero advierte que un verdadero proyecto integral debe contener los reclamos, las necesidades y las expectativas de vecinos, ambientalistas y usuarios habituales del río. Sin esa construcción colectiva, concluye, cualquier intento de presentar la obra como una intervención de "renaturalización" queda debilitado frente a las propias imágenes del proyecto.
¿Hasta dónde intervenir el paisaje del Paraná?
Para Eduardo González, el debate sobre el proyecto ribereño también deja expuesta una discusión mucho más profunda: cómo se relaciona Rosario con el río y hasta dónde una ciudad puede intervenir sobre un paisaje natural sin alterar su equilibrio. El arquitecto aclara que hay cuestiones de infraestructura que necesitan resolverse de manera urgente, como el deterioro de la bajada Piaggio y los problemas vinculados a posibles pérdidas cloacales. "Si hay pérdida de líquidos cloacales hay que hacer una obra", sostiene, y plantea que la solución debería pasar por extender los conductos hacia zonas más profundas del canal, aprovechando incluso el futuro dragado previsto a 40 pies de calado.
Sin embargo, advierte que esa necesidad técnica no tiene relación directa con la instalación de áreas recreativas o estructuras urbanas sobre el borde costero. A su entender, son discusiones distintas que se están mezclando. Resolver los problemas sanitarios y de infraestructura no implica necesariamente avanzar con un megaproyecto urbano sin debate previo. Mucho menos, dice, sin discutir antes qué modelo de ribera quiere la ciudad.
En ese punto, González vuelve sobre un tema que atravesó buena parte de su experiencia en el proyecto Legado Deliot y en la administración de los terrenos municipales en las islas frente a Rosario: el delicado equilibrio entre conservación ambiental y acceso público. "Siempre la discusión es hasta dónde uno puede dejar ingresar al turismo para que no se produzca un efecto contrario", explica.
Según describe, existen dos paradigmas históricos dentro del ambientalismo. El primero sostiene que aquello que no se conoce no puede ser amado ni defendido. Bajo esa lógica, permitir que las personas recorran humedales, glaciares o paisajes naturales genera conciencia y compromiso con su preservación. Pero el segundo paradigma recuerda que el ser humano también es un gran depredador: donde llega, consume, degrada y transforma. "¿Hasta dónde hay que dejar para que se produzcan las visitas y conocer la naturaleza?", se pregunta.
En el caso rosarino, considera que la situación tiene una particularidad decisiva: no se trata de un entorno natural aislado, sino del borde ribereño de una gran ciudad. Rosario posee 17 kilómetros de costa sobre el Paraná, aunque gran parte de ese frente permanece condicionado por el desarrollo portuario consolidado históricamente desde Pellegrini hacia el sur. Por eso, sostiene que la ribera que queda hacia el norte debería garantizar mayor accesibilidad pública.
Pero esa accesibilidad no implica necesariamente artificializar el paisaje. González cree que debe existir una convivencia equilibrada entre naturaleza y ciudad. "Estamos frente a la ciudad, y lo que tendríamos que tener son servicios, recreación, buenas vistas y buen uso", plantea. El problema, insiste una vez más, es que ninguna de esas decisiones fue suficientemente discutida.
Que alguien critique el proyecto no significa estar contra la ciudad
Para el arquitecto, la falta de participación vuelve inviable cualquier intento de construir consenso social alrededor del proyecto. Sin mecanismos de consulta abiertos, dice, es inevitable que aparezcan resistencias. Y lejos de interpretar esas críticas como un obstáculo político, considera que forman parte de un derecho democrático básico. "Es el ABC de la gobernabilidad democrática", resume.
A su juicio, el error aparece cuando desde el poder político se transforma a quienes cuestionan el proyecto en enemigos del progreso o de la ciudad. Observa que ese tipo de respuestas simplifican una discusión mucho más compleja y empujan el debate hacia una lógica de confrontación permanente. "No es así", remarca. Y advierte que esa dinámica termina degradando la convivencia democrática y haciendo más difícil cualquier acuerdo posterior.
González tampoco cree que este tipo de intervención tenga un impacto turístico decisivo. Incluso plantea que, si la intención fuera desarrollar grandes equipamientos recreativos o parques acuáticos, podrían pensarse en otras localizaciones, como sucede en ciudades vecinas. Lo que sí detecta detrás del proyecto es una disputa histórica entre artificio y naturaleza: cuánto transforma el hombre aquello que toca y qué tipo de vínculo construye con el paisaje.
Por eso insiste en que la discusión de fondo no debería limitarse a la estética de la obra ni a las posiciones partidarias. Lo verdaderamente importante, dice, es lograr que la ciudad "se lleve lo mejor posible con el río". Y esa relación no involucra solamente al ambiente como concepto abstracto, sino también a los ciudadanos que viven, trabajan y disfrutan cotidianamente de la costa.
"El río tiene que poder usarse, disfrutarse y trabajarse", afirma, retomando incluso los planteos históricos de los pescadores de la zona. Todo eso, explica, forma parte de una idea más amplia de calidad de vida urbana. Pero para alcanzar esa calidad de vida, insiste, no alcanza con construir obras. Hace falta participación.
En ese sentido, menciona unas recientes declaraciones del intendente, quien sostuvo que si cada proyecto tuviera que atravesar audiencias públicas permanentes sería imposible gobernar. González reconoce que existe parte de verdad en esa afirmación. Sin embargo, advierte que cuando las decisiones se acumulan sin consenso —ya sea mediante excepciones urbanísticas o proyectos de alto impacto no debatidos— las tensiones terminan explotando más adelante.
"Son formas de gobernar también", dice, aunque deja en claro su desacuerdo con esa metodología. Porque para él la oposición de organizaciones ambientales y vecinos no debería leerse como un ataque político, sino como la consecuencia natural de procesos cerrados. "Que alguien no esté de acuerdo con este proyecto no significa que esté en contra de la ciudad", enfatiza.
Hacia el final de la conversación, González deja entrever una preocupación más amplia sobre el clima social y político de época. Cree que existe una tendencia creciente a llevar todas las discusiones hacia extremos irreconciliables, transformando cualquier diferencia en una batalla definitiva. Frente a eso, vuelve a defender la necesidad de discutir, escuchar y construir acuerdos.
"Espero que esto se discuta lo más ampliamente posible y se termine lo mejor que podamos", concluye.
Escuchá la entrevista completa:
Cabe recordar que en 2022 el Concejo Municipal aprobó la Ordenanza N.º 10.407, impulsada entre otros por el entonces concejal y actual senador departamental Ciro Seisas, mediante la cual se creó el "Consejo Consultivo del Río" en el ámbito de la Municipalidad de Rosario.
La normativa estableció expresamente que dicho organismo debía constituirse como un ámbito institucional de planificación, coordinación y asesoramiento técnico sobre políticas vinculadas al río Paraná y la actividad ribereña, incluyendo el diseño de propuestas y proyectos de relevancia para la ciudad.
Sin embargo, pese a que actualmente se discuten e impulsan distintas intervenciones y obras sobre el frente costero y el río, integrantes vinculados al sector señalan que el Consejo nunca fue convocado ni consultado para participar del análisis de estas iniciativas, aun cuando ese fue precisamente uno de los objetivos centrales previstos por la ordenanza.
Cristina Pradolini: "Las playas de Rosario deben ser públicas y pensadas para los rosarinos"La integrante de la Comisión de Urbanismo del Colegio de Arquitectos cuestionó el avance del parque acuático en la costa norte. Ante los numerosos planteos que proponían trasladar el emprendimiento a otro sector,
Señales la consultó sobre el abandonado proyecto del balneario Los Ángeles. La especialista reclamó su recuperación y sostuvo que las políticas urbanas deberían priorizar derechos básicos, como el acceso al agua potable, por sobre los emprendimientos privados orientados al turismo.
Cristina Pradolini, integrante de la Comisión de Urbanismo del Colegio de Arquitectos, planteó una defensa enfática del carácter público de las playas rosarinas y cuestionó con dureza los proyectos de privatización impulsados sobre la costa norte de la ciudad. Para la arquitecta, recuperar el balneario Los Ángeles representa una oportunidad histórica para Rosario, pero siempre y cuando esa recuperación esté pensada para los ciudadanos y no para emprendimientos privados orientados al turismo.
Pradolini recordó que el balneario Los Ángeles tuvo su origen a principios del siglo pasado y que vivió su mayor auge durante las décadas del 40 y 50. Desde esa perspectiva histórica, consideró "valiosísimo" rescatarlo y ponerlo nuevamente en valor, del mismo modo en que se desarrolló el balneario La Florida en la zona norte. Sin embargo, aclaró que esa recuperación debe sostener un principio innegociable: el acceso público, libre y gratuito para todos los rosarinos.
En ese sentido, subrayó que tanto las tierras del balneario Los Ángeles como las de La Florida y la Rambla Catalunya son terrenos públicos y fiscales. Por eso, sostuvo que sería "maravilloso" pensar esos espacios para los miles de rosarinos que no tienen la posibilidad de viajar ni vacacionar fuera de la ciudad y que utilizan las playas locales durante el verano. Según explicó, esos sectores deben adecuarse y mejorarse para las familias de clase media, media baja y baja que necesitan esos lugares de recreación y descanso. "Repito, manteniéndolas como espacios públicos, entrada gratuita, libre para cualquier ciudadano de la ciudad de Rosario", insistió.
La arquitecta dejó en claro su rechazo a los emprendimientos privados sobre la costa. Dijo no estar de acuerdo con las concesiones ni con la entrega de tierras públicas a inversores privados, porque entiende que la lógica del mercado termina excluyendo a gran parte de la población mediante entradas pagas o servicios inaccesibles.
Para Pradolini, el debate excede la discusión sobre un balneario o un parque acuático y se vincula directamente con el modelo de ciudad. Consideró que las decisiones políticas son "cruciales" cuando se piensa en la totalidad de Rosario y no únicamente en determinados sectores vinculados al turismo. Afirmó que, si se pretende construir una ciudad integrada, igualitaria y no fragmentada, las prioridades deben estar puestas en obras públicas esenciales y en el respeto de los derechos humanos básicos.
El agua no está para los toboganes acuáticos
En ese marco, cuestionó con firmeza el uso de recursos para proyectos recreativos mientras persisten graves déficits de infraestructura en los barrios populares. "El agua no está en Rosario para circular por los toboganes acuáticos", señaló. Según describió, existen grandes áreas periféricas de la ciudad donde todavía no hay acceso regular al agua potable y donde muchos vecinos deben caminar varias cuadras cada día para llenar bidones y poder tomar agua. "Caminar seis cuadras para traer un bidón con agua potable para tomar" fue una de las imágenes que utilizó para graficar esa desigualdad.
Para la integrante de la Comisión de Urbanismo, ese derecho humano básico “se contrapone totalmente” con la construcción de toboganes acuáticos en la costa norte. Incluso afirmó que no iría "ni a verlos", porque inevitablemente pensaría en los rosarinos que deben recorrer seis, siete u ocho cuadras para conseguir agua potable.
A lo largo de su reflexión, insistió en que las decisiones políticas deben estar orientadas al bienestar de toda la población y responder a derechos esenciales. Enumeró entre las prioridades el acceso al agua potable, redes cloacales, redes de gas y obras de asfaltado, antes que proyectos destinados al entretenimiento turístico.
El rescate del balneario Los Ángeles
Pradolini también remarcó que el balneario Los Ángeles posee la misma relevancia estratégica y social que La Florida y la Rambla Catalunya. Por eso, consideró que una buena decisión de la Intendencia sería revalorizar y mejorar simultáneamente los espacios públicos del norte y del sur de la ciudad.
No obstante, reconoció que hoy el eje de la discusión pública está concentrado en la costa norte. Según sostuvo, "un gran porcentaje de la ciudad" se opone al parque acuático proyectado en la Rambla Catalunya. Aun así, advirtió que el balneario Los Ángeles resulta fundamental para los vecinos del Distrito Sudoeste, que actualmente no cuentan con un polideportivo. En ese sentido, señaló la necesidad de incorporar bañeros, arena, señalización y arbolado para garantizar condiciones apropiadas de uso y seguridad.
La arquitecta reiteró que el balneario Los Ángeles es "muy importante", aunque aclaró que la prioridad inmediata es detener la privatización vinculada al parque acuático de la Rambla Catalunya y La Florida. "En este momento se debe detener la obra del parque acuático. Toda la playa debe ser pública", sostuvo.
Finalmente, anticipó que, si en el futuro el debate por la privatización se traslada también al balneario Los Ángeles, habrá que defender allí el mismo principio: playas públicas, gratuitas y accesibles para todos los rosarinos. "No para el turismo, para los rosarinos", resumió. Y cerró con una advertencia política: aunque considera importante impulsar la recuperación del balneario Los Ángeles, hoy el foco no debe desviarse. "Esta semana y la otra es importante no quitar el foco en donde está el incendio, que es el parque acuático de la zona norte", concluyó.
Esuchá a Pradolini:
El río, los humedales y la ciudad: el reclamo por una costa pública
Las críticas al parque acuático y a la privatización de la costa también sumaron otras voces políticas, ambientales y urbanísticas. En diálogo con Señales, el abogado ambientalista Enrique Viale llamó a "recuperar el río Paraná" y rechazó el proyecto impulsado sobre la ribera rosarina. Para Viale, la iniciativa representa una lógica de ocupación privada y artificial de un entorno natural único. "Digámosle no al parque acuático, eso que privatiza todo, hace un lugar feo, con plástico, cemento", expresó.
El referente ambiental sostuvo además que Rosario y la región cuentan con "uno de los sistemas de humedales más lindos y variados de América Latina", y reivindicó el valor cultural, social y simbólico del río. "Es el lugar de canciones, de poemas, de cuentos", afirmó, al convocar a una defensa colectiva del Paraná y de los espacios públicos ribereños. En ese sentido, trazó un paralelismo con las movilizaciones ambientales contra la megaminería y en defensa de los glaciares: "Como nos juntamos con los glaciares, nos vamos a juntar para recuperar el río".
En la misma línea, el diputado provincial socialista Joaquín Blanco planteó la necesidad de abrir el debate a especialistas y organismos técnicos antes de avanzar con intervenciones urbanísticas de gran escala sobre la costa. Según señaló, las decisiones públicas vinculadas al río y al frente costero deberían construirse convocando "a los que más saben": urbanistas, especialistas en planificación estratégica y expertos en cuestiones ambientales y territoriales.
Para Blanco, incorporar esas miradas no solo mejora la calidad del debate, sino que también reduce márgenes de error en políticas financiadas con recursos públicos. "Es un criterio de eficiencia", sostuvo, al remarcar que las obras urbanas con fuerte impacto territorial requieren una visión integral de ciudad, incluyendo aspectos como la movilidad y el acceso al espacio ribereño.
El legislador recordó además que Rosario cuenta desde 2022 con una ordenanza que creó el Consejo Consultivo del Río, impulsada en su momento por el actual senador departamental Ciro Seisas. Según explicó, ese organismo fue pensado justamente para debatir y planificar políticas vinculadas al Paraná como "un bien público y estratégico" para la ciudad. "Nuestra ciudad vive y tiene su hábitat vinculado con el río", remarcó.
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