Los vecinos sostienen, en diálogo con Señales, que el terreno fue cedido décadas atrás por la familia Casasola para uso comunitario y denuncian que ahora se intenta avanzar sobre un espacio público sin consulta al barrio. Desde la Municipalidad, en cambio, afirman que nunca hubo venta ni privatización, sino una cesión precaria de una parte del inmueble para construir una escuela, mientras el resto continuará destinado a plaza.
Sin embargo, el expediente administrativo revela que el terreno de Bolivia no fue el primero solicitado por la institución beneficiaria y permite reconstruir paso a paso cómo se llegó a esa decisión.
El origen del conflicto
El terreno tiene 64 metros de frente por 62 de fondo y fue incorporado al patrimonio municipal durante el proceso de urbanización del sector. Los descendientes de la familia Casasola sostienen que la voluntad de quienes cedieron esas tierras fue crear una plaza para el barrio, inaugurada oficialmente en 1985 durante la intendencia de Horacio Usandizaga.
Con el paso del tiempo el lugar sufrió un progresivo deterioro. La falta de mantenimiento motivó reiterados reclamos vecinales desde al menos 2021. La preocupación creció cuando comenzaron movimientos de suelo, la instalación de pilares para conexiones de agua y electricidad y el intento de cercar parte del predio.
Según denuncian los vecinos, quienes realizaban esas tareas les manifestaban que allí se construiría un templo porque el terreno había sido adquirido por un privado.
La reacción no tardó en llegar. Decenas de habitantes del barrio organizaron una convocatoria bajo la consigna "Todos en contra de la usurpación. Devolución de la plaza con mejoras", impulsaron un petitorio y reclamaron que el espacio continúe siendo íntegramente de uso público.
La versión del Municipio
Tras la repercusión pública, el secretario de Gobierno, Sebastián Chale, negó que el terreno hubiera sido vendido.
Explicó que el Concejo Municipal aprobó la cesión de una parte del inmueble a la Fundación Fortaleza de Sión, responsable de la Escuela Particular Incorporada Nº 1505, una institución de gestión privada, de orientación evangélica e incorporada a la enseñanza oficial con aporte estatal.
Según el funcionario, solamente un tercio del predio será destinado a la construcción del edificio escolar y el resto permanecerá como espacio verde, que será rediseñado junto con los vecinos.
El intendente Pablo Javkin sostuvo, además, que el terreno nunca fue donado exclusivamente para una plaza, sino que formó parte de un loteo destinado a espacio verde y equipamiento comunitario, categoría urbanística que contempla tanto plazas como establecimientos educativos, sanitarios u otros equipamientos públicos.
Cómo se gestó la cesión
El expediente municipal permite reconstruir el recorrido administrativo.
El 27 de junio de 2024 la Fundación Fortaleza de Sión solicitó formalmente un terreno municipal para construir la sede propia de la Escuela Particular Incorporada Nº 1505, que actualmente funciona en inmuebles alquilados.
En la presentación, la entidad explicó que el proyecto no se limitaba a un edificio escolar. Planteó desarrollar un complejo con jardín de infantes, escuela primaria y posteriormente secundaria, además de un comedor destinado a personas en situación de vulnerabilidad, talleres de capacitación en herrería, carpintería, albañilería y costura, un campo deportivo y espacios orientados a la contención de jóvenes para alejarlos de situaciones de violencia, consumo problemático y delincuencia.
Pero el predio de Bolivia al 600 bis no fue el primero elegido.
La Fundación solicitó inicialmente dos terrenos municipales ubicados sobre calle Schweitzer al 7200, entre Tobas, México y Nicaragua, argumentando que se encontraban abandonados y eran utilizados como basurales.
La Secretaría de Planeamiento descartó esa posibilidad. En sus informes concluyó que esos inmuebles debían preservarse como espacios públicos de cercanía y que no reunían condiciones adecuadas para emplazar allí el establecimiento educativo.
Fue entonces cuando el propio Municipio propuso como alternativa una fracción del terreno ubicado sobre Bolivia entre French y Juan José Paso.
Aunque el Código Urbano no admite allí el uso educativo, los técnicos consideraron que el sector había adquirido un perfil predominantemente residencial y recomendaron otorgar una excepción urbanística.
El expediente agrega que la Fundación aceptó esa nueva localización, paso previo al envío del Mensaje Nº 150/2025 al Concejo Municipal.
Qué dice el expediente
La Fundación
En su presentación, la entidad se define como una organización sin fines de lucro dedicada a la educación y sostiene que busca construir un complejo educativo con actividades sociales y comunitarias.
El primer pedido
La solicitud original no fue sobre la plaza de Bolivia, sino sobre dos lotes municipales ubicados en calle Schweitzer al 7200.
La respuesta técnica
Planeamiento rechazó esa ubicación al considerar que esos terrenos debían preservarse como espacios públicos de cercanía.
La propuesta municipal
El Ejecutivo ofreció como alternativa el predio de Bolivia entre French y Juan José Paso y promovió una excepción urbanística para permitir allí un establecimiento educativo.
La aceptación
El expediente deja constancia de que la Fundación aceptó esa nueva localización antes de que el proyecto fuera remitido al Concejo.
La fundación beneficiaria
La beneficiaria de la cesión es la Fundación Evangélica Fortaleza de Sión, con domicilio legal en Baigorria 2516, entidad titular de la Escuela Particular Incorporada Nº 1505.
Según el Registro de Personas Jurídicas, su comisión directiva está integrada por Hugo Fornero como presidente, Gerardo Armento como tesorero y Érica Arroyo como secretaria.
La beneficiaria de la cesión es la Fundación Evangélica Fortaleza de Sión, con domicilio legal en Baigorria 2516, entidad titular de la Escuela Particular Incorporada Nº 1505.
Según el Registro de Personas Jurídicas, su comisión directiva está integrada por Hugo Fornero como presidente, Gerardo Armento como tesorero y Érica Arroyo como secretaria.
El presidente de la Fundación
El presidente de la institución es el ex comisario Hugo Alberto Fornero, quien desarrolló gran parte de su carrera en la Policía de Santa Fe.
Fue jefe de la Comisaría 32ª de Rosario y ocupó posteriormente cargos jerárquicos en la Unidad Regional II.
Su trayectoria estuvo atravesada por distintos cuestionamientos públicos. En 2005 fue desplazado preventivamente de la Comisaría 32ª tras denuncias vecinales por presuntas irregularidades. Años más tarde, cuando era mencionado como posible jefe de la Unidad Regional II, su eventual designación fue objetada por el entonces concejal Alberto Cortés, quien recordó investigaciones periodísticas de Carlos del Frade sobre presuntas irregularidades durante su paso por la Comisaría 7ª. Fornero rechazó esas acusaciones mediante carta documento.
En 2012 también fue incluido en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que alcanzó a varios integrantes de la Policía santafesina. En 2015 el fiscal interviniente solicitó el archivo de las actuaciones respecto de Fornero al considerar satisfactorias las explicaciones brindadas sobre la evolución de su patrimonio.
El presidente de la institución es el ex comisario Hugo Alberto Fornero, quien desarrolló gran parte de su carrera en la Policía de Santa Fe.
Fue jefe de la Comisaría 32ª de Rosario y ocupó posteriormente cargos jerárquicos en la Unidad Regional II.
Su trayectoria estuvo atravesada por distintos cuestionamientos públicos. En 2005 fue desplazado preventivamente de la Comisaría 32ª tras denuncias vecinales por presuntas irregularidades. Años más tarde, cuando era mencionado como posible jefe de la Unidad Regional II, su eventual designación fue objetada por el entonces concejal Alberto Cortés, quien recordó investigaciones periodísticas de Carlos del Frade sobre presuntas irregularidades durante su paso por la Comisaría 7ª. Fornero rechazó esas acusaciones mediante carta documento.
En 2012 también fue incluido en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que alcanzó a varios integrantes de la Policía santafesina. En 2015 el fiscal interviniente solicitó el archivo de las actuaciones respecto de Fornero al considerar satisfactorias las explicaciones brindadas sobre la evolución de su patrimonio.
El Mensaje Nº 150/2025 fue aprobado durante la sesión del 4 de diciembre de 2025.
El proyecto obtuvo 21 votos afirmativos, mientras que cuatro concejales se abstuvieron: Julián Ferrero, Agustina Gareis, Juan Monteverde y Jesica Pellegrini. Además, Sabrina Prence y Norma López estuvieron ausentes durante la votación.
La aprobación habilitó la excepción urbanística y autorizó la cesión precaria por diez años de aproximadamente 2.009 metros cuadrados del predio municipal para la construcción de la nueva sede de la Escuela Nº 1505.
Un conflicto que sigue abierto
La decisión legislativa cerró el trámite administrativo iniciado por la Fundación en junio de 2024, pero no el conflicto social.
Para el Municipio, la cesión es compatible con el destino urbanístico del inmueble y permitirá incorporar una escuela sin perder el carácter público del espacio. Para los vecinos, en cambio, la intervención implica resignar parte de una plaza que desde hace casi cuarenta años constituye uno de los principales lugares de encuentro del barrio.
Más allá del resultado de la votación, la controversia trasciende la construcción de un edificio escolar. El caso abre interrogantes sobre los criterios con los que el Estado administra las tierras públicas, frente a los usos consolidados por la comunidad y los mecanismos mediante los cuales se asignan bienes municipales a entidades privadas que desarrollan actividades de interés público.
La decisión legislativa cerró el trámite administrativo iniciado por la Fundación en junio de 2024, pero no el conflicto social.
Para el Municipio, la cesión es compatible con el destino urbanístico del inmueble y permitirá incorporar una escuela sin perder el carácter público del espacio. Para los vecinos, en cambio, la intervención implica resignar parte de una plaza que desde hace casi cuarenta años constituye uno de los principales lugares de encuentro del barrio.
Más allá del resultado de la votación, la controversia trasciende la construcción de un edificio escolar. El caso abre interrogantes sobre los criterios con los que el Estado administra las tierras públicas, frente a los usos consolidados por la comunidad y los mecanismos mediante los cuales se asignan bienes municipales a entidades privadas que desarrollan actividades de interés público.
