Gabriela Fernández aprendió desde muy temprano que el acceso a la educación no estaba garantizado para todos por igual. Psicóloga, trabajadora no docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario y coordinadora del área de accesibilidad de esa casa de estudios, hoy ocupa un lugar central en el acompañamiento de estudiantes en situación de discapacidad. Pero cuando ella misma transitaba las aulas como estudiante ciega, ese espacio todavía no existía.
Durante aquellos años, recuerda, su recorrido universitario dependía casi exclusivamente de la buena voluntad de compañeros, compañeras y docentes que le ayudaban a leer materiales o a rendir exámenes. "No siempre existió un espacio de acompañamiento con perspectiva de accesibilidad en la facultad", señala. Recién hace algo más de siete años la Facultad de Psicología comenzó a contar con un dispositivo institucional destinado a acompañar las trayectorias educativas de personas con discapacidad, enmarcado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, normativa que en Argentina tiene rango constitucional.
Una universidad que abrió puertas
Durante aquellos años, recuerda, su recorrido universitario dependía casi exclusivamente de la buena voluntad de compañeros, compañeras y docentes que le ayudaban a leer materiales o a rendir exámenes. "No siempre existió un espacio de acompañamiento con perspectiva de accesibilidad en la facultad", señala. Recién hace algo más de siete años la Facultad de Psicología comenzó a contar con un dispositivo institucional destinado a acompañar las trayectorias educativas de personas con discapacidad, enmarcado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, normativa que en Argentina tiene rango constitucional.
Una universidad que abrió puertas
Desde ese lugar, Fernández observa que, pese a los avances normativos y a las dos décadas transcurridas desde la sanción de la Convención, persisten barreras que continúan limitando el desarrollo pleno de las personas con discapacidad. Algunas son visibles —las arquitectónicas o económicas—, pero otras, asegura, son mucho más difíciles de derribar: las simbólicas. Son esas representaciones sociales las que todavía impiden que muchas personas puedan estudiar, trabajar, ir al cine o participar de la vida social en igualdad de condiciones.
La exclusión laboral es, para ella, uno de los ejemplos más contundentes. Remarca que el 80% de las personas con discapacidad nunca accedió a un trabajo formal y que, en el caso de las mujeres, ese porcentaje supera el 90%. Incluso quienes logran insertarse laboralmente suelen quedar relegados a tareas básicas, independientemente de su formación profesional. No se trata, insiste, de falta de voluntad ni de capacidades, sino de un sistema que históricamente restringe el acceso.
Cuando habla de la universidad pública, la voz se le llena de biografía. Hija de una familia de clase media baja, con padres trabajadores y una historia atravesada por las limitaciones económicas, sostiene que sin la universidad pública y gratuita jamás habría podido acceder a una carrera universitaria. Allí se formó como psicóloga clínica, allí pudo construir una trayectoria profesional y allí encontró también la posibilidad de coordinar un dispositivo educativo orientado a la accesibilidad. "Le debo infinidad de cosas a la universidad pública", afirma.
Las barreras invisibles de la discapacidad
Las barreras invisibles de la discapacidad
Esa historia personal se enlaza directamente con su militancia, iniciada a mediados de los años noventa en organizaciones de la sociedad civil vinculadas a los derechos de las personas con discapacidad y a los derechos humanos. Por eso, explica, le resultó imposible no participar de la cuarta marcha federal universitaria realizada frente al Monumento Nacional a la Bandera, donde además tomó la palabra públicamente.
En ese discurso dejó en claro que no hablaba únicamente en nombre del colectivo de personas con discapacidad. "No soy sólo una persona con discapacidad", planteó. También es mujer, psicóloga, trabajadora universitaria, investigadora y parte de una sociedad que, según define, está siendo "absolutamente vapuleada" por las políticas del actual gobierno.
La palabra que atravesó buena parte de su intervención fue "crueldad". Fernández considera que las políticas implementadas por el gobierno nacional de Javier Milei responden precisamente a esa lógica: la de convertir al otro en enemigo y actuar desde la destrucción. Menciona como ejemplo el incumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad, sancionada para garantizar prestaciones básicas de salud, rehabilitación y acceso a pensiones no contributivas. También recuerda que la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y No Docente continúa sin ejecutarse plenamente, pese a los reclamos y las resoluciones judiciales.
No hay fraude en tener una discapacidad
En ese discurso dejó en claro que no hablaba únicamente en nombre del colectivo de personas con discapacidad. "No soy sólo una persona con discapacidad", planteó. También es mujer, psicóloga, trabajadora universitaria, investigadora y parte de una sociedad que, según define, está siendo "absolutamente vapuleada" por las políticas del actual gobierno.
La palabra que atravesó buena parte de su intervención fue "crueldad". Fernández considera que las políticas implementadas por el gobierno nacional de Javier Milei responden precisamente a esa lógica: la de convertir al otro en enemigo y actuar desde la destrucción. Menciona como ejemplo el incumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad, sancionada para garantizar prestaciones básicas de salud, rehabilitación y acceso a pensiones no contributivas. También recuerda que la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y No Docente continúa sin ejecutarse plenamente, pese a los reclamos y las resoluciones judiciales.
No hay fraude en tener una discapacidad
Pero hay un hecho reciente que la conmueve particularmente: la presentación de un nuevo proyecto de ley titulado "contra el fraude de las pensiones por invalidez". El nombre mismo le resulta insoportable. "No hay fraude en tener una discapacidad", dice con indignación. Para ella, el verdadero fraude es el que el gobierno comete con quienes confiaron en sus promesas. Y agrega una idea que atraviesa toda su mirada política y humana: no existe invalidez en la condición humana. Tener una discapacidad puede implicar desventajas sociales, pero no hace a nadie menos válido que otra persona.
Fernández advierte que el problema no se reduce a una denominación desafortunada. El proyecto también propone desregular los aranceles de los profesionales que realizan prestaciones para personas con discapacidad. Eso, sostiene, implicaría que las obras sociales comiencen a pagar "lo que quieran", dejando a miles de personas sin acceso efectivo a tratamientos y servicios esenciales. "Quien no tenga acceso a una obra social, que se muera", resume crudamente para describir las consecuencias de esa política.
A su entender, muchas de las situaciones que hoy se naturalizan no deberían ser aceptables en democracia: dos años y medio sin obra pública, leyes votadas y ratificadas que continúan sin cumplirse, el deterioro de la soberanía nacional o la precarización creciente de las condiciones de vida. Las personas con discapacidad, explica, sufren esas consecuencias de manera doblemente agravada, porque a las políticas actuales se suma una historia previa de exclusión y falta de acceso.
Fernández advierte que el problema no se reduce a una denominación desafortunada. El proyecto también propone desregular los aranceles de los profesionales que realizan prestaciones para personas con discapacidad. Eso, sostiene, implicaría que las obras sociales comiencen a pagar "lo que quieran", dejando a miles de personas sin acceso efectivo a tratamientos y servicios esenciales. "Quien no tenga acceso a una obra social, que se muera", resume crudamente para describir las consecuencias de esa política.
A su entender, muchas de las situaciones que hoy se naturalizan no deberían ser aceptables en democracia: dos años y medio sin obra pública, leyes votadas y ratificadas que continúan sin cumplirse, el deterioro de la soberanía nacional o la precarización creciente de las condiciones de vida. Las personas con discapacidad, explica, sufren esas consecuencias de manera doblemente agravada, porque a las políticas actuales se suma una historia previa de exclusión y falta de acceso.
La misma lógica, la misma crueldad
En ese contexto, recuerda un texto colectivo elaborado junto a estudiantes y titulado "La misma lógica, la misma crueldad". Allí comparaban ciertas prácticas del gobierno actual con mecanismos propios de gobiernos de facto. Fernández aclara que las diferencias históricas existen, pero encuentra similitudes en la lógica de señalar enemigos y atacar indiscriminadamente a distintos sectores sociales: universitarios, trabajadores, desocupados y personas con discapacidad.
Hacia el final de la conversación, trae una referencia que considera central para pensar el presente: una frase de Sigmund Freud sobre la salud mental. Freud decía que la salud mental consiste, simplemente, en "poder amar y trabajar". Para Fernández, esa definición permite comprender con claridad el impacto de las políticas económicas actuales. Cuando las personas necesitan multiplicar empleos para sobrevivir, cuando los salarios no alcanzan para comer o pagar un alquiler y el pluriempleo elimina el tiempo de calidad, el descanso y los vínculos afectivos, el deterioro de la salud mental deja de ser un fenómeno individual para convertirse en una consecuencia social inevitable.
"No es casual que veamos una sociedad tan afectada", sostiene. Tampoco es casual, agrega, el deterioro creciente de la salud mental colectiva.
Al despedirse, agradece el espacio y la posibilidad de conversar. Pero detrás del gesto cordial permanece intacta la convicción que atravesó toda su intervención: defender la universidad pública, los derechos sociales y la dignidad de las personas con discapacidad forma parte de una misma lucha.
Hacia el final de la conversación, trae una referencia que considera central para pensar el presente: una frase de Sigmund Freud sobre la salud mental. Freud decía que la salud mental consiste, simplemente, en "poder amar y trabajar". Para Fernández, esa definición permite comprender con claridad el impacto de las políticas económicas actuales. Cuando las personas necesitan multiplicar empleos para sobrevivir, cuando los salarios no alcanzan para comer o pagar un alquiler y el pluriempleo elimina el tiempo de calidad, el descanso y los vínculos afectivos, el deterioro de la salud mental deja de ser un fenómeno individual para convertirse en una consecuencia social inevitable.
"No es casual que veamos una sociedad tan afectada", sostiene. Tampoco es casual, agrega, el deterioro creciente de la salud mental colectiva.
Al despedirse, agradece el espacio y la posibilidad de conversar. Pero detrás del gesto cordial permanece intacta la convicción que atravesó toda su intervención: defender la universidad pública, los derechos sociales y la dignidad de las personas con discapacidad forma parte de una misma lucha.
Escuchá la entrevista completa:
Fotos: Asociación del Personal de la Universidad de Rosario (A.P.U.R.)


