La periodista santafesina Mariana Steckler, que sigue de cerca las audiencias para Periódicas, define el proceso como un hecho "histórico y fundante" dentro de las causas de lesa humanidad en Argentina. Para ella, el juicio expresa también la evolución que atravesaron estos procesos judiciales desde el regreso de la democracia. Los juicios, sostiene, se transformaron con el tiempo no sólo por las estrategias jurídicas sino también por la manera en que fueron cambiando los testimonios y el lugar otorgado a las víctimas. "Lo principal es que las víctimas puedan atestiguar como puedan, con todo el respeto que merecen y con todo el tiempo que hay que darles", explica. En esa transformación, dice, también fue decisiva la persistencia de abogados, abogadas y organismos de derechos humanos que durante décadas sostuvieron las investigaciones.
En el caso de Laguna Paiva II, destaca especialmente el trabajo de la APDH Rosario y menciona a integrantes del equipo querellante como Noelia Sarsa, Federico Pagliero, Norma Ríos y Julia Giordano. Para Steckler, la relevancia inédita del juicio radica en que los crímenes cometidos contra niñas, niños y adolescentes en 1980 "hoy van a ser juzgados como delitos de lesa humanidad".
Durante mucho tiempo, recuerda, esas experiencias fueron interpretadas apenas como consecuencias indirectas del terrorismo de Estado. "No son daños colaterales", remarca. Hubo una época en que, explica, el foco estaba puesto exclusivamente en el secuestro de los padres y madres, mientras que el destino de sus hijos quedaba diluido en un segundo plano. Ahora, en cambio, la justicia intenta reconstruir qué ocurrió con cada uno de esos chicos y chicas.
Steckler enumera escenas concretas que aparecen en las audiencias y que permiten dimensionar la magnitud de esos crímenes: niños secuestrados junto a sus padres, sometidos a torturas, abandonados o víctimas de abusos. Habla de 16 niñas y niños de entre un año y medio y 15 años, de una nena de 12 años que quedó sola a cargo de cinco hermanos menores y tuvo que enfrentar el hambre sin ayuda adulta. Habla también de un adolescente de 14 años secuestrado junto a su padre, obligado a soportar torturas y a presenciar cómo hacían lo mismo con su familia.
"Esos crímenes tienen que ser juzgados", insiste. Y plantea que quienes cometieron esos hechos deben sentarse en el banquillo de los acusados y responder por ellos, independientemente de la edad que tuvieran las víctimas.
El cambio de perspectiva judicial y social, sostiene la periodista, se vincula directamente con una transformación más profunda en la manera de entender las infancias. "Se empieza a considerar sujeto de derecho a ese niño o a esa niña", señala. Durante años, explica, existió la idea de que un niño, por depender de adultos para sobrevivir, no podía ser considerado plenamente víctima de delitos como la privación ilegítima de la libertad. Esa lógica, afirma, hoy comenzó a resquebrajarse.
Steckler comenta que conversó sobre estas cuestiones con trabajadoras sociales y especialistas en infancias, quienes le explicaron cómo evolucionó la mirada jurídica. El hecho de que una persona necesite cuidados o asistencia no elimina su condición de sujeto de derecho. "Con los niños pasa lo mismo", resume. Aunque dependan de personas adultas para su bienestar, sus derechos pueden ser vulnerados, y quienes los vulneran deben ser investigados y sancionados.
En ese sentido, el juicio Laguna Paiva II aparece también como una continuidad del largo recorrido argentino en materia de memoria, verdad y justicia. Steckler recuerda que el país se convirtió en referencia internacional por la cantidad de genocidas juzgados, aun en un contexto actual donde —advierte— existen discursos negacionistas y sectores políticos que reivindican prácticas vinculadas al terrorismo de Estado. Frente a eso, reivindica la persistencia de organismos de derechos humanos, de las Abuelas, de abogados y militantes que sostuvieron durante décadas un consenso social construido alrededor del "Nunca Más".
Pero además del aspecto jurídico, el proceso vuelve a poner sobre la mesa otra dimensión compleja: la memoria corporal de quienes atravesaron la violencia estatal siendo apenas niños o incluso bebés. Para explicar esa huella, Steckler menciona el caso de Ángela Urondo Raboy, hija del poeta santafesino Francisco Paco Urondo. Relata que Ángela contó alguna vez cómo soñaba reiteradamente que había estado secuestrada en el D2 santafesino, algo que después descubrió que efectivamente había ocurrido cuando tenía apenas 11 meses de vida.
La periodista encuentra allí un punto de contacto con la historia de Macarena Gelman, nieta del poeta Juan Gelman, quien también habló públicamente sobre las marcas que dejó en su cuerpo y en su subjetividad la violencia sufrida antes incluso de nacer. Macarena estaba en el vientre de su madre cuando ésta fue secuestrada.
En muchos casos, señala, esas marcas tardaron décadas en poder nombrarse. Recién de adultas algunas víctimas lograron hablar, denunciar y reclamar justicia. "Es muy difícil de sanar", resume.
Incluso dentro de quienes atravesaron estas experiencias existe una discusión sobre cómo nombrarse. Aunque en términos jurídicos prevalece la palabra "víctimas", porque es la categoría utilizada para juzgar los delitos, muchas de estas personas prefieren definirse como "sobrevivientes". Para ellas, explica Steckler, esa palabra contiene una dimensión activa: la posibilidad de haber sobrevivido para contar lo ocurrido, denunciarlo y exigir justicia.
El juicio Laguna Paiva II también obliga a volver sobre uno de los engranajes centrales del terrorismo de Estado en Santa Fe: el funcionamiento del D2 y de los centros clandestinos que integraron el circuito represivo provincial. Para la periodista Mariana Steckler, recuperar esa historia implica comprender que la represión no ocurrió en lugares lejanos o abstractos, sino "a la vuelta de la esquina", en pleno corazón de las ciudades.
Mientras recorría las inmediaciones de la excomisaría cuarta de Santa Fe —hoy convertida en espacio de memoria— Steckler describía el peso simbólico de esos edificios que durante años permanecieron ocultos bajo la rutina cotidiana. La excomisaría, ubicada en el macrocentro santafesino, formó parte del circuito represivo articulado alrededor del D2. Durante mucho tiempo existieron indicios sobre lo que había ocurrido allí, relatos fragmentarios, sospechas y testimonios, pero no pruebas concluyentes. Hasta que una remodelación cambió todo.
Cuando comenzaron a picar paredes dentro del edificio, los obreros descubrieron sectores huecos. Detrás de esas paredes aparecieron documentos escondidos durante décadas: papeles, registros y archivos que habían permanecido ocultos desde la dictadura. Steckler relata la escena como un hallazgo estremecedor. Los documentos comenzaron a ser recuperados y preservados cuidadosamente para reconstruir de manera documental el funcionamiento del aparato represivo santafesino.
Ese descubrimiento, explica, modificó incluso la percepción social sobre la magnitud del terrorismo de Estado en la provincia. "Antes pensábamos que hubo uno o dos lugares", señala. Pero la reconstrucción posterior reveló que existían centros clandestinos de detención insertos en medio de barrios y zonas urbanas comunes, muy cerca de las casas y de la vida cotidiana de los vecinos.
Para la periodista, la recuperación de esos espacios como sitios de memoria tiene una importancia política y social fundamental. La memoria, sostiene, es la herramienta que permite impedir la repetición del horror vivido por la sociedad argentina durante la dictadura.
En el banquillo de los acusados no sólo aparecen ex policías vinculados al circuito represivo. También está sentado Víctor Hermes Brusa, ex funcionario judicial y luego juez federal de Santa Fe, una figura históricamente asociada al poder judicial santafesino y a largos años de impunidad. Steckler admite que escuchar los testimonios de las víctimas describiendo la manera en que Brusa actuaba dentro del engranaje represivo provoca todavía hoy estupor. Hablan de un hombre que se movía "con tranquilidad y con impunidad", plenamente consciente del poder que ejercía.
En conversaciones con integrantes de la querella, Steckler encontró otra lectura posible sobre el caso Brusa. Una de las abogadas le dijo que, más allá de las condenas, el proceso judicial destruyó las aspiraciones de poder y prestigio que el ex juez había construido durante años. "Hace diez años que está pasando de juicio en juicio", le recordó.
La causa también vuelve a poner en primer plano la persecución sistemática que sufrió Laguna Paiva por su tradición obrera y sindical. La dictadura, explica Steckler, buscó quebrar deliberadamente la organización de los trabajadores ferroviarios y desarticular el entramado colectivo construido alrededor del sindicalismo. Allí menciona a Catalino Páez, militante del PRT, y recuerda la experiencia de la agrupación "La Lucha", organizada en el ferrocarril Belgrano, que reclamaba mejores condiciones laborales y defendía derechos de los trabajadores.
Para Steckler, el objetivo represivo fue claro: destruir la organización colectiva y disciplinar al mundo del trabajo. “Sabían perfectamente lo que hacían: ir contra los trabajadores. Y, perdón por este breve paréntesis político-partidario, pero, como advirtió Cristina Fernández de Kirchner, vienen por los trabajadores, vienen por el trabajo”. Eso fue lo que buscó la dictadura, afirma al analizar el modo en que el terrorismo de Estado atacó no sólo a individuos, sino también a las formas de solidaridad y organización popular.
Otro aspecto central del juicio tiene que ver con su carácter público. Originalmente, sólo estaba previsto transmitir la apertura y el cierre del proceso. Sin embargo, el equipo jurídico de la APDH Rosario logró que el tribunal autorizara la difusión completa de las audiencias. Steckler considera esa decisión una conquista importante porque permite que la sociedad conozca en detalle lo ocurrido.
Las audiencias, explica, incluyen testimonios extremadamente sensibles. Algunas víctimas ya habían declarado en Laguna Paiva I y, por recomendación de equipos de salud mental, la querella solicitó que se incorporaran grabaciones anteriores en lugar de obligarlas a repetir relatos traumáticos. Otras personas, en cambio, decidieron volver a declarar o testimoniar por primera vez. Cada intervención supone volver sobre experiencias de secuestro, tortura, violaciones y abandono sufridas hace más de cuatro décadas.
La periodista subraya además un dato que considera fundamental: los hechos juzgados ocurrieron en 1980. Aunque el imaginario social suele concentrar la etapa más brutal de la dictadura entre 1976 y 1978, las prácticas represivas continuaban activas años después. En Santa Fe seguían produciéndose secuestros, tormentos y ataques contra familias enteras, incluyendo niñas, niños y adolescentes.
Steckler habla de las víctimas con admiración. Dice que impresiona verlas declarar frente a sus represores, sosteniendo testimonios atravesados por décadas de dolor y memoria. Muchas pertenecen a las mismas familias o forman parte de comunidades pequeñas donde victimarios y sobrevivientes convivieron durante años en la vida cotidiana.
Allí aparece otro de los nombres que sobrevuelan el juicio: Eduardo Enrique Riuli, ex oficial ayudante de la División Informaciones D2, ya condenado anteriormente por delitos de lesa humanidad y nuevamente imputado en esta causa. Steckler cuenta que una colega periodista había trabajado con él en un programa de radio sin saber quién era realmente ni cuáles habían sido los crímenes cometidos durante la dictadura. Esa convivencia silenciosa con represores en localidades pequeñas como Laguna Paiva es, precisamente, una de las heridas que estos procesos judiciales intentan reparar.
"La justicia también viene a reparar eso", sostiene. No se trata únicamente de dictar condenas, sino de romper décadas de impunidad social, de impedir que quienes participaron del terrorismo de Estado puedan seguir circulando como ciudadanos anónimos mientras las víctimas cargan en soledad con las consecuencias del horror.
Mientras el juicio continúa desarrollándose en Santa Fe, Steckler sigue cubriendo las audiencias y anticipa que el proceso probablemente se extenderá más allá de la feria judicial de invierno. El veredicto todavía parece lejano, pero el juicio ya produjo un movimiento histórico: poner en el centro de la escena judicial aquello que durante años fue negado o minimizado. Porque el terrorismo de Estado no sólo secuestró y desapareció militantes; también persiguió, disciplinó y quebró infancias. Y esas marcas, cuarenta años después, siguen vivas en los cuerpos y en la memoria colectiva argentina.
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