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sábado, 10 de diciembre de 2022

Cristina Fernández denuncia a diarios La Nación y Clarín por prácticas mafiosas

En el texto, la exmandataria también ha llamado a no permitir que la democracia "se la lleven puesta las mafias", haciendo mención al Día de los Derechos Humanos y los 39 años transcurridos desde la derrota de la dictadura.
La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ha denunciado este sábado las "prácticas mafiosas" en las que incurren los medios hegemónicos de comunicación, después de que el diario ‘La Nación’ publicase un artículo en el que "amenaza con meter presa a su hija", Florencia Kirchner.

"Si un punto en común tiene la mafia y al narcotráfico, es el sicariato que se ejerce sobre los hijos y familiares de las personas que ellos decretan como enemigos. ‘La Nación’ una vez más vuelve a amenazar con meter presa a Florencia, mi hija. Parece que no les bastó a los medios hegemónicos con enfermarla", ha sostenido en un comunicado difundido en redes sociales.

En ese sentido, ha recordado el "episodio mafioso y dramático" sufrido por la exprocuradora general Alejandra Gils Carbó, después de que otro medio, ‘Clarín’, hiciese público el número de teléfono de una de sus hijas.

Cristina también ha compartido un fragmento de la publicación titulada "Certezas y dudas de la contraofensiva cristinista" el cual ha sostenido que carece de originalidad y se trata de "la simple repetición de prácticas mafiosas que, a fuerza de mantenerse impunes, siguen llevando adelante".

En el texto, la exmandataria también ha llamado a no permitir que la democracia "se la lleven puesta las mafias", haciendo mención al Día de los Derechos Humanos y los 39 años transcurridos desde la derrota de la dictadura.

Su nota en el cfkargentina.com
De hijos, hijas y mafias
Saguier, Magnetto y prácticas mafiosas que, a fuerza de impunidad, se repiten
Por: Cristina Fernández de Kirchner 
"Esa hipótesis se refuerza cuando se incorpora la variable Florencia, su hija, la única integrante de la familia que no tiene fueros y que después de esta condena pasa a ser considerada más vulnerable judicialmente y susceptible de una condena que no la liberaría de la cárcel. Ese, cuentan en el entorno de la vicepresidenta, ha sido siempre y es el mayor desvelo de la madre".

Lo que acabás de leer es un fragmento de la nota que bajo el título "Certezas y dudas de la contraofensiva cristinista" (sic) publica el diario La Nación, en la que hasta inclusive se pone en duda que haya dado positiva de Covid: "Se permiten sospechar de la veracidad de ese diagnóstico" (sic). En fin…

El fragmento reseñado de la nota se refiere a las causas Hotesur y Los Sauces armadas por Claudio Bonadío, el juez sicario, y concluidas por Julián Ercolini, el juez mutante que devino en juez viajero. En esas causas, que el tribunal oral que intervino unificó, se dictó el sobreseimiento por inexistencia de delito.

Si un punto en común tiene la mafia y al narcotráfico, es el sicariato que se ejerce sobre los hijos y familiares de las personas que ellos decretan como enemigos. La Nación una vez más vuelve a amenazar con meter presa a Florencia, mi hija. Parece que no les bastó a los medios hegemónicos con enfermarla.

En estos días que corren en la República, ya nada ni nadie sorprende a la ciudadanía: nos acabamos de enterar de puño y letra (literalmente) a través de un chat del juez Pablo Cayssials, que la causa que dicho magistrado llevó adelante contra la procuradora fiscal Gils Carbó (última procuradora designada constitucionalmente) le fue solicitada por el director del diario (léase Julio César Saguier), conforme se desprende del propio texto del chat publicado en la web el pasado fin de semana:
Para desprevenidos o desinformados: la persona que aparece en dicho chat llamada Paz corresponde a una periodista del mismo diario y "su amiguito en el libro ‘a raíz’" (en realidad es La Raíz de todos los males) se trata de otro colega que se nota que contaba con una versión diferente sobre el episodio mafioso y dramático que vivió la entonces procuradora.

Nobleza obliga a reconocer que en dicha oportunidad Julio César Saguier y La Nación no estuvieron solos en el acoso y derribo de Alejandra Gils Carbó.

Héctor Magnetto ordenó publicar en el diario Clarín el número de teléfono de una de sus dos hijas, a quienes también les habían armado una causa. Y ya que hablamos de mafias e hijos e hijas, viene al caso recordar que Gils Carbó fue la Fiscal que se opuso a la fusión de Cablevisión y Multicanal del grupo Clarín.

El fiscal de Cámara Gabriel de Vedia declaró que Pepín Rodríguez Simón (asesor presidencial de Mauricio Macri, que permanece prófugo hace dos años en Uruguay) fue el encargado de hacerle saber personalmente que debía renunciar, si no quería ir presa ella y sus dos hijas. Finalmente, como es público y notorio, la procuradora constitucional renunció.

Debo reconocer entonces que el fragmento de la nota en cuestión no nos trae ninguna originalidad, sino la simple repetición de prácticas mafiosas que, a fuerza de mantenerse impunes, siguen llevando adelante.

Hoy, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos y a 39 años de haber derrotado a la dictadura, no permitamos que a la democracia se la lleven puesta las mafias.

viernes, 8 de enero de 2021

La culpa no es de Magnetto, sino…


Por: Néstor Piccone

La democracia necesita un sistema de comunicación plural y participativa. Desde 1983 a la fecha el Estado no tuvo una política pública de comunicación acorde a las necesidades de la gobernabilidad democrática y mucho menos del Derecho Humano a la Comunicación. ¿No habrá llegado la hora de enfrentar este déficit con una política que contemple a todos los sectores involucrados pensando en el derecho de los ciudadanos a recibir y dar información? ¿No será el momento de pensar en un Ministerio de la Comunicación?

"Primero vinieron por los socialistas,
y yo no dije nada, porque yo no era socialista.
Luego vinieron por los sindicalistas,
y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista.
Luego vinieron por los judíos,
y yo no dije nada, porque yo no era judío.
Luego vinieron por mí,
y no quedó nadie para hablar por mí"

La investigación realizada recientemente por Comuna nos remite sin demasiado esfuerzo a los versos escritos por Martín Niemoller (adjudicados a Bertold Brecht), que bien podrían ser una alegoría de la construcción del poder mediático en la Argentina. ¿Por qué? Primero Clarín se hizo de Papel Prensa, luego de radio Mitre y Canal 13; después se le habilitó la fusión de Multicanal y Cablevisión al tiempo que se le prorrogó la licencia de Canal 13 ad infinitum; y más tarde accedió a Telecom… Hoy no queda nadie para hablar de nosotros.

Este proceso se erigió bajo el mando de un tan oscuro como lúcido dirigente político-empresarial promovido por el Movimiento de Integración y Desarrollo, que a los 28 años ingresó al diario como adscripto a la dirección y que en menos de dos (1974) se convirtió en gerente general: Héctor Horacio Magnetto.

Desde aquella fecha hasta hoy, todos los presidentes —comenzando con Jorge Rafael Videla y con la excepción de Cristina Fernández de Kirchner— le hicieron concesiones a Magnetto otorgándole el poder de construir un Estado dentro del Estado. Raúl Alfonsín lo denunció públicamente, Menem dijo que se arrepintió de haberle dado tanto, Néstor Kirchner se cansó de los aprietes y comenzó a enfrentarlo. Cristina no lo habilitó nunca.

Pero ¿qué fue lo que permitió a Clarín llegar a semejante construcción de poder? Las debilidades de su enemigo. El desconocimiento que aún tiene la política de lo que significa la comunicación. Casi siempre confunde medios o negocios con un sistema cada vez más complejo que engarza fondos de inversión transnacionales con recursos energéticos, Poder Judicial y desde hace unos veinte años aproximadamente el avance de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que compiten con la inteligencia humana impactando en la subjetividad del más avispado de quienes vivimos en esta precaria situación de comunicación, que también modela el sistema productivo capitalista.

Desde 1983 a la fecha el Estado argentino no tuvo una política pública de comunicación acorde a las necesidades de la gobernabilidad democrática y mucho menos del Derecho Humano a la Comunicación.

Si hurgamos un poco en el conocimiento de los funcionarios gubernamentales de la comunicación son pocos los que podrían responder acertadamente si Clarín es dueño de Canal 13 o no. Hasta antes de la pandemia no concedían que Internet era un servicio público esencial, aunque muchos lo planteamos en ocasión de la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El gran triunfo de esa reconocida popularmente como ley de medios fue el de correr el velo sobre el que se ocultaba la construcción de poder a través de la comunicación. A esa ley que sigue vigente, muchos exégetas (que más que exégetas fueron grandes vendedores de humo) le otorgaron un poder que había que construir. Un poder que pudiera romper con los monopolios privados que el neoliberalismo instaló en la comunicación, pero también en la energía, el comercio interior y exterior, en los modos de producción y hasta en la organización del trabajo. El poder que daría una ideología que se atreva a proponer un modelo no-neoliberal.

La ley, que sigue vigente, empoderó a los medios autogestivos, comunitarios que estaban en la ilegalidad; permitió el acceso a los pueblos originarios a tener sus propios medios; creó la accesibilidad a las personas con discapacidad, (la lengua de señas en la TV es hija de la ley de medios); permitió a las organizaciones de la economía social acceder a licencias y, de manera revolucionaria, reservó un treinta y tres por ciento del espectro para las organizaciones sin fines de lucro; otorgó a los músicos la independencia de las grandes discográficas a través del poder del Instituto Nacional de la Música (Inamu). En fin, una ley que, aunque la política lo desconozca, reconoció de una vez y para siempre que la comunicación es un derecho humano.

Para continuar, revisitemos a Niemoller o a Brecht.

La dictadura de Jorge Rafael Videla le otorgó a Clarín-La Nación y La Razón el monopolio de Papel Prensa (PP). Con el tiempo Clarín (previo cierre forzado de La Razón) se quedó con el paquete mayoritario de PP. Aunque el Estado tiene acciones en Papel Prensa, Clarín siempre ejerció el control político eliminando competencia gráfica y obligando al cierre de muchas editoriales por el control del precio abusivo del papel para diarios.

Raúl Alfonsín, que contó con el apoyo inicial de Clarín, y a quien le habría prometido la frecuencia de radio Mitre, cayó bajo la presión del diario que le exigía públicamente la derogación de una artículo de la ley de la dictadura que prohibía a los medios gráficos acceder a medios audiovisuales.

Menem lo hizo. Incluyó en la Ley 23596 de Reforma del Estado la privatización de las emisoras audiovisuales y permitió el ingreso de los medios gráficos a la televisión y a la radio. Clarín quería Canal 13 y radio Mitre y los obtuvo.

Canal 13 era el canal denominado ABC1 y Mitre una de las emisoras más escuchadas. El proceso político de selección de Héctor Magnetto no fue fruto del azar, formaba parte de una política destinada a quedarse con las grandes audiencias.

Consolidado en el espacio audiovisual, a comienzos del siglo XXI, Clarín fue por el cable, que en la Argentina se había instalado con una fuerza inusual gracias a una política abierta al capital extranjero. En menos de una década (año 2007) Clarín se quedó con las dos empresas más importantes de distribución de televisión por vínculo físico: Cablevisión y Multicanal. Néstor Kirchner permitió esa fusión monopólica, así como accedió a prorrogar la licencia de los canales de televisión que, privatizados en 1990, vencían en el año 2005. En el año 2007 Clarín comenzó a presionar al gobierno con Telecom, era lo que necesitaba para convertirse en telco y competir con Telefónica. Kirchner le negó esa posibilidad y Clarín comenzó a confrontar con Cristina. En marzo de 2008 lanzó, a «pantalla partida», la guerra contra las retenciones móviles por el decreto 125 de Martín Lousteau.

Mauricio Macri liberó a Clarín del peso de los artículos de la Ley de Medios que proponían la desmonopolización, nombró a Carlos Rosenkrantz, un hombre de Héctor Magnetto, en la Corte Suprema de Justicia y permitió la fusión de los medios del Grupo con Telecom,

Queda claro que el Estado no tuvo desde 1983 un modelo de comunicación democrático y participativo donde éste pudiera dirigir las políticas.

La ley de medios, que significó el primer gran avance simbólico de poder popular sobre la comunicación, ratificó el modelo mixto de comunicación, (doctrina del peronismo desde 1953), otorgando legalidad a los medios universitarios, autogestivos, estatales municipales y de catorce provincias.

Inconclusa, en su aplicación la ley no previó una política de sostenibilidad económica y tecnológica para estos sectores. Esa deuda es tan importante como herir al neoliberalismo en su afán monopolizador.

Argentina produce satélites, que están en línea con las demandas de la comunicación. Con Arsat, de la mano de Julio De Vido avanzó con la red de fibra óptica más importante de América latina, empresa que Macri no privatizó.

Algunas preguntas hacia el futuro:

¿Podrá avanzar el actual gobierno de coalición en la recuperación de la soberanía tecnológica, promover y garantizar la sostenibilidad del sistema de medios autogestivos y, en la lucha por la alfabetización digital, impedir que los ciudadanos sean succionados mentalmente por las máquinas y sus aplicaciones? ¿No habrá llegado la hora de enfrentar el problema de la comunicación con una política que contemple al conjunto de los sectores involucrados pensando en el derecho de los ciudadanos a recibir y dar información? ¿No será el momento de pensar en un Ministerio de Comunicación?

Néstor Piccone: Presidente del Colectivo por el Derecho Humano a la Comunicación (Codehcom). Periodista y psicólogo. Director de TeleSur (2007), gerente de Noticias de Radio Nacional (2003-2008) y Canal 7 (2007). Cofundador de la CTA y primer secretario de Difusión (1989-2001) de esa Central. Coordinador del programa radial En el Laberinto, que se emite de lunes a viernes a las 11 hs. por AM 740, Radio Rebelde.

jueves, 21 de mayo de 2020

Carlos Moltini es el nuevo presidente de Telecom Argentina

Alejandro Urricelqui renunció a dicho cargo por motivos de índole personal, aunque continuará desempeñándose como miembro del Directorio y del Comité Ejecutivo de la sociedad. El directorio de la sociedad designó al nuevo presidente ejecutivo en reemplazo de Alejandro Urricelqui
El Directorio de Telecom Argentina designó este jueves a Carlos Moltini como el nuevo presidente de la compañía en reemplazo de Alejandro Urricelqui, quien renunció al cargo por motivos de índole personal, informó la empresa que junto a otras referentes del sector se comprometió a no mover las tarifas hasta fin de agosto.

El lunes, el titular del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), Claudio Ambrosini, tras reunirse con el presidente, Alberto Fernández, anunció la suspensión hasta el 31 de agosto de los aumentos de los servicios de telefonía móvil y fija, internet y TV paga en el marco del aislamiento social por la pandemia de coronavirus.

El acuerdo oficial con las firmas que brindan estos servicios se completó con otro paquete de ayuda a quienes no puedan abonar las actuales prestaciones y por ende, suplantar la actual prestación con planes inclusivos de Telefonía e Internet Móvil de pospago; de prepago móvil y de internet fijo destinados a todas las personas que soliciten el beneficio, con un precio fijo hasta el 31 de octubre.

En este contexto, asume el nuevo presidente quien desde el 1 de enero pasado era miembro del Directorio de la compañía, luego de finalizar su gestión como Director General Ejecutivo, posición que ocupó desde noviembre de 2017.

"Estos cambios no implican ninguna modificación en el management ejecutivo de la empresa", indicaron desde la compañía en un comunicado, al señalar también que Urricelqui seguirá desempeñándose como miembro del Directorio y del Comité Ejecutivo de la sociedad.

Previo a su nombramiento en Telecom en 2017, Moltini se desempeñó durante más de 11 años como Gerente General de Cablevisión.

A principios de los años 90 asumió el puesto de gerente de Administración y Finanzas de Canal 13 y en 2001, luego de ser subgerente general de Multicanal, asumió como gerente general.

A partir de la fusión de Cablevisión y Multicanal, realizada en 2006, fue gerente general de Cablevisión- Fibertel.
Fuertes ganancias
Alejandro Urricelqui, quien abandonó el cargo, dejó la presidencia de la telco tras haber anunciado fuertes ganancias durante los primeros tres meses del año que representaron un aumento del 39,5% con respecto a los resultados del mismo período del año pasado.

En la actualidad, Telecom Argentina tiene 21,2 millones de clientes y entre enero y marzo generó ventas por servicios móviles cercanas a los $23.127 millones. Es decir, $1.160 millones más que las del primer trimestre del 2019.

Según la compañía, la estrategia comercial estuvo focalizada en impulsar la portabilidad móvil a través de ofertas convergentes y en incrementar el consumo de servicios de internet móvil de sus 18,8 millones de clientes que tiene Personal.

Sin embargo, parece no haber logrado el objetivo de manera total si se tiene en cuenta que en este período perdió 245.000 clientes.

En cuanto al servicio de internet móvil, sus ventas resultaron equivalentes al 78% de las ventas de servicios móviles en Argentina, con un ingreso promedio mensual por cliente (ARPU) de $352.

"A raíz del aislamiento social preventivo y obligatorio, la compañía trabajó para garantizar que sus clientes puedan estar comunicados y conectados en todo el país con una serie de beneficios en conectividad y entretenimiento, incluyendo gigas adicionales de manera gratuita para el segmento de pospagos, crédito extra para prepagos a través del servicio Recarga SOS, gigas extra para clientes del exterior, WhatsApp ilimitado y navegación de contenidos educativos sin consumir datos del celular", detalla la compañía en su informe de resultados enviado a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Con respecto a los servicios de televisión por cable, alcanzó ventas por $13.120 millones, que representaron una caída de $1.079 millones, con un número de abonados de casi 3,5 millones, que también es menor al de igual período del año pasado.

El ARPU en este segmento es de $1.250,6 por cliente y por mes, en el marco de un plan para seguir impulsando la incorporación de nuevos contenidos y coproducciones a su plataforma Flow.

En telefonía fija y datos, las ventas llegaron a $9.478 millones y fueron $702 millones menos que en el primer trimestre del 2019, con un ingreso promedio mensual facturado por usuario (ARBU) de telefonía fija de $487,3.

Mientras tanto, los ingresos por ventas de equipos alcanzaron un total de $3.203 millones, siendo $960 millones menores a las del año pasado, variación dada principalmente por una disminución en las cantidades que fue parcialmente compensada por un aumento en los precios de los equipos.

Margen de utilidad
Los costos operativos consolidados de Telecom Argentina fueron de $56.996 millones, un 3,5% menores, lo cual le permitió a la empresa generar un mayor margen de la utilidad de la explotación antes de depreciaciones y amortizaciones.

En cuanto a los resultados financieros, arrojaron una pérdida de $1.524 millones contra los $157 millones del primer trimestre del año pasado, con una deuda financiera neta que llega a los $134.098 millones, incrementándose en comparación al año pasado que fue de $106.179 millones.

"La compañía se encuentra analizando alternativas de refinanciación de sus vencimientos de deuda durante el 2021. El número de alternativas posibles, dependerá de lo que ocurra con la deuda soberana lo cual debería definirse en un futuro cercano", anticipa el informe.

Acerca de Telecom

Telecom Argentina es una empresa de soluciones de conectividad integral, una compañía de vanguardia que surge de la unión de dos grandes empresas argentinas: Telecom y Cablevisión.

Esta nueva empresa continúa transformando la experiencia digital de sus clientes ofreciéndoles un servicio seguro, flexible y dinámico, en todos sus dispositivos, con conexiones fijas y móviles de alta velocidad, a través de una plataforma de contenidos integrada.

A través de sus marcas comerciales Telecom Argentina ofrece servicios de telefonía fija y móvil, transmisión de datos, televisión paga e Internet, para individuos, empresas y gobiernos en todo el país. Telecom ofrece también el servicio móvil en Paraguay y televisión paga en Uruguay.
Fuentes: Prensa Telecom, América Retail, Señales

miércoles, 10 de diciembre de 2014

Declaran abstracto planteo de ATVC por regulación especial de IVA

Lo dispuso la jueza Rita Ailán. Consideró que con la ley 26.982 desapareció la incertidumbre planteada por las entidades. Además, resolvió que no deberán considerarse en mora las entidades que hayan cumplido sus obligaciones fiscales según la cautelar
La jueza Rita Ailán, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 4, declaró este miércoles abstracto un planteo de asociaciones de medios de comunicación por una regulación especial en materia del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Al respecto, la magistrada destacó el dictado de la ley 26.982 (publicada el 29 de septiembre de 2014), que modifica la Ley de Impuesto al Valor Agregado a través de la cual se establece un régimen diferencial sobre las alícuotas que gravan las ventas, locaciones e importaciones, así como la locación de espacios publicitarios en diarios, revistas y publicaciones periodísticas. "Que el dictado de una nueva normativa en relación a lo que constituía el objeto litigioso implicó que la incertidumbre denunciada, cuyo planteo originó la presente causa, ha cesado", indicó.
Además, aseguró que “no es atribuible al Poder Judicial la creación de una categoría que fije un régimen tributario aplicable a las quía actoras. Sí, en cambio, es potestad del Poder Legislativo determinar dicha circunstancia en caso de considerarlo pertinente”.
Por otro lado, la magistrada dispuso que no deberá considerarse en mora a las entidades actoras que hayan cumplido con sus obligaciones fiscales con los alcances concedidos por la medida cautelar y su aclaratoria, destacando en ese marco el pronunciamiento de la Corte Suprema del 28 de octubre pasado.
Por último, resolvió que las costas deben imponerse en el orden causado, “en atención a las particularidades del caso y a la forma en que se resuelve”.
Fuente: CIJ

martes, 3 de junio de 2014

La Corte rechazó planteo del Estado para habilitar a telefónicas a prestar servicios de radiodifusión

Desestimó los recursos presentados contra una resolución de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que prohibió a las compañías de telefonía brindar servicios de radiodifusión e impidió al Estado Nacional otorgar licencias a tal fin
La Corte Suprema, con el voto mayoritario de los Ministros Lorenzetti, Fayt, Petracchi y Maqueda, desestimó los recursos extraordinarios interpuestos por el Estado Nacional y por distintas empresas licenciatarias de servicios de telefonía contra las decisiones judiciales que prohibieron a esas empresas prestar servicios de radiodifusión o complementarios y al Estado Nacional otorgarles licencias de radiodifusión.
Esta posición fue adoptada en la causa “ATVC y otros c/ Estado Nacional -Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y Secretaría de Comunicaciones de la Nación”.
La demanda había sido iniciada por la Asociación Argentina de Televisión por Cable, Cablevisión S.A., Multicanal S.A. y Telecentro S.A. a raíz de informaciones periodísticas que indicaban que las empresas telefónicas comenzarían a prestar el sevicio VoD (video on demand), en virtud del cual el usuario de internet o telefonía puede “bajar” a sus dispositivos contenidos audiovisuales previo pago de un cargo.
La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal señaló que las normas bajo las cuales se habían otorgado las licencias a las empresas que prestaban el servicio telefónico disponían de forma clara que no podían brindar servicios de radiodifusión, por lo que no era posible admitir que realizaran actividades que expresamente el marco legal les prohibía. Además, ordenó a Telefónica de Argentina S.A. y Telecom de Argentina S.A. que cesaran la oferta de servicios que, mediante convenios con otras empresas, incluían telefonía, internet y televisión.
También destacó la cámara que su decisión no afectaba las potestades que el Poder Ejecutivo tenía en materia de telecomunicaciones o radiodifusión ni implicaba una injerencia en el ámbito de competencia de los entes reguladores. En esta línea precisó que su fallo sólo perseguía que no se otorgara a las empresas de telefonía licencias para prestar servicios de radiodifusión pues ello se encontraba prohibido por las normas que regulaban las licencias.
Finalmente, ese tribunal sostuvo que el fallo no impedía que las autoridades competentes revisaran o actualizaran las normas que regulaban la radiodifusión y las telecomunicaciones.
La Corte Suprema, por mayoría, rechazó los recursos interpuestos contra estas decisiones por considerar que, por tratarse de medidas cautelares, ellos no se dirigían contra sentencias definitivas.
Por su parte, la Ministra Highton de Nolasco votó en disidencia, remitiéndose al dictamen de la Procuradora General.



Fuente: Centro de Información Judicial

jueves, 6 de marzo de 2014

Justicia ordena investigar a quienes allanaron la sede de Cablevisión

La Cámara revocó el sobreseimiento del ex interventor y su letrado. Confirmó el de Garré
Pocos días después de que la Corte Suprema declarara nulo el allanamiento y la intervención de Cablevisión, dispuesto por un juez de Mendoza a pedido de Supercanal, la Sala I de la Cámara Federal porteña ordenó investigar al interventor que había designado ese juez, Enrique Anzoise, su abogado Ricardo Mastronardi y el representante de Supercanal, Eduardo Marcelo Vila.
La Cámara Federal busca determinar si esas tres personas ejecutaron abusivamente la orden ilegal, que pretendía retrotraer a Cablevisión, para que funcione separada de Multicanal.
Cuando se produjo la intervención, el 20 de diciembre de 2011, Anzoise, Mastronardi y Vila -designados por el juez mendocino Walter Bento- llegaron a Cablevisión con más de 50 gendarmes, enviados por la ministra de Seguridad, Nilda Garré, con quienes se desplazaron por las instalaciones de la compañía, ejerciendo violencia contra los bienes y las personas, llegando al límite de querer ingresar por la fuerza al centro de datos de la empresa de TV por cable e Internet del Grupo Clarín, lo cual fue impedido por los empleados y ejecutivos de Cablevisión.
Es que si esos funcionarios designados por Bento hubieran accedido a la base de datos, se hubiera producido un acto de espionaje industrial, inédito en la Argentina, ya que Supercanal -del grupo Vila-Manzano- hubiera contado con toda la información de facturación e historial de los clientes de Cablevisión, su principal empresa competidora.
Por eso, los camaristas Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, decidieron ahora revocar el sobreseimiento que había dictado el juez federal Norberto Oyarbide y le ordenaron que dicte medidas de prueba para investigar la actuación de Anzoise, Mastronardi y Vila.
Esas medidas incluirán que Oyarbide cite a declarar a empleados y ejecutivos de Cablevisión, para que describan cómo fue la actitud del interventor y sus auxiliares, entre ellos el espía Alessio Aguirre, de la agencia Holder Korpus, que fue uno de los auxiliares informáticos de la intervención que quiso acceder a los datos sensibles de la empresa del Grupo Clarín.
En cambio, la Cámara Federal mantuvo el sobreseimiento de la ex ministra Garré -actual embajadora ante la OEA-, porque pese a haber implementado una orden ilegal, esa funcionaria argumentó que sólo cumplió con un pedido del juez Bento, a quien la Corte Suprema le quitó el mes pasado la causa que había iniciado el grupo Vila-Manzano contra Cablevisión.
Los camaristas afirmaron que "trasladar al Ministerio de Seguridad la obligación de revisar los requerimientos efectuados por los magistrados no supone sino generar un ámbito que, inadmisible, haría peligrar la capacidad de los jueces de ejecutar sus sentencias".
De todos modos, los abogados de Cablevisión afirmaron que apelarán el sobreseimiento de Garré, ya que sostienen que la funcionaria no tendría que haber implementado una orden que era ilegal, como finalmente resolvió la Corte.

Las vueltas de la causa Bento
La denuncia de Cablevisión contra el juez federal de Mendoza, Walter Bento, deambula por tribunales y no se registran avances en la investigación sobre el juez que resolvió intervenir y allanar Cablevisión en diciembre de 2011.
Esa causa pasó de un juzgado porteño a otro de San Juan, que está a cargo de Leopoldo Rago Gallo, muy cercano al grupo de medios de Daniel Vila y José Luis Manzano.
Lo que sucede en la causa contra el juez Bento es distinta a la que se sustancia en Buenos Aires, donde la Cámara Federal ordenó al juez, Norberto Oyarbide, que avance en la investigación contra los que participaron del allanamiento y la intervención a Cablevisión.
Fuente: Diario Los Andes
Ver anterior: La Corte anuló la causa en la que un juez ordenaba el desguace de Cablevisión

viernes, 28 de febrero de 2014

Santa Fe: Piden confirmar sanciones a Cablevisión y Multicanal por prácticas monopólicas

Lo solicitó Gils Carbó, en coincidencia con el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que había convalidado la multa aplicada por la Secretaría de Comercio Interior. A la vez, recomendó revocar parte de esa misma sentencia que dejaba sin efecto la orden de la Secretaría para que cesara la conducta distorsiva de la competencia, ya que la operación conjunta entre ambas empresas aún no se encuentra consolidada
El caso se inició a raíz de la denuncia efectuada por la Asociación ADELCO (Acción del Consumidor) contra Cablevisión SA y Multicanal SA por la realización de prácticas de distribución del mercado y de abuso de posición dominante en perjuicio de los consumidores de la ciudad de Santa Fe. En ese momento, la asociación señaló que como resultado de esas prácticas los abonados fueron transferidos sin que se los consultara a otra prestadora de servicios de televisión por cable. Además, en ese proceso, se modificó la grilla de programación, se suprimieron canales, se concertó el precio del servicio y se eliminó la competencia que existía en el ámbito local.
Frente a ese panorama, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) inició un procedimiento para investigar la posible violación a la Ley de Defensa de la Competencia (LDC). En ese marco, el Secretario de Comercio Interior compartió el criterio de la CNDC y dictó la resolución por la cual declaró a las empresas Cablevisión y Multicanal responsables de realizar una concertación de mercado en la ciudad de Santa Fe. De acuerdo con la misma resolución, se aplicó una multa solidaria de dos millones quinientos mil pesos a cada una de las empresas y se ordenó el inmediato cese de la conducta distorsiva de la competencia.
La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó la resolución dictada por la Secretaria de Comercio Interior en cuanto había impuesto una multa a las empresas por concertar una distribución del mercado del servicio de televisión por cable en la ciudad de Santa Fe. Esa conducta, entendieron los jueces, violaba la ley de defensa de la competencia. Sin embargo, la Cámara redujo el monto de la sanción y revocó la resolución en lo referido a la orden de cese de la conducta distorsiva de la competencia. Respecto de este punto, además, la orden devino abstracta a raíz del inicio de la operación conjunta entre Multicanal y Cablevisión que tuvo lugar en 2007 con el aval de la Secretaría de Comercio.

El dictamen
En su dictamen, la Procuradora General entendió que la causa no se encontraba prescripta, como sostenía la defensa de las operadoras de cable. Para esto, entre otras cosas, recordó que ya existía un fallo de la cámara de apelaciones de Rosario que confirmaba la vigencia del proceso, y que a la vez había sido convalidado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que denegara el recurso extraordinario que habían elevado las empresas.
Además, Gils Carbó explicó que la fusión entre Cablevisión y Multicanal “no se encuentra consolidada en tanto la autoridad de contralor dejó sin efecto la aprobación de la concentración (resolución SCI 1011/2009 y ME 113/2010), lo que se encuentra controvertido judicialmente y pendiente de una decisión definitiva”.
Gils Carbó recordó que en el mes de octubre de 2006 “se notificó a la CNDC, en los términos del artículo 8 de la ley 25.156 de defensa de la competencia, actualmente vigente, una operación de concentración económica por medio de la cual empresas del Grupo Clarin SA y Fintech Advisory Inc. adquirieron respetivamente el 60% y el 40% de las acciones de la empresa Cablevisión SA. Esta última, a su vez, adquirió el 98,54% de las acciones de Multicanal SA, el 99,98% de las acciones de la empresa Telecligital SA y, por intermedio de Multicanal SA, el 100% de la empresa Primera Red Interactiva de Medios Argentinos SA”.
En diciembre de 2007, la Secretaría de Comercio supeditó la aprobación de la operación al cumplimiento de diversos compromisos asumidos por las partes. Dos años más tarde, tras una auditoría sobre el cumplimiento de ese compromiso y en ejercicio de su función de contralor, la CNDC consideró que “las empresas incumplieron los términos de la resolución ser 257/07 afectando gravemente el bienestar general, la libre competencia y los derechos de los consumidores”. Ante ese panorama, el Secretario de Comercio Interior, mediante resolución, consideró incumplido el compromiso y declaró el cese de los efectos de la autorización otorgada.
Por su parte, a través de la resolución ME 113/2010, se rechazaron los planteos de las empresas y se consideró incumplido el compromiso, estableciéndose un plazo de seis meses para que se realicen todos los actos para dar cumplimiento al cese de la concentración. Esa resolución se encuentra cuestionada judicialmente por las empresas.
En este marco, Gils Carbó entendió que en el caso de que las resoluciones impugnadas por la empresa quedaran firmes, “la fusión quedaría sin efecto y la orden de cese dictada por la CNDC tendría la virtualidad de impedir que Cablevisión SA y Multicanal SA puedan distorsionar la competencia a través de prácticas de concertación del mercado”.
Por estas razones, la Procuradora consideró que “la sentencia apelada debe ser dejada sin efecto en este aspecto”.
Fuente: Fiscales.gov.ar

martes, 25 de febrero de 2014

La Corte anuló la causa en la que un juez ordenaba el desguace de Cablevisión

Se trata de un reclamo planteado por una denuncia de Supercanal SA, del Grupo Vila-Manzano, que había obtenido del juez Bento una medida cautelar para designar un interventor coadministrador en Cablevisión SA y su separación de Multicanal
La Corte Suprema anuló hoy una causa en la que el juez federal de Mendoza, Walter Bento había dispuesto la intervención judicial de la operadora de TV por cable Cablevisión, en el marco de una denuncia por supuestas "prácticas anticompetitivas" derivada de la fusión con Multicanal.
Se trata de un reclamo planteado ante la Justicia mendocina por una denuncia de Supercanal SA, una empresa del Grupo Vila-Manzano, que había obtenido del juez Bento una medida cautelar para designar un interventor coadministrador en Cablevisión SA y su separación de Multicanal.
En un durísimo fallo, la Corte “con la firma de seis jueces, ya que Raúl Zaffaroni no figuró por estar de viaje- sostuvo que el juez mendocino "ha realizado una creación ex nihilo del título para fundar su competencia e irrumpir en la ajena", es decir que inició una causa dónde no había razón para que interviniera la Justicia.
Según el fallo, Bento desconoció que "el Poder Judicial, por su naturaleza, no puede ser jamás el poder invasor, el poder peligroso, que comprometa la subsistencia de las leyes y la verdad de las garantías que tiene por misión hacer efectivas y amparar".
La Corte fue llamada a intervenir por una cuestión de "competencia", pues si bien la supuesta práctica monopólica fue denunciada en la región de Cuyo, donde Cablevisión no opera, el juez dispuso la intervención de la compañía del Grupo Clarín en la Capital Federal y, de hecho, ordenó un procedimiento a cargo de la Gendarmería Nacional, en el año 2011.
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó se había pronunciado a favor de la intervención del juez Bento, pero la Corte refutó también sus argumentos, anuló la causa y archivó el expediente.
Ante la Justicia de Mendoza, Supercanal reclamaba "el cese de conductas anticompetitivas (determinación de precios, aumento unilateral de los costos de los competidores y manejo de la grilla de canales)" y, en ese contexto, solicitó "la división de Cablevisión mediante la segregación de los activos y pasivos y de los negocios correspondientes a la desaparecida firma Multicanal, fusionada con aquélla y su ulterior transferencia a terceros".
Esa fusión fue avalada administrativamente por el ex presidente Néstor Kirchner en 2007, poco antes de entregar el mando presidencial a su esposa, Cristina Fernández.
Fuente: Diario Los Andes
Fuente: DyN y CIJ

domingo, 28 de octubre de 2012

La posición de los Trabajadores Gráficos de Clarín ante el 7D

Se acerca el 7 de diciembre -conocido como el “7D”- fecha en que termina la medida cautelar que beneficiaba al Grupo Clarín, y en la que se discute si este debe realizar una desinversión inmediata en sus licencias audiovisuales como plantea el gobierno, o si a partir de allí debe computarse el plazo de un año para la misma
Clarín defiende su enorme concentración mediática, y el gobierno por su parte, un nuevo armado, incluso mas monopólico, pero en manos de empresarios amigos. Los trabajadores del Grupo Clarín estamos, objetivamente, en medio de esta disputa.
No se trata de una cuestión jurídica o comercial, la guerra por el reparto de medios refleja una división política en el campo patronal que divide aguas en el seno de la Justicia, la UIA, la cámara de diputados, los gobernadores, e incluso los sindicatos por la falta de independencia de sus direcciones.
La directiva del sindicato gráfico (SFGB) históricamente ha estado “atada” a Clarín: allí está como postal la foto de Ongaro en la celebración de los 50 años de Clarín, su acuerdo para promocionar la AFJP Activa (de Clarín) cuando la privatización de las cajas jubilatorias, o el acuerdo para que el beneficio de Médicus que tenemos los trabajadores, vaya atado a la obligación de mantenerse en la Obra Social Gráfica a la que Clarín siempre adelantó sus cuotas. Tal vez por todo esto a Clarín le resultó tan fácil en los 90 desconocer el convenio en AGR con la implementación de la “semana desplazada”. La directiva también se ha caracterizado por su amistad con todos los gobiernos, en particular de Menem para acá. Esta subordinación a Clarín y al gobierno ahora los ha llevado a partirse, no para defender los intereses obreros, sino en función de la división en el campo patronal.
Así los delegados de Clarín Zepita escribieron una carta de apoyo a RRHH que Clarín publicó el 11/10/12, y al otro día el SFGB sacó otra carta, esta vez obsecuente con el gobierno. Ambas posiciones desarman por completo a los trabajadores ante cualquier eventual ataque, los primeros, aliados a la patronal que en el propio diario está impulsando retiros “voluntarios” (promocionados por ellos mismos), y los segundos embelleciendo la ley de medios y desinformando a los afiliados al asegurar que esta no traería aparejada ninguna consecuencia para los gráficos, mientras a caballo de su implementación esta en marcha una reorganización empresarial completa de los medios. ¿La directiva desconoce la caída en la venta del diario y los “retiros” mencionados? ¿O que en AGR imprimimos la revista de Multicanal? ¿No sabe del manejo discrecional de las licitaciones para impresiones del estado, así como de la distribución de la pauta publicitaria oficial sin considerar cantidades en tirada y ventas de diarios y revistas? ¿Desconoce que toda mayor concentración tiende a un posterior achique?
Además, los trabajadores de AGR-Clarín en el pasado ya sufrimos el bloqueo informativo a nuestros conflictos por la “unidad” patronal-estatal de los grupos mediáticos. Una nueva monopolización de contenidos no significaría más que una nueva versión de lo mismo, sólo que con Vila-Manzano, Szpolski, y Cristóbal López… en lugar de Magnetto. Las empresas periodísticas no garantizan la libertad de prensa ni de expresión, la concentración de esas empresas en torno al estado menos.
Dentro de las empresas de Clarín, nuestra fábrica es en la que los trabajadores más hemos sufrido las consecuencias de las idas y venidas entre Clarín y el gobierno en los últimos años: de los mas de 500 policías invadiendo el taller contra la huelga del 2004 (en pleno gobierno de Néstor Kirchner), con despidos masivos (119) y persecución gremial, a los bloqueos de 2010 y 2011 encabezados por una interna que luego arregló con la gerencia.
Con el gobierno y Clarín amigos o peleados, nunca nadie defendió a los trabajadores más que los trabajadores mismos. La lucha contra la “semana desplazada”, por la que hasta julio pasado nos obligaban a trabajar los sábados y domingos en franca violación al convenio, la tuvimos que dar también contra la complicidad del Ministerio de Trabajo. El propio Tomada dejó pasar los despidos del 2004 y la exclusión durante 7 años de representantes gremiales, luego acordó con el sindicato y Clarín el reingreso de los delegados de la Juventud Sindical que se terminaron yendo por dinero, pero mantuvo la exclusión de dos miembros de la actual interna reincorporados luego por vía judicial.
Los trabajadores tenemos intereses distintos a los grupos en disputa, vaya como ejemplo la nueva ley de ART, celebrada por la UIA y AdEBA. El gobierno la impulsó, ¿alguien piensa que Clarín pueda estar en contra? Para nada. ¿A quien perjudica? A nosotros, los trabajadores, que nos encontramos reclamando por la inseguridad industrial.
Por ello, frente a esta disputa patronal, la Comisión Interna Grafica de AGR Clarín nos solidarizamos y llamamos a los trabajadores de todo el Grupo Clarín a defender, con asambleas y unidad, en forma independiente del gobierno y la empresa, todos los puestos y condiciones de trabajo, especialmente en los medios más afectados como las radios, el cable, y Canal 13/TN (ArteAr). Pero también en los medios gráficos, oponiéndonos a cualquier “retiro” compulsivo en Clarín Zepita, y reclamando, para el caso de nuestro taller, que se garantice la continuidad de la impresión de todas las publicaciones. Reclamamos y llamamos a unirnos por la total libertad sindical y elección de delegados en todas las empresas gráficas y periodísticas, por el cumplimiento de las paritarias en Tacuarí y la reincorporación de Mariana Cuccarese en el 13. Reclamamos que este debate se lleve al seno del pleno del cuerpo de delegados del SFGB, sin exclusiones.
Comisión Interna Gráfica de AGR-Clarín

jueves, 13 de septiembre de 2012

Para la Corte es "inoficioso" expedirse en causa vinculada a la grilla de TV Cable

Fue en un expediente iniciado por Multicanal por una resolución del 2008 del por entonces ComFeR. El Máximo Tribunal entendió que al haberse sustituido esa disposición tras la sanción de la “Ley de Medios” no corresponde pronunciarse en el caso
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inoficioso un pronunciamiento en una causa iniciada por la empresa Multicanal SA vinculada al ordenamiento de la grilla de los canales de televisión en el cable.
Se trata de un caso en el que Multicanal había cuestionado la resolución 227/08 del Comité Federal de Radiodifusión, al considerar que dicho organismo carecía de facultades para adoptar una decisión respecto de la grilla de programación de los operadores del servicio de televisión por cable.
El caso llega al Máximo Tribunal tras el recurso extraordinario presentado por el Estado Nacional contra la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata que hiciera lugar a la acción de amparo iniciada por la compañía y, en consecuencia, declarara la inconstitucionalidad de aquella resolución.
La Corte señaló que con posterioridad a la presentación de la demanda el Congreso de la Nación sancionó la ley 26.522, con el objeto de regular los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina.
“Dicha ley regula en forma integral la prestación de servicios de comunicación audiovisual y, en lo que ahora resulta de interés, en su artículo 65 legisla sobre los contenidos de la programación y, en particular, establece concretas disposiciones respecto del ordenamiento de la grilla de los operadores de servicios de televisión por suscripción de recepción fija”, indicó el Alto Tribunal.
Asimismo destacó que el decreto 1225/10 y la resolución 296/10 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que reglamentaron el citado artículo, establecieron precisiones respecto de la forma en que debería materializarse el ordenamiento de las señales en la grilla.
“En consecuencia, al haberse sustituido las disposiciones contenidas en la resolución 227/08, resulta inoficiosa toda decisión respecto de su validez ya que no se advierte la presencia de un interés actual que deba recibir una respuesta de esta Corte Suprema, pues le está vedado expedirse sobre planteos que han devenido abstractos”, concluyó.

martes, 28 de agosto de 2012

La Corte paralizó la causa que inició el Grupo UNO contra Cablevisión

Le ordenó al juez federal Walter Bento que se abstenga de tomar ninguna decisión en ese expediente
La Corte Suprema resolvió hoy paralizar la tramitación de la causa que inició en Mendoza el Grupo Vila-Manzano contra Cablevisión y le ordenó al juez federal Walter Bento que se abstenga de tomar ninguna decisión en ese expediente.
El máximo tribunal resolvió asumir el "conflicto de competencia" trabado entre el fuero en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal y la Justicia Federal de Mendoza, que recíprocamente reivindican su facultad para intervenir en el expediente.
La Corte decidió pedir dictamen a la Procuración General de la Nación para determinar quién deberá intervenir en el expediente, pero dispuso que en el entretanto no se adopte ninguna decisión en la causa.
El grupo Vila-Manzano lleva adelante una estrategia para quedarse con Cablevisión, objetivo funcional a la decisión del Poder Ejecutivo de desarticular el Grupo Clarín.
La cableoperadora es una de las principales empresas del Grupo Clarín, con 3,4 millones de abonados, y posee la marca Fibertel, que tiene 1,5 millones de asociados. Además, desde su fusión con Multicanal, invirtió 1100 millones de dólares y tendió una red de fibra óptica que es muy codiciada por sus competidores.
Fuente: Diarios Los Andes, La Nación y Centro de Información Judicial

martes, 3 de julio de 2012

La Comisión Nacional de Valores investiga al Grupo Clarín por ocultar datos

La Comisión Nacional de Valores (CNV) acaba de abrir un expediente contra el Grupo Clarín por no informar al organismo, ni a los accionistas, acerca del fallo de la Justicia federal de Mendoza que dispuso la intervención de Cablevisión por abuso de posición dominante y ordenó su separación de Multicanal
Todos los directivos de Cablevisión, varios de ellos muy conocidos en la industria de los medios de comunicación, como Jorge Rendo, Carlos Moltini y Pablo Casey deberán afrontar un incómodo sumario por infracción a la ley de Sociedades Comerciales que hasta podría tener consecuencias legales.
El sumario dispuesto por la CNV, notificado hace un par de semanas, pero mantenido en reserva por el grupo Clarin, comenzó con una denuncia presentada por una ONG contra la empresa Cablevisión por no declarar ante el organismo la decisión de la Justicia Federal de Mendoza, de fines del año pasado, donde se disponía la intervención de la empresa por "abuso de posición dominante en el mercado".
La investigación contra Cablevisión fue determinada el pasado 23 de mayo en la Resolución de la CNV N 16819 donde consta que "la investigación sumarial tiene como objeto precisar todas las circunstancias y reunir todos los elementos de prueba tendientes a esclarecer la eventual comisión de irregularidades e individualizar a los responsables y proponer sanciones".
Los funciones de la CNV quieren saber si Cablevisión impidió "al público inversor en general tener la posibilidad de tomar un cabal conocimiento de los motivos que dieron origen a la decisión de la Justicia, como así también de las facultades y potestades otorgadas al juez coadministrador judicial designado".
En otras palabras, la CNV señala que Clarín no informó al público inversionista (es decir a los compran acciones en la Bolsa) de la decisión judicial que llevó a la intervención de la empresa operadora de cable y menos a las potestades de la intervención para dividir las empresas Multicanal y Cablevisión para poner fin a la posición dominante en el mercado cableoperador y que motivo el amparo presentado por parte de Supercanal.
En el expediente de la CNV se apunta a más de una docena de empleados del Grupo Clarín y al directorio de Cablevisión y de confirmarse las irregularidades el organismo fiscalizador podría aplicar serias sanciones.
En diciembre del año pasado la Justicia federal de Mendoza dispuso la intervención de Cablevisión por "abuso de posición dominante" ante un amparo presentado por la cableoepradora Supercanal. El juez federal Walter Bento, titular del Juzgado Federal N°1 de la ciudad de Mendoza, dispuso que Enrique Anzoise sea el coadministrador, por el plazo de un año, de la empresa denunciada. Además determinó el cese de la fusión de Cablevisión con Multicanal, medida adoptada en el 2006.
Entre los abusos que ejerce Cablevisión está el precio fijado, para la competencia, de los contenidos del Grupo Clarín, la abierta manipulación de la grilla en detrimento de la competencia; la exclusión por parte de Cablevisión de señales de noticias y la manipulación del ingreso de nuevas señales en el mercado que no sean del Grupo Clarín.
Aunque todos los fallos de la Justicia siguen firmes y avalados por la Cámara de Apelaciones de Mendoza, el grupo Clarín se negó a cumplir con la orden judicial a través de amparos judiciales y medidas dilatorias.
Fuente: A24.com

lunes, 2 de julio de 2012

Pelea de fondo: Grupo UNO vs. Grupo Clarín

Causa de Multicanal contra Vila y Manzano espera definición de la Corte. A fines de los ´90, Multicanal denunció en Buenos Aires a los dueños de Supercanal por administración fraudulenta. La Justicia local reclamó el expediente y buscan declararlo nulo
Una larga causa penal y una historia sórdida en los estrados mendocinos. Los beneficiarios fueron Daniel Vila, Alfredo Vila y José Luis Manzano, quienes estaban imputados en una causa que podría haberlos llevado a prisión por hasta seis años y hoy están a las puertas de ser sobreseídos por prescripción de la causa.
A fines del siglo pasado, Multicanal S.A. denunció por administración fraudulenta a Supercanal Holding y más precisamente a los hermanos Vila y al ex ministro del Interior de Carlos Menem, todos actualmente socios en el grupo conocido como Vila-Manzano.
Esta denuncia fue radicada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 31 de Buenos Aires, donde se llevó adelante toda la instrucción de la causa. En junio de 2007 se dictó el procesamiento de los tres imputados.
Tras una apelación de Manzano y los hermanos Vila, el procesamiento fue ratificado por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Buenos Aires el 4 de diciembre de 2007.
En agosto de 2008, el fiscal de Instrucción pidió la elevación a juicio oral. Las defensas de los imputados hicieron sus oposiciones.
En esta instancia, sin que antes nadie hubiera realizado cuestionamiento alguno, empezó a tejerse desde Mendoza otra estrategia, con algunos funcionarios judiciales que fueron funcionales a las necesidades de Manzano y los hermanos Vila.
En noviembre de 2008, a instancias del fiscal de Delitos Complejos Daniel Carniello, se solicitó la competencia de la causa que llevaba adelante el juzgado porteño. En junio de 2010, la Corte Suprema nacional le dio la razón, por lo que esa causa fue derivada a la Justicia penal mendocina para que continuara el trámite.
El abogado de Multicanal, Juan Day, indica que “en el proceso, nunca antes se había cuestionado la competencia de la causa”. Pero, cuando la cuestión empezó a tornarse difícil para los acusados, un movimiento salvador cambió su situación.
En julio de 2010 llegan las actuaciones a manos de Carniello. El fiscal hace un par de diligencias apenas llegado el expediente y luego no hace nada hasta setiembre de 2011, cuando los letrados de Multicanal empezaron a reclamar el movimiento de la causa.
Entonces Carniello pidió la nulidad del pedido de elevación a juicio. Esta nulidad no es inocente. Hay cuatro hechos que interrumpen los plazos de prescripción de las causas penales: el llamado a indagatoria. el requerimiento de elevación a juicio, la citación a juicio y la condena.
¿Qué significa esto? Si la indagatoria es nula, entonces corren los plazos de prescripción que coinciden con el máximo de la pena por administración fraudulenta (seis años de prisión). Entonces la causa contra Manzano y los hermanos Vila estaría a un paso de caerse y los imputados, ser sobreseídos.
Este pedido de nulidad cae en el juez de garantías Ezequiel Crivelli, quien sostiene que no corresponde la nulidad sino la continuidad de la causa desde el punto en que quedó en Buenos Aires. Y esto es apelado por la defensa de Manzano y los hermanos Vila.
Se le da vista al fiscal de Cámara Fernando Guzzo quien indica, entre otros argumentos, que “el requerimiento de elevación a juicio existente en autos no ha sido declarado nulo al momento en que se determinara la competencia de la Justicia provincial mendocina, conservando en consecuencia pleno valor como acto procesal”, tal como lo indica el artículo 7 de la Constitución Nacional. La Carta Magna dice que los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera fe en las demás.
Lo único que podría hacer lugar a la nulidad es que haya alguna inobservancia, cosa que el fiscal de Cámara tampoco detecta en el procedimiento llevado adelante en Buenos Aires. Por todo esto es que rechaza la nulidad planteada por los abogados de Manzano y los hermanos Vila.
Pero, al llegar a la Cámara de Apelaciones en lo Criminal, el criterio se invierte. En realidad, dos de los tres miembros del tribunal dan la razón a los letrados de la defensa. Se trata de los jueces Luis Correa Llano y Alejandro Miguel.
Ellos argumentaron que no otorgar la nulidad implicaría negar a los imputados declarar y presentar prueba en la primera etapa del proceso, lo que constituiría un gravamen irreparable. Esta opinión incluso contradice el criterio que suele sostener esa Cámara de Apelaciones habitualmente, que niega las nulidades.
Cabe recordar que el proceso previo duró varios años y que hubo tiempo para presentar pruebas, más allá de que la prueba haya sido presentada en Buenos Aires y no en Mendoza.
Además, Correa Llano y Miguel sostienen que el requerimiento de elevación a juicio no es válido por haberse realizado bajo otra forma de instrucción (en Ciudad de Buenos Aires no existen fiscales de Instrucción y jueces de Garantías que velan por el cumplimiento de la legalidad del proceso).
El tercer miembro del tribunal María Liliana de Paolis de Aymerich (ver aparte) votó en disidencia.
Dice la magistrada que la apelación a la nulidad ya rechazada por el juez de Garantías es inapelable, de acuerdo a lo que dice el Código Procesal Penal de Mendoza: “El incidente de nulidad se tramitará en la forma establecida por el artículo 350 del Código Procesal Penal; a su vez éste no establece que la resolución del juez de Garantías sea apelable”.
Pero, además, en el caso de que hubiera algún gravamen irreparable para el ejercicio de defensa de los imputados, la magistrada dijo que “los imputados tuvieron oportunidad de formular los respectivos agravios, oponiendo excepciones o en ocasión de las oposiciones a la elevación a juicio”.
Las actuaciones están en la sala penal de la Suprema Corte de Justicia. Esta resolución fue apelada por Multicanal, por entender que los argumentos de De Paolis de Aymerich son los ajustados a derecho.

Una jugada judicial que no salió bien
La camarista María Liliana de Paolis de Aymerich no es miembro de esa Cámara. El tercer miembro es Ramiro Salinas, pero no participó de las actuaciones porque fue recusado por la defensa de Daniel y Alfredo Vila y José Luis Manzano. La forma de llegar a la recusación es un relato no carente de interés.
La maniobra comenzó en el momento en que los imputados introdujeron en el equipo de la defensa a Nicolás Becerra, el hijo del ex procurador general de la Corte y ex vicepresidente de Independiente Rivadavia.
Según se dice en el foro local, el nuevo abogado, a diferencia de su padre, nunca ejerció el derecho penal pero un hecho luctuoso lo volvía irremplazable en la defensa.
Es que Becerra hijo fue protagonista de un accidente de tránsito en el que murió el hermano del juez Salinas. Los defensores recusaron al magistrado y se hizo lugar a la recusación.
Así es que hubo un sorteo y la remplazante resultó ser De Paolis de Aymerich. Finalmente, la recusación no salió tan bien como se esperaba.
Fuente: Diario Los Andes
Magnetto le ordenó al diario Los Andes mentir para defender sus negocios
El diario local del grupo Clarín usa sus páginas para instalar falsedades del grupo editor de Diario UNO
El jueves, Los Andes, como suele hacer sistemáticamente, publicó una nota ordenada desde su dueño porteño, el Grupo Clarín, para instalar que “se fortalece el vínculo del grupo Vila-Manzano con el Gobierno nacional”. Por tratarse del grupo empresarial al que pertenece Diario UNO, vale hacer algunas aclaraciones, pues estas ininteligibles notas para el lector medio tienen como único objetivo instalar a través de sus títulos falsedades. Son constantes, tanto en Los Andes como en el propio Clarín y a veces en su socio en estos momentos, La Nación.
La razón es simple, en el enfrentamiento que vienen manteniendo esos medios con el gobierno kirchnerista, todo el que no juega alineado con sus intereses es sindicado negativamente.
Finalmente, siempre aparece el tema que desvive a Clarín, que es la irregular fusión entre las empresas Multicanal y Cablevisión, que fue permitida al grupo que lidera Héctor Magnetto justamente por la gestión kirchnerista, en tiempos en que se podrían haber publicado cientos de notas tituladas “El Grupo Clarín (dueño de Los Andes) fortalece su vínculo con el Gobierno nacional” y no con mentiras, sino con verdades como la fusión irregular de los dos mayores distribuidores de televisión paga del país. Esa atrocidad jurídica fue hecha contra cualquier aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia a su amigo Magnetto por Néstor Kirchner, en tiempos en que cenaban seguido en Olivos y recibían sus medios jugosas pautas publicitarias, que frente a negocios como el de la fusión de empresas eran simples propinas en comparación con las cifras que se consiguieron ganar.
La preocupación de Clarín se debe a que la caja más fuerte de su conglomerado empresarial está en el negocio de la televisión paga, que se vio fortificada por esa fusión amañada e ilegal que permite, entre otras cosas, sostener operaciones no tan esplendorosas como la de Los Andes en Mendoza. Por eso es la permanente preocupación de Clarín y sus medios por el “grupo Vila-Manzano”. La razón real es que una empresa de este grupo, Supercanal, es la que se ha opuesto judicialmente a que esa operación quedara consumada y hasta ahora la Justicia le está dando la razón. Porque a todas luces la tiene. Por eso si se lee la nota, que no es la primera y no será la última, aparecida el jueves en Los Andes se comprobará que hay una serie de imprecisiones y mentiras que el lector no tiene cómo conocer. Pero, inevitablemente siempre cae en algún momento en el juicio que se inició en Mendoza por parte de Supercanal contra Cablevisión. Curiosamente medios como La Nación, que suelen ser muy serios, nunca hacen alusión a la enormidad de haber permitido a alguien quedarse con casi el 80% del mercado del rubro del cable. Es raro en ese periódico que suele ser “tribuna de doctrina”, que en otras circunstancias militaría contra ese atropello que está contra todas sus “doctrinas”.
El otro tema que preocupa a Clarín del grupo liderado por Daniel Vila es el conjunto de acciones tendientes a regularizar su estructura de empresas a la nueva Ley de Medios, produciendo las desinversiones necesarias para adecuarse a la norma, mientras Héctor Magnetto se resiste a hacer lo propio para estar dentro de la ley, más allá del acuerdo que con ella y su espíritu se tenga.
El hilo conductor de la nota conspirativa ordenada de publicar en Los Andes por Clarín, sin firma porque fue redactada en Buenos Aires, es que Vila y Manzano pretenden quedarse con radio Rivadavia en Buenos Aires. La verdad es que en 1998 se pagó por esa emisora la suma de U$S3 millones (no de pesos, como dice Los Andes) y de modo irregular las acciones nunca fueron transferidas. Luego de diversos pasos legales todos favorables a Vila para que se efectivizara el traspaso accionario, el hecho de que se esté cerca de obtener justicia lleva a Clarín-Los Andes a decir que “se quieren quedar con la radio”. En realidad, es una empresa que quiere que le entreguen lo que pagó.
Esa es la mentira madre, a la cual le adosan otras con nombres como Mario Pergolini, Sergio Szpolski y Matías Garfunkel para aprovechar que, como ellos salen mucho en las revistas del corazón, el lector sienta que le están contando una trama sabrosa y oscura. Cada situación implica complejas tramas judiciales, largas de explicar en su realidad, que sólo se asemejan a las muchas en las que está metido el grupo Clarín por casos como el de Papel Prensa y otros sonados. Pero para entender que esas notas de Los Andes no son ingenuas ni apuntadas al noble cometido de informar, valga recordar que durante años Diario UNO ha pagado el papel mucho más caro que Los Andes por la negativa de la fábrica de Clarín-La Nación (que vuelve a aparecer) a venderle aunque fuera con el cheque en la mano. Por supuesto que Los Andes, por ser de la casa, sí pudo comprar a mejor precio y tuvo cupo para hacerlo. Para dar un ejemplo vitivinícola, es como si un bodeguero tuviera que pagar al doble la uva para hacer el mismo vino con el que va a competir con alguien que compra la uva a la mitad y con menos dificultades porque no debe importar los racimos.
Pero hay una de las verdades a medias, sumergidas en las mentiras que escribe Los Andes, a la que quizá también valga la pena dedicarle un párrafo. Se escribe como si fuera un delito que el grupo empresarial encabezado por Daniel Vila está haciendo las gestiones para ingresar en el negocio de la telefonía celular. ¿Por qué inquieta a Clarín que una empresa de capitales nacionales intervenga en un negocio en el que las utilidades en la actualidad son transferidas a Italia, España y Estados Unidos, debido a que los dueños de las empresas que operan en Argentina en esa industria son de esos países? ¿No es un contrasentido que el diario fundado por Roberto J. Noble con un objetivo de desarrollo nacional tenga estas visiones?
Los dueños de Los Andes están demasiado acostumbrados a que con cuatro tapas de Clarín torcían cualquier voluntad y no saben competir sin esa ventaja comparativa. El hecho de tener que gestionar y ser competitivos con sus productos los lleva a la desorientación. Notas como las que obligan a publicar a Los Andes en desmedro de su credibilidad son prueba de ello.
Fuente: Diario UNO

lunes, 9 de abril de 2012

Bonadío declaró "ilegítimo" el allanamiento a Cablevisión y acusó a Garré

La Justicia Federal consideró que el juez mendocino que ordenó el procedimiento no tenía competencia y que la ministra de Seguridad no debió autorizar el auxilio de Gendarmería
Por: Juan Pablo De Santis
El juez federal Claudio Bonadío consideró que el allanamiento realizado la sede de Cablevisión , a instancias de una amparo promovido por su competidora Supercanal, resultó "ilegítimo" en tanto a que fue ordenado por su par de Mendoza, Walter Bento, quien no posee competencia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, Bonadío denunció ante la Cámara de Apelaciones del fuero federal a la Ministra de Seguridad , Nilda Garré, tras considerar que no debió autorizar a la Gendarmería Nacional a participar del allanamiento ocurrido el pasado 20 de diciembre, dado que no contaba con una orden expresa de la Justicia Federal local.
La información surge de un fallo del pasado 3 de abril en respuesta a la denuncia realizada por el interventor Enrique Anzoise, designado en Cablevisión por instrucción de Bento, quien había dado lugar a una acción promovida por la operadora del Grupo Vila-Manzano que pretendía anular la fusión entre Cablevisión y Multicanal.
"El magistrado de Mendonza ordenó el auxilio de la fuerza pública y organizó la realización de la medida, con el concurso de la titular del Ministerio de Seguridad, actuando todos sin la debida intervención e un juez local y el menoscabo, como ya se mencionó, de la jurisdicción local", dice el fallo.
En una resolución de 22 páginas, Bonadío consideró que la resolución del juez mendocino "violentó la jurisdicción local" y que "Cablevisión no estaba obligada a cumplir con la orden", por lo cual no incurrió en delito alguno.
Asimismo también queda claro que el Director Nacional de Gendarmería ordenó a efectivos de su fuerza auxiliar en el allanamiento a través de una orden verbal de Garré.
"Surge que podríamos encontrarnos frente a un delito de acción pública , del que podría ser autora la Ministra de Seguridad de la Nación, doctora Nilda Garré, respecto a la utilización sin orden judicial de la Justicia competente de la Ciudad de Buenos Aires, de personal de Gendarmería Nacional en el procedimiento del 20 de diciembre de 2011 en la firma Cablevisión S.A.", concluye la opinión de juez.
Vale destacar que Bonadío no se expidió sobre la posible comisión de un delito de acción pública que se derivaría de la intervención de la fuerza pública, ya que dichos hechos son investigados por el Juzgado Federal N° 5, a cargo de Norberto Oyarbide.
Fuente: Diario La Nación

jueves, 2 de febrero de 2012

Mafia Wars: Grupo Clarín vs. Grupo UNO

La justicia comercial de Buenos Aires accedió a un pedido formulado por la firma Multicanal y suspendió cautelarmente varios puntos que debía tratar la asamblea de Supercanal SA, empresa del grupo Vila-Manzano, que se realizó ayer en Buenos Aires
La medida la decretó el juez Eduardo Malde ayer mismo, ordenando que se suspendiera el tratamiento en la asamblea de todos los puntos relativos a la propuesta concursal, entre ellos, un proyecto de capitalización por mil quinientos millones que podía licuar el capital de terceros accionistas, como Multicanal y los acreedores prendarios.
La homologación del concurso había sido resuelta el 28 de diciembre pasado, sobre el filo de la feria judicial. Por lo tanto, al día de hoy no se encuentra firme y puede ser apelada, lo que hace inviable el intento de implementarla, como quisieron hacerlo Vila y Manzano. Por eso la Justicia suspendió esa maniobra, aunque el grupo mendocino pretendió llevarla adelante igual, lo que generará nuevas denuncias, según ya se anticipó.
La denuncia de Multicanal se inscribe en una larga batalla judicial que comenzó en el año 2000, cuando los accionistas controlantes de Supercanal, Vila y Manzano, licuaron ilegítimamente la participación accionaria de Multicanal y sus accionistas en la empresa Supercanal.
Como consecuencia de ello, hoy existen más de 30 juicios en trámite contra el grupo mendocino, incluyendo acciones penales por administración fraudulenta de Vila-Manzano.
"Estos juicios impiden que la propuesta concursal de Supercanal pueda ser aprobada hasta que tengan sentencia definitiva, dado que tienen una incidencia fundamental sobre la misma a punto tal que, dependiendo su resultado, puede variar sustancialmente la misma", sostuvieron los abogados de Multicanal.
La Asamblea de Supercanal se realizó horas después, y tuvo ribetes escandalosos.
Cuando un escribano y un abogado de Multicanal se hicieron presentes para notificar la medida judicial dictada por Malde, los empresarios mendocinos tuvieron reacciones violentas. Daniel Vila los insultó y los sacó a empujones del lugar donde se celebraba la asamblea.
Acto seguido continuaron con el tratamiento de los puntos de la asamblea, pese a conocer la medida judicial que lo impedía expresamente.
En la asamblea estaba presente un representante legal de Multicanal, empresa accionista de Supercanal. José Luis Manzano, el otro socio del Grupo Vila, no dudó en insultarlo e impedirle hablar. "No sabés con quién te estás metiendo", dijo Manzano gritando.
El escribano dejó constancia de todos estos hechos, que hoy serán informados al juez Malde y que serán motivo de las denuncias penales correspondientes, informaron los abogados de Multicanal.
Fuente: Diario Los Andes

lunes, 16 de enero de 2012

Moltini: "Al final del mandato de Cristina, Cablevisión va a seguir existiendo"

Con 51 años, casado hace ya 23 años y con cuatro hijos, Carlos Moltini lleva 21 años en el Grupo Clarín. Casi la mitad los hizo en el sector de la TV paga. Primero como CEO de Multicanal y luego como CEO de Cablevisión
Por: Andrés Sanguinetti
Carlos Moltini ocupa hoy el puesto menos envidiado de la Argentina: es el CEO de la empresa que más enfrentamientos tiene con el Gobierno. Desde que el kirchnerismo decidió, a fines de 2007, que la fusión con Multicanal debía ser disuelta a pesar de haberla aprobado por orden del propio Néstor Kirchner, Cablevisión recorre un camino incierto y podría dejar de existir. De todos modos, Moltini asegura que la empresa no será desguazada. Pero igual advierte que la compañía vive en una situación de tensión permanente.

¿Cómo está la situación, a 15 días del allanamiento de Gendarmería?
La medida sigue vigente. Y el coadministrador está en funciones. Pero no está en la empresa. Nosotros recusamos al juez de Mendoza que emitió la orden. Pero se nos negó el pedido. Tampoco logramos la apertura de feria. Así que los 60 días de plazo para el desguace de la empresa siguen corriendo. Eso nos pone en una situación compleja porque de esa fecha van a estar corriendo 40 hasta el 1º de febrero cuando termina la feria.

¿Tenía antes una opinión diferente de Vila y Manzano que la que tiene ahora?
No. Vila y Manzano nos estafaron en el pasado. Y ahora optaron por ser el mascarón de proa del Gobierno.

¿Puede esta causa ser más compleja de evitar?. Ya pasaron las elecciones y con este escenario político debe ser difícil encontrar un juez que avale pedidos de Cablevisión
Esta medida es mas absurda, mas irracional. No hay elementos para plantear el desguace de la empresa. Ni en los argumentos del juez hay algo razonable o discutible sobre posición dominante. Igual, ver a Gendarmería en el edificio o ver a De Vido diciendo que Fibertel no existe mas son escenarios que te ponen en una situación límite. Pero creo que van a primar la cordura y la razonabilidad, y al final del camino habrá como una especie de sentido común que terminará resolviendo todo. En lo político, siento que el Gobierno sigue teniendo el mismo poder y fuerza que tuvo siempre. Ya sacó la ley de medios, nos impuso 300 medidas del Afsca buscando la caducidad de la licencia, y Moreno nos impone el precio del abono. O sea que vivimos en tensión permanente.

Habla de medidas absurdas pero también de cordura. ¿No es contradictorio?
Estoy convencido de que en alguno de los estamentos judiciales va a aparecer la medida que corresponda para resolver estas locuras. Además, confío en que el Gobierno comprenda y entienda que es necesario y le hace bien al país tener una empresa como Cablevisión. Una verdadera red alternativa al monopolio de las telefónicas, que compite.

Da la sensación de que el problema no es Cablevisión, sino su pertenencia a Clarín
Esa pelea es un capítulo de un libro que se puede llamar medios, independencia, libertad de expresión. Lo que está en debate es la libertad de expresión. Nosotros nos vemos inmersos en esto producto de la decisión del Gobierno de condicionar a la prensa y someterla.

¿Cuál sería la razón?. A pesar de los medios críticos Cristina ganó cómoda
No se si es un tema de eternidad en el poder o de que les molesta tener alguien que les aporte una visión crítica.

Hablando de Cristina, ¿cuál es la definición que tiene de este gobierno?
Que escucha muy poco, parece el dueño de la verdad, no tiene una visión superadora de país, un plan estratégico.

¿Cómo avizora estos próximos años?
Veo una continuidad de lo que pasó en 2011. Todos los días vamos a estar recibiendo resoluciones o cuestionamientos legales o administrativos para ponernos un palo en la rueda.

¿Y cree que al final de estos 4 años seguirán existiendo?
No tengo dudas de que al final del mandato de Cristina, vamos a seguir estando. Sería un fracaso para el país que no perdurara. El país debería apostar a que Cablevisión fuera la empresa de capitales nacionales mas exitosa en el mercado de telecomunicaciones.

¿Tienen algún mea culpa para hacer?
Yo me pregunto muchas veces qué hicimos mal. Hemos invertido u$s 1000 millones en estos años, nuestros accionistas no cobraron dividendos en pos de brindar un mejor servicio. La verdad es que cuesta encontrar nuestro error.

¿El poder de Clarín, sacar o poner gobiernos, no sería parte de ese mea culpa?
Eso es falso. Somos una compañía de medios que informa y expone la realidad. La valija de Antonini no la trajimos nosotros; no inventamos a Schoklender. Tampoco la resolución 125. Es la realidad. Ahora nos acusan de querer estar a favor de que la Presidenta tenga cáncer. Al contrario, lo mejor que nos puede pasar es que le vaya bárbaro. Vivimos en este país, hacemos negocios acá y tenemos nuestra familia acá.
Fuente: El Cronista

sábado, 24 de diciembre de 2011

martes, 6 de septiembre de 2011

"La parte irónica del presente conflicto es que el Gobierno tiene cierta razón acerca del Grupo Clarín"

La tapa que Alberto F. "negoció" con Magnetto
Por: Sebastián Lacunza
El lanzamiento de la candidatura presidencial de Cristina de Kirchner en el teatro Argentino de La Plata, en julio de 2007, generó un despacho, el 20 de ese mes, firmado por el entonces embajador Earl Anthony Wayne.
El texto, catalogado como "confidencial", es bastante descriptivo. Narra internas del kirchnerismo, dificultades de la oposición, y transcribe parte del discurso de Cristina.
A la hora de reflejar cómo fue la cobertura del acto en la prensa, el documento la considera "mayormente positiva". Y detalla: "De acuerdo a un contacto de prensa de la Embajada, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, había contactado al CEO del gigante Clarín, Héctor Magnetto, para negociar una cobertura positiva del discurso de la primera dama. Clarín es el diario más grande de Argentina y tiene una relación dificultosa con el gobierno, ya que concentró recientemente gran parte de la atención en escándalos de corrupción del Ejecutivo".
El cable diplomático agrega que "la misma fuente indicó que el gobierno estaba esperando tener la tapa entera para el lanzamiento de la primera dama, pero la muerte del amado escritor y humorista Roberto Fontanarrosa recibió mayor espacio que el discurso de Fernández".

Embajada de EEUU: "Lo irónico es que el Gobierno tiene cierta razón acerca del Grupo Clarín"
La embajada estadounidense siguió paso a paso el tratamiento de la ley de medios y el conflicto entre el Gobierno y el Grupo Clarín. Escuchó voces críticas cuando esa ley era proyecto de parte de políticos, periodistas y empresarios de prensa, y también algunas a favor, según cables del Departamento de Estado que hasta ahora habían permanecido ocultos.
Los documentos de WikiLeaks habían sido difundidos en un primer momento por cuatro medios europeos y uno estadounidense, a fines de 2010. Lo referido a la Argentina había sido dado a conocer por el diario español El País y, en menor medida pero con mayor puntillosidad, por el francés Le Monde. Luego, los diarios PáginaI12 y La Nación accedieron a la base de datos del australiano Julian Assange, y el periodista Santiago O'Donnell amplió información en el libro ArgenLeaks, de reciente aparición.
En otro de los cables no difundidos hasta ahora, el embajador Earl Anthony Wayne da cuenta de su visión sobre la ley de medios el 23 de abril de 2008. El informe fue titulado: "El gobierno argentino y los medios: ¿Preocupaciones de información sesgada, conspiración y monopolios?"
Luego de mencionar algunas de las preocupaciones que le fueron transmitidas sobre la pelea del Gobierno con el principal multimedios de Argentina, Wayne reflexiona: "La parte irónica del presente conflicto es que el Gobierno tiene cierta razón (has a point) acerca del Grupo Clarín: Tiene una enorme influencia por su presencia dominante en la prensa, TV, cable y radio. Muchos otros actores de la prensa han deplorado este hecho ante nosotros". Otro reporte sobre el tema diría que "de ningún modo" se puede definir a Clarín como un monopolio.
El entonces embajador norteamericano destaca que Néstor Kirchner permitió a Clarín crecer significativamente, entre otras medidas, por la prórroga de la licencia de su canal de televisión abierta (el 13) "y la fusión de un cable (por Cablevisión y Multicanal) que le dio una presencia dominante en el sector".
El diplomático repasa tópicos sociales como que Clarín "puede voltear gobiernos". También sostiene que "hay todavía bastante libertad de prensa en la Argentina , como lo evidencia todo el debate y la cobertura sobre lo que el Gobierno está haciendo con respecto a los medios". Destaca Wayne, como lo hiciera en otras comunicaciones a Washington, que el Ejecutivo de Cristina de Kirchner "no cerró ningún medio" ni ha cometido otros actos de censura grave, aunque advierte que "algunos periodistas creen que el Gobierno tiene pinchados sus teléfonos".
"Podemos ver que los Kirchner podrían tentarse a tomar algunas medidas contra la prensa si la situación se deteriora", pero que ello sería contraproducente "en esta sociedad con altos niveles de educación".
Resulta destacable la crítica opinión del exjefe de la delegación norteamericana en Buenos Aires sobre el nivel del periodismo argentino:
• "No hay dudas de que medios y diarios tienden a criticar al Gobierno, y que ponen más el foco en rumores y afirmaciones no chequeadas que lo que indicarían los mejores estándares del periodismo".
• "La habilidad y voluntad de los medios para hacer investigaciones es limitada".
• "La mayoría de los medios tienden a evitar la confrontación seria con el Gobierno".
Wayne afirma, al menos en abril de 2008, que los tironeos con la prensa no son más graves que en otras democracias, y describe que los medios argentinos, como en otros países, acompañan el humor general. Luego sí critica las omisiones de la agencia TelAm en cuanto a las protestas que se daban en Buenos Aires en plena trifulca por la resolución 125.
El ex embajador apela en este interesante cable a opiniones de empresarios y periodistas sobre Clarín vertidas en diálogos con la embajada:
- Daniel Vila, dueño del grupo UNO (diarios UNO en varias provincias, La Capital de Rosario, La Red , Radio Nihuil, Supercanal y América TV) y Román Lejtman, su director periodístico: "En los medios, el Grupo Clarín es dominante. Ello es malo para la democracia y la competencia. América TV cree que puede competir, construyendo su fortaleza en las provincias para (luego) ganar audiencia en Buenos Aires, proveyendo noticias 'reales' y variedad que otros canales no ofrecen".
- Daniel Hadad (C5N, Radio Diez e Infobae): "El Grupo Clarín utiliza su posición dominante para hacer valer su influencia sobre otros medios, y ello debería ser tratado".
- Bernardo Neustadt (Hoy fallecido. Entonces, columnista de contratapa de Ámbito Financiero, como destaca el cable): "El Gobierno actúa como una mafia", y si bien no hay más corrupción que durante "los años del presidente Menem, está mejor organizada y controlada por la elite gobernante. En cuanto a los medios, el dominio de Clarín en prensa, radio y TV es una seria amenaza para el pluralismo y la libertad de prensa".
Fuente: Ámbito Financiero

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