El 10 de noviembre de 2019, el periodista Sebastián Moro fue hallado seminconsciente en su domicilio en La Paz. La familia, desde el primer momento, creyó que era imposible que un ACV le produjera las otras lesiones que se encontraron en su cuerpo
Por: Javier Peverelli
El 10 de noviembre de 2019 el periodista fue hallado seminconsciente en su domicilio en La Paz. Foto: Raúl Ferrari
La representación legal de la familia de Sebastián Moro, el periodista presuntamente asesinado en Bolivia durante el golpe de Estado contra Evo Morales, celebró que el Ministerio Público de ese país haya aceptado la participación de un perito argentino en la causa, lo que pareciera darle "un impulso" a una investigación que lleva tres años sin novedades significativas.
"El Ministerio Público en Bolivia nos aceptó la presentación del perito argentino Guillermo Martínez Agüero. Se trata de una persona seria, responsable y de mucho conocimiento en esta clase de asuntos", le confió a TelAm la abogada Mary Carrasco, quien patrocina a la familia de Sebastián Moro en Bolivia.
El 10 de noviembre de 2019 el periodista fue hallado seminconsciente en su domicilio en La Paz, la capital del estado Plurinacional, donde por entonces se vivían horas de tensión y violencia, en medio de una asonada contra el gobierno de Morales, cuyos simpatizantes eran atacados por grupos parapoliciales.
La versión oficial que en esos conflictivos días se estableció que la muerte del periodista oriundo de la provincia de Mendoza se debió a un accidente cerebro vascular (ACV). A los 40 años, y tras pasar una semana en coma, Moro murió el 16 de noviembre en una clínica de la capital boliviana.
La familia, desde el primer momento, creyó que era imposible que un ACV le produjera las otras lesiones que se encontraron en su cuerpo.
Sebastián presentaba al momento de su internación golpes y moretones, que un médico externo asoció con señales de torturas, algo que el perito desinado por la familia se encargará de establecer.
"La más importante es determinar si se trató de una muerte natural o un hecho criminal. Por supuesto que nosotros decimos que se trató de un asesinato, por todas las circunstancias que rodearon su muerte. Pero para eso necesitamos haya un análisis científico", explicó la abogada boliviana.
Sebastián fue hallado tendido en su cama por un amigo suyo que concurrió a su domicilio por pedido de la familia del periodista, y que al llegar encontró la puerta de la vivienda abierta.
Ese mimo día, el diario PáginaI12 publicaba la que sería la última nota del periodista, titulada "Un golpe de estado en marcha en Bolivia".
Moro trabajaba en la radio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Foto: Facebook.
En esa crónica Moro relataba la antesala de un levantamiento de la Policía y el Ejército, cuyo punto culminante sería la renuncia de Morales, quien debió dejar su cargo ante la exigencia del jefe del Ejército, el general Williams Kaliman.
En ese contexto, grupos de choque promovidos por los denominados comités cívicos atacaban a los simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS), y el director de la radio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), José Aramayo, era golpeado y amarrado a un árbol, en un hecho perpetrado el 9 de noviembre.
Moro trabajaba en esa emisora, y antes de ser hostigado por este grupo violento, Aramayo le había aconsejado al periodista argentino que no concurriera a la emisora porque podía ser objeto de una agresión por parte de exaltados que dirigían su furia contra todo lo que identificaban con el gobierno de Morales.
"Si podemos obtener el perfil de su agresor o sus agresores, esos serán puntos de pericia que van a dar mayores luces a la investigación", resaltó Carrasco.
Mientras atravesaba sus últimas horas de vida en la clínica de La Paz, se produjeron las denominadas masacres de Sacaba y Senkata, dos localidades donde integrantes de las FFAA de Bolivia y de las fuerzas de seguridad -ya con Jeanine Áñez al mando del Ejecutivo-, dispararon indiscriminadamente contra manifestantes, lo que dejó un saldo de 27 muertos y cientos de personas heridas.
"En el momento en que tengamos el informe del perito será un momento muy importante", añadió la abogada sobre la causa judicial, a cargo del fiscal Edwin Sarmiento y que se tramita en el Juzgado número 10 de Instrucción Cautelar en lo Penal de La Paz.
Por su parte, la abogada que representa a la familia Moro en Argentina, Viviana Beigel, señaló que "en Mendoza se solicitó una pericia a un organismo que depende del Cuerpo Médico Forense para determinar las causas del fallecimiento" de Sebastián.
"Todavía estamos en el terreno de investigación de determinación de causas de muerte para poder avanzar", indicó Beigel.
En su labor periodística, Moro se especializó en coberturas de casos de lesa humanidad. Foto: Raúl Ferrari
Campaña internacional "Justicia por Sebastián Moro"
Moro trabajaba en Radio Nacional Mendoza y durante años se especializó en coberturas de casos de lesa humanidad, pero con la llegada del gobierno de Cambiemos, una nueva administración se hizo cargo de la emisora y el tema dejó de tener interés editorial.
Ante este panorama, Moro dejó su puesto en Radio Nacional y en 2018 se trasladó a Bolivia con el propósito de encarar una nueva tarea periodística en el Estado Plurinacional gobernado por Evo Morales.
Cada 16 de noviembre, la familia del periodista recibe cientos de mensajes desde distintas partes del mundo que llegan a Mendoza, la ciudad donde nacieron Sebastián y sus hermanas Penélope y Melody.
"Hubo muchas expresiones de las distintas organizaciones que forman parte de la campaña internacional Justicia por Sebastián Moro. Desde Bolivia, Europa y México y de distintas organizaciones de derechos humanos de Argentina", remarcó Penélope en diálogo con TelAm.
Hace poco más de un año, la familia lanzó una campaña internacional para pedir justicia que cuenta con la adhesión de distintos gremios y organizaciones, entre ellas Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), e HIJOS Capital, entre otros.
En ese sentido, Penélope indicó que recibieron "muchos mensajes" de distintos sindicatos como el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), Asociación de Trabajadores de Radio Nacional (ATRaNa) y Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y de la agrupación feminista Abya Yala.
Sebastián Moro, el caminante, la historia del periodista presuntamente asesinado en Bolivia
"Sebastián Moro, el caminante" es un filme de María Laura Cali que reconstruye los últimos días de vida de un periodista de 40 años que consideraba a su profesión "una herramienta de transformación social" y que fue hallado muerto en Bolivia cuando se consumaba el golpe de Estado que en 2019 derrocó al entonces presidente Evo Morales.
"Luchaba por sus ideales. Estaba comprometido con ejercer el periodismo desde su verdad. Creía la profesión era una herramienta de transformación social, como lo es el arte, el teatro y el cine", expresó a TelAm la directora del documental que el vienes pasado se proyecto en la sede de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, durante una función especial en conmemoración del tercer aniversario de la muerte de Moro.
A los seis días de haber sido encontrado seminconsciente en su casa, el periodista mendocino falleció en una clínica de La Paz, el 16 de noviembre de 2019.
En la capital de Bolivia, Sebastián trabajaba en una radio y además colaboraba con el diario PáginaI12 para el cual cubrió las alternativas del golpe que derrocó a Morales.
"Sebastián puede ser cualquiera, hay muchos como él que a lo largo de la historia han perdido sus vidas en busca de sus ideales. Eso es lo que quise contar con 'esta película", agregó Cali.
La directora del documental conoció al periodista durante la producción de su anterior película llamada "Los Ñoquis", en la que relata "los despidos que se produjeron durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri", una situación que ambos padecieron en carne propia.
"Sebastián había sufrido en Radio Nacional de Mendoza, lo mismo que tuve que padecer en el Ministerio de Cultura pero en Radio Nacional de Mendoza. Todas las coberturas que él realizaba minuciosamente de los juicios de lesa humanidad fueron eliminadas", detalló Cali.
Luego de despidos "muy desprolijos" y otras situaciones que se dieron en Radio Nacional, Moro "se sintió muy humillado".
Decidió renunciar a la emisora y "autoexiliarse" en 2018 a Bolivia, donde trabajó en los medios de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (Csutcb), el periódico Prensa Rural y en Radio Comunidad.
"Cuando me entero de que Sebastián había amanecido desvanecido con golpes en su cuerpo y que días después murió en un hospital me conmocioné muchísimo", explicó la directora de una película que está narrada con audios y mensajes que el propio Moro le enviaba a su familia.
Para Cali, la historia de Moro "es una tragedia" en la que es el propio periodista "no imaginó" que podía ser víctima de un golpe que estaba cubriendo.
"La idea es dejar testimonio. Ayudar a que la historia de Sebastián se visibilice y ayudar también a la causa judicial", resaltó la directora.
El documental, producido por Barakacine, Buda Casa Productora y la Fundación Grupo Ukamau -fundada por el director de cine boliviano Jorge Sanjinés-, se proyectará el próximo año por festivales internacionales, universidades y organismos de derechos humanos.
El expresidente denuncia que el canal RT y TeleSUR han cerrado y varios locutores de La Resistencia han sido encarcelados, también trabajadores de Abya Yala Televisión se declararon en estado de emergencia
El expresidente de Bolivia Evo Morales ha criticado la decisión del nuevo Gobierno de Bolivia de impedir las emisiones de canales de televisión extranjeros en el país y de perseguir judicialmente a otros programas contestatarios.
“En Bolivia sacaron del aire a canales teleSUR y RT, después eliminaron a las radios comunitarias y ahora meten presos a jóvenes del programa de radio y sitio de noticias, La Resistencia. ¿Eso es democracia? Cada día los golpistas desenmascaran su verdadero rostro“, ha afirmado Morales a través de su cuenta en Twitter.
Desde la salida de Morales del poder, el pasado 10 de noviembre, más de 53 radios comunitarias suspendieron sus operaciones. Los equipos de algunas de esas emisoras fueron destruidos en los disturbios posteriores a las polémicas elecciones del 10 de octubre.
En #Bolivia sacaron del aire a canales @teleSURtv y @ActualidadRT, después eliminaron a las radios comunitarias y ahora meten presos a jóvenes del programa de radio y sitio de noticias, La Resistencia. ¿Eso es democracia? Cada día los golpistas desenmascaran su verdadero rostro.
En noviembre y diciembre pasados, empresas bolivianas que ofertan televisión de pago eliminaron sin explicaciones las señales del canal público ruso de noticias RT en Español y teleSUR.
Además, la Fiscalía General abrió el pasado 30 de diciembre una investigación contra los responsables del programa de radio La Resistencia por los presuntos delitos de uso indebido de influencias y sedición.
Morales ha informado también a través de Twitter de que han comenzado los preparativos para “la gran concentración del 22/01/20” en la que se celebrará “el Día del Estado Plurinacional de Bolivia y 14 años de Revolución Democrática y Cultural” con simpatizantes de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS) presentes en Argentina, donde se encuentra exiliado.
Morales es el jefe de campaña del MAS con vistas a las elecciones generales del próximo 3 de mayo que buscan cerrar la crisis constitucional originada tras la dimisión de Morales forzada por las protestas y la falta de apoyo policial y militar tras las denuncias de “irregularidades” en las elecciones del 20 de octubre en las que fue reelegido presidente.
Otro caso de censura
En la imagen de superior: "El artista y amigo de La Razón Alejandro Salazar (Al-Azar) ha comunicado a la Dirección que, dado el asedio del que ha sido objeto en las últimas semanas por sus viñetas políticas, no tiene las condiciones para continuar realizando ese trabajo creativo en nuestras páginas editoriales. Por ello, debe replegarse a la espera de un ambiente más tolerante y menos agresivo.", publicó el matutino La Razón.
Trabajadores toman la dirección del canal de televisión Abya Yala
Los trabajadores del canal de televisión Abya Yala determinaron este martes la toma de la dirección del medio de comunicación y declararse en estado de emergencia frente a denuncias de quiebra.
En un comunicado, los trabajadores hicieron conocer que asumieron esa determinación por "la defensa de la fuente laboral" y la "libertad de trabajo", "por la estabilidad económica de los trabajadores y sus familias" y ante la posible revocatoria de la licencia de funcionamiento por parte de la Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones (ATT).
"Son por estos motivos que los trabajadores, de manera unánime, decidimos asumir la responsabilidad del manejo del Medio de Comunicación", establece parte del comunicado.
El 26 de diciembre, la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, denunció que el canal de televisión Abya Yala, cuyas instalaciones se encuentran en la zona Sur de La Paz, funcionaba sin autorización de la ATT.
En una entrevista con el canal estatal Bolivia Tv, Lizárraga denunció que cuando estaban a cargo la exministra Amanda Dávila y la exviceministra Claudia Espinoza, Abya Yala "recibió demasiado dinero en publicidad y en beneficios que no correspondían" por parte del Gobierno.
El canal de televisión Abya Yala empezó a operar a fines de 2012, en el gobierno del expresidente Evo Morales, con apoyo del Gobierno de Irán.
La Resistencia Bolivia denuncia persecución política y violación a la libertad de expresión y prensa
Según información que llegó a la plataforma el día de ayer, el 27 de diciembre habría salido un requerimiento fiscal para investigar por sedición a conductores del programa “La Resistencia Radio”, miembros de nuestra plataforma, dónde se pide información sobre el programa y los datos de sus conductores. El programa se emitió hasta el mes de agosto de este año.
Sin embargo, se evidencia la persecución política en contra de nuestra plataforma al conocer el informe del investigador del caso LPZ1916338, donde se explicita la investigación por sedición a miembros de la plataforma comunicacional por la publicación de los sucesos acaecidos en nuestro país y la denuncia de las violaciones a derechos humanos mediante nuestra página web y nuestras páginas en redes sociales.
El día de hoy la policía allanó el recinto laboral de dos compañeros miembros de la plataforma, quienes fueron detenidos y no se informó en calidad de qué fueron detenidos. Alejandra Salinas y Orestes Sotomayor son miembros de nuestra plataforma comunicacional donde aportan con distintas responsabilidades de manera comprometida, militante y ad honorem.
Consideramos esto un atentado contra la libertad de expresión, debido a que nuestra plataforma es uno de los únicos medios que han tratado de romper el cerco mediático posterior al 10 de noviembre, informando sobre las masacres contra el pueblo boliviano en las regiones de Senkata, Sacaba y Yapacani. Hemos denunciado ante la comisión de la CIDH sobre está persecución a los medios de comunicación y todas las violaciones a los derechos humanos.
Denunciamos persecución política y vulneración a la libertad de expresión, y solicitamos ante la comunidad y la prensa internacional la garantías suficientes para continuar con nuestro trabajo y garantizar la libertad de nuestros compañeros. Fuentes: Europa Press, La Razón, La Resistencia y Señales
El gobierno autoimpuesto de Bolivia intervino la Editorial del Estado y cambió el nombre del diario, ahora se llama Bolivia. "Cambio" nació en 2010 como un periódico oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
El Ministerio de Comunicación decidió cambiar el nombre del periódico estatal de “Cambio” a “Bolivia” y este domingo circuló con otra cara ante sus lectores.
El rotativo oficialista salió al mercado el año 2010, con la intención de mostrar otras versiones para enfrentar a los medios independientes a los que el gobierno atacó en esa época, porque supuestamente no acompañaban la gestión pública.
Ese objetivo ha derivado en la pérdida de la naturaleza de un medio de comunicación, porque se convirtió en órgano oficial del partido de gobierno y particularmente del expresidente Evo Morales, dejando de lado la pluralidad.
#BoliviaDigital
Informamos a la ciudadanía que desde hoy este medio estatal de comunicación cambia su nombre a "Bolivia", tanto en la edición impresa como en las cuentas de Facebook y Twitter. La página digital también tendrá cambios que haremos conocer oportunamente. pic.twitter.com/So5JFF1KNS
Por política gubernamental, cada intervención del expresidente era trascrito y presentado como documento en las ediciones del exCambio.
También presentó cambios en el isotipo porque dejó el color azul y ahora el nombre de “Bolivia”, se presenta en letras negras y al lado izquierdo se destaca la tricolor nacional, la wiphala y el patujú. Adicionalmente decidieron cambios en el personal de dirección y edición general.
“Bolivia es el nuevo nombre del periódico estatal que surge en momento de urgente pacificación del país. Con la presente edición se pretende iniciar una nueva etapa de este medio, al servicio de los mayores intereses de la patria, de los principios democráticos, la pluralidad y el respeto a los derechos consagrados en la Constitución Política de Estado”, se lee en la Editorial del ahora diario Bolivia.
El nuevo diario publicó que la jefatura de redacción quedó a cargo de la periodista Jimena Mercado, afín a la presidenta de facto.
El nuevo gobierno también cambió el contenido del canal estatal Bolivia TV, aunque su imagen corporativa sigue siendo la misma.
Amanda Dávila, exministra de Comunicación del Presidente Evo Morales desde el 2012 al 2014, publicó en su cuenta de Twitter:
Ministra de Comunicación de #Bolivia, Roxana Lizárraga, intervino, ayer, Empresa Pública Editorial del Estado, sin presencia de un notario ni de ejecutivos o trabajadores, violando Ley de Empresas, buscando propaganda para @evoespueblo hasta en basureros https://t.co/UxCHZApFM7
Después de 10 años de circulación dejó de existir el periódico estatal, creado por @evoespueblo, Cambio, cliente de Empresa Pública Editorial del Estado. Con ese fin, ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, intervino empresa sin notario ni ejecutivos, violando Ley de Empresas
A través de los voceros de el Golpe de Estado en Bolivia, en cabeza de Jeanine Áñez y su ministra de Comunicaciones, Roxana Lizárraga, todo el mundo se enteró de que el presidente Evo Morales dormía en una cama. Para esto se abrió a los medios de comunicación la suite presidencial donde vivía Evo Morales en la Casa Grande del Pueblo y denunció un “derroche de dinero” que calificó como un “insulto” para todos los ciudadanos. Mientras esto ocurría en las calles las fuerzas de seguridad masacraba a la población. Cora Gamarnik reflexionó desde su cuenta en Facebook sobre la difusión de las imágenes de la cama de Evo:
Por: Cora Gamarnik
¿Dónde nos acostamos?
¿Cómo es nuestra cama? ¿con qué nos tapamos? ¿Cuán cómodo es nuestro colchón? ¿Cuán suaves nuestras sábanas, cuán blanditas nuestras almohadas? ¿Cómo está decorado nuestro cuarto? ¿Qué miramos desde la cama? ¿Cuánto calor o frío pasamos en las noches? ¿con quiénes, con cuántxs compartimos ese cuarto? ¿A quién se lo mostramos?
La cama es parte de lo más privado que tenemos. Llevar por la fuerza algo del ámbito de lo íntimo a lo público es una escena de gran humillación. Meterse en el cuarto de alguien, filmarlo, llenarlo de gente que jamás sería invitada, de camarógrafxs, de fotógrafxs que se mueven ahí como aves de rapiña dando vergüenza ajena es humillar al 'indio' para volver a hacer lo que vienen haciendo desde hace 500 años.
Y necesitaron también agregarle palabras a las imágenes para forzar la interpretación, para explicar lo que no se ve. ‘Ostentación’, ‘lujo’, ‘opulencia’ para mostrar hipocresía e incoherencia. Para señalar sobre todo lo que un indio no merece tener.
Imágenes para humillar al que se atrevió, para humillar como escarmiento, como ejemplo.
Mostrar la cama de un indio que se atrevió a ser presidente. Y digo ‘indio’ sabiendo la carga de historia que tiene esa palabra, sabiendo que no nombra a nadie, sabiendo que es el término del colonizador, sabiendo toda la carga de resistencia e impugnación que contiene ese término.
Guerra de imágenes, guerra por otros medios.
Y camas.
El video sexual que circula por whatsapp de la autoproclamada presidenta es la misma operación a la inversa. Usar otra cama para también intentar humillar.
Por suerte ahí surgieron rápidas voces para señalar que no somos lo mismo, que no jugamos con las mismas armas.
Que el problema es que ella es golpista, racista y no que coja como y con quien se le cante.
¿Y nosotrxs? ¿Alguna vez dormimos a la intemperie o en piso de tierra? ¿Fue por elección? ¿Entendemos lo que es tener que compartir obligadamente una pieza? Lxs que tenemos un buen techo, lxs que no nos inundamos ¿somos capaces de entender lo que es no tener donde dormir? ¿Somos capaces de entender lo que significa ‘no tener donde caerse muerto’? ¿percibimos la carga de desprecio de esa frase?
Cuando Evo Morales mostró esa foto suya acostado en el piso, cuando aún estaba escondido en Bolivia, cubierto con esa tela lila, me pareció una puesta en escena demasiado obvia, una victimización innecesaria. Pero esa foto se anticipaba a estas otras, a la violación de su intimidad. Era decir ‘sigo siendo un indio’. Era mostrar que se iba a adaptar a las nuevas circunstancias, que está dispuesto a resistir, que el poder no lo cambió.
No se como es Evo en realidad.
Este texto solo habla de esta parte de la batalla, de la guerra de imágenes, guerra de símbolos, guerra de wipalas quemadas y vueltas a enarbolar, guerra de camas y biblias, de persistencias.
Es la batalla por el sentido. La batalla por la dignidad.
Foto compartida por medios de todo el mundo luego de que la nombrada ministra de Comunicaciones por los golpistas ingresara con decenas de medios a la vivienda presidencial de Evo Morales en La Paz Bolivia, 14 de noviembre de 2019
Fotos: Agencia Reuters Cora Gamarnik es Doctora en Ciencias Sociales. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Profesora de la UBA y de la UNM. Co-directora del Grupo de Estudio sobre arte, cultura y política en la Argentina reciente. Instituto de Investigaciones Gino Germani. Una de las coordinadoras del Área de Estudios sobre Fotografía de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Ha escrito artículos en libros y diversas revistas académicas de investigación sobre la historia del fotoperiodismo en Argentina y sobre los vínculos entre la imagen e historia. Escribe, además, en Revista Anfibia.
En el #DíaDelPeriodista, felicitamos a las hermanas y hermanos que ejercen esa digna profesión y hacemos un llamado para que en los medios se defienda los intereses de la Patria y no los de sus propietarios. El periodista debe estar siempre del lado de la verdad, junto al pueblo. pic.twitter.com/Fe1uCJTa7e
El presidente Evo Morales llamó este sábado a los periodistas a "no defender los interés de los dueños" de medios de comunicación sino anteponer los intereses de la Patria. Morales hizo el pedido a tiempo de felicitar a los trabajadores de la prensa por el Día Internacional del Periodista.
"En el Día del Periodista, felicitamos a las hermanas y hermanos que ejercen esa digna profesión y hacemos un llamado para que en los medios se defienda los intereses de la Patria y no los de sus propietarios", escribió en su cuenta de Twitter.
A tiempo de destacar la profesión de los trabajadores de la prensa, Morales dijo que el periodista debe estar al lado de la verdad y junto al pueblo: "El periodista debe estar siempre del lado de la verdad, junto al pueblo".
El Día del Periodista es la festividad en la que se celebra a los periodistas y comunicadores. El 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Periodista en homenaje al periodista checo Julius Fucik, quien fue ejecutado en Berlín por los nazis el 8 de septiembre de 1943.
Su “Reportaje al pie de la horca” fue sacado hoja por hoja de la cárcel y fue publicado en 1945. El escrito ha adquirido resonancia internacional y ha sido traducido a más de 80 idiomas. Fucik recibió a título póstumo el Premio Internacional de la Paz en 1950. Fuente: Red Erbol
El director ejecutivo de la Agencia Boliviana Espacial (ABE), Ivan Zambrana, informó ayer que 3 de cada 10 bolivianos del área rural se beneficia de la cobertura del Satelite Tupac Katari y en tres años de funcionamiento generó aproximadamente 65 millones de dólares
Por Cinthya Terán
El satélite de telecomunicaciones Túpac Katari generó alrededor de 65 millones de dólares, un quinto de su valor, en ingresos por servicios comerciales desde su lanzamiento, en 2013.
“El mayor impacto que tiene el satélite es que más de 3 millones de bolivianos que no tenían acceso a los servicios de telecomunicaciones en las áreas rurales del país, ahora lo tiene y así progresivamente se están universalizando estos servicios”, indicó el gerente de la Agencia Boliviana Espacial (ABE), Iván Zambrana.
El Satélite boliviano fue lanzado a la órbita de la Línea Ecuatorial a mediados de diciembre de 2013.
Según el Instituto Nacional de Estadística un tercio de los bolivianos, es decir, tres de cada 10 personas, se beneficia de los servicios que ofrece el satélite, es decir, de telefonía, internet, televisión por cable, salud y educación.
El proyecto Túpac Katari demandó una inversión superior a los 300 millones de dólares, y hasta la fecha recaudó 65 millones de dólares por los servicios que presta a más de 50 empresas en todo el país, como las telefónicas Entel, Viva, canales de televisión y radios privados que hacen uso del satélite.
“Pero, eso no es lo importante para nosotros, sino la incursión de millones de bolivianos que ahora tiene acceso al servicio de telecomunicaciones”, agregó Zambrana.
Agregó que el satélite también beneficia a la población en salud, para lo que se instaló una red de Telesalud en los 339 municipios del país, pero son más usadas, dijo, por 50 comunidades donde se ha mejorado significativamente la atención de la salud pública.
“Seguramente ya se han salvado vidas por disponer de un satélite y un sistema de Telesalud”, sostuvo.
En el área educativa el satélite ayuda a los niños y jóvenes del área rural, quienes ahora cuentan con acceso a internet y telefonía que facilita su tarea.
Según datos oficiales, las localidades que cuentan con cobertura de telefonía móvil, gracias al satélite, suman 9.600, según información datada a fines de 2016.
Las radiobases de telefonía móvil instaladas tuvieron un crecimiento de 439 instaladas en 2005 a 10.110 instaladas en el lapso 2006/2016.
Las conexiones a internet se incrementaron de 169.482 en 2005 a 6.737.415 entre 2006 y 2016.
Con todos esos resultados, la ABE ya piensa en un nuevo satélite para Bolivia, que podría ser lanzado a órbita el año 2020 para que realice la misma función de telecomunicaciones, ya que el actual tiene copado su servicio en un 70% y los restantes 30% prevé ocuparlos en los años venideros.
“Si no tenemos un satélite propio vamos a tener que volver a alquilar satélites extranjeros y eso significa tener que pagar más dinero por el servicio y ese dinero se irá afuera y no quedará para el país, mientras que con un satélite propio el dinero se quedará en el país, se generará empleos y el país se podrá desarrollar”, indicó Zambrana. Fuente: ABI
Los ejecutivos del medio chileno que difundió el video identificaron entre las cadenas que ejercitaron la censura a CHV, TVN, Canal 13 y CNN, a las que acusaron además de defender intereses particulares antes que ciudadanos
Por: Baldwin Montero
El video publicado por el portal chileno www.elciudadano.cl, en el que se aboga por la demanda marítima boliviana, fue censurado por cadenas televisivas de Chile, denunciaron hoy los ejecutivos de ese medio de comunicación.
Identificaron entre estas cadenas a CHV, TVN, Canal 13 y CNN, a las que acusaron además de defender intereses particulares antes que ciudadanos.
“Si antes estas emisoras han bloqueado a El Ciudadano poniendo un cerco informativo a hechos y perspectivas que con los años derivaron en escándalos políticos y económicos agudos, era porque estos canales defendían derechos de unos particulares y no precisamente de los ciudadanos, del pueblo y hoy lo vuelven a hacer”, afirmó Sebastián Larraín, codirector de El Ciudadano.
El video fue lanzado en el marco del aniversario de la edición 200 de ese medio de comunicación, según se explica en una publicación que difundió hoy, con el objetivo de reforzar su identidad de marca “con el concepto ‘Pensamos lo que decimos, decimos lo que pensamos’ y en donde se expone la idea de que el Mar es de todos y entonces por qué no también de Bolivia”.
"El mar no es tuyo, tampoco es mío, no es de nadie, es de todos; entonces ¿por qué Chile no le otorga mar a Bolivia?", son las palabras con que se inicia el video, protagonizado por el actor Aníbal Reyna ( 1937- 2016), y que se viralizó en las redes sociales luego de que un grupo de internautas chilenos abrió en Facebook una página de respaldo a la causa marítima boliviana.
“Estos canales modificaron sus programaciones con los años, abriendo espacios que bautizaron con el nombre de ciudadanos, el trece ciudadano, entrevista ciudadana, entre otros, pero en el fondo sus transmisiones acompañaron al status quo, han buscado relegitimarse entre la ciudadanía, pero con este tipo de actitudes de censura, solo quedan como unos discriminadores” opinó Bruno Sommer, director del medio.
Sebastián argumentó que el mensaje del video es integracionista y crítico del modelo extractivista.
“El hecho en particular al que nos referimos es que una publicidad con carácter latinoamericanista e integradora, motivada por nuestra circulación de nuestra edición 200, y haciendo uso de la idea de que pensamos lo que decimos y hacemos lo que decimos, nos llevó a publicar un spot que critica el modelo extractivista de nuestro mar, a la clase política chilena e invita a reflexionar sobre que el mar es de todos y no de un grupo económico”, explicó.
Video chileno que aboga por la demanda marítima es aplaudido en Bolivia
“La privatización del mar chileno es un hecho evidente donde se han visto involucrados Ministros y parlamentarios, siendo Chile tal vez una de las pocas naciones del Mundo donde el Mar se privatizó para unos bolsillos de unos carteles y sus operadores”, complementó Sommer.
Sebastián, según publica El Ciudadano, aclaró que “la publicidad que decía el mar es de todos y también de Bolivia, fue aprobada inicialmente por las áreas comerciales de las televisoras, pero luego llevaron el spot a sus áreas editoriales y jurídicas para finalmente vetar la libre circulación de la idea”. Fuente: La Razón
Por: Alex Anfruns
Desde hace una década, Bolivia ha realizado extraordinarios logros, como haber cumplido las Metas de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible sobre la cobertura del agua. A pesar de ello, esas informaciones que podrían dar esperanza a los pueblos del mundo, son sometidas a una censura mediática sin fisuras por los medios dominantes latinoamericanos y europeos. No sólo eso, sino que las campañas mediáticas le desinforman continuamente, y diabolizan a los lideres del Sur que desobedecen al imperio. Hemos entrevistado a Claudia Espinoza, ex viceministra de Políticas Comunicacionales del Estado Plurinacional de Bolivia, para preguntarle cómo los pueblos pueden defender su derecho a la información, entendida como uno de los pilares básicos de la emancipación en las sociedades democráticas.
¿Cuál es su balance personal en el ámbito de la comunicación durante el mandato que ejerció entre 2012 y 2016 ?
Cuando tomé posesión de mi cargo como viceministra de Políticas Comunicacionales, el Estado carecía de políticas comunicacionales que contribuyeran a educar y formar a la población. También se advirtió que los recursos económicos destinados a comunicación eran distribuidos a pocos medios de comunicación concentrados. Por otro lado, se vio la falta de modernización de la comunicación, un retraso tecnológico muy acentuado.
Durante nuestro mandato, junto a la Ministra de Comunicación Amanda Dávila, se avanzó en esos tres ámbitos: crear políticas de comunicación como la democratización de la publicidad gubernamental llegando a más de 600 medios, periodistas, medios digitales, entre otros; se creó el monitoreo de medios de comunicación y su cumplimiento de las leyes sociales que protegen derechos humanos, realizando también campañas educativas y sancionando a medios que incumplían su obligatoriedad.
También se modernizó el Ministerio de Comunicación en el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información (TICs), capacitando a varios medios de comunicación y sectores sociales en su uso.
La cultura dominante reproduce prejuicios y esquemas de pensamiento eurocéntricos. Una de sus consecuencias es la cultura de la banalización de la violencia, y en particular la violencia contra las mujeres. Para combatir esa situación, según usted ¿Qué importancia tienen las campañas de sensibilización y el acceso a la información a un público amplio?
Son fundamentales. La violencia tiene un carácter estructural e histórico, por tanto los Estados como el Estado Plurinacional de Bolivia tiene la obligación de realizar campañas sistemáticas y permanente, en cumplimiento a la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes. Esto implica usar todos los medios de comunicación, incluidas las TICs (tecnologías de la información y la comunicación), respetar los idiomas originarios y también desarrollar procesos comunicacionales interpersonales.
Respecto al periodo precedente, antes del gobierno de Evo Morales ¿Cómo definiría actualmente la situación de la comunicación nacional y también la descolonización cultural ? y ¿Qué desafíos están pendientes?
La comunicación en el neoliberalismo tenía únicamente un carácter mercantil. El Estado no asumía ninguna responsabilidad en la comunicación de la sociedad, en su importancia y en su impacto.
Con Evo Morales se han dado pasos históricos, inéditos, empezando por reconocer el derecho a la comunicación y la información en la Constitución Política y las demás normas que incluyen el accionar de los medios de comunicación y la sanción a los mismos.
Aún es necesario revisar algunas normas y ajustar reglamentos, procedimientos para seguir avanzando en la descolonización cultural que es un proceso largo y difícil, apenas llevamos 11 años.
Recientemente hemos podido observar cómo grandes lideres de Nuestra América en el siglo XXI como Cristina Kirchner, Lula Da Silva o Dilma Roussef han sido objeto de campañas de desprestigio muy fuertes por parte de grandes monopolios mediáticos (Clarín, Globo…). El presidente Evo Morales también ha recibido ataques similares. ¿Qué puede decirnos al respecto?
La oposición nacional e internacional de forma articulada ha aplicado distintas estrategias de desprestigio y descrédito contra el Presidente Evo Morales, enmarcadas en lo que se llama la Guerra de Cuarta Generación, para lo cual usa a los medios de comunicación y redes sociales.
Han explorado el filón del racismo y la discriminación para afectar su credibilidad. Pero en lo que concierne a la gestión pública , el Presidente no tiene una sola acusación sustentada.
¿Qué ejemplos de campañas mediáticas destacaría? ¿Cómo hace frente a esos ataques el gobierno del MAS (Movimiento al Socialismo)?
Los casos más emblemáticos fueron el Fondo Indígena y el caso Zapata. El primero fue un caso de malversación de fondos del Estado, de recursos que estaban destinados a organizaciones sociales. En los casos detectados se está enjuiciando a los responsables. El segundo fue la historia de una mujer que mintió acerca de un supuesto hijo del Presidente. Ambos temas fueron ampliamente utilizados por los medios para atacar el gobierno del MAS.
Aparte de denunciar públicamente a los mismos periodistas y medios de comunicación que mienten, el Gobierno ha iniciado algunos procesos judiciales que han tenido un resultado justo, dando la razón al Presidente.
Según Emmanuel Colombié, responsable de la oficina latinoamericana de “Reporteros Sin Fronteras”: “Los periodistas (en Bolivia) se enfrentan a un Estado fuerte y determinado, que intenta acallar las voces disidentes. De modo que la principal amenaza contra la libertad de la prensa es el Estado” ¿Qué respondería a estas declaraciones?
En varias ocasiones se ha demostrado que en Bolivia la libertad de expresión es irrestricta. Primero porque está consagrada en la Constitución Política del estado; segundo porque los casos de infamias, insultos, manipulación presentes día a día en los medios, no fueron censurados de ninguna manera; no existe ningún medio que haya sido clausurado en la gestión de Evo; tampoco hubo periodistas detenidos.
¿ Qué importancia tiene para el gobierno del MAS el desarrollo de un modelo de comunicación contrahegemónico, ya sea a través de las redes de comunicación comunitarias o populares?
Tiene una importancia vital, porque el MAS nace en la práctica de esos medios comunitarios y populares. Al inicio de su gobierno, el Presidente Evo dotó de radios comunitarias a algunas organizaciones sociales para el ejercicio de su derecho a la comunicación. El satélite Tupak Katari responde a la prioridad de dotar de tecnología a las áreas rurales donde hoy acceden a la televisión satelital y el internet.
¿Según usted, qué revelan los ataques hacia TeleSur por parte de la derecha latinoamericana?
Es parte de la estrategia imperial de acallar la voz de los pueblos. Telesur juega un rol fundamental en el mundo de las comunicaciones, constituyéndose el único medio en mostrar la otra cara de la realidad latinoamericana y de mostrar el otro mundo a Latinoamérica desde todos los continentes.
¿Como pueden los pueblos de Nuestra América reforzar esa herramienta de integración regional?
Donde todavía quedan gobiernos progresistas, es necesario que institucionalicen a Telesur como un derecho democrático de los pueblos. Para reforzar esa herramienta los pueblos deben ser más participativos, multiplicar su difusión en las Redes sociales y acompañar sus campañas permanentes. Fuente: Le Journal de Notre Amérique, Investig’Action
El Gobierno de Bolivia estrenó el polémico documental "El cartel de la mentira", que cuestiona el papel de un grupo de medios y periodistas en el caso del supuesto tercer hijo del presidente Evo Morales
El documental prooficialista "Cartel de la mentira", que cuestiona la labor de varios medios, dirigido por el argentino Andrés Sal.Lari, fue estrenado la noche de este miércoles en cinco ciudades bolivianas en medio de protestas de las agremiaciones de prensa.
El trabajo audiovisual describe "las falsedades emitidas por cuatro medios de comunicación entre febrero y mayo de este año" acerca de un supuesto hijo del presidente Evo Morales con una exnovia, trama que habría influído al referéndum que le negó al mandatario la posibilidad de postularse a una cuarta presidencia consecutiva.
"Frente al papel de periodistas mentirosos (..), nuestra responsabilidad como Gobierno es proteger al ciudadano de la manipulación mediática", señaló el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que presentó el trabajo en La Paz.
Según Quintana, con el documental, en el que se entrevista a algunos periodistas cuya labor es cuestionada por el gobierno, "queremos discutir el poder de los medios de comunicación respecto a la verdad y el poder de la mentira".
Apoyado en titulares y entrevistas, Sal.Lari acusa a medios en el documental de gestar una suerte de conspiración de derecha contra el prestigio de Morales.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), y otras asociaciones regionales afiliadas emitieron un pronunciamiento conjunto en el que acusan al gobierno de intentar acallar a los periodistas.
"Responsabilizamos al gobierno por cualquier tipo de violencia que afecte la integridad física de nuestros colegas y sus familias", señaló el comunicado.
Dos medios de difusión y dos periodistas de Bolivia se quejaron al respecto en junio al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACDH).
Quintana, brazo derecho de Morales, acusó poco antes al diario Página Siete, la católica Agencia de Noticias Fides (ANF), y a los periodistas Raúl Peñaranda y Andrés Gómez de formar "una mafia mediática-política" para atacar al gobierno.
Según el oficialismo, esos medios inflaron la relación sentimental entre el presidente Morales y su expareja Gabriela Zapata, e inventaron la existencia de un hijo entre ambos. Zapata está actualmente en la cárcel.
El hecho que estalló en febrero afectó al mandatario, que perdió en un referendo popular de reforma constitucional donde buscaba postularse para un cuarto mandato consecutivo (2020-2025). El oficislismo discutirá desde el jueves los mecanismos constitucionales para volver a postular a Morales.
Carlos Valverde, periodista que reveló la polémica relación sentimental del mandatario, salió hacia Argentina a fines de mayo pasado ante los temores de ser detenido.
Morales, en el poder desde 2006, suele acusar a parte de la prensa privada y a la jerarquía de la Iglesia católica de ser sus principales opositores.
"Mi opinión no cambió en nada” Por: María Galindo, Activista
Es un documental autojustificatorio y que además omite el gran problema del caso (Gabriela) Zapata, como las propias contradicciones internas de las declaraciones gubernamentales a las que los medios de comunicación han dado cobertura.
Entonces ¿porqué pretender hablar de la forma como cubrieron los medios? Pero no pretender hablar de la forma como el Gobierno quiso explicar el caso Zapata.
Entonces, no es lógico, no tiene un fundamento documental, ni lógico. Es muy largo, cansador, es un malgasto, es un sopapo en la cara de la cultura audivisual, de los medios de comunicación y de lo que los bolivianos y bolivianas necesitamos.
El caso Zapata fue muy tóxico, eso es muy cierto. Pero fue tóxico porque el propio Gobierno entró en varias contradicciones. Entonces, no te queda otra que mencionar las contradicciones en las cuales ellos han incurrido. Se detiene en algunos detalles, como la edad de Gabriela Zapata, sin tomar en cuenta que si tenía 17 o 21 años... el Presidente (Evo Morales) le doblaba la edad a una mujer joven que recién entraba al partido.
Hice un seguimiento al caso Zapata, con este documental no he cambiado en absoluto ni un milímetro mi opinión. Pero es una indignación por el derroche del dinero.
Además, me cerraron la puerta en la nariz. Ayer salen (los personeros de Gobierno) a invitar a todo el mundo y cuando me ven en la cola me cierran la puerta y no me dejan entrar al Banco Central de Bolivia.
Organizaciones internacionales y bolivianas repudiaron campaña gubernamental del “cartel de la mentira” A lo largo del año, diversas personalidades se pronunciaron en defensa de la seguridad de los periodistas y de la libertad de expresión en Bolivia. Estas son las opiniones:
Edison Lanza Robato, Relator de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (24 de agosto):
“Ese tipo de declaraciones no le hacen bien a este clima que tiene que haber, los funcionarios públicos tienen derecho a expresarse, opinar y refutar algunas informaciones que tienen que complementar o responder, pero lo tienen que hacer con cuidado, porque cada definición que hace un funcionario público es un señalamiento, con declaraciones gruesas no se contribuye a este clima (de respeto)”, declaró el representante de la comunidad internacional en Bolivia.
Tras ese punto de vista, Evo Morales sumó a Lanza Robato al denominado “cartel de la mentira”. Reporteros sin Fronteras (28 de mayo):
“Reporteros sin Fronteras (RSF) denuncia los intentos de las autoridades de perjudicar al gremio periodístico y apoya a los periodistas perseguidos en el país”.
Comité de Protección de Periodistas-CPJ (18 de junio):
“Estas acusaciones infundadas y amenazas contra los medios bolivianos tienen el evidente propósito de restringir la labor periodística sobre temas sensibles”, declaró Carlos Lauría, coordinador del programa de las Américas del CPJ. “Instamos a las autoridades bolivianas a abstenerse de amenazar a periodistas por su trabajo y a permitir que los medios funcionen sin interferencias”, demandó el representante. La CPJ es conocida como la “Cruz Roja del periodismo”.
Asociación Nacional de la Prensa-ANP (22 de junio):
La Asociación Nacional de la Prensa denunció la “peligrosa vulnerabilidad” en la que se encuentra el trabajo periodístico en una carta al representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Denis Racicot.
“Además de todas las agresiones registradas contra el periodismo a lo largo de la última década, las mismas que han sido oportuna y públicamente denunciadas por la ANP, numerosos hechos y señales nos permiten evidenciar que, en las últimas semanas estamos asistiendo al despliegue de una reacción gubernamental que amenaza y pone en peligrosa situación de vulnerabilidad el libre ejercicio de la actividad periodística y el normal desempeño de los medios de comunicación independientes”, decía la carta que fue enviada en medio de la arremetida el Gobierno al supuesto “cartel de la mentira”.
Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (5 de octubre):
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y seis asociaciones departamentales emitieron este miércoles un comunicado criticando la decisión de hacer un documental, denominado “Cártel de la mentira”, y calificaron el hecho como una forma de amedrentamiento gubernamental contra los periodistas.
“Sorprende el uso de recursos públicos para que Andrés Salari, periodista argentino, retrate la realidad del periodismo boliviano con la intención de justificar las acusaciones difamatorias con las que el gobierno ha enfrentado de manera continua a la prensa boliviana”, decía el comunicado.
Asociación de Periodistas de La Paz-APLP (14 de septiembre):
“Expresamos nuestro total rechazo a las declaraciones emitidas (por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana) que denotan una falta de respeto a ciudadanas y ciudadanos que trabajan en medios de información, cumpliendo tareas que tienen como único fin informar a la sociedad con ética y veracidad”, señaló el comunicado.
El texto de la APLP agrega que las “las acusaciones” de Quintana “son infundadas y carentes de verdad”.
Andrés Gómez, periodista acusado por el Gobierno (9 de octubre):
Luego de hacer una recopilación de acusaciones públicas en contra de funcionarios del Gobierno por supuestos nexos con el narcotráfico, entre ellos René Sanabria y Oscar Nina, Andrés Gómez escribió en su columna que, en cambio, “en el lado de los periodistas atacados no encontré vinculaciones con narcos u organizaciones criminales. Ninguno fue terrorista, ninguno trabajó con narcos, ninguno estuvo en la cárcel, ninguno asaltó dinero público y ninguno es falso licenciado, salvo las acusaciones de Evo y Quintana contra el presentador de televisión Carlos Valverde, a quien llamaron narcotraficante. Valverde se declaró inocente”.
Dadas estas circunstancias, concluyo que el “cártel de la mentira” es un cártel de mentira, pero… ¿podemos martillar que el cártel de verdad es el “Cártel Azul” y está en Palacio? ¿Y podemos hacer un documental? No sé tú, pero yo digo no, porque son inocentes mientras no se pruebe lo contrario. Prefiero que hagamos un cartel con la siguiente leyenda: “No culpes a inocentes de lo que otros te culparon”.
Raúl Peñaranda, periodista acusado (14 de diciembre)
“Es inaceptable que el Estado utilice recursos públicos para intentar desprestigiar y amedrentar a periodistas y medios de comunicación independientes. Me parece que el documental no va a tener efecto ninguno porque la realidad no se sustituye con una película”.
Francesco Zaratti, líder de opinión (3 de junio)
En su columna indicó que existe “un cartel de la ineptitud” en el Gobierno debido a la suma de deficiencias en aspectos tan básicos como la dotación de agua a la población. Fuentes: AFP, Página Siete y ANF
El presidente de Bolivia, Evo Morales, firmó hoy una ley que amplía sin trámites la vigencia de las licencias de las radios y los canales de televisión hasta el 30 noviembre del 2019, pero al mismo tiempo consideró en su discurso que en el país hay una "exagerada libertad de expresión"
El mandatario promulgó en el Palacio de Gobierno la Ley de Adecuación para Operadores de Radiodifusión en un acto al que asistieron los directores de varios medios audiovisuales, cuyos representantes destacaron la decisión gubernamental.
El Gobierno y los medios subrayaron el consenso para resolver el período de incertidumbre provocado porque una reglamentación había establecido que las licencias iban a caducar desde mediados de este año, arriesgando miles de empleos en las radios y los canales.
Tras firmar, Morales destacó la ley como una muestra de la vigencia de la libertad de expresión y consideró que, "falsamente, algunos organismos se quejan" de que ese derecho no se respeta.
Apuntó que en algunos países quienes insultan a un presidente en las redes sociales son detenidos en 24 horas, pero que él no pidió eso cuando fue objeto de ataques y mentiras.
"Siento que no solamente tenemos libertad de expresión, sino exagerada libertad de expresión, no estoy acusando a todos y todas, son pocos y pocas, pero muchos quedan mal por culpa de pocos y pocas", manifestó en su discurso en el Palacio de Gobierno.
"La difamación, la mentira, la calumnia, la injuria no es libertad de expresión", agregó el mandatario e instó a los medios a trabajar para informar, educar y orientar a la población.
“A lo mejor los dueños de los medios de comunicación no se dan cuenta, pero también siento que hay algo de corrupción”, sostuvo Morales y dijo que algo que jamás admitió, desde la dirigencia sindical, fue aceptar “insinuaciones” para “pagar por una cobertura, por una entrevista, por una llamada”.
Con la promulgación de la norma se evita la incertidumbre sobre las inversiones de las empresas de radio donde existen 3.000 empleos y de los canales de televisión, donde trabajan 10.000 personas.
Antes del discurso de Morales, el presidente de la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (ASBORA), Alfonso Arévalo, dijo que se trata de un "día fundamental" porque se aprueba "la continuidad de los medios de comunicación y garantías para las fuentes laborales".
El tema, según Arevalo, se consideraba "un partido difícil" pero finalmente todos alcanzaron "una victoria", tras haber encontrado en el Gobierno una "amplitud" para consensuar la normativa con la se garantiza "la libertad de expresión sin ningún condicionamiento".
El representante de los canales, Jimmy Iturri, coincidió en que la nueva norma es la comprobación de que en Bolivia existe "plena libertad de expresión, de que todos pueden decir lo que quieran".
Además de mantener 10.000 empleos en los canales se da a la gente la seguridad de que recibirá "en sus casas diversas posiciones y, de esta manera, podrá tomar acciones importantes, porque solamente un pueblo bien informado puede tomar acciones inteligentes", apuntó.
En Bolivia existen licencias para 4.636 empresas de comunicación, de los cuales 1.400 son emisoras de televisión y 2.700 son radios, según la información difundida durante el acto.
En noviembre del 2019, los canales y medios podrán renovar sus licencias por quince años más sin necesidad de concurrir a una licitación pública sobre las frecuencias, pero siempre que los medios cumplan con requisitos legales, según la normativa. Fuente: Agencia EFE
Por: Enid López Camacho
A casi tres años de su lanzamiento y a dos años y cuatro meses de haber iniciado operaciones comerciales, el satélite Túpac Katari recuperó el 13,6 por ciento de los casi 300 millones de dólares invertidos en su construcción.
En cuanto a los servicios para los ciudadanos, la Agencia Boliviana Espacial (ABE) informa que la cobertura es casi total, pero que son los ciudadanos interesados y empresas clientes los que deben conectarse a través de una antena satelital para el caso de Internet, y un kit específico para la TV satelital.
En marzo de 2014, a tres meses del lanzamiento, el presidente de la ABE, Iván Zambrana, calculaba 14 años para recuperar la inversión que el Estado realizó en el satélite. Actualmente, se prevé generar una facturación anual superior a los 35 millones de dólares y una recaudación de 500 millones en 15 años.
Asimismo, la capacidad del satélite se halla a la fecha en 70 por ciento, y según Zambrana (mediante cuestionario respondido a este medio), se podría “colmar” la capacidad a fines del próximo año.
En más de dos años de operación comercial, el satélite facturó alrededor de 41 millones de dólares. “Los primeros meses la facturación empezó con cantidades más bien modestas y fue creciendo hasta superar los 2,15 millones de dólares en julio. Los montos mensuales de facturación seguirán creciendo hasta que se colme la capacidad del satélite”, explica Zambrana.
En 2015, la facturación llegó a 19 millones de dólares, lo que representa el 271 por ciento más de lo generado en 2014 cuando se registraron 7 millones. Este año se prevé superar los 25 millones. Zambrana asegura que “se están cumpliendo las previsiones financieras cuando se formuló el proyecto”.
Actualmente, el Túpac Katari cuenta con 27 clientes directos y una cifra no precisada de indirectos. Uno de los principales clientes es la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) que ocupa el 58 por ciento de la capacidad del satélite, según nota de prensa difundida por la compañía telefónica.
A principios de 2015, Viva contaba con 130 estaciones conectadas al satélite y Tigo gestionaba la compra de servicios.
Servicios
Aunque el satélite fue lanzado en 2013, el país aún no accede a cobertura total de telefonía móvil. Esa “es una meta aún lejana en todos los países del mundo; salvo rarísimas excepciones de países muy pequeños, con la tecnología actual, siempre van a existir áreas sin servicio, en zonas deshabitadas o poco habitadas, donde su disponibilidad no tiene sentido desde el punto de vista comercial”, explica Zambrana.
Respecto a la cobertura de Internet en el ámbito rural sólo está disponible el acceso satelital. “Literalmente en cada metro cuadrado del país, se puede obtener una conexión a Internet por medio del Túpac Katari, por medio de una antena satelital”, explica.
En tanto, para el acceso a televisión satelital, se requiere de un kit satelital (antena y receptor o decodificador) para que el televisor reciba imágenes directamente del satélite. En el mercado, se encuentran tres opciones, una de ellas es la TV pago a través de Entel, la segunda es la TV pirata y la tercera es la televisión digital libre (FTA, free to air) que requiere de un kit satelital simple con un receptor sin capacidad de desencriptación.
Beneficios
Prestar servicios de telecomunicaciones a 3,3 millones de bolivianos que viven en el área rural y que carecen del acceso a Internet, telefonía móvil y televisión satelital.
Contribuir al crecimiento de las industrias complementarias, tales como el desarrollo de software, la instalación de terminales de telecomunicaciones, telemedicina y teleeducación, su operación y mantenimiento.
La infraestructura de telecomunicaciones del país se fortalecerá significativamente y se extenderá a todo el territorio.
Incremento de la productividad en las áreas rurales.
Está previsto que el satélite Túpac Katari cubra sus costos con la venta de sus servicios para evitar gastos nacionales que pueden ser invertidos en otras áreas.
La ABE prevé concluir el proyecto a finales de 2017
Proyecto para el segundo satélite está en fase preliminar
El presidente de la Agencia Boliviana Espacial (ABE), Iván Zambrana, informa que la elaboración del proyecto para el lanzamiento de un segundo satélite se encuentra en la fase preliminar y se espera concluir a fines de 2017.
"Estamos en la fase preliminar del proyecto, iniciando nuestro trabajo. Esperamos completar los primeros estudios hacia fines de este año y concluir el proyecto en la siguiente gestión", indicó.
Zambrana explica que la ABE construye un satélite orientado a cumplir las metas de universalización de los servicios de telecomunicaciones de la agenda 2025.
Según Zambrana, una vez que se determine su factibilidad técnica y financiera, se requerirá de la aprobación de las autoridades nacionales para continuar sucesivamente con el proyecto a diseño final.
El Presidente de la ABE añade que posteriormente se trabajará en la gestión del financiamiento, y la contratación para la implementación. "Como todos los proyectos grandes, los procesos son largos y toman tiempo, por lo que es necesario empezar a trabajar en ellos en esta gestión", opina.
En anteriores declaraciones, el Presidente de la ABE sostuvo que entre 2019 y 2020 se podría consolidar el lanzamiento del segundo aparato, y que para ello se espera invertir casi 100 millones de dólares, en un satélite más moderno que el primero, con mayor capacidad y prestaciones, aunque será el proyecto a diseño final que defina el monto exacto de inversión.
En 2013, tras el lanzamiento del primer satélite boliviano, el presidente Evo Morales anunció desde China que existe la intención de construir otro satélite para el país, pero que éste sería de prospección. Morales dijo haber recibido información de que ese tipo de satélite se podría construir en 25 meses.
El Mandatario propuso que lleve el nombre de la heroína indígena "Bartolina Sisa" y añadió que era importante contar con tecnología de ese tipo para hacer "una radiografía a nuestro territorio" y conocer los recursos naturales con los que cuenta.
Brecha digital: Según el especialista en Telecomunicaciones Johnny Herrera Acebey, la brecha digital crece y no existen políticas que apoyen a los programas de educación en tecnología digital. Afirma que el Gobierno actual no desarrolla programas educativos que comprendan temas de tecnología digital, principalmente en el área rural.
Telesalud: Con más de 26.000 interconsultas a nivel nacional, el Proyecto Telesalud del Ministerio de Salud, ligado al satélite, está presente en los 339 municipios de Bolivia, con un total de 345 médicos como parte operativa del Proyecto. Actualmente, se encuentra en un proceso de evaluación a todos los médicos respecto a la información que generan, además de las consultas e interconsultas efectuadas en el marco del proyecto.
Teleeducación: La iniciativa fue asumida por el Ministerio de Educación y actualmente se utiliza para que un boliviano en el exterior puede optar por educación en línea en su país y una persona del área rural podría acceder a educación en línea sin la necesidad de trasladarse largas distancias. Para la implementación del programa de educación a distancia, se capacitaron a personas que radican en países como España, Argentina y Brasil.
Telecomunicación: La conexión con el satélite permitió ampliar la cobertura del Internet y telefonía móvil a las regiones más alejadas del país, aunque la cobertura total es una meta aún lejana.
Se implementaron más de mil telecentros, cuyo objetivo principal es brindar telefonía móvil a bajos costos en el área rural. Sin embargo, según algunos expertos, no se puede explotar este recurso por la falta de educación digital.
Medios: Los medios de comunicación acceden a los servicios satelitales para realizar grandes trasmisiones en vivo. En cuanto a la radio y la televisión, a través del satélite se logró la universalización de estos servicios, porque el satélite entrega decenas de canales de televisión y emisoras de radio, en formato digital libre y gratuito, a los que se puede acceder por medio de un kit satelital (antena+receptor). Fuente: Los Tiempos
El gobierno de Evo Morales mantiene confrontación con los medios de comunicación, en lo que las organizaciones de periodistas califican como un intento de intimidar a la prensa independiente
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), que agrupa a la mayoría de los diarios, denunció ayer que los rotativos “con independencia editorial” son víctimas de una “asfixia publicitaria” por parte del gobierno de Evo Morales.
La ANP señaló en un comunicado que el Ejecutivo “dispuso la suspensión de la publicidad estatal a los diarios con independencia editorial”, con lo que se consumó “un nuevo atropello a la libertad de expresión” y se ha puesto en riesgo la fuente laboral de “cientos de periodistas, personal administrativo y de talleres de imprenta”.
“Lamentamos que una extendida campaña dirigida a desprestigiar el trabajo responsable de nuestros medios asociados se transforme en una agresión económica a manera de castigo contra el ejercicio de un periodismo alentado por la búsqueda de la verdad”, indicó la ANP.
Mencionó, además, que la exclusión de estos medios de recibir anuncios publicitarios de entidades estatales vulnera la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2000.
Para la ANP, esta medida es una consecuencia “del trabajo transparente cumplido antes, durante y después” del referendo del pasado 21 de febrero, en el que los bolivianos rechazaron mayoritariamente una reforma constitucional para permitir que Evo Morales vuelva a ser candidato presidencial en 2019.
El gobernante y otros dirigentes del gobierno y de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), atribuyeron su derrota electoral, la primera en diez años, a una supuesta “guerra sucia” en su contra en las redes sociales durante la campaña.
El Ejecutivo también ha acusado a la oposición, a EE.UU. y a algunos medios y periodistas de conspirar para que Evo perdiera en la consulta, para lo cual, según las autoridades, usaron el caso del supuesto tráfico de influencias a favor de la empresa china Camce, en la que trabajó una expareja del gobernante, Gabriela Zapata.
Según la ANP, los hechos de corrupción, tráfico de influencias y acusaciones que involucran a altos funcionarios “cobraron interés informativo porque son actos que comprometen el uso de dinero y bienes públicos”.
“Por tanto, la ciudadanía tiene el derecho constitucional de ser informada. Por esa consideración, las denuncias no pueden ser atribuidas a una acción planificada por los medios que cumplen su función informativa”, indicó la entidad.
Los medios asociados a la ANP concluyeron ratificando su compromiso de informar “de manera independiente, apoyados en las libertades constitucionales y en rechazo a una política que pretende imponer el silencio”.
El pasado 18 de agosto, Evo, al inauguró una “escuela militar antiimperialista”, volvió a arremeter contra los medios de comunicación y a las redes sociales a las que calificó como “armas de guerra” del “imperio” para causar inestabilidad.
“Los medios de comunicación social se han convertido en una poderosa arma de guerra dirigida a la desinformación, a la ideologización imperial y la desmovilización de la sociedad. Desde los medios de comunicación se gobierna. Otra de las armas más poderosas del imperio es la tecnología y el desarrollo científico. Forman parte del desarrollo tecnológico los medios, los sistemas de comunicación y el espionaje global a través de las redes sociales”, aseguró Morales.
El Gobierno determinó el lunes ampliar las licencias de operación de radiodifusoras y televisoras que trabajan en el país hasta 2019, para garantizar la estabilidad laboral y las inversiones en ese sector, a pedido de ASBORA, informaron fuentes oficiales.
En conferencia de prensa dictada en Palacio de Gobierno en La Paz, el vicepresidente Álvaro García Linera (en la foto con los empresarios), dijo que se asumió esa medida para que los medios de comunicación ingresen también gradualmente a la era digital.
"Vamos a ampliar la licencia que ya tienen vigente absolutamente todos los medios de comunicación, la vamos ampliar por tres años. La finalización de sus licencias que comenzaban desde este mes se suspenden, entonces cada medio de comunicación radio o televisión amplía por un período de tres años", remarcó.
García Linera dijo que esa decisión fue tomada tras escuchar las preocupaciones y propuestas de ese sector, representado por la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (AsBoRa), en una reunión en la que participó el presidente Evo Morales, para analizar la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación de Bolivia.
Por otra parte, informó que el Gobierno decidió también que en 2019 los medios de comunicación renovarán su licencia "sin necesidad de licitación pública" y de manera directa, aunque previa la presentación de los requisitos establecidos por las normas, de lo contrario -advirtió- "tendrán problemas".
"¿Por qué estamos diciendo al año 2019? Porque es para pasar a la televisión digital, lo que significa una modificación en el sistema técnico", puntualizó.
El Vicepresidente boliviano informó que se determinó también que los propietarios de radiodifusoras y televisoras solo podrán acceder a una frecuencia en una determinada región.
"El propietario que tenga en una misma zona dos frecuencias, una pasa directamente al Estado para que sean licitadas", complementó.
García Linera dijo que, a propuesta de AsBoRa, "sin menoscabar la publicidad del Estado", los medios de comunicación deberán disponer un tiempo breve para ese sector en noticieros y otros programas.
"De tal manera que la actividad gubernamental pudiera ser transmitida en el momento del noticiero y de otros programas", complementó.
El segundo del Ejecutivo boliviano dijo que con esas medidas se garantizará la "libertad de información y comunicación", la "estabilidad laboral" en medios de comunicación, "la fidelidad con la población" y las inversiones para adecuarse a la era digital.
Por otra parte, informó que AsBoRa solicitó la elaboración de una norma que regule la radio y televisión, propuesta que dijo fue bien recibida por el Ejecutivo.
"Los propietarios han propuesto que se trabaje una ley de radio y televisión, nosotros hemos recibido con mucho interés esa iniciativa y vamos a conversar con ellos", sustentó.
Aprobamos con propietarios de radios y TV ampliar uso de licencias hasta 2019, garantizando estabilidad laboral, inversión y digitalización.
La periodista boliviana, Amalia Pando, dura crítica del gobierno de Evo Morales, pidió el lunes protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, por sentirse amenazada por sus investigaciones sobre la relación sentimental entre el mandatario y su expareja Gabriela Zapata
"He pedido protección en mi labor periodística, he pedido protección, no sé si me la concedan, pero creo que es un derecho que tengo, ante la cadena de amenazas del gobierno", afirmó la comunicadora, desde su programa que difunde en una radio de La Paz.
Señaló que existen "amenazas de procesarnos, amenazas de arbitrariamente involucrarnos en el caso Zapata que, como saben, tienen dos protagonistas: Evo Morales y Gabriela Zapata".
El escándalo, con condimentos de telenovela, estalló en febrero pasado, cuando se conoció esa relación sentimental y la existencia de un hijo que luego falleció.
La oposición denunció tráfico de influencias, pues arguye que Zapata, sin méritos profesionales, fue gerente de la empresa china CAMC que se adjudicó contratos por 560 millones de dólares del Estado boliviano.
La periodista Pando fue convocada por un juez para que dé detalles de la entrevista que le hizo en mayo pasado a Zapata, la encarcelada expareja, en la que denunció corrupción desde un ministerio para favorecer a la CAMC.
Pando, junto a otros cinco medios, deberá entregar esa información, aunque las organizaciones de la prensa protestaron, pues arguyeron que esa autoridad judicial estaría violando principios de la libertad de prensa.
El pedido se produce en medio de un recrudecimiento de las relaciones entre el gobierno izquierdista de Bolivia y la prensa privada, mientras los opositores insisten que el caso Zapata está referido al tráfico de influencias.
Carlos Valverde, el periodista que denunció la relación Morales-Zapata, caso que afectó los planes de reelección del gobernante, se fue a fines de mayo pasado a Argentina, temeroso que lo detengan.
El vicepresidente Álvaro García llamó a varios medios que difunden información adversa al oficialismo como "una mafia de la mentira" y una "mafia político-mediática". Antes había amenazado con encarcelar a directores y periodistas de esos medios, mientras el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, los llamó como un "cártel de la mentira".
Entre tanto la SIP, en un comunicado, expresó "su preocupación y condenó las acusaciones de autoridades del gobierno de Bolivia contra periodistas y medios, a los que descalifica públicamente y amenaza con enviarlos a prisión".
El presidente Morales suele llamar a los medios privados, principalmente aquellos ligados a la iglesia Católica, como sus principales opositores. Fuentes: AFP - Noticias Argentinas
Esta pregunta se la plantea el portal VozPópuli, ante el debate que propone Podemos. A raíz del fin de la ley de comunicación impulsada por Kirchner, echamos la vista atrás para ver lo que ha sido de los intentos por regular la concentración por parte de los Gobiernos de izquierda de América Latina
Juan Carlos Monedero, Pablo iglesias e Iñigo Errejón en la Asamblea Ciudadana de Podemos. - Imagen EFE
Por:Jorge Solís @JorgeSolisLlano
Se ha hablado mucho de Podemos y de aquello que supuestamente van a hacer o no con los medios de comunicación si llegan al poder. De momento, lo único cierto es lo que la formación propuso en su programa electoral para los pasados comicios, pero las últimas polémicas entre Pablo Iglesias y la prensa, en concreto, sus palabras sobre el periodista de El Mundo, Álvaro Carvajal, volvieron a poner en el centro del foco mediático la relación o la 'futura relación' de Podemos y los medios a raíz de los modelos de comunicación sobre los que los dirigentes del partido han mostrado al menos su simpatía antes de saltar al torbellino mediático.
Desde La Tuerka, en el momento en el que Pablo Iglesias estaba al frente de la misma, se emitió el documental 'Una mosca en una botella de Coca-Cola', cuyo guión estaba escrito por el líder de Podemos y la dirección a cargo de Javier Couso, eurodiputado de IU, en el que se exponían los modelos latinoamericanos de comunicación como ejemplos de la lucha contra los oligopolios empresariales y como forma de incluir a la ciudadanía en el mundo de la comunicación. En este documento audiovisual, ya recogido ampliamente en diversos medios de comunicación, participaron periodistas vinculados a los principales medios del país, además del ex número dos de Podemos y hombre de confianza de Iglesias, Juan Carlos Monedero.
Pero la emisión de un documental y la simpatía de algunos de sus más ilustres miembros no puede ser la hoja de ruta para definir lo que quiere Podemos en materia de comunicación. Y es que para las elecciones del 20D, la formación que dirige Pablo Iglesias apostaba por reformar la Ley General de la Comunicación Audiovisual para integrar en su texto la figura de un consejo audiovisual que "vele por el cumplimiento de la norma vigente", desarrollar un Estatuto de la información "que proteja el derecho a la información de la ciudadanía y recoja los deberes y derechos de medios y periodistas" para garantizar su independencia e involucrar a la ciudadanía en los medios sin ánimo de lucro y de titularidad pública a través de plataformas digitales interactivas, del Observatorio de la Cultura, el Consejo Social o el Defensor del Usuario.
América Latina tiene una idiosincrasia completamente distinta a la europea y sus leyes tienen razones históricas distintas. Hace unos meses el nuevo Gobierno argentino, vanguardia de un posible cambio de ciclo en América Latina -en donde la izquierda esta perdiendo parte de sus apoyos-, acabó con la ley de medios impulsada por Cristina Fernández de Kirchner, que aparece en el documental de Couso. Ahora es conveniente abordar cómo han sido o son estas leyes audiovisuales, qué han generado y más importante: ¿son algunos de sus puntos un buen ejemplo o por el contrario son un experimento a evitar?
Argentina
Entre 2009 y 2015 la regulación de los medios en Argentina ha tenido como intermediario los juzgados, y es que la batalla legal entre el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el grupo Clarín ha marcado la política mediática de la expresidenta argentina. En octubre de 2009, tras una desavenencia entre el mayor grupo de comunicación del país americano y el Ejecutivo de Kirchner, la presidenta lanzó una nueva norma que buscaba sustituir a la ley de medios establecida durante la dictadura argentina por el general Jorge Videla. Dicha reforma tenía un objetivo central: acabar con la concentración. Según el texto, se reserva un 33% del espectro para entidades sin ánimo de lucro, para el Estado se guardan "las frecuencias necesarias para el cumplimiento de los objetivos de Radio y Televisión Argentina", además de los canales provinciales, municipales y vinculados a organizaciones sociales y universitarias, mientras que el resto se mantiene para ámbito comercial.
La norma argentina crea la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, por la cual se pasa de una autoridad reguladora con dependencia absoluta del Gobierno a través de un interventor a un organismo formado por miembros del poder Ejecutivo y diputados de la oposición, y controlada por una comisión de representantes de provincias, universidades y organizaciones de los pueblos originarios. La ley regula también la cantidad de publicidad, establece un mínimo de producción nacional en los medios (salvo excepciones, como cadenas temáticas o los canales americanos, que negociaron mantener su producción externa) y se regula el tiempo y cantidad de las licencias que puede tener una persona, así como su renovación. En concreto, la ley argentina impedía a un grupo de comunicación ejercer como distribuidor y generador de contenidos, separando ambos campos. Impidiendo además las prácticas de anticompetencia y la concentración.
El investigador de la Universidad de Buenos Aires, Martín Becerra, apunta que tras los seis años de la ley audiovisual, el sector de radio y televisión de Argentina "está, al menos, tan concentrado como en 2009". Detalla que cambiaron algunos titulares, pero, por ejemplo, el grupo Clarín -principal afectado por las normas de desconcentración- "crece en el mercado del cable, donde ostenta una posición dominante e incrementa año tras año su facturación". Además, apunta, Telefónica fue indultada de la incompatibilidad legal múltiple en la que incurría al gestionar, a través de la marca Telefe, una gran cantidad de canales de TV en el país. Apunta además que a finales de 2014 "el oficialismo certificó su abandono del objetivo desconcentrador que inspiró la ley audiovisual con la sanción de la ley TIC 'Argentina Digital'", una norma que habilita la apertura del sector audiovisual a las telefónicas, con un modelo de mercado "convergente, concentrado y extranjerizado"
Concretamente, durante los seis años, se han otorgado en materia de concesiones a organizaciones sin ánimo de lucro doce licencias por concursos, ocho autorizaciones a emisoras de TV de baja potencia, 107 adjudicaciones directas, 71 de ellas a cooperativas y el resto a emisoras de baja potencia, lo que para Becerra refleja "la falta de prioridad que tuvo este sector en las políticas ejecutadas por el gobierno". Por contra, antes de la derrota en las elecciones de 2015, seguían abiertos 15 procesos de adecuación de grupos privados, un plan de desconcentración que tras seis años de discursos a favor de la misma seguía pendiente.
En enero de 2016, el nuevo presidente argentino, Mauricio Macri, emitió un decreto, más tarde aprobado por la cámara de diputados, en el que modificaba sustancialmente la ley de medios de Argentina. Si bien esta modificación ha sido acogida con los brazos abiertos por los grandes grupos de comunicación del país, el investigador de la UBA asegura que Macri "tomó el control de la política de medios realizando modificaciones que afectan de modo notable a la estructura de propiedad del sector en consonancia con los intereses de los principales operadores empresariales". Becerra apunta que Macri adecua la ley "a la estructura y necesidades de los principales grupos" creando un modelo "conservacionista, anticoncurrencial, proteccionista y alentador de una mayor concentración del sistema de producción y circulación de información". Un modelo, que apunta, conduce a un "duopolio o, en el mejor de los casos, un oligopolio". Según sostiene el investigador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una audiencia sobre la nueva norma, "casi el 40% de las licencias de TV están en manos de dos grupos económicos y el 83% de los hogares del país reciben televisión de pago, de los cuales casi el 70% está controlado por dos grupos". La audiencia tuvo lugar a raíz de que varias organizaciones de la sociedad civil la pidieran considerando que la nueva regulación ataca la libertad de expresión.
Venezuela
El caso venezolano es uno de los más controvertidos. Con la llegada de Hugo Chávezal poder en Venezuela, la estructura de medios cambió por completo en el país americano. "El Gobierno de Chávez armó una arquitectura para controlar a los medios y a la prensa libre", detalla a Vozpópuli Antonio Fernández Naif, excoordinador de política del diario El Nacional, que vivió muy de cerca la aplicación de las normas de comunicación del chavismo: la ley de telecomunicaciones del año 2000, la ley resorte del año 2004 o la nueva reforma de la ley resorte para el ámbito digital en el año 2011. A través de las distintas regulaciones el PSUV intentó ocupar un espacio mediático dominado al completo por empresas privadas, un panorama que ha dado un vuelco a lo largo de estos más de 16 años en el Gobierno.
La ley de telecomunicaciones del año 2000 establece competencias estatales para la regulación del sector de las telecomunicaciones a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), establece una nueva regulación de medios por la que busca "promover el desarrollo y prestación de servicios de telecomunicaciones eficientes, buscando mantener el equilibrio entre la eficiencia económica y la equidad social", promoviendo además el acceso a los ciudadanos a los servicios de telecomunicaciones. En esta norma se daba el poder a Conatel para cortar la señal a cualquier cadena que incumpliera las normas establecidas por la Comisión y el Ejecutivo. Cuatro años más tarde, y después del golpe de Estado en el que se cortó la señal de la cadena Globovisión, el Gobierno saca adelante la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, más conocida como Ley Resorte.
La ley resorte, según detalla Fernández Naif "fue muy contestada porque ponía muchas cortapisas a la iniciativa privada" y añade que "como ocurre con casi todas las leyes en Venezuela: son instrumentos al servicio del Gobierno para detener y controlar a los medios privados y abrir espacios para el sector público que controla". Básicamente, resume, "lo que se hizo con esta ley es colocar aduanas para que los medios privados no pudieran retrasmitir determinadas cosas a ciertas horas". A través de esta ley de responsabilidad se busca establecer una responsabilidad social de los medios para no emitir actos violentos en horario en el que los niños puedan ver la televisión: entre las 9 de la mañana y las 11 de la noche, es decir, prácticamente todo el día; lo que bloqueaba la emisión de protestas.
"Entonces no puedes retransmitir en vivo unas protestas", comenta el periodista, que explica que la gente comenzó a informarse de otra manera, a lo que contribuyeron ampliamente más tarde las redes sociales. "La situación era muy difícil porque había muchas protestas, pero no se podía transmitir en directo". Además, apunta Fernández, "la ley Resorte iba acompañada de sanciones administrativas contra todos los canales críticos con el régimen". Según recoge la ley: "Se sancionará al prestador de servicios de radio, televisión, difusión por suscripción, en los casos que le sea aplicable, con multa desde el tres por ciento (3%) hasta el cuatro por ciento (4%) de los ingresos brutos causados en el ejercicio fiscal, inmediatamente anterior a aquel en el cual se cometió la infracción" en casos como: "Difunda publicidad de bienes o servicios dirigidos a niños, niñas y adolescentes que muestre o utilice en cualquier forma la violencia", "difunda propaganda anónima", "difunda mensajes que muestren la violencia como una solución fácil o apropiada a los problemas o conflictos humanos", "difunda mensajes que inciten al incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente", entre otros.
Además, detalla el periodista venezolano, "estas medidas estaban acompañadas de una gramática permanentemente descalificadora contra los periodistas, los medios y los dueños de estos". "Había amenazas permanentes por parte de Contael", explica. "Te amenazaban: 'Si no sacas esto te quito la concesión'", y apunta que ponían contenidos en horarios en los que nadie veía el contenido. "Ellos decían que estaban en una guerra mediática", señala. En su caso, esto no le afectó de forma directa, pues en prensa escrita, afirma, no se aplicaba la ley de telecomunicaciones ni la ley resorte, pero lo que hacían "era cortar el suministro de papel". Además de las amenazas y presiones: "presiones, presiones presiones. Te mandaban a los círculos bolivarianos (grupos de agitación) al periódico. Te amenazaban, en personas, por teléfono, y todo con total impunidad porque eran aliados de ellos".
Uno de los puntos de la ley Resorte con las que el Ejecutivo venezolano intentó abrir el espectro radioeléctrico a la ciudadanía fue la figura del productor nacional independiente. A través de esta figura, el Ejecutivo abría el espacio a diferentes sectores de la sociedad, como organizaciones sociales, aunque, según sostiene Fernández Naif, esto también se usó para que se concedieran más espacios a partidarios del régimen, ya fueran organizaciones o ciudadanos, y además se usó como medida de presión. El periodista relata el caso de William Echeverría, quien tenía un programa matutino para comentar la noticias, que tuvo que hacerse productor nacional independiente para poder conservar su programa. "Eso estaba hecho para democratizar el espectro radioeléctrico, pero lo que realmente hace Conatel es darle concesiones a periodistas afines", detalla.
En 2011, y debido a la progresión de las redes sociales, el Gobierno venezolano reformó la ley resorte para incluir a los medios digitales. La nueva norma prohibía la publicación de contenido violento a cualquier hora del día bajo amenaza de cierre. "Es bastante inaplicable. Ves los medios y lo están publicando", argumenta Fernández Naif sobre la reforma, aunque añade que "han sacado de la línea a varios sitios, pero los sitios grandes no se atreven a sacarlos todavía".
Bolivia
La ley boliviana que regula las telecomunicaciones fue una de las últimas en aprobarse, y ha sido una de las que menos controversia ha generado, aunque no ha estado exenta de críticas. La ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación fue aprobada en agosto de 2011 y por ella se dividían las frecuencias de radiodifusión en un 33% para el ámbito comercial, un 33% para el Estado, un 17% para los pueblos indígenas y campesinos, y otro 17% para las organizaciones sociales. Este reparto supone en la práctica que un 33% de las frecuencias se destinaban al ámbito privado, mientras que el 67% pasaba a manos del Estado, por su cercanía tanto a organizaciones sociales como indígenas. Antes de dicha ley, según apuntaba el documental de Couso, el 90% de la propiedad de las frecuencias pertenecía a medios privados.
Según el texto de la ley, ésta busca "garantizar la distribución equitativa y el uso eficiente del recurso natural y limitado del espectro radioeléctrico", así como asegurar el acceso universal de los ciudadanos a la misma. La norma establece además una única autoridad reguladora, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ARFTT), y se prohíben las prácticas anticompetitivas, desleales y la concentración económica, así como la formación de monopolios u oligopolios de forma directa o indirecta.
Entre los puntos más controvertidos de la ley se encuentra la obligación de retransmitir dos veces al año en ámbito nacional un discurso del presidente Evo Morales - uno a principios del año y otro a mediados - y otro que permite al Estado pinchar teléfonos cuando lo crea conveniente "en caso de peligro para la seguridad del Estado". Pero más allá de estas críticas, un estudio realizado por Article 19, una organización sin ánimo de lucro que defiende el derecho a la libertad de expresión, apunta que pese a que recibe "con beneplácito" la ley, hay ciertos aspectos problemáticos que afectan a la libertad de expresión. La organización apunta en primer lugar que la autoridad regulatoria no es un autoridad independiente, dado que no establece disposiciones sobre la estructura de autoridad o el nombramiento de sus miembros, lo que le lleva a indicar que ésta "carece por completo de la independencia y la autonomía que exige el derecho internacional", y que se hace "evidente que la autoridad es parte del Ejecutivo".
Por otro lado, Article 19 detalla que los procesos establecidos en la concesión de licencias "carece de claridad y transparencia", dado que los detalles del proceso de las mismas no aparecen en los reglamentos. Precisamente esta ausencia llevó al Gobierno a aprobar un decreto supremo que reglamenta a la Ley para establecer que una vez finalizada la licencia, una radio debe dejar de operar y realizar una "licitación pública" para acceder de nuevo a una frecuencia. La aplicación de esta reforma ha llevado a más de 200 emisoras a emitir de forma ilegal mientras llevan a cabo su proceso de renovación, mientras que, según señalaba el diario El deber, hasta 500 emisoras tendrían que cerrar de forma gradual por el decreto.
Otro de los puntos más controvertidos de la norma es el de las sanciones. La ley contempla el secuestro de equipos, componentes, piezas y materiales como medida precautoria ante el incumplimiento de las normas dispuestas en los reglamentos y que supondrá la pérdida total de la propiedad del equipo pertinente. Según indica Article 19, esta medida "constituye una grave interferencia en la libertad de expresión" y la califica de "extrema". "El artículo 96 dispone que el secuestro no solo puede usarse como sanción, sino también como medida precautoria", apunta el estudio, que añade que no se recoge que estas sanciones sean impuestas tras un proceso justo y público, y tampoco que se tenga el derecho a demandar la revisión judicial.
Ecuador
La ecuatoriana es la ley que más tarde ha visto la luz -en junio de 2012-, pese a que fue propuesta en 2009, y ha generado una gran controversia en el país, llegando a paralizarse su sanción. La norma, denominada Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador, fue ratificada en un referéndum por la ciudadanía en 2011 y recoge, entre otros puntos destacables la incompatibilidad del sector bancario con la propiedad de los medios de comunicación, la incompatibilidad también con la propiedad de los mismos por parte de empresas o ciudadanos extranjeros, así como "la difusión de información que, de manera directa o por medio de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiteradamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública". Además, la legislación prohíbe la censura previa y se compromete con el pluralismo de los medios, la promoción del contenido local y un criterio de igualdad a la hora de realizar una cobertura electoral.
La ley establece una división del espectro radioeléctrico en consonancia con el resto de legislaciones abordadas, reservando el 33% de las frecuencias para los medios públicos, el 33% para los medios privados, y el 34% para medios comunitarios. Además, también como el resto de legislaciones, buscaba evitar la concentración de los medios y las prácticas anticompetencia a través de la prohibición de que "una persona natural o jurídica concentre o acumule las concesiones de frecuencias o señales de radio y televisión". Además, la ley crea un Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, órgano público con potestad regulatoria.
Según la norma, los medios del país tienen el deber de "cubrir y difundir los hechos de interés público" y la omisión deliberada y recurrente de los mismos "constituye un acto de censura previa. Quienes censuren previamente o ejecuten actos conducentes a realizarla de manera indirecta, serán sancionados administrativamente". Además, el documento recoge un derecho de rectificación frente a información "no demostrada, falsa o inexacta" que obliga al medio a publicar una rectificación inmediata y gratuita en formato similar y horario similar, algo que si no se cumple está sancionado con multas -un estudio de Article 19 recomendaba limitar la rectificación a hechos inexactos, y no referirse a enunciados claramente atribuidos a terceros-. Precisamente a raíz de este último punto, a mediados de 2015, dos años después de que la ley naciera, según publicó el diario El País se habían realizado un total de 506 procesos, en los que hasta la fecha se habían resuelto 313 resoluciones, de las que 185 habían acabado con sanción económica, suponiendo un ingreso de 201.596 euros para el Estado.
Según detallaba el rotativo español, varios medios de comunicación del país tuvieron que publicar forzosamente una nota maquetada y redactada a los diarios sobre los nuevos impuestos y la ley de Seguridad Social impulsada por el Ejecutivo. "Al recibir los textos de la Secretaría de Comunicación, los periódicos los publican tal cual, ya diagramados, con titulares, e incluso con epítetos y descalificaciones contra el propio medio", detallaban al diario de Prisa desde la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos. Además, el diario El Universo fue condenado a pagar 350.000 dólares (311.000 euros) por no publicar en dos ocasiones el texto íntegro que le enviaran desde el organismo regulador. Las multas por reincidencia son "el equivalente al 10% de la facturación promediada de los últimos tres meses presentadas en sus declaraciones al Servicio de Rentas" y en caso de "nuevas reincidencias, la multa será el doble de lo cobrado en cada ocasión anterior".
Según el estudio de Article 19, el Gobierno ecuatoriano ha pasado "de controlar solamente una emisora de radio a manejar un gran conglomerado de medios, que incluye cinco canales de televisión y varios periódicos de amplia tirada, dándole una porción del mercado que muchos consideran excesiva". Además, apunta, "el Gobierno también ha sido acusado de aprovecharse de este nuevo aparato mediático para desacreditar a oponentes políticos y periodistas críticos". Fuente: VozPópuli
