El DNU y Ley Ómnibus proponen un escenario desolador para la comunicación comunitaria

El presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCo), Juan Salvador Delú, expuso en el Congreso Nacional y advirtió: "Está en juego un sistema plural de medios, el acceso a la información, el desarrollo cultural y la facultad de un pueblo de seguir contando historias que sean un sitio donde plantarse cuando vengan tiempos aún más difíciles". Su mensaje:

Soy del Foro Argentino de Radios Comunitarias, de la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios, y de Unidos por la Cultura. Qué tiempos difíciles que estamos viviendo. Qué lastimoso que a 40 años de retomada de la democracia, estas sean las formas para discutir las normas y reglas sobre las cuales transitar la vida. Y si bien, vuelvo a agradecer la oportunidad de hablar en nombre de cientos de trabajadores de la comunicación y la cultura, uno siente que esto es una mímica de participación ciudadana, a las corridas, a las apuradas.

Creemos en otras formas de gestar, de fortalecer la democracia. Allá y hace tiempo, cuando comenzamos a escribir los primeros puntos por la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que reemplace la de la dictadura, fortalecida por el menemismo, recorrimos la Argentina con foros, lo discutimos en la justicia y el ámbito internacional por años, y nos decían que era poco. Eso nos decían lo mismo que ahora en 15 días en el DNU y el proyecto de ley más grande de la historia. Discutir sin tiempos, normas que hacen a la vida civil toda.

Es irrespetuoso cuando nos dicen que la cultura y la comunicación no son urgentes, pero sí urgente su derogación. Nos vienen a correr con las prioridades a nosotros, que las prioridades las conocemos perfectamente, ya que somos parte de las comunidades afectadas por la crisis. ¿O para qué creemos que fueron creados los medios comunitarios, los centros culturales comunitarios, los centros deportivos? ¿Para qué creemos que se abren todos los días nuestras radios y televisoras? ¿Para qué pensamos que se abren todos los días centros deportivos en cada rincón de la Argentina? Son esos espacios los que hacen la diferencia en muchos lugares donde no hay otra cosa. Contienen a pibes y a pibas, espacios de formación, de aprendizaje, de crecimiento, y muchas veces son el último bastión para motivarlos, contenerlos, y que por ejemplo no caigan en el narcotráfico.

La sumatoria del DNU y el proyecto de ley Ómnibus propone un escenario desolador para la comunicación comunitaria en el tiempo que viene. Además del decreto que suspende la pauta publicitaria presentada como un ajuste para los privilegiados, pero a quienes más traerá problemas son a los sectores que históricamente fueron más discriminados de la pauta publicitaria. Poca mella le hará a los sectores concentrados en la comunicación que han usado la pauta para seguir creciendo y las presiones al sistema político para aumentar los negociados.

El decreto cuestionado afecta directamente el derecho del pueblo de recibir información de las decisiones de Estado.

Hay apoyo a la concentración mediática. El reciente DNU elimina el límite de licencias audiovisuales a nivel nacional. La decisión de eliminar la regla de Must-Carry en TV. Priva a las audiencias del derecho de acceso a señales y contenidos que por razones comerciales o de abuso de posición dominante, los operadores pueden no incluir en sus grillas. Esta es una decisión que afecta fuertemente además las fuentes de empleo.

La promoción de la diversidad debe ser objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. Ya en el 2016, la corte interamericana recordó al Estado argentino que la legislación debe respetar el principio de no regresividad que rige en materia de derechos humanos. Los oligopolios mediáticos deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia.

Necesita del enfrentamiento de ideas la democracia, del debate, la discusión. Cuando este debate no existe o está debilitado debido a que las fuentes de información son limitadas, se ataca directamente el pilar principal del funcionamiento democrático. La decisión del Presidente va en contra de estos derechos y vulnera, por tanto, la libertad de expresión al propiciar la concentración mediática sin límites. Ya para el 2018 en Argentina, 4 grupos mediáticos reunían el 74% de los diarios, el 56% de la TV abierta y el 53% de las radios. Los niveles solo van en aumento.

El proyecto de ley establece la delegación de facultades al Ejecutivo para habilitarlo a tomar decisiones de todo tipo respecto de los fondos fiduciarios públicos y recursos destinados a asignaciones específicas.

El Congreso Nacional ya había aprobado por ley la prórroga de estas asignaciones por 50 años. De aprobarse, el Presidente se encontraría habilitado para adoptar una medida regresiva que afectará el fomento de los medios sin fines de lucro gestionados por organizaciones indígenas de una serie de instituciones vinculadas a la defensa de los derechos y promoción de la cultura.

Dos comentarios más. A los diarios cooperativos, también los golpea el DNU que deroga la ley 26.736 que había nacido para declarar la utilidad pública a la producción de papel de diario y regulaba la distribución igualitaria del papel para diarios en todo el país. La derogación autoriza a Papel Prensa a dejar de producir papel para diarios y desabastecer la producción nacional del insumo básico.

Para finalizar, y no menos importante, el protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vía de circulación, criminaliza la protesta y amenaza abiertamente con la represión de toda demostración ciudadana en la vía pública. Son los propios medios de comunicación que desempeñan un papel fundamental en el proceso de rendición de cuentas de hechos de violencia cometidos en prácticas sociales para condenar las agresiones, dar seguimiento sobre los hechos y al estado de las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos.

Cabe destacar, en línea con el protocolo, el caso del periodista Rodrigo Savoretti, detenido en la provincia de Córdoba cuando intentaba entrevistar al jefe del operativo después de una brutal represión, que fue golpeado, reducido, detenido y incomunicado. Acusado justamente de resistencia a la autoridad e entorpecimiento del tráfico. Lo cual no deja de ser llamativo, teniendo en cuenta que en el proyecto de ley justamente la resistencia a la autoridad es parte de las modificaciones penales que intentan realizar.

La modificación de la pena de prisión en este delito aumenta un 300% en su pena máxima y un 1.200 en la pena mínima. Como bien señala la Asociación Pensamiento Penal, la resistencia a la autoridad es una figura que la policía suele utilizar como un comodín, sin prueba independiente más allá del testimonio del propio personal policial. Lo que le sucedió a Savoretti es un botón de muestra, algo que se puede transformar en norma si el proyecto se aprueba.

Una vez más, diputados y diputadas, está en juego un sistema plural de medios, el acceso a la información, el desarrollo cultural y la facultad de un pueblo de seguir contando historias, que sea en un sitio donde plantarse cuando vengan tiempos aún más difíciles, para unir a los distanciados, para reconstruir todo aquello que se ha roto.

En los tiempos que vienen, se mueve una de las instituciones más grandes que tiene la Argentina, que es la calle. Y sepan que si finalmente es el fin de semana que se trate esta ley, todas las asambleas que hay convocadas para el sábado se van a transformar en una gran movilización popular a las puertas del Congreso. Honremos 40 años de democracia. Rechacemos la ley Ómnibus y el DNU.

Un Decreto para desregular las comunicaciones

Por: Santiago Marino, investigador asociado de OBSERVACOM

En la noche del 20 de diciembre, a 22 años de la histórica fecha de 2001, el reciente gobierno de Argentina encabezado por Javier Milei anunció el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70 intitulado "Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina".

La medida combina aspectos propios de la desregulación con elementos re reguladores, entendidos como una serie de modificaciones directas de normativas en beneficio de sectores privados específicos. Y genera modificaciones en todas las áreas de la economía, al modificar una muy extensa serie (alrededor de 300) de leyes.

En materia de comunicaciones, telecomunicaciones y convergencia se destacan algunos cambios significativos. Modifica artículos de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual (26522) y Argentina Digital (27078) y sus modificatorias, como los decretos de Mauricio Macri (267 de 2015 y 1340 de 2016). Además, hay aspectos en relación al desarrollo satelital y la privatización de empresas públicas, entre ellas los medios. Los impactos son, a saber:

• Elimina de la ley audiovisual los límites nacionales a la multiplicidad de licencias (art 45), mientras que quedan vigentes los locales (1 licencia de radio AM, hasta 2 de FM si hay más de 8 en la localidad y 1 de TV abierta); además, al derogar el art 46 se identifica como "servicio de telecomunicaciones y TIC" a la TV paga (de cualquier soporte). Estas habían sido distinguidas por la modificación vía DNU de Mauricio Macri.
• La prestación de servicios satelitales requerirá desde ahora solamente un registro, ya no una licencia. Esto incluye la posibilidad del inicio de operaciones en el país de la empresa Starlink, (de Elon Musk), que curiosamente fue mencionada en el mensaje presidencial transmitido por Cadena Nacional.
• Deroga la ley 26736 de 2011 que regulaba la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios.
• Establece que todas las sociedades del Estado son ahora sociedades anónimas, a partir de lo cual el proceso de privatizaciones queda simplificado y no debe pasar por el Congreso Nacional para una ley específica.
• Las primeras reacciones de constitucionalistas de diferentes sectores políticos dan cuenta de que hay argumentos para que el DNU sea declarado inconstitucional. No obstante lo cual, entrará en vigencia a partir de hoy –luego de que se publique un decreto ratificatorio que incluya la fecha, omitida en el DNU original por error-. Y el Congreso deberá votar negativamente en ambas cámaras para derogarlo, porque así lo establece la ley 26122 (2006), que regula los DNU.

En resumen, Argentina expone un retroceso en materia de mecanismos democráticos de regulación del sistema comunicacional en forma y en contenido. Se materializa en un cambio por DNU (cuya constitucionalidad está en duda tanto como débilmente argumentadas la necesidad y la urgencia) de leyes sancionadas por amplias mayorías en el Congreso Nacional. Habilita la llegada de muy grandes jugadores sin capacidad del Estado para regular sus actividades y para defender a la ciudadanía en materia de acceso y participación, indicadores del derecho humano a la información.

Fuente: OBSERVACOM

Garantizar integralmente una prensa libre y plural

Por: Miguel Rodríguez Villafañe, Abogado constitucionalista y periodista de opinión

El Estado, activamente, tiene la obligación de propiciar, respetar y garantizar una prensa libre y plural. En ello, debe ayudar a superar los condicionamientos externos que afecten la posibilidad de la presencia de emprendimientos periodísticos diversos y no debe permitir que se den, de hecho o de derecho, monopolios u oligopolios que afecten el derecho a saber y menos con discursos únicos tendenciosos e información engañosa (fake news). En este interés público imperativo, resulta importante asegurar que haya una prensa diversa, que se pueda desenvolver, con criterios de igualdad y equidad y que garantice que no se oculten temas, personas o pueblos.

A su vez, en un país federal extenso como Argentina, es primordial que se tutele la existencia de medios de prensa con dispersión territorial, para que haya voces diferentes desde distintos lugares. Es la manera de respetar a mujeres y hombres situados, cuya perspectiva, en su espacio, hay que evitar que se la condicione, con lógicas centralistas y unipolares, que puedan silenciar o anular la visión local. Se deben propiciar condiciones para que, cada lugar del territorio patrio, tenga la posibilidad de contar con ámbitos de comunicación de su pertenencia. De esa manera también, ayudar a gestar una democracia nacional, provincial y municipal adecuada. 

El tema tiene distintos perfiles a trabajar para lograrlo, trataré algunos de ellos.

Lucha contra monopolios

En primer lugar, hay que acabar con la construcción de monopolios y oligopolios periodísticos y de medios de difusión. Por el momento y con urgencia, hay que reflotar por otro Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) los artículos que imponían límites a las tenencias de frecuencias en la Ley de servicios de comunicación audiovisual 26.522, que fueron derogados por el DNU 267/2015 de Mauricio Macri. Y trabajar nuevas regulaciones en la materia, para evitar la formación de monopolios u oligopolios marquen la agenda y las perspectivas de pensamiento, con visión tendenciosa y/o mentirosa.

Distribución de la publicidad oficial

Ocupa un aspecto fundamental en la problemática, el tema de la distribución de la publicidad oficial, en todos los ámbitos: nacional, provincial y municipal. Ella debe ser realizada con criterios de justicia y equidad, que respeten todos los espacios de la información y la comunicación, protegiendo la pluralidad y la diversidad e incorporando los nuevos servicios de comunicación en plataformas digitales. Siempre teniendo en cuenta, la distinción vigente, como lo regula la ley 26.522: de la economía empresarial, de la gestión estatal y los que corresponden a la economía sin fines de lucro.

A su vez, tener presente, que no cabe alimentar ilegal e injustamente con una distribución arbitraria de la publicidad oficial, particularmente, la que, al otorgarla, sólo alimente a quienes ofrecen cianuro día a día a la sociedad, con informaciones mentirosas y desinformación estructural. Tampoco se puede usar como un subsidio a los editores amigos del gobierno de turno.

Controlar cumplimiento del Estatuto del Periodista

En la distribución de la publicidad oficial hay que controlar, debidamente, antes de otorgarla, el cumplimiento del Estatuto del Periodista Ley 12.908. Dicha norma, en su art. 64 dispone, que "las dependencias de la administración, reparticiones y autoridades judiciales no podrán disponer publicaciones de ninguna índole, condicionadas a un régimen de tarifas, en diarios, revistas, periódicos y órganos de difusión que utilicen personal comprendido en este estatuto que no hayan cumplido previamente las disposiciones de esta ley, la de jubilaciones y pensiones de periodistas y toda la legislación social que ampara los derechos del periodista profesional".

Todos los días nos anoticiamos de incumplimientos de aspectos básicos de acatamiento de derechos esenciales de los periodistas por grandes grupos empresarios de medios de difusión, sin embargo, éstos siguen recibiendo ilegalmente, altas pautas dinerarias de publicidad oficial. 

IVA diferencial

Cabe rescatar positivamente lo dispuesto en la ley 27.701 del presupuesto 2023, en el que se logró retomar una franja de Impuesto al Valor Agregado (IVA) diferencial del 2,5 % para los medios gráficos y digitales más pequeños, que había sido derogada en 2018, por el macrismo. 

Asimismo, se habilitó a los pequeños medios cooperativos el uso de crédito fiscal de IVA destinado al "Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa", ya que, en la anterior regulación, se complicaba aplicar el crédito fiscal pertinente, dado que no se lo podía utilizar en otros emprendimientos.

Papel Prensa

En el país hay cientos de diarios, periódicos y revistas organizados como pequeñas y medianas empresas comerciales (Pymes) o cooperativas. Estas publicaciones, producto del esfuerzo por superar la concentración, les dan voz a diferentes problemáticas, sectores sociales, barrios, localidades, ciudades y regiones del país. Para esos medios, uno de los insumos más condicionantes de su desarrollo y funcionamiento sustentable es el papel para imprimir, que representa entre el 50% al 80% de sus costos. Recurso este declarado de interés nacional, desde hace tiempo (Ley 11.682).

Resulta necesario reflotar lo que disponía la Resolución 1/2010 de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación y la ley 26.736/2011, por las que se declaró "de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios". En función de ello, se garantizó "la igualdad de oportunidades y el acceso sin discriminaciones al abastecimiento de papel" y obligó a la compañía a fijar un precio único para todos sus clientes, con independencia de la cantidad de bobinas de papel que se comprara. O sea, igualdad de precio y condiciones a los grandes clientes como a los pequeños diarios. Además, se obligó a incrementar su producción a Papel Prensa S.A., integrada por capitales privados y estatales, (Grupo Clarín 49%, La Nación SA 22,5%, el Estado nacional 27,5% y 1%, otros).

Repárese que la Ley 25.750 de 2003, de "Preservación de bienes y patrimonios culturales" estableció, que "el Estado nacional preservará especialmente… a Diarios, revistas, periódicos y empresas editoriales en general", (arts. 1 y 3).

En 2019, hubo un gran retroceso en lo logrado, ya que entró en vigencia la norma Ley 27.498 del gobierno de Macri, que desreguló la venta y producción de Papel Prensa S.A. y se relevó a la empresa, tanto de la obligación de garantizar el abastecimiento del mercado local para diarios, como de hacer público su precio, incluso ahora, prioriza fabricar cartón, (papel Kraft), para cajas de pizzas y otros usos de ese tipo. 

Además, resulta inaceptable que el Estado Nacional obtenga ganancias en la empresa a costa del cierre de medios de comunicación por los costos. Tiene que destinar dichos beneficios de su participación de Papel Prensa S.A. para garantizar la prensa gráfica, que no son del grupo dueño de la empresa y volver a la normatividad derogada. Hay que evitar que, poco a poco, se vaya haciendo desaparecer más voces.

Foto: Getty Images/H. Peters

Fuente: cba24n

Papel Prensa: el monopolio ataca de nuevo

El precio del insumo básica para cualquier medio gráfico aumenta por encima de la inflación. Las consecuencias y el peligro para la actividad

Por: Federico Amigo (@amigofede), presidente de la Cooperativa Por Más Tiempo
La tonelada de papel de diario costaba 54.300 pesos cuando comenzó 2021. Once días después ya había subido un 8%, para alcanzar los 58.600 pesos cada mil kilos. La escalada nunca se detuvo. El valor actual es de $ 114.115 y en los últimos 17 meses computa un incremento mayor al 110 por ciento. Le gana a la inflación en un contexto en el que los precios se disparan sin control.

Los aumentos impuestos por Papel Prensa SA, empresa controlada en forma mayoritaria por Clarín y La Nación, son una constante. Actúan como una censura silenciosa –y sin pausa– para cientos de medios gráficos de todo el país cuyo insumo principal es el papel de diarios. Los incrementos no son estacionales ni responden a las diversas crisis o las coyunturas. Tampoco a un fenómeno propio de la actividad. Los dos principales periódicos del país se adueñaron de la empresa durante la última dictadura y crecieron sobre la base de la apropiación ilegal de la compañía. Si el actual mapa de medios –cada vez más concentrado– tiene al Grupo Clarín en lo más alto del podio como el mayor conglomerado de la Argentina, se debe en gran parte a esa maniobra ejecutada por los altos mandos militares en complicidad con un sector empresario. Tiempo lo denunció en una investigación especial en 2010.

El sector autogestivo lleva años señalando la gravedad de la situación, que no solo responde a una cuestión de precios: también afecta a la pluralidad de voces porque, sin papel, no hay medios gráficos. Su valor condiciona la actividad por completo. Al igual que ocurre en Tiempo, para todas esas experiencias este insumo fundamental representa el gasto más grande en la estructura de costos y cada aumento pone en riesgo la propia existencia. Y también cercena el derecho a la información de las audiencias.

Desde sus inicios como cooperativa, Tiempo absorbe buena parte del aumento del papel por una razón fundacional: cuidar la asociación que fortalecimos con las lectoras y los lectores, los principales destinatarios de nuestra tarea periodística y quienes nos sostuvieron en los momentos más críticos.

El precio de tapa del diario dominical aumentó apenas tres veces en los últimos 18 meses. Desde junio, cada ejemplar valdrá 190 pesos. En cambio, Papel Prensa suele decretar incrementos casi todos los meses del año. La corporación inventó sus propias reglas para, entre otros beneficios, ganarle siempre a la inflación sin importar el contexto.

Las consecuencias, sin embargo, son a largo plazo y más graves que el impacto concreto en los costos de producción de un periódico. De manera silenciosa, constante y casi sin oposición, dañan la libertad de expresión en un sistema de medios cada vez más desigual, concentrado en unas pocas manos y dominado por las corporaciones.

Foto: Mariano Martino

Fuente: Tiempo Argentino

Clarín, La Nación y el Estado Argentino suben el precio del papel para diarios más de 51%

El insumo básico para los medios gráficos sufrió un nuevo incremento. La tonelada costaba 54.300 pesos cuando comenzó el año y desde el martes valdrá 82.087.- en la fábrica de papel de diarios, cuya titularidad comparten Clarín, La Nación y el Estado Nacional 

La tonelada de papel de diario costaba 54.300 pesos cuando comenzó el año. Desde el martes, la misma cantidad valdrá 82.087 pesos. De esta forma, totaliza un aumento de más del 51 por ciento en lo que va de 2021 y representa otro golpe para la actividad gráfico, sector golpeado por la pandemia.

El aumento ya es una norma para la empresa controlada en forma mayoritaria por Clarín y La Nación: el insumo básico para cualquier medio gráfico sufrió incrementos en ocho de los diez meses de 2021. Además, significa un incremento por encima de la inflación. Es decir, mantiene su ganancia incluso por arribadel índice de precios

El papel prensa no solo es un insumo fundamental para la producción de diarios. Su precio también puede condicionar a un medio al punto de empujarlo incluso hasta discontinuar su salida. Lo que se pone en juego, de ese modo, no es más que libertad de expresión.

Foto: Mariano Martino

Fuente: Diario Tiempo Argentino

La culpa no es de Magnetto, sino…

Por: Néstor Piccone
La democracia necesita un sistema de comunicación plural y participativa. Desde 1983 a la fecha el Estado no tuvo una política pública de comunicación acorde a las necesidades de la gobernabilidad democrática y mucho menos del Derecho Humano a la Comunicación. ¿No habrá llegado la hora de enfrentar este déficit con una política que contemple a todos los sectores involucrados pensando en el derecho de los ciudadanos a recibir y dar información? ¿No será el momento de pensar en un Ministerio de la Comunicación?

"Primero vinieron por los socialistas,

y yo no dije nada, porque yo no era socialista.

Luego vinieron por los sindicalistas,

y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista.

Luego vinieron por los judíos,

y yo no dije nada, porque yo no era judío.

Luego vinieron por mí,

y no quedó nadie para hablar por mí"

La investigación realizada recientemente por Comuna nos remite sin demasiado esfuerzo a los versos escritos por Martín Niemoller (adjudicados a Bertold Brecht), que bien podrían ser una alegoría de la construcción del poder mediático en la Argentina. ¿Por qué? Primero Clarín se hizo de Papel Prensa, luego de radio Mitre y Canal 13; después se le habilitó la fusión de Multicanal y Cablevisión al tiempo que se le prorrogó la licencia de Canal 13 ad infinitum; y más tarde accedió a Telecom… Hoy no queda nadie para hablar de nosotros.

Este proceso se erigió bajo el mando de un tan oscuro como lúcido dirigente político-empresarial promovido por el Movimiento de Integración y Desarrollo, que a los 28 años ingresó al diario como adscripto a la dirección y que en menos de dos (1974) se convirtió en gerente general: Héctor Horacio Magnetto.

Desde aquella fecha hasta hoy, todos los presidentes —comenzando con Jorge Rafael Videla y con la excepción de Cristina Fernández de Kirchner— le hicieron concesiones a Magnetto otorgándole el poder de construir un Estado dentro del Estado. Raúl Alfonsín lo denunció públicamente, Menem dijo que se arrepintió de haberle dado tanto, Néstor Kirchner se cansó de los aprietes y comenzó a enfrentarlo. Cristina no lo habilitó nunca.

Pero ¿qué fue lo que permitió a Clarín llegar a semejante construcción de poder? Las debilidades de su enemigo. El desconocimiento que aún tiene la política de lo que significa la comunicación. Casi siempre confunde medios o negocios con un sistema cada vez más complejo que engarza fondos de inversión transnacionales con recursos energéticos, Poder Judicial y desde hace unos veinte años aproximadamente el avance de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que compiten con la inteligencia humana impactando en la subjetividad del más avispado de quienes vivimos en esta precaria situación de comunicación, que también modela el sistema productivo capitalista.

Desde 1983 a la fecha el Estado argentino no tuvo una política pública de comunicación acorde a las necesidades de la gobernabilidad democrática y mucho menos del Derecho Humano a la Comunicación.

Si hurgamos un poco en el conocimiento de los funcionarios gubernamentales de la comunicación son pocos los que podrían responder acertadamente si Clarín es dueño de Canal 13 o no. Hasta antes de la pandemia no concedían que Internet era un servicio público esencial, aunque muchos lo planteamos en ocasión de la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El gran triunfo de esa reconocida popularmente como ley de medios fue el de correr el velo sobre el que se ocultaba la construcción de poder a través de la comunicación. A esa ley que sigue vigente, muchos exégetas (que más que exégetas fueron grandes vendedores de humo) le otorgaron un poder que había que construir. Un poder que pudiera romper con los monopolios privados que el neoliberalismo instaló en la comunicación, pero también en la energía, el comercio interior y exterior, en los modos de producción y hasta en la organización del trabajo. El poder que daría una ideología que se atreva a proponer un modelo no-neoliberal.

La ley, que sigue vigente, empoderó a los medios autogestivos, comunitarios que estaban en la ilegalidad; permitió el acceso a los pueblos originarios a tener sus propios medios; creó la accesibilidad a las personas con discapacidad, (la lengua de señas en la TV es hija de la ley de medios); permitió a las organizaciones de la economía social acceder a licencias y, de manera revolucionaria, reservó un treinta y tres por ciento del espectro para las organizaciones sin fines de lucro; otorgó a los músicos la independencia de las grandes discográficas a través del poder del Instituto Nacional de la Música (Inamu). En fin, una ley que, aunque la política lo desconozca, reconoció de una vez y para siempre que la comunicación es un derecho humano.

Para continuar, revisitemos a Niemoller o a Brecht.

La dictadura de Jorge Rafael Videla le otorgó a Clarín-La Nación y La Razón el monopolio de Papel Prensa (PP). Con el tiempo Clarín (previo cierre forzado de La Razón) se quedó con el paquete mayoritario de PP. Aunque el Estado tiene acciones en Papel Prensa, Clarín siempre ejerció el control político eliminando competencia gráfica y obligando al cierre de muchas editoriales por el control del precio abusivo del papel para diarios.

Raúl Alfonsín, que contó con el apoyo inicial de Clarín, y a quien le habría prometido la frecuencia de radio Mitre, cayó bajo la presión del diario que le exigía públicamente la derogación de una artículo de la ley de la dictadura que prohibía a los medios gráficos acceder a medios audiovisuales.

Menem lo hizo. Incluyó en la Ley 23596 de Reforma del Estado la privatización de las emisoras audiovisuales y permitió el ingreso de los medios gráficos a la televisión y a la radio. Clarín quería Canal 13 y radio Mitre y los obtuvo.

Canal 13 era el canal denominado ABC1 y Mitre una de las emisoras más escuchadas. El proceso político de selección de Héctor Magnetto no fue fruto del azar, formaba parte de una política destinada a quedarse con las grandes audiencias.

Consolidado en el espacio audiovisual, a comienzos del siglo XXI, Clarín fue por el cable, que en la Argentina se había instalado con una fuerza inusual gracias a una política abierta al capital extranjero. En menos de una década (año 2007) Clarín se quedó con las dos empresas más importantes de distribución de televisión por vínculo físico: Cablevisión y Multicanal. Néstor Kirchner permitió esa fusión monopólica, así como accedió a prorrogar la licencia de los canales de televisión que, privatizados en 1990, vencían en el año 2005. En el año 2007 Clarín comenzó a presionar al gobierno con Telecom, era lo que necesitaba para convertirse en telco y competir con Telefónica. Kirchner le negó esa posibilidad y Clarín comenzó a confrontar con Cristina. En marzo de 2008 lanzó, a «pantalla partida», la guerra contra las retenciones móviles por el decreto 125 de Martín Lousteau.

Mauricio Macri liberó a Clarín del peso de los artículos de la Ley de Medios que proponían la desmonopolización, nombró a Carlos Rosenkrantz, un hombre de Héctor Magnetto, en la Corte Suprema de Justicia y permitió la fusión de los medios del Grupo con Telecom,

Queda claro que el Estado no tuvo desde 1983 un modelo de comunicación democrático y participativo donde éste pudiera dirigir las políticas.

La ley de medios, que significó el primer gran avance simbólico de poder popular sobre la comunicación, ratificó el modelo mixto de comunicación, (doctrina del peronismo desde 1953), otorgando legalidad a los medios universitarios, autogestivos, estatales municipales y de catorce provincias.

Inconclusa, en su aplicación la ley no previó una política de sostenibilidad económica y tecnológica para estos sectores. Esa deuda es tan importante como herir al neoliberalismo en su afán monopolizador.

Argentina produce satélites, que están en línea con las demandas de la comunicación. Con Arsat, de la mano de Julio De Vido avanzó con la red de fibra óptica más importante de América latina, empresa que Macri no privatizó.

Algunas preguntas hacia el futuro:

¿Podrá avanzar el actual gobierno de coalición en la recuperación de la soberanía tecnológica, promover y garantizar la sostenibilidad del sistema de medios autogestivos y, en la lucha por la alfabetización digital, impedir que los ciudadanos sean succionados mentalmente por las máquinas y sus aplicaciones? ¿No habrá llegado la hora de enfrentar el problema de la comunicación con una política que contemple al conjunto de los sectores involucrados pensando en el derecho de los ciudadanos a recibir y dar información? ¿No será el momento de pensar en un Ministerio de Comunicación?

Néstor Piccone: Presidente del Colectivo por el Derecho Humano a la Comunicación (Codehcom). Periodista y psicólogo. Director de TeleSur (2007), gerente de Noticias de Radio Nacional (2003-2008) y Canal 7 (2007). Cofundador de la CTA y primer secretario de Difusión (1989-2001) de esa Central. Coordinador del programa radial En el Laberinto, que se emite de lunes a viernes a las 11 hs. por AM 740, Radio Rebelde.

Necesitamos que la Justicia condene las violaciones a los Derechos Humanos, incluso cuando sus responsables fueran periodistas

La recuperación democrática y ética de nuestro país derivó de una impugnación cabal de la dictadura de 1976 a 1983. Los crímenes de aquel régimen produjeron una reacción que posibilitó un Nunca Más y luego, demorada, con obstáculos, una política de Memoria, Verdad y Justicia.

Los juicios justos, con todas las garantías, para los acusados del genocidio, son la carta de presentación de nuestras instituciones que más orgullo produce.

Sin embargo, ha sido casi imposible juzgar la pata civil de la dictadura y más aún la periodística.

El caso emblemático de Papel Prensa con su saga de muerte y tortura para sus propietarios al inicio de aquel régimen genocida es la muestra acabada de lo que decimos. No solo fue imposible juzgar de modo creíble aquellos hechos sino que sus consecuencias las padecemos día tras día en forma de concentración mediática, censura y manipulación de la información.

Hoy la historia se repite.

Venimos de un régimen que durante cuatro años tuvo presos políticos, utilizó espionaje ilegal con fines partidistas, conformó una “Mesa Judicial” con el objeto de extorsionar jueces y fiscales, se llegó al extremo de encerrar un senador para echar un juez que desagradaba al gobierno. Los casos de tortura, violencia institucional, represión a la protesta social, infiltración de marchas para generar hechos violentos, son un oprobio que debe ser reparado judicialmente toda vez que se violaron todas las garantías del estado de derecho.

Fueron cuatro años de censura, de encarcelamiento a dueños de medios que no se alinearon con el régimen, de estigmatización y maltrato a periodistas opositores, como el caso de 678, de amenazas abiertas del ex presidente a periodistas que pondría en “un cohete a la luna”.

Ese régimen actuó en asociación con jueces, fiscales, medios y periodistas.

Por supuesto todo periodista es libre de escribir y decir lo que quiera, de hacer la propaganda que le venga en gana, así sea la mentira más grande. No es libre, en cambio, de participar de delitos penales, lo mismo que cualquier ciudadano. No es libre de extorsionar empresarios o participar de operaciones ilícitas de espionaje o de falsificar pruebas judiciales.

Hay periodistas que han sido señalados como partícipes de esos delitos y la sociedad necesita que las instituciones funcionen a pleno. Que tengan todas las garantías pero que los procesos avancen hacia la verdad de los hechos.

Vemos con mucha preocupación el lobby del grupo Clarín y periodistas que acompañan a los implicados y que pretenden ponerse fuera del alcance de la legalidad. Ya nos pasó una vez. No dejemos que se repita.

Jueces y fiscales no deben ceder a estas presiones.

Instamos a la ciudadanía a exigir que los procesos avancen con celeridad.
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

Diarios regionales en defensa del trabajo y la comunicación en manos argentinas

Es extraño que se promueva retóricamente la libre competencia cuando cada vez más, por acción u omisión de los propios poderes públicos, se genera un escenario cada vez más desigual a favor de las grandes corporaciones y en detrimento de aquellas empresas de la comunicación que existen por, para y desde las comunidades.

Quienes trabajamos en el ámbito de la comunicación estamos atravesando momentos aciagos, particularmente, en un contexto general de fuerte crisis que huelga relatar pero sabemos que golpea y genera incertidumbre en los sectores productivos de nuestro país.

La economía atada a una lógica financiera que extrae, una vez más, la riqueza de los argentinos, mata y pone en jaque a miles de pyme y destruye miles puestos de trabajo mes a mes.

Como siempre ocurrió en la historia de nuestro país, la implementación de políticas monetaristas favorece el colosal proceso de concentración económica en marcha. A su vez, destruyen el esfuerzo de la producción nacional expresada en las pequeñas y medianas empresas.

En este escenario, los editores de diarios y periódicos regionales sufrimos adicionalmente la falta de condiciones para competir en el mercado gráfico, dado el monopolio del Papel Prensa, a lo que se suma la inseguridad jurídica manifestada en la insólita modificación legislativa de fines del año pasado que, en un trámite express sin escuchar a ningún actor del rubro, implicó la derogación de la declaración de interés público y desreguló el precio de este insumo clave para el funcionamiento de nuestras empresas.

Así las cosas, el año pasado aumentó 110% el precio al que estamos obligados a comprar el papel. Este año acumulaba un 17%, hasta hace algunos días. Los movimientos al alza del dólar y el espiral inflacionario anticipan más subas del papel en los próximos meses.

Recordemos que Papel Prensa es controlada en un 49% por el grupo Clarín, un 22% por el diario La Nación y un 27% por el Estado Nacional. Como resulta obvio, este último accionista representa a todos los argentinos por lo cual resulta inadmisible que sea co-partícipe del carácter monopólico que esta empresa expresa en su funcionamiento.

Esta situación es, además, frontalmente contradictoria con leyes como la 25.750, de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, que ordena al Estado nacional preservar especialmente a diarios, revistas, periódicos y empresas editoriales en general. Si el Estado Nacional hiciera valer sus intereses, los de todos nosotros, en Papel Prensa, bien pudiera redistribuir recursos para cumplir con la normativa vigente.

Sería deseable que, además, una Ley de Protección de los Medios Regionales contemplara las particularidades de estos actores de la comunicación. En efecto, se trata de micro, pequeñas o medianas empresas, muchas sostenidas como emprendimientos familiares, otras como cooperativas de trabajo, varias como cualquier otro comercio local que apuesta por el empleo y el desarrollo de su comunidad.

Pero más aún, somos la voz de nuestras comunidades y el espejo en el cual se ven las culturas, las tradiciones, las innovaciones y las riquezas de cada rincón del país. Este rol es irremplazable, más allá de la actualización de soportes y de tecnologías que estamos encarando.

Ningún pulpo comunicacional con oficinas en Buenos Aires ni grandes corporaciones globales pueden expresar, ni cuidar ni favorecer el desarrollo autóctono de cientos de pueblos y ciudades donde viven más de 30 millones de argentinos.

Por eso consideramos también que es urgente debatir un marco jurídico para imponer tributos a las plataformas digitales que extraen datos de toda nuestra población para hacer su negocio sin dejar nada a cambio.

Esa sería otra fuente de recursos para favorecer el crecimiento de aquellas empresas que garantizan la libertad de expresión y el derecho a la información en nuestras comunidades.

En suma, hoy estamos sufriendo:

1. Persecución tributaria a través del aumento de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para nuestra actividad durante 2019.
2. Embargo de las cuentas bancarias por parte de Afip, impidiendo a las empresas en dificultades priorizar el pago de los salarios de los trabajadores y trabajadoras.
3. Liberación del precio del papel para diarios producido por la empresa Papel Prensa SA, favoreciendo las compras a menor precio por parte de los diarios Clarín y La Nación.
4. Concentración de la pauta publicitaria en el conglomerado empresario que le brinda el blindaje mediático.
5. Crecimiento -con fondos que deberían destinarse a contribuir con el sostenimiento de los medios regionales- de los gigantes digitales extranjeros, que se adueñan de los contenidos producidos por los medios regionales sin pagar por los mismos.

Es extraño que se promueva retóricamente la libre competencia cuando cada, por acción u omisión de los propios poderes públicos, se genera un escenario cada vez más desigual a favor de las grandes corporaciones y en detrimento de aquellas empresas de la comunicación que existen por, para y desde las comunidades.

Este 1 de mayo conmemoramos el Día de los Trabajadores y, dos días después, el Día Mundial de la Libertad de Expresión. En este marco, expresamos nuestra más absoluta coincidencia con las razones argumentadas por las centrales obreras a convocar a un paro de 24 horas para el martes 30 de abril.

Es oportuno reafirmar nuestro compromiso con la defensa del trabajo y la comunicación en manos argentinas. La que hacemos todos los días. La que, en estas condiciones, está en peligro.

DyPRA reclama asistencia para los medios regionales
Tras una reunión general de asociados realizada por videoconferencia, Diarios y Periódicos Regionales Argentinos (DyPRA) difundió el siguiente comunicado en el que reclama asistencia para los medios regionales.

Somos
Somos los medios de pueblos chicos, medianos y no tan grandes.

Somos los medios hechos por vecinos para vecinos que nos dan los resultados de sus auditorías en el supermercado, en la escuela, en la iglesia, en la cancha de fútbol.

Somos los medios con móviles de a pie, que contamos actos escolares y rescatamos la memoria de nuestros abuelos. Por eso nos buscan, nos leen, nos escuchan, nos eligen como espejo.

Somos los medios que reemplazamos los libros en las escuelas rurales y a los hijos que no están en geriátricos y centros de jubilados.

Somos los medios de hombres y mujeres que hacen que florezcan mil relatos, que cuentan historias con sencillez, con emoción, con simpleza; historias entendibles que construyen identidad y ciudadanía.

Somos los medios de periodistas que no hacen otros negocios con el periodismo porque las noticias son nuestra razón de ser.

Somos los medios que resistimos a la concentración: miles de células operando en distintos territorios, pero con un objetivo común.

Somos los medios de la defensa de las políticas públicas, de los programas inclusivos, de las acciones y omisiones de nuestros gobiernos de proximidad.

Somos los medios del federalismo hecho acción con los pies en el barro, mano a mano, cara a cara.

Somos los medios alternativos, locales, pequeños, resilientes, que se la han jugado y se siguen jugando, aún sin pauta ni acompañamiento.

Somos los medios con arraigo, con historia, que sobrevivimos gracias a que cada integrante de nuestros pequeños equipos escribe a la mañana, diseña a la tarde, imprime a la noche, vende publicidad, reparte diarios y limpia su lugar de trabajo, todo por la misma plata.

Somos los medios convencidos que también en la Comunicación hay que empezar de abajo, asistiendo y atendiendo a los que menos tienen, a los que más necesitan. Menos fama y más mensaje.

Somos los medios que miramos, impotentes, a sociedades que terminan votando contra sus propios intereses porque se financia a medios que les inculcan otros intereses.

Somos los medios que no apretamos, que no extorsionamos y, casi con vergüenza, hoy pedimos ayuda porque las ambulancias no alcanzan para levantar los caídos en el frente.

Somos los medios que pedimos:

• Parte del paquete de pautas de organismos nacionales que se llevan siempre los mismos.
• Distribución entre los medios “de proximidad” de fondos y herramientas para mejorar nuestros contenidos.
• Líneas de crédito que nos permitan afrontar con dignidad las deudas acumuladas en los últimos años por la reducción de los ingresos provenientes del sector privado.
• Espacios donde podamos aportar nuestro conocimiento del país real, sin asfalto.
• Acompañamiento del Estado para transitar la reconversión tecnológica en condiciones menos desfavorables frente a los medios asociados al capital concentrado.

Somos los medios que renovamos todos los días nuestra esperanza en un país distinto. Una esperanza sin precio de tapa ni letras de molde. La esperanza que sostiene a los que estamos del medio para abajo.

Consejo de Administración; tras reunión general de asociados
Diarios y Periódicos Regionales Argentinos (DyPRA)

Papel Prensa sigue ahogando a los medios con más aumentos

Como en la semana posterior a las PASO, la empresa Papel Prensa volvió a aumentar el valor del papel de diario una vez concretadas las elecciones presidenciales del domingo pasado. Desde principio de agosto, el oligopolio controlado por Clarín y La Nación realizó tres incrementos en el insumo básico para el sector gráfico asestando un silencioso pero sistemático golpe para los medios más pequeños. Es también un modo de atentar contra la libertad de expresión.

Esta vez, se trata de aumento de 3,2 por ciento en el valor de la tonelada del papel para diario y en lo que va del año acumula un alza de casi el 60 por ciento. Desde 2018,el incremento llega al 160 por ciento, un registro imposible de trasladar a precios.

Sucede en un escenario aún más favorable de la empresa que, a fines de 2018, se benefició por la desregulación de la venta y la producción de papel prensa dispuesta por el gobierno.
Foto: Mariano Martino
Fuente: Tiempo Argentino

Apunta Tiempo Argentino: Nuevo aumento del papel para diario

Tiempo los tiene a ustedes, lectoras y lectores, como aliados fundamentales. Son los que evitaron que se apagara nuestra voz en 2016 cuando nació la cooperativa. Son los que nos buscaron en los kioscos desde el primer domingo y nos leyeron todos los días en la Web para mantenernos en el ecosistema de los medios. Son los que nos permiten hacer periodismo libre gracias a su aporte. Para ser más claros: son los responsables de que sigamos en pie.

Porque Tiempo no es una sociedad anónima ni cuenta con inversionistas detrás. Tampoco pertenece a un gobierno. Los dueños somos los propios trabajadores y trabajadoras autogestionados. Los que nos sostienen son ustedes.

Informar nuestros pasos y decisiones con absoluta claridad es una de las claves de esta relación. Siempre señalamos que el aumento en el precio del Papel Prensa tiene una incidencia enorme en la cooperativa y actúa como un silencioso y contundente ataque contra la libertad de expresión. Por eso defendemos un acceso sin restricciones al insumo principal de cualquier medio gráfico, hoy controlado por un oligopolio compartido entre Clarín y La Nación quienes a la vez imponen precios en dólares. Esta vez, decretaron un incremento de 18% después de la devaluación posterior a las PASO.

Frente a este escenario, nos vemos en la obligación de actualizar el precio de tapa del diario y también las asociaciones. Pero lo hacemos a nuestro modo e intentando cuidarnos entre todos. Como ya hicimos a principio de año, reforzamos nuestra modalidad de aportes solidarios para estos tiempos de crisis.

Quienes no puedan hacer frente al aumento podrán mantener el precio actual. Alcanza que se contacten con nosotros y nos transmitan la solicitud. Quienes en cambio estén en condiciones de hacer una contribución mayor al valor fijado, podrán hacerlo eligiendo ustedes mismos el monto que quieran pagar. Con ese aporte adicional contribuirán con los que no puedan hacer frente al aumento.
Fuente: Tiempo Argentino

La situación de los diarios: Libertad de expresión condicionada

Por: Miguel Julio Rodríguez Villafañe*
El 27 de septiembre de 1978, en la localidad bonaerense de San Pedro, comenzó a funcionar Papel Prensa S.A., la primera fábrica nacional para producir papel prensa y celulosa.

Dicha empresa es controlada en un 49% por el grupo Clarín, un 22% por el diario La Nación y un 27% por el Estado Nacional.

El emprendimiento tuvo diversas situaciones oscuras en la conformación y funcionamiento.

A su vez, en una dinámica patológica, la empresa papelera, primero abastecía a los medios de sus propios dueños (grupo Clarín y La Nación), a los que les cobraba un precio diferencial más beneficioso, respecto del que fijaba a los otros medios gráficos. Y estos últimos, dado que el papel importado era más caro, no les quedaba otra opción de comprarle a Papel Prensa S.A. También, la empresa imponía limitaciones en el abastecimiento, con lo que regulaba la competencia y el crecimiento de otros diarios, desde la provisión o no del papel necesario. Mientras tanto, no aumentaba la producción. Por ende, siempre había faltante para proveer, luego de la entrega sin límites a los grupos dueños.

En diciembre de 2011, la ley 26.736 declaró “de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios”. En función de ello, se garantizó “la igualdad de oportunidades y el acceso sin discriminaciones al abastecimiento de papel” y obligó a la compañía a fijar un precio único para todos sus clientes, con independencia de la cantidad de bobinas de papel que se comprara. O sea, igualdad de precio y condiciones a los grandes clientes como a los pequeños diarios. Además, se obligó a Papel Prensa S.A. a incrementar su producción.

Sin embargo, en enero de este año 2019, hubo un gran retroceso en lo logrado, ya que entró en vigencia la norma que desregula la venta y producción de Papel Prensa S.A. El texto promulgado, deroga ocho artículos de la ley 26.736, y permite fijar libremente el precio del papel de diario y relevó a la empresa, tanto de la obligación de garantizar el abastecimiento del mercado local como de hacer público su precio.

Además, la nueva regulación dispuso, que Papel Prensa S.A. “podrá ofrecer descuentos, beneficios y/o promociones sobre el precio de referencia en virtud del volumen de compra”, lo que otorga mayor beneficio a los grupos dueños y a los poderosos con capacidad adquisitiva.

Por su parte, Papel Prensa S.A. elevó y eleva los precios a su antojo. Muchos medios no pudieron ni pueden afrontar la corrida del precio del papel, que superó inclusive a la suba del dólar, con reajustes, que últimamente alcanzan casi a un 10 % mensual.

Todo lo que, ha condicionado y condiciona, a muchos medios que han tenido que dejar de ser semanales o quincenales, para realizar tiradas mensuales o se vieron obligados a mermar el número de páginas y por ende, reducir la cantidad de los contenidos informativos que brindan.

El periodista Sergio Vaudagnotto, de la cooperativa del Diario del Centro de Villa Maria, ha sostenido, que lo antes referido afecta a su medio y a otros de la Provincia de Córdoba, como al “Puntal en Río Cuarto, La Voz de San Justo en San Francisco, Tribuna en Río Tercero y muchos otros que intentan contar cada jornada lo que sucede en la sociedad a la cual pertenecen, dar a conocer los logros y marcar también las necesidades para contribuir a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. En algunas localidades, como por ejemplo, Monte Maíz, Ucacha, Serrano y Alta Gracia, por citar algunos casos, se apagaron voces”. Medios como “El Correo de Firmat”, de la Provincia de Santa Fe, de 104 años de existencia, por los costos, lo están sosteniendo sus trabajadores, para no desaparecer. La problemática afecta también a los diversos medios gráficos existentes en el país, cooperativos, mutuales, comerciales y de organizaciones sin fines de lucro.

Paradójicamente, el Presidente Mauricio Macri sostiene, que ahora el país “tiene la más amplia libertad de prensa de su historia”, pero la afirmación no se corresponde con la realidad, ya que el gobierno protege, en los hechos, sólo a los medios poderosos, concentrados y monopólicos.

Resulta inaceptable la disposición adoptada de liberar el precio de la bobina de papel que produce Papel Prensa S.A., atentos ser ese un producto de interés público. En particular, si se tiene en cuenta que parte de la empresa es de propiedad de todos los argentinos, ya que la Nación posee, como se ha dicho, casi la tercera parte del capital ¿Cómo puede ser entonces que, el Estado Nacional lucre y pretenda obtener más ganancia en la empresa, en contra de lo dispuesto legalmente en el tema? Repárese que, la Ley 25.750 de 2003, de “Preservación de bienes y patrimonios culturales” estableció, que “el Estado nacional preservará especialmente… a Diarios, revistas, periódicos y empresas editoriales en general”, (arts. 1 y 3).

Resulta urgente que el Estado Nacional cumpla la ley y a su vez, destine los beneficios de su participación de Papel Prensa S.A. o lo que fuere necesario, para garantizar la prensa gráfica, que no son del grupo dueño de la empresa y volver a la normatividad derogada. No se puede permitir que, poco a poco, se vaya haciendo desaparecer más voces.
*Abogado constitucionalista, exjuez federal
Fuente: El Diario del Centro del País

Diarios, libertad de expresión condicionada

Por: Miguel Julio Rodríguez Villafañe, Abogado constitucionalista
El 27 de septiembre de 1978, en la localidad bonaerense de San Pedro, comenzó a funcionar Papel Prensa S.A., la primera fábrica nacional para producir papel prensa y celulosa. Dicha empresa es controlada en un 49% por el grupo Clarín, un 22% por el diario La Nación y un 27% por el Estado Nacional. El emprendimiento tuvo diversas situaciones oscuras en la conformación y funcionamiento.

A su vez, en una dinámica patológica, la empresa papelera, primero abastecía a los medios de sus propios dueños (grupo Clarín y La Nación), a los que les cobraba un precio diferencial más beneficioso, respecto del que fijaba a los otros medios gráficos. Y estos últimos, dado que el papel importado era más caro, no les quedaba otra opción de comprarle a Papel Prensa S.A. También, la empresa imponía limitaciones en el abastecimiento, con lo que regulaba la competencia y el crecimiento de otros diarios, desde la provisión o no del papel necesario. Mientras tanto, no aumentaba la producción. Por ende, siempre había faltante para proveer, luego de la entrega sin límites a los grupos dueños.

En diciembre de 2011, la ley 26.736 declaró “de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios”. En función de ello, se garantizó “la igualdad de oportunidades y el acceso sin discriminaciones al abastecimiento de papel” y obligó a la compañía a fijar un precio único para todos sus clientes, con independencia de la cantidad de bobinas de papel que se comprara. O sea, igualdad de precio y condiciones a los grandes clientes como a los pequeños diarios. Además, se obligó a Papel Prensa S.A. a incrementar su producción.

Sin embargo, en enero de este año 2019, hubo un gran retroceso en lo logrado, ya que entró en vigencia la norma que desregula la venta y producción de Papel Prensa S.A. El texto promulgado, deroga ocho artículos de la ley 26.736, y permite fijar libremente el precio del papel de diario y relevó a la empresa, tanto de la obligación de garantizar el abastecimiento del mercado local como de hacer público su precio.

Además, la nueva regulación dispuso, que Papel Prensa S.A. “podrá ofrecer descuentos, beneficios y/o promociones sobre el precio de referencia en virtud del volumen de compra”, lo que otorga mayor beneficio a los grupos dueños y a los poderosos con capacidad adquisitiva.

Por su parte, Papel Prensa S.A. elevó y eleva los precios a su antojo. Muchos medios no pudieron ni pueden afrontar la corrida del precio del papel, que superó inclusive a la suba del dólar, con reajustes, que últimamente alcanzan casi a un 10 % mensual.

Todo lo que, ha condicionado y condiciona, a muchos medios que han tenido que dejar de ser semanales o quincenales, para realizar tiradas mensuales o se vieron obligados a mermar el número de páginas y por ende, reducir la cantidad de los contenidos informativos que brindan.

El periodista Sergio Vaudagnotto, de la cooperativa del Diario del Centro de Villa Maria, ha sostenido, que lo antes referido afecta a su medio y a otros de la Provincia de Córdoba, como al “Puntal en Río Cuarto, La Voz de San Justo en San Francisco, Tribuna en Río Tercero y muchos otros que intentan contar cada jornada lo que sucede en la sociedad a la cual pertenecen, dar a conocer los logros y marcar también las necesidades para contribuir a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. En algunas localidades, como por ejemplo, Monte Maíz, Ucacha, Serrano y Alta Gracia, por citar algunos casos, se apagaron voces”. Medios como “El Correo de Firmat”, de la Provincia de Santa Fe, de 104 años de existencia, por los costos, lo están sosteniendo sus trabajadores, para no desaparecer. La problemática afecta también a los diversos medios gráficos existentes en el país, cooperativos, mutuales, comerciales y de organizaciones sin fines de lucro.

Paradójicamente, el Presidente Mauricio Macri sostiene, que ahora el país "tiene la más amplia libertad de prensa de su historia", pero la afirmación no se corresponde con la realidad, ya que el gobierno protege, en los hechos, sólo a los medios poderosos, concentrados y monopólicos.

Resulta inaceptable la disposición adoptada de liberar el precio de la bobina de papel que produce Papel Prensa S.A., atentos ser ese un producto de interés público. En particular, si se tiene en cuenta que parte de la empresa es de propiedad de todos los argentinos, ya que la Nación posee, como se ha dicho, casi la tercera parte del capital ¿Cómo puede ser entonces que, el Estado Nacional lucre y pretenda obtener más ganancia en la empresa, en contra de lo dispuesto legalmente en el tema? Repárese que, la Ley 25.750 de 2003, de “Preservación de bienes y patrimonios culturales” estableció, que “el Estado nacional preservará especialmente… a Diarios, revistas, periódicos y empresas editoriales en general”, (arts. 1 y 3).

Resulta urgente que el Estado Nacional cumpla la ley y a su vez, destine los beneficios de su participación de Papel Prensa S.A. o lo que fuere necesario, para garantizar la prensa gráfica, que no son del grupo dueño de la empresa y volver a la normatividad derogada. No se puede permitir que, poco a poco, se vaya haciendo desaparecer más voces.

Los desafíos de la comunicación autogestiva y popular en tiempos de neoliberalismo

Medios cooperativos, comunitarios y populares se dieron cita en este conversatorio para “seguir trabajando en la construcción de una agenda contrahegemónica que resista al cerco mediático que imponen las empresas de comunicación”, la organización máxima de los trabajadores cooperativos realizó este encuentro el pasado martes 9 de abril.

Del conversatorio participaron Fernando Gómez, vicepresidente de la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (FADiCCRA), Laura Yanela, en representación de Red Colmena; Martín Piqué, periodista de Tiempo Argentino (editado por la Cooperativa de Trabajo Por Más Tiempo Ltda.); Agustín Colombo, de la Revista Cítrica (gestionada por Cooperativa de Trabajo Extrabajadores de Critica Ltda.), Rodrigo Caballero y Daniela Mérida de la Garganta Poderosa, y Laura Vales, trabajadora de diario PáginaI12.

“La idea es continuar con este ciclo de charlas donde los distintos compañeros y compañeras de las federaciones podamos venir, charlas, intercambiar y también aprender de diversos temas. Tenemos muchas ganas de seguir trabajando y queremos mirar para adelante para pensar un modelo de país distinto que tenga que ver con el trabajo y la producción”, apuntó Joaquin Fernández, secretario de CNCT en la bienvenida.

Comunicar en tiempos de neoliberalismo
“Tenemos que continuar desentrañando qué significa la idea de comunicar en tiempos de neoliberalismo. No solamente para pensar cómo se fue construyendo un mapa de la comunicación cada vez más concentrado y más jodido que padecen en el cuerpo los y las trabajadores de prensa, y aquellos que abrazamos la comunicación popular como una herramienta para alzar la voz, sino también para pensar en clave de desafíos. Alzar la voz hoy tiene que ver con la necesidad de construir una agenda que nos permita enterrar al neoliberalismo”, afirmó Fernando Gómez.

En cuanto a la descripción del mapa de comunicación y la concentración extrema que hoy tiene en nuestro país, destacó que “ningún monopolio nace de un gajo”, e hizo referencia a que la condición de monopolio de estas empresas no se relaciona solamente con la eficacia de las herramientas de comunicación que generan sino que a lo largo de la historia “tuvo que ver con que acompañaron los ciclos donde se castigaba al pueblo y algunos pocos se hacían muy ricos”.

En este punto, el dirigente cooperativo puso como ejemplo al Grupo Clarín y sus intereses. “Cuando se cansó de tener solo un diario y decidió que ese diario debía tener posición privilegiada y monopólica de mercado, aprovechó la dictadura militar y en una mesa de tortura, se quedó con Papel Prensa”, criticó.

Donde va el negocio, no la palabra
Por su parte, Agustín Colombo, de Revista Cítrica, apuntó fuerte a la necesidad de “debatir el sentido común que impregnan en la sociedad todo el tiempo”. “Tienen la palabra hegemónica y el poder de fuego de sentar un tema y a partir de ahí se discute lo que -en teoría- es la agenda de país, cuando la agenda de país está en otro lado: está en los laburantes que no llegan a fin de mes, que no pueden pagar el alquiler, en la gente que se queda sin trabajo… Por eso, nuestra tarea debe ser la de elaborar estrategias que vayan en esta dirección”, aseguró y celebró instancias como estas para continuar con este trabajo.

Laura Vales, de PáginaI12, también se refirió a esta cuestión. “Creo que hay una construcción y un proceso de acumulación importante y muy potente en los medios cooperativos”.

Además, remarcó la importancia de la construcción de agenda no solo para los trabajadores y trabajadoras de medios alternativos sino también para quienes lo hacen en aquellos más convencionales, “para que te acepten los temas que propones es necesario o hace mucha fuerza que estén visibles en la sociedad”.

Martín Piqué se refirió al escenario coyuntural que hoy atraviesa el país. “Lo que vivimos puede ser una victoria estratégica para el campo del pueblo o también una derrota porque dejan ya un modelo que va a costar muchísimo desmantelar. Creo que estamos en las puertas de una definición en ese sentido”, remarcó y puso sobre el tapete la responsabilidad de cada periodista a la hora de comunicar, sea de medios hegemónicos o no.

“Deberíamos entender que los modelos que se llevan adelante en un país no son indistintas para nuestra actividad”, enfatizó.

Con los pies en el barrio
Rodrigo Caballero y Daniela Mérida expusieron en representación de la Garganta Poderosa, una experiencia de comunicación popular que nació en el año 2011 en el barrio de Zabaleta, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . “Fue en ese tiempo en que surge la idea de tener nuestro propio medio ya que históricamente los medios masivos y hegemónicos se apropiaron de nuestras voces y hablaban del barrio pero siempre desde afuera, nunca pisándolo. Nosotros estamos acá porque queremos contar las cosas desde nuestras perspectiva, nuestra mirada y nuestra vivencia”, apuntó Caballero.

Por su parte, Daniela Mérida agregó: “El neoliberalismo promueve el individualismo, por eso para nosotros es reimportante continuar organizándonos como cooperativas para trabajar y seguir fortaleciendo las articulaciones en espacios como estos, porque si no hablamos nosotros, no lo hace nadie”.

Los desafíos
“A mí me enoja cuando por ahí determinadas personas dicen que no hay medios donde informarse. Nosotros somos cientos de medios en todo el país que hablamos de lo que pasa en el barrio, en la comunidad, a nivel político y social. Somos un montón pero tenemos una falla y una necesidad, y obviamente sabemos en contra de quienes estamos hoy disputando la escena comunicacional”, expresó Laura Yanela de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social Ltda. que gestiona actualmente FM en Tránsito en el distrito de Morón, de la provincia de Buenos Aires.

En esta línea, compartió los desafíos que, a su entender, son los más urgentes en esta etapa. Entre ellos, destacó la importancia de continuar trabajando en la mayor participación de la mujer no solo en los medios, sino también en espacios y lugares de representación y liderazgo.

Además, planteó la necesidad de armar un mapa con los medios autogestivos, comunitarios, populares y cooperativos de Argentina. Pensar la posibilidad de hacer una cobertura articulada y colaborativa de cara a las elecciones nacionales y provinciales. Continuar la pelea por las políticas públicas en materia de comunicación que se habían conquistado, por ejemplo, a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y hoy están vaciadas, como el acceso a licencias por frecuencias de radio o a los fondos de fomento concursables para desarrollo, equipamiento, investigación y formación.
Fuente: cnct.org.ar

Comunicación Institucional: El diario La Nación a sus lectores

Solo un recuadro para decir que todo vuelve "a la normalidad". A más de un mes de haber cerrado su planta impresora y despedir a todos sus trabajadores. Así comunica S.A. La Nación los cambios en su edición papel, que últimamente tiene mala calidad de impresión y del papel que produce Papel Prensa, la empresa que comparten con Clarín. Nunca comunicó que su socio es el responsable de la impresión

La Nación a sus lectores
En línea con la transformación digital que vienen experimentando los medios en todo el mundo, y que exige un cambio en el modelo industrial de producción de diarios, en enero La Nación empezó a imprimirse en talleres externos, tal como ya venía ocurriendo con varios de sus productos editoriales.

El cambio en el proceso de impresión implicó un período de transición con modificaciones en la configuración de algunas secciones y en los horarios de cierre durante cuatro semanas, tal como se informó diariamente tanto en el cuerpo principal como en la sección Deportes. Esto llevó a que noticias de último momento no estuvieran incluidas en la edición impresa, entre ellas, los resultados de algunos partidos de fútbol y de otros deportes, las carreras de caballos, y parte de las cotizaciones bursátiles y de los mercados agropecuarios.

La Nación agradece la comprensión y el acompañamiento de sus lectores durante este período de transición que ha concluido, pues los cierres de todas las ediciones volvieron a sus horarios habituales y, desde mañana, se normalizará la configuración de las secciones. La impresión del diario en talleres externos no tendrá impacto alguno en el ejemplar que recibirán los lectores.

Ver también: El Diario La Nación y su crisis permanente, Trabajadores gráficos del diario La Nación paran por la suspensión de 30 operarios, El diario La Nación amenaza con cerrar su planta impresora, Lockout patronal: La Nación cierra su planta impresora y despide a 72 trabajadores, Crítica situación en la S.A. La Nación, La Nación cerró definitivamente su planta impresora con la complicidad de la Secretaría de Trabajo 

El desguace de la comunicación pública: Despidos, vaciamiento y pérdida de audiencias

Las decisiones del gobierno de Macri generaron graves restricciones al derecho a la comunicación y ampliaron las atribuciones de los actores comerciales del sistema de medios

Por: Washington Uranga, wuranga@pagina12.com.ar
En materia de comunicación el año 2018 finaliza profundizando la tónica impuesta por el gobierno de la Alianza Cambiemos desde que asumió la conducción del país en diciembre del 2015: se toman decisiones que implican, directa o indirectamente, graves restricciones al derecho a la comunicación de los ciudadanos y de las audiencias y se generan cada vez más atribuciones para los actores económicos y comerciales del sistema de medios.

Pocos días después de hacerse cargo de la Presidencia, Mauricio Macri desguazó por decreto la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) y modificó la Ley de Argentina Digital (27.078) para crear, mediante decreto 265/2015 el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom). Según se dijo entonces, uno de los propósitos de Cambiemos era la elaboración de una nueva ley que atendiese a la realidad de la comunicación en la Argentina, a la que pretenciosamente se denominó “ley convergente”, con el argumento fundamental de que las leyes antes mencionadas “nacieron viejas y desactualizadas”. Nada de lo prometido ha sucedido y no hay proyecto de ley. Mientras tanto, el Gobierno sigue habilitando procesos de concentración mediática de la propiedad y poco o nada hace para garantizar la diversidad y la pluralidad de la información y de la comunicación.

Por el contrario en los últimos días del año se produjeron hechos que ratifican la orientación de la política de comunicación de Macri instrumentada por su ejecutor en el área, el titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi. El jueves 20 de diciembre los trabajadores de Radio Nacional, la TV Pública y la agencia TelAm fueron reprimidos por la Policía de la Ciudad cuando reclamaban contra la decisión oficial de “paritaria cero” en el centro porteño. La acción policial –totalmente desmedida para contener un reclamo pacífico y no masivo– desencadenó entre otras consecuencias la renuncia de la directora de Radio Nacional, Ana Gerschenson. La periodista, que desde febrero de 2016 fue la encargada de desarticular la propuesta anterior de la radio estatal generando entre otras consecuencias la significativa pérdida del nivel de audiencia, argumentó ahora que “no puedo acompañar la decisión de no otorgar una paritaria en un año difícil como el que termina”.

Los trabajadores de los medios públicos han venido denunciando durante todo el año “vaciamientos” en empresas del sistema. Consecuencia de esa decisión es también la evidente pérdida de audiencia de los medios estatales. Uno de los picos de conflicto fue el despido masivo de profesionales en la agencia estatal TelAm, hecho que pese a que fue revertido por la Justicia laboral no ha logrado la normalización de la actividad porque Lombardi desconoce las decisiones judiciales.

En los últimos días se produjeron también novedades en la Defensoría del Público de Comunicación Audiovisual, un organismo creado por la LSCA y que, si bien sobrevivió al desguace de la norma, se encuentra acéfalo desde noviembre de 2016 cuando terminó el mandato de la defensora Cynthia Ottaviano, oportunamente designada por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de los temas de comunicación. Desde entonces, y por decisión de la propia Comisión, el funcionamiento básico de la Defensoría quedó a cargo de María José Guembe, directora de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos, a la espera del acuerdo político para la designación del nuevo titular. Sin embargo, el 26 de septiembre último, la Comisión Bicameral decidió nombrar al abogado Emilio Alonso, vinculado al radicalismo y ex funcionario de la Presidencia, para hacerse cargo de las funciones “conservatorias y administrativas” por sesenta días, mandato que luego fue prorrogado hasta el 15 de marzo próximo, postergando nuevamente la designación del Defensor en los términos que lo establece la ley.

Durante el tiempo que lleva Alonso en su interinato y a pesar de que un informe producido por él mismo afirma que “la Defensoría en cuanto a su organización interna se encuentra funcionado de manera regular” se han adoptado medidas restrictivas de distinto carácter que han llevado a la cancelación de más de cuarenta actividades programadas por el Área de Capacitación y Promoción. Entre estas determinaciones se incluyó la suspensión del tercer y último encuentro de la Carrera de Comunicación Popular, que debía realizarse en Santiago del Estero, dedicado a la producción y con el que se daría por terminado un ciclo conjunto de la Defensoría con el Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero). Una de las observaciones hechas por Alonso en su informe indica que la Defensoría demuestra “falta de equidad”, cuestionando “el marco teórico” con que se encara la tarea, la distribución de las capacitaciones, tanto porque destina los mayores esfuerzos a los medios comunitarios como por la “ausencia de instituciones con las cuales articular las actividades”, mencionando entre tales ausentes a la Universidad de San Andrés, la Universidad Austral, la Universidad Di Tella, FoPeA y AdEPA.

La gestión gremial y política permitió que en diciembre 17 contratos de trabajadores y trabajadoras de la Defensoría que vencieron en noviembre hayan sido prorrogados hasta el 28 de febrero próximo. Sin embargo, en la última semana laborable del año, Alonso tomó la determinación de desplazar de su cargo, “por razones políticas”, al director del Área de Capacitación y Promoción, Ernesto Lamas, decisión que si bien no implica un despido del funcionario sí supone el relevamiento de sus responsabilidades y una significativa reducción en sus remuneraciones. Según un comunicado emitido por la Comisión interna de ATE, la disposición paraliza “aún más las acciones del sector que desarrolla la mayor parte del trabajo territorial de la Defensoría y que responde a las demandas de diferentes sectores de la sociedad mediante capacitaciones y actividades orientadas a promover y garantizar el ejercicio del derecho a la comunicación”.

Lamas es por el momento el único director separado de su cargo. No obstante el abogado José Miguez Iñarra, asesor del Sistema Federal de Medios Públicos, fue designado en el puesto de director general de Protección de Derechos, quedando bajo su responsabilidad la Dirección de Protección de Derechos que dirige María José Guembe, y la de Relación con las Audiencias, encargada de recibir denuncias, reclamos y pedidos del público.

Sin Defensor del Público designado, sin que exista siquiera un borrador de la prometida ley de “convergencia digital”, mientras se desguaza también el sistema de medios públicos y con la industria editorial en crisis, con la colaboración de los diputados Marcos Lavagna y Diego Bossio, promotores del proyecto, el oficialismo impulsó antes de finalizar el año la aprobación en ambas cámaras del Congreso de una ley para eliminar la regulación sobre el papel para diarios que favorece a la principal empresa productora de ese insumo en el país, Papel Prensa, de la que son socios Clarín, La Nación y el Estado nacional.

Todos son componentes –si bien no los únicos– de un escenario comunicacional cada día más lejano al ejercicio efectivo del derecho a la comunicación, que no refiere ni siquiera exclusivamente a la libertad de información y de comunicación, sino que está claramente atravesado por condiciones efectivas para garantizar derechos ciudadanos de acceso y participación restringidos por motivos económicos de grupos y empresas aliadas con intereses políticos y culturales que afectan seriamente a la democracia.
Fuente: PáginaI12

Papel prensa: unánime rechazo de sindicatos y medios cooperativos a la media sanción de Diputados

La Federación Gráfica Bonaerense, el gremio de prensa y federaciones de diarios, junto con la senadora Nancy González manifestaron su repudio al proyecto de ley que modifica artículos clave de la normativa que declara al papel de diario como de interés público

“Está en riesgo la libertad de expresión”, enfatizó la senadora Sacnun en un encuentro con representantes de distintos medios de comunicación que se ven alarmados por el proyecto de Ley de Papel Prensa que obtuvo media sanción en la cámara de Diputados, en las últimas sesiones extraordinarias.

“La democratización de la palabra”, fue el lema bajo el cual la senadora nacional por Santa Fe María de los Ángeles Sacnun reunió a Héctor Amichetti, secretario general de Federación Gráfica Bonaerense (FGB); Pablo Busetti, secretario de Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (Fadiccra); Oscar Rosas, consejero de Diarios y Periódicos de Santa Fe (DyPSA), y Fernando Tato Dondero, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). Participó también la senadora nacional por Chubut Nancy González. El foco del encuentro fueron los reclamos por la nueva Ley de Papel Prensa.

Sacnun criticó el “tratamiento exprés” que se le dio al proyecto en la Cámara de Diputados y llamó a “abrir el debate para fortalecer la democracia”. “Debemos garantizar el Artículo 1 (que declara al papel prensa como de interés público), que no fue modificado pero que fue socavado por las demás modificaciones”, alertó. Para Sacnun, con la nueva ley, “se lo vuelve a tomar como una mercancía y la importancia que tiene declararlo de interés es la necesidad de un Estado presente que garantice el acceso”.

La senadora recordó el profundo debate que se dio a la ley que hoy se intenta modificar. “Cuando Cristina Fernández de Kirchner mandó el proyecto de ley para que se debata la Ley de Medios, planteaba que no podíamos ir hacia una democracia que se vea afectada por el acceso al papel. Y es lo que está pasando ahora. Está en riesgo la libertad de expresión, la democracia y miles de puestos de trabajo en el sector de prensa, que ya ha sido afectado con más de 5 mil despidos”, alertó y agregó: “Solamente, se giró a una sola comisión en Diputados cuando antes había pasado por cinco comisiones en la Cámara Baja y por otras cuatro en Senadores”.

Héctor Amichetti (FGB) se sumó a la crítica de Sacnun. “No sólo fue tratada en 5 comisiones, sino también en 9 audiencias públicas, en las que todos pudieron expresarse, tanto los grandes medios como los chicos. En esa oportunidad, se jerarquizó la actividad democrática”. Amichetti se recordó “la caída de Crónica”, en la que “fue clave el manejo del papel por parte de sus dueños”.

“La manera en la que se desarma la ley es muy grave. Que se haga un tratamiento exprés, que se haga en extraordinarias y con argumentos tan pobres. Si a esto agregamos apertura importadora, el escenario es caótico. Ya hubo apertura importadora en la industria de libros, que en 2015 hacía 85 millones de libros y ahora produce 33 millones. Es un genocidio industrial. De un bien público, pasamos a un bien exclusivamente privado. No tenemos que bajar la voz con respecto a lo que pueda venir si esta ley se sanciona”, aseguró Amichetti.

Oscar Rosas (DyPSA) mencionó la importancia de los medios regionales, en los cuales “muchos contenidos sólo aparecen en periódicos como El Brigadier, Pausa, 9 de Julio”. Esos artículos regionales provocan que “a la gente, no le importe Clarín”. En ese sentido, afirmó: “Todo esto está en peligro. No es lo mismo comprar papel hoy que como se quiere promover. Se pone en riesgo la libre expresión. Ya no es una cuestión de privados, es un derecho de la población de tener acceso a la información y cabe recordar que estos diarios son también fuente de información para las radios comunitarias”. Por todo, “pedimos a los legisladores que dejen de mirar sólo la Capital Federal y miren el interior profundo del país”. Para Rosas, “no es entendible la necesidad y la urgencia; hay una clara intencionalidad política”.

Tato Dondero (SiPreBA) expresó: “Hay consecuencias directas y complejas, tanto en medios privados como públicos. Hay una pérdida directa de puestos de trabajo y es parte de una política de hostigamiento hacia los medios”. En ese sentido, recordó los casos de la TV Pública, TelAm y Tiempo Argentino. “Hay cada vez hay menos voces y menos posibilidades de informar lo que ocurre. Esta ley que es un nuevo regalo al grupo Clarín como lo fue la fusión con Telecom”. Finalmente, Tato aseguró: “En el fondo, todos tenemos la misma situación y tenemos que estar juntos para poder afrontar estas políticas”.

Pablo Busetti (FADiCCRA) contó que FADiCCRA “cuenta más de 30 cooperativas presentes en 16 provincias” y que esta ley va en contra de “la democratización de la palabra”. Busetti describió el caso de Eco Días, “que nació hace 18 años en Bahía Blanca porque decidimos dar una mirada alternativa al diario fascista La Nueva Provincia”. Busetti analizó: “No hemos recibido un solo apriete, pero tampoco ni un aviso de agencia de publicidad. Esto significa que el apriete es económico”. Además, apuntó: “En 2018, se ha vivido una desregulación de hecho del precio del papel. Entre enero y noviembre, el precio subió un 112%”, cifra superior a la de cualquier índice de precios del Indec.
Ver también: Beneficia a Papel Prensa: Proyectan liberar el precio del papel para diarios, Reflexiones ante la escalada para liberar el precio del papel: ¿Para qué sirve un diario local y regional?, Ocupar redacciones, resistir vaciamientos y producir en libertad: la fórmula del periodismo recuperado, Desregular el precio del papel prensa: Un proyecto que amenaza la libertad de expresión, Desregular el precio del papel prensa: Un proyecto que amenaza la libertad de expresión, No a la liberación del precio de Papel Prensa, Diputados aprobó el proyecto para liberar el precio del papel para diarios

Organizaciones advierten sobre el riesgo de la desregulación del precio del papel para diarios

Organizaciones de prensa, gráficos, canillitas, diarios cooperativos y autogestivos advierten graves riesgos en la desregulación del precio del papel para diarios

La Mesa Nacional sindical de trabajadores de Prensa de la Argentina (MNTP), las organizaciones gremiales que nuclean a los trabajadores Gráficos de imprenta y diarios (FGB y FATIDA), de Vendedores de diarios (SiVenDia), los medios autogestionados y la federación nacional que asocia a diarios y comunicadores cooperativos (FADiCCRA), expresan su rechazo a la media sanción ocurrida el jueves en la Cámara de Diputados de un proyecto que impulsó el Poder Ejecutivo Nacional, en las sesiones extraordinarias del Congreso, para derogar el corazón de la Ley 26.736 que regula y declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios.

El proyecto presentado por el diputado Diego Bossio (Bloque Justicialista) –que ahora deberá ser tratado por el Senado de la Nación, tiene la única finalidad de liberar el precio del insumo esencial para los medios gráficos del país y beneficiar al monopolio que Clarín y La Nación tienen como propietarios mayoritarios de Papel Prensa SA. Si se concreta su aprobación en la Cámara Alta se dará otro golpe a la libertad de expresión y al derecho a la información de toda la sociedad, ya que desaparecerán y/o se achicarán mas medios, incrementando la pérdida de miles de puestos de trabajo en el sector ocurrida en los últimos tres años.

El referido proyecto llegó a Diputados acompañado por las firmas de Nicolás Massot y Luciano Laspina (PRO), Mario Negri, Miguel Bazze, Luis Borsani (UCR), Marco Lavagna y Alejandro Grandinetti (Unidos por una Nueva Argentina), Pablo Kosiner (PJ), Martín Llaryora, Juan Fernando Brügge (Córdoba Federal) y Ricardo Wellbach (Frente de Concordia Misionero) fue girado con sigilo sólo a la Comisión de Comercio de la Cámara, que le dio un rápido dictamen favorable aunque no llegó al recinto en el período ordinario. El presidente Mauricio Macri consideró no obstante que desregular el precio del papel para diarios es un tema tan prioritario que mereció ser incluido en el listado de Extraordinarias.

El proyecto violenta la propia Constitución Nacional y los pactos internacionales incorporados a ella cuando pretende en una sola línea que se deroguen 8 artículos de la Ley 26.736 del 28 de diciembre de 2011, justamente los más importantes que aseguran aspectos de la regulación.

Por esos artículos se garantiza el precio único de pago al contado por la venta de papel, un aspecto fundamental que tiende a igualar las posibilidades de compra del insumo básico por parte de las distintas empresas, sin que haya beneficios por montos relacionados con la facturación de cada una.

La ley nacional también dispone que los fabricantes, comercializadores y distribuidores del papel prensa hagan público su stock de manera diaria y su capacidad de producción de forma trimestral para aportar a la transparencia y a la pluralidad de voces, y que debe existir una Comisión Bicameral de control parlamentario, que nunca se conformó.

Esto último explica, al menos en parte, una desregulación de facto que ahora se procura legalizar. El precio del papel para diarios registró fuertes aumentos en el último año, alcanzado el 112 por ciento en pesos. Calculado en dólares, en julio, setiembre y noviembre totalizaron un aumento de 28 por ciento.

Ante este escenario, las organizaciones abajo firmantes expresamos el total rechazo a la consideración del proyecto y advertimos a los legisladores sobre la responsabilidad que les cabe sobre los efectos negativos que denunciamos en materia laboral para los trabajadores que intervienen en todo el proceso productivo que va, desde la búsqueda de información hasta que la publicación está en la calle y es distribuida al público.

En el mismo orden condenamos la mendacidad y la malicia contenida en los fundamentos del proyecto de ley –referidos a la supuesta protección de puestos de trabajo de la fábrica de papel ubicada en San Pedro-, cuando no se habla de los más de 4.000 empleos perdidos en el gremio de prensa y otros miles de puestos de trabajo en el sector gráfico.

Por todo lo expresado insistiremos en reclamar una discusión a fondo de este tema, ahora en el Senado, para evitar la cada vez mayor concentración a manos de grupos empresarios que dieron muestra en años pasados del ejercicio discrecional de su poder, provocando destrucción de puestos de trabajo, y acotando la libertad de expresión en la Argentina.

Por la preservación de puestos de trabajo en prensa y en la industria gráfica, por la garantía de acceso al papel para diarios para empresas cooperativas y recuperadas a precios y volúmenes no discrecionales.

Por la libertad de expresión y pluralidad de voces para profundizar la participación en democracia.
Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa (FATPren - FeTraCCom – SiPreBA - CiSPren - SPR - APSF) - Federación Gráfica Bonaerense (FGB) - Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas (SiVenDia) - Federación Argentina de Trabajadores de Imprenta, Diarios y Afines (FATIDA) - Federación Asociativa de Comunicadores y Diarios Cooperativos de la República Argentina (FADiCCRA) - Cooperativa Por Más Tiempo (editora de Tiempo Argentino) - Cooperativa La Prensa Limitada (editora de El Diario de la Región, en Resistencia Chaco) - El Independiente Copegraf Ltda. - El Ciudadano - Cítrica - Cooperativa Lavaca - Cooperativa Pulso Noticias, La Plata

FADiCCRA manifestó su repudio por la desregulación del precio del papel de diario
La Federación de los medios de comunicación cooperativos alertó sobre “un nuevo avance de los grupos monopólicos en la Argentina”, luego de que se derogaran articulados de la ley que declara de interés público la producción de papel de diario.

Desde la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (FADiCCRA) manifestaron su repudio por la derogación de hecho de la Ley que declaraba de interés público la producción de papel para diarios, y difundió un comunicado en que alerta a la comunidad nacional de este “nuevo avance de los grupos monopólicos de la Argentina”, que “con apalancamiento en el Congreso de la Nación pretenden modificar la ley con el único objetivo de maximizar sus ganancias”.

Se refieren en estos términos a la media sanción que obtuvo en la Cámara de Diputados de la Nación el anteproyecto que elimina el articulado de la Ley 26.736, que declaraba de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios, particularmente aquellos artículos que establecían “los mecanismos de control sobre las empresas fabricantes de papel para diarios”, con la primacía que ostenta la empresa Papel Prensa SAICF y de M.

Asimismo, advirtieron que durante el debate previo, diputados del Gobierno argumentaron que estas modificaciones se realizaban “en beneficios de los trabajadores y de los diarios del interior”. Sobre esta declaración, la Federación FADiCCRA les dedica un párrafo denunciando “la falacia esgrimida por los diputados que incluyeron entre sus argumentos la defensa de los trabajadores, ya que en el mismo proyecto de ley sobre tablas incluyeron un arancel del 0% -durante 10 años- para la importación del insumo vital para los medios gráficos”.

En este sentido, los cooperativistas expresaron que esto redunda en beneficio de empresas con capacidad de operar en comercio exterior -que en el caso de empresas periodísticas “son apenas un puñado”-.

“El cinismo sobrevuela los dos restantes artículos que se anexan relativos a establecer que las empresas accionarias de Papel Prensa S.A. (sic) no obtengan mejores condiciones de compra que las ofrecidas al comprador que por volumen obtuviera el mejor precio. Aniquilados los mecanismos de control establecidos en los artículos derogados, ¿quién se constituye en garante de este mecanismo?”, manifiestan, con honda preocupación.

La Ley 26.736 aseguraba que todos los medios gráficos, independientemente de su facturación, tuvieran las mismas condiciones de acceso a la adquisición de papel para diarios. “Con la depresión de las economías regionales por las políticas económicas implementadas en los últimos tres años, los ingresos de los medios de comunicación se vieron seriamente afectados. A los incrementos siderales de los costos de producción por los aumentos de las tarifas de servicios públicos, se suma ahora la liberalización del precio del insumo básico para los medios gráficos”, destacan.

La Federación de los medios de comunicación cooperativos publicó recientemente un informe en el que se daba cuenta del aumento registrado en el papel para diarios comercializado por la empresa controlada por los diarios Clarín y La Nación, que registró un alza del 112% en pesos, en tanto el aumento valorado en dólares fue del 27,8% entre los meses de enero y noviembre.

CADyPBA rechaza la derogación de la ley que democratizó la provisión de papel para diario
Tal como lo denunciara esta entidad, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción el pasado jueves, al proyecto de Ley impulsado por los legisladores Diego Bossio (Peronismo Federal) y Marco Lavagna (Frente Renovador), acompañados por el bloque Cambiemos, que ahora pasa al senado donde se descuenta el oficialismo contará con los votos de sus aliados, para darle sanción definitiva.

Lamentablemente, a la situación terminal en la que se encuentran la mayoría de los diarios y periódicos locales, sobre todo aquellos que se editan en pequeñas localidades y ciudades del interior -con mercados de lectores y anunciantes acotados a sus coberturas geográficas que limitan sus dos ingresos genuinos (venta de ejemplares y espacios de publicidad)-, se suma ahora la derogación de la mayoría de los artículos de la Ley 26736 de papel para diario, que en diciembre de 2011, democratizó la comercialización de papel para diario.

De sancionarse, dicho proyecto permitirá a “Papel Prensa” -la única fábrica en la argentina de este insumo básico para los medios escritos-, entre otras atribuciones, “ ofrecer descuentos, beneficios y/o promociones sobre el precio de referencia en virtud del volumen de compra”, al que obviamente sólo podrán acceder sus dos principales “accionistas/clientes”, Clarín y La Nación, que consumen el 70 % de la producción de la papelera.

Pero también, dicha Ley, ocasionará daños adicionales y no menos graves, como lo son el de limitar a los medios gráficos locales en su Libertad de Informar, y el derecho de los lectores a ser informados a través de la mirada del medio local.

A este combo explosivo que genera la caída del consumo y el aumento de precios en los insumos, que dañan de gravedad la ecuación económica de nuestras empresas periodísticas, se agrega la discriminación, que en su gran mayoría son objeto en la distribución de la pauta publicitaria, por parte de los gobiernos provincial y nacional.

En tal sentido, no son pocas las publicaciones bonaerenses que en los últimos tres años, a pesar de haberse ajustado, no tuvieron otra alternativa que cerrar, como no había ocurrido en la crisis de 2001/2002.

A pesar de la desigualdad de fuerzas con las que los editores de diarios y periódicos pymes independientes enfrentamos la crisis en la que nos sumergió el actual Modelo Económico, CADyPBA seguirá firme en la defensa de la actividad periodística, y el derecho a la información que nuestras comunidades se merecen, en un Estado Democrático.
CADyPBA Cámara de Diarios y Periódicos Pymes de la Provincia de Buenos Aires

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