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domingo, 19 de julio de 2026

La energía que se fuga: cómo la crisis nuclear pone en juego una capacidad construida durante décadas

La salida de profesionales, la incertidumbre sobre proyectos como el CAREM y la discusión por el futuro de Nucleoeléctrica vuelven a poner en el centro una pregunta clave: qué ocurre cuando un país pierde capacidades tecnológicas que llevó generaciones construir.

La industria nuclear argentina atraviesa una de sus etapas más tensas de las últimas décadas. Los despidos en organismos estratégicos, la incertidumbre sobre proyectos tecnológicos, el debate por el futuro de Nucleoeléctrica Argentina y la apertura a una mayor participación privada volvieron a poner en discusión el rumbo de un sector que durante más de siete décadas construyó capacidades propias.

Nicolás Malinovsky observa en Señales ese escenario desde un lugar particular: combina la formación de ingeniero electricista, una maestría en Gestión de Energía, la experiencia laboral dentro de Nucleoeléctrica Argentina y el estudio de la política energética. Es autor de Crítica de la Energía Política, una obra donde analiza la relación entre energía, desarrollo económico y geopolítica.

Su diagnóstico es contundente: el sistema nuclear argentino atraviesa una situación crítica que excede una discusión presupuestaria y pone en juego la continuidad de conocimientos acumulados durante generaciones.

"Está muy clara la situación crítica que vive el sector nuclear. Yo diría que ya estamos en un estado de emergencia", afirma.

El cambio de rumbo, explica, comenzó con la llegada del gobierno de Javier Milei y significó una ruptura con la orientación que Argentina había sostenido en materia nuclear durante los últimos años.

Una tradición tecnológica construida durante 76 años
La historia del desarrollo nuclear argentino comenzó en 1950 con la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), durante la presidencia de Juan Domingo Perón. Desde entonces, el país desarrolló una trayectoria propia que incluyó investigación científica, formación de especialistas, construcción de reactores experimentales y, posteriormente, generación de electricidad mediante centrales nucleares.

"Ahí empieza a desarrollarse todo un componente de investigación vinculado a un fuerte desarrollo tecnológico en el sector nuclear", recuerda Malinovsky.

Ese recorrido convirtió a la Argentina en uno de los países con mayor experiencia nuclear de América Latina. El sistema se apoyó durante décadas en instituciones estatales, universidades, centros de investigación y empresas públicas capaces de sostener proyectos de alta complejidad.

La comparación con la década de 1990 aparece como un antecedente. En aquel período, las políticas de reducción del Estado también afectaron áreas estratégicas y frenaron algunos desarrollos tecnológicos.

La diferencia actual está en la velocidad del deterioro y en el impacto sobre los equipos humanos que sostienen el funcionamiento cotidiano del sistema.

El ajuste y la salida de trabajadores especializados
Uno de los primeros efectos de la nueva política energética fue la reducción presupuestaria. El objetivo oficial de alcanzar el "déficit fiscal cero" implicó recortes en distintas áreas estatales, entre ellas organismos vinculados a la ciencia, la investigación y el desarrollo tecnológico.

Dentro del sistema nuclear, el impacto más visible fue el deterioro salarial y la salida de profesionales especializados.

"Cuando uno habla de un conocimiento estratégico, quien posee ese conocimiento es principalmente la masa laboral", explica Malinovsky.

En una industria donde la formación puede demandar años, la pérdida de trabajadores no representa solamente una baja de personal. Técnicos, ingenieros e investigadores concentran saberes construidos a partir de experiencia acumulada dentro de proyectos específicos.

La consecuencia es una fuga de profesionales hacia empresas privadas u otros sectores que ofrecen mejores condiciones laborales.

"Los profesionales están yendo al sector privado o a otras áreas porque claramente es imposible pensar en un desarrollo profesional y menos en un sustento económico para una familia", señala.

El problema, advierte, no es únicamente cuántas personas abandonan un organismo, sino qué ocurre cuando se desarman equipos completos de trabajo.

Nucleoeléctrica y CAREM: dos símbolos de una nueva etapa
La discusión sobre el futuro nuclear argentino tiene dos nombres centrales: Nucleoeléctrica Argentina y el reactor CAREM.

Nucleoeléctrica es la empresa estatal encargada de operar las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, además de participar en el desarrollo de nuevas instalaciones. La Ley Bases incluyó a la compañía entre las empresas susceptibles de privatización, habilitando la posibilidad de una participación privada de hasta el 49% del capital.

El cambio no es menor: desde la creación del sistema nuclear argentino, el Estado tuvo un rol central en la planificación y conducción de esta actividad estratégica.

"El Estado ahora intenta privatizar la mitad de esa empresa", sostiene Malinovsky.

El otro gran punto de conflicto es el CAREM, un reactor modular pequeño diseñado para posicionar a Argentina dentro de una tecnología que varios países buscan desarrollar.

El proyecto comenzó en 2014 y fue declarado de interés nacional mediante la Ley 26.566. Al momento de su paralización, contaba con un avance estimado cercano al 65% y una inversión acumulada de alrededor de 700 millones de dólares.

"Es el proyecto más importante que iba a tener la Argentina en estas décadas de desarrollo científico y tecnológico", afirma.

El reactor pasó así de ser una apuesta estratégica para la industria nacional a convertirse en uno de los principales escenarios de disputa sobre el futuro del sector.

De la pérdida de capacidades públicas a la absorción privada
El conflicto por el futuro nuclear argentino no se limita a los proyectos detenidos o a la discusión presupuestaria. Uno de los puntos más sensibles aparece en el movimiento de trabajadores especializados desde organismos estatales hacia nuevas estructuras privadas.

Ese proceso quedó expuesto luego de los despidos registrados en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Durante el año, aproximadamente el 20% de los trabajadores contratados del organismo recibieron telegramas de despido, afectando áreas técnicas vinculadas a distintas especialidades.

"Eran trabajadores de todas las áreas técnicas y todas las áreas vinculadas a distintas especificidades que hace la comisión", explica Malinovsky.

Poco después, el Gobierno anunció el desarrollo de un nuevo reactor nuclear con una inversión estimada en 1.200 millones de dólares, un proyecto que estará a cargo de Meitner Energy, una empresa vinculada al ecosistema tecnológico de INVAP.

La compañía se presenta como una iniciativa privada orientada al desarrollo nuclear, aunque su aparición abrió un debate sobre el origen de los recursos humanos que sostendrán ese proyecto.

Según describe Malinovsky, parte de los profesionales que comenzaron a incorporarse a esa estructura provienen de organismos y empresas estatales del sector.

"Meitner Energy está conformando su compañía con todos los trabajadores que se están yendo de Nucleoeléctrica Argentina, de la Comisión Nacional de Energía Atómica o de otras áreas del sector nuclear", afirma.

El traslado de esos perfiles plantea una discusión más amplia: qué ocurre cuando el Estado deja de sostener capacidades que luego pueden ser aprovechadas por actores privados.

"Estamos dando un negocio servido a empresas de capital, en este caso norteamericano", sostiene.

La preocupación central no está puesta solamente en la salida individual de profesionales, sino en el tiempo necesario para reconstruir equipos capaces de llevar adelante proyectos de alta complejidad.

Formar un ingeniero con experiencia en tecnología nuclear requiere años de educación, entrenamiento y participación en proyectos concretos. La pérdida de esos perfiles implica, por lo tanto, una reducción de capacidades que no puede compensarse de manera inmediata.

La universidad como parte del sistema nuclear

El desarrollo nuclear argentino no depende únicamente de reactores y centrales. Detrás existe una estructura de formación integrada por universidades, institutos científicos y organismos especializados.

Por eso, el deterioro del sistema universitario aparece como otra pieza del mismo problema. La formación de nuevos profesionales requiere carreras sólidas, investigación sostenida y espacios donde puedan desarrollarse especialistas.

"El sistema universitario también es un área que hay que vincular a estas acciones del Gobierno nacional", señala Malinovsky.

La dificultad, plantea, no es solamente la situación actual, sino la posibilidad futura de recuperar una industria que necesita décadas de preparación.

Si los equipos de investigación, ingeniería y formación se debilitan, incluso una futura decisión política de relanzar proyectos estratégicos encontraría una barrera difícil de superar: la falta de personas capacitadas para llevarlos adelante.

La dimensión geopolítica de la disputa nuclear
La discusión sobre el sector nuclear argentino también tiene una dimensión internacional. La energía, los minerales estratégicos y las tecnologías asociadas se transformaron en piezas centrales de la competencia global entre potencias.

En esa disputa aparece Estados Unidos como un actor relevante. El interés por los pequeños reactores modulares, los minerales críticos y las cadenas de suministro energéticas forma parte de una estrategia global para reducir dependencias y asegurar recursos.

Malinovsky vincula ese escenario con los cambios recientes en la política nuclear argentina y con una mayor alineación del país con Washington.

Uno de los casos que menciona es el programa FIRST (Infraestructura Fundacional para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños), una iniciativa impulsada por Estados Unidos para fortalecer la adopción internacional de pequeños reactores modulares. Argentina se incorporó al programa y posteriormente participó en actividades vinculadas con el desarrollo de esa tecnología.

La discusión, en este punto, gira alrededor de una pregunta: si la cooperación internacional fortalece las capacidades nacionales o si termina reemplazando el desarrollo propio por una dependencia tecnológica.

Uranio y minerales estratégicos: Argentina ante una nueva disputa global
El interés por los recursos naturales estratégicos suma otro capítulo al debate.

Argentina posee reservas de uranio y una historia vinculada a su explotación. El yacimiento Sierra Pintada, en Mendoza, fue uno de los principales proyectos del país hasta su cierre en la década de 1990.

El contexto internacional volvió a poner al uranio en el centro de la agenda. Estados Unidos posee una importante infraestructura nuclear, pero depende ampliamente del suministro externo para abastecer sus centrales.

La búsqueda de nuevos proveedores aparece especialmente vinculada a la decisión estadounidense de reducir su dependencia del uranio proveniente de Rusia.

En ese escenario, Argentina adquiere relevancia por sus recursos naturales.

"Javier Milei se lo pone en bandeja", afirma Malinovsky.

El punto de discusión, plantea, es si el país quedará limitado a exportar materias primas o si utilizará esos recursos para fortalecer una cadena tecnológica propia.

"Por un lado vemos la destrucción de capacidades autónomas y, por otro lado, la reconfiguración de una dependencia con Estados Unidos", resume.

El debate de fondo: qué modelo energético quiere Argentina
La discusión nuclear, en definitiva, supera el destino de un organismo, una empresa o un reactor específico.

Para Malinovsky, cada decisión forma parte de una transformación más amplia del modelo productivo argentino, donde sectores como energía, minería y tecnología ocupan un lugar central en la disputa económica internacional.

"El eje energético, los minerales críticos y los minerales estratégicos son fundamentales en esa carrera de disputa tecnológica y comercial", plantea.

El interrogante que queda abierto es si Argentina utilizará esas áreas estratégicas para construir capacidades propias o si se limitará a integrarse al mercado internacional como proveedor de recursos.

"El riesgo no es perder negocios, sino perder la capacidad de decidir qué país queremos tener", afirma.

El CAREM y la disputa por la explicación oficial
La polémica alrededor del reactor CAREM se convirtió en uno de los puntos más visibles de la discusión sobre el futuro nuclear argentino.

Luego de las críticas por la paralización del proyecto, el Gobierno difundió una explicación técnica para justificar la decisión. El argumento central fue que el reactor presentaba problemas de ingeniería que impedían continuar con su desarrollo en las condiciones previstas.

Malinovsky cuestiona esa interpretación y considera que la explicación busca justificar la cancelación de un proyecto que ya había atravesado una etapa avanzada de construcción.

"Están intentando justificar haber cancelado un reactor que estaba al 65% de construcción", afirma.

El ingeniero también pone el foco en la participación de algunos actores vinculados a esa evaluación. Menciona el caso de Eduardo Nies, quien fue presidente de Nucleoeléctrica Argentina y actualmente ocupa un cargo ejecutivo en Meitner Energy.

Para Malinovsky, esa situación merece ser observada porque involucra a personas relacionadas tanto con la evaluación crítica del CAREM como con una empresa privada que comenzó a incorporar trabajadores provenientes del sistema nuclear estatal.

De todos modos, reconoce que todo desarrollo tecnológico atraviesa procesos de revisión permanente.

"Cuando uno está hablando de un desarrollo tecnológico nuevo, todo el tiempo está haciendo evaluaciones, reevaluaciones, ajustes y correcciones", explica.

La discusión, entonces, no pasa por negar la existencia de desafíos técnicos, sino por la decisión política de continuar o abandonar un desarrollo estratégico.

Una capacidad construida durante generaciones
El caso CAREM concentra, para Malinovsky, el núcleo del debate actual: qué lugar ocupará Argentina dentro del mapa tecnológico internacional.

El país fue uno de los pocos en América Latina que logró desarrollar capacidades propias en materia nuclear y llegó a avanzar en el diseño de un reactor modular pequeño.

La interrupción del proyecto representa, desde esa perspectiva, algo más profundo que la suspensión de una obra de infraestructura. Implica la pérdida de una trayectoria tecnológica que llevó décadas construir.

"Es correr a la Argentina del mapa de los países con capacidades de construcción de reactores de este tipo", sostiene.

La advertencia atraviesa toda la discusión: una central, un reactor o una empresa pueden recuperarse con inversión; reconstruir comunidades técnicas, equipos especializados y conocimiento acumulado requiere mucho más tiempo.

La energía nuclear argentina se encuentra así frente a una definición de largo plazo. El debate ya no se limita a cuánto cuesta sostener un proyecto, sino a cuánto cuesta perder la capacidad de hacerlo.

La disputa por el futuro nuclear argentino combina cuestiones económicas, laborales, tecnológicas y geopolíticas. Los despidos en organismos públicos, el destino de Nucleoeléctrica, la paralización del CAREM y la llegada de nuevos actores privados forman parte de una misma discusión: qué papel tendrá el Estado en la construcción de capacidades estratégicas.

El problema central no es solamente la pérdida de inversiones o proyectos puntuales, sino la posibilidad de que el país abandone herramientas que tardó décadas en desarrollar.

La pregunta que queda abierta es si Argentina seguirá construyendo tecnología propia o si ocupará un lugar principalmente ligado a la provisión de recursos dentro de una disputa global por la energía y los minerales estratégicos.

Escuchá la entrevista completa:

sábado, 18 de julio de 2026

Osvaldo Nemirovsci: "La inteligencia artificial no es el peligro; el problema es quién la controla"

El ex diputado nacional cuestiona en Señales el RIGI como estrategia de desarrollo, advierte sobre el poder creciente de las grandes corporaciones tecnológicas y reclama un Estado capaz de regular la inteligencia artificial sin resignar soberanía. En ese recorrido también reivindica la Televisión Digital Abierta como la prueba de que la innovación tecnológica puede convertirse en una política pública con impacto productivo, industrial y social

El énfasis de la nada

Osvaldo Nemirovsci (foto) no cree que los anuncios del Gobierno sobre convertir a la Argentina en un polo de desarrollo de inteligencia artificial tengan, por ahora, un correlato real. Detrás de la promesa del gobierno de Javier Milei, que presenta al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) —y su versión ampliada, el denominado "Super RIGI"— como la herramienta para atraer inversiones tecnológicas de escala global, el ex diputado nacional observa más una construcción discursiva que una política de desarrollo.

Su definición es deliberadamente provocadora: se trata de "polvo en el viento". Incluso ensaya otra imagen, todavía más contundente: lo que hace el Gobierno en esta materia es "el énfasis de la nada", acompañado por "cierto barroquismo para palabras devaluadas".

Nemirovsci, ex diputado nacional por Río Negro, coordinador general del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre y analista de políticas públicas, ha dedicado buena parte de sus trabajos a estudiar la relación entre comunicación, tecnología, democracia y soberanía. Desde esa perspectiva, interpreta que la apuesta oficial por la inteligencia artificial como eje casi excluyente de la política científica y tecnológica responde antes a una definición ideológica que a una estrategia de desarrollo.

Según plantea, el Gobierno busca exhibir a la Argentina ante el mundo como "el país con mayor libertad", con "las políticas más liberales de la historia de la humanidad". Bajo esa lógica, sostiene, se diseñó un régimen de inversiones pensado para garantizar que los grandes capitales no encuentren obstáculos a su rentabilidad y puedan retirar recursos del país con amplias facilidades.

Para Nemirovsci, el RIGI expresa un extremo ideológico: la idea de que la ausencia de controles es, en sí misma, una ventaja competitiva. Desde esa mirada, cuestiona el esquema tributario previsto por el régimen porque considera que resulta ampliamente perjudicial para el Estado argentino.

Enumera que contempla beneficios como la exención de impuestos como Ganancias e Ingresos Brutos, facilita la salida de capitales al exterior y no establece condiciones que históricamente estuvieron vinculadas a los procesos de promoción industrial: la incorporación de proveedores nacionales, la participación de pequeñas y medianas empresas en las cadenas de valor o la generación de empleo argentino.

"El RIGI no pide mano de obra nacional", resume.

Habla desde su experiencia en Bariloche, donde reside y conoce de cerca uno de los entramados tecnológicos más importantes del país: el desarrollado alrededor de INVAP y su articulación con ARSAT. Allí, recuerda, unas 200 o 250 pymes participan como proveedoras de materiales, insumos y componentes, conformando un ecosistema productivo que, a su juicio, el nuevo régimen ignora.

Para el ex legislador, ese modelo de incentivos no apunta a construir capacidades nacionales, sino a enviar una señal política al mercado internacional: mostrar que la Argentina está dispuesta a desregular como pocos países.

Peter Thiel, Palantir y el debate que falta
En esa discusión ubica también la cercanía del Gobierno con Peter Thiel y con Palantir Technologies, la empresa de análisis de datos e inteligencia artificial vinculada al empresario.

Nemirovsci aclara que su preocupación no pasa simplemente por la existencia de una compañía tecnológica, sino por la concepción política que atribuye a Thiel. Lo describe como un empresario que "juega a la ciencia política con mucha fuerza" y que sostiene que el capitalismo no necesita de la democracia para desarrollarse.

Esa idea, advierte, entra en tensión con la tradición democrática que, según su visión, debe orientar la actividad económica. También considera que esa concepción atraviesa la manera en que Thiel entiende la inteligencia artificial.

"No es la inteligencia artificial científica; es la de él", plantea, diferenciando entre una tecnología orientada al conocimiento y otra vinculada a determinados intereses empresariales y estratégicos.

Por eso considera que una eventual expansión de ese universo tecnológico en la Argentina debería abrir un debate público más profundo. Aunque reconoce que quizás hoy no sea una preocupación cotidiana para millones de personas, sostiene que debería serlo porque la inteligencia artificial y la automatización ya están modificando las relaciones laborales y las condiciones de vida.

El reemplazo de tareas humanas por sistemas robotizados, explica, dejó de ser una hipótesis de ciencia ficción. Menciona las discusiones internacionales sobre la posibilidad de establecer mecanismos como un salario universal para quienes pierdan definitivamente sus empleos por la automatización y observa que sectores como la industria automotriz y el transporte avanzan cada vez más hacia procesos con menor incorporación de trabajadores.

"Esto está ocurriendo", afirma. No se trata, dice, de un escenario futuro lejano, sino de una transformación que ya comenzó.

En uno de los pasajes más gráficos de la conversación, Nemirovsci recurre a una metáfora para explicar la dimensión del fenómeno. Dice que suele pensar a Peter Thiel y Palantir como una versión "casi documental" de las películas de terror, zombis y ciencia ficción.

La diferencia, explica, es que esas historias pertenecen a la ficción, mientras que aquello que representa Thiel "existe, ocurre". Esa es la razón por la que busca instalar el debate: no porque la inteligencia artificial sea una amenaza en sí misma, sino porque considera necesario discutir quién la conduce y bajo qué reglas.

La tecnología no es el problema; la ausencia de reglas, sí
Nemirovsci rechaza cualquier interpretación que lo ubique en una postura contraria al avance tecnológico. Aclara que está "lejísimos" de quienes históricamente intentaron frenar las innovaciones por temor a sus consecuencias.

Recuerda, como ejemplo, a los agricultores franceses que en el siglo XVIII destruyeron máquinas cosechadoras y trilladoras porque temían perder sus empleos. Su posición, afirma, está en las antípodas: cree que el desarrollo tecnológico debe mejorar la vida humana.

La inteligencia artificial, y también la futura evolución hacia tecnologías como la inteligencia cuántica, forman parte de un camino científico que considera irreversible. El desafío, sostiene, no es detener ese proceso, sino acompañarlo con instituciones capaces de equilibrar sus efectos.

"Hay que tomarla, es un camino de la ciencia, es un camino de la tecnología, es un camino del mundo digital", plantea.

El punto central, para él, está en establecer regulaciones que impidan que las grandes corporaciones tecnológicas acumulen un poder capaz de afectar las bases de las sociedades democráticas.

Esa preocupación, explica, viene de lejos. Recuerda que en 2006, cuando era diputado nacional, presentó junto a la entonces legisladora Rosario Romero un proyecto sobre delitos informáticos que terminó derivando en modificaciones al Código Penal.

En aquel momento, el escenario digital era mucho más limitado: los debates giraban alrededor del correo electrónico y de las primeras formas de comunicación informática. Sin embargo, ya advertían sobre la necesidad de establecer límites legales frente a los nuevos usos de la tecnología.

Desde entonces, sostiene, insistió en la necesidad de crear una institucionalidad específica para abordar el mundo digital. Incluso durante gobiernos con los que tuvo afinidad política —"yo soy peronista", aclara— planteó la creación de un organismo que reuniera las áreas dispersas entre Economía, Ciencia y Tecnología, Cancillería y otros sectores vinculados a las comunicaciones.

Su propuesta era avanzar hacia un Ministerio de las Comunicaciones y de la Informática que pudiera diseñar políticas públicas y establecer una estrategia nacional frente al crecimiento de las plataformas digitales.

Para Nemirovsci, esa sigue siendo la única forma de equilibrar el poder de las grandes compañías algorítmicas, las denominadas GAFAM —Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft— y las nuevas empresas vinculadas a la inteligencia artificial.

"Lo único que puede detener en tiempo el avance descontrolado de las empresas algorítmicas es una regulación que vaya equilibrando el poder de estas empresas y de esta tecnología con el derecho", sostiene.

A su entender, algunos países ya avanzan en esa dirección. Destaca especialmente el trabajo regulatorio de la Unión Europea, menciona los avances de España y los intentos realizados por Chile. En contraste, considera que la Argentina quedó rezagada.

La disputa por el control de los recursos estratégicos
Cuando la conversación avanza hacia el impacto económico y ambiental de los grandes proyectos vinculados a la inteligencia artificial, Nemirovsci vuelve sobre una idea que considera central: apoyar la tecnología no significa aceptar cualquier modelo de implementación.

Su posición, insiste, está lejos de cualquier rechazo al progreso. Cree que el avance tecnológico puede mejorar la vida de las personas, pero bajo una condición: debe estar conducido por la sociedad y no exclusivamente por intereses privados.

"Cada paso tecnológico tiene que tener una figura humana visible, notoria y personalizada a su frente", plantea. Para eso, propone transparencia, códigos abiertos que permitan comprender cómo funcionan los desarrollos digitales y una formación educativa que prepare a las nuevas generaciones con pensamiento crítico.

Desde su perspectiva, la escuela tiene un papel fundamental. La alfabetización tecnológica, sostiene, no debe limitarse al aprendizaje de herramientas, sino incluir una mirada humanista capaz de comprender las consecuencias sociales de cada innovación.

La preocupación aparece, especialmente, cuando imagina la administración privada de algoritmos en áreas estratégicas para un país. Menciona la salud, el transporte, los sistemas bancarios y las redes energéticas como sectores donde las decisiones automatizadas podrían quedar subordinadas a criterios exclusivamente económicos.

Para explicarlo, plantea escenarios extremos: una empresa que decidiera interrumpir el suministro eléctrico durante dos días para reducir costos energéticos, o un sistema sanitario cuya infraestructura tecnológica quedara paralizada en medio de una emergencia porque una decisión empresarial priorizó la rentabilidad sobre la seguridad pública.

No se trata, aclara, de negar la participación privada, sino de establecer límites cuando están en juego derechos básicos.

Ese es también el punto desde el cual vuelve a cuestionar la visión asociada a Peter Thiel. Si el empresario sostiene que el capitalismo puede desarrollarse sin democracia, Nemirovsci plantea exactamente lo contrario: la democracia debe ser capaz de conducir al capitalismo.

"No planteo un modelo económico diferente al capitalismo", aclara. La discusión, explica, pasa por definir quién orienta ese sistema y con qué objetivos.

A lo largo de la historia, sostiene, existieron modelos capitalistas con una fuerte dimensión social, solidaria y comunitaria que generaron niveles de bienestar superiores a los producidos por un capitalismo sin límites.

La pregunta de fondo, entonces, no es tecnología sí o tecnología no. Es quién establece las reglas.

Desregulación como modelo

Desde esa perspectiva, Nemirovsci observa una contradicción entre el rumbo que toma la Argentina y el camino que recorren otros países.

Mientras varias regiones avanzan hacia marcos regulatorios para limitar el poder de las grandes plataformas tecnológicas, sostiene, el Gobierno argentino profundiza una política basada en la desregulación.

En ese punto señala especialmente al ministro Federico Sturzenegger, a quien define como "un adalid de la desregulación exagerada".

Su crítica, explica, no se limita al campo tecnológico. Como ejemplo menciona los proyectos destinados a flexibilizar las restricciones para la venta de tierras a extranjeros, una discusión que, desde su mirada, involucra cuestiones económicas pero también estratégicas.

Habla desde la experiencia patagónica. Recuerda que la región tiene una historia marcada por conflictos limítrofes y que la protección de determinados territorios fronterizos responde a razones de soberanía, no a posiciones xenófobas.

Menciona la tensión histórica con Chile hace más de cuatro décadas, cuando ambos países estuvieron cerca de un enfrentamiento armado por cuestiones territoriales, y sostiene que esas experiencias explican la existencia de determinadas restricciones legales.

También recuerda un caso en Río Negro donde, según afirma, un empresario árabe adquirió unas 10.000 hectáreas de manera irregular. Para él, ese episodio representa el riesgo de una lógica donde la eliminación de controles se presenta como sinónimo de modernización.

La misma preocupación la traslada al terreno tecnológico.

Mientras la Argentina ofrece beneficios fiscales y regulatorios a grandes inversiones a través del RIGI y el denominado Super RIGI, Nemirovsci observa que otros países avanzan en sentido inverso: regulan para que las inversiones produzcan beneficios concretos en las sociedades donde llegan.

Menciona el caso europeo y recuerda las investigaciones y sanciones contra grandes plataformas digitales. Señala especialmente las discusiones alrededor de Meta y las responsabilidades exigidas a sus autoridades por el uso de las redes sociales.

El contraste, según su análisis, es evidente: mientras algunos Estados buscan equilibrar el poder de las empresas tecnológicas, la Argentina corre el riesgo de entregar ventajas sin exigir compromisos equivalentes.

Con una expresión contundente, define ese modelo como "un manual de baratura ética nacional".

La frase sintetiza, según explica, una política donde el país se presenta como un territorio barato para los grandes capitales: barato en impuestos, barato en controles y barato en exigencias.

Río Negro como ejemplo del debate
Nemirovsci vuelve sobre su provincia para explicar cómo esa lógica se expresa en el territorio.

Recuerda que Río Negro adhirió al RIGI nacional y aprobó además un régimen propio. Su preocupación se concentra especialmente en las zonas portuarias vinculadas al desarrollo energético, como Punta Colorada en San Antonio Oeste, donde cuestiona que los organismos públicos tengan una participación limitada frente a los inversores privados.

Menciona el proyecto asociado a los buques licuefactores de gas y advierte que un esquema donde municipios y provincias quedan sin capacidad efectiva de intervención puede generar espacios sin controles suficientes.

"Ese es el reino de la entrada de la droga, del viva la pepa", afirma para describir lo que considera una consecuencia extrema de la ausencia de supervisión estatal.

Frente a ese escenario, insiste en que su planteo no busca excluir a las empresas. Por el contrario, sostiene que deben formar parte del proceso de construcción de reglas.

También deben participar, afirma, las universidades, la comunidad científica, las cooperativas, los actores sociales y el Estado.

La regulación adecuada, plantea, no puede surgir de una sola parte, sino de una inteligencia colectiva capaz de acompañar una transformación que siempre avanza más rápido que las instituciones.

"La tecnología siempre va más veloz que el derecho; tenemos que correr muy de atrás", resume.

Tecnología, empleo y una economía en tensión
Nemirovsci rechaza también las visiones apocalípticas sobre el futuro laboral.

No imagina una guerra entre humanos y máquinas ni un escenario donde la inteligencia artificial termine enfrentándose a las personas. Tampoco cree que la respuesta sea destruir tecnología para preservar empleos.

La convivencia entre trabajadores y sistemas automatizados, sostiene, es posible.

Reconoce que existen estimaciones que proyectan la pérdida de alrededor de 90 millones de puestos de trabajo en el mundo como consecuencia de la robotización, pero recuerda que otras proyecciones calculan una creación similar de nuevos empleos vinculados a esas mismas tecnologías.

El resultado, afirma, todavía no está definido.

El desafío es construir un marco político y económico que permita aprovechar la innovación sin sacrificar derechos laborales ni capacidades productivas.

Sin embargo, considera que la Argentina atraviesa hoy un escenario particularmente complejo para discutir ese futuro.

Asegura que, aunque el deterioro productivo tiene antecedentes previos, los últimos dos años profundizaron la crisis hasta niveles que define como "catastróficos".

Según su diagnóstico, con excepción de sectores como la minería, la energía y el petróleo, prácticamente todas las ramas de la economía muestran retrocesos. Incluye allí a la industria automotriz, textil, del cuero, del caucho, el comercio y también al agro.

Ese proceso, advierte, tiene consecuencias directas sobre el empleo y el poder adquisitivo.

Cuestiona la idea de que una baja de la inflación sea suficiente para describir una mejora económica. Para millones de trabajadores, sostiene, el problema central es que el salario dejó de alcanzar.

Incluso quienes tienen empleo formal, con obra social, vacaciones y aguinaldo, enfrentan dificultades para sostener su nivel de vida.

Nemirovsci señala una paradoja que considera inédita: trabajadores registrados que siguen siendo pobres.

A su entender, una economía que pierde capacidad productiva, empleo y salario difícilmente pueda presentarse como preparada para liderar una transformación tecnológica.

Por eso concluye que las promesas de grandes desarrollos de inteligencia artificial y empresas algorítmicas, en el contexto actual, corren el riesgo de convertirse en una ilusión más que en un verdadero proyecto nacional.

La Televisión Digital Abierta como otra idea de desarrollo

Hacia el final de la conversación, la mirada de Nemirovsci vuelve sobre una experiencia concreta que, para él, funciona como ejemplo de una política tecnológica con una lógica diferente: la Televisión Digital Abierta (TDA).

El dato que dispara el recuerdo es el comportamiento del mercado durante el Mundial. A diferencia de lo ocurrido en Qatar 2022, el actual ciclo mundialista no produjo un aumento significativo en la venta de televisores de gran tamaño. Sin embargo, sí generó un crecimiento notable en la demanda de antenas para acceder a la señal digital abierta.

Para Nemirovsci, ese fenómeno tiene un significado que excede el consumo tecnológico. Es, según su interpretación, una reivindicación de una política pública que ayudó a crear y poner en marcha durante ocho años.

"Yo puse el alma ahí", recuerda al hablar del proceso de construcción de la TDA. Durante ocho años estuvo al frente como coordinador general del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, desde donde participó del diseño, la implementación y la expansión de una política pública que considera una de las experiencias tecnológicas más exitosas de aquellos años.

Aclara, además, que la Televisión Digital Abierta nunca fue concebida como una herramienta partidaria, una crítica que, sostiene, se instaló desde algunos sectores que la definieron como "la televisión kirchnerista".

Para él, esa interpretación desconoce el verdadero objetivo del proyecto. La TDA fue pensada como un sistema de estandarización tecnológica para modernizar toda la televisión argentina, no solamente la televisión pública.

Recuerda que las primeras pruebas se realizaron junto con señales privadas como Canal 13 y Telefe, además de otros actores del sector audiovisual, compartiendo información técnica y conocimientos para acompañar la transición hacia la digitalización.

El impacto, sostiene, fue mucho más amplio que la incorporación de una nueva tecnología de transmisión.

La implementación de la TDA permitió recuperar capacidades industriales vinculadas a la fabricación de antenas, cables y equipamiento electrónico. Generó exportaciones hacia países vecinos como Bolivia, Chile y Paraguay y abrió oportunidades laborales vinculadas a la producción audiovisual.

También destaca la creación de polos audiovisuales en universidades nacionales de todo el país, donde se llegaron a producir unas 7.000 horas de contenido.

Ese entramado permitió el surgimiento de nuevos trabajos para actores, guionistas, directores, técnicos, maquilladores y trabajadores vinculados a la industria cultural.

Para Nemirovsci, esa experiencia representa exactamente el modelo que reclama cuando habla de tecnología y soberanía: una política donde el conocimiento, el Estado, las empresas, las universidades y la sociedad pueden formar parte de un mismo proceso de desarrollo.

Una señal del futuro posible
El crecimiento reciente de la venta de antenas, que estima en un 2.500 por ciento, refuerza para Nemirovsci esa lectura.

Explica que los televisores actuales ya incorporan internamente la tecnología necesaria para recibir la señal digital y que, por eso, dejaron atrás los conversores que se fabricaban durante los primeros años de implementación.

También reivindica las ventajas técnicas del sistema: una imagen en alta definición de 1080 píxeles, una calidad superior a muchos servicios tradicionales de televisión y una transmisión sin el retraso que suelen tener otras plataformas.

"Uno ve los goles en tiempo real, ve las camisetas con el color real, ve el verde del pasto de la cancha en el color real", describe para explicar la diferencia tecnológica.

Pero su satisfacción no está puesta solamente en la calidad de imagen.

La importancia de la TDA, en su relato, está en demostrar que el desarrollo tecnológico puede seguir otro camino: uno donde una innovación no sea solamente una oportunidad de negocios para grandes corporaciones, sino una herramienta para generar capacidades propias.

En ese sentido, la experiencia de la televisión digital abierta funciona como el contrapunto de toda la conversación. Frente a un modelo basado en incentivos y desregulación, Nemirovsci reivindica una estrategia donde la tecnología se articula con la producción, el empleo, la educación y la soberanía.

La discusión, entonces, vuelve al punto de partida.

La inteligencia artificial no es, para él, el problema. Tampoco lo son las nuevas tecnologías ni la llegada de inversiones internacionales. El desafío consiste en decidir bajo qué reglas se desarrollan y quién tiene la capacidad de orientar ese proceso.

Porque, en su mirada, la diferencia entre una tecnología que concentra poder y una tecnología que amplía derechos no está en la herramienta.

Está en la política que la conduce.

Escuchá la entrevista completa:

Fotos: Archivos Señales, Ina Fassbender / AFP

domingo, 21 de junio de 2026

"Lo que quieren es acallar las voces": Denuncian persecución gremial en medio de la crisis del sector nuclear

Mariano Saleh, trabajador de Atucha II y delegado gremial desde hace más de una década, enfrenta un proceso de despido y desafuero impulsado por Nucleoeléctrica Argentina. Mientras la empresa argumenta razones vinculadas a la seguridad, el dirigente sostiene en Señales que se trata de una represalia por sus denuncias contra el ajuste, la privatización y el vaciamiento de una actividad estratégica para el país
La situación del sector nuclear argentino atraviesa uno de sus momentos más conflictivos de los últimos años. En el centro de esa disputa aparece Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal responsable de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, pilares de una actividad considerada estratégica tanto por su aporte a la generación eléctrica como por el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos altamente especializados que demandó durante décadas.

En ese escenario se inscribe el caso de Mariano Saleh, trabajador de Atucha II desde hace más de catorce años y delegado sindical desde hace más de una década. Su trayectoria profesional se desarrolló en el área de Química y Procesos, dentro del laboratorio químico de la central. Sin embargo, en las últimas semanas su nombre quedó asociado a un conflicto que, según sostiene, excede su situación personal y expone una disputa de fondo sobre el futuro de la actividad nuclear estatal.

Saleh relata que el episodio que desencadenó el conflicto ocurrió el viernes 12, cuando intentó ingresar a la planta y el sistema de acceso le impidió entrar. En ese momento, afirma, fue notificado por el jefe de Recursos Humanos de que sobre él pesaba una medida cautelar. Según le informaron, el directorio había resuelto avanzar con su despido a partir de un sumario interno y promover un juicio de desafuero que tramita en los tribunales de Campana.

De acuerdo con la documentación que menciona, la cautelar argumenta la necesidad de resguardar la seguridad radiológica de la instalación. Sin embargo, Saleh rechaza esa fundamentación y asegura que nunca existió ninguna conducta de su parte que pusiera en riesgo la seguridad nuclear. "Nunca estuvo en cuestión ni mi profesionalismo ni la seguridad radiológica", sostiene. Por el contrario, interpreta la medida como una represalia vinculada a su actividad gremial y a sus denuncias públicas sobre lo que considera un proceso de desmantelamiento del sector.

Para el trabajador, el conflicto no puede separarse de las discusiones que atraviesan actualmente a Nucleoeléctrica. Según su mirada, existe una orientación destinada a avanzar hacia la privatización de la empresa, algo que considera inviable y perjudicial para el interés público. Argumenta que se trata de una compañía difícil de valorar económicamente debido a que administra tres centrales nucleares únicas en el país y sostiene que una eventual apertura al capital privado permitiría que los nuevos accionistas se apropien principalmente de las ganancias derivadas de la generación eléctrica, mientras el Estado asumiría los costos históricos de inversión y desarrollo.

Saleh también vincula este escenario con las transformaciones impulsadas a partir de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley 27.742) que impulsó el gobierno de Javier Milei. En ese marco, cuestiona duramente el proceso político que permitió su aprobación y considera que allí se encuentra el origen de muchas de las iniciativas que hoy afectan al sector nuclear.

Junto con las críticas al rumbo de la empresa, señala un deterioro sostenido de las condiciones laborales. Afirma que los salarios de los trabajadores nucleares sufrieron una pérdida superior al 60 por ciento de su poder adquisitivo y que los reclamos realizados ante la gerencia y los sucesivos directorios no obtuvieron respuesta. Según explica, durante los últimos años pasaron cinco directorios distintos por la conducción de la empresa sin que se resolvieran los reclamos planteados por los trabajadores.

Respecto de las razones esgrimidas para justificar su despido, sostiene que el expediente disciplinario se basa en publicaciones realizadas desde su cuenta personal de la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Considera que el sumario está "completamente amañado" y remarca que ninguna de sus expresiones cuestionó su desempeño profesional ni implicó conductas incompatibles con la responsabilidad que exige el trabajo en una central nuclear. Según explica, sus publicaciones estuvieron dirigidas a denunciar públicamente decisiones que, a su entender, afectan al sector.

Desde su perspectiva, el objetivo de la medida es aislarlo de sus compañeros y debilitar la organización sindical dentro de la empresa. Saleh interpreta que se busca enviar un mensaje disciplinador al conjunto de los trabajadores: demostrar que quienes cuestionen las políticas oficiales o levanten la voz en defensa de sus derechos pueden sufrir consecuencias laborales. "Lo que quieren es acallar las voces", afirma. Aun así, asegura que continuará reclamando judicial y sindicalmente su reincorporación.

El dirigente gremial también advierte sobre las consecuencias que, según él, tendría una eventual privatización de Nucleoeléctrica. Considera que la lógica empresarial privada tiende a reducir costos en áreas sensibles como la capacitación, el mantenimiento, la seguridad y las condiciones laborales. En una actividad de alta complejidad tecnológica y con riesgos específicos, sostiene que cualquier retroceso en esos aspectos podría afectar tanto a los trabajadores como al ambiente.

Para fundamentar su preocupación, menciona los riesgos inherentes a la actividad nuclear: exposición a radiación, manipulación de sustancias químicas, trabajo con grandes cargas eléctricas, tareas de izaje y labores en altura. A su juicio, la reducción de inversiones en seguridad y capacitación podría incrementar la vulnerabilidad frente a esos riesgos.

Además, afirma que ya existen señales de deterioro. Según sus datos, más de 300 trabajadores dejaron la empresa en los últimos tiempos y parte de esas tareas comenzaron a ser cubiertas por personal contratado bajo condiciones laborales menos favorables, con salarios inferiores y menor capacidad de organización sindical. Para Saleh, ese proceso anticipa el modelo laboral que se intenta consolidar en el conjunto de la actividad.

Uno de los ejemplos más claros del vaciamiento que denuncia es la situación del proyecto CAREM, el reactor modular desarrollado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y considerado uno de los emprendimientos tecnológicos más importantes del país. Saleh explica que numerosos ingenieros, técnicos y profesionales trabajaban en ese proyecto a través de la participación de Nucleoeléctrica en su construcción.

Según relata, durante 2024 esos profesionales atravesaron una fuerte pérdida salarial y muchos percibían remuneraciones que consideraba insuficientes para su nivel de especialización. En ese contexto, denuncia la creación de una empresa llamada Mainer Energy, que habría incorporado trabajadores formados en organismos públicos como la CNEA y NASA. A su entender, ese proceso significó una transferencia de conocimientos estratégicos construidos con inversión estatal hacia el sector privado, sin que este hubiera realizado esfuerzos equivalentes en materia de formación o desarrollo tecnológico.
Otra de sus preocupaciones está vinculada al reactor RA-10, una obra que define como una de las más avanzadas del mundo en su categoría y desarrollada íntegramente por científicos y técnicos argentinos. Saleh destaca que el proyecto se encuentra próximo a su finalización y recuerda que fue concebido para producir radiofármacos, silicio dopado y generar capacidades de investigación mediante haces de neutrones.

Sin embargo, advierte que recientes declaraciones de funcionarios nacionales anticipan la privatización del negocio de los radiofármacos, precisamente el componente económico que permitiría financiar otras actividades científicas y tecnológicas vinculadas al reactor. Desde su punto de vista, avanzar sobre esa área implicaría transferir al sector privado la parte más rentable del proyecto, comprometiendo la sustentabilidad de las restantes líneas de investigación.

A pesar de la situación que enfrenta, Saleh asegura que continuará disputando su reincorporación. Considera que el conflicto no se limita a un problema individual sino que forma parte de una ofensiva más amplia contra los trabajadores del sector nuclear. Recuerda el esfuerzo realizado durante años para operar, reparar y mantener en funcionamiento las centrales nucleares argentinas, muchas veces con jornadas extensas y condiciones exigentes.

Por eso interpreta su caso como un intento de disciplinamiento político y sindical. "No vamos a permitir que me quieran despedir por mi expresión y por mi libertad de expresión", sostiene. También cuestiona lo que considera una contradicción entre el discurso oficial en defensa de la libertad y las medidas adoptadas contra trabajadores que expresan posiciones críticas.

Mientras el conflicto avanza en los tribunales y dentro de la empresa, Saleh afirma haber recibido numerosas muestras de solidaridad de compañeros de trabajo, organizaciones sindicales y distintos sectores de la sociedad. Con ese respaldo, asegura que continuará la pelea "hasta el final", convencido de que lo que está en juego trasciende su situación personal y se vincula con el futuro de una actividad que considera estratégica para el desarrollo científico, tecnológico y energético de la Argentina.

Frente al intento de despido de Mariano Saleh, trabajadores, organizaciones sindicales, sociales y políticas impulsan una campaña de solidaridad y repudio. A través de un petitorio público, denuncian que la medida constituye un acto de persecución gremial, política y antisindical contra un delegado que participó activamente de la defensa de los puestos de trabajo y del desarrollo nuclear nacional. Entre los reclamos, exigen la inmediata restitución de Saleh en su puesto de trabajo, el cese del juicio de desafuero en su contra y la nulidad del sumario administrativo que dio origen a la sanción.

Escuchá la entrevista completa:

El freno al CAREM y al RA-10: una decisión que golpea al desarrollo nuclear argentino
El 4 de abril de 2024, en diálogo con Señales, el ingeniero nuclear Eduardo Gigante advirtió sobre las consecuencias que tendría la decisión de paralizar las obras de dos de los proyectos más importantes del sector nuclear argentino: el reactor multipropósito RA-10 y la Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM), cuya construcción se vio afectada por el despido de un centenar de trabajadores.

Para Gigante, la medida representaba una muy mala noticia para el país. Recordó que Argentina acumula más de 70 años de trayectoria en el desarrollo nuclear y que tanto el CAREM como el RA-10 son el resultado de décadas de inversión pública, investigación científica y formación de recursos humanos especializados.

Durante la entrevista destacó que la Comisión Nacional de Energía Atómica y el sector nuclear argentino construyeron y operaron 19 reactores a lo largo de su historia, de los cuales siete fueron exportados a distintos países. Esa experiencia, señaló, convirtió a la Argentina en una referencia internacional en materia de tecnología nuclear.

El especialista explicó que ambos proyectos tienen objetivos diferentes. El CAREM fue concebido como un reactor de potencia destinado a la generación de energía eléctrica, mientras que el RA-10 pertenece a la categoría de reactores multipropósito, orientados a la investigación científica y la producción de radioisótopos medicinales.

Sobre este último, remarcó su importancia para la fabricación de insumos utilizados en diagnósticos por imágenes y tratamientos oncológicos. Entre ellos mencionó al Lutecio-177, un radioisótopo de creciente utilización en terapias contra el cáncer de próstata. Además, destacó que el reactor permitiría incrementar significativamente la producción nacional de radiofármacos y ampliar las posibilidades de exportación hacia otros países de la región.

Respecto del CAREM, Gigante lo definió como uno de los desarrollos más innovadores del sector nuclear mundial. Se trata de un reactor modular de pequeña potencia, diseñado íntegramente en Argentina, pensado para abastecer de energía a localidades aisladas, complejos industriales o proyectos mineros ubicados en zonas alejadas de los grandes sistemas eléctricos.

Según explicó entonces, el CAREM se encontraba entre los proyectos más avanzados del mundo en su tipo, por delante incluso de desarrollos impulsados por potencias nucleares como Estados Unidos, China, Corea del Sur o varios países europeos. "Todos los países desarrollados están trabajando en reactores modulares, y Argentina estaba a la cabeza de ese proceso", sostuvo.

En relación con el RA-10, señaló que la obra se encontraba en una etapa muy avanzada, con gran parte de la infraestructura concluida y pendiente principalmente de trabajos electromecánicos y de puesta en marcha. Por eso consideró especialmente preocupante la decisión de detener su avance.

Consultado sobre las razones oficiales de la paralización, Gigante afirmó que no había encontrado explicaciones técnicas o económicas convincentes más allá del argumento de la falta de recursos presupuestarios. A su juicio, se trataba de proyectos con un enorme potencial para generar ingresos futuros mediante exportaciones de tecnología, servicios y productos de alto valor agregado.

El ingeniero también recordó que Argentina exportó reactores nucleares a países como Australia, Perú, Egipto y Países Bajos, y destacó que el reactor OPAL, vendido a Australia, continúa siendo uno de los mayores hitos tecnológicos de exportación de la historia argentina.

A más de dos años de aquella entrevista, las preocupaciones expresadas por Gigante continúan presentes en el debate sobre el futuro del sector nuclear argentino, una actividad considerada estratégica por su aporte a la producción energética, la investigación científica y el desarrollo tecnológico nacional.

domingo, 12 de abril de 2026

La otra escena del crimen adolescente: el mundo digital como territorio oculto

El crimen de San Cristóbal no solo sacudió a Santa Fe por su violencia, sino por lo que dejó al descubierto: un entramado digital donde adolescentes pueden ser captados, expuestos a contenidos extremos y, en algunos casos, empujados hacia la radicalización. La mirada del especialista en ciberseguridad Rodrigo Álvarez, en diálogo con Señales, aporta claves para entender cómo funcionan estos entornos, cómo se produce la captación y por qué la respuesta no puede ser solo la prohibición
La lupa se posa sobre un caso que sacudió a la provincia de Santa Fe y que, más allá de su crudeza, abre interrogantes mucho más profundos sobre el mundo digital, la violencia y la adolescencia. La investigación por el crimen ocurrido en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal —donde un adolescente de 15 años mató de un escopetazo a un compañero de 13 e hirió a otros estudiantes— continúa sumando derivaciones, tanto en el plano judicial como en el tecnológico.

En las últimas horas, la Fiscalía Regional Nº 5 de Rafaela imputó a un segundo adolescente, de 16 años, como partícipe secundario del ataque. Según la Justicia, existen elementos que indican que el joven sabía lo que iba a ocurrir. La imputación incluye homicidio agravado por el uso de arma de fuego y tentativa de homicidio en concurso real, y se dispuso su prisión preventiva por 90 días.

Sin embargo, el expediente judicial es apenas una parte de un entramado más amplio que comenzó a emerger con el avance de la investigación. El foco se desplaza ahora hacia un ecosistema digital complejo: comunidades internacionales en línea donde se analizan, se comentan y, en algunos casos, se glorifican hechos de violencia extrema. Entre ellas aparece la denominada "True Crime Community", un fenómeno que crece en visibilidad y que plantea nuevos desafíos.

En ese contexto, la mirada se dirige hacia especialistas capaces de interpretar estas dinámicas. Rodrigo Álvarez, con más de 20 años de trayectoria en fuerzas de seguridad y más de una década dedicado a la investigación de ciberdelitos, aporta una perspectiva clave. En 2021 fue responsable de la creación de la División Cibercrimen de la provincia de Santa Fe y estuvo al frente del Departamento de Cibercrimen Provincial. Su trabajo también se proyecta a nivel internacional, donde se desempeña como director de inteligencia estratégica en ciberterrorismo y amenazas híbridas digitales del CNT en México. Además, coordina la ONG argentina Cibersegura, desde donde impulsa acciones de prevención vinculadas al grooming, las ciberestafas y los riesgos digitales.

Desde hace tiempo, Álvarez viene advirtiendo sobre un fenómeno que crece en silencio pero de manera sostenida: la captación de jóvenes en redes sociales abiertas que luego migran hacia foros cerrados, espacios donde el contenido puede derivar en la normalización —e incluso en la glorificación— de la violencia.

En ese marco, su análisis se vuelve central para intentar comprender qué está ocurriendo, cuán extendido está este fenómeno y, sobre todo, qué herramientas existen para prevenirlo.

Del crimen real al consumo de violencia: el origen de la True Crime Community
Para entender el fenómeno, Rodrigo Álvarez sitúa primero el origen y la lógica de estas comunidades. Explica que la llamada True Crime Community —o TCC— es apenas una entre muchas otras agrupaciones digitales donde personas con intereses comunes se reúnen para investigar, debatir o intentar comprender determinados temas. En este caso, se trata de un espacio que nació en los años 90 con un objetivo claro: analizar crímenes reales.

Con el tiempo, ese interés inicial fue mutando. Dentro de la TCC comenzaron a surgir subcomunidades cada vez más específicas, algunas de ellas enfocadas no tanto en el análisis sino en la fascinación por la violencia en sí misma. Álvarez describe que, en estos grupos, aparece una suerte de atracción —incluso cercana a lo parafílico— por los aspectos más crudos de los hechos: lo sangriento, lo explícito y el contenido violento en su forma más extrema. En esos espacios, señala, no solo se consume ese material, sino que también se lo glorifica.

De un "like" a un foro cerrado: el circuito de captación digital
El límite entre la curiosidad legítima por el crimen real y la deriva hacia la radicalización no siempre es evidente. Sin embargo, el especialista advierte que hay patrones claros en la forma en que estas comunidades crecen y suman nuevos integrantes. La captación, explica, suele comenzar en plataformas masivas y abiertas como TikTok, Instagram o X. Allí, una interacción aparentemente inocente —un "me gusta", un comentario en un video de un accidente o en una noticia violenta— puede convertirse en la puerta de entrada.

A partir de esas señales, los miembros de estas comunidades identifican posibles interesados. El siguiente paso es establecer contacto directo. Según relata Álvarez, ese acercamiento funciona como un filtro progresivo: comienzan enviando imágenes o comentarios vinculados a la violencia para medir la reacción, para evaluar hasta dónde llega el interés o la tolerancia del usuario.

Plataformas neutrales, usos peligrosos: el rol de Discord, Reddit y otras redes
Cuando detectan receptividad, el proceso avanza hacia espacios más cerrados. Los usuarios son invitados a migrar a plataformas como Discord, Reddit o 4chan, donde existen foros o servidores con distintos niveles de privacidad. Incluso dentro de esos entornos, aclara, hay subespacios aún más restringidos dedicados exclusivamente a compartir y discutir contenido violento.

El mecanismo, insiste, no es improvisado. Se basa en comunicación constante y en técnicas de ingeniería social. Los administradores o participantes más activos investigan a los usuarios: rastrean qué publican, de dónde son, a qué escuela asisten, qué otros comentarios hicieron. Ese trabajo minucioso les permite construir perfiles y detectar vulnerabilidades.

En ese punto, la selección se vuelve más precisa. Álvarez advierte que el objetivo principal suelen ser adolescentes en situaciones de fragilidad: jóvenes enojados, frustrados, con dificultades para socializar o con sensación de no encajar. Esos perfiles, señala, representan un blanco más accesible para este tipo de captación, donde la pertenencia a una comunidad —aunque sea tóxica— puede funcionar como un imán poderoso.

Las platafornas no deben ser demonizadas
En ese entramado, Rodrigo Álvarez introduce un matiz clave: las plataformas en sí mismas no son el problema. Insiste en que no deben ser demonizadas, ya que fueron creadas con fines legítimos, orientadas a facilitar la comunicación, el aprendizaje o la construcción de comunidades. En ese sentido, menciona ejemplos concretos como Discord, Reddit, Telegram o TikTok, y subraya que todas pueden ser utilizadas de manera positiva o negativa según el usuario.

Para ilustrarlo, recurre a su propia experiencia: utiliza Discord como herramienta educativa, donde organiza materiales y mantiene contacto con alumnos en un entorno privado y ordenado. Esa misma lógica, advierte, es la que también pueden aprovechar estas comunidades, que encuentran en los servidores privados una estructura ideal para sostener intercambios más cerrados y difíciles de monitorear.

El problema, entonces, no reside en la tecnología sino en el uso que se hace de ella. Cada plataforma tiene sus particularidades, y en muchos casos esas características —como la posibilidad de crear espacios privados o semiprivados— terminan siendo funcionales a dinámicas de captación y radicalización.

Anonimato relativo: lo que se ve y lo que se puede rastrear
En ese contexto aparece otra dimensión sensible: el anonimato. Álvarez plantea que más que una invisibilidad total, lo que existe es una sensación de anonimato que varía según la plataforma. En espacios como Discord, explica, la mayoría de los usuarios no utiliza su nombre real. Se presentan con apodos asociados a intereses personales —videojuegos, deportes, personajes de ficción— y acompañan esos perfiles con imágenes genéricas, memes o ilustraciones. Esa construcción identitaria funciona como una primera barrera que dificulta la identificación.

Sin embargo, aclara que ese anonimato no es absoluto. Desde el punto de vista técnico, siempre quedan rastros. Para acceder a la identidad de un usuario, las fuerzas de seguridad deben realizar solicitudes formales a las empresas, que pueden aportar datos vinculados al registro: correos electrónicos, números de teléfono o direcciones IP. Es decir, información asociada al acceso, no necesariamente al contenido de las conversaciones.

Sobre este punto, Álvarez es enfático: el contenido de los mensajes —qué le dijo un usuario a otro— no suele ser compartido, salvo en situaciones excepcionales y bajo condiciones muy específicas. Lo habitual es que las plataformas colaboren únicamente con datos de conexión.

También introduce una diferencia importante con Telegram, que en los últimos años modificó parcialmente su política de colaboración tras la detención de uno de sus creadores en Francia. A partir de ese episodio, señala, se abrió una ventana mayor para que las autoridades puedan acceder a ciertos datos, aunque el margen sigue siendo limitado.

Aun así, el especialista advierte que existen herramientas y conocimientos que permiten a algunos usuarios reforzar su anonimato hasta niveles muy altos. Sin entrar en detalles —deliberadamente—, explica que muchos de estos actores investigan, experimentan y aprenden a camuflarse mejor dentro del ecosistema digital. Esa capacidad, sumada a las características propias de las plataformas, termina por complejizar el trabajo de identificación y seguimiento, y agrega una capa más de dificultad a las investigaciones.


Cuando la investigación por el caso de San Cristóbal empieza a hablar de "redes internacionales", la expresión puede sugerir una estructura organizada, casi conspirativa. Sin embargo, Rodrigo Álvarez baja esa idea a tierra y propone una lectura distinta: más que coordinación formal, lo que existe es un fenómeno de contagio de ideas entre comunidades digitales dispersas.

Explica que sería exagerado hablar de una organización criminal detrás de estas subculturas, que en algunos casos llevan más de dos o tres décadas de existencia. En particular, señala que los espacios que glorifican la violencia extrema —como las masacres escolares— tienen un punto de inflexión claro en la Masacre de Columbine. A partir de ese hecho, se consolidó una comunidad que no solo analiza estos ataques, sino que en ciertos casos los venera, generando con el tiempo nuevos espacios y sumando adeptos.

Comunidades sin jefes: contagio de ideas y radicalización adolescente
Lo que se produce, entonces, no es una cadena de mando sino una circulación de emociones y discursos. Personas con conflictos personales encuentran en estos entornos un lugar donde ese malestar no solo es comprendido, sino amplificado. Y, en algunos casos, otros usuarios terminan siendo convencidos de adoptar esa misma mirada. Álvarez traza un paralelo con la subcultura de los "incel" (celibato involuntario), donde también se observa un proceso de captación y radicalización basado en comunidades digitales, con discursos de odio que terminan moldeando la percepción del mundo de quienes participan.

Ese "contagio" puede tener consecuencias concretas. El especialista advierte que la exposición constante a estos contenidos y discursos puede influir en la psiquis de ciertos individuos, especialmente adolescentes, y empujarlos hacia conductas extremas. Para graficarlo, menciona incluso representaciones culturales actuales, como la serie Adolescencia, que refleja cómo estas dinámicas digitales impactan en los vínculos y en la construcción de identidad.

Señales de alerta: cuándo el consumo se vuelve un riesgo
En ese marco, la detección temprana se vuelve central. Álvarez insiste en que las señales de alerta no aparecen de forma aislada, sino como una acumulación de cambios. Entre ellas menciona el aislamiento repentino, la fascinación obsesiva por ataques escolares, el consumo reiterado de contenido violento o gore, y transformaciones bruscas en la conducta. También señala la aparición de lenguaje de odio constante, una irritabilidad generalizada o una visión extremadamente negativa del mundo.

A eso se suman otros indicadores que, combinados, pueden encender alarmas: cambios en los consumos culturales —como música o contenidos que glorifican la violencia—, la presencia de simbología extremista (como referencias nazis o de ultraderecha), el interés creciente por las armas, la crueldad hacia animales o incluso mensajes ambiguos que funcionan como despedidas encubiertas.

Muchas veces, advierte, estos signos son minimizados por el entorno adulto bajo la idea de que "es cosa de la edad". Y ahí introduce una diferencia clave: la rebeldía adolescente puede ser esperable, pero no lo es una expresión sistemática de odio, autodestrucción o fascinación por la violencia extrema.

Por eso, el rol de los adultos —familiares y docentes— resulta decisivo. Son quienes están en contacto cotidiano con los adolescentes y quienes pueden detectar más rápidamente estos cambios. En el ámbito escolar, de hecho, señala que hay antecedentes donde docentes lograron advertir señales a tiempo, activar equipos interdisciplinarios y hablar con los estudiantes para evitar desenlaces trágicos.

Esa dimensión preventiva, subraya, suele quedar invisibilizada. Cuando la intervención es eficaz, el hecho violento no ocurre, y por lo tanto no hay un caso que trascienda públicamente. Sin embargo, allí es donde radica uno de los mayores logros: actuar a tiempo para desactivar un proceso que podría haber terminado en tragedia.

Videojuegos en debate: entre la simplificación y la evidencia
En el debate público, cada vez que ocurre un hecho de violencia extrema protagonizado por adolescentes, los videojuegos suelen aparecer en el centro de la escena. Rodrigo Álvarez propone correrse de esa mirada simplista. Así como ocurre con las redes sociales, insiste en que no se puede demonizar una plataforma de entretenimiento por sí sola. Para explicarlo, recurre a una comparación histórica: títulos clásicos como Mortal Kombat o Tekken ya incluían violencia explícita décadas atrás, y sin embargo no generaban el mismo tipo de fenómenos.

La diferencia, sugiere, no está en el videojuego en sí, sino en el ecosistema que rodea hoy a los adolescentes. Juegos actuales como Call of Duty, Fortnite o Free Fire no son, por sí mismos, disparadores directos de conductas violentas en el mundo real. El punto clave está en otro lado: cuando un adolescente ya atraviesa un proceso de exposición o atracción hacia contenidos violentos, es más probable que elija este tipo de juegos porque dialogan con ese estado emocional o ese interés previo.

En ese sentido, los videojuegos pueden funcionar como un elemento más dentro de un entramado mayor. No originan el problema, pero pueden integrarse a una lógica donde la violencia empieza a naturalizarse o a ocupar un lugar central en la vida cotidiana del joven. Álvarez señala que, en algunos casos extremos, esa frontera entre lo virtual y lo real puede desdibujarse. Menciona antecedentes internacionales donde atacantes intentaron replicar dinámicas propias de los videojuegos en situaciones reales, trasladando mecánicas o imaginarios del entorno digital al mundo físico.

Pero rápidamente vuelve al eje principal: el foco no debe ponerse únicamente en los consumos culturales, sino en los procesos que atraviesan los adolescentes y en los contextos donde esos consumos adquieren sentido.

Estados en desventaja: los límites de la investigación y la prevención
Desde su experiencia, Álvarez plantea que este escenario no debería sorprender. La migración del delito hacia entornos digitales, explica, era previsible y, por lo tanto, exigía una preparación específica de las fuerzas de seguridad. En esa línea, recuerda el trabajo que encabezó en la provincia de Santa Fe para formar capacidades dentro de la policía, tanto en recursos humanos como tecnológicos, con el objetivo de investigar este tipo de delitos.

Sin embargo, traza un contraste contundente con el presente. Sostiene que hoy esas capacidades no se ven reflejadas en Santa Fe, ni en la estructura ni en los resultados, y que buena parte de lo construido en aquel momento se diluyó con el tiempo. Aclara que no se trata de una crítica dirigida a una gestión puntual, sino de un problema más amplio, pero advierte una tendencia que considera preocupante: la priorización de políticas visibles para la ciudadanía por sobre desarrollos más profundos, aunque menos perceptibles, como la preparación frente al delito digital.

Para el especialista, la falta de respuesta no se explica solo por la complejidad del fenómeno. Reconoce que se trata de un terreno difícil, pero insiste en que, cuando existe una decisión real, el propio recurso humano dentro de las instituciones puede capacitarse y adaptarse. "Nadie quiere no hacer nada ni sentirse inútil", sintetiza, al describir el compromiso que suele encontrar en quienes trabajan en estos ámbitos.

Cibercrimen: capacidades sin respaldo
En ese sentido, destaca también el perfil de quienes se dedican a la ciberinvestigación: profesionales atravesados por la curiosidad y la vocación, para quienes cada nuevo desafío representa una oportunidad de aportar soluciones. Pero ese impulso, advierte, no alcanza si no está acompañado por una estructura estatal que lo sostenga.

La conclusión es directa: hoy, sostiene, el Estado provincial de Santa Fe —y en muchos casos también el de otras provincias del país— no está preparado ni para investigar ni, mucho menos, para prevenir este tipo de delitos en entornos digitales. Y es precisamente allí donde, insiste, debería estar puesto el foco.

La raíz de esa dificultad es múltiple. Por un lado, el propio entorno digital ofrece ventajas a quienes delinquen, especialmente por las posibilidades de anonimato que reducen el riesgo de ser identificados. Por otro, existe una falta de inversión sostenida en capacitación y en la construcción de equipos especializados.

Álvarez marca una diferencia fundamental entre investigar y prevenir. La investigación llega cuando el daño ya ocurrió, cuando hay víctimas. La prevención, en cambio, implica anticiparse, detectar patrones, intervenir a tiempo. Y, según su experiencia, eso no solo es necesario sino posible.

Habla de la importancia de los estudios de campo, del trabajo con equipos interdisciplinarios y del compromiso de profesionales que entienden la dinámica digital. En ese terreno, asegura, hay una oportunidad concreta: la de actuar antes de que un proceso de captación, aislamiento y radicalización desemboque en una tragedia.

Prohibir no sirve: el desafío de educar en el mundo digital
En medio del impacto que generó el caso, el debate público empezó a desplazarse también hacia posibles respuestas. Durante la presentación de su informe en la Legislatura, la fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, advirtió sobre el aumento de la violencia entre adolescentes y planteó la necesidad de discutir el rol de las redes sociales, incluso deslizando la posibilidad de restringir su uso.

Rodrigo Álvarez se muestra tajante frente a esa idea. Desde su experiencia y su trabajo en el campo de la ciberseguridad, sostiene que la prohibición no es una solución efectiva. Lo explica con ejemplos cotidianos: las conductas adictivas no desaparecen por decreto, y las restricciones formales —como las leyes de tránsito vinculadas al consumo de alcohol— no eliminan por sí solas las conductas de riesgo. Con la tecnología, plantea, ocurre algo similar.

De hecho, menciona experiencias recientes a nivel internacional, como el caso de Australia, donde se avanzó en restricciones al acceso de adolescentes a redes sociales y dispositivos móviles. Los primeros resultados, señala, muestran límites claros: una gran proporción de jóvenes encontró formas de eludir los controles, ya sea mediante herramientas tecnológicas o mediante la falsificación de datos para crear perfiles. El efecto, lejos de resolver el problema, terminó desplazándolo.

Para Álvarez, el camino pasa por otro lado. Considera que el contexto actual —marcado tanto por el caso de San Cristóbal como por avances normativos en Santa Fe vinculados a la ciberseguridad— representa una oportunidad para encarar el problema de manera más profunda. La clave, insiste, está en la concientización y la alfabetización digital, no solo de adolescentes sino también de adultos.

En su mirada, existe una brecha evidente: muchos adultos aún mantienen una relación distante o temerosa con la tecnología, lo que dificulta el diálogo con los jóvenes. Esa desconexión, advierte, impide detectar a tiempo situaciones de riesgo. Por eso propone recuperar un espacio básico pero muchas veces ausente: el encuentro, la escucha, la conversación entre generaciones. Que el adulto pueda comprender el mundo digital en el que se mueven los adolescentes, y que a la vez pueda aportar criterios para identificar peligros.

VPN y evasión: por qué las restricciones técnicas tienen límites
En ese punto, el especialista introduce una dimensión técnica que ayuda a entender por qué las prohibiciones resultan insuficientes. Explica, por ejemplo, el funcionamiento de las VPN (redes privadas virtuales), herramientas que permiten ocultar o modificar la ubicación desde la cual un usuario se conecta a internet. En términos simples, una conexión tiene asociada una dirección IP —una especie de "identificador" público que indica desde dónde se accede—, pero mediante una VPN esa dirección puede "disfrazarse", simulando que el usuario se encuentra en otro país. Este tipo de recursos, disponibles incluso de forma gratuita, son utilizados con frecuencia para sortear bloqueos o restricciones geográficas.

Así, cualquier intento de limitar el acceso a plataformas sin un abordaje más integral corre el riesgo de quedar rápidamente obsoleto frente a las propias dinámicas de internet. La tecnología, sugiere Álvarez, siempre encuentra caminos alternativos.

La prevención invisible: lo que funciona antes de que ocurra la tragedia
Frente a ese escenario, vuelve a subrayar una idea central: la prevención es posible, pero requiere trabajo sostenido, formación y compromiso. Implica no solo desarrollar capacidades dentro del Estado, sino también fortalecer el rol de las familias, las escuelas y la comunidad en general.

Al cerrar la conversación, Álvarez deja abierta una puerta a ese mismo trabajo de concientización que promueve. Comparte su perfil de Instagram: @rodrigo.alvarez.ok y se muestra disponible para capacitaciones y charlas, con el objetivo de seguir ampliando una discusión que, como queda claro, excede largamente un caso puntual y se inscribe en los desafíos más complejos de la vida digital contemporánea.

Escuchá la entrevista completa:

lunes, 10 de febrero de 2025

Elon Musk presenta una oferta de 97.400 millones de dólares para controlar OpenAI

El multimillonario lidera a un grupo de inversores en la oferta no solicitada, lo que complica el plan de la start-up de recaudar más dinero
Elon Musk en la toma de posesión del presidente Trump en el Capitolio de Estados Unidos en Washington el mes pasado

Por: Mike Isaac Cade Metz y David A. Fahrenthold, reportaje desde San Francisco
Un grupo de inversores liderado por Elon Musk ha presentado una oferta de 97.400 millones de dólares para comprar los activos de la organización sin fines de lucro que controla OpenAI, según dos personas familiarizadas con la oferta, lo que intensifica una lucha profundamente personal de años por el futuro de la inteligencia artificial entre Musk y el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman.

El consorcio incluye a Vy Capital y Xai, la empresa de inteligencia artificial de Musk, así como al poderoso corredor de bolsa de Hollywood Ari Emanuel y otros inversores, dijeron las personas, que hablaron bajo condición de anonimato porque las discusiones están en curso.

El Wall Street Journal informó anteriormente sobre la oferta.

La oferta por OpenAI es el último y quizás más audaz ataque de Musk a una organización que ayudó a crear hace casi 10 años. Se enfrenta a grandes dificultades: la junta directiva de OpenAI está estrechamente aliada con Altman, y el director ejecutivo rápidamente se burló de la oferta de Musk.

"No, gracias, pero compraremos Twitter por 9.740 millones de dólares si quieres", dijo Altman en X, refiriéndose al antiguo nombre de la plataforma de redes sociales de Musk.

"Estafador", respondió Musk.

OpenAI aún no ha visto la oferta, según una persona familiarizada con la posible respuesta de OpenAI. La oferta no solicitada de Musk podría complicar el intento de OpenAI de completar un acuerdo de recaudación de fondos de 40.000 millones de dólares que casi duplicaría la valoración de la empresa de alto perfil con respecto a hace solo cuatro meses.

La nueva ronda de recaudación de fondos, liderada por el conglomerado japonés SoftBank, valora a OpenAI en 300.000 millones de dólares, según tres personas con conocimiento del acuerdo que hablaron bajo condición de anonimato. El acuerdo convertiría a OpenAI en una de las empresas privadas más valiosas del mundo, junto con la empresa de cohetes de Musk, SpaceX, y ByteDance, el fabricante de TikTok.

SoftBank invertiría hasta 40.000 millones de dólares en OpenAI, y otros inversores aportarían aproximadamente una cuarta parte de los fondos totales, dijeron las personas. (The New York Times ha demandado a OpenAI y a su socio, Microsoft, alegando la infracción de los derechos de autor de contenidos noticiosos relacionados con sistemas de IA. Las dos empresas han negado las acusaciones de la demanda).

La oferta de Musk podría frenar una transición de la empresa en la que Altman y otros ejecutivos de OpenAI han estado trabajando durante más de un año.

Musk, Altman y varios otros empresarios e investigadores fundaron OpenAI como una organización sin fines de lucro a fines de 2015, diciendo que querían compartir libremente sus tecnologías con el mundo. Cuando Musk dejó la organización tres años después tras una batalla por el control, Altman vinculó OpenAI a una empresa con fines de lucro, para poder recaudar las enormes cantidades de dinero necesarias para desarrollar tecnologías de IA.

Pero la junta directiva de la organización sin fines de lucro, en un acuerdo inusual, continuó controlando OpenAI. A fines de 2023, la junta directiva despidió repentinamente a Altman, diciendo que ya no confiaban en él para construir IA en beneficio de la humanidad, uno de los principios originales de la organización sin fines de lucro. Pero la destitución sólo duró cinco días.

Después de su regreso, Altman y sus colegas comenzaron a explorar formas de cortar el control de la empresa por parte de la organización sin fines de lucro. También comenzó a llenar la junta directiva de OpenAI con sus aliados, ofreciendo un baluarte contra otros esfuerzos para arrebatarle el control.
OpenAI, con sede en San Francisco, pronto podría convertirse en una de las empresas privadas más valiosas del mundo 

La estructura de OpenAI es notablemente compleja, y la oferta de Musk demuestra que entiende sus puntos débiles. Para separarse de la junta directiva de la organización sin fines de lucro, Altman y sus colegas deben compensarla: OpenAI podría pagarle a la organización sin fines de lucro una tarifa única, por ejemplo, o darle una participación minoritaria en la empresa.

Si bien OpenAI tiene más de 2000 empleados, la organización sin fines de lucro que la controla tiene solo dos empleados y 22 millones de dólares en efectivo y otros activos. La razón por la que Musk y sus inversores pagarían miles de millones por ella es que tiene el control legal sobre OpenAI, que está siendo valorada en 300 mil millones de dólares en su última ronda.

Pero los activos de la organización sin fines de lucro no han recibido un valor, y eso es lo que Musk está tratando de establecer con su nueva oferta. Su oferta podría significar que la rama con fines de lucro de OpenAI tendría que gastar más para ganar independencia de la organización sin fines de lucro.

“Si Sam Altman y la actual junta directiva de OpenAI, Inc. tienen la intención de convertirse en una corporación completamente con fines de lucro, es vital que la organización benéfica sea compensada de manera justa por lo que su liderazgo le está quitando: el control sobre la tecnología más transformadora de nuestro tiempo”, dijo Marc Toberoff, un abogado de Los Ángeles que presentó una demanda contra OpenAI en nombre de Musk el año pasado, en una declaración a The New York Times.

El consejo de la organización sin fines de lucro de OpenAI tiene el deber de vender sus activos a un valor justo de mercado, dijo Ellen P. Aprill, una académica de alto nivel que estudia derecho de organizaciones sin fines de lucro en la UCLA, que ha escrito extensamente sobre OpenAI. La oferta de Musk ahora parece establecer ese valor muy alto, dijo. Si la organización sin fines de lucro aceptara un precio más bajo de la rama con fines de lucro de OpenAI, podría tener que explicar a los reguladores estatales de caridad por qué rechazó una oferta más alta.

"Es una enorme complicación para el plan actual", agregó.

La propuesta de trasladar los activos de OpenAI de la organización sin fines de lucro a la rama con fines de lucro ya está bajo escrutinio de los reguladores estatales de caridad en Delaware, donde está incorporada OpenAI, y en California, donde la empresa tiene su sede.

Musk, ahora uno de los asesores más cercanos del presidente Trump, creó su propia empresa de inteligencia artificial en 2023 para competir directamente con OpenAI. Mientras que esa empresa, Xai, ha estado tratando de ponerse al día lentamente con una serie de empresas de inteligencia artificial, la empresa ha estado trabajando para mejorar su posición en el mercado. En Washington, Altman ha sido capaz de superar en maniobras a Musk en el campo de las start-ups y los gigantes tecnológicos.
El presidente Trump dio su apoyo a un proyecto de inteligencia artificial de 100.000 millones de dólares dirigido por Altman, junto con Masayoshi Son de SoftBank y Larry Ellison, el cofundador de la empresa de software Oracle. 

El día después de la toma de posesión de Trump, respaldó un plan de OpenAI, el conglomerado japonés SoftBank y la empresa de software Oracle para gastar 100.000 millones de dólares en nuevos centros de datos. Trump describió el esfuerzo como el "proyecto de infraestructura de inteligencia artificial más grande de la historia".

El lunes, cuando se envió la carta de oferta de Musk, Altman estaba en una conferencia de inteligencia artificial en París a la que asistieron otros líderes tecnológicos y políticos, entre ellos Emmanuel Macron, el presidente francés, y el vicepresidente JD Vance.
Mike Isaac es un corresponsal de tecnología de The Times con sede en San Francisco. Cubre regularmente Facebook y Silicon Valley. 

Cade Metz escribe sobre inteligencia artificial, autos sin conductor, robótica, realidad virtual y otras áreas emergentes de la tecnología. 

David A. Fahrenthold es un periodista de investigación que escribe sobre organizaciones sin fines de lucro. Ha sido periodista durante dos décadas. 
Fotos: Kenny Holston, Jim Wilson y Haiyun Jiang - The New York Times
Fuente: The New York Times

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