En ese escenario se inscribe el caso de Mariano Saleh, trabajador de Atucha II desde hace más de catorce años y delegado sindical desde hace más de una década. Su trayectoria profesional se desarrolló en el área de Química y Procesos, dentro del laboratorio químico de la central. Sin embargo, en las últimas semanas su nombre quedó asociado a un conflicto que, según sostiene, excede su situación personal y expone una disputa de fondo sobre el futuro de la actividad nuclear estatal.
Saleh relata que el episodio que desencadenó el conflicto ocurrió el viernes 12, cuando intentó ingresar a la planta y el sistema de acceso le impidió entrar. En ese momento, afirma, fue notificado por el jefe de Recursos Humanos de que sobre él pesaba una medida cautelar. Según le informaron, el directorio había resuelto avanzar con su despido a partir de un sumario interno y promover un juicio de desafuero que tramita en los tribunales de Campana.
De acuerdo con la documentación que menciona, la cautelar argumenta la necesidad de resguardar la seguridad radiológica de la instalación. Sin embargo, Saleh rechaza esa fundamentación y asegura que nunca existió ninguna conducta de su parte que pusiera en riesgo la seguridad nuclear. "Nunca estuvo en cuestión ni mi profesionalismo ni la seguridad radiológica", sostiene. Por el contrario, interpreta la medida como una represalia vinculada a su actividad gremial y a sus denuncias públicas sobre lo que considera un proceso de desmantelamiento del sector.
Para el trabajador, el conflicto no puede separarse de las discusiones que atraviesan actualmente a Nucleoeléctrica. Según su mirada, existe una orientación destinada a avanzar hacia la privatización de la empresa, algo que considera inviable y perjudicial para el interés público. Argumenta que se trata de una compañía difícil de valorar económicamente debido a que administra tres centrales nucleares únicas en el país y sostiene que una eventual apertura al capital privado permitiría que los nuevos accionistas se apropien principalmente de las ganancias derivadas de la generación eléctrica, mientras el Estado asumiría los costos históricos de inversión y desarrollo.
Saleh también vincula este escenario con las transformaciones impulsadas a partir de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley 27.742) que impulsó el gobierno de Javier Milei. En ese marco, cuestiona duramente el proceso político que permitió su aprobación y considera que allí se encuentra el origen de muchas de las iniciativas que hoy afectan al sector nuclear.
Junto con las críticas al rumbo de la empresa, señala un deterioro sostenido de las condiciones laborales. Afirma que los salarios de los trabajadores nucleares sufrieron una pérdida superior al 60 por ciento de su poder adquisitivo y que los reclamos realizados ante la gerencia y los sucesivos directorios no obtuvieron respuesta. Según explica, durante los últimos años pasaron cinco directorios distintos por la conducción de la empresa sin que se resolvieran los reclamos planteados por los trabajadores.
Respecto de las razones esgrimidas para justificar su despido, sostiene que el expediente disciplinario se basa en publicaciones realizadas desde su cuenta personal de la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Considera que el sumario está "completamente amañado" y remarca que ninguna de sus expresiones cuestionó su desempeño profesional ni implicó conductas incompatibles con la responsabilidad que exige el trabajo en una central nuclear. Según explica, sus publicaciones estuvieron dirigidas a denunciar públicamente decisiones que, a su entender, afectan al sector.
Desde su perspectiva, el objetivo de la medida es aislarlo de sus compañeros y debilitar la organización sindical dentro de la empresa. Saleh interpreta que se busca enviar un mensaje disciplinador al conjunto de los trabajadores: demostrar que quienes cuestionen las políticas oficiales o levanten la voz en defensa de sus derechos pueden sufrir consecuencias laborales. "Lo que quieren es acallar las voces", afirma. Aun así, asegura que continuará reclamando judicial y sindicalmente su reincorporación.
El dirigente gremial también advierte sobre las consecuencias que, según él, tendría una eventual privatización de Nucleoeléctrica. Considera que la lógica empresarial privada tiende a reducir costos en áreas sensibles como la capacitación, el mantenimiento, la seguridad y las condiciones laborales. En una actividad de alta complejidad tecnológica y con riesgos específicos, sostiene que cualquier retroceso en esos aspectos podría afectar tanto a los trabajadores como al ambiente.
Para fundamentar su preocupación, menciona los riesgos inherentes a la actividad nuclear: exposición a radiación, manipulación de sustancias químicas, trabajo con grandes cargas eléctricas, tareas de izaje y labores en altura. A su juicio, la reducción de inversiones en seguridad y capacitación podría incrementar la vulnerabilidad frente a esos riesgos.
Además, afirma que ya existen señales de deterioro. Según sus datos, más de 300 trabajadores dejaron la empresa en los últimos tiempos y parte de esas tareas comenzaron a ser cubiertas por personal contratado bajo condiciones laborales menos favorables, con salarios inferiores y menor capacidad de organización sindical. Para Saleh, ese proceso anticipa el modelo laboral que se intenta consolidar en el conjunto de la actividad.
Uno de los ejemplos más claros del vaciamiento que denuncia es la situación del proyecto CAREM, el reactor modular desarrollado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y considerado uno de los emprendimientos tecnológicos más importantes del país. Saleh explica que numerosos ingenieros, técnicos y profesionales trabajaban en ese proyecto a través de la participación de Nucleoeléctrica en su construcción.
Según relata, durante 2024 esos profesionales atravesaron una fuerte pérdida salarial y muchos percibían remuneraciones que consideraba insuficientes para su nivel de especialización. En ese contexto, denuncia la creación de una empresa llamada Mainer Energy, que habría incorporado trabajadores formados en organismos públicos como la CNEA y NASA. A su entender, ese proceso significó una transferencia de conocimientos estratégicos construidos con inversión estatal hacia el sector privado, sin que este hubiera realizado esfuerzos equivalentes en materia de formación o desarrollo tecnológico.
Sin embargo, advierte que recientes declaraciones de funcionarios nacionales anticipan la privatización del negocio de los radiofármacos, precisamente el componente económico que permitiría financiar otras actividades científicas y tecnológicas vinculadas al reactor. Desde su punto de vista, avanzar sobre esa área implicaría transferir al sector privado la parte más rentable del proyecto, comprometiendo la sustentabilidad de las restantes líneas de investigación.
A pesar de la situación que enfrenta, Saleh asegura que continuará disputando su reincorporación. Considera que el conflicto no se limita a un problema individual sino que forma parte de una ofensiva más amplia contra los trabajadores del sector nuclear. Recuerda el esfuerzo realizado durante años para operar, reparar y mantener en funcionamiento las centrales nucleares argentinas, muchas veces con jornadas extensas y condiciones exigentes.
Por eso interpreta su caso como un intento de disciplinamiento político y sindical. "No vamos a permitir que me quieran despedir por mi expresión y por mi libertad de expresión", sostiene. También cuestiona lo que considera una contradicción entre el discurso oficial en defensa de la libertad y las medidas adoptadas contra trabajadores que expresan posiciones críticas.
Mientras el conflicto avanza en los tribunales y dentro de la empresa, Saleh afirma haber recibido numerosas muestras de solidaridad de compañeros de trabajo, organizaciones sindicales y distintos sectores de la sociedad. Con ese respaldo, asegura que continuará la pelea "hasta el final", convencido de que lo que está en juego trasciende su situación personal y se vincula con el futuro de una actividad que considera estratégica para el desarrollo científico, tecnológico y energético de la Argentina.
Frente al intento de despido de Mariano Saleh, trabajadores, organizaciones sindicales, sociales y políticas impulsan una campaña de solidaridad y repudio. A través de un petitorio público, denuncian que la medida constituye un acto de persecución gremial, política y antisindical contra un delegado que participó activamente de la defensa de los puestos de trabajo y del desarrollo nuclear nacional. Entre los reclamos, exigen la inmediata restitución de Saleh en su puesto de trabajo, el cese del juicio de desafuero en su contra y la nulidad del sumario administrativo que dio origen a la sanción.
Escuchá la entrevista completa:
El freno al CAREM y al RA-10: una decisión que golpea al desarrollo nuclear argentino
El 4 de abril de 2024, en diálogo con Señales, el ingeniero nuclear Eduardo Gigante advirtió sobre las consecuencias que tendría la decisión de paralizar las obras de dos de los proyectos más importantes del sector nuclear argentino: el reactor multipropósito RA-10 y la Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM), cuya construcción se vio afectada por el despido de un centenar de trabajadores.
Para Gigante, la medida representaba una muy mala noticia para el país. Recordó que Argentina acumula más de 70 años de trayectoria en el desarrollo nuclear y que tanto el CAREM como el RA-10 son el resultado de décadas de inversión pública, investigación científica y formación de recursos humanos especializados.
Durante la entrevista destacó que la Comisión Nacional de Energía Atómica y el sector nuclear argentino construyeron y operaron 19 reactores a lo largo de su historia, de los cuales siete fueron exportados a distintos países. Esa experiencia, señaló, convirtió a la Argentina en una referencia internacional en materia de tecnología nuclear.
El especialista explicó que ambos proyectos tienen objetivos diferentes. El CAREM fue concebido como un reactor de potencia destinado a la generación de energía eléctrica, mientras que el RA-10 pertenece a la categoría de reactores multipropósito, orientados a la investigación científica y la producción de radioisótopos medicinales.
Sobre este último, remarcó su importancia para la fabricación de insumos utilizados en diagnósticos por imágenes y tratamientos oncológicos. Entre ellos mencionó al Lutecio-177, un radioisótopo de creciente utilización en terapias contra el cáncer de próstata. Además, destacó que el reactor permitiría incrementar significativamente la producción nacional de radiofármacos y ampliar las posibilidades de exportación hacia otros países de la región.
Respecto del CAREM, Gigante lo definió como uno de los desarrollos más innovadores del sector nuclear mundial. Se trata de un reactor modular de pequeña potencia, diseñado íntegramente en Argentina, pensado para abastecer de energía a localidades aisladas, complejos industriales o proyectos mineros ubicados en zonas alejadas de los grandes sistemas eléctricos.
Según explicó entonces, el CAREM se encontraba entre los proyectos más avanzados del mundo en su tipo, por delante incluso de desarrollos impulsados por potencias nucleares como Estados Unidos, China, Corea del Sur o varios países europeos. "Todos los países desarrollados están trabajando en reactores modulares, y Argentina estaba a la cabeza de ese proceso", sostuvo.
En relación con el RA-10, señaló que la obra se encontraba en una etapa muy avanzada, con gran parte de la infraestructura concluida y pendiente principalmente de trabajos electromecánicos y de puesta en marcha. Por eso consideró especialmente preocupante la decisión de detener su avance.
Consultado sobre las razones oficiales de la paralización, Gigante afirmó que no había encontrado explicaciones técnicas o económicas convincentes más allá del argumento de la falta de recursos presupuestarios. A su juicio, se trataba de proyectos con un enorme potencial para generar ingresos futuros mediante exportaciones de tecnología, servicios y productos de alto valor agregado.
El ingeniero también recordó que Argentina exportó reactores nucleares a países como Australia, Perú, Egipto y Países Bajos, y destacó que el reactor OPAL, vendido a Australia, continúa siendo uno de los mayores hitos tecnológicos de exportación de la historia argentina.
A más de dos años de aquella entrevista, las preocupaciones expresadas por Gigante continúan presentes en el debate sobre el futuro del sector nuclear argentino, una actividad considerada estratégica por su aporte a la producción energética, la investigación científica y el desarrollo tecnológico nacional.
Para Gigante, la medida representaba una muy mala noticia para el país. Recordó que Argentina acumula más de 70 años de trayectoria en el desarrollo nuclear y que tanto el CAREM como el RA-10 son el resultado de décadas de inversión pública, investigación científica y formación de recursos humanos especializados.
Durante la entrevista destacó que la Comisión Nacional de Energía Atómica y el sector nuclear argentino construyeron y operaron 19 reactores a lo largo de su historia, de los cuales siete fueron exportados a distintos países. Esa experiencia, señaló, convirtió a la Argentina en una referencia internacional en materia de tecnología nuclear.
El especialista explicó que ambos proyectos tienen objetivos diferentes. El CAREM fue concebido como un reactor de potencia destinado a la generación de energía eléctrica, mientras que el RA-10 pertenece a la categoría de reactores multipropósito, orientados a la investigación científica y la producción de radioisótopos medicinales.
Sobre este último, remarcó su importancia para la fabricación de insumos utilizados en diagnósticos por imágenes y tratamientos oncológicos. Entre ellos mencionó al Lutecio-177, un radioisótopo de creciente utilización en terapias contra el cáncer de próstata. Además, destacó que el reactor permitiría incrementar significativamente la producción nacional de radiofármacos y ampliar las posibilidades de exportación hacia otros países de la región.
Respecto del CAREM, Gigante lo definió como uno de los desarrollos más innovadores del sector nuclear mundial. Se trata de un reactor modular de pequeña potencia, diseñado íntegramente en Argentina, pensado para abastecer de energía a localidades aisladas, complejos industriales o proyectos mineros ubicados en zonas alejadas de los grandes sistemas eléctricos.
Según explicó entonces, el CAREM se encontraba entre los proyectos más avanzados del mundo en su tipo, por delante incluso de desarrollos impulsados por potencias nucleares como Estados Unidos, China, Corea del Sur o varios países europeos. "Todos los países desarrollados están trabajando en reactores modulares, y Argentina estaba a la cabeza de ese proceso", sostuvo.
En relación con el RA-10, señaló que la obra se encontraba en una etapa muy avanzada, con gran parte de la infraestructura concluida y pendiente principalmente de trabajos electromecánicos y de puesta en marcha. Por eso consideró especialmente preocupante la decisión de detener su avance.
Consultado sobre las razones oficiales de la paralización, Gigante afirmó que no había encontrado explicaciones técnicas o económicas convincentes más allá del argumento de la falta de recursos presupuestarios. A su juicio, se trataba de proyectos con un enorme potencial para generar ingresos futuros mediante exportaciones de tecnología, servicios y productos de alto valor agregado.
El ingeniero también recordó que Argentina exportó reactores nucleares a países como Australia, Perú, Egipto y Países Bajos, y destacó que el reactor OPAL, vendido a Australia, continúa siendo uno de los mayores hitos tecnológicos de exportación de la historia argentina.
A más de dos años de aquella entrevista, las preocupaciones expresadas por Gigante continúan presentes en el debate sobre el futuro del sector nuclear argentino, una actividad considerada estratégica por su aporte a la producción energética, la investigación científica y el desarrollo tecnológico nacional.
