domingo, 29 de mayo de 2005

Por una política de medios inclusiva y no exclusiva

La sanción del Decreto 527/05 se convierte en una donación inaceptable a los propietarios de medios que se ven beneficiados por una medida que suspende los plazos que fijaba la ley de la dictadura y le otorga otros diez años de uso de esa licencia, para algunos medios esto redunda en una extensión de hasta 35 años. Esto significa que en los años por venir nadie podrá acceder a una licencia de Radio o TV, con esto se restringe la diversidad y la pluralidad. Todo queda en pocas manos... o mejor decir en las de siempre.

El pasado año junto a otras organizaciones suscribimos: "Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación".

Luego el Secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, reconocía en una reunión con representantes de organizaciones vinculadas a la comunicación y los derechos humanos, que la sanción de una nueva ley de Radiodifusión es "una deuda pendiente de este gobierno" y admitía que "no era un tema prioritario" en la agenda actual del Ejecutivo.

Si uno busca declaraciones del Presidente Nestor Kirchner acerca de los medios de comunicación solo encontrará alguna crítica dirigida a algún periodista o diario en particular.

Kirchner se preocupo por dejar en sus funcionarios sus pensamientos ante las acciones de las empresas o empresarios: Julio Bárbaro, interventor del ComFeR, sosteniendo que Raúl Moneta es un amigo... También podemos encontrar críticas a Telefónica, en un primer momento; al Grupo Mexicano C&E por la cantidad de radios que posee y alguna que otra puntual acotación ante una nota que el gobierno consideraba adversa.

En ese marco Enrique Albistur, Secretario de Medios, se encarga de distribuir unos 30 millones de pesos mensuales para colaborar con estos medios "para que no se caigan".

En estos dos años de gestión no debe extrañar la política de medios que despliega Kirchner, sus funcionarios de segunda línea escuchan los reclamos de los medios de propiedad social, pero por otro lado asegura que todo quede en manos de los grandes monopolios informativos.

Lo ocurrido el pasado 20 de mayo fue muy bien recibido por el sector empresarial beneficiado que se mostró feliz por la iniciativa. Así se destacan las declaraciones del señor Alberto Gollán titular de Televisión Litoral S.A. quien expresó estar "exultante", con esto suma una cantidad de años más a los 40 que cumplirá el 20 de junio su canal. Nunca nadie analizó si es necesario sumar una década más a un canal que de por vida fue una mera repetidora de Canal 13, con la sola inclusión de un programa de variedades diario y alguna que otra pequeña producción externa.

Por su parte, Daniel Vila y José Luis Manzano también festejan, es en esta ciudad donde el Multimedio Uno se hace fuerte con dos radios AM otras tantas FM´s y el Diario La Capital.

El presidente declaró que esta es "una oportunidad de diseñar estratégicamente el marco que le quieren dar a la inversión del medio" y que "queremos empresarios nacionales, en todas las áreas y queremos que los medios estén en manos de empresarios nacionales", pero en ningún momento observó como se entregaron esas licencias, el origen del dinero obtenido para las inversiones, quienes están detrás de esos medios y si, sobre ellos había algún reclamo judicial que les impida ser poseedores de esa licencia.

A los empresarios les otorga un doble beneficio los invita a invertir en televisión de alta definición y les asegura una licencia para transmitir de manera digital y continuar la misma por vía analógica, un caso similar se da con el caso de las nuevas tecnologías de transmisión de frecuencias de radio.

Las emisoras que nos registramos en el año ´89, según lo dispuesto por Ley N° 23.696/89 art. 65 y decreto N° 1357/89, y recibimos a cambio un Permiso Precario y Provisorio, se nos prometió el acceso perentorio a una Licencia de Radiodifusión. Hoy a 16 años esto no ocurrió.

Mientras tanto las organizaciones de la sociedad civil observamos como en 22 años de democracia en el país se modificaron leyes que permitieron "vender" petróleo, teléfonos, gas, aguas, etc. y medios de comunicación pero nunca estuvo la voluntad política de derogar una ley de la dictadura y sancionar una ley de telecomunicaciones de la democracia que contemple la propiedad de medios para que la sociedad civil pueda acceder a cumplir con un derecho inalienable: el de la comunicación y sus medios.

Aire Libre, Radio Comunitaria

Integrante del CECoP - Centro de Educación, Comunicación y Biblioteca Popular
Rosario - Santa Fe – Argentina

sábado, 7 de mayo de 2005

El puerto, los empresarios catalanes y la disputa por el poder en Rosario

En Rosario, el poder económico no se disputaba solamente en los medios. A comienzos de los años 2000, una de las peleas más ásperas se libraba alrededor de un negocio estratégico: la Terminal Puerto Rosario.

La concesión había puesto en la misma mesa a empresarios argentinos, inversores uruguayos y compañías vinculadas con Tarragona, en Cataluña. Pero el equilibrio original duró poco. Una ampliación de capital terminó modificando la relación de fuerzas dentro de la sociedad y, según denunciaron posteriormente los empresarios españoles ante la Justicia rosarina, los dejó desplazados de la mayoría accionaria.

En el centro de esa transformación aparecía Guillermo Salazar Boero, presidente de Terminal Puerto Rosario (TPR), junto con empresarios argentinos como Gustavo Shanahan y, según las publicaciones de aquellos años, el ex funcionario menemista José Luis Manzano.

La disputa excedía así a una concesión portuaria. También ponía en juego las relaciones entre empresarios de ambos lados del Atlántico, los vínculos políticos construidos alrededor del puerto y, en definitiva, quién tendría capacidad para decidir sobre uno de los principales activos estratégicos de Rosario.
Una sociedad con sello catalán
En octubre de 2002, el consorcio que integraban Cementos Goliat, Tarragona Port Services, Silos Tarragona y Fruport, junto con la uruguaya Losster Company y la argentina Propuerto, ganó el concurso convocado por Enapro para explotar la Terminal Puerto Rosario.

La operación había contado con el respaldo de la Autoridad Portuaria de Tarragona (APT), entonces presidida por Lluís Badia, dirigente de Convergència i Unió y posteriormente senador.

El proyecto tenía una expectativa concreta: utilizar la conexión entre Rosario y Tarragona para generar nuevos tráficos comerciales. Sin embargo, tres años después, las mercancías esperadas todavía no habían llegado al puerto catalán.

Mientras tanto, en Cataluña había cambiado el escenario político. Badia dejó la presidencia de la APT y fue reemplazado por el socialista Josep Anton Burgasé. Poco después, comenzaron a modificarse también las relaciones de poder dentro de la empresa que explotaba el puerto rosarino.

Los empresarios tarraconenses denunciaron que habían sido desplazados mediante una ampliación de capital impulsada por Salazar. El conflicto llegó a los tribunales de Rosario, donde se presentaron cinco denuncias.

Burgasé manifestó públicamente la preocupación de la autoridad portuaria catalana y defendió a los empresarios de Tarragona que habían invertido en Argentina. Badia, por su parte, negó tener relaciones empresariales con los integrantes del consorcio y sostuvo que el proyecto debía evaluarse a más largo plazo.

Pero la historia societaria tenía más nombres.
La nueva relación de fuerzas

Según la información publicada en 2005 por Rosario Express, después de la ampliación de capital la composición accionaria de TPR había quedado distribuida de la siguiente manera:
20%: José Luis Manzano.
15%: Guillermo Salazar Boero.
15%: Carlos Espínola.
10%: Gustavo Shanahan.
40%: Interlógica Portuaria, de Cataluña.
La lectura que hacía entonces el semanario era que los accionistas argentinos reunían el 60% y, por lo tanto, habían pasado a controlar la sociedad.

La cuestión era especialmente sensible porque Salazar Boero aparecía vinculado, según aquellas publicaciones, con Lluís Badia, mientras que Gustavo Shanahan figuraba como uno de los empresarios que articulaban negocios entre Rosario y Barcelona.

La prensa de Tarragona fue todavía más dura. El Diario de Tarragona calificó la maniobra como una presunta "estafa" y sostuvo que las empresas catalanas habían quedado fuera del control de la terminal después de la ampliación de capital.

Las empresas españolas rechazaban, de ese modo, haber perdido voluntariamente su posición. Su interpretación era que habían invertido en la concesión y luego habían sido desplazadas de la sociedad.

No era una discusión menor. La pelea ponía frente a frente a empresarios españoles que habían llegado a Rosario respaldados por una autoridad portuaria europea y un grupo de empresarios argentinos que, en pocos años, había ganado posiciones dentro de la concesionaria.
 
El vínculo catalán
La trama tenía además una dimensión política y empresarial catalana que llamó la atención de la prensa.

Las publicaciones de la época mencionaban a Lluís Badia como uno de los principales impulsores de la relación entre Tarragona y Rosario. También aparecían referencias al entorno de Jordi Pujol, histórico presidente de la Generalitat de Catalunya.

En paralelo, El Diario de Tarragona señalaba que Jordi Pujol Ferrusola había comenzado a invertir en Rosario en la sociedad TPR a principios de los años 2000.

La inauguración de las obras de ampliación y mejora del puerto había contado incluso con la presencia de Artur Mas, entonces integrante del gobierno catalán, además de empresarios del sector.

Al frente de TPR figuraba como gerente Gustavo Pedro Shanahan. Según aquella información, Shanahan y empresarios vinculados con Barcelona controlaban buena parte del capital a través de distintas sociedades, entre ellas Pro Puerto SA, Inter Rosario Port Services SA e Interlogística Portuaria SA.

El proyecto portuario, por lo tanto, había dejado de ser solamente una concesión local. Se había convertido en un punto de encuentro entre empresarios rosarinos, capitales argentinos, inversores catalanes y dirigentes políticos de ambos lados del Atlántico. Y también en un campo de batalla.
El puerto y el casino

En 2005, la discusión portuaria se cruzó con otro negocio que despertaba enorme expectativa en Rosario: el casino.

La provincia llevaba años demorando la licitación de las salas de juego previstas para Rosario, Melincué y Santa Fe. El tema había sido aprobado por la Legislatura, pero la venta de los pliegos se postergaba una y otra vez.

El diario La Capital reclamaba insistentemente que el proceso avanzara. Pero otros medios rosarinos comenzaron a mirar el asunto desde otro ángulo.

Rosario Express publicó una investigación de Aldo Marinozzi que advertía sobre la posibilidad de que detrás de la licitación aparecieran grupos empresariales que ya tenían intereses en la ciudad.

Entre los nombres mencionados figuraban Casino Magic, Casino Club, la española Codere y un importante grupo alemán. Pero había otra posibilidad.

Marinozzi señalaba que la sociedad que participara de la licitación podía vincularse con Casinos de Catalunya, perteneciente al Grupo Peralada. La hipótesis adquiría interés porque, según el mismo artículo, los empresarios que habían quedado al frente de la Terminal Puerto Rosario tenían relaciones con empresarios catalanes.

El casino aparecía entonces como algo más que un negocio de juego. Podía ser una nueva pieza dentro de una red de inversiones y alianzas que ya tenía un capítulo abierto en el puerto.

De allí surgía la pregunta que planteaba Rosario Express: ¿hasta dónde llegaría la expansión empresarial asociada a Manzano y sus socios?
"Lo que está en juego es el perfil de una ciudad"
La revista planteaba la cuestión en términos mucho más amplios que la licitación del casino.

La preocupación era que la concentración económica pudiera trasladarse de un negocio a otro: medios, puerto, juego, servicios públicos, inversiones inmobiliarias.

La pregunta no era solamente quién ganaría una licitación.

Era quién tendría capacidad para sentarse a la mesa cada vez que apareciera un negocio importante en Rosario.

En ese contexto, el Grupo Uno —controlado por Daniel Vila y José Luis Manzano— ocupaba una posición particularmente poderosa. Desde 1997, con la adquisición de la mayoría accionaria de La Capital, se había convertido en el principal grupo de medios de Santa Fe.

Pero su influencia ya no se discutía solamente en términos periodísticos.
 
La otra batalla: los medios
Fue justamente esa expansión del poder económico la que empezó a aparecer en publicaciones que no pertenecían al Grupo Uno.

Rosario Express, Notiexpress y El Eslabón comenzaron a publicar investigaciones y críticas que rara vez encontraban espacio en La Capital.

Los tres medios tenían perfiles diferentes y tampoco constituían un bloque homogéneo.

Rosario Express tenía como director periodístico a Eduardo van der Kooy y como director editorial a Oscar Bertone. Notiexpress pertenecía a Cablehogar, del empresario Marcelo Bandiera. El Eslabón, nacido en 1999 como una cooperativa, había construido una identidad propia dentro del periodismo local.

Su coincidencia no estaba en una alianza editorial, sino en algo más sencillo: empezaban a mirar el poder rosarino desde afuera del principal multimedios de la provincia.

Y el puerto fue uno de los temas donde esa mirada adquirió mayor intensidad.
 
La disputa por Lagos
La pelea entre medios también se mezclaba con otra disputa empresarial y judicial.

Carlos María Lagos, antiguo propietario de La Capital, había cuestionado judicialmente la operación mediante la cual Vila y Manzano habían ingresado en el diario.

En 2005, esa vieja controversia volvió a aparecer a raíz de un episodio particularmente delicado.

La Capital y El Ciudadano publicaron información basada en unas grabaciones telefónicas que involucraban al decano de la Facultad de Derecho de Rosario, Ricardo Silberstein.

Silberstein era, además, abogado de Lagos en su disputa con el Grupo Uno.

Notiexpress sostuvo que las grabaciones eran ilegales y que el episodio podía formar parte de una operación de prensa destinada a desacreditar al abogado.

La acusación era grave y, como otras denuncias de aquella época, debe leerse como parte de una disputa que se desarrollaba simultáneamente en los tribunales y en los medios.

Pero revelaba algo importante: en Rosario, las fronteras entre la batalla empresarial, la batalla judicial y la batalla periodística podían volverse extremadamente delgadas.
Un proyecto político para Rosario

En medio de ese escenario, Daniel Vila impulsaba otra iniciativa de enorme impacto simbólico: trasladar el Congreso de la Nación a Rosario.

En una entrevista con El Eslabón, Vila explicó que se trataba de una iniciativa personal que había recibido el respaldo del intendente Miguel Lifschitz, del gobernador Jorge Obeid y de los tres senadores nacionales santafesinos.

Su argumento era político y territorial: la excesiva concentración de la Argentina en Buenos Aires había postergado a otras regiones, y trasladar el Congreso permitiría generar desarrollo económico y político.

La propuesta podía leerse por sí misma como un proyecto de descentralización.

Pero adquiría otra dimensión cuando provenía del principal empresario de medios de Santa Fe y de un grupo que, al mismo tiempo, estaba ampliando su presencia económica.
 
El poder que se discutía
En 2005, Rosario parecía atravesada por una disputa que tenía varias capas.

Estaba la pelea por el control de La Capital. Estaba la expansión del Grupo Uno. Estaba la licitación del casino. Estaba la Terminal Puerto Rosario y el enfrentamiento entre los empresarios argentinos y los inversores catalanes.

Y estaban los medios que comenzaban a contar esa historia desde otro lugar.

El episodio del puerto es, quizás, el que mejor permite observar el mecanismo completo. Una concesión estratégica convocó capitales españoles y argentinos; una modificación en la estructura societaria alteró el equilibrio; empresarios de Tarragona recurrieron a la Justicia; la prensa catalana denunció lo que consideraba un desplazamiento ilegítimo; y los medios rosarinos comenzaron a preguntarse quién estaba realmente detrás del nuevo esquema de poder.

En ese contexto, Manzano aparecía como un empresario que no se limitaba al mundo de la comunicación.

El puerto, el casino y los medios formaban parte de una misma discusión: qué actores tendrían capacidad para definir el rumbo económico de Rosario.

Por eso, la pregunta de fondo que dejaba aquella prensa en 2005 no era solamente quién controlaba una terminal portuaria o quién podía ganar una licitación. Era otra. 

¿Hasta dónde podía llegar la concentración del poder económico, político y mediático en una ciudad que estaba cambiando rápidamente?

Y la respuesta, entonces como ahora, no podía buscarse en un solo negocio.

Ver también: Según el Diari de Tarragona Manzano se quedó con una parte del Puerto Rosario

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