Fernando Cerimedo: el hombre sin cargo que llegó al corazón del poder en Bolivia

Sin cargo formal ni sueldo estatal, Fernando Cerimedo se convirtió en una figura de acceso privilegiado al presidente boliviano Rodrigo Paz. Su vínculo con la familia presidencial, su participación en la campaña, sus conexiones con distintos sectores del poder y la investigación por el intento de femicidio contra Nadia Beller abrieron una trama de relaciones, acusaciones e interrogantes que todavía no fueron respondidos por el Gobierno.

Esta semana volvió a aparecer en la escena pública argentina el nombre de Fernando Cerimedo, un personaje que ya había tenido una fuerte repercusión en los medios locales a raíz de un intento de femicidio contra su expareja. El episodio, que inicialmente concentró la atención periodística en Argentina, llevó también a revisar la trayectoria y las redes de influencia que Cerimedo fue construyendo en los últimos años.

Tiempo atrás, la periodista Ivi Cángaro había trazado un perfil de Cerimedo en un programa de Radio Nacional. Fue durante una entrevista realizada por Judith Gerbaldo, también periodista de Radio Sur de Córdoba, y allí habían aparecido detalles sobre el personaje que resultaban particularmente inquietantes.

Sin embargo, aquella entrevista ya no está disponible en el sitio de Radio Nacional. Aunque el buscador todavía permite encontrar la referencia a la nota, el enlace que debería conducir al debate y a su audio fue eliminado. El episodio queda así como una muestra de las contradicciones de la llamada "libertad" que reivindica el actual gobierno argentino: algunas cosas pueden escucharse y otras desaparecen.

Señales recuperó esa entrevista. Los invitamos a escucharla:

La historia de Cerimedo también llamó la atención por la transformación de su posición económica y política. Hasta la llegada de Javier Milei al poder, según distintas versiones periodísticas, llevaba una vida de recursos mucho más limitados e incluso habría trabajado como remisero. Con el nuevo escenario político argentino, en cambio, se convirtió en un hombre con acceso a grandes sumas de dinero, capacidad de influencia y vínculos que excedieron las fronteras del país.

Su nombre comenzó a aparecer en distintos puntos de América Latina, especialmente allí donde las derechas avanzaban y buscaban consolidar nuevos gobiernos. Bolivia fue uno de esos escenarios.

Para comprender el papel que Cerimedo terminó ocupando allí, en Señales conversamos con José Luis Aliaga, periodista de ERBOL, quien explicó que el argentino llegó a convertirse en asesor personal del presidente boliviano Rodrigo Paz, aunque nunca tuvo formalmente un cargo dentro del Estado.

Aliaga sostuvo que muchos bolivianos recién comenzaron a conocer esa relación cuando el vínculo ya llevaba varios meses de desarrollo. Cerimedo se había acercado a Paz durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2025, en las que Paz terminó imponiéndose sobre Jorge "Tuto" Quiroga. Desde entonces, permaneció junto al mandatario durante toda la campaña y, según Aliaga, estuvo en la Casa de Gobierno desde el primer día de la nueva administración.

La llave de entrada al entorno presidencial
El origen de esa relación, explicó Aliaga, habría estado en un vínculo mucho más personal. Catalina Paz, la hija de Rodrigo Paz, se había inscripto en Numen, la academia de Cerimedo, donde tomó clases virtuales vinculadas con la edición de videos.

Según la versión que comenzó a repetirse desde el propio Gobierno boliviano, ese contacto habría contribuido a que Cerimedo terminara acercándose al entonces candidato. Para Aliaga, sin embargo, aquella relación fue mucho más que un dato anecdótico: fue la llave que abrió la puerta al círculo de confianza del futuro presidente.

La presencia del argentino en el entorno presidencial no fue, sin embargo, una cuestión meramente informal o circunstancial. Existen fotografías que lo muestran junto a Paz, integrantes de su gabinete e incluso junto al rey de España. Una de esas imágenes corresponde al 9 de noviembre de 2025, apenas el segundo día del gobierno de Paz.

La particularidad del caso estaba en que Cerimedo no tenía un cargo oficial, ni una designación administrativa, ni una remuneración reconocida por el Estado boliviano. Pero, al mismo tiempo, su proximidad con el presidente era extraordinaria.

El propio vicepresidente, Edman Lara, llegó a definirlo públicamente como el "asesor personal" del mandatario, una caracterización que terminó ratificando las versiones que circulaban sobre su influencia.

Aliaga describió un dato que permite dimensionar ese acceso: Cerimedo tenía una oficina en el mismo piso en el que funcionaba la oficina presidencial. Estaba, según su relato, a pocos metros de Rodrigo Paz.

La ausencia de un cargo formal no parecía traducirse, por lo tanto, en una ausencia de poder.

"Ese es el acceso", explicó Aliaga, al intentar dimensionar qué podía significar para un particular tener ese nivel de cercanía con el jefe de Estado. A su juicio, Cerimedo podía no figurar en una nómina estatal ni recibir un sueldo, pero eso no impedía que tuviera capacidad para moverse dentro de los circuitos de decisión.

Un asesor sin sueldo y con influencia
El financiamiento de sus actividades también se convirtió en una zona de interrogantes. Cerimedo era presentado como uno de esos constructores políticos que funcionan con apoyo de instituciones que pueden encontrarse dentro o fuera del país.

En un momento, el abogado de Cerimedo aseguró que la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, había financiado parte de sus actividades. La propia CAF desmintió inmediatamente esa afirmación.

El episodio dejó instalada una paradoja: un hombre sin relación laboral formal con el Estado boliviano, sin sueldo público y sin un cargo institucional conocido, pero con un nivel de acceso al presidente que difícilmente podía considerarse menor.

Las advertencias sobre esa situación no eran completamente nuevas. Aliaga recordó que algunos periodistas bolivianos habían advertido meses antes sobre el crecimiento de la influencia de Cerimedo. Columnistas habían encendido una señal de alarma al observar que el trabajo del argentino parecía comenzar a ocupar el espacio de un supuesto plan de gobierno de Rodrigo Paz.

La observación era todavía más significativa, según el periodista, porque a su entender nunca había quedado del todo claro que existiera un plan de gobierno definido y consolidado. En ese vacío, el trabajo de un asesor externo podía adquirir una dimensión política particularmente importante.

Cerimedo concedió algunas entrevistas a periodistas bolivianos, aunque su figura permaneció durante buena parte de ese período en un segundo plano. Una de ellas fue realizada por el periodista Tufi Aré, de Santa Cruz.

En esa conversación, Cerimedo explicó que no había trabajado junto a Rodrigo Paz durante la primera etapa de la campaña porque el candidato no podía pagar sus honorarios.

La situación cambió después de la primera vuelta electoral. Paz había obtenido el primer lugar, aunque sin alcanzar los votos necesarios para evitar una segunda vuelta. Cuando sus posibilidades de llegar a la presidencia crecieron, Cerimedo apareció para trabajar con él durante toda la campaña definitiva.

Ese dato abre una pregunta sobre las condiciones de aquella relación. Si, como había declarado el propio Cerimedo, Paz no podía pagarle durante la primera parte de la campaña, resultaba razonable preguntarse en qué términos había aceptado trabajar durante la segunda vuelta y qué esperaba obtener a cambio de ese esfuerzo una vez que el candidato llegara al Gobierno.

Aliaga planteó esa hipótesis como una posibilidad: que el trabajo hubiera sido realizado "a cuenta" de una futura posición o de alguna oportunidad vinculada al nuevo gobierno.

No afirmó que hubiera existido un pago estatal, precisamente porque no había pruebas para sostenerlo. Pero sí señaló la contradicción entre la ausencia de una remuneración oficial y el crecimiento económico que, según distintas versiones, experimentó Cerimedo durante ese período.

Alrededor de su figura comenzaron a circular otras versiones, entre ellas supuestos vínculos con negocios relacionados con la venta de gasolina y con contrataciones. Aliaga fue cuidadoso al referirse a ellas. Aclaró que se trataba de cuestiones que debían ser comprobadas y que el periodismo no podía convertir versiones en hechos sin contar con pruebas fehacientes.

Pero esa cautela no eliminaba una impresión que, a su entender, atravesaba todo el caso: detrás de la figura pública y relativamente silenciosa de Cerimedo se habían movido muchas cosas.

De Milei y Honduras a Bolivia
Cerimedo llegó a Bolivia después de haber trabajado con Javier Milei y de haber desarrollado vínculos con sectores de la derecha internacional y del movimiento MAGA. En esa red política y de consultoría, Honduras aparecía como uno de los antecedentes que el propio Cerimedo había mencionado públicamente.

Aliaga aclaró que no se refería allí al trabajo general de Cerimedo junto a Milei ni a sus supuestas actividades en Estados Unidos, sino específicamente a lo que el argentino había contado sobre Honduras.

En una entrevista con Tufi Aré, Cerimedo había asegurado que había participado en una elección en Honduras y que allí había contribuido a desplazar a sectores de izquierda. También había reivindicado abiertamente su identidad política.

No mostraba reparos en definirse como un hombre de derecha. Según recordó Aliaga, había dicho que no tenía "ningún miedo ni ninguna vergüenza" en reconocerse como derechista.

Su posición ideológica, por lo tanto, no parecía dejar demasiado margen para las interpretaciones. Cerimedo buscaba trabajar dentro de un espacio político definido y su actividad en distintos países latinoamericanos formaba parte de una estrategia más amplia de asesoramiento y construcción de poder.

Pero, en el caso boliviano, Aliaga consideraba que la clave para entender su llegada al círculo íntimo de Rodrigo Paz era mucho más concreta: su vínculo con Catalina Paz, la hija del presidente.

Todo había comenzado con aquellas clases virtuales. Edición de videos y herramientas de comunicación. Después, ese contacto terminó convirtiéndose en una puerta de entrada hacia el padre.

La relación se mantuvo y adquirió una dimensión política. Cerimedo llegó incluso a elogiar públicamente a Catalina Paz durante un viaje a Estados Unidos, donde participó junto con la primera dama boliviana y la propia hija del presidente en una reunión de asesores políticos vinculados con la derecha.

En ese encuentro, Cerimedo presentó a Catalina como una figura con futuro dentro de la consultoría política continental. Según el relato de Aliaga, llegó a decir que la hija del presidente de Bolivia sería "el futuro de los asesores políticos en el continente".

Para el periodista boliviano, ese reconocimiento no era un detalle menor. Mostraba el grado de aceptación que había alcanzado Catalina Paz dentro del círculo de Cerimedo y, al mismo tiempo, reforzaba su propia cercanía con la familia presidencial.

La hipótesis de Aliaga era clara: Cerimedo ingresó al entorno de Rodrigo Paz a partir de la confianza construida con su hija.

Primero fueron unas clases a distancia. Después, una colaboración política. Finalmente, aquel consultor que había enseñado edición de videos terminó instalado a pocos metros del despacho presidencial.

El contacto con los otros poderes
Un episodio relatado por Aliaga sirve, para él, como ejemplo del nivel de acceso que había alcanzado el argentino.

Cuando ocurrió el atentado contra Nadia Beller, en Santa Cruz, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia se comunicó con Cerimedo para preguntarle qué había ocurrido.

Cerimedo, según relató Aliaga, le respondió que todavía no sabía con precisión qué había sucedido y que se encontraba camino al lugar para averiguarlo.

"Ese era el nivel de contactos que tenía Fernando Cerimedo", resumió el periodista.

El motivo de la llamada, según la explicación del magistrado, era que Nadia Beller era su amiga y quería saber qué había sucedido con ella. Para Aliaga, sin embargo, el hecho excedía esa circunstancia particular.

Que el máximo responsable del órgano superior de Justicia recurriera directamente a Cerimedo para obtener información constituía otra muestra del tipo de contactos que el asesor había logrado construir.

La dimensión del episodio adquiría todavía mayor relevancia por la estructura institucional boliviana. El país tiene cuatro órganos fundamentales de poder: el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Electoral.

Cerimedo no ocupaba formalmente un lugar en ninguno de ellos. Sin embargo, su cercanía con el Ejecutivo y sus vínculos con figuras de otros poderes mostraban, según el relato de Aliaga, hasta dónde podía extenderse una influencia ejercida desde fuera de las estructuras oficiales.

Aliaga incluso señaló, con cierta ironía, que le gustaría que alguna vez el propio presidente del Tribunal Supremo de Justicia lo llamara para hacer una entrevista. Pero, dijo, eso no ocurría ni probablemente ocurriría.

Nadia Beller, el atentado y las acusaciones
Mientras aquella relación permanecía relativamente oculta para buena parte de la opinión pública, otro episodio comenzaba a ponerla bajo una luz mucho más incómoda.

El vicepresidente Edman Lara había contado que en febrero canceló un viaje a Ecuador después de que uno de sus colaboradores le advirtiera que personas cercanas a Cerimedo planeaban atentar contra su vida. Según Lara, la información había sido transmitida por Nadia Beller.

Aliaga confirmó que conocía esa versión y que, efectivamente, Beller había quedado en el centro del escándalo.

Beller era la mujer que había sufrido un atentado el martes anterior, a la puerta de un hotel en Santa Cruz. Pero su historia política era anterior al episodio.

Se trataba de una activista que había sido candidata a diputada por el Movimiento al Socialismo. Después se peleó con Evo Morales y con buena parte de su entorno.

El giro político de Beller había sido considerable. Terminó acercándose al espacio de Luis Fernando Camacho, el exgobernador de Santa Cruz y uno de los principales dirigentes de las movilizaciones de 2019 que contribuyeron a la salida de Morales de la presidencia.

De haber trabajado con el MAS pasó, así, a hacerlo junto a algunos de sus principales adversarios.

Después del atentado, Beller realizó declaraciones explosivas. En ellas involucró a numerosos dirigentes y empresarios y lanzó acusaciones que, de acuerdo con Aliaga, debían ser investigadas y comprobadas.

Entre otras cosas, afirmó que Cerimedo había entregado dinero a determinados diputados. También sostuvo que la esposa de Rodrigo Paz recibía comisiones vinculadas con negocios y empresas que participaban en procesos de licitación.

Sus declaraciones involucraron a numerosas figuras del poder boliviano. Algunas de las personas mencionadas comenzaron a amenazar con iniciar acciones judiciales y reclamaron que Beller demostrara sus acusaciones.

Aliaga insistió en que ese era precisamente el punto central: había que comprobar cada una de esas afirmaciones. El periodismo no podía convertir automáticamente las denuncias de Beller en hechos probados.

Pero la posición que ocupaba Beller dentro de la trama hacía que sus declaraciones resultaran especialmente sensibles. Según las versiones que circulaban, había mantenido una relación cercana con Cerimedo y podía haber tenido acceso a información de primera mano.

La naturaleza exacta de ese vínculo tampoco estaba completamente clara. Se hablaba de Beller como compañera o pareja de Cerimedo, aunque Aliaga evitó afirmarlo como un hecho. Cerimedo, recordó, estaba casado y tampoco existía información suficiente para saber cuál era la situación de ese matrimonio.

Lo que sí parecía evidente era que Beller conocía aspectos internos de la trama que ahora comenzaban a salir a la superficie.

Palmasola: seis meses para investigar
En paralelo, la investigación por el atentado avanzó hasta alcanzar directamente a Cerimedo.

El juez que lleva la causa por el intento de femicidio contra Nadia Beller ordenó su detención preventiva y su traslado a la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, por un período de 180 días.

Seis meses, explicó Aliaga, para desarrollar las investigaciones correspondientes.

La decisión también tuvo una particularidad. Cerimedo no fue enviado a La Paz ni a la cárcel de Chonchocoro, situada a unos 4.080 metros de altura. Fue trasladado a Palmasola, en Santa Cruz.

Aliaga describió el sistema carcelario boliviano como profundamente problemático, marcado por la superpoblación y por una enorme cantidad de detenidos preventivos. Palmasola no escapaba a esa realidad y, según su descripción, era una cárcel difícil, con internos considerados peligrosos y condiciones que estaban lejos de ser ideales.

Mientras Cerimedo ingresaba en prisión preventiva, el escándalo comenzaba a golpear al gobierno de Rodrigo Paz.

El presidente que todavía no nombra a Cerimedo
La primera reacción presidencial había sido inmediata, pero cuidadosa. Paz se solidarizó con Nadia Beller y expresó su deseo de que el caso fuera esclarecido rápidamente por la Justicia.

Lo hizo, además, en términos que buscaban marcar distancia entre el Poder Ejecutivo y la investigación judicial, como una forma de sostener la independencia entre los poderes del Estado.

Sin embargo, había algo que llamaba especialmente la atención: el presidente no había mencionado públicamente a Cerimedo.

Tampoco había explicado cuál había sido exactamente su relación con él.

Quien sí habló fue el vocero presidencial, José Luis Gálvez. Según Aliaga, Gálvez reconoció que Cerimedo había desempeñado funciones de asesoría y lo definió como una persona "muy radical". Pero, al mismo tiempo, sostuvo la posición oficial de que el Estado boliviano no le había pagado un solo peso.

Para Aliaga, esa defensa podía ser cierta y, sin embargo, no respondía la pregunta fundamental.

El problema no era solamente si Cerimedo había cobrado o no del Estado boliviano. La cuestión central era qué papel había desempeñado dentro del gobierno de Rodrigo Paz y qué nivel de influencia había conseguido ejercer desde una posición que oficialmente no existía.

Porque allí estaba la paradoja que atravesaba toda la historia: un hombre sin cargo formal, sin sueldo estatal reconocido y sin una función administrativa visible había conseguido instalarse en el corazón del poder.

Había trabajado para Paz durante la segunda vuelta electoral. Había permanecido a su lado desde el inicio del gobierno. Tenía una oficina en el mismo piso que el presidente. El vicepresidente lo había definido como asesor personal. Había mantenido vínculos con miembros de los principales órganos del Estado y había sido consultado incluso por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

Ahora estaba detenido en Palmasola mientras una investigación judicial intentaba determinar qué había ocurrido con Nadia Beller y cuáles eran las responsabilidades que podían corresponderle.

Y, en el centro de todo, permanece una pregunta que el propio gobierno de Rodrigo Paz todavía no ha respondido de manera directa: cómo llegó Fernando Cerimedo a ocupar semejante lugar dentro del poder boliviano y qué hizo realmente durante los meses en que operó desde las sombras.

Escuchá la entrevista completa:

Foto: RRSS

38 años de Aire Libre, Radio Comunitaria: cuando una voz se convierte en comunidad

El 20 de agosto de 2007, Jesús Yañes llegó a la radio después de escuchar el programa Buscando Trabajo. Era jubilado, tenía un pequeño boliche y quería colaborar con un bono para ayudar a reparar los equipos dañados por los bajones de tensión. No tenía mucho para dar, pero tenía algo que para una radio comunitaria vale mucho más: confianza. Casi dos décadas después, aquella escena sigue contando qué significa sostener una emisora de propiedad social durante 38 años

Hay historias que parecen pequeñas hasta que uno las mira de cerca. Entonces descubren otra dimensión. No hablan solamente de quienes las protagonizan, sino también de aquello que las hizo posibles.

El 20 de agosto de 2007, Aire Libre Radio Comunitaria era —y sigue siendo— mucho más que una radio.

Un medio alterativo, de propiedad social, nacido para interpretar los sentires y pareceres de la comunidad a la que pertenece. Una radio que había elegido no callarse frente a los poderosos, sostener una línea, apostar por la igualdad y acompañar las luchas cotidianas de quienes pocas veces encuentran un micrófono dispuesto a escucharlos.

Y sobrevivir.

Porque hacer radio comunitaria también era eso: aprender a mantenerse a flote en aquella jungla radioeléctrica en la que se había convertido el espectro. Peleársela todos los días. Encontrar la manera de que la voz siguiera llegando al otro lado del parlante.

Por esos días, además, Aire Libre, Radio Comunitaria tenía sus propias heridas.

Los constantes bajones de tensión estaban haciendo estragos en los equipos. Para intentar recomponer, aunque fuera un poco, todo aquello que se había dañado, habíamos puesto en circulación un bono. Lo contábamos al aire. Lo hacíamos, claro, para quienes pudieran colaborar, pero también para que quienes tenían problemas para recibir la señal supieran que detrás de esa voz había una casa, unos equipos, cables, micrófonos y una radio que necesitaba seguir funcionando.

El domingo terminé el programa y sucedió algo que, muchos años después, todavía merece ser contado.

Ese día llegó Jesús a nuestra casa.

No, tranquilos: no me había vuelto místico.

Era Jesús Yañes.

Había escuchado el programa y, cuando terminó, decidió acercarse. Quería dar una mano.

Jesús nos escuchaba siempre. Conocía nuestra voz antes de conocer nuestros rostros. Compartía muchas de las cosas que decíamos al aire, especialmente aquellas que tenían que ver con la solidaridad entre los trabajadores, las luchas contra la injusticia y esa obstinada apuesta por una sociedad más igualitaria.

Era jubilado y tenía un bolichito. No era alguien que llegara con grandes posibilidades económicas. Llegó, justamente, con lo que tenía.

Quería comprar un bono.

Le expliqué que en ese momento no tenía ninguno para darle y que podía tomarle los datos para llevárselo después. Pero Jesús no parecía demasiado preocupado por el papel.

Había otra cosa que para él era suficiente.

Conocía la voz.

Y confiaba en ella.

Entonces metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño fajito de billetes. Entre varios de dos pesos buscó uno en particular. Lo encontró.

Era un billete de cincuenta pesos.

Me lo entregó.

Así, sencillamente.

Sin formulario, sin recibo, sin demasiadas explicaciones. Como quien acerca una mano para sostener algo que siente propio.

Después, como Jesús no conocía la casa —aunque seguramente sentía que la conocía de tanto escuchar todo lo que contábamos al aire—, lo llevé a recorrerla.

Una visita guiada por ese pequeño territorio desde donde salían las voces que él escuchaba en su casa.

Vio los equipos, los micrófonos, los lugares donde se hacía la radio. Puso cuerpo y ojos a aquello que hasta entonces le había llegado convertido en sonido.

Se fue contento.

Y antes de irse dejó una frase:

—Cuando me necesiten, estoy.

No sé si Jesús imaginó entonces cuánto podía significar aquella frase.

Afuera seguía estando la jungla radioeléctrica. Los problemas de siempre. Los equipos castigados por los bajones de tensión. Las cuentas. Las dificultades. La necesidad de sostener una radio que no tenía detrás un gran empresario ni una estructura económica que garantizara su existencia.

Pero ese día había algo más.

Había un oyente que había cruzado la puerta.

Un oyente que había dejado de ser solamente alguien al otro lado de la radio para convertirse, por un instante, en parte de ella.

Ahora Domingo Faustino Sarmiento me mira desde un paquetito que guardé con los datos de Jesús y aquel billete de cincuenta pesos.

El prócer, estampado en el papel moneda, parece observarme con cierta sorpresa.

Yo también lo miro.

Y pienso que, al final, una radio comunitaria no se sostiene solamente con transmisores, antenas, consolas o electricidad.

Se sostiene con vínculos.

Con confianza.

Con personas que escuchan y que, cuando pueden, se acercan.

Con jubilados que tienen un bolichito y aun así encuentran unos pesos para ayudar.

Con quienes entienden que una voz en el aire también puede ser una herramienta para pelear contra la injusticia.

Quizás por eso guardé aquel billete.

No por los cincuenta pesos.

Sino porque durante mucho tiempo fue una pequeña prueba material de algo que en una radio comunitaria resulta esencial y, a veces, difícil de explicar: que del otro lado del micrófono también hay alguien.

Y que, cuando esa voz consigue llegar hasta otro, puede ocurrir algo extraordinario.

Que alguien escuche.

Que alguien confíe.

Que alguien golpee la puerta.

Y diga:

—Cuando me necesiten, estoy.

Ver también: Mirá vos..., La radiodifusión no se hace por decreto..., 23 años de Aire Libre, Radio Comunitaria: Has recorrido un largo camino muchacha..., Archivos Encontrados: 25 años de Aire Libre, Radio Comunitaria, Aire Libre, Radio Comunitaria: Una radio, pocos transistores, mucha tracción a sangre, Aire Libre, Radio Comunitaria ya tiene su licencia definitiva, Prensa Rosario celebra el otorgamiento de la licencia definitiva a Aire Libre, Radio Comunitaria Es oficial: Aire Libre, Radio Comunitaria ya tiene licencia, 32 años de Aire Libre, Radio Comunitaria: ¡Más Libre que nunca!, Cuando el barrio habló en su propia frecuencia: 37 años de Aire Libre

Colombia en segunda vuelta: entre dos modelos antagónicos de país

Con más de 41 millones de personas habilitadas para votar, Colombia enfrenta una elección presidencial decisiva en un escenario polarizado. Dos proyectos con visiones opuestas del Estado, la economía y la democracia se disputan el rumbo del país para los próximos cuatro años

Simpatizante de Ivan Cepeda en un mitín

Por: Ivonne Picof, desde Colombia para Señales

Este 21 de junio Colombia se prepara para vivir la segunda vuelta presidencial, en la que la ciudadanía deberá escoger quién sucederá al presidente Gustavo Petro durante el próximo periodo de cuatro años. De acuerdo con el censo electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, más de 41 millones de personas están habilitadas para votar. En la primera vuelta, realizada en mayo, participaron aproximadamente 23 millones de electores, y se espera que en esta nueva jornada ese nivel de participación pueda incrementarse.

Se trata de una segunda vuelta en un país profundamente dividido, atravesado por dos proyectos políticos que no solo compiten, sino que encarnan visiones antagónicas sobre el Estado, la economía, la seguridad y la democracia. No es simplemente una contienda electoral: es también la expresión de dos lecturas distintas -y en muchos casos irreconciliables- sobre los problemas estructurales de Colombia.

Un país partido en dos proyectos
En las semanas entre la primera y la segunda vuelta, las campañas han reorientado sus esfuerzos hacia la búsqueda de nuevos apoyos. Por un lado, la campaña de Abelardo de la Espriella ha intentado sostener su liderazgo obtenido en la primera vuelta e incluso ampliarlo. Por el otro, la candidatura de la izquierda socialdemócrata de Iván Cepeda ha concentrado sus esfuerzos en reducir la distancia y remontar el resultado inicial.

Los mapas electorales de la primera vuelta dejaron una lectura clara de la polarización territorial. En ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena, la mayor votación se inclinó hacia Iván Cepeda. En contraste, Medellín -y en general Antioquia- se consolidó como un bastión fuerte de la derecha, donde Abelardo de la Espriella obtuvo su mayor respaldo.

Esta división territorial no es menor: refleja también diferencias sociales, económicas y culturales profundas que atraviesan al país y que se expresan con fuerza en las urnas.

Reacomodos, apoyos y transferencias de voto
Un elemento clave de esta segunda vuelta está en la redistribución de apoyos obtenidos en la primera jornada electoral. La candidata Paloma Valencia, quien alcanzó cerca del 7% de los votos, se convirtió en un factor relevante en la reconfiguración del mapa electoral.

Aunque su respaldo oficial se ha orientado hacia la campaña de Abelardo de la Espriella, distintos analistas han advertido que no necesariamente todos sus votantes migrarán automáticamente hacia esa candidatura. La transferencia de votos no es mecánica, y depende de afinidades programáticas, ideológicas y de la relación con cada campaña.

De hecho, en las semanas posteriores a la primera vuelta, ha sido limitado el protagonismo público de Paloma Valencia en actos de campaña junto a Abelardo de la Espriella, lo que también ha alimentado interpretaciones sobre la solidez real de esas adhesiones.

Una campaña marcada por la derecha radical
En este nuevo tramo de la contienda, la campaña de Abelardo de la Espriella ha profundizado una narrativa que se identifica con sectores de la derecha radical internacional. Su discurso ha estado atravesado por referencias recurrentes a la seguridad, el orden y el uso de la fuerza como eje central de su propuesta de gobierno.

Uno de los elementos más discutidos de su programa es la insistencia en el derecho al porte de armas como mecanismo de protección ciudadana, junto con la promesa de restablecer el orden público mediante medidas de mayor contundencia estatal. En esa lógica, la seguridad aparece como eje articulador de toda su propuesta política.

La campaña, bajo el lema de "la patria milagro", también ha mostrado una fuerte cercanía simbólica y política con Estados Unidos, lo que ha generado debates sobre el grado de dependencia o alineamiento internacional que podría asumir un eventual gobierno suyo.

A ello se suma un punto particularmente sensible: Abelardo de la Espriella posee doble nacionalidad —colombiana, italiana y estadounidense— y realizó un juramento de lealtad a Estados Unidos, lo que ha abierto interrogantes sobre posibles conflictos de interés en caso de asumir la presidencia, considerando que la Constitución establece la obligación de defender los intereses del Estado colombiano por encima de cualquier otro.

Abelardo de la Espriella, en el Valle del Cauca

Libertad de prensa, judicialización y tensión institucional
Otro aspecto que ha generado controversia es su trayectoria como abogado, en la que ha impulsado acciones judiciales contra decenas de periodistas con los que ha tenido desacuerdos. Este hecho ha sido interpretado por distintos sectores como una señal de alerta frente a la libertad de prensa y la libertad de expresión en el país.

En un contexto como el colombiano, atravesado por décadas de conflicto armado y tensiones políticas, el rol de la prensa y la protección de la pluralidad de voces se consideran pilares fundamentales de la democracia. Por ello, cualquier antecedente de judicialización sistemática del periodismo genera preocupación en sectores de opinión.

A esto se suma su postura frente a la protesta social. En distintas intervenciones ha manifestado poca tolerancia hacia las movilizaciones ciudadanas, lo que ha sido interpretado como una posible inclinación hacia modelos de control más estrictos del orden público.

Estas preocupaciones se intensifican si se tiene en cuenta el antecedente reciente del estallido social, en el que múltiples organizaciones de derechos humanos denunciaron la vulneración de derechos fundamentales durante las protestas, especialmente contra jóvenes, estudiantes universitarios y líderes sociales.

Estado laico, religión y visión de país
Otro punto de debate gira en torno a la relación entre religión y Estado. En el discurso de la campaña de Abelardo de la Espriella se ha otorgado un lugar central a la religión como elemento orientador de la vida pública, lo que ha despertado alertas en sectores que defienden la estricta separación entre Iglesia y Estado establecida en la Constitución de 1991.

Para sus críticos, la posibilidad de introducir una visión religiosa como eje de gobierno podría tensionar el carácter laico del Estado colombiano y abrir la puerta a nuevas formas de exclusión en un país profundamente diverso.

En el plano económico, también han surgido propuestas como la eventual dolarización de la economía, una medida que ha sido presentada como alternativa de estabilización, pero que al mismo tiempo es vista por otros sectores como un riesgo de pérdida de soberanía monetaria y fiscal.

Experiencia política y cuestionamientos al pasado reciente
Abelardo de la Espriella, quien no ha ocupado cargos de elección popular previamente, ha apoyado parte de su proyección política en figuras de su entorno, entre ellas su fórmula vicepresidencial, a la que se le atribuye experiencia en la gestión pública.

Desde sectores críticos se ha señalado la gestión de gobiernos anteriores en los que algunos de sus aliados ocuparon cargos ministeriales, especialmente durante el periodo del expresidente Iván Duque, en el contexto del estallido social. Se les atribuyen decisiones polémicas en materia económica y social, así como impactos en indicadores como inflación, desempleo y manejo de activos estratégicos del Estado.

Iván Cepeda: derechos humanos y Estado social de derecho
En el otro extremo de la contienda se ubica la candidatura de Iván Cepeda, filósofo y defensor de derechos humanos, con una trayectoria extensa en el Congreso de la República y en la defensa de víctimas del conflicto armado.

Su propuesta se estructura alrededor del fortalecimiento del Estado social de derecho, la lucha contra la corrupción, la reforma agraria y ambiental, y la protección del patrimonio cultural y natural del país. También plantea el fortalecimiento de los derechos de las mujeres y de las poblaciones históricamente vulneradas.

Uno de los ejes centrales de su campaña es la idea de un acuerdo nacional, entendido como un espacio de concertación entre distintos sectores políticos, sociales y económicos para abordar los problemas estructurales del país.

Acuerdo nacional, garantías democráticas y adhesiones
La propuesta del acuerdo nacional ha permitido, según distintos sectores, despejar temores sobre interpretaciones más radicales de su programa, como la posibilidad de una asamblea constituyente, tema que había generado inquietud en algunos sectores del centro político y del progresismo.

En este contexto, han surgido apoyos relevantes desde distintos ámbitos. Figuras políticas como Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, han expresado razones para respaldar su candidatura en esta segunda vuelta, aunque sin una adhesión partidista plena. También se han sumado liderazgos juveniles y estudiantiles, entre ellos Jennifer Pedraza, quienes han manifestado públicamente su intención de voto.

Estas adhesiones se explican, en parte, por la percepción de garantías democráticas y de respeto por la oposición política dentro de su eventual gobierno, algo que distintos sectores consideran fundamental en una democracia pluralista.

Observación electoral y garantías del proceso
En medio de un contexto político altamente polarizado, las autoridades electorales han anunciado un amplio dispositivo de observación para la jornada electoral. Se prevé la participación de más de 16.000 observadores nacionales e internacionales, incluyendo delegaciones de países de América Latina y Europa.

Asimismo, organizaciones de observación electoral y campañas políticas han incrementado la presencia de testigos en los puestos de votación, con el objetivo de garantizar transparencia y trazabilidad en el conteo de votos.

La fuerza pública también tendrá un despliegue significativo en distintas regiones del país, especialmente en zonas rurales y apartadas, con el fin de garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio del derecho al voto.

Un país ante una decisión estructural
Más allá de los nombres propios, esta segunda vuelta presidencial plantea una decisión de fondo sobre el modelo de país. Por un lado, una propuesta que insiste en el orden, la seguridad y el fortalecimiento de medidas de control estatal. Por el otro, una apuesta centrada en la expansión de derechos, el fortalecimiento institucional y la búsqueda de acuerdos amplios.

El resultado de esta elección no solo definirá un gobierno, sino también el tono del debate democrático en los próximos años. En un país marcado por décadas de conflicto, desigualdad y tensiones políticas, la expectativa central es que el proceso electoral se desarrolle en condiciones de tranquilidad, seguridad y respeto por la voluntad ciudadana.

La democracia colombiana se juega, una vez más, no solo la elección de un presidente, sino la posibilidad de sostener —o redefinir— el equilibrio entre sus distintas fuerzas políticas y sociales.

Fotos: Santiago Saldarriaga AP - Campaña Addle

Ver también: Colombia: el legado de Gustavo Petro en disputa

Argentores abrió el debate sobre el presente y futuro de las radios comunitarias, alternativas y digitales

Organizada por el Consejo Profesional de Radio de Argentores, el pasado 9 de junio se realizó la charla abierta "Comunitarias, alternativas y digitales" en el Espacio Encuentro Argentores, una actividad destinada a reflexionar sobre el presente y el futuro de las radios sin fines de lucro en el escenario comunicacional contemporáneo.

Bajo la premisa de que "las radios sin fines de lucro siguen sonando en el siglo XXI", el encuentro reunió a representantes de diversas emisoras comunitarias, alternativas y universitarias para intercambiar experiencias, analizar desafíos comunes y debatir estrategias de sostenimiento frente a los cambios tecnológicos y culturales que atraviesan la comunicación radiofónica.

Participaron integrantes de FM La Tribu (Ciudad de Buenos Aires), FM En Tránsito (Castelar), miembros de la red CRUCE de emisoras comunitarias y universitarias del conurbano bonaerense, representantes de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y estudiantes de la carrera de Operación Técnica de Radio del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), acompañados por la coordinadora académica del área, Mónica Torreto.

Por parte de Argentores estuvieron presentes Pedro Patzer, presidente del Consejo Profesional de Radio; Florencia Flores Iborra, secretaria; Hugo Bab Quintela, vocal; y los colaboradores Mariano Pagnucco y Marcelo Cotton.

Desde la entidad destacaron la importancia de promover la pluralidad y diversidad de voces como herramientas fundamentales para el fortalecimiento de la democracia. En ese sentido, señalaron que el encuentro buscó generar un espacio de diálogo para conocer distintas experiencias, trayectorias y perspectivas en un contexto político complejo y atravesado por la irrupción de nuevas tecnologías que han transformado las prácticas radiofónicas.

Durante la jornada se abordaron temas vinculados con la situación actual de los medios sin fines de lucro, las estrategias para su sostenimiento, la adaptación de proyectos con más de tres décadas de trayectoria a un escenario marcado por el streaming y la hibridez de lenguajes, así como las posibilidades de articulación con Argentores mediante capacitaciones, concursos con estímulos económicos y mesas de trabajo conjuntas.

Asimismo, se planteó la necesidad de impulsar políticas públicas y marcos normativos que reconozcan a las radios comunitarias como actores esenciales de una comunicación democrática y federal.

Uno de los aspectos destacados del encuentro fue la participación de los estudiantes del ISER, quienes valoraron especialmente la posibilidad de conocer de primera mano las formas de gestión, organización y sostenimiento de experiencias comunicacionales sin fines de lucro.

Al cierre de la actividad, el Consejo Profesional de Radio reafirmó su compromiso de mantener este espacio de trabajo e intercambio, con el objetivo de profundizar el vínculo entre Argentores y las radios comunitarias y avanzar en una colaboración sostenida a largo plazo.

Colombia: el legado de Gustavo Petro en disputa

Desde los territorios donde construyó su carrera en la comunicación comunitaria, Ivonne Pico Flórez repasa en Señales los cuatro años de Gustavo Petro. Habla de reformas sociales, paz total, polarización y elecciones. Y sostiene que la próxima votación será, en buena medida, un plebiscito sobre la promesa de cambio que llegó al poder en 2022

Ivonne Pico Flórez, periodista y comunicadora colombiana especializada en radio comunitaria, participación ciudadana y construcción de paz, observa el gobierno de Gustavo Petro desde una perspectiva marcada por décadas de trabajo en los territorios. Integrante de procesos de la Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander (RESANDER) y una de las impulsoras del proyecto "Radios Comunitarias para la Paz y la Convivencia", sostiene que el balance de los cuatro años del primer presidente de izquierda de Colombia debe analizarse a la luz de la promesa de cambio que llevó a Petro al poder.

El gobierno de las periferias

A su juicio, el gobierno logró concretar reformas sociales importantes. Entre ellas destaca la reforma previsional y la reforma tributaria progresiva, orientada a una mayor redistribución fiscal. También señala los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que registraron reducciones paulatinas y significativas en los índices de pobreza monetaria durante el período presidencial. En esa misma línea, considera que la reforma agraria ocupó un lugar central dentro de la gestión, especialmente por tratarse de uno de los puntos fundamentales del Acuerdo de Paz firmado en 2016.

Para Pico Flórez, el país termina este ciclo con mayores niveles de justicia social. Explica que Petro fue elegido por sectores históricamente excluidos de las decisiones nacionales: los jóvenes, las periferias, los departamentos olvidados y regiones tradicionalmente relegadas como el Pacífico, el Caribe y amplias zonas selváticas. Según plantea, esos territorios se convirtieron en el rostro principal de la gestión presidencial.

La comunicadora observa además que las constantes visitas del mandatario a ciudades intermedias y regiones alejadas de los centros de poder ayudaron a consolidar un vínculo directo con esas poblaciones. La popularidad con la que concluye su gobierno, afirma, ofrece pistas sobre el impacto de las políticas impulsadas durante estos años, especialmente entre los adultos mayores y los sectores populares. También destaca las inversiones realizadas en educación pública, tanto en grandes ciudades como en regiones históricamente marginadas, iniciativas que, según entiende, podrían ampliar las oportunidades de acceso a una educación de calidad, fortalecer la investigación científica desde los territorios y reducir la concentración del conocimiento en las grandes capitales.

La disputa por el relato del cambio

La idea de que Petro deja un país políticamente más inestable le parece una lectura incompleta. Más que generar nuevas tensiones, sostiene, la llegada de un dirigente como él permitió visibilizar fracturas sociales, económicas y políticas que ya existían en una sociedad gobernada durante décadas por élites tradicionales. En ese contexto ubica también los permanentes conflictos del presidente con los grandes medios de comunicación. Sin embargo, considera que uno de los aspectos relevantes de su administración fue el impulso dado a iniciativas de comunicación comunitaria y alternativa, concebidas como herramientas de democratización de la información en los territorios. No casualmente, señala, gran parte de las entrevistas, anuncios y acciones de gobierno circularon por plataformas digitales y espacios comunicacionales distintos a los canales masivos convencionales.

Esa condición de figura disruptiva explica, según la periodista, por qué Petro continúa despertando adhesiones y rechazos con la misma intensidad. A diferencia de gran parte de la dirigencia política tradicional, remarca que no proviene de una casta familiar, ni de clanes regionales, ni de estructuras asociadas a las alianzas que históricamente vincularon política y criminalidad en Colombia. Lo define ante todo como un líder social que construyó su trayectoria en los sectores populares y que trasladó esa legitimidad al escenario institucional.

Una sociedad atravesada por sus fracturas

Para Pico Flórez, el respaldo que conserva se sostiene precisamente en esa legitimidad social acumulada a lo largo de su carrera. Al mismo tiempo, reconoce que esa figura genera resistencias, particularmente entre sectores medios y altos de la sociedad. Considera que buena parte de esas generaciones crecieron atravesadas por las narrativas de una guerra interna de más de sesenta años y que Petro representa una ruptura con las formas tradicionales mediante las cuales el país interpretó históricamente el conflicto. Por eso, sostiene, su liderazgo también funciona como un espejo de las divisiones profundas que persisten en la sociedad colombiana: las fracturas entre centro y periferia, entre regiones y entre distintas visiones sobre el pasado y el futuro del país.

Desde esa perspectiva, entiende que las elecciones presidenciales también adquieren un carácter plebiscitario respecto del legado político de Petro. En su análisis, la candidatura de Iván Cepeda, dirigente del Pacto Histórico y reconocido defensor de los derechos humanos, representa la continuidad de un proceso de transformación iniciado en 2022. Frente a ello, identifica una narrativa opositora sintetizada en una consigna simple: detener ese cambio.

La periodista lamenta que gran parte de la campaña electoral se haya concentrado en profundizar prejuicios y antagonismos antes que en debatir proyectos de país. A su entender, uno de los daños más profundos provocados por el prolongado conflicto colombiano es la dificultad para construir una idea compartida de nación. La guerra, la violencia y el desplazamiento forzado, tanto interno como externo, han dejado una sociedad que muchas veces continúa funcionando bajo lógicas de supervivencia antes que de construcción colectiva.

El senador Iván Cepeda levanta un cartel con la frase "Paz total", en el Congreso Nacional, en Bogotá, el 20 de julio de 2022

La paz total: entre la apuesta y la frustración

En ese escenario apareció Gustavo Petro hace cuatro años. Pico Flórez recuerda que su ascenso se produjo después de un período político que considera especialmente negativo y en medio de la crisis social expresada por el estallido de protestas. Su propuesta, afirma, logró instalar una narrativa de esperanza en un país acostumbrado a que la política se organizara alrededor de la guerra. Incluso después del plebiscito de 2016, cuando una mayoría votó en contra del acuerdo de paz con las FARC, Petro emergió para muchos sectores como una posibilidad de imaginar un horizonte diferente.

Sin embargo, advierte que proyectar una utopía nacional sigue siendo una tarea compleja mientras persistan múltiples formas de violencia en los territorios. Aunque el acuerdo de paz permitió la dejación de armas de uno de los principales actores armados del conflicto, la salida de las FARC dejó espacios de poder que pronto comenzaron a ser disputados por nuevas estructuras criminales. En numerosas regiones, explica, esas reconfiguraciones terminaron girando alrededor de un mismo eje económico: el narcotráfico.

Ese contexto condicionó uno de los proyectos más ambiciosos de la administración Petro: la llamada "paz total". Pico Flórez considera que la iniciativa buscaba dar continuidad al proceso iniciado con las FARC y ampliar las negociaciones hacia otros actores armados, incluido el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y diversos grupos ilegales que hasta entonces eran considerados exclusivamente organizaciones criminales. La intención consistía en abrir espacios de diálogo y otorgar reconocimiento político a actores que tradicionalmente solo habían sido abordados desde una lógica punitiva.

No obstante, reconoce que los resultados estuvieron lejos de las expectativas iniciales. Las negociaciones no avanzaron como el gobierno esperaba, ni con el ELN ni con otros grupos armados presentes en los territorios. Mientras tanto, las dinámicas de coerción, control social y violencia continuaron afectando a numerosas comunidades. Para la comunicadora, esa dificultad para traducir la apuesta de la paz total en resultados concretos constituye uno de los desafíos más complejos y una de las principales deudas que deja el gobierno de Gustavo Petro al finalizar su mandato.

Al abordar el tema de la seguridad, uno de los ejes centrales del debate político colombiano, Pico Flórez evita las conclusiones tajantes sobre la política de "paz total", una de las apuestas más ambiciosas y discutidas del gobierno de Gustavo Petro. Aunque reconoce las dificultades y los resultados limitados obtenidos durante estos años, se resiste a calificar la iniciativa como un fracaso absoluto.

Desde su perspectiva, uno de los principales méritos de la propuesta fue haber reinstalado en la agenda pública la necesidad de seguir buscando salidas negociadas al conflicto armado. Recuerda que Colombia venía de décadas en las que predominó una visión centrada casi exclusivamente en la confrontación militar. Las administraciones anteriores, sostiene, difícilmente contemplaban la posibilidad de abrir escenarios de negociación política con los actores armados. En cambio, la experiencia del Plan Colombia y la histórica presencia militar de Estados Unidos reforzaron una lógica de seguridad basada en la guerra y la coerción.

Por eso considera significativo que el gobierno haya intentado plantear nuevamente la discusión sobre la naturaleza política de los conflictos armados y la necesidad de construir espacios de diálogo. Aun así, admite que hubo errores y limitaciones importantes en la implementación de la estrategia. Su expectativa es que esas dificultades no terminen clausurando futuras posibilidades de negociación, especialmente porque, en última instancia, cualquier avance en esa dirección apunta a proteger a las poblaciones más vulnerables de los territorios, aquellas que conviven diariamente con la presencia de grupos armados y con las múltiples dinámicas asociadas al narcotráfico.

Cepeda y su compañera de fórmula, Aida Quilcué, líder indígena, celebran un mitin en Cartagena

Iván Cepeda y la continuidad del proyecto

La figura de Iván Cepeda aparece, en este contexto, como una de las continuidades más visibles del proyecto político inaugurado por Petro. Pico Flórez recuerda que Cepeda es hijo de Manuel Cepeda Vargas, dirigente de la Unión Patriótica asesinado en 1994, y destaca que gran parte de su trayectoria pública estuvo dedicada a la defensa de los derechos humanos y a la promoción de procesos de paz.

A su juicio, uno de los rasgos más significativos de su perfil político radica precisamente en haber convertido una experiencia personal atravesada por la violencia en una militancia activa por la reconciliación. Víctima directa del conflicto colombiano, Cepeda eligió construir una carrera pública centrada en la búsqueda de la paz, transformando esa causa en el núcleo de su identidad política.

Si finalmente es visto como el heredero de Petro, argumenta la periodista, no será tanto por una continuidad personal entre ambos dirigentes como por la voluntad de profundizar el proceso de transformación iniciado durante estos años. Según explica, la propuesta política que representa Cepeda se apoya en pilares como la justicia social, la ampliación de derechos, la inclusión y una agenda ética particularmente estricta en materia de lucha contra la corrupción.

En ese sentido menciona también la incorporación de figuras como Iván Velásquez, reconocido defensor de los derechos humanos y referente regional en materia de transparencia institucional, como parte de un proyecto político que busca consolidar una alternativa distinta a las estructuras tradicionales del poder colombiano.

Pico Flórez no oculta además su propia identificación con ese horizonte político. Reconoce que apoyó la llegada de Petro al gobierno porque la interpretó como el primer paso hacia un modelo democrático más inclusivo, con mayores niveles de justicia social y orientado al bienestar colectivo. Desde esa mirada, considera que el desafío actual consiste en profundizar reformas ya iniciadas y avanzar en otras que permanecen inconclusas.

Entre ellas menciona particularmente la reforma del sistema de salud, una de las iniciativas que más resistencias encontró durante el gobierno. Según su análisis, detrás de las dificultades para aprobarla operan intereses económicos y políticos de sectores poderosos que continúan condicionando el debate legislativo.

Al mismo tiempo, destaca que Cepeda posee un capital político propio que trasciende cualquier vínculo con Petro. Lo encuentra especialmente en su trayectoria judicial y en el enfrentamiento que mantuvo con el expresidente Álvaro Uribe. Recuerda que fue Cepeda quien impulsó diversas denuncias que terminaron llevando a los tribunales a una de las figuras más influyentes de la política contemporánea colombiana, un proceso que, contra muchos pronósticos, captó la atención nacional e internacional. Para ella, esa capacidad de confrontar a los sectores más poderosos del país constituye una credencial propia y una de las principales fortalezas de su liderazgo.

Sin embargo, reconoce que la continuidad de la "paz total" se ha convertido en uno de los puntos más vulnerables de la campaña. Las fuerzas de derecha, afirma, han utilizado los resultados limitados de esa política para cuestionar el proyecto político representado por Cepeda. Aun así, considera que muchas de esas críticas simplifican un debate complejo y dejan de lado aspectos fundamentales, como la necesidad de construir una paz con enfoque territorial que atienda las particularidades de cada región del país.

Si esa propuesta suma o resta votos es algo que, según admite, terminará definiéndose en las urnas. Lo que sí observa es que el discurso de la seguridad y la mano dura ha recuperado fuerza en la campaña electoral. Se trata de una bandera históricamente asociada a la derecha colombiana y que hoy reaparece con intensidad tanto en los sectores vinculados al uribismo como en nuevas expresiones políticas de perfil más disruptivo.

La periodista identifica en algunos de esos liderazgos rasgos similares a fenómenos recientes de otros países latinoamericanos, particularmente aquellos que construyen su popularidad alrededor de propuestas radicales en materia de seguridad. En su opinión, muchas de esas iniciativas carecen de sustento jurídico, político o económico, pero logran conectar con amplios sectores de una sociedad preocupada por la inseguridad y el deterioro del orden público.

La campaña del miedo y la seguridad

El clima electoral se volvió aún más tenso tras el asesinato del candidato Miguel Uribe Turbay, un hecho que Pico Flórez describe como profundamente doloroso y perturbador para la democracia colombiana. El crimen, afirma, reactivó los recuerdos de una de las etapas más oscuras de la historia política nacional: aquella marcada por el asesinato sistemático de candidatos presidenciales y dirigentes políticos.

La sensación de que la política vuelve a desarrollarse bajo la sombra del miedo genera una preocupación transversal en todo el sistema político. Según señala, los esquemas de protección de los principales candidatos se reforzaron considerablemente después del atentado, reflejando la gravedad del momento.

Más allá del impacto inmediato, Pico Flórez considera necesario preguntarse quiénes resultan beneficiados por hechos de esta naturaleza. A su entender, el asesinato fortaleció especialmente a sectores que promueven respuestas más punitivas y que reivindican el uso de la fuerza como herramienta principal para enfrentar los problemas de seguridad.

Esa reacción le despierta una preocupación adicional. Recuerda que Colombia ya atravesó experiencias similares durante los años de la llamada “seguridad democrática”, una etapa en la que amplios sectores de la sociedad legitimaron estrategias de combate que posteriormente derivaron en graves violaciones a los derechos humanos. Entre ellas menciona el caso de los llamados “falsos positivos”, que dejaron miles de víctimas y continúan siendo una de las heridas más profundas de la historia reciente del país.

Por eso advierte que el desafío para Colombia no consiste únicamente en responder a las demandas de seguridad de la población, sino también en evitar que el miedo vuelva a convertirse en el principal ordenador de la política nacional.

Abelardo de la Espriella, candidato de extrema derecha a la presidencia de Colombia, cerró su campaña en la ciudad de Medellín

Las derechas frente al ciclo progresista

Dentro del campo opositor, Pico Flórez observa una disputa que, aunque se desarrolla dentro del mismo espacio ideológico, expresa sensibilidades diferentes. A su entender, Paloma Valencia encarna la continuidad más clara del establecimiento político, económico y social colombiano. La identifica como la representante de los sectores tradicionales del poder, aquellos con los que históricamente se han sentido cómodos las élites económicas, buena parte de los grandes medios de comunicación y los grupos que dominaron la escena política antes de la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia.

Según su análisis, Valencia concentra buena parte del respaldo de las clases medias y altas urbanas, sectores que suelen observar los problemas sociales desde una perspectiva más distante de las realidades territoriales y menos vinculada a las discusiones sobre justicia social que atravesaron el ciclo político inaugurado en 2022.

Muy distinto es el caso de Abelardo de la Espriella. Pico Flórez lo ubica dentro de una corriente política que busca combinar elementos presentes en liderazgos contemporáneos como los de Nayib Bukele y Javier Milei. Lo describe como una figura construida alrededor de la provocación, la exhibición de riqueza y una narrativa que reivindica el éxito individual, la opulencia y la idea de que todo es posible para quien logra imponerse por sus propios medios.

La periodista considera especialmente delicado que un discurso de esas características encuentre receptividad en una sociedad como la colombiana, atravesada durante décadas por el narcotráfico y por las huellas culturales que dejó ese fenómeno. A su juicio, Colombia todavía no ha realizado una reflexión profunda sobre las consecuencias que produjeron figuras como Pablo Escobar y sobre los valores que quedaron instalados en amplios sectores sociales a partir de aquella experiencia.

Por eso observa con preocupación la emergencia de dirigentes que no parecen sentir incomodidad frente a esos antecedentes y que incluso construyen parte de su identidad pública alrededor de vínculos con personajes asociados al mundo criminal. En el caso de De la Espriella, menciona particularmente su trayectoria profesional como abogado defensor de narcotraficantes y otros actores ligados a estructuras mafiosas.

Lo que está en juego en Colombia

Más allá de las intenciones explícitas de ese discurso, considera que existe el riesgo de que termine legitimando ciertos deseos o aspiraciones presentes en una parte de la sociedad colombiana: la fascinación por el poder, la riqueza rápida y la capacidad de imponerse por encima de las reglas. En ese sentido, interpreta que el candidato está captando una porción importante del voto urbano desencantado con los partidos tradicionales y seducido por propuestas que prometen soluciones inmediatas, especialmente en materia de seguridad.

Se trata, según explica, de un electorado que privilegia respuestas punitivas frente a la delincuencia y la violencia, muchas veces sin detenerse a analizar las causas estructurales de esos fenómenos ni las múltiples desigualdades que atraviesan la vida económica, social y cultural del país.

Cuando se proyecta hacia el resultado electoral y sus posibles consecuencias regionales, Pico Flórez entiende que una eventual victoria de Iván Cepeda tendría un significado que excedería las fronteras colombianas. Más que hablar de una continuidad de la izquierda en el poder, prefiere referirse a la consolidación de un ciclo progresista que podría seguir impulsando transformaciones sociales y políticas en la región.

Recuerda que, durante buena parte de la llamada ola progresista latinoamericana, Colombia permaneció como una excepción junto a otros países gobernados por fuerzas conservadoras. Por eso considera que la continuidad de un proyecto reformista enviaría una señal importante en un contexto internacional donde, según observa, avanzan propuestas orientadas hacia posiciones cada vez más conservadoras y restrictivas en materia de derechos sociales.

Desde su perspectiva, un eventual triunfo de Cepeda podría reafirmar agendas vinculadas a la inclusión, la protección de sectores vulnerables, el fortalecimiento de políticas públicas para jóvenes, mujeres, niños y diversidades, así como una mayor presencia del Estado en áreas estratégicas del desarrollo social.

En cambio, advierte que un regreso de la derecha al gobierno probablemente implicaría un giro brusco en materia de políticas sociales. Considera que muchos de los temores promovidos durante la campaña que llevó a Petro al poder terminaron demostrando ser infundados. Recuerda que Colombia no se convirtió en una dictadura ni reprodujo escenarios similares a los que algunos sectores pronosticaban. La propia realización de elecciones competitivas, señala, constituye una evidencia de ello, aunque reconoce que persisten territorios donde la violencia continúa condicionando el ejercicio pleno de la democracia.

A su juicio, uno de los aportes más significativos del gobierno de Petro fue haber instalado a Colombia en debates globales vinculados con el cambio climático y la protección ambiental. Esos temas, afirma, otorgaron al país una visibilidad internacional distinta y fortalecieron su papel dentro de las discusiones geopolíticas contemporáneas.

El futuro como legado

También destaca los avances logrados en materia de reforma agraria, uno de los pilares históricos del Acuerdo de Paz. Según explica, durante estos años se aceleraron procesos de titulación de tierras, compra de predios y entrega de hectáreas a campesinos y comunidades étnicas, además de la formalización de pequeñas y medianas propiedades rurales destinadas a futuros proyectos productivos. Para ella, la continuidad de esas políticas sería uno de los aspectos más relevantes de un eventual gobierno encabezado por Cepeda.

Otro punto que considera fundamental es el fortalecimiento de los mecanismos de justicia transicional. Sostiene que ningún proceso de reconciliación puede consolidarse sin verdad, justicia y reparación para las víctimas. En ese marco, valora especialmente que durante este período comenzaran a producirse avances concretos dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), incluyendo resoluciones y reconocimientos de responsabilidad por parte de antiguos integrantes de las FARC y miembros de la fuerza pública involucrados en graves violaciones de derechos humanos.

Pico Flórez cree que un gobierno de derecha difícilmente mantendría el mismo nivel de respaldo político y presupuestario para estos procesos, algo que, a su entender, podría comprometer avances esenciales para la consolidación de la paz.

Finalmente, subraya que el legado del gobierno del cambio no se limita a las grandes reformas estructurales. También menciona políticas orientadas a la primera infancia y a la protección social de los sectores más vulnerables. Considera que los indicadores positivos registrados en esos ámbitos constituyen una de las expresiones más concretas del impacto que tuvieron las políticas públicas impulsadas durante estos años.

Para la periodista, cuando un gobierno logra mejorar las condiciones de vida de niñas y niños está construyendo algo más que bienestar inmediato: está sembrando expectativas de futuro. Y es precisamente en esa idea de futuro donde, según concluye, se juega buena parte del significado político de la elección que Colombia enfrenta.

Escuchá la entrevista completa:

Fotos: Cristian Garavito, El Espectador; Carlos Ortega, Agencia EFE; Federico Rios, The New York Times 

Bolivia: incertidumbre en estado permanente

La falta de combustible, los cortes de rutas y la exigencia de renuncia contra Rodrigo Paz revelan una crisis que excede lo económico. José Luis Aliaga, de ERBOL, analiza en Señales el conflicto, el papel del evismo y la influencia de las nuevas derechas regionales

La crisis boliviana ya llevaba más de tres semanas cuando José Luis Aliaga atendió el llamado desde La Paz. Eran las nueve y seis de la mañana en Bolivia, diez y seis en Argentina, y mientras hablaba con Aire Libre Radio Comunitaria el gobierno acababa de iniciar un operativo para desbloquear las rutas que mantenían aisladas a las ciudades de La Paz y El Alto. El periodista de Escuelas Radiofónicas Bolivianas describía un país detenido, atravesado por una tensión que ya no podía explicarse únicamente como un conflicto sectorial o sindical. “Es un problema muy complejo”, resumía, mientras intentaba ponerle palabras a una escena cotidiana marcada por el desabastecimiento, la incertidumbre y el desgaste social.

La ciudad donde dejaron de escucharse motores

Los bloqueos habían impedido durante días el ingreso de alimentos, combustible y oxígeno para hospitales. En La Paz y El Alto, donde viven alrededor de dos millones de personas, ya no había gasolina desde hacía casi dos semanas. Las estaciones de servicio permanecían cerradas y ni siquiera las largas filas garantizaban conseguir combustible. En las calles apenas circulaban algunos vehículos adaptados para funcionar con gas licuado. El silencio de los motores se había convertido en una postal de la crisis.

Aliaga reconstruía el origen del conflicto en el primero de mayo, cuando la Central Obrera Boliviana declaró una huelga indefinida. A la protesta se habían sumado los maestros y otros sectores que reclamaban mejoras salariales y reivindicaciones específicas. Sin embargo, con el correr de los días, varios de esos espacios alcanzaron acuerdos con el gobierno y abandonaron las medidas. En los bloqueos quedaron la Central Obrera, la Federación de Trabajadores Campesinos Túpac Katari, grupos afines a Evo Morales y pequeños sectores mineros que acompañaban las movilizaciones.

Según el periodista, el gobierno de Rodrigo Paz tampoco había sabido responder a tiempo. "No ha tenido una respuesta para los pedidos", señalaba. Y cuando comenzaron a resolverse algunos reclamos parciales, emergió una nueva consigna que terminó unificando el malestar: la exigencia de renuncia del presidente. Esa demanda pasó a dominar la escena y llevó el conflicto a un punto crítico. Para entonces ya se acumulaban 22 días de bloqueos alrededor de La Paz y El Alto.

Durante la madrugada, el gobierno había lanzado un operativo que bautizó como "Corredor Humanitario de las Banderas Blancas", destinado a despejar caminos y permitir el ingreso de suministros. Pero la iniciativa, lejos de pacificar la situación, abrió nuevos focos de tensión. Ya se registraban incidentes en las rutas, especialmente en el trayecto entre Oruro y La Paz, donde fuerzas policiales apoyadas por el ejército avanzaban junto a maquinaria pesada para liberar las vías. Aliaga aclaraba que los militares no portaban armamento letal, aunque admitía que el desenlace seguía siendo incierto. "No podría decir con certeza si el bloqueo va a terminar hoy, mañana o la próxima semana", confesaba.

Rodrigo Paz y el giro hacia la derecha

En su análisis, el conflicto excedía la coyuntura económica y revelaba una fractura política más profunda. Rodrigo Paz, recordaba Aliaga, había llegado al poder gracias a una transferencia decisiva de votos provenientes del Movimiento al Socialismo. El enfrentamiento entre Evo Morales y Luis Arce había generado un vacío político que terminó beneficiando al entonces candidato moderado. Hasta poco antes de las elecciones, las encuestas mostraban al frente a Jorge "Tuto" Quiroga y Samuel Doria Medina, mientras Paz aparecía relegado a posiciones secundarias. Sin embargo, el respaldo del evismo alteró el escenario y permitió su victoria en primera vuelta.

Ese apoyo, decía Aliaga, se construyó bajo la lógica del "mal menor". Pero una vez en el gobierno, Rodrigo Paz habría girado rápidamente hacia los sectores de poder del oriente boliviano. El periodista relataba que, apenas asumido, el presidente se reunió con el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, recientemente liberado tras haber sido detenido por los sucesos de 2019, interpretados por el evismo como un golpe de Estado y por la oposición como una reacción al supuesto fraude electoral.

En Bolivia se registran 59 bloqueos en seis de las nueve regiones del país, con especial concentración en la zona andina, en un contexto de creciente tensión social tras el fracaso del segundo operativo policial y militar que el sábado intentó despejar una vía troncal tomada desde hace 19 días. La ruta permanece interrumpida por grupos de campesinos que mantienen sus medidas de presión y exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, mientras el conflicto se extiende y profundiza la incertidumbre en distintas zonas del territorio.

La rebelión de los que lo votaron
Para amplios sectores populares del occidente boliviano, esa decisión fue interpretada como una traición política. "Muchos pensaban que iba a ser, al menos, un hombre de centro", explicaba Aliaga. Sin embargo, observaban cómo el gobierno se alineaba con los agroindustriales, los productores sojeros y los grandes ganaderos del oriente. Como símbolo de ese desplazamiento ideológico, mencionaba al argentino Fernando Cerimedo, a quien definía como asesor personal de Rodrigo Paz y como una expresión de la creciente influencia de la derecha argentina sobre el gobierno boliviano. Cerimedo asesora a dirigentes de ultraderecha como Javier Milei, Jair Bolsonaro y Nasry Asfura.

Ese viraje alimentó el enojo de quienes habían acompañado electoralmente a Paz esperando otra orientación. Aliaga recordaba una conversación reciente con un exvocero de Evo Morales que sintetizaba el clima de época con crudeza: "Los que están en los bloqueos son los que votaron por Rodrigo Paz". La protesta, en esa lectura, no era únicamente económica, sino también una disputa por la representación política y por el sentido de un voto que sentían traicionado.

En medio de ese escenario, las organizaciones campesinas y aymaras volvían a ocupar un papel central. La movilización estaba encabezada por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y articulada territorialmente por la Federación Departamental Túpac Katari de La Paz, responsable de gran parte de los bloqueos. Para el domingo siguiente estaba prevista una mesa de diálogo con el gobierno, aunque todo dependía de lo que ocurriera durante la jornada de desbloqueo.

Aliaga admitía que había imaginado un camino hacia la negociación después de la presentación del "Corredor Humanitario". Pensó que el gobierno intentaría abrir las rutas para luego sentarse a conversar. Pero las noticias que llegaban desde los puntos de conflicto indicaban otra cosa: seguían produciéndose incidentes y el clima continuaba siendo extremadamente frágil. "Todavía no está resuelto el conflicto", repetía.

Una captura que podría incendiar el país
La figura de Evo Morales atravesaba inevitablemente toda la crisis, aunque Aliaga se esforzaba por evitar simplificaciones. No creía que el expresidente fuera la cabeza visible del movimiento que mantenía paralizadas las rutas. "Es otra cosa", insistía. Morales permanecía en el Chapare, en el trópico de Cochabamba, el mismo territorio desde el cual construyó décadas atrás su liderazgo sindical cocalero y desde donde inició el camino que lo llevó a la presidencia de Bolivia. Allí seguía, resguardado por sectores sociales afines que lo protegían frente a las denuncias judiciales en su contra y frente a una orden de aprehensión impulsada por la derecha boliviana.

Aliaga remarcaba que no podía hablarse de clandestinidad. Evo seguía activo políticamente, participaba de programas radiales y mantenía comunicación con sus bases. Todos los domingos, recordaba, podía escuchárselo en Radio Kawsachun Coca, en una emisión temprana que seguía funcionando como espacio de referencia para el evismo. "No está clandestino, está resguardado", aclaraba.

La diferencia no era menor. Para el periodista, el núcleo que acompañaba a Morales en las protestas existía, pero no alcanzaba para explicar por sí solo la magnitud del conflicto. Había grupos evistas en los bloqueos de La Paz y El Alto, sí, pero la raíz del levantamiento era más amplia y más difusa. A su entender, lo que se estaba expresando en las rutas era el enojo de sectores populares que consideraban que su voto había sido utilizado para construir un gobierno que luego se desplazó hacia posiciones conservadoras y abandonó sus demandas.

Aliaga insistía varias veces en que todo era extremadamente cambiante y difícil de explicar. "De un momento a otro puede cambiar", decía. Esa incertidumbre también atravesaba la situación de Evo Morales. Ejecutar la orden de captura contra el expresidente podía abrir un escenario todavía más delicado. Nadie sabía con precisión cómo estaba organizado el grupo que lo custodiaba en el Chapare ni cuál podía ser su reacción ante una intervención estatal. "No se sabe si esos guardianes están armados o no", advertía. Y sugería que el gobierno evitaba avanzar justamente para no provocar una escalada de consecuencias imprevisibles.

Cerimedo, Milei y las nuevas derechas

La dimensión regional del conflicto aparecía cada vez con más claridad. Aliaga observaba una fuerte cercanía política entre Rodrigo Paz y los gobiernos de derecha y ultraderecha del continente. El respaldo explícito de Javier Milei era, para él, evidente. No sólo por el alineamiento político, sino también por la presencia de Fernando Cerimedo dentro del entorno presidencial boliviano. El periodista lo mencionaba como una figura asociada al oficialismo argentino y también vinculada al bolsonarismo brasileño.

En medio del conflicto, Argentina había enviado un avión para trasladar mercadería —principalmente carne vacuna y pollo— destinada a abastecer parcialmente los mercados de La Paz y El Alto. Oficialmente se presentó como una ayuda humanitaria. Sin embargo, rápidamente aparecieron cuestionamientos porque esos productos terminaron siendo comercializados por empresarios privados que, según la explicación gubernamental, se hacían cargo del combustible de la aeronave y por eso vendían luego la mercadería.

La contradicción alimentó sospechas y malestar. "¿Por qué un avión que llega para ayuda humanitaria está siendo utilizado por empresarios privados?", era una de las preguntas que empezaban a circular. El gobierno argumentaba que el mecanismo era necesario para garantizar el abastecimiento, pero para muchos sectores eso mostraba cómo incluso en medio de la crisis persistían intereses económicos y privilegios empresariales.

Chile también había enviado asistencia. Un avión Hércules aterrizó en Bolivia con alimentos secos y otros insumos. Pero alrededor de esos vuelos comenzaron a multiplicarse rumores y denuncias. Circulaban versiones sobre un posible traslado de armamento o de equipamiento antidisturbios destinado a reforzar la represión de los bloqueos. Aliaga era prudente. Repetía que no existían pruebas concluyentes y que cualquier afirmación debía investigarse seriamente. "No se ha comprobado", insistía.

Aun así, el tema ya había ingresado en el debate político. Se hablaba de la posibilidad de que el avión hubiera transportado armas, gases lacrimógenos u otros elementos vinculados a operativos de seguridad. También se habían presentado pedidos de informe sobre la presencia y funciones de Fernando Cerimedo dentro del gobierno boliviano: bajo qué modalidad trabajaba, quién financiaba sus actividades y cuál era exactamente su rol. Pero, hasta ese momento, no existían respuestas oficiales.

El país de la incertidumbre permanente

En ese contexto crecían las comparaciones regionales y las referencias históricas. La conversación derivaba inevitablemente hacia la articulación entre las nuevas derechas latinoamericanas, el alineamiento con Estados Unidos y las resonancias del viejo Plan Cóndor. Aliaga evitaba afirmaciones categóricas, pero reconocía que existía una percepción creciente de coordinación política entre gobiernos conservadores del continente.

Mientras tanto, el diálogo seguía apareciendo como la única salida posible, aunque todavía extremadamente frágil. La reunión prevista entre el gobierno y los sectores movilizados estaba auspiciada por la Defensoría del Pueblo y por la Iglesia Católica boliviana, que intentaban actuar como mediadoras. Pero incluso allí predominaba la incertidumbre. El gobierno había anunciado fecha y hora para la negociación —el domingo a las diez de la mañana, hora argentina—, aunque la propia Iglesia advirtió públicamente que el diálogo todavía no estaba consolidado y cuestionó al Ejecutivo por presentar como seguro un acuerdo que aún dependía de la evolución del conflicto en las rutas.

La crisis sin desenlace

Aliaga volvía una y otra vez sobre la misma idea: en Bolivia todo podía cambiar de un momento a otro. Las noticias sobre caravanas de cisternas cargadas de combustible convivían con estaciones de servicio completamente vacías. "Llegan 70 cisternas, pero los surtidores siguen cerrados", describía casi con incredulidad. Entonces aparecía la pregunta inevitable: si las cisternas habían llegado, ¿dónde estaba la gasolina? Nadie lograba responderlo con claridad.

En las horas siguientes, decía, tal vez comenzaría a normalizarse parcialmente el abastecimiento gracias a algunos corredores abiertos entre los bloqueos. Quizás podrían entrar camiones con combustible y alimentos hacia La Paz y El Alto. Pero incluso eso seguía siendo una posibilidad incierta, pendiente de lo que ocurriera en las rutas y de la capacidad del gobierno para evitar nuevos enfrentamientos.

Aliaga hablaba desde una ciudad suspendida en la espera. Un país entero parecía atrapado entre bloqueos, operaciones de desbloqueo, rumores, negociaciones frágiles y disputas políticas cada vez más profundas. "Aquí todo hay que esperar", resumía al final de la conversación. Y en esa frase parecía condensarse el estado general de Bolivia: una sociedad atravesada por el desgaste, la desconfianza y una incertidumbre que nadie, ni el gobierno ni los movimientos sociales ni la oposición, parecía capaz de controlar.

Fotos: Agencia AFP, EFE, Marka Registrada

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