La Justicia parió una condena que tardó 13 años en revisar

En diálogo con Señales, Pate Palero, directora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir, analiza el caso de Paola Ortiz, quien después de más de 13 años presa recuperó la libertad. Había sido condenada a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo tras atravesar un parto en avalancha, sin asistencia médica y en un contexto de extrema vulnerabilidad. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba revisó aquella sentencia, reconoció que no había sido juzgada con perspectiva de género y fijó una pena equivalente al tiempo que ya había cumplido. Para Palero, el caso expone los prejuicios que todavía pesan sobre las mujeres cuando la Justicia mira una emergencia obstétrica como si fuera un delito.

Una historia que apareció casi por casualidad
Paola Ortiz estaba presa desde hacía más de una década cuando su historia llegó, casi de casualidad, a las abogadas de Católicas por el Derecho a Decidir. Ellas realizaban una investigación sobre determinadas sentencias cuando encontraron su expediente. Lo leyeron y algo empezó a resultar evidente: allí podía haber una injusticia.

"Es una mujer que nunca fue escuchada en el juicio", cuenta Pate Palero. La defensa oficial, según reconstruye, había sido deficiente y no había apelado ninguna de las instancias. Para una mujer pobre, con poco conocimiento sobre sus derechos y atravesada por una situación de extrema vulnerabilidad, aquella maquinaria judicial había avanzado sin detenerse demasiado a escuchar qué había sucedido.

Era 2012. La perspectiva de género todavía no estaba instalada en la Justicia, y mucho menos había logrado atravesar de manera transversal las decisiones judiciales. Hoy, admite Palero, esa batalla continúa: todavía cuesta incorporar esa mirada en cada expediente, en cada sentencia, en cada interpretación.

Las abogadas comenzaron entonces a vincularse con Paola y a reconstruir su historia.

En el centro estaba un parto ocurrido de manera abrupta. Paola ya tenía tres hijos. Pero ser madre no significaba, como se desprendía de la mirada que terminó imponiéndose sobre ella, estar naturalmente preparada para resolver un parto en cualquier circunstancia.

"Eso no nos da un seminario de maternidad por sí", plantea Palero. El nacimiento había ocurrido, según el relato de Paola y la descripción de uno de los peritos, "en avalancha": sin un aviso previo, como una situación que se precipitó de golpe y que ella no pudo tramitar. Paola sostuvo que el nacimiento había sido sin vida y que la experiencia había sido profundamente traumática.

A pesar de ese relato, terminó acusada de haber matado al producto de aquel parto.

El expediente y los prejuicios
La acusación por homicidio agravado por el vínculo se apoyó, explica Palero, en relatos de un policía y estuvo atravesada por una serie de prejuicios y mandatos acerca de lo que se supone que una mujer debe ser y hacer.

No se trataba solamente de determinar qué había ocurrido durante aquel parto. También parecía operar una idea previa sobre quién debía ser Paola.

Una mujer —y especialmente una madre— debería saber. Debería poder. Debería cuidar. Debería responder. Debería comportarse de acuerdo con aquello que se espera de ella.

En esa mirada también aparecen otros estereotipos: que las mujeres mienten, que siempre esconden una segunda intención, que sus relatos son sospechosos o que detrás de determinadas conductas puede haber algo perverso.

Palero encuentra incluso una raíz mucho más antigua en esa forma de observar a las mujeres. Menciona el Malleus Maleficarum (El martillo de las brujas), el tratado sobre la brujería escrito por dos frailes dominicos y publicado en Estrasburgo en 1487, históricamente asociado con la persecución de las mujeres acusadas de brujería. Según sostiene, algunas de las imágenes allí construidas dejaron una huella perdurable en el derecho occidental: la mujer asociada con la maldad, la brujería, las intenciones ocultas y el engaño.

"Todas esas cosas me parece que en algunos casos, como en este, persisten para mirar a las mujeres", dice. Paola, mientras tanto, había quedado atrapada en esa mirada.

Pobre, sin una defensa adecuada, con escaso conocimiento de sus derechos y sin posibilidades reales de revertir lo que estaba ocurriendo, terminó estigmatizada por la sociedad y por los medios. Era, además, un pueblo pequeño. La condena tuvo una dimensión social que excedió el expediente judicial.

En 2015 recibió prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo. La sentencia quedó firme.

Lo que la primera sentencia no quiso -o no pudo- ver
Cuando las organizaciones llegaron a la causa, el problema ya no era solamente qué había ocurrido en aquel parto. La pregunta era qué elementos habían quedado afuera de la mirada judicial.

La revisión impulsada por sus abogadas, Rocío García Garro y Julia Luna, y acompañada por organizaciones feministas, de derechos humanos y académicas, puso sobre la mesa una dimensión que la condena original no había considerado adecuadamente: las condiciones concretas en las que vivía Paola.

La pobreza. La violencia. La dependencia económica y habitacional. La ausencia de redes de apoyo. Las circunstancias propias del parto y del puerperio. La desigualdad estructural. Los mandatos de género relacionados con la reproducción. Todo eso, plantea Palero, debía formar parte de la historia.

No se podía analizar una emergencia obstétrica como si hubiera ocurrido en el vacío.

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba revisó finalmente aquella condena y reconoció que la sentencia original no había incorporado una perspectiva de género. No absolvió a Paola, pero modificó sustancialmente la pena.

Fijó una condena de 13 años, 9 meses y 26 días: exactamente el tiempo que ya había pasado privada de su libertad. La consecuencia fue inmediata. Paola recuperó la libertad. Para quienes la acompañaron, fue una reparación importante, aunque incompleta.

Porque el tribunal no se pronunció sobre una cuestión central para las organizaciones: el nacimiento sin vida que Paola había relatado. Y por eso, explica Palero, están evaluando si ese aspecto puede ser llevado a otras instancias internacionales.

La posición de quienes la acompañan sigue siendo contundente: sostienen que Paola no es culpable.

La madre que la sociedad espera
El caso vuelve una y otra vez sobre una pregunta incómoda: ¿qué significa ser una "buena madre" y quién decide cuándo una mujer cumplió con ese mandato?

Palero responde desde una tradición de décadas de feminismo y organización de mujeres. Los estereotipos, dice, no desaparecen porque cambien las leyes. Siguen presentes en la cultura y también en quienes interpretan y aplican esas leyes.

Está la idea de que las mujeres deben ser madres en cualquier circunstancia. Que tienen que estar al servicio del cuidado. Que deben ser sumisas, calladas y obedientes, especialmente frente a figuras masculinas. Que lo doméstico y el cuidado son atributos naturales de las mujeres. Pero nada de eso es natural, sostiene.

Son construcciones culturales. Y aunque tienen una enorme fuerza, también pueden modificarse.

Palero vincula esos mandatos con un modelo capitalista y patriarcal que históricamente invisibilizó el trabajo doméstico y reproductivo de las mujeres, sin reconocer su verdadero peso en el funcionamiento de la sociedad.

En el caso de Paola, esos mandatos terminaron convirtiéndose en una vara con la que se midió su comportamiento. "Paola es una simple mujer de barrio que hizo lo que pudo con su realidad", dice Palero. Y fue castigada, agrega, desde una mirada "muy androcéntrica, muy patriarcal".

Trece amicus curiae y una pelea colectiva
La revisión de la condena no fue obra de una sola organización ni de una sola persona. Detrás del expediente se desplegó un trabajo colectivo.

Fueron 13 los amicus curiae que llegaron al proceso. Participaron organizaciones como el CELS, Amnistía Internacional, ELA e Innocence Project, además de organizaciones locales e internacionales y especialistas que aportaron argumentos para mirar el caso desde distintas perspectivas.

Palero destaca especialmente esa articulación.

No lo presenta como un gesto de falsa humildad. Para ella, la intervención colectiva es una de las fortalezas históricas del movimiento feminista y de derechos humanos: organizaciones diferentes que ponen en común saberes, experiencias y herramientas para intervenir allí donde una injusticia necesita ser revisada.

El propio tribunal tomó argumentos de esos amicus curiae. "Esa es una construcción de capital intelectual que el movimiento le ha dado a las democracias", sostiene Palero. Y esa construcción también explica por qué un caso como el de Paola consigue trascender sus propios límites.

Porque Paola no es la única.

Paola y Belén: cuando una emergencia llega al fuero penal
Palero menciona el caso de Belén. Son historias diferentes, aclara, pero tienen algo en común: ambas muestran cómo una emergencia obstétrica puede terminar convertida en una causa penal contra una mujer. La comparación permite mirar más allá de un expediente concreto.

¿Qué sucede cuando una mujer atraviesa una situación vinculada con el embarazo, el parto o el puerperio y la primera respuesta institucional no es comprender el contexto, sino sospechar, investigar y castigar? Para Palero, allí aparece un problema estructural.

También observa con preocupación el discurso actual sobre las llamadas "falsas denuncias", que considera una construcción falaz que continúa operando y que puede contribuir a naturalizar injusticias y desigualdades más amplias.

Por eso, la discusión sobre Paola no termina con Paola. La pregunta es qué tiene que cambiar para que la próxima emergencia obstétrica no vuelva a transformarse en una acusación penal.

Los derechos no se regalan
Palero ubica esta discusión dentro de una historia más larga. Argentina se prepara para el 39.º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades en Córdoba, pero el movimiento de mujeres tiene una historia mucho más extensa que la de los encuentros.

Durante décadas, esa construcción plural, federal e intergeneracional consiguió transformar demandas en leyes y construir un marco normativo que hoy resulta fundamental.

Pero hay algo que también aprendieron en el camino: las leyes no se defienden solas. Los derechos deben sostenerse todos los días, en cada lugar y frente a cada contexto. Deben ser defendidos y argumentados porque son conquistas, no concesiones.

Y cada conquista, dice Palero, implica también disputar privilegios de sectores que históricamente tuvieron ventajas sobre otros.

Por eso, en un momento en que existe un fuerte cuestionamiento al sistema político, entiende que también hay que "poner el ojo en la Justicia". El caso Paola obliga justamente a mirar allí.

Una libertad que todavía tiene que reconstruirse
Pate Palero vio a Paola personalmente el día anterior a la conversación. La encontró fuerte. "Increíblemente fuerte", repite. 

Después de más de 13 años en prisión, ahora tiene que reconstruir su vida. Volver a armar su contexto. Recuperar vínculos. Recomponer una cotidianeidad que quedó suspendida durante más de una década.

Pero algo ya estaba allí. Los vínculos. Algunos construidos antes de la prisión. Otros nacidos dentro del penal. También las compañeras con las que compartió esos años y que ahora, algunas de ellas, ya recuperaron su propia libertad.

Paola está tejiendo nuevamente esa red. Palero habla entonces de una "resiliencia popular". Una cultura popular que resiste, que acompaña, que construye vínculos incluso en los lugares más adversos.

Se emociona cuando lo cuenta.

Quizás porque en esa imagen aparece algo que no figura en ninguna sentencia: una mujer que, después de haber sido convertida durante años en un expediente, vuelve a ser una persona que tiene que reconstruir su vida.

La Justicia modificó su condena. Le permitió salir de prisión. Reconoció que aquella primera sentencia había sido dictada sin perspectiva de género y que las condiciones de vulnerabilidad habían sido insuficientemente consideradas.

Pero todavía quedó una pregunta abierta sobre el fondo de la acusación.

Por eso, para quienes acompañan a Paola, su libertad no representa el final de la historia. Representa apenas un punto de inflexión.

También una advertencia: una emergencia obstétrica no puede ser analizada separada de las condiciones sociales, económicas y culturales en las que ocurre. Y una mujer no debería ser juzgada por no haber encarnado el modelo de maternidad que otros construyeron para ella.

En esa disputa se juega algo que excede el nombre de Paola Ortiz. Se juega la posibilidad de que la próxima mujer que atraviese una emergencia obstétrica sea escuchada antes de ser sospechada, comprendida antes de ser estigmatizada y juzgada con todas las circunstancias de su historia sobre la mesa. 

Porque, como insiste Palero, ninguna emergencia obstétrica debería ser considerada automáticamente un delito. Como mínimo, debe ser entendida en el contexto de la desigualdad estructural y de los mandatos patriarcales que todavía pesan sobre la reproducción.

Paola ya está afuera.

Ahora queda por ver qué hará la Justicia con todo lo que su historia volvió a poner delante de sus ojos.

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"Trabajamos sin saber cuándo cobramos": el reclamo de los acompañantes terapéuticos frente a IAPOS

En los últimos meses, Milagros Orué se convirtió en una de las voces visibles del reclamo que los acompañantes terapéuticos de Rosario llevan adelante frente a IAPOS. El pedido, que excede la discusión estrictamente salarial, pone en el centro las condiciones en las que trabajan quienes acompañan a personas que requieren apoyos para sostener sus tratamientos y sus proyectos de vida.

Durante una entrevista con Señales, Orué explicó que el reclamo lleva meses y que las exigencias planteadas ante la obra social provincial siguen sin encontrar respuestas concretas. Los acompañantes reclaman cobrar a 30 días, a mes vencido, una actualización de sus honorarios y el pago de prestaciones que, en algunos casos, acumulan hasta 90 días de demora.

La situación de los honorarios es uno de los puntos que más preocupa al colectivo. Según detalló Orué, IAPOS actualmente paga menos de 10.000 pesos la hora por el acompañamiento terapéutico, una cifra que, en sus palabras, "no nos alcanza ni para un kilo de carne". Como referencia, señaló que el Colegio de Psicólogos establece un mínimo de 27.000 pesos para esa misma labor.

A la demora en la actualización de los valores se suma el atraso en los pagos. Orué explicó que al momento de la entrevista estaban esperando cobrar las prestaciones correspondientes a junio, mientras algunos compañeros todavía aguardaban pagos de mayo e incluso de marzo. Ya habían pasado más de 40 días desde el último cobro recibido y, según anticipó, la semana siguiente se acercarían a los 50 días sin percibir sus honorarios.

El reclamo había llevado a los acompañantes a movilizarse dos veces durante esa misma semana. En un primer momento, contó Orué, desde IAPOS les habían informado que los fondos no estaban disponibles. Después de una nueva movilización, una representante de la gestión les comunicó que, al menos, la obra social transferiría los fondos a una mutual que terceriza el pago del acompañamiento terapéutico.

Esa modalidad, que en principio debía agilizar el circuito, terminó convirtiéndose para los trabajadores en una nueva instancia de incertidumbre. Orué sostuvo que la tercerización, lejos de acelerar los pagos, los está dilatando. La mutual está radicada en Santa Fe y, según relató, resulta prácticamente imposible acceder a sus responsables. La situación llegó al punto de que, cuando los acompañantes se presentaron en IAPOS para reclamar, fueron los propios trabajadores de la obra social quienes les pidieron los contactos de la mutual para poder comunicarse con ella.

"Es una vergüenza", resumió Orué al describir esa situación.

La confusión alrededor de la tercerización tampoco termina allí. Ante la consulta sobre qué mutual intervenía en el circuito, Orué mencionó a la Mutual de la Caja de Ingenieros y remarcó que no tiene relación con los afiliados de IAPOS. A eso se agregó otro dato que, para los acompañantes, expone el desorden administrativo: la documentación vinculada con sus reclamos había sido dejada en el Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de la Provincia de Santa Fe – Distrito II, una institución que tampoco tiene relación con los afiliados de la obra social provincial.

Mientras tanto, los trabajadores deben sostener cotidianamente los costos de una actividad que requiere movilidad y disponibilidad permanente. Monotributo, seguros, transporte y otros gastos forman parte de una estructura que deben afrontar aun cuando los pagos de la obra social se acumulan durante meses.

"Nosotros afrontamos gastos día a día, vivir es cada vez más caro", explicó Orué. La consecuencia, según describió, es que la mayoría de los acompañantes se encuentra endeudada.

Hay además un componente social que atraviesa particularmente al sector. Orué señaló que la mayoría de los acompañantes terapéuticos son mujeres y que muchas de ellas son sostén de hogar. Frente a la falta de ingresos, algunas evalúan conseguir otras fuentes laborales o incluso discontinuar alguno de sus trabajos. En otros casos, intentan acordar con las familias de las personas a las que acompañan para encontrar alguna alternativa que les permita sostener la prestación.

Pero Orué insistió en que las familias no son responsables de la situación. Son ellas, explicó, las que aportan todos los meses a la obra social, mientras IAPOS mantiene incrementos constantes y elevados en sus cuotas, sin que, a la vez, se traduzcan en una mejora equivalente de las prestaciones.

La pregunta que queda flotando, entonces, es qué ocurre con el dinero que aportan los afiliados. "¿A dónde va ese dinero de los afiliados?", planteó Orué.

Para los acompañantes terapéuticos, el conflicto tampoco puede reducirse a una discusión sobre salarios o atrasos administrativos. Orué sostuvo que se trata de una discusión mucho más amplia, vinculada con las políticas de inclusión, los derechos humanos, los derechos de las personas con discapacidad y de sus trabajadores, el derecho a la salud y la construcción de una sociedad más accesible.

Desde esa perspectiva, considera que el conflicto también expresa una determinada política de discapacidad del gobierno provincial. Y allí ubica uno de los principales problemas: la percepción de que el sistema pretende sostenerse sobre el bolsillo de sus propios trabajadores.

"Está liquidando el sistema", afirmó, al describir un esquema que considera "totalmente desfinanciado, precarizado, abandonado".

Las respuestas de IAPOS tampoco alcanzaron, hasta el momento, para desactivar el reclamo. En cuanto a la actualización de honorarios, Orué aseguró que el tema fue postergado reiteradamente. Los trabajadores incluso solicitaron una reunión con las autoridades y quedaron a la espera de que les confirmaran una fecha.

Respecto de los pagos atrasados, la información que recibieron fue que, aparentemente —Orué utilizó esa palabra con especial énfasis porque, según dijo, ya no pueden confiar plenamente en las comunicaciones de la obra social—, IAPOS habría enviado los fondos a la mutual entre el jueves y el viernes, después de las dos movilizaciones realizadas en una misma semana.

Sin embargo, ese dinero todavía no había llegado a las cuentas bancarias de los acompañantes.

La incertidumbre se transforma así en parte del trabajo cotidiano. No existe una fecha concreta de cobro ni garantías sobre cuándo será reconocido económicamente el trabajo ya realizado. Para Orué, resulta difícil aceptar que un trabajador deba sostener durante meses una prestación esencial sin saber cuándo cobrará.

"Nadie, ningún funcionario de la gestión puede vivir cobrando su sueldo con 90 días de atraso, sin tener una fecha de cobro, sin tener ninguna seguridad de que su trabajo va a ser reconocido", sostuvo.

Frente a esa situación, los acompañantes terapéuticos anticiparon que volverían a movilizarse la semana siguiente. La protesta, lejos de considerarse cerrada, se preparaba para continuar.

Uno de los reclamos que permanece pendiente es, además, el contacto directo con las máximas autoridades de IAPOS. Orué aseguró que jamás pudieron acceder al presidente de la obra social, Nolasco Salazar. Cada vez que intentaron hablar con él, recibieron como respuesta que estaba de viaje.

El jueves de aquella semana, durante una de las movilizaciones, les informaron que Salazar se encontraba en Santa Fe. Tampoco estaba su secretaria, con quien los acompañantes habían logrado mantener algún contacto anteriormente. 

El circuito de reclamo, además, se volvió confuso dentro de la propia estructura de la obra social. Cuando los trabajadores concurren a IAPOS, son derivados de una oficina a otra: primero a Egresos, luego al área de Discapacidad y así sucesivamente.

Durante una de las concentraciones apareció una representante del área de discapacidad de la gestión. Según Orué, la funcionaria se mostró molesta frente a la protesta y tuvo un discurso que calificó de "bastante insensible". La mujer explicó que actuaba como nexo entre los trabajadores y la gestión, pero para Orué esa explicación no alcanzaba: al formar parte de la estructura de gobierno, también es responsable de las decisiones que afectan al sector.

Además, sostuvo que durante ese encuentro la representante no parecía tener un conocimiento suficiente sobre el funcionamiento del sistema de acompañamiento terapéutico. Fueron los propios trabajadores quienes terminaron explicándole cómo se desarrolla la gestión de esas prestaciones.

Para Orué, ese episodio terminó de confirmar una sensación que atraviesa al colectivo: la de estar frente a un profundo desinterés por parte de las autoridades.

En cuanto a Salazar, la situación fue todavía más distante. Orué afirmó que nunca tuvieron una comunicación telefónica directa con él y que su presencia en las oficinas de IAPOS no se produjo en ninguna de las numerosas ocasiones en que los acompañantes concurrieron para reclamar.

La única manera en que, según su relato, pudieron verlo fue a través de fotografías. Y allí apareció una de las frases más duras de su testimonio: "Por foto para campaña, bueno, ahí sí se hace presente".

Fuera de esas imágenes, dijo, no hubo una presencia concreta del titular de la obra social para ofrecer garantías o respuestas frente a un reclamo que los acompañantes consideran básico: cobrar en tiempo y forma por el trabajo realizado.

El conflicto, de todos modos, no se limita a IAPOS. Al cierre de la entrevista, Orué remarcó que situaciones similares atraviesan también a acompañantes terapéuticos vinculados con otras obras sociales. Pero estableció una diferencia: el carácter provincial de IAPOS implica, desde su perspectiva, una responsabilidad mayor por parte del Estado santafesino.

Los acompañantes terapéuticos continúan así reclamando por honorarios que consideran desactualizados, pagos que llegan con meses de demora y un sistema de gestión que, según denuncian, los obliga a sostener con recursos propios una prestación destinada a garantizar derechos de personas con discapacidad.

Mientras esperan que una fecha de pago deje de ser una promesa y se convierta en una transferencia efectiva, Orué y sus compañeros preparan nuevas movilizaciones. El reclamo, insiste ella, no es solamente por cuánto cobran ni por cuándo cobran: también es por las condiciones en las que se sostiene un sistema de cuidados, acompañamientos e inclusión que, según advierte, no puede seguir funcionando a costa de quienes todos los días lo mantienen en pie.

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Dos décadas de salud, territorio y trabajo colectivo desde la universidad pública

Desde las aulas de Medicina hasta los pueblos rurales, los Campamentos Sanitarios y una investigación sobre abortos espontáneos e hipotiroidismo, Damián Verzeñassi construyó una manera de mirar la salud desde el territorio. Más de 260.000 personas entrevistadas, 40 localidades recorridas y una pregunta que todavía sigue abierta: qué relación existe entre las formas de producir y aquello que finalmente ocurre en los cuerpos

Una pregunta que empezó con el siglo
El doctor Damián Verzeñassi habla de salud, pero difícilmente lo haga sin hablar también del territorio. Médico especialista en Medicina Legal, docente e investigador y director del Instituto de Salud Socioambiental (InSSA) de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, lleva más de dos décadas trabajando junto a sus equipos alrededor de una pregunta que atraviesa buena parte de su trayectoria: qué relación existe entre las formas en que una sociedad produce y las enfermedades que aparecen en los territorios donde esas formas de producción se despliegan.

La historia del Instituto no comenzó en 2013, cuando fue creado formalmente, ni siquiera en 2004, cuando la materia Salud Socioambiental empezó a dictarse en la carrera de Medicina. Para Verzeñassi, el recorrido se remonta a los primeros años del siglo, cuando aquel espacio funcionaba todavía como cátedra libre de Salud Pública.

El proyecto comenzó a gestarse en 2003 y la materia empezó a dictarse en agosto de 2004. Nueve años después, el 18 de septiembre de 2013, el Decanato de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR creó formalmente el Instituto de Salud Socioambiental mediante la Resolución Nº 4560/2013 bis. En 2018, su creación fue ratificada por el Consejo Directivo a través de la Resolución C.D. Nº 2825/2018.

"Arrancamos con el siglo", resume en Señales Verzeñassi.

La frase condensa una trayectoria de más de dos décadas en la que una preocupación fue tomando distintas formas: una materia universitaria, investigaciones, trabajo territorial, relevamientos epidemiológicos, publicaciones científicas y, con el tiempo, nuevas preguntas sobre la producción de alimentos y sus consecuencias sobre la salud.

Desde aquellos primeros años, el objetivo fue mirar la salud desde una perspectiva que no se limitara al consultorio ni a la enfermedad individual. La pregunta por las condiciones en las que viven y trabajan las personas llevó al equipo a salir de la Facultad, recorrer territorios, conversar con sus habitantes y relevar información sanitaria.

Así nacieron los Campamentos Sanitarios.

Cuando la medicina salió del aula
Entre diciembre de 2010 y diciembre de 2019, los Campamentos Sanitarios fueron utilizados como dispositivo de evaluación final de la práctica final de la carrera de Medicina. Para los estudiantes constituían el examen con el que culminaban su formación. Pero la experiencia tenía una particularidad: además de las actividades propias de la práctica, incluía un relevamiento epidemiológico destinado a construir un perfil epidemiológico y sociosanitario de las comunidades visitadas.

Las localidades no eran seleccionadas desde un escritorio. Llegaban al equipo a través de sus propios habitantes o de sus autoridades.

"Nos llamaban los intendentes o los vecinos de los pueblos, hablaban con sus presidentes comunales y así llegábamos a estas comunidades", cuenta Verzeñassi.

La experiencia fue adquiriendo una dimensión poco habitual para una actividad académica. A lo largo de esos nueve años, el equipo entrevistó en sus propios domicilios a más de 260.000 personas.

La cifra adquiere otra dimensión cuando se observa dónde se realizaban los relevamientos. Muchas de las localidades visitadas eran pueblos pequeños, con poblaciones que quedaban por debajo de los tamaños habituales de las grandes encuestas nacionales. El trabajo permitió así construir información sanitaria sobre comunidades que muchas veces no aparecen con ese nivel de detalle en los registros estadísticos.

Cada Campamento Sanitario producía su propio informe. Una vez terminada la experiencia, los resultados eran entregados a la comunidad y publicados. Pero durante años los datos permanecieron organizados fundamentalmente por localidad.

Todavía faltaba hacer una pregunta distinta: qué podía aparecer si todos esos datos se miraban juntos.

El último Campamento Sanitario se realizó en diciembre de 2019. Después, las nuevas autoridades de la Facultad decidieron discontinuar el dispositivo. Tres meses más tarde llegó la pandemia de coronavirus.

El corte abrupto de aquella experiencia obligó al equipo a volver sobre una enorme cantidad de información que había conseguido reunir durante los nueve años anteriores.

"Empezamos a repensar qué hacer con toda la información que durante esos nueve años habíamos logrado construir", recuerda Verzeñassi.

Hasta ese momento, los datos habían servido principalmente para elaborar diagnósticos particulares de cada localidad. Lo que nunca habían hecho era un análisis comparativo de todas ellas.

Entre 2020 y 2022 comenzaron entonces a trabajar sobre un conjunto de ocho localidades, buscando comparar la prevalencia y la incidencia del cáncer: por un lado, la cantidad de casos existentes y, por otro, la aparición de casos nuevos.

El resultado terminó convirtiéndose en una publicación científica. Pero aquella primera comparación abrió una puerta hacia otra pregunta.

De los archivos a una nueva investigación
En 2025, el Centro de Derechos Reproductivos de América Latina se comunicó con el equipo para consultar si disponía de información sobre el impacto de los agrotóxicos en la salud reproductiva.

La organización estaba impulsando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra el Estado colombiano vinculada con las fumigaciones realizadas durante el denominado Plan Colombia.

Durante ese programa, explica Verzeñassi, el glifosato fue utilizado para fumigar áreas donde se encontraban plantaciones ilegales de coca. Las aplicaciones tenían como objetivo destruir la vegetación, pero también alcanzaron a comunidades campesinas que habitaban esas regiones.

El pedido llevó al equipo a volver sobre sus propios archivos y formular una pregunta que hasta entonces no habían analizado de manera específica: qué información tenían sobre salud reproductiva en las localidades relevadas durante los Campamentos Sanitarios.

La respuesta estaba escondida en las entrevistas realizadas años antes. Así nació el estudio que finalmente fue publicado por la Revista de Salud Pública de la Universidad Nacional de Córdoba.

La investigación se construyó a partir de información de 6.497 mujeres de nueve localidades santafesinas, cuyos datos habían sido relevados entre 2008 y 2018. A las ocho localidades utilizadas en el análisis anterior sobre cáncer se sumó San Jorge, donde se había realizado el último Campamento Sanitario.

El trabajo volvió a poner en circulación una enorme cantidad de información que había sido construida mucho antes de que apareciera la pregunta específica que ahora buscaban responder.

Y uno de los primeros hallazgos, según Verzeñassi, fue menos una cifra que una ausencia: la falta de información oficial suficientemente sólida sobre abortos espontáneos e hipotiroidismo a nivel provincial y nacional.

Lo que los registros no alcanzan a mostrar
El problema aparece con claridad cuando se comparan los registros oficiales con los datos obtenidos en territorio.

En el período analizado, explica Verzeñassi, los registros oficiales contabilizaban menos de diez abortos espontáneos. Para el investigador, esa cifra no significa necesariamente que las pérdidas fueran inexistentes, sino que muchas de ellas nunca llegaban a quedar registradas por el sistema sanitario.

Muchas mujeres atraviesan una pérdida espontánea como un acontecimiento que ocurre dentro de su propia casa. Cuando llegan a un centro de salud, además, la pérdida puede quedar asentada bajo otras categorías, como metrorragias, pérdidas o menstruaciones tardías.

Hay otro elemento histórico que el investigador considera indispensable para interpretar los datos. El período analizado, 2008-2018, corresponde a una época en la que el aborto todavía no era legal en Argentina.

Ese contexto podía generar temor entre las mujeres que atravesaban una pérdida. Podían temer que una interrupción espontánea del embarazo fuera interpretada como provocada.

"Muchas mujeres tenían miedo de que fuesen identificadas como no espontáneas", explica Verzeñassi.

Por esa razón, sostiene, los registros sanitarios tampoco reflejaban adecuadamente la dimensión del fenómeno.

El análisis realizado sobre las nueve localidades encontró una asociación entre vivir en pueblos rodeados por áreas de producción de soja, maíz y otros cultivos vinculados con eventos transgénicos asociados al uso de agrotóxicos y una mayor frecuencia de abortos espontáneos.

Según los resultados que describe el investigador, esas pérdidas se multiplicaban 2,4 veces respecto de la línea de base correspondiente a 2008.

Pero el dato que aparece en el estudio no puede separarse de la secuencia temporal que los investigadores reconstruyeron a partir de las entrevistas.

Las mujeres habían respondido sobre sus experiencias de salud año por año. Esa información permitía observar cómo evolucionaban determinados indicadores a lo largo del período estudiado.

Y allí apareció otro dato que llamó especialmente la atención del equipo.

El primer trimestre
Un embarazo puede perderse en cualquiera de sus nueve meses, pero en medicina los embarazos se dividen en tres trimestres y las causas de las pérdidas no necesariamente son las mismas en cada uno de ellos.

Según explica Verzeñassi, las pérdidas que ocurren durante el segundo y el tercer trimestre están más vinculadas con problemas propios de la madre o del binomio madre-hijo. Las que ocurren durante el primer trimestre, en cambio, tienen una relación mayor con agentes externos.

Es también uno de los motivos por los cuales existe socialmente cierta cautela para comunicar un embarazo antes de los tres meses. Es un período considerado particularmente vulnerable.

En los datos analizados por el equipo, las pérdidas durante el segundo y el tercer trimestre permanecieron relativamente estables a lo largo del período estudiado.

El comportamiento fue diferente en el primer trimestre. Según los resultados que describe Verzeñassi, esas pérdidas se multiplicaron por 18.

Para el investigador, ese comportamiento reforzó la hipótesis de que algún elemento ambiental estaba impactando sobre esas comunidades. En su interpretación, el cambio más drástico producido durante esos años había sido el incremento tanto del volumen como del tipo de sustancias utilizadas en las áreas productivas que rodeaban a las localidades.

La afirmación vuelve a colocar el foco sobre una de las preguntas centrales de toda la investigación: qué ocurre cuando los cambios en las formas de producción de un territorio coinciden en el tiempo con cambios en los indicadores de salud de quienes viven allí.

Pero el estudio no se quedó únicamente con la pregunta por las pérdidas de embarazo. También buscó saber qué otros problemas de salud aparecían entre esas mujeres.  Allí apareció el hipotiroidismo.

Cuando una enfermedad aparece junto a otra
Los investigadores observaron que las pérdidas de embarazo estaban estrechamente vinculadas con mujeres que habían desarrollado hipotiroidismo durante el mismo período.

No se trataba, aclara Verzeñassi, de mujeres que ya fueran hipotiroideas y luego hubieran atravesado una pérdida. El hipotiroidismo había aparecido durante ese mismo período de tiempo.

La relación resulta particularmente relevante porque la literatura científica reconoce que el hipotiroidismo puede dificultar el desarrollo del embarazo.

A partir de allí, el investigador plantea una hipótesis que conecta los distintos elementos observados en el estudio.

Por un lado, están las sustancias químicas utilizadas en las áreas productivas y su capacidad de generar alteraciones endocrinas, es decir, de afectar el funcionamiento de distintas glándulas, entre ellas la tiroides. Por otro, sostiene que algunas de esas sustancias también pueden afectar el sistema reproductivo. Y, a su vez, existe una relación conocida entre los trastornos de la tiroides y el funcionamiento del sistema reproductivo.

Para Verzeñassi, esos elementos conforman un entramado que no puede ser ignorado. "Acá se mezclaba", plantea.

Y resume su interpretación con una expresión deliberadamente gráfica: "Hay un gran combo donde nadie puede decir que este paquete de veneno que se está utilizando es absolutamente imposible de ser vinculado con este grave problema de salud que estamos viendo".

La investigación, sin embargo, se inserta en un recorrido mucho más amplio que una única publicación científica.

Detrás de los números están nueve años de Campamentos Sanitarios, más de 260.000 personas entrevistadas en sus domicilios, 40 localidades recorridas en cuatro provincias —Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba— y una acumulación de información que durante años permaneció fragmentada en diagnósticos particulares.

El valor de esa experiencia, para el equipo de Salud Socioambiental, está precisamente en haber llevado la investigación hacia lugares que suelen quedar fuera de las grandes estadísticas.

Pueblos pequeños, comunidades rurales y territorios atravesados por determinadas formas de producción se convirtieron así en espacios donde la medicina podía observar no sólo qué enfermedades aparecían, sino también en qué condiciones ambientales y productivas estaban viviendo quienes las padecían.

Pero los Campamentos Sanitarios no terminaban cuando los estudiantes y los investigadores abandonaban el pueblo.

Una parte fundamental del dispositivo consistía en devolver los resultados a las comunidades.

Cuando los datos regresan al territorio
Durante los días del campamento, el equipo entregaba un informe preliminar a los habitantes de la localidad y a sus autoridades comunales. El informe definitivo llegaba después.

La intención original era que estuviera disponible aproximadamente dos meses más tarde, pero la cantidad de información generada hacía imposible procesarla con tanta rapidez.

"Era tal el volumen de información que nosotros teníamos que no podíamos, no llegábamos a analizarlo antes del año o el año y medio de haber hecho el campamento", recuerda Verzeñassi.

El trabajo se desarrollaba en simultáneo: mientras un equipo organizaba el siguiente Campamento Sanitario, otro analizaba los datos obtenidos en el anterior. Por eso, la devolución definitiva podía demorar un año o incluso un año y medio.

En algunas localidades, esos informes terminaron provocando decisiones concretas. Verzeñassi recuerda especialmente el caso de Chabás.

Cuando el equipo entregó el informe definitivo, ya había cambiado la administración comunal. El presidente comunal que recibió los resultados no era el mismo que había invitado originalmente a los investigadores.

Después de presentar el informe fueron a cenar. En medio de la comida, recuerda Verzeñassi, el nuevo presidente comunal le preguntó qué podía hacer con aquella información.

Su preocupación tenía una dimensión personal que también era política: "Mi hija vive acá en este pueblo. Si yo no puedo cuidar la salud de mi hija y de los amigos de mi hija que viven en este pueblo, ¿qué hago acá de presidente comunal?".

A partir de ese contacto, el equipo puso al funcionario en comunicación con integrantes de la Red Argentina de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología y con investigadores de Buenos Aires que trabajaban sobre producción.

Los médicos habían aportado el diagnóstico sanitario. La discusión sobre cómo transformar las formas de producción requería también otros saberes.

El presidente comunal comenzó entonces a intentar estimular la producción agroecológica alrededor de Chabás.

Verzeñassi no pudo seguir después la evolución de aquella experiencia y desconoce hasta dónde llegó el proceso, pero recuerda que el funcionario había quedado fuertemente comprometido.

Algo similar ocurrió en Luis Palacios, donde el presidente comunal se comunicó con el equipo después de recibir los resultados para preguntar qué podía hacer frente a la información obtenida.

Las respuestas fueron diferentes según cada localidad. En algunos casos hubo avances concretos; en otros, mucho menos. También hubo funcionarios que agradecieron el informe, reconocieron su importancia y luego no continuaron con ninguna política derivada de sus resultados.

Pero había otra consecuencia, incluso cuando las autoridades no tomaban medidas.

Cuando una comunidad deja de estar sola
Durante años, habitantes de esos pueblos habían sentido que algo estaba ocurriendo con su salud.

El problema era que esa percepción podía ser desestimada incluso dentro de la propia comunidad. Algunos habitantes eran acusados de exagerar o de tener una "paranoia".

El informe producido por la universidad pública modificaba esa situación. "Lo que les pasaba, lo que sentían que les pasaba, no era un invento", sostiene Verzeñassi.

Había una sistematización, una investigación y datos construidos a partir del trabajo de una institución académica.

Esa legitimación permitió, en algunos lugares, que las comunidades y los gobiernos locales comenzaran a discutir alternativas productivas.

Verzeñassi menciona el caso de Zavalla, aunque aclara que allí el equipo no realizó un Campamento Sanitario. En esa localidad, la organización de los vecinos contribuyó a impulsar políticas públicas orientadas a estimular producciones agroecológicas.

También menciona una experiencia en Máximo Paz, donde hubo un intento de avanzar en un proyecto de producción agroecológica impulsado desde el municipio con apoyo de la universidad.

La idea, para el investigador, no consiste en presentar la agroecología como una solución mágica. "La agroecología no es la panacea", advierte.

No resuelve por sí sola todos los problemas. Pero la considera una estrategia que puede tener un papel importante en la recuperación de la salud de los territorios y de las comunidades.

Por eso, el trabajo del equipo continúa también dentro de la universidad, en la búsqueda de estrategias de formación que permitan estimular el conocimiento y las prácticas agroecológicas.

En ese camino, Verzeñassi señala como referencia a la Escuela Agrotécnica de Casilda, a la que describe como una especie de "faro": una institución que, desde la formación de técnicos agropecuarios y desde su vínculo con la universidad, viene pensando cómo promover otras formas de producción.

La discusión sobre los resultados de los Campamentos Sanitarios lleva así a otra pregunta: qué hacer con la información una vez que ha sido producida.

Para Verzeñassi, el diagnóstico no puede quedar encerrado en un informe académico. Tiene que regresar al territorio y, cuando sea posible, convertirse en una herramienta para modificar las condiciones que pueden estar afectando la salud.

Una información que no tiene equivalente
La magnitud del trabajo realizado también aparece cuando se lo compara con otras investigaciones.

Existen estudios estadísticos y epidemiológicos sobre plaguicidas, salud reproductiva, abortos espontáneos e hipotiroidismo tanto en Argentina como en otros países. Pero Verzeñassi sostiene que no hay en el país una investigación de características comparables en cuanto al volumen y al modo de obtención de la información.

La particularidad del trabajo, insiste, está en la escala y en la profundidad del relevamiento.

Durante los Campamentos Sanitarios fueron entrevistadas más de 260.000 personas directamente en sus domicilios. Para el estudio específico sobre salud reproductiva fueron entrevistadas 6.497 mujeres en edad reproductiva.

No se trata, por lo tanto, de una encuesta telefónica ni de una muestra construida exclusivamente a partir de registros administrativos.

Son personas entrevistadas cara a cara en sus propias comunidades, a partir de las cuales se construyó la información utilizada posteriormente en el análisis.

Para realizar comparaciones internacionales, el equipo tuvo que recurrir a otras fuentes de información.

En Estados Unidos, por ejemplo, existe una encuesta nacional de salud de los agricultores que se realiza telefónicamente y alcanza una gran cantidad de personas por su escala nacional. Pero, señala Verzeñassi, esa herramienta no tiene la profundidad del relevamiento realizado por los Campamentos Sanitarios.

También existen datos disponibles en Europa, donde algunos países cuentan con sistemas nacionales de salud capaces de registrar de manera sistemática una enorme cantidad de información sanitaria.

En determinados sistemas, donde cerca del 90 por ciento de la población se atiende en el sistema público, los registros permiten acceder a una información que en Argentina y en otros países de la región no está disponible con la misma profundidad.

Para los análisis comparativos, el equipo recurrió incluso a países europeos con características demográficas y genéticas que podían resultar útiles como referencia, teniendo en cuenta las corrientes migratorias que contribuyeron a conformar las poblaciones de las localidades santafesinas estudiadas.

La comparación no buscaba atribuir automáticamente las diferencias sanitarias a una cuestión genética.

De hecho, Verzeñassi recuerda con cierta ironía las explicaciones que en ocasiones se construyen alrededor de supuestas particularidades heredadas de las poblaciones.

Para él, antes que aceptar esas explicaciones de manera automática, es necesario observar qué otras condiciones comparten o diferencian los territorios.

El problema de fondo vuelve a ser el mismo: la disponibilidad de información.

Mientras algunos sistemas sanitarios europeos cuentan con registros obligatorios y centralizados sobre lo que ocurre con la salud de sus poblaciones, en Argentina y en buena parte de América Latina esa información aparece fragmentada, incompleta o directamente no existe para determinadas enfermedades y comunidades.

Por eso, cuando Verzeñassi habla de los 260.000 habitantes entrevistados en sus domicilios y de las 6.497 mujeres que forman parte del estudio sobre abortos espontáneos, hipotiroidismo y exposición a agrotóxicos, no está hablando solamente de una cifra.

Está hablando también de una manera de mirar la salud: salir de los registros que ya existen, ir hasta los lugares donde viven las personas y preguntarles qué les ocurre.

Y después, con toda esa información reunida, volver al territorio para intentar entender si aquello que las comunidades perciben como un problema puede ser medido, comparado y discutido desde la investigación científica.

Después de los Campamentos
Los Campamentos Sanitarios no volvieron a realizarse. En 2019, con el cambio de autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas, hubo una decisión política de interrumpir tanto ese dispositivo como los seminarios de Salud Pública que formaban parte del ciclo de práctica final de la carrera de Medicina.

Tres meses después llegó la pandemia y el cierre de las aulas terminó funcionando, en los hechos, como un contexto que facilitó la continuidad de esa decisión.

Para el equipo de Salud Socioambiental significó tener que buscar otra forma de hacer lo que hasta entonces habían hecho en los territorios. "Decidimos reinventarnos", cuenta Verzeñassi.

La enorme base de información construida durante los años anteriores pasó entonces a ocupar un lugar todavía más importante. Pero la reconversión no se limitó al análisis de datos.

El equipo profundizó también su trabajo de educación popular y de vinculación directa con las comunidades. Comenzaron a desarrollar procesos de formación de promotores de salud socioambiental y de epidemiología comunitaria, y trabajaron junto a la Unión de Trabajadores de la Tierra.

En paralelo, junto con la Escuela Agrotécnica, se presentaron a una convocatoria de proyectos de investigación de la Universidad Nacional de Rosario. Obtuvieron el financiamiento y durante cuatro años desarrollaron un proyecto junto con trabajadores y trabajadoras de la tierra para conocer su situación de salud.

La investigación incorporó una comparación que para el equipo resultaba particularmente relevante: observar las condiciones de salud de quienes trabajan la tierra de manera agroecológica y compararlas con las de quienes desarrollan una producción convencional.

Los resultados, asegura Verzeñassi, volvieron a ser interesantes. Una primera parte fue publicada en un informe y el equipo trabaja ahora en la elaboración de una nueva publicación científica.

Mientras tanto, el Instituto amplió sus herramientas de formación. A través de su sitio web comenzó a ofrecer distintas propuestas de capacitación online y continuó sosteniendo la materia Salud Socioambiental, cuyo recorrido comenzó hace más de dos décadas.

La continuidad de ese espacio adquiere para Verzeñassi un valor particular en un escenario que considera poco favorable para la búsqueda de alternativas al modelo productivo predominante.

La discusión sobre qué producir y cómo producir no ocurre en un vacío.

En esos mismos días, observa el periodista, el diario La Capital había llevado a su título principal una declaración de representantes de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), después del congreso realizado en Rosario: "El modelo de la siembra directa no se negocia".

Para el investigador, esa definición convive con otras iniciativas que avanzan en la misma dirección productiva, incluso desde ámbitos educativos y de política pública.

Menciona, entre otros ejemplos, proyectos de formación en agrotecnología y propuestas orientadas a fijar carbono en el suelo mediante fertilizantes biológicos.

El problema, sostiene, aparece cuando se observa quiénes controlan los insumos necesarios para ese modelo de producción.

En su lectura, un pequeño grupo de grandes empresas agroindustriales concentra una porción decisiva del mercado mundial de agrotóxicos, fertilizantes y semillas. "Es terrible el nivel de concentración", afirma.

Esa concentración explica, en buena medida, la importancia que le asigna al papel de la universidad pública.

A pesar de sus propias contradicciones y limitaciones, considera que continúa siendo un espacio fundamental para desarrollar investigación independiente y para sostener prácticas que no necesariamente responden a los intereses de quienes dominan el mercado de insumos y tecnologías agropecuarias.

"Es el único espacio desde donde se puede llevar adelante investigación independiente", sostiene.

De la producción a la mesa
Para Verzeñassi, la interrupción de los Campamentos Sanitarios no significó el final del trabajo territorial. Cambió la forma, pero no la preocupación central.

Actualmente, el equipo trabaja con una comunidad de la isla del Espinillo en un intento por recuperar prácticas de producción de alimentos que permitan mejorar la calidad de vida y, especialmente, la salud de las niñas y los niños que viven allí.

Al mismo tiempo, busca profundizar los vínculos con organizaciones de productores y productoras agroecológicos. El objetivo es construir mecanismos que acerquen a quienes producen alimentos de esa manera con quienes los consumen.

La idea parte de una constatación sencilla: si quienes consumen alimentos son, en definitiva, el conjunto de la población, entonces también pueden tener un papel activo en las formas en que esos alimentos son producidos.

Verzeñassi recurre para explicar esa relación a una expresión de Antonio Latuca, a quien define como "un gran maestro" de Rosario: los "co-agricultores".

La palabra intenta romper con la separación tradicional entre quien produce y quien consume.

No todos pueden trabajar directamente la tierra. "Yo no puedo trabajar la tierra porque no tengo lugar", plantea. Pero alguien más sí puede hacerlo.

La relación, entonces, puede construirse de otra manera: acompañando, organizando el consumo, generando vínculos y creando condiciones para que quienes producen agroecológicamente encuentren una comunidad que sostenga su trabajo.

La idea no se agota en una consigna. La pregunta es cuánto debería garantizar quien consume para que quien produce pueda hacerlo y, al mismo tiempo, vivir dignamente.

No se trata solamente de comprar un alimento de manera ocasional, sino de construir una relación capaz de sostener a quien trabaja la tierra.

Esa discusión forma parte de una experiencia más amplia en la que participan junto con Alimentar Ciudades, las cooperativas Germinar y otras organizaciones vinculadas con la producción y el consumo cooperativo en Argentina.

El objetivo es pensar cómo se alimentan las ciudades y qué sistemas agroalimentarios pueden sostener esa alimentación sin desligarla de la salud de quienes producen, de quienes consumen y de los territorios donde se produce.

La salud también está en los alimentos
En esa misma línea, el Instituto sostiene actualmente un curso online gratuito sobre sistemas agroalimentarios saludables y resistencia a los antimicrobianos.

Es otro de los temas que el equipo considera urgente y que, según Verzeñassi, todavía recibe menos atención de la que merece.

El problema es la creciente aparición de bacterias resistentes a los antibióticos, capaces de sobrevivir a tratamientos que antes podían detenerlas.

La explicación habitual suele poner el foco en el uso inadecuado de antibióticos por parte de los médicos. Verzeñassi reconoce que existe una parte del problema allí, pero señala otro dato que considera decisivo: entre el 70 y el 80 por ciento de los antibióticos utilizados en el mundo se destinan a la producción animal, especialmente a sistemas intensivos como los feedlots.

Desde esa perspectiva, el problema de la resistencia antimicrobiana no puede pensarse únicamente dentro de los hospitales o consultorios.

También debe ser observado dentro del sistema agroalimentario.

El investigador menciona trabajos que han detectado rastros de microdosis de antibióticos en vegetales, como la lechuga.

La explicación, según describe, puede encontrarse en una práctica utilizada incluso con la intención de producir de manera menos dañina: el empleo de camas de pollo como fertilizante de los suelos.

Las camas provenientes de criaderos intensivos pueden contener restos de los antibióticos utilizados en esos sistemas. Una vez incorporados al suelo, sostiene Verzeñassi, esos residuos pueden ser absorbidos por las raíces y llegar a los vegetales que allí se producen.

La consecuencia es una cadena que conecta producción animal, suelo, alimentos y salud humana.

Para el investigador, esa cadena representa un riesgo sanitario que ya tiene una dimensión global.

Es también una muestra, en su lectura, de la necesidad de dejar de pensar la salud como una sucesión de compartimentos separados.

El antibiótico que aparece en una granja, el residuo que llega al suelo, el vegetal que crece allí, el alimento que llega a una mesa y la bacteria que finalmente desarrolla resistencia forman parte de un mismo sistema.

El problema de quién controla las herramientas
En ese punto vuelve a aparecer una discusión que atraviesa toda la entrevista: quién controla las herramientas con las que se produce.

Verzeñassi cuestiona que las mismas grandes empresas que comercializan agrotóxicos y semillas transgénicas estén ahora ofreciendo también soluciones biológicas.

No cuestiona la posibilidad de utilizar herramientas biológicas en sí misma, sino el hecho de que, según su planteo, esas empresas pretendan imponer sus propios productos como única alternativa.

La tensión aparece también en torno a los preparados que desarrollan los propios productores agroecológicos.

Según Verzeñassi, las exigencias de patentamiento pueden limitar la posibilidad de que las comunidades y los productores desarrollen y utilicen sus propios insumos.

A eso suma otro elemento: la concentración empresarial en distintos eslabones de las industrias vinculadas con la producción agropecuaria y la salud.

Para él, existe una conexión entre quienes producen los insumos agrícolas y quienes posteriormente participan de mercados vinculados con antibióticos y medicamentos.

Es un entramado que describe como un "combo" y que relaciona con una expresión utilizada por un cineasta canadiense en una película que, según recuerda, denominó a este fenómeno "el ciclo idiota": una cadena en la que los problemas generados por determinado sistema terminan alimentando nuevas industrias destinadas a responder a sus propias consecuencias.

La conversación vuelve así, una vez más, al punto de partida.

La salud no aparece aislada del territorio. Tampoco de la forma en que se produce, se trabaja, se distribuyen los alimentos o se organizan los mercados.

Una pregunta que sigue abierta
Durante más de dos décadas, Verzeñassi y sus equipos fueron construyendo una manera de mirar la salud que comienza en el territorio.

Primero fueron las aulas y la materia de Salud Socioambiental. Después, los pueblos y los Campamentos Sanitarios. 

Más tarde, los archivos donde quedaron acumulados los datos de cientos de miles de personas.

Ahora son también las comunidades, los productores, las escuelas, las organizaciones y los espacios de formación.

El método puede cambiar. Los escenarios también.

Pero la preocupación permanece: entender qué relación existe entre las formas en que se produce, se habita y se consume y aquello que finalmente sucede en los cuerpos.

Y, sobre todo, encontrar la manera de que el conocimiento producido no termine únicamente en una publicación académica.

Que vuelva a las comunidades, que pueda ser discutido por quienes viven en esos territorios y que, eventualmente, sirva para imaginar otras formas de producir alimentos y de cuidar la salud.

Antes de despedirse, Verzeñassi agradece la posibilidad de difundir el trabajo de la universidad pública.

Y allí el tono científico de la conversación se vuelve inevitablemente político.

Habla de un escenario que considera adverso y de una sociedad que, según su mirada, atraviesa un momento en el que muchas veces parece que todo está perdido.

Pero inmediatamente introduce una corrección: no todo está perdido.

Recuerda una votación reciente en la que, según señala, se logró frenar dos capítulos de la popularmente llamada Ley de Tierras, que califica de "nefasta". Todavía quedaban otros dos por enfrentar en el Congreso. 

Para él, ese episodio demostró algo que también aparece en su forma de entender la universidad: la capacidad de reacción existe cuando las personas se organizan.

"Hay capacidad de reacción, hay capacidad de frenar el avance del fascismo", sostiene, siempre que exista organización y que las personas puedan encontrarse y defender aquello que consideran común.

Su definición final vuelve a colocar a la universidad pública en el centro.

Después de hablar durante casi una hora sobre enfermedades, estadísticas, cultivos, agrotóxicos, antibióticos, alimentos y territorios, termina definiendo ese trabajo como una forma de defensa colectiva.

Para él, aquel resultado demostró que todavía existe capacidad de reacción y, sobre todo, capacidad de frenar el avance del fascismo: "Si nos organizamos, si nos juntamos y nos abrazamos" -dice- es posible defender aquello que entiende como patrimonio común:

"La defensa de la patria es, ni más ni menos, lo que hacemos desde la universidad pública", sostiene.

Escuchá la entrevista completa:

Fotos: Señales, Javier Albea

Informe completo, publicado en la Revista de Salud Pública de la Escuela de Salud Pública y Ambiente de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba: 

No sabía que tenía hepatitis C: la historia de la mujer que convirtió su diagnóstico en una campaña para salvar vidas

Edith Michelotti descubrió la enfermedad cuando el daño en su hígado ya era avanzado. Se curó con los nuevos tratamientos y desde hace 17 años impulsa campañas gratuitas de detección. El próximo 4 de agosto, Hepatitis Rosario realizará una jornada de testeos, vacunación e información en Plaza Montenegro

Cuando en 2005 Edith Michelotti decidió hacerse un análisis de rutina un poco más completo, no imaginaba que ese estudio iba a cambiarle la vida. La respuesta llegó casi como una sorpresa: tenía hepatitis C. El virus había circulado durante décadas en su organismo sin darle señales y, para entonces, ya había provocado un importante deterioro en su hígado.

Había trabajado toda su vida como obstetra. Había acompañado cientos de nacimientos, había estado en contacto permanente con el sistema de salud y, sin embargo, desconocía que convivía con una enfermedad que avanzaba en silencio.

"Siendo partera, hacía casi treinta años que la tenía. Hacía partos, trabajaba con toda naturalidad y mirá a dónde iba: iba a la cirrosis y no tenía síntomas", recuerda en Señales.

Hoy, cerca de cumplir 85 años, Michelotti transforma aquella experiencia en una tarea permanente de concientización. Es la fundadora de Hepatitis Rosario, una organización que desde hace 17 años trabaja para acercar información, prevención y diagnóstico a la comunidad.

El próximo 4 de agosto, de 10 a 14, la ONG realizará una nueva jornada gratuita de testeos rápidos en Plaza Montenegro, con la participación de estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario capacitados especialmente para realizar los procedimientos. Habrá detección de hepatitis C, vacunación contra hepatitis B y también pruebas para VIH y sífilis.

Pero detrás de esa campaña hay una historia personal. Una historia que comenzó con un diagnóstico inesperado y que terminó convirtiéndose en una misión.

Del diagnóstico a la lucha contra una enfermedad silenciosa
Michelotti recibió una transfusión de sangre antes de 1990, cuando el virus de la hepatitis C todavía no había sido identificado y los bancos de sangre no contaban con los controles actuales.

"Me deben haber puesto el virus, si no se lo conocía", explica. Y enseguida aclara: "No es que los bancos de sangre no actuaban bien, sino que no se había descubierto el virus".

Cuando recibió el diagnóstico, intentó el tratamiento disponible en ese momento, pero no logró curarse. Durante once años convivió con la incertidumbre de saber que la enfermedad podía seguir avanzando.

"Fue muy peligroso transcurrir esos once años", reconoce.

Para cuando llegaron los antivirales de acción directa, los tratamientos que cambiaron para siempre el pronóstico de la hepatitis C, su situación era delicada.

"Las tres cuartas partes de mi hígado eran una piedra. Ahí nomás de la cirrosis estaba yo."

La respuesta fue contundente. En apenas tres meses logró eliminar el virus.

"Me curé", resume con una sonrisa. Y destaca la capacidad de recuperación del hígado, un órgano que, según cuenta, volvió a funcionar de manera sorprendente.

Su médico suele decirle que, a pesar de su edad, tiene un hígado con características de una persona joven.

Esa recuperación fue el impulso para crear el Grupo Hepatitis Rosario, con la intención de contarle a otras personas lo que le había ocurrido.

"Lo formé para decirle a la gente lo que me pasaba a mí, que le pasaba a millones de personas en el mundo", explica.

Desde entonces, la organización repite cada año campañas de detección y prevención con un objetivo claro: que nadie llegue al diagnóstico cuando el daño ya sea irreversible.

Una jornada gratuita para detectar, prevenir y cuidar
La próxima campaña en Plaza Montenegro será el resultado de meses de trabajo conjunto entre distintas instituciones.

Michelotti destaca especialmente la participación de la Universidad Nacional de Rosario y de los estudiantes avanzados de Medicina y Enfermería que estarán a cargo de los testeos.

"Imaginate lo que es salir a terreno a sacarle sangre a la gente", dice al referirse a la preparación de los voluntarios.

La prueba para hepatitis C consiste en un pequeño pinchazo en el dedo y el resultado está disponible en pocos minutos.

"¿Sabés qué hermoso? A los minutos que le hacen un pinchacito imperceptible en el dedo está el resultado. A los 15 minutos."

Mientras esperan, quienes concurran podrán acceder a información sobre prevención, formas de transmisión, vacunación y cuidados relacionados con la salud sexual.

Para Michelotti, la capacitación de los estudiantes es una parte fundamental del operativo.

"Si vieras la capacitación, con qué cantidad de chicos fueron a capacitarse. Realmente con qué interés participan, con qué interés estudian."

Aunque los llama "chicos", aclara que muchos están próximos a recibirse y que detrás de cada test existe una preparación técnica precisa.

"Ese pinchacito tiene que ser perfecto", remarca. Y define la herramienta como "una tecnología de punta maravillosa puesta al servicio de la población".

Detectarse a tiempo puede cambiar una historia
Para Michelotti, la clave de la lucha contra las hepatitis virales está en una palabra: diagnóstico. La hepatitis C suele avanzar durante años sin síntomas y muchas personas descubren que tienen el virus cuando la enfermedad ya provocó un daño importante.

Por eso insiste especialmente en un grupo que considera prioritario: quienes recibieron transfusiones de sangre antes de 1990.

"Más rápido que ligero tienen que ir y hacerse la detección", advierte.

Aunque la jornada del 4 de agosto será una oportunidad concreta para acercarse al test, recuerda que cualquier persona puede solicitar los estudios para hepatitis B y hepatitis C a través de su médico. Ese derecho está contemplado por la Ley Nacional 27.675.

"El médico tiene la obligación de pedírsela", señala.

Su insistencia nace de su propia experiencia. Durante casi tres décadas convivió con el virus sin saberlo. Si aquel análisis no hubiera aparecido casi por casualidad, probablemente la historia habría sido otra.

"Me la encontraron de casualidad", recuerda sobre aquel momento de 2005.

La enfermedad silenciosa, justamente, es uno de los mayores desafíos. La ausencia de síntomas puede generar una falsa sensación de seguridad y retrasar la consulta.

"Yo no sabía que tenía hepatitis C, como no lo sabe nadie, porque es una enfermedad que muchas veces no da síntomas."

Hepatitis B y C: dos virus diferentes, dos formas de prevenir
Aunque suelen mencionarse juntas, la hepatitis B y la hepatitis C tienen características diferentes.

Michelotti explica que la hepatitis C se transmite principalmente por contacto con sangre y pone especial énfasis en el cuidado de quienes comparten jeringas.

"Aquellos que comparten jeringas, por favor, cuidado, tengan la edad que tengan. Si comparten jeringas, tienen que saber si tienen hepatitis C."

En cambio, la hepatitis B también puede transmitirse por vía sexual. Por eso destaca la importancia de la vacunación y de los controles.

"La persona puede tener un aspecto completamente sano y nunca imaginarse que tiene hepatitis B."

La evolución de la enfermedad puede variar. En algunos casos el organismo elimina el virus luego de una infección aguda; en otros puede transformarse en una infección crónica y provocar complicaciones graves con el paso de los años.

Pero Michelotti insiste en que el escenario actual es diferente al que le tocó vivir a ella.

La hepatitis C, gracias a los nuevos tratamientos, dejó de ser una enfermedad inevitablemente progresiva.

"Si le llega a dar positivo, se cura en tres meses, en casi el cien por ciento de los casos, como me curé yo."

Por eso resume el espíritu de la campaña con una frase que repite como una consigna:

"Vacunarse para la B, detectarse la C, es una fiesta para la salud."

El trabajo de una ciudad detrás de una campaña
La jornada del 4 de agosto es también una muestra del trabajo articulado entre distintas instituciones.

Michelotti menciona el acompañamiento de la Universidad Nacional de Rosario, el sistema de salud provincial, la Municipalidad, el Hospital Centenario, la Sala 15 y el Colegio de Bioquímicos, entre otros actores.

Recuerda con orgullo su vínculo con la universidad pública. Se graduó en 1961 en la entonces Universidad Nacional del Litoral, institución de la que luego surgiría la actual UNR.

"Para mí la Universidad Nacional de Rosario es el amor de mi vida", dice.

También destaca especialmente el rol de la hepatóloga Virginia Regiardo, profesora titular de la Cátedra de Hepatología, quien estuvo a cargo de la capacitación de los estudiantes que participarán del operativo.

"Es una movida de fondo maravillosa", resume.

La participación de los jóvenes es uno de los aspectos que más la entusiasman.

"Si vieras con qué interés participan, con qué interés estudian."

Para Michelotti, esa formación no sólo permite realizar un procedimiento médico, sino acercar la salud pública a la comunidad.

Una oportunidad que puede salvar una vida
La convocatoria será abierta y gratuita, sin turno previo. La atención comenzará a las 10 de la mañana y se realizará por orden de llegada.

La experiencia de años anteriores muestra una respuesta importante de la comunidad. Michelotti cuenta que muchas veces las filas comienzan incluso antes del horario previsto.

"A veces a las siete y media u ocho ya empieza a ponerse la gente en la cola."

La accesibilidad es uno de los puntos centrales de la propuesta.

"Imaginate, una detección cuesta dólares y acá es completamente gratuita."

En el mismo lugar, quienes se acerquen podrán realizarse el test de hepatitis C, acceder a la vacunación contra hepatitis B y participar de las actividades informativas sobre VIH, sífilis y prevención.

También habrá propuestas educativas para aprovechar el tiempo de espera.

"Han inventado unos juegos para hablar exclusivamente de sexualidad mientras esperan en la cola", cuenta Michelotti.

La idea es que la información llegue de una manera sencilla, cercana y sin prejuicios.

"Para nosotros es un milagro"
La ONG Hepatitis Rosario continúa difundiendo sus actividades a través de sus redes sociales y canales de información. Michelotti reconoce, entre risas, que esa tarea ya está en manos de su equipo.

"Yo soy la voz y ellos son los que mandan por redes."

Pero su voz sigue siendo una parte central de la campaña. Su historia personal le da una dimensión diferente a cada mensaje de prevención.

Después de haber estado al borde de la cirrosis y de haber logrado curarse, entiende que una detección puede cambiar el destino de una persona.

Por eso sigue aceptando entrevistas, participando de campañas y contando una historia que comenzó con una enfermedad silenciosa y terminó convertida en una herramienta para otros.

"A lo mejor para ustedes es una nota periodística", dice. "Y a lo mejor para quien está escuchando está salvando su vida, como yo salvé la mía de pura casualidad."

El próximo 4 de agosto, en Plaza Montenegro, esa posibilidad estará al alcance de cualquiera que quiera acercarse.

Porque, para Edith Michelotti, la mejor forma de enfrentar a las hepatitis virales sigue siendo la misma que sostiene desde hace 17 años: conocer, prevenir y detectar a tiempo.

Escuchá la entrevista completa:

"No llegamos a fin de mes": el reclamo de los trabajadores que sostienen la salud pública en Rosario

Con salarios que oscilan entre 750.000 y 850.000 pesos, trabajadores de hospitales y centros de salud municipales advierten sobre la pérdida de poder adquisitivo, la falta de personal, el deterioro edilicio y una creciente demanda de pacientes. Martín Crer, delegado del Hospital Roque Sáenz Peña, sostiene en Señales que el deterioro del sistema amenaza a una red de salud pública históricamente reconocida en Argentina y Latinoamérica

Un conflicto que se extendió por toda la red de salud
Durante las últimas semanas, las asambleas, las ollas populares y las protestas comenzaron a repetirse en distintos hospitales y centros de salud municipales de Rosario. Detrás de esas medidas, los trabajadores denuncian salarios que no alcanzan para cubrir el costo de vida, falta de personal, problemas de infraestructura y un sistema sanitario que, aseguran, se deteriora mientras crece la demanda de pacientes.

Uno de los protagonistas de ese reclamo es Martín Crer, trabajador administrativo del área de Compras del Hospital Roque Sáenz Peña y delegado de sus compañeros. Según explica en Señales, el conflicto comenzó hace aproximadamente dieciocho semanas en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela y, con el paso de los días, fue sumando adhesiones de otros efectores municipales hasta llegar al Roque Sáenz Peña.

Allí, las asambleas resolvieron unificar el reclamo con el resto de los trabajadores y organizar una olla popular frente al hospital como forma de visibilizar una situación que, sostienen, se agrava desde hace años.

Salarios por debajo de la canasta familiar
El principal eje del conflicto es el atraso salarial. Los trabajadores municipales de la salud, afirma el delegado, perciben ingresos que oscilan entre los 750.000 y los 850.000 pesos mensuales, cifras que —según remarca— los ubican muy por debajo del costo de la canasta familiar.

"Solicitamos un aumento significativo porque los sueldos están atrasadísimos", resume.

La situación golpea especialmente al personal no profesional, que depende de la realización de horas extras para completar sus ingresos.

"No es para darnos un lujo", aclara. "Las horas extras hoy son parte del salario que nos permiten poner un plato de comida en nuestras casas".

Entre los profesionales, añade, el panorama tampoco resulta alentador. Muchos se ven obligados a sostener dos, tres e incluso cuatro empleos en el sector privado para poder mantener a sus familias.

Infraestructura deteriorada y falta de inversión
Pero el reclamo, insiste, excede la discusión salarial. Los trabajadores también denuncian años de desinversión en infraestructura, mantenimiento y equipamiento.

Como ejemplo menciona la situación del Hospital Roque Sáenz Peña, un edificio con varias décadas de antigüedad que permanece sin suministro de gas desde febrero, luego de que una pérdida fuera detectada por Litoral Gas, que decidió interrumpir el servicio.

Para el delegado, ese episodio no constituye un hecho aislado sino la consecuencia de una política sostenida durante años.

"Es producto de la falta de inversión. De esta gestión, de la anterior, de la anterior y de la anterior", afirma, al considerar que existe una continuidad en las políticas aplicadas.

A ese panorama suma los recortes en programas nacionales de provisión de medicamentos, una reducción que —asegura— ni la Provincia ni el Municipio lograron compensar completamente.

Mientras tanto, la demanda sobre el sistema público continúa creciendo. El propio municipio informó que la cantidad de pacientes atendidos en la red pública aumentó un 25 por ciento entre 2024 y 2025, un dato que los trabajadores consideran incluso inferior al incremento real que observan diariamente.

Más pacientes, menos trabajadores
Ese crecimiento, explica, tiene un impacto directo sobre quienes sostienen el funcionamiento cotidiano de hospitales y centros de salud.

"Se incrementa la cantidad de pacientes, se incrementa la cantidad de trabajo y se incrementa la complejidad del trabajo", describe.

Sin embargo, esa mayor exigencia no fue acompañada por una ampliación de la planta de personal. Según denuncia, los ingresos al sistema municipal permanecen prácticamente congelados desde hace años y sólo se producen para cubrir, de manera parcial, las vacantes que dejan quienes se jubilan, renuncian o fallecen.

El resultado, advierte, es un número cada vez menor de trabajadores para responder a una demanda creciente.

"Todo termina repercutiendo en la calidad de atención que se le está brindando a la población, que es mala", sostiene.

Aun así, remarca que son los propios trabajadores quienes más interés tienen en revertir esa situación, porque consideran que son quienes sostienen diariamente la salud pública municipal. Por eso insiste en que el reclamo no apunta únicamente a una mejora salarial, sino también a "la defensa de una salud pública de calidad para todos".

La preocupación resulta todavía mayor por el lugar que Rosario ocupó durante años como referencia sanitaria. La red municipal llegó a ser reconocida entre las más destacadas de Argentina y de Latinoamérica, un prestigio que quienes integran el sistema todavía reivindican con orgullo.

A juicio del delegado, ese reconocimiento histórico hoy se encuentra amenazado por un proceso de deterioro que involucra a los distintos niveles del Estado.

"Es muy importante el deterioro y hacia dónde están apuntando desde el gobierno nacional, provincial y municipal, porque no hay diferencias ahí", concluye.

Además, advierte que el problema trasciende la situación laboral de los trabajadores.

"La salud pública es escuela también para la salud; entonces, el golpe a la salud pública es un golpe a la salud en general", resume.

Sobrecarga laboral y pérdida del poder adquisitivo
La presión sobre el sistema público, sostiene el delegado, crece al mismo tiempo que se profundiza la situación económica de muchas familias. Si bien el municipio informó oficialmente que la demanda de pacientes aumentó un 25 por ciento entre 2024 y 2025, los trabajadores consideran que el incremento es todavía mayor.

El cambio en el perfil de quienes concurren a los efectores públicos también es una señal de esa transformación. Ya no sólo llegan personas sin cobertura médica, sino también pacientes con obra social que dejaron de atenderse en el sector privado porque no pueden afrontar los costos de los coseguros.

Ese aumento de la demanda, advierte Crer, no estuvo acompañado por un crecimiento del presupuesto, del número de trabajadores ni de los salarios. Por el contrario, asegura que desde enero de 2023 el personal municipal de salud perdió alrededor del 30 por ciento de su poder adquisitivo.

"Todo esto afecta la calidad del trabajo. Nos afecta a nosotros porque no podemos brindar respuestas, estamos sobrecargados, trabajamos largas jornadas, atendemos muchos más pacientes y, aun así, la plata no nos alcanza para llegar a fin de mes", explica.

La consecuencia, agrega, es un estado permanente de estrés que termina afectando tanto a quienes trabajan en el sistema como a la atención que reciben los pacientes.

Las horas extras como parte del salario
A pesar de las asambleas, movilizaciones y distintas medidas de protesta, el trabajador del Roque Sáenz Peña asegura que no existió un canal de diálogo directo con las autoridades municipales.

En ese contexto, relata una situación que, según interpreta, profundizó el malestar entre los empleados. Luego de la olla popular realizada frente al hospital —una actividad que, aclara, se desarrolló fuera del horario laboral y sin afectar el normal funcionamiento del establecimiento—, él y un compañero del Hospital Vilela detectaron que en sus recibos de sueldo no figuraba el pago de las horas extras realizadas durante mayo.

Al comenzar las consultas, recuerda, no recibieron inicialmente una explicación clara. Al día siguiente les informaron que existía una denuncia anónima por supuesto incumplimiento de horario, motivo por el cual se había iniciado una investigación administrativa.

Hasta que ese proceso finalizara, les comunicaron que las horas extras no serían abonadas y que tampoco podrían continuar realizándolas.

La decisión generó preocupación entre los trabajadores porque llegó apenas una semana después de que hubieran planteado públicamente que esas horas adicionales eran una parte fundamental de sus ingresos.

"Entendemos que esa medida se materializa en dos compañeros, pero apunta a romper la unidad de los hospitales y los centros de salud y a callar a los compañeros que están con ánimo de salir a luchar", sostiene.

Según explica, las horas extras representan aproximadamente un 40 por ciento de su salario, por lo que la suspensión de ese ingreso tiene un impacto directo en la economía familiar. Actualmente, ambos trabajadores se encuentran asesorados legalmente mientras esperan definiciones sobre la investigación.

Para el delegado, este tipo de situaciones también genera temor entre otros compañeros y compañeras que participan de los reclamos.

"Genera miedo, claro que sí", afirma.

A su entender, el mensaje que recibe el personal es que una denuncia anónima puede derivar en la suspensión de un ingreso esencial hasta que finalice una investigación cuyo plazo no está definido.

"Esa es la manera que tiene de comunicarse la gestión", resume.

Un reclamo que une salario y defensa de la salud pública
Durante las movilizaciones realizadas en distintos puntos de la red municipal, los trabajadores encontraron también el acompañamiento de muchos pacientes. Para el delegado, ese respaldo tiene una explicación: quienes concurren a hospitales y centros de salud públicos comparten muchas veces la misma realidad económica que los propios empleados.

El reclamo salarial y la defensa del sistema sanitario, sostiene, forman parte de una misma discusión.

"No son dos reclamos. El aumento salarial y la defensa de la salud pública van en la misma línea", afirma.

Quienes llegan a los efectores municipales, explica, son en muchos casos trabajadores que atraviesan dificultades similares.

"Son trabajadores como nosotros, trabajadores pobres como nosotros", señala.

Por eso, incluso en medio del conflicto, asegura que el objetivo continúa siendo brindar la mejor atención posible.

La salida de profesionales y la discusión salarial
Otro de los puntos que preocupa a los trabajadores es la pérdida de profesionales que abandonan el sistema público para buscar mejores condiciones laborales en el sector privado.

Aunque no cuenta con cifras precisas, el delegado sostiene que esa situación se observa especialmente en algunas especialidades, donde los profesionales encuentran mejores ingresos fuera del ámbito municipal.

La continuidad del conflicto queda ahora vinculada a dos escenarios: la situación de los trabajadores afectados por la investigación administrativa y la negociación salarial.

Luego de una nueva asamblea realizada en el CEMAR, los empleados aguardan definiciones mientras avanzan las discusiones paritarias.

En ese punto, Crer remarca que la negociación salarial corresponde institucionalmente al Sindicato de Trabajadores Municipales y reclama que los dirigentes logren una recomposición que permita recuperar parte del poder adquisitivo perdido.

Para los trabajadores, explica, un salario digno no es una expresión abstracta: significa poder cubrir las necesidades básicas.

"Nos tiene que permitir llegar a fin de mes", afirma.

Como referencia, menciona el valor estimado de la canasta familiar, que ubica actualmente en torno a los 2.800.000 pesos mensuales, una cifra muy alejada de los ingresos que perciben muchos empleados municipales de la salud.

También describe cómo funciona habitualmente la discusión salarial estatal. Primero se desarrollan las negociaciones entre el gobierno provincial y los gremios ATE y UPCN; luego las correspondientes a los profesionales de la salud, con SiPrUS y AMRA; más tarde las del sector docente y, finalmente, las de los trabajadores municipales.

"Generalmente termina siendo el mismo número, con algunas diferencias puntuales", explica.

Una despedida en medio del reclamo
Antes de finalizar la conversación, el conflicto salarial y las demandas laborales quedaron momentáneamente en segundo plano. El delegado quiso dedicar unas palabras a Elena, una trabajadora administrativa del Hospital Roque Sáenz Peña que falleció luego de descompensarse mientras se dirigía a cumplir una guardia.

Conmovido, envió un saludo a su familia y recordó a una compañera de muchos años, reconocida por su cercanía con quienes compartían diariamente el hospital.

Elena se desempeñaba en el área de turnos y durante largo tiempo estuvo vinculada al servicio de Pediatría, donde asignaba turnos antes de la implementación del sistema centralizado.

"Nos brindaba, con sus chistes, gratos momentos", recordó.

Su despedida quedó como el último mensaje de una entrevista atravesada por reclamos, preocupación y también por el reconocimiento hacia quienes sostienen cotidianamente la salud pública.

"Va a estar presente siempre en nosotros", concluyó.

Escuchá la entrevista completa:

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