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sábado, 30 de agosto de 2025

¿Dónde está Valentín? Nueve años de silencio, impunidad y encubrimiento

El 13 de noviembre de 2016, Valentín Ezequiel Reales, un joven de apenas 15 años, desapareció en el barrio perecino (es decir, del municipio de Pérez), situado en el límite oeste de Rosario, en un hecho que sigue marcado por la incertidumbre y el dolor. Casi nueve años después, su paradero sigue siendo un misterio, y la causa permanece activa en la justicia federal. El caso, calificado como desaparición forzada, está bajo la supervisión de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros delitos del Área de Investigación de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Rosario, a cargo del fiscal Andrés Montefeltro. Además, la Fiscalía General, encabezada por Javier Arzubi Calvo, dispuso una recompensa de 10 millones de pesos para quienes puedan brindar información que permita esclarecer lo sucedido.

La comunidad de Cabín 9, el barrio donde desapareció Valentín, se encuentra atravesada por la falta de recursos, problemas sociales y la presencia de bandas criminales que operan impunemente. Pese al paso del tiempo, el caso de Valentín ha sido uno de los pocos que logró captar algo de atención pública, aunque la cobertura mediática fue limitada.

En ese territorio —disputado por bandas como Los Cuatreros, Los Stifler, Los Sosa y Los Camargo— Valentín, amante de los caballos, inquieto y rebelde, estableció vínculos con el grupo liderado por Roberto "Narigón" Cabrera, conocido por sus actividades delictivas: tráfico de drogas, armas, sicariato y usurpaciones violentas.

Carlos del Frade, quien ha seguido de cerca el caso, señaló que Valentín estaba involucrado con una banda narcopolicial que explotaba a jóvenes como él. A pesar de que la justicia provincial había detenido a varios miembros del grupo, poco se hizo para proteger al adolescente. Su desaparición y la violencia que lo rodeaba reflejan las tensiones entre las estructuras criminales barriales y las fuerzas de seguridad locales. Del Frade reafirma su apoyo a la familia en la Legislatura y sostiene que la causa es una herida abierta.
En Señales, revista semanal de Aire Libre Radio Comunitaria, la madre de Valentín, María de los Ángeles Reales, compartió su dolor y su incansable lucha por encontrar respuestas. A su lado estaba Antonella, la hermana de Valentín. Ambas contaron cómo era el joven antes de su desaparición.

María de los Ángeles lo recuerda como un chico rebelde, pero respetuoso, que disfrutaba de momentos familiares, jugaba con sus hermanos y tenía una vida normal para su edad. Sin embargo, su destino cambió cuando se involucró con la delincuencia organizada. Hoy, ella dirige un comedor comunitario llamado Asociación Civil Valentín, en honor a su hijo. En ese espacio se brindan alimentos a más de 150 personas, principalmente niños y niñas, como forma de mantener viva su memoria.
María recuerda el último día que vio a Valentín: el 13 de noviembre de 2016, cuando estuvo en su casa durante un encuentro familiar. Al día siguiente, le pidió que pintara una puerta como una manera de mantenerlo ocupado. Pero fue la última vez que lo vio. Tras su desaparición, comenzó una búsqueda desesperada, y más tarde se presentó la denuncia ante la policía. Un mensaje anónimo indicaba que su cuerpo podría estar en un terreno de Pérez, conocido como el campo de Braulio. La familia, junto a algunos amigos, acudió al lugar, pero la respuesta policial fue nula. A pesar de ello, persistieron.

Esa madrugada, con las luces de los celulares, la familia logró encontrar una zapatilla y una media que pertenecían a Valentín, pero no su cuerpo. La policía, que inicialmente se negó a intervenir, luego volvió, pero para entonces ya no había rastros. Para la familia, la intervención policial y el accionar de las bandas criminales siguen siendo piezas clave en este rompecabezas.

El abandono del Estado y la constante lucha de la familia
La búsqueda de justicia ha sido una lucha no solo por respuestas, sino por lograr que el Estado se involucre. La familia sintió abandono e indiferencia por parte de las instituciones. En una conversación con el entonces Ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, María de los Ángeles le preguntó si la policía tenía alguna responsabilidad en la desaparición. Su respuesta fue: "quédese tranquila que si la policía tiene algo que ver, se va a saber". Pero ya han pasado casi nueve años, y la familia sigue esperando. Pullaro, hoy gobernador, aún no ofrece respuestas.

El intendente de Pérez, Pablo Corsalini, fue uno de los pocos que mostró preocupación por la seguridad de la familia. Logró que se les otorgara una vivienda en otro barrio debido a las amenazas y ataques que recibían. Sin embargo, la falta de apoyo real en la investigación sigue siendo una fuente de frustración.

Antonella relata cómo, a pesar de las amenazas y agresiones, lograron salir de esa situación de peligro y encontrar un lugar donde vivir en paz. Sin embargo, ese respiro no les devolvió lo más importante: a Valentín. A pesar de las recompensas ofrecidas y las investigaciones en curso, no hay respuestas claras. La causa podría prescribir en 2026, cuando se cumplan diez años de la desaparición.

Tanto María como Antonella insisten en que el sistema judicial nunca supo cómo abordar los casos de jóvenes como Valentín. A pesar de los intentos de ayuda, las respuestas fueron siempre insuficientes. "Nos preguntaban si quería volver a la escuela, como si eso resolviera todo", recuerda Antonella. Pero Valentín, ya en una situación crítica, no encontraba salida. "Ni con muletas se quedaba quieto", cuenta su hermana, sobre una vez en que se fugó de la casa estando lesionado.
Violencia, abuso policial y un sistema que no responde
La situación en la casa se volvió insostenible. Valentín desafiaba las reglas familiares, y su comportamiento se agravaba. A pesar de todo, su madre insiste: "Nada de eso justifica lo que le pasó". Valentín fue víctima de un sistema que lo dejó a la deriva.

Además, el accionar de la policía dejó marcas profundas. Antonella cuenta cómo los agentes ingresaban a su casa sin orden judicial, generando un clima de constante vulnerabilidad. "Nos sentíamos expuestos, sabían todo, y no hacían nada".

Tiempo después de la desaparición, un comisario fue a la casa donde vivían antes y preguntó dónde estaba viviendo ahora la familia. ¿Por qué quería saber eso? Nadie supo responder. Para Antonella, fue otra señal de que alguien sabía más. "Policía, política… hay algo groso que no se está destapando", asegura.

La denuncia internacional, las pistas ignoradas y el tiempo que corre
El caso de Valentín llegó a instancias internacionales. La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos activaron protocolos de urgencia ante la denuncia de la Cátedra de Criminología de la UNR, la Fundación Igualar y el abogado Jorge Barbagallo. Se pidió al Estado argentino garantizar la búsqueda e involucrar a la familia.

El Comité de la ONU también expresó preocupación por las reiteradas detenciones previas que sufrió Valentín, muchas sin intervención del sistema de Niñez ni del fuero de Menores. Eso refuerza la hipótesis de participación estatal en su desaparición.

La causa, que en un comienzo estuvo en la justicia provincial, fue trasladada al fuero federal bajo la figura de desaparición forzada. El nombre del fiscal Guillermo Apanowicz genera desconfianza en la familia. "Salía con más dudas que certezas", recuerda María. Además, Apanowicz ya había intervenido en los casos de Franco Casco y Gerardo "Pichón" Escobar, también relacionados con desapariciones forzadas en Rosario.

El hallazgo de una zapatilla y una media ensangrentadas fue el único indicio material. Cerca del lugar, un móvil policial fue visto antes del operativo. ¿Qué hacía allí? Nadie pudo explicarlo. El campo, conocido como el campo de Braulio, estaba asociado a bandas, Allí, en una tapera se juntaban Los Cuatreros a desarmar motos, a llevar las cosas que robaban. Para la familia, esa coincidencia no fue casual.

Hoy, con una recompensa oficial de 10 millones de pesos, la causa no muestra avances. "Ni una llamada, nada", repiten madre e hija, con una mezcla de frustración y tristeza. La esperanza está puesta en que alguien, al menos de forma anónima, se anime a hablar. Porque "Cabín 9 no es tan grande", dicen. "Todos saben algo".
"Nos dejaron solos": negligencia, pistas ignoradas y una búsqueda sin respuestas
Aquel 15 de noviembre, la subcomisaría 18ª de Cabín 9 tenía solo un agente de guardia, pese a los conflictos barriales. Los refuerzos de Pérez se retiraron tras pinchar una rueda y no regresaron. "Nos dejaron a la deriva", repite María. "Quizás si hubieran estado con nosotros, lo encontrábamos esa misma noche".

Porque había pistas. Tierra removida. Un pozo. Una rama encima. Y un mensaje de texto que decía que Valentín estaba ahí. Pero ese mensaje desapareció. Ya nadie lo tenía. "Desapareció como desapareció Valentín", dice Antonella.

El tiempo que se perdió en esas horas fue clave. ¿Quién necesitó ese margen para mover el cuerpo? ¿A quién se protegía?

También se habló de una posible denuncia de Valentín contra la banda. Pero su madre lo desmiente: "Él nunca me dijo que quería salir". Sin embargo, sí saben que había dejado de vincularse con Los Cuatreros y se acercaba a un grupo rival. Eso pudo haber desencadenado represalias.

En 2016, el fiscal Fernando Dalmau describió a Los Cuatreros, liderados por Roberto "Narigón" Cabrera, como una organización dedicada al narcotráfico, el robo de ganado, sicariato y usurpaciones. Se enfrentaban con Los Stifler, Los Camargo y Los Sosa, en un escenario de violencia e impunidad.

"Todos saben quiénes son", repiten vecinos y familiares. "La policía también. Pero no hace nada".
La causa hoy y el tiempo que se agota
Actualmente, el caso está en manos del fiscal federal Andrés Montefeltro, dentro de la Unidad Fiscal de Rosario especializada en delitos complejos, trata de personas y crimen organizado. La recompensa fue autorizada por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, y se enmarca en el Programa Provincial de Protección y Acompañamiento de Testigos y Víctimas.

Las personas que deseen aportar información pueden comunicarse al correo fisdistrito-ros@mpf.gov.ar o dirigirse a la sede del Ministerio Público Fiscal (MPF), Unidad Fiscal Rosario, Mitre 601. La identidad será preservada de manera confidencial.

Para la familia Reales, el tiempo apremia. En 2026 se cumplen diez años de la desaparición, y con ello, la causa podría prescribir. Por eso, claman por respuestas.

"Sabemos que Valentín estuvo ahí", insisten. "Lo que no sabemos es por qué lo sacaron. Quién lo sacó. A quién están encubriendo".

Porque Valentín tenía solo 15 años. Porque su familia sigue viviendo con miedo, con bronca, con la impotencia de no tener un cuerpo ni una verdad. Porque nadie desaparece así nomás.

Casi diez años después, el paradero de Valentín sigue siendo un misterio. "El problema de la droga no lo quieren parar porque el negocio es grande. Y Valentín sabía mucho", asegura su madre, que hoy sostiene un merendero como forma de resistir al abandono y la violencia. Tres de sus otros seis hijos fueron baleados en diferentes episodios vinculados a la defensa de su hermano.

En Cabín 9, todos saben quiénes mandan.

Todos saben que falta alguien.
Falta Valentín.

Escuchá la entrevista completa:

domingo, 24 de agosto de 2025

Contaminación, urbanización, riesgo ambiental y promesas incumplidas: el reclamo por el Ludueña no cesa

Un año después de la audiencia pública realizada en el Concejo Municipal de Rosario, la situación del arroyo Ludueña sigue generando preocupación. El tema volvió a ser puesto en agenda por el concejal Julián Ferrero, de Ciudad Futura, quien habló en el programa Señales para denunciar la falta de respuestas concretas, el avance de proyectos inmobiliarios y la ausencia de una planificación integral para la cuenca
Hace un año se llevó a cabo una asamblea pública en el Concejo Municipal de Rosario dedicada a la problemática del arroyo Ludueña. En esa oportunidad, Señales emitió un programa completo a transmitir y resumir los testimonios de vecinos y organizaciones que participaron de esa jornada, con el objetivo de visibilizar otras voces presentes en el debate. Un año después, el tema volvió a ser puesto en agenda por el concejal Julián Ferrero del bloque Ciudad Futura.

Consultado sobre la situación actual, Ferrero lamentó que, a pesar del tiempo transcurrido desde la audiencia pública, "pasó poco y nada". Sostuvo que se trata de una problemática ambiental seria, centrada en la contaminación constante y el deterioro estructural del arroyo Ludueña, al que definió como uno de los ecosistemas más importantes de la ciudad y la región.

El concejal explicó que desde su rol en la oposición vienen denunciando esta situación desde hace tiempo, pero observan escasa respuesta por parte de los gobiernos responsables. Señaló tanto al gobierno municipal, que tiene competencias locales, como al gobierno provincial, que debería abordar el problema desde una perspectiva metropolitana y de cuenca. Recordó que el Ludueña atraviesa 15 localidades y que su cuenca abarca 80.000 hectáreas, lo que da cuenta de la magnitud del desafío.
Ante la falta de respuestas, Ferrero y su bloque presentaron un pedido de informe dirigido tanto al gobierno municipal como al gobierno provincial. En el caso de la provincia, mencionó responsabilidades compartidas entre los Ministerios de Ambiente, de Infraestructura y Servicios Públicos, y de Obras Públicas. Sostuvo que la gravedad del problema exige una intervención articulada entre múltiples áreas del Estado.

Recordó también que en la audiencia pública realizada en el Concejo Municipal participaron más de 60 expositores a lo largo de cinco horas. Destacó dos elementos clave de ese encuentro: por un lado, la fuerte participación de vecinos y organizaciones que expresaron su preocupación y exigieron voluntad política real; y por otro, la exposición de funcionarios que presentaron planes de acción y promesas que, con el tiempo, no se concretaron. Esa falta de cumplimiento, señaló, fue desilusionante para muchos, incluso para quienes desde el Concejo tenían expectativas positivas.

Durante la sesión en la que se debatió el pedido de informe, Ferrero utilizó el término "simulacro" para describir la falta de acciones concretas, lo que generó un cuestionamiento por parte de una concejala oficialista. El edil defendió su postura señalando que su compromiso es tanto institucional —ya que preside la Comisión de Ecología y Medio Ambiente— como militante, al definirse como un militante socioambiental.

Para ilustrar la gravedad del problema, relató un hecho reciente ocurrido en el puente que conecta Funes con Rosario, en la continuidad de calle Mendoza (calle Ingeniero Miglierini), donde se encuentra una estación elevadora de Aguas Santafesinas (ASSA). Esa instalación, explicó, está desbordada por el crecimiento de barrios privados en Funes, construidos sobre humedales de la cuenca. La saturación de la red cloacal hace que los residuos terminen vertidos directamente en el arroyo Ludueña, contaminándolo y afectando tanto al ecosistema como a la salud pública de quienes viven aguas abajo. Recordó además que el cauce del Ludueña desemboca en el río Paraná, a la altura de calle Nansen, lo cual agrava aún más el impacto ambiental.

Ferrero subrayó que, aunque desde su rol como concejal no puede ejecutar obras ni políticas, sí trabajan activamente con vecinos, organizaciones y especialistas, exigiendo a quienes sí gobiernan que se hagan cargo del problema. "Que dejen de hacer simulacros, de prometer lo que no van a cumplir, y que actúen de una buena vez", reclamó.
También se abordó la situación del proyecto Damfield, una urbanización que había sido clausurada por el gobierno provincial al inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro, pero que actualmente está siendo revisada. Ferrero denunció que esta obra se construye en el vaso de inundación de la presa del arroyo Ludueña, lo que representa un riesgo grave. Explicó que la presa fue planificada para evitar inundaciones en barrios como Empalme Graneros, y que el vaso de inundación fue diseñado precisamente como un área de contención. Permitir allí una urbanización privada, con movimientos de suelo y construcción en altura, constituye un daño ambiental de gran magnitud, alertó.

Indicó que se enteraron de la sanción del gobierno provincial a ese emprendimiento el día anterior a la audiencia pública (martes 2 de julio de 2024), la cual se realizó el miércoles 3. Celebró la medida, pero expresó su deseo de que no haya sido solo una estrategia para llegar con "algo para contar" a la audiencia, sino que forme parte de una decisión política sostenida.

Respecto a la audiencia, recordó que contó con la participación de funcionarios de distintas áreas y municipios, entre ellos Rosario, Funes, Roldán y Pérez, así como del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, conducido por Enrique Esteves (Partido Socialista). Subrayó que se trata de una problemática metropolitana y de cuenca, y como tal debe ser abordada.

En ese sentido, Ferrero insistió en que se necesitan dos herramientas fundamentales para avanzar: por un lado, un instrumento, es decir, un plan de acción integral, metropolitano y de largo plazo; y por otro, un ámbito, que sería un comité de cuenca multisectorial. Este comité debería incluir desde funcionarios hasta vecinos de barrios populares, y ser el espacio donde se planifiquen, ejecuten y monitoreen las acciones necesarias para la recuperación del arroyo.

La entrevista concluyó con el pedido del concejal, quien solicitó una respuesta urgente y coordinada frente a una problemática que impacta el ambiente, la salud pública y la calidad de vida de miles de personas.

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Donde no triunfa el silencio: Una calle en Rosario para Melitona Enrique, sobreviviente de la masacre de Napalpí

El Concejo Municipal de Rosario designó una calle con el nombre de Melitona Enrique, última sobreviviente de la masacre de Napalpí. Este homenaje simboliza el reconocimiento a los pueblos originarios y la memoria de un capítulo doloroso de la historia argentina, aún pendiente de justicia y reparación
Melitona se fue una noche, silenciosa y firme, como supo vivir. Se fue caminando por un arco iris tejido con la luz de las estrellas, llevando en sus oídos los ecos de un grito antiguo. Tal vez la voz de un pueblo que, en su último cumpleaños, le pidió perdón. Tenía 107 años. Fue la última sobreviviente de la masacre de Napalpí, ocurrida en el Chaco en 1924, y falleció en 2008. Su historia fue contada muchas veces, incluso en vida, como un testimonio que se resistía a desaparecer.

Nacida en un contexto de extrema pobreza, Melitona Enrique vivió gran parte de su vida en el olvido. No tenía casa, ni acceso a condiciones dignas, como muchos integrantes de las comunidades originarias del norte argentino. A principios de los años 2000, su historia fue recuperada por integrantes de su comunidad, por un maestro qom —el maestro Juan Chico— y por quienes, al escuchar su nombre, empezaron a entender que la masacre de Napalpí no era un relato lejano, sino un crimen de lesa humanidad sin justicia ni reparación. Fue la Organización Panamericana de la Salud quien, durante un relevamiento de la situación sanitaria en comunidades del Chaco, documentó su vida y su historia, y con ella visibilizó la falta de políticas públicas para las comunidades qom y moqoit que vivían en zonas como Machagai.

Melitona tuvo 12 hijos. Algunos de ellos, y sus descendientes, hoy viven en Rosario. Y es precisamente en esta ciudad donde su nombre vuelve a resonar con fuerza. Porque una calle de Rosario lleva ahora su nombre. En la última sesión del Concejo Municipal, gracias al impulso de diversas organizaciones y familiares, el hasta ahora Pasaje 734 del barrio Sorrento fue renombrado oficialmente como Melitona Enrique.
Así lo explicó la concejala Norma López (foto), en Señales: "El 19 de julio de 1924, el presidente de la Nación, Marcelo Torcuato de Alvear, y el gobernador del Chaco, Fernando Centeno, planificaron la masacre de Napalpí. Napalpí era una reducción de pueblos originarios, Qom y Moqoit, que vivían de la recolección algodonera en condiciones infrahumanas, prácticamente de esclavitud.

Aquel día, decidieron protestar. La respuesta fue una masacre: 40 personas de todas las edades fueron asesinadas, mutiladas y torturadas. Durante muchos años, en nuestro país hubo impunidad respecto a este trágico suceso.

Recién en 2022, una jueza federal del Chaco, la doctora Zunilda Nirenberger, habilitó un juicio para investigar los hechos desde la perspectiva de los derechos humanos. Así se constituyó el primer juicio por delitos de lesa humanidad contra una población de pueblos originarios.

Hubo pocos sobrevivientes. Entre ellos, Melitona Enrique, quien además vivió muchos años en nuestra ciudad.

En la última sesión del Concejo Municipal, a pedido de diversas organizaciones y de referentes y referentas de distintas naciones originarias —entre ellos, Daniel Naporichi, Rosana Esquivel, Oscar Talero, y familiares de Melitona, como bisnietos y una de sus hijas, Jara—, una de las calles de nuestra ciudad fue nombrada en homenaje a ella. En el barrio Sorrento, el pasaje 734 lleva, desde el jueves pasado, el nombre de Melitona Enrique.

Simbólicamente, para nosotros es un hecho muy significativo, porque implica también reconocer los delitos cometidos por el Estado contra los pueblos originarios. Son delitos de lesa humanidad, y la reparación aún no ha sido completada".

La ordenanza sancionada establece:
Artículo 1°: Desígnase con el nombre de Melitona Enrique a la arteria anteriormente denominada Pasaje 734, ubicada en barrio Sorrento.
Artículo 2°: Encomiéndase al Departamento Ejecutivo que coloque en el lugar la señalética correspondiente.

En palabras del tema musical que Lucas Segovia le dedicó —acompañado por Antonio Tarragó Ros—, Melitona no solo fue madre de doce hijos, sino madre de un pueblo. Su letra es un verdadero poema que merece ser leído, compartido, recordado. Porque como dice la canción: que no triunfe el silencio.

Melitona se fue una noche a encontrarse con las abuelas muertas,
se fue caminando por un arco iris formado por la luz de las estrellas,
llevando en sus oídos tal vez aquellos gritos
o tal vez la voz de un pueblo blanco que en su último cumpleaños le pidió perdón.

Si una estrella mañana veo en el cielo,
será la que has encendido para tu pueblo,
no dejes que en esta tierra triunfe el silencio,
enciende en las gargantas un grito nuevo.

Madre del pueblo indio, Melitona,
fuiste hacia la casa del que no olvida.
Madre del pueblo indio, Melitona,
de tus ojos dormidos fluye la vida.

Cuando llegues al cielo de los recuerdos,
consíguenos la memoria del universo,
y que abriendo los brazos al fin
formemos con el criollo y el gringo un solo pueblo.

Madre del pueblo indio, Melitona,
de los recuerdos veo en el cielo un grito nuevo.

Hoy, su nombre queda grabado en una calle, pero también en la historia.

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domingo, 17 de agosto de 2025

'Sentí que lo volvieron a fusilar': dolor y desilusión por la condena a la policía que mató a Maxi Lucero

Pasó nuevamente por Señales Luisa Pourpour, mamá de Maximiliano Lucero. Esta semana se conoció la sentencia contra Antonella Ortiz, exefectiva de la Policía Santafesina, condenada a 15 años de prisión por el homicidio de Maxi.

El hecho ocurrió durante una discusión entre Maxi y la pareja de Ortiz. Ella no estaba directamente involucrada, pero intervino con su arma reglamentaria y disparó a corta distancia, causándole la muerte.

El tribunal integrado por Trinidad Chiabrera, Silvana Lamas González y Carlos Leiva dictó el fallo en el Centro de Justicia Penal de Rosario. La pena quedó muy por debajo de lo solicitado: el fiscal Lisandro Artacho había pedido 22 años, la querella que representa a uno de los hijos de Maxi adhirió a ese pedido, y los abogados de la familia reclamaron 33 años y 4 meses, la máxima posible. Argumentaron que el disparo fue certero, que no existía peligro en la vivienda y que Ortiz abusó de su función pública y de su arma reglamentaria frente a una víctima indefensa.

"Es muy difícil", expresó Pourpour. "Yo siempre pedí prisión común, sin beneficios y de cumplimiento efectivo. Eso lo logré. Pero la condena fue de 15 años: se computan los tres de prisión preventiva y en realidad va a cumplir 12. Me sentí decepcionada. Entre los 22 años que pidió el fiscal y los 33 que solicitamos nosotros, al menos esperaba 25".

Reconoció que algunas familias consideran justa la sentencia, pero aclaró: "No es porque fuera mi hijo. Es porque estos abusos policiales no pueden seguir ocurriendo. Ese 12 de agosto sentí que lo volvieron a fusilar".

Sobre las palabras de la condenada fue tajante: "Ortiz dijo que le destruimos la vida. ¿Y qué me hizo ella a mí? Me mató en vida. Me cuesta mucho seguir. Sí, tengo otros hijos, hijas, nietos… pero me falta esa parte fundamental que era Maximiliano".

También denunció la impunidad policial y el maltrato recibido durante el juicio: "Nos maltrataron, no nos dejaban entrar, y era un juicio oral y público. El día de la sentencia hubo burlas, sonrisas. Siempre digo: hay policías buenos, que llevan su rol en el alma. Y hay otros que son corruptos, narcocriminales, incluso drogados. Lo veo en mi barrio. Maltratan a los pibes que van a los volquetes a buscar comida. Los golpean en las comisarías. Voy a nombrarlas: la subcomisaría segunda de Nuevo Alberdi, la 10ª de Darragueira y la seccional 30. Ya no tengo miedo de decirlo".

"Siempre cuidé mucho a mis hijos. Nunca pensé que un uniformado iba a matar a uno de ellos. Perdí el respeto a la policía y la justicia me defraudó. Todos merecen justicia. Un uniforme y un arma no le dan a nadie el poder de quitar una vida".
Se refirió también a las autoridades provinciales: "Rosario es peligrosa, sí, pero las balaceras siguen. Llenar de patrulleros y motos no arregla nada. Y ahora suman las Taser. No me digan que son armas no letales: son picanas eléctricas, una forma de tortura. Para algunos policías va a ser un juego".

Recordó otros casos de violencia institucional: "Antes los mataban a tiros, después los chocaban con patrulleros, después los golpeaban en comisarías. Y decían que se suicidaron. No me olvido de María de los Ángeles Paris, la bibliotecaria que terminó muerta en la comisaría décima tras ir a denunciar un robo. ¿Sola se mató? No".

Confirmó que habrá apelación: "Estamos esperando los fundamentos de la sentencia, que deberían estar en unos días. Después veremos cómo seguimos".

Durante el juicio también fue acusada de amenazas: "La hermana de Ortiz declaró que yo la amenazo. No es cierto. Yo escracho públicamente a la oficial, pero no me meto con su familia. Solo me interesa la asesina de mi hijo. Y la voy a seguir señalando. Ella tiene una inhabilitación de diez años para portar armas, pero después puede volver a ejercer. No estoy de acuerdo: un policía que mata no debería portar un arma nunca más".

Consultada sobre si esperaba algún gesto de Ortiz, respondió: "Sí, esperaba que me mirara, que me pidiera disculpas. Pero no pasó. Estuvo por Zoom, jamás me dirigió la palabra. Es una persona fría, prepotente. Ni ella ni su familia mostraron respeto. Al contrario, nos insultaron: 'negros de la villa'. Yo viví muchos años en una casa humilde, y no me avergüenzo. En la villa hay gente generosa y solidaria, mucho más que en otros lados".

"No siento nada por ella. Ni lástima, ni piedad. Nada".

Sobre Maxi quiso dejar un recuerdo: "No era un santo, pero tampoco una mala persona. Tenía valores. Me enteré de que era donante: dio su corazón, que sigue latiendo en otro cuerpo. Eso me hace pensar que no fracasé como madre. Siempre le enseñé el respeto, tu derecho, y dónde empieza el del otro. Era apolítico, odiaba la política. Lo obligaba a votar porque era un derecho. No era religioso, solo creía en Dios. Y cuando llegue el momento de apelar, espero que logremos una condena más alta".

Pidió además que se revisen otras causas: "Que se reabran las que están cerradas o por cerrarse. Que escuchen a las víctimas. Porque al final terminamos siendo nosotros, los familiares, quienes quedamos insultados y bastardeados".
En la entrevista también habló Fernando Vergara, tío de Brandon Romero. Destacó que este caso permitió visibilizar otros hechos de violencia institucional y gatillo fácil: "Se probó que Ortiz actuó con alevosía: disparó a corta distancia, sin amenaza alguna, y hasta intentó fugarse. La médica forense dijo que el tiro fue certero y letal. Practicaba tiro regularmente, sabía lo que hacía. Aun así, la condena fue de 15 años. Queremos entender en qué se basaron los jueces para reducirla".

Vergara contextualizó lo ocurrido con Maxi dentro de un patrón más amplio de impunidad: "Como este, hay muchos casos que siguen sin justicia. El de Pichón Escobar, el de Bocacha, el de Alan Rivero, que intentaron hacer pasar por accidente. Son patrones que se repiten".

La propia Pourpour coincidió: "Antes lo veía en los noticieros. Nunca pensé vivirlo. Cuando pasó lo de Maxi, me sorprendí de tantos pibes chocados por patrulleros, víctimas de gatillo fácil o torturas en comisarías. Es un patrón".

El impacto también golpeó a su familia: "Estoy muy agradecida por el acompañamiento. Mi familia me apoya, pero con otros familiares de víctimas comparto cosas que no me animo a hablar en casa. Una de mis hijas cayó en depresión. Esa bala que mató a Maxi nos mató a todos".

Sobre la falta de arrepentimiento de Ortiz fue contundente: "No hay empatía. Casi tres años me pregunto cómo alguien puede matar y dormir tranquila. La frialdad de ella me supera".

Repasó además lo que se expuso en el juicio sobre la mecánica del disparo: "Maximiliano estaba a 6,60 metros. El perito de Gendarmería explicó que fue un disparo certero con resultado muerte. Ella sabía usar un arma. Después de disparar, montó el arma de nuevo y dejó una bala en recámara, lista para seguir. Si mi hijo se movía, lo remataba. No fue un disparo al aire: tenía 26 balas. Quedó demostrado que lo quería muerto".

También cuestionó la supuesta motivación por una garrafa: "No creo que fuera solo por eso. La discusión era con su pareja, no con ella. Mi hijo quiso mediar, incluso estaba dispuesto a pagar por la garrafa robada. Una discusión así no puede terminar con alguien muerto. Nunca lo voy a entender".

Luisa agradeció especialmente a Aire Libre, Radio Comunitaria, por el espacio y el acompañamiento. Subrayó que mientras otros medios "más importantes", como El Tres TV y Telefe Rosario, les cerraron la puerta, allí encontraron un lugar para visibilizar el caso.

Durante la charla, el conductor reafirmó la apertura permanente de la radio a las familias víctimas de gatillo fácil y anticipó la cobertura de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Fernando Vergara explicó que el lunes se reunirían para definir la fecha y probablemente acoplar la convocatoria al miércoles 27, en coincidencia con la marcha de los jubilados, con la idea de "unificar fuerzas y energías".

"Mi agradecimiento como mamá de Maximiliano es inmenso, porque ustedes nos dieron la posibilidad cuando otros no lo hicieron", concluyó Luisa.

Escuchá la entrevista completa:

sábado, 16 de agosto de 2025

Santa Fe: Control social con gatillo eléctrico — ¿Más seguridad o más violencia?

Esta semana, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Santa Fe confirmó la entrega de 200 armas no letales: 100 pistolas Taser y 100 lanzadoras Byrna. El equipamiento fue destinado a un grupo de efectivos seleccionados especialmente para esta etapa inicial del plan. ¿Más seguridad... o más violencia? El interrogante se instala con fuerza, tras las advertencias lanzadas por organismos de derechos humanos y sectores políticos.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) emitió un comunicado en tono crítico, alertando sobre los riesgos del uso de estas tecnologías. También lo hizo el diputado Carlos del Frade, mediante un proyecto de comunicación presentado en la Legislatura. En la misma línea, Luisa Pourpour, mamá de Maximiliano, asesinado por una mujer policía de la Santafesina, expresó su preocupación en el programa Señales, subrayando el peligro de militarización de la seguridad pública.

El impacto eléctrico de las Taser
Las pistolas Taser funcionan como armas de electroshock. Generan un arco electrovoltaico que atraviesa el cuerpo con una tensión de aproximadamente 50.000 voltios, pero con una intensidad muy baja —alrededor de 4 miliamperios—. Este tipo de descarga bloquea temporalmente los músculos motores, provocando una inmovilización instantánea que permite la reducción del individuo sin, en teoría, causar daños permanentes.

Byrna, las lanzadoras cinéticas
Además, el Gobierno provincial adquirió 100 lanzadoras Byrna. Utilizan dióxido de carbono comprimido para disparar proyectiles cinéticos fabricados con polímero, que pueden ser huecos o contener sustancias irritantes. "Este tipo de pistolas disuade a una persona que pone en riesgo una situación y la desactiva sin recurrir a un arma de fuego. Están pensadas para el personal de Infantería, es decir, para otro tipo de contextos o conflictos", explicaron desde el Ministerio de Seguridad.

El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ha advertido que el uso de estas armas provoca un dolor intenso, puede constituir una forma de tortura y, en ciertos casos, incluso causar la muerte. Por ello, ha recomendado a los Estados miembros abandonar su utilización.

El principal problema radica en su clasificación como armas de "menor letalidad", lo que facilita un uso excesivo y arbitrario por parte de las fuerzas de seguridad. Esta falsa percepción de inocuidad ha derivado, en distintos contextos, no solo en un aumento de casos de tortura, sino también en muertes.

Norma Ríos: "Estamos hablando de la picana moderna"
En diálogo con Señales, Norma Ríos —Presidenta Honoraria de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina y miembro de la Mesa Directiva Regional Rosario— expresó su enérgico repudio a la decisión del gobierno provincial de Santa Fe de implementar un plan piloto con 100 pistolas Taser y 100 lanzadoras Byrna.

"Uno ni siquiera sabía qué eran las Byrna, tuve que buscarlas en internet. Pero sí sabíamos qué son las Taser. En nuestra larga lucha contra las herramientas de tortura y represión, ya en 2016, siendo presidenta nacional de la APDH, me reuní con la entonces ministra Patricia Bullrich, junto con otros representantes. Uno de los temas centrales fue la preocupación —mucho más que preocupación— por el posible uso de las Taser, esas neopicanas contra las que ya nos habíamos presentado judicialmente junto a otras organizaciones", recordó.

Ríos señaló que la APDH ha denunciado el uso de estas armas en distintas provincias, como Mendoza, Tigre, Neuquén y ahora, Rosario. "Las Taser fueron calificadas como instrumento de tortura por el Comité contra la Tortura de la ONU. No sólo por el dolor extremo que generan, sino porque afectan derechos fundamentales: la vida, la integridad física y psíquica, y en muchos casos provocan la muerte."

También alertó sobre sus efectos documentados en otros países: "Hay evidencia de que su uso ha provocado quemaduras, abortos, disfunciones urinarias, insomnio, agotamiento, trauma psicológico. En definitiva, estamos hablando de la picana. Esa misma que se usó durante días sobre los cuerpos de prisioneros políticos en la dictadura. Una herramienta de tortura que sigue presente, muchas veces, en comisarías".

Nadie que defienda los derechos humanos puede hacerse el tonto
Norma Ríos recordó que en Argentina —país tristemente pionero en el uso de la picana— se puede armar una de estas armas de tortura de manera casera, rápida y efectiva. "Hay gente que sabe hacerlo muy bien, y a muchos militantes del campo popular les consta", aseguró.

También denunció que en marzo de 2023, durante la gestión de Aníbal Fernández como ministro de Seguridad, la APDH volvió a rechazar la compra de pistolas Taser por parte del Estado nacional, sumándose así a las adquisiciones previas realizadas por Patricia Bullrich y por el gobierno porteño, primero con Mauricio Macri y luego con Horacio Rodríguez Larreta.

"Que quede claro: no es una bronquita partidaria. El 5 de septiembre de 2016 se hizo una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, impulsada por el Observatorio de Derechos Humanos, para reclamar que se prohíba el uso de armas eléctricas como las Taser. La firmaron decenas de personalidades y organizaciones de todo el país. Ese documento, como tantos otros, traza un camino de lucha", remarcó.

Ríos también denunció la lógica represiva que subyace detrás del argumento de la "seguridad". "Cada vez que se habla de la compra de armas hay un negocio detrás. Y además, se avanza en equipar al Estado con más aparatos represivos, pensando en posibles estallidos sociales, frente a una situación donde se están recortando derechos día tras día. Esto es una preparación para reprimir al pueblo que no puede seguir sobreviviendo".

Al recordar la reunión entre el gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente Pablo Javkin y Patricia Bullrich —celebrando que Rosario sería el lugar donde se aplicaría la llamada "ley antimafia"—, Ríos fue tajante: "Ese fue el momento en que supimos que no había vuelta atrás. Esto no depende de votos ni de discursos democráticos. Es una marcha hacia más represión".

Y agregó una advertencia crucial: "En sitios serios se puede comprobar que estas armas afectan más a los cuerpos más vulnerables: mujeres, embarazadas, niñas y niños. Hoy vemos cómo en ciudades como Berlín, Roma o Londres se encarcela a chicos de 13 o 14 años por protestar en favor de Palestina. Y acá, frente al Congreso, gasearon a una nena pequeña. ¿Quién puede garantizar que la próxima no sea una Taser la que mate?".

Finalmente, Ríos cerró con un mensaje contundente: "Cuando hablamos de instrumentos de tortura, nadie —absolutamente nadie— que tenga un gramo de decencia, o una mínima visión de garantismo y defensa de los derechos humanos, puede hacerse el tonto".
Carlos del Frade y las sombras detrás de la licitación
El diputado provincial Carlos del Frade también participó de Señales y aportó datos fundamentales sobre el proceso de adquisición de las armas no letales por parte del gobierno santafesino.

"El viernes 15 de agosto, el diario La Capital publicó en tapa y en su página 6 que la policía iniciaría en Rosario una prueba piloto para el uso de las pistolas Taser. El gobierno provincial entregó 200 armas de baja letalidad a un grupo de agentes que comenzarán a emplearlas en patrullaje. También se anunció un plan de capacitación", relató el legislador.

En esa nota, el diario aclaraba que las Taser son pistolas de electrochoque y que las Byrna lanzan pequeñas pelotas que pueden contener gas pimienta, motivo por el cual también se las conoce como "armas antitumulto".

Del Frade señaló que ya el 1 de abril había presentado un pedido de informes —expediente 55.978— sobre la licitación que permitió esta compra, oficialmente denominada Licitación Acelerada N° 5, del 26 de marzo de 2025. Lo que llamó la atención fue la similitud casi textual entre el pliego licitatorio del gobierno provincial y el catálogo comercial de la empresa Byrna Latam, la firma que finalmente resultó ganadora.

Según explicó, esa empresa tiene vínculos directos con Bersa S.A., la misma que fue favorecida por una compra directa de 6 millones de dólares realizada por el Ministerio de Seguridad de la Nación en julio de 2024, bajo el argumento de los hechos delictivos graves ocurridos en Rosario, incluyendo los asesinatos de cuatro trabajadores en marzo de ese año.

Del Frade advirtió sobre los intereses detrás del negocio: "No podemos ignorar que Bersa está directamente relacionada con el marido de la ministra Patricia Bullrich. Esta conexión ha sido denunciada en varias oportunidades".

Pero más allá del proceso de compra, el diputado remarcó una pregunta central: ¿Para qué se van a usar estas armas?: "Si se trata de responder a enfrentamientos armados, habría que revisar muy bien la historia reciente. En los últimos cinco o diez años es muy difícil encontrar casos de enfrentamientos reales entre la policía santafesina y bandas narco. Lo que sí encontramos, con muchísima más frecuencia, es cómo muchos integrantes de la fuerza provincial integran esas mismas bandas, lo que llamamos narcopolicías barriales", afirmó.

Finalmente, Del Frade hizo hincapié en que el gobierno aún no dio explicaciones sobre el contenido del pliego ni sobre el destino final de estas armas. "Todo indica que se trata más de un instrumento para el control social y la represión de manifestaciones públicas que de una herramienta real para mejorar la seguridad ciudadana. Y lo más grave es que el pliego parecía hecho a imagen y semejanza de los intereses de una empresa con vínculos directos con el poder político nacional".

Proyecto legislativo para esclarecer una licitación millonaria
Carlos del Frade formalizó su preocupación en la Cámara de Diputados de Santa Fe mediante un Proyecto de Comunicación, en el que solicita al Poder Ejecutivo que brinde información detallada sobre la polémica licitación de las armas no letales.

En el texto, el legislador solicita que el Ejecutivo informe los motivos de las coincidencias entre el catálogo de la empresa Byrna Latam y los requisitos técnicos establecidos en el pliego de la Licitación Acelerada N° 5, correspondiente al expediente 201-0272297-2. Esta licitación, cuya apertura de ofertas se produjo el 26 de marzo de 2025 en Rosario, implicó una inversión pública de 678.318.436 pesos, según lo publicado el 12 de marzo del mismo año.

Del Frade también pide que se aclare si la empresa Bersa S.A., vinculada a Byrna Latam, fue favorecida por una compra directa de seis millones de dólares realizada por el Ministerio de Seguridad de la Nación en julio de 2024. Esta adquisición fue justificada en el marco de los llamados "hechos delictivos de extrema gravedad" ocurridos en Rosario, y respaldada por el expediente 32796967, que planteaba la necesidad de un esfuerzo conjunto entre Nación y provincia para "restablecer la seguridad interior".

Finalmente, el proyecto legislativo exige conocer los niveles de enfrentamientos armados registrados entre integrantes de la Policía de Santa Fe y organizaciones delictivas en los últimos tres años. El objetivo: establecer si existe una justificación real para dotar a la fuerza provincial con este tipo de armamento no letal.

La madre de Maxi: "¿Ahora qué? ¿Una Taser para hacerlo más lento?"
En Señales, Luisa Pourpour —mamá de Maxi, asesinado por una mujer policía de la fuerza santafesina— habló con una claridad que desarma. No teórica, no técnica. Desde el dolor y la verdad que se gana perdiendo un hijo a manos del Estado.

"Rosario es una ciudad peligrosa, todo lo que quieran, pero las balaceras siguen, las muertes de personas inocentes siguen. Así que yo no veo dónde está la solución", aseguró y agregó: "No me voy a meter en terrenos que no me corresponden —dijo— pero seguimos barriendo y tirando la mugre bajo la alfombra. Me parece que no va por ahí. Llenar de motos, de patrulleros, de policías, no arregla nada. Y ahora, con las Taser… Que no me digan que la Taser es un arma no letal. Es mentira".

Luisa no hablaba en abstracto. Su denuncia tiene nombre propio y viene desde adentro: "Los muchachos ahora van a tener con qué divertirse. Tal vez no los maten, pero los van a picanear, porque eso es: una picana. Una picana eléctrica. Se van a divertir, porque tiene diferentes calibraciones. Lo tumban, le dan, le siguen dando, y se ríen. Para los policías, tener una Taser va a ser una diversión."

Y su reflexión final, más que un cierre, es un grito de memoria: "Antes lo mataban a tiros. Después, lo chocaban con los patrulleros. O lo mataban a golpes en una comisaría. ¿Y ahora qué? ¿Una Taser para hacerlo más lento?"

Escuchá las intervenciones completas:

martes, 5 de agosto de 2025

Desmontaje colectivo: una respuesta poética al odio en la muestra La tierra (a)guarda

La Tierra (a)guarda es una muestra que se exhibe hasta el próximo viernes 8 de agosto en la Biblioteca Argentina Dr. Juan Álvarez (Pje. Álvarez 1550). Fue construida a partir del registro fotográfico del colectivo documental Posteo. La propuesta recupera una historia íntima y profundamente política: en plena dictadura, Ernesto Blanco enterró los libros de su hijo en San Gregorio (Santa Fe) para protegerlos de la represión. Casi 40 años después, su nieta Julia Blanco los desenterró, gesto que dio origen al documental Desentierros. Los libros que no heredamos, y luego al libro homónimo publicado en febrero de este año.

Las fotografías de Matías Sarlo, Héctor Río y Franco Trovato Fuoco capturan ese acto de rescate como una metáfora de la memoria como resistencia. Sin embargo, el martes 22 de julio, la muestra fue vandalizada por una persona que escribió mensajes de odio con marcador indeleble sobre el texto de sala y parte de las imágenes.

Matías Sarlo es fotógrafo, oriundo de la Provincia de Buenos Aires. A lo largo de su carrera trabajó en medios como El Ciudadano, Crítica, La Capital, y colaboró con agencias internacionales como Associated Press y Archivo Latino. También formó parte de InfoJus. Desde hace algunos años, junto a otros colegas, impulsó un proyecto significativo vinculado a la memoria y los derechos humanos, llamado Zafarrancho Ediciones

En una entrevista en las Señales, Sarlo contó que la muestra proponía originalmente una intervención artística durante el primer mes de exhibición, en un sector específico, con la intención de invitar a reflexionar sobre la dictadura, especialmente desde la perspectiva de los barrios y las familias trabajadoras. El concepto giraba en torno a los libros enterrados o desenterrados como símbolo de memoria.

Sin embargo, el grupo organizador se vio sorprendido por una intervención indebida y ajena a la propuesta original, que incluyó palabras como "zurdo", "terrorista" y "fertilizante". Sarlo expresó que estas palabras resultaron violentas y difíciles de soportar, especialmente por la carga simbólica que implicaban, motivo por el cual decidieron emitir un comunicado para aclarar al público el contenido de la muestra y marcar su postura frente a ese acto.

Ante esta situación, el colectivo decidió responder desde el arte, sin recurrir al enfrentamiento directo. Propusieron una acción poética para el día viernes 8 de agosto a las 17 horas, que consiste en un acto colectivo de desmontaje de la muestra. La idea es que cada persona que asista pueda retirar una parte de la exhibición, incluyendo una letra del texto de sala, como gesto simbólico de quitarle sustento a ese discurso de odio.

Sarlo sostuvo que muchas veces quienes promueven estos discursos no construyen, sino que se dedican a destruir lo que otros crean. Por eso, al retirar la muestra, consideraron que las palabras ofensivas quedarían vacías, sin contexto que las sostenga.

El acto está programado para comenzar puntualmente a las 17:00, ya que a las 18:00 se realizará un concierto de jazz en la Biblioteca y desean evitar superposiciones. Durante el desmontaje se leerán textos del colectivo, de los trabajadores de la Biblioteca Argentina, de Posteo (quienes realizaron las fotografías) y de Julia Blanco, responsable de la parte performática del desentierro de libros.

Para quienes deseen más información o sumarse, Zafarrancho Ediciones compartió una convocatoria a través de su cuenta de Instagram, invitando a artistas, colectivos y organizaciones de derechos humanos a participar de esta acción, que consideran breve pero potente.

Finalmente, se recordó que la muestra La Tierra (a)guarda puede visitarse hasta el viernes, en el horario habitual de la Biblioteca Argentina.

Escuchá la entrevista completa:

Ver también: Vandalismo y mensajes de odio en una muestra sobre la memoria en la Biblioteca Argentina, La tierra (a)guarda: memoria violentada, respuesta que evita incomodar

lunes, 4 de agosto de 2025

La lucha de una madre por justicia: arranca un nuevo juicio por gatillo fácil en Rosario

Los familiares de distintas víctimas de violencia institucional están convocando a participar del inicio del juicio por el asesinato de Maximiliano Andrés Lucero. Un hecho que, como muchos señalan con claridad, fue un fusilamiento. Ocurrió el 7 de septiembre de 2022, en el barrio municipal de Nuevo Alberdi, una zona rural de Rosario. El crimen fue perpetrado por Antonella Celeste Ortiz, oficial de la policía perteneciente a la seccional 12.

En el marco de este reclamo de justicia, y con el propósito de introducir y contextualizar desde la voz más cercana al dolor, compartimos un archivo de audio registrado en vivo por El Tres TV ese mismo día. En él, Luisa Leonor Pourpour —la mamá de Maximiliano— expresa con crudeza e indignación lo que estaba ocurriendo.
"No tenía derecho a pegarle un tiro en la cabeza a mi hijo, Maximiliano Andrés Lucero. Mi hijo no es choro, no es narco. Trabajó 32 años en una hamburguesería. Se lo llevaron con la ropa puesta, justo al lado de la estación de tren y de su trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Que el jefe de la policía de Santa Fe me lo explique. ¿Por qué un efectivo de su fuerza mata a mi hijo si no era un delincuente?

A mí, Luisa Leonor Pourpour, que me responda. ¿Por qué un policía decide matar a un chico inocente? ¿Por qué? ¡A nadie, a nadie! Quiero explicaciones.

—¿Él conocía a esa mujer?

No sé… todos la conocemos de investigaciones. Yo llegué corriendo cuando una vecina me avisó. Encontré a mi hijo agonizando. Tardaron casi una hora. Los milicos se reían. Ahí, todos esos que estaban ahí: 'Déjalo, que se muera total, es un negro de la villa'. ¿Por qué esa discriminación? ¿Por qué tanto odio? ¡La reputa madre que los parió! ¿Por qué?

Ese hijo, como el hijo de cualquiera… si hubiese sido delincuente, en el barrio decimos 'murió en la ley'. Pero mi hijo era honesto, por el amor de Dios. Y ahora me falta un pedazo. Tengo once hijos, pero ahora me falta uno.

El intendente, el gobernador, el ministro de Justicia y toda esta policía narco… ¡son todos narcos! ¡Porque lo sé! Porque trazan, hijos de puta. No tengo más que decir. Solo pido que pasen esta nota, no por mí. Porque acá allanan casas y drogan por todos lados. Es un desastre.

Y esa policía de mierda que está ahí, porque es de la fuerza… Yo le estoy diciendo lo que sé".
En ese mediodía, frente a las cámaras, Luisa no solo gritaba desde su dolor, sino que también denunciaba, interpelaba, reclamaba. Porque en medio de la desesperación, ella supo poner en palabras todo lo que estaba mal, todo lo que se repite, todo lo que no puede seguir ocurriendo.

Hoy, agosto de 2025, a casi tres años del hecho, Luisa está con nosotros en las Señales, a su lado -en el estudio de Aire Libre, Radio Comunitaria- la acompaña Fernando Vergara, tío de Brandon Romero, otro joven víctima de gatillo fácil. Antes de comenzar esta entrevista, le preguntamos si quería que pasaramos ese audio. Es muy fuerte volver a poner el cuerpo y la voz en un momento tan brutal. Pero nos pareció que su testimonio de entonces —tan claro, tan visceral, tan certero— era necesario para empezar a hablar.
La voz de Luisa

Recordar es doloroso, dice Luisa. Pero lo que dijo aquel mediodía en televisión, frente a las cámaras, lo sigue sosteniendo con la misma firmeza. Maximiliano no era un delincuente, y lo que le hicieron fue un fusilamiento. Murió de un disparo entre los ojos, y esa herida, que atraviesa a la familia y al barrio, sigue abierta.

Hablar de Maxi, sin embargo, también la lleva a un territorio distinto, más íntimo, más lleno de luz. Tenía 33 años y era uno de sus cinco hijos varones. Cada uno con su carácter, pero Maximiliano, dice Luisa, era la alegría de la casa. Estaba siempre con ella. Discutían, sí, como madre e hijo, pero a los pocos segundos se le pasaba. Era el que compartía los mates, el que apenas caían dos gotas le pedía que hiciera tortas fritas. El que le pedía un cigarrillo para sentarse a conversar. Su confidente. Con él, nada quedaba sin hablar.

Maxi trabajaba en Burger, pero además era electricista, techista, albañil. Hacía changas en el barrio, cortaba el pasto aunque no le pudieran pagar. Un verdadero buscavida. En los últimos años se había interesado mucho por la gastronomía: pasó por parrillas, bares, hacía delivery. Incluso trabajó con el chef Rodrigo Casagrande. Como madre, Luisa no lo idealiza: reconoce que pudo tener errores, como todos. Pero afirma con certeza que su hijo no era un narco, no era un tiratiros, no estaba en ninguna disputa de territorio, como se intentó hacer creer. Esas disputas las tienen otros, no su hijo.

Después del asesinato, se sorprendió con la cantidad de personas que se acercaron, que le contaron que conocían a Maxi, que eran sus amigos. Incluso gente que nunca hubiera imaginado. Hasta el día de hoy, nadie le ha dicho una palabra mala sobre él, ni en la calle ni en las redes. Luisa sigue preguntándose por qué. ¿Por qué alguien apretó ese gatillo? ¿Por qué le quitó la vida? Esa es la pregunta que espera que Antonella Celeste Ortiz, la oficial que le disparó, le responda durante el juicio. Porque nadie —insiste— mata sin un motivo. Cree que tal vez quiso ocultar algo. Tal vez hay una explicación. La busca.

El juicio está previsto entre el 5 y el 8 de agosto. Luisa espera que la escuchen. Que haya una condena firme, de cumplimiento efectivo, en cárcel común. Porque eso es lo que considera justo.

Recuerda que Ortiz fue detenida desde un primer momento, junto a su pareja, Damián Solís, el Pelado. El 9 de septiembre —el mismo día en que sepultaron a Maxi— fue la audiencia imputativa. Luisa estuvo de acuerdo con que Solís quedara en libertad. No por bondad, sino porque pensó en los hijos de Ortiz: uno con autismo, la otra una niña pequeña. No sabía si Ortiz tenía familia que pudiera cuidarlos. Por eso, accedió a que Solís saliera. Pensó como madre.

Aclara, también, que lo que busca no es venganza, sino justicia. Y recuerda algo que muy pocos saben: ese mismo día, frente a Ortiz, le ofreció su perdón. Lo hizo mirándola a los ojos. No para quedar bien, no para aliviar la carga de la otra. Lo hizo por ella misma. Porque no quiere vivir con odio. Porque no es ese tipo de persona. Y porque sabe que su hijo, si hubiera sobrevivido con alguna secuela, le habría dicho: "Má, ya está. Déjela". Porque así era Maxi. No guardaba rencores.

Asegura que, incluso con alguna discapacidad, ella habría sido feliz si pudiera tenerlo vivo. Pero ya no lo va a abrazar, no va a compartir mates ni cigarrillos con él. El día que Ortiz lo mató, algo dentro de ella también murió. Aunque tenga más hijos y nietos, dice que quedó vacía.

Por más años que le den a la policía, ella no va a recuperar a su hijo. Y aunque sigue pensando en los hijos de Ortiz —en cómo una madre puede ser capaz de mirar a otra a los ojos y no decir ni una palabra—, lamenta profundamente que nunca haya recibido ni un gesto de arrepentimiento. Ni un pedido de perdón. Nada.

Dice que si lo hubiera habido, por sus hijos, quizás habría intentado ayudar a que su condena fuera más leve. Porque ella piensa como madre. Pero Ortiz, afirma, no pensó en ella como madre. Y eso también duele.
Una verdad que no se apaga

Cuando fueron a detener a Antonella Celeste Ortiz, ella ya estaba lista para fugarse. Tenía bolsos, valijas, pasaportes, dinero en dólares y pesos. Todo preparado. Según relata Luisa, fueron tres móviles policiales los que llegaron antes que el fiscal Gastón Ávila, para sacar pertenencias de la casa. Fue cuestión de minutos. Si el fiscal se hubiese demorado diez o quince más, la misma policía se la llevaba. La ayudaban a escapar.

Eso fue lo que Luisa denunció desde el principio, incluso en vivo, en El Tres TV, y lo sigue sosteniendo con convicción. Porque todo lo que dijo entonces —con la bronca, con el dolor— era verdad. Y lo seguirá repitiendo hasta el último día de su vida. No son palabras impulsivas. Es su verdad. Una verdad que no se apaga.

Ella misma reconoce que antes veía estos casos en la televisión. Lloraba. Se conmovía. Pero nunca pensó que un día le tocaría estar de este lado, ser una madre atravesada por la violencia institucional, convertida en testimonio vivo de algo que no para de repetirse. Y aunque desearía que nunca más ocurriera, sabe que sigue pasando.

Para Luisa, la responsabilidad no es solo individual. No recae únicamente sobre quien apretó el gatillo. Es de toda la institución policial. Desde los jefes en cada comisaría hasta las más altas autoridades: la Ministra de Seguridad de la Nación, el Ministro de Seguridad provincial, el Gobernador. Todos. Nadie puede lavarse las manos. Todos son responsables de permitir el funcionamiento de una estructura que habilita el gatillo fácil, el abuso, el atropello. Una fuerza que, en lugar de cuidar, golpea, humilla, discrimina. No importa si se trata de un niño, una adolescente, una mujer. El daño es sistemático.

Luisa lo dice con claridad: a la policía ya no le tiene respeto. Perdió la confianza. No por prejuicio, sino por experiencia. Porque la propia institución hizo que el pueblo le pierda el respeto. Es una realidad que ella, con 62 años, lamenta profundamente.

Y sabe que su historia no es única. En esa misma casa donde hoy habla, también se han seguido de cerca otros casos emblemáticos: el de Franco Casco, el de Jonathan Herrera, el de Gerardo "Pichón" Escobar. Allí mismo, todos los sábados, el papá de Bocacha realiza su programa, denunciando y construyendo memoria. Y está también el caso de Brandon Romero. La lista es larga.

Según los registros de CORREPI, desde el inicio de la democracia hasta hoy, hubo más de 10.500 casos de gatillo fácil en Argentina. Y aunque la cifra se actualiza cada año, lo más desgarrador es que no deja de crecer. Porque no paran. No paran los disparos, las coberturas, los silencios, las justificaciones. No paran los muertos.

Luisa lo dice sin rodeos: la policía debería cuidarnos. Pero en muchos barrios populares, lo que genera es miedo. Y eso no cambió. Ni siquiera después del asesinato de Maximiliano. El barrio, afirma, sigue igual. Como si nada hubiera pasado.

Y ella, desde el dolor, insiste. Porque su hijo no fue el primero, pero tampoco quiere que sea uno más.
La promesa

La imagen que Luisa relató desesperada aquel mediodía en televisión sigue intacta. La escena congelada en su memoria es la misma que hoy puede describir sin cerrar los ojos: Maximiliano tirado en la calle, agonizando, mientras todo alrededor era desidia, indiferencia y desprecio.

Aquel 7 de septiembre no fue casual la presencia de la periodista Almudena Munera Muñoz de El Tres TV. No fue coincidencia. El día anterior, en ese mismo barrio, había habido una balacera. Un chico cayó herido, y Luisa —sin saber siquiera quién era— corrió a socorrerlo. Le hizo un torniquete con sus propias manos para evitar que se desangrara. Terminó bañada en sangre, pero no se detuvo a preguntar nombres ni antecedentes. Actuó. Porque la vida está primero.

Esa mañana, Almudena recorría el barrio buscando la dirección del tiroteo anterior, cuando un vecino le preguntó: "¿A quién buscás? ¿A lo de anoche o al que está tirado agonizando hoy?". Así llegó hasta el cuerpo de Maximiliano, tendido en el asfalto, sin asistencia médica, sin reacción de la policía. Estuvo casi una hora en esa condición. Una hora que pesa eternamente.

Luisa logró acercarse un momento. Lo único que le salió fue: "Maxi... ¡no!". Él no hablaba, solo la miraba, débil, y alcanzaba a decirle "mamá". Una súplica muda. Un pedido desesperado que ella no pudo olvidar jamás.

Gritó. Gritó con una fuerza que no sabía que tenía. Pedía una ambulancia, auxilio, alguien. Nada. La policía no hacía nada. Cuando quiso abrazarlo, no la dejaron. Solo su hermano pudo tocarle la mano un instante, antes de que lo apartaran también. Y sí: lo que dijo Luisa en televisión ese día fue cierto. La frase racista se escuchó, directa, sin filtros: "Dejá a este negro de la villa. Que se muera. El hijo de esta negra paridora".

Luisa lo repite sin vergüenza. Tiene once hijos biológicos y dos del corazón. Siempre se ocupó de todos. Maximiliano era su alegría. Decía que ella era una madre intensa, posesiva, que lo ahogaba de tanto cuidado. Pero era sincero y cariñoso. Aquel día, a las ocho y media de la mañana, estuvieron conversando mientras ella preparaba el mate. Él fumaba un cigarrillo en el sillón. De repente le pidió que le abriera la puerta. "No te olvides que a las cinco tenés que ir a trabajar", le dijo ella. "Sí, ma. Voy y vengo", le respondió. Y se fue.

Fue la última vez que se vieron.

Cerca del mediodía, una vecina golpeó su puerta con la noticia. Nunca imaginó encontrar a su hijo tirado en la calle de esa forma. Pero apenas lo vio, supo. Las madres lo saben. Luisa supo en ese instante que Maximiliano no iba a sobrevivir. Que lo estaba perdiendo.

Desde entonces, desde aquel 7 de septiembre de 2022, se siente muerta en vida. Solo sigue respirando porque tiene la obligación de seguir por los demás. Pero su alma, dice, quedó con su hijo.

A él le prometió hacer justicia. A Dios le pidió que la ayudara a no caer. Cree profundamente. En Dios como juez y como testigo. Le pidió fuerza y le pidió también que decida sobre su destino una vez cumplida la promesa. Porque su fe es firme, y porque cree que habrá justicia, confía en que el juicio que se acerca esté a la altura de lo que Maximiliano merece.

Luisa insiste en que no busca venganza. No guarda rencor. Solo quiere justicia. Quiere una condena efectiva, en cárcel común y sin beneficios. Porque, recuerda: Ortiz no tuvo piedad.

Y aún más duro: nunca hubo un pedido de perdón.

Nunca recibió una palabra. Ninguna señal. Ningún gesto. Nada. "Si no lo tuve antes, no creo que ahora. Yo lo lamento. De verdad lo lamento. Que ella me haya demostrado un poquito de arrepentimiento...".

Ese silencio, esa ausencia total de humanidad, pesa tanto como la pérdida misma. 
La lucha colectiva

Este martes comienza el juicio por la muerte de Maximiliano. Fernando conoce bien la difícil batalla que implica enfrentar a la justicia tras la pérdida de un ser querido a manos de la policía. Por fin, la justicia empieza a rodar. La esperan con esperanza, aunque esa esperanza venga acompañada de años de dolor.

Desde Rosario, la voz se multiplica. No solo Luisa, no solo su hijo Maximiliano. Son muchísimos más, familias enteras golpeadas por una violencia policial que parece sistemática, repetida, sin fin. Desde los noventa, desde el regreso de la democracia, estos casos no han cesado. El Estado, en vez de proteger, restringe, limita, encierra a los jóvenes de barrios humildes, como si eso pudiera contener el miedo y la injusticia.

Como el caso de Brandon Romero, sobrino de quien habla, panadero joven, que un día de agosto de 2020 salió a una "juntada” con amigos, una reunión común para compartir y distraerse en medio de la pandemia. Pero todo terminó en tragedia.

Mientras salía a comprar más alcohol, Brandon se topó con la moto de un policía en la ruta. Fue entonces cuando todo se desató: un disparo en el talón, otro tras otro, hasta siete balas en el cuerpo y el último, letal, en la nuca. Lo fusilaron arrodillado, indefenso.

Intentaron borrar pruebas: lo pasaron por encima con patrulleros, destrozando el cuerpo. La escena la inventaron ellos mismos. Los medios, desde un primer momento, difundieron mentiras: "un delincuente abatido", "tenía antecedentes", "fue un enfrentamiento". Incluso mintieron con la edad y la historia de Brandon.

Su familia, en shock, recibió un llamado terrible: "Tu hijo está muerto, ven a reconocerlo". Pero no se quedaron callados. Organizaciones sociales se sumaron, se hicieron presentes en la comisaría. Empezaron a pelear contra la versión oficial, a exigir verdad y justicia.

Los casquillos quedaron en la ruta, pero nadie los levantó. No hubo frenada, no hubo señal de enfrentamiento. La causa fue cerrada, pero la familia y la comunidad no se rindieron. Lucharon, marcharon, hicieron ruido, hicieron visible lo invisible.

Así lograron reabrir la causa y llegar a juicio. Esta vez, un juicio por jurado en Mar del Plata, un pequeño paso para que la verdad salga a la luz y el sistema deje de proteger a los verdugos.

Es la lucha de muchos. Un grito colectivo que resuena desde Rosario, Mar del Plata y todos los rincones donde la impunidad pisotea la dignidad.

Fernando recuerda con dolor el juicio por el crimen de su sobrino Brandon Romero, asesinado por la policía en agosto de 2020. El proceso judicial se realizó por jurado popular, una instancia que llegó marcada por el prejuicio mediático: "Ya les habían metido en la cabeza que Brandon era un delincuente”, dice. "Que tenía antecedentes, que estaba armado, que fue un enfrentamiento. Todo mentira. Pero esa es la imagen que instalaron".

El juicio duró entre cinco y ocho días. Fue un proceso duro, repleto de escenas difíciles de soportar. "Tuvimos que ver cosas aberrantes, como la autopsia, el cuerpo de mi sobrino destrozado. Lo velamos en un cajón cerrado. Tenía un tiro en la nuca". El horror no terminaba ahí. Entre las pruebas presentadas, se incluyó una pericia psiquiátrica sobre el policía imputado, Pedro Arcángel Bogado, que señalaba claramente que no estaba apto para portar un arma. "El informe decía que era cínico, sádico. Que no estaba en condiciones de convivir en sociedad".

A pesar de todo, el veredicto final fue un golpe más. Durante los alegatos, el defensor del policía se enfocó en generar empatía con el jurado. "Les hizo sentir el miedo al que dicen que sintió el policía. Que se sintió acorralado, que pensó que lo iban a robar. Un tipo entrenado, que desde 23 metros le dispara a un pibe de 18 años que se estaba bajando de una moto. ¡Le disparó cuerpo a tierra!".

Fernando remarca que ese "miedo" no fue casual, sino parte de un discurso que se reproduce a diario en los medios y que alimenta el pánico social. "Ese miedo que te hace pedir más policía, más represión. Miedo a salir a la calle porque 'te van a robar'. Eso les hizo sentir al jurado. Y el jurado votó que no era culpable. No dijeron que no mató a Brandon, dijeron que no era culpable de haberlo matado".
El policía quedó libre. Hoy continúa trabajando en el Servicio Penitenciario de la ciudad de Mar del Plata, incluso con menores. "Un tipo con pericias psiquiátricas que lo declaran inestable, sigue ejerciendo poder sobre chicos. Ese fue el final del juicio. Eso fue lo que pasó con Brandon".

Volviendo al presente, Fernando se prepara para acompañar el juicio por Maximiliano, que comienza este martes. Su pedido es claro: que la gente se acerque, que pregunte, que escuche. "Que se interioricen en lo que nos pasa y por qué. Porque no están ajenos, más si viven en un barrio. Con la policía que tenemos, y los derechos que les han vuelto a dar, la situación es peor".

Cuenta ejemplos concretos: "Acá nomás, por Boulevard Seguí y Rouillón, paran los colectivos, hacen bajar a los pasajeros, y si hay pibes sin documentos, se los llevan detenidos. En los barrios no podés andar ni en bicicleta, te paran, te cargan la bici en la camioneta y te la llevan a la comisaría para hacerte averiguación de antecedentes. Están prohibiendo la circulación de los ciudadanos a pie. Pero solo en los barrios".

"Y es a cualquier hora", agrega. "No hay horario. Es un patrón que se repite". Por eso insiste en desarmar prejuicios: "No somos los loquitos que cortan calles, que no trabajan. Yo trabajo muchas horas al día, y aun así me hago lugar para acompañar a familiares, para estar en los momentos donde se necesita estar".

Fernando cuenta que participó activamente en la Multisectorial contra la Violencia Institucional de Rosario, aunque luego se alejó para poder acompañar a otros familiares, por una cuestión de tiempos. Hoy continúa articulando con otros espacios. Lo acompañan Julieta Riquelme, hermana de Jonathan Herrera; Cintia Villar, de Pañuelos en Rebeldía; Eduardo Orellano, papá de Bocacha; y organizaciones como ATE y AMSAFE. Están organizando la convocatoria para el juicio de Maxi, pero también buscando visibilizar que estos casos no son aislados. "Sucede en los barrios, sucede en la ciudad, en todo el país. No estamos ajenos. Los que tenemos hijos adolescentes lo sabemos".

Fernando hace una confesión que atraviesa a muchas familias: "Tengo dos hijos adolescentes. Me da miedo cuando salen, pero no porque les vayan a robar o hacer daño... me da miedo que pase algo parecido. Que no vuelvan". Por eso dice algo que debería alarmar: "Yo a mi hija le aconsejo que, si tiene un problema, no se acerque a un policía. Que busque otra chica, un muchacho, a alguien... pero no a un policía. Porque hoy, la policía no da seguridad".

A pesar de los eslóganes oficiales que dicen lo contrario —las campañas que prometen presencia policial y más luces azules—, Fernando es categórico: "La seguridad no te la da la policía. Falta mucho en materia de seguridad real, y en especial para que esto que pasó con Maxi, con Brandon, con tantos otros, no vuelva a suceder".
La policía y una formación que falla desde la base

Para Luisa, no hay dudas: lo que falta es formación. "La policía tiene que tener una buena formación para poder servir al ciudadano", dice con claridad. Y lamenta profundamente que hoy tenga que aconsejar a sus nietos que no se acerquen a un policía si tienen un problema. "Es tristísimo tener que decir eso. Pero es así".

Apunta al sesgo de clase y racismo estructural que atraviesa los operativos cotidianos: "Estigmatizan a los chicos de los barrios por usar gorrita, por tener ropa deportiva o simplemente por el color de piel. Antes éramos los negros, ahora somos los marrones. Bendita sea mi piel marrón", afirma con firmeza.

Luisa no suele hablar de política partidaria, pero dice no poder callar cuando el presidente de la Nación utiliza el insulto como modo de expresión. "Nos llama parásitos mentales, simios… cosas irreproducibles. Me da vergüenza ajena. Porque un presidente representa a todos los argentinos. No importa el color político. Si el presidente insulta, ¿qué podemos esperar de la sociedad?".

Y sigue: "Después aparecen frases como 'lágrima de zurdo', y la gente repite. Pero esto no se trata de ser zurdo o de izquierda o derecha. Esto le puede pasar a cualquiera. Yo no eduqué a mis hijos así. A pesar de que muchos dicen: 'le pasó porque es negro de la villa', 'porque es pobre', 'porque es marginal'. Y no. Yo les digo a todas las madres y padres: no importa si sos del centro, de clase media, baja o alta. Te puede pasar. No esperes a que te pase para entender. Cuando estés en mis zapatos, hablá conmigo, y te voy a ayudar. Pero no esperes".

Luisa reconoce el acompañamiento de organizaciones sociales y personas que la han apoyado. También menciona que el Estado le ofreció asistencia psicológica a ella y a su familia, pero decidió rechazarla. "No porque no quiera ayuda, sino porque si la policía hubiera estado bien instruida, mi hijo no estaría muerto. No estaría muerto".

Sobre el momento del crimen, recuerda las acusaciones falsas: "Dijeron que mi hijo estaba armado. Que en una mano tenía un arma y en la otra una piedra del tamaño de una bolita de golf. Pensemos: si hubiese tenido un arma, ¿por qué le tiró una piedra?”

Cuestiona el argumento de la policía Antonella Celeste Ortiz, quien dijo haberse sentido aterrorizada. "Si estaba tan aterrorizada, si temía por su vida, ¿por qué disparó? ¿Por qué no actuó como corresponde una policía instruida? Además, ella reconoció haber tirado el tiro, pero dijo que no lo mató. Que justo 'pasó una palomita' y que la bala le dio en la frente a Maximiliano. Siempre hay una excusa".

Fernando agrega con ironía: "Muchas veces las balas rebotan, nomás. No son apuntadas a la cabeza. Siempre el error es del muerto. Si el muerto no se hubiera corrido, la bala no le habría llegado. Como en las películas de Matrix: rebotan en el piso y se incrustan en la cabeza de las personas".
El lugar dónde ocurrió todo, en Nuevo Alberdi, en el Norte de Rosario

La culpa que no corresponde, pero pesa igual
Luisa vuelve al momento del disparo. La versión oficial dice que el tiro fue dirigido a los pies, pero la herida fue en la frente. Ella misma alza la voz con incredulidad: "Por favor, que alguien me explique, un especialista. ¿Cómo puede ser que un disparo dirigido a los pies termine en medio de los ojos? Porque yo levanté a mi hijo. Cuando llegó la ambulancia, el chofer estaba aterrorizado de lo que vio. Yo ayudé al otro enfermero a levantarlo. Cayó el plomo, vi todo. Muchos me criticaron porque dicen que fui fría, que cómo pude hablar en la tele en ese momento. Pero no sé. Uno reacciona como puede".

Luisa necesitó hablar, salir a defender la memoria de su hijo cuando los rumores y las versiones malintencionadas empezaban a circular. "Yo todavía no hice el duelo. No lloro, o lloro muy poco. Soy muy dura conmigo misma. Y en una parte me siento culpable".

Esa culpa viene de una conversación que tuvo con Maximiliano poco tiempo antes. Él le pidió que dejara de controlarlo tanto, que ya era un hombre. Tenía 33 años. Luisa, como toda madre, accedió con dificultad. "Llegamos a un acuerdo: que no iba a estar tan encima. Pero a veces pienso... si yo hubiese estado detrás de él ese día... Tal vez hubiese sido igual, tal vez nos mataban a los dos. Porque yo estaba decidida a hacer cualquier cosa".

La culpa, lo sabe, no le pertenece. Pero pesa igual. "Siempre fui así con todos mis hijos. Y ahora muchos me dicen: '¿Vos no tenés miedo?' ¿Miedo a qué? Si el miedo más grande que tenía ya me pasó. Me mataron un hijo".

Y ahí aparece otra herida profunda: la confianza rota. "Yo siempre les enseñé a mis hijos que a la policía se la respeta, que si tienen un problema vayan a la comisaría. Me equivoqué. Me arrepiento. Hoy no les diría eso".

Luisa recuerda que Maximiliano cumpliría 37 años este 19 de octubre. Nació en 1988, un Día de la Madre. "Y este año, su cumpleaños vuelve a caer justo el Día de la Madre. Mirá vos".

La charla cierra con una convocatoria clara. El juicio por la muerte de Maximiliano comienza este martes, y desde las 7 de la mañana familiares, organizaciones y vecinos estarán presentes en el Centro de Justicia Penal. Fernando invita a todos a acercarse, a escuchar, a preguntar. A dejar de mirar de lejos: "La gente de a pie también tiene que saber. Esto nos puede pasar a todos".

También adelantan que se viene una nueva Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, el próximo 28 de agosto. Aún no está definido si se realizará ese mismo día o el fin de semana más próximo, pero la organización ya está en marcha.

Agradecen el espacio. Agradecen poder hablar sin ser interrumpidos, sin ser editados, sin ser recortados. Agradecen que alguien escuche, sin apurar ni maquillar la verdad.

Luisa, mamá de Maximiliano, dice lo que lleva en el corazón: "Que haya justicia. No solo por mi hijo, por todos los casos que todavía no tienen resolución".

Y entonces, antes de apagar el micrófono, antes de salir del estudio, queda flotando esa frase que duele y despierta: "Los pibes no son peligrosos. Los pibes están en peligro".

Escuchá la entrevista completa: 

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