Por Luis Balaguer y equipo de política de revista Veintitrés
Tiene causas judiciales abiertas y con condena: todas revelan escabrosas pinchaduras telefónicas, aprietes y extorsiones. Lo que no se dice sobre un ex menemista, reciclado en polémico empresario.
José Luis Manzano quiere quedarse con el estratégico y codiciado negocio del agua, nada menos que en la tercera provincia argentina, Santa Fe, donde ya controla la Terminal 6 del puerto, otra posición de poder e influencia. Esa ambición podría limitarse a las páginas de información empresaria de cualquier medio, si no fuera por que Manzano no es un empresario común.
Porque el origen de sus inversiones aún es uno de los secretos mejor guardados de la Argentina. Y porque detrás de sus emprendimientos se esconde una sórdida trama de escuchas ilegales y prácticas extorsivas que signaron su meteórica carrera ejecutiva, borrando cualquier vestigio de aquel político que asomó con perfil joven, renovador y progresista a la salida de la última dictadura militar.
Hecha La Ley
El ex ministro del interior de Carlos Menem –luego autoexiliado en EE.UU. donde anudó lazos con el anticastrismo de Miami, para volver con traje de hombre de negocios y lobbista audaz– controla un nada desdeñable conglomerado de medios de difusión en todo el país. Tiene emisoras de televisión, de radio, diarios y revistas, con el beneficio de que nunca hubo poder con voluntad de aplicar estrictamente los requisitos que la Ley de Radiodifusión exige a los adjudicatarios de licencias (Julio Bárbaro, titular del ComFeR, acaba de referirse en términos más que indulgentes a la personalidad de Manzano en el semanario Perfil). Por ejemplo, “acreditar capacidad patrimonial acorde con la inversión y demostrar el origen de los fondos”.
El ahora diputado Rafael Bielsa, cuando era síndico general de la Nación, en el año 2001 presentó una denuncia penal en su contra por lavado de dinero que aún duerme en el juzgado de Claudio Bonadío. De igual modo “no pueden ser deudores morosos de obligaciones fiscales”, y sin embargo tiene en sus firmas deudas y embargos de la AFIP.
Se exige además poseer una “idoneidad moral”, difícil de defender si se compila la historia de “travesuras” que derivaron en maniobras extorsivas o, como se denomina en la jerga de los servicios, de “aprietes”.
Tecnología de punta
Su paso por el poder político en los ’90 le dejó a Manzano una nutrida agenda de oscuros personajes de la SIDE, reforzados en tiempos más recientes cuando su íntimo amigo Miguel Angel Toma comandó la central de inteligencia en el gobierno de Duhalde. En cualquier pasillo político es vox populi la influencia que ejerce en segundas y terceras líneas donde abunda mano de obra dispuesta a pinchar teléfonos, filmar de manera clandestina y hasta recurrir a los servicios de un hacker informático.
Bernardo Ruti, ex secretario de Daniel Vila –principal socio de Manzano–, reveló en un viejo programa de Día D que las escuchas telefónicas incluían a la ex esposa de su empleador. Que los equipos básicos utilizados habían sido obtenidos por el ex ministro menemista tras su paso por Interior. Que se había sumado sofisticada tecnología para efectuar las intercepciones desde los móviles de Supercanal –empresa propiedad de Vila-Manzano–, cuando las camionetas simulaban hacer reparaciones en el tendido de cables.
El listado de “travesuras” no puede dejar de contemplar casos como los que siguen.
Combatiendo a la capital
En noviembre de 1997, el grupo empresario que lidera Manzano compró a la familia de Ovidio Lagos el 75% del paquete accionario del multimedios La Capital de Rosario, pero no pagó lo acordado.
Carlos María Lagos los denunció por administración fraudulenta, asociación ilícita y estafas. El juez Carlos Triglia reunió pruebas y pericias para demostrar el vaciamiento de la empresa mediante fraudulentos préstamos de La Capital al Grupo Uno de Manzano-Vila. "Se disponía a decretar procesamientos cuando comenzaron los problemas para el respetado juez. Le inventaron una causa por coimas para apartarlo de esta investigación. Y a pesar de ser sobreseído, su salud resultó minada. Falleció en abril del 2005.
“Esa injusticia lo marcó profundo. Le pegaron duro. La causa varió de rumbo y resultado. Una vieja y efectiva maniobra que esta gente ha implementado en otra provincia y con éxito”, denunció otro juez, Carlos Carbone, refiriéndose al caso del magistrado mendocino Luis Leiva, hostigado desde que ordenó prisión para Raúl Moneta, amigo y asociado del dúo Vila-Manzano.
En la acción civil, el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Rosario, en un laudo del prestigioso tratadista Jorge Mosset Iturraspe, resolvió que Manzano y Vila debían ser removidos del directorio de La Capital Multimedios por un vaciamiento cercano a los 20 millones de dólares, que fue el motivo para que se presentara en concurso preventivo. Entre otras anomalías expuso que un préstamo de 6 millones de dólares tomado por La Capital a través de un crédito del Banco Nación fue desviado hacia el Grupo Uno de Mendoza. Pero el mismo día que debía cumplirse la medida de remoción, otro juez, Jorge Scavone, ordenó suspenderla mediante una insólita acción cautelar.
Aquel veredicto también señalaba que simularon cancelar una deuda de 6 millones de pesos con La Capital entregando acciones de una compañía (Arlink), cuyo patrimonio era inferior a 100.000 pesos, y además que una firma de ellos (Uno Multimedios) cobraba y retenía indebidamente la facturación de La Capital. Objetó también préstamos usurarios contraídos en su favor cobrándole a La Capital intereses del 3.000%, cuando en esa época la tasa era del 18% anual.
Para despojar a Lagos de su parte urdieron un irregular aumento de capital. Cuando se celebró la asamblea de accionistas, le trabaron la puerta del ascensor a su representante, impidiéndole que hiciera su oferta de capitalización.
Posteriormente una jueza ordenó suspender el aumento de capital suscripto por una sociedad que controlaban, que pretendía cubrirlo aportando inmuebles que fueron sobrevaluados hasta en un 1.000%, según sentenció la magistrada. Al día siguiente de dictar esa resolución, fue objeto de campañas de prensa y de la propia Corte provincial, según denunciara la revista Rosario Express, que dirige Eduardo van der Kooy.
En otra causa penal la jueza Alejandra Rodenas los acusó de vaciamiento al transferir a precio vil las acciones de las empresas del holding La Capital a una sociedad recién constituida con un capital de 12 mil pesos llamada Business & Zares. El diario La Capital lo vendieron en 6,5 millones de pesos, cuando en el contrato suscripto con Lagos fue tasado en 32 millones de dólares. Pero, no obstante que la pericia contable dio por acreditados todos los delitos, extrañamente la magistrada resolvió archivar la causa luego de que el diario La Capital la emprendiera contra su hermano, objetando su desempeño al frente de un hospital público de Rosario.
En aquellas acciones judiciales Lagos fue representado por Ricardo Silberstein, decano de la Facultad de Derecho, contra quien lanzaron una feroz campaña atribuyéndole tráfico de influencias para acomodar a su hija. Por toda prueba dijeron haber recibido en forma anónima unos cassettes con escuchas telefónicas, que en realidad eran intercepciones ilegales. Una investigación realizada por la Universidad de Rosario dictaminó que no hubo irregularidades.
Escalando los Andes
En Mendoza, al poco tiempo de lanzar su diario Uno, en competencia con el centenario Los Andes, publicaron en la tapa “Los Andes, así no”, dando cuenta de que habían sido víctimas de un espionaje empresario. "En los días sucesivos, bajo el lema “Los Andesgate”, todos los medios del grupo difundieron escuchas telefónicas y videos –según ellos, avalados por la Justicia– con los que decían probar que un directivo de Los Andes había pretendido sobornar a la secretaria de Vila para obtener información sobre las pautas de la propaganda oficial del diario Uno.
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza (Expediente Nº 79.441) confirmó las sentencias de primera y segunda instancia, condenando a Vila y a sus medios a indemnizarla, y dictaminando que las grabaciones telefónicas, que habían sido maliciosamente editadas, no fueron autorizadas por ningún juez como ellos difundieron, sino que, por el contrario, “fueron ilegales”, cometiendo “un acto civilmente antijurídico y culpable”, violatorio del “derecho a la intimidad y al honor”.
Control remoto
Manzano y Vila siempre quisieron comprar el Canal 9 de televisión de Mendoza, pero invariablemente se toparon con la negativa de su titular, Sigifredo Alonso, quien fue objeto de arteras campañas del desaparecido semanario El Guardián, de Moneta, con acusaciones difamatorias de todo tipo y tenor. Alonso denunció que era objeto de presiones para vender el canal, las que incluyeron un intento de secuestro. En dicha causa penal el juez Daniel Carniello ordenó la detención de Cristian Pérez Barceló, periodista de El Guardián y ahora en el staff de El Federal, a quien la Justicia le interceptó los teléfonos, surgiendo de las escuchas que las operaciones extorsivas eran dirigidas personalmente por Moneta. Y que había llamados cruzados con el diario Uno. Dos prostitutas testimoniaron que Barceló quiso contratarlas para “enganchar a Alonso y escracharlo en una filmación sexual”. La tecnología, a pleno.
La última novedad de la causa por el intento de secuestro de Alonso es que uno de los identikits se corresponde con la fisonomía de Marcelo “El Negro” Salcedo, un ex agente exonerado de la Policía de Mendoza, ahora custodio del grupo Manzano-Vila.
Modus Operando
En marzo del 2005, la Cámara Argentina de Anunciantes advirtió, en referencia clara pero sin señalar con nombre propio, que desde un medio de comunicación había presiones a una empresa. En buen criollo, la traducción era esta: información abundante sobre aumentos desmedidos de precios de la firma Unilever era la fachada para exigir publicidad. Unilever está entre las empresas que más invierten en ese rubro y expresamente había excluido de su pauta a América TV, donde Manzano ya era hombre fuerte.
La metáfora menemista de las “casualidades permanentes” calza como anillo al dedo ante la repetición de casos y mecanismos. Baste citar como último ejemplo de este resumido muestreo el de Magna Inversora. Bajo ese nombre estaban reunidos empresarios mendocinos que se asociaron a Moneta para participar en la privatización del entonces estatal Banco de Mendoza. Un grupo de esos empresarios se rebeló a mitad de camino y querelló a Moneta por administración fraudulenta. Curiosamente, el periódico El Guardián comenzó a “ocuparse” de empresarios ligados a Magna, que
–curiosamente también– fueron vendiendo sus acciones.
El último en resistir fue Jacques Matas. Lo doblegaron publicando supuestos amoríos, suyos y hasta de una nuera. Cuando el control de Magna fue uniforme, tomó el timón Daniel Vila. Su primer acto fue desistir la demanda contra Moneta. Hasta el cierre de esta edición, Manzano no respondió los llamados de Veintitrés
Así se pinchan los teléfonos
Hay, por lo menos, tres maneras de “pinchar” el teléfono en una empresa. La primera, con un empleado infiel y con conocimientos técnicos, a través del cual se intervienen las líneas telefónicas con la instalación de un transmisor en el tubo del teléfono. De acuerdo con la calidad del micrófono, se puede escuchar la conversación a una distancia que va de los 100 a los 500 metros.
El segundo método es intervenir la línea en la central telefónica respectiva. Para ello se necesita la connivencia de algún empleado o ex empleado de una empresa de telefonía que pueda identificar el lugar donde está el “cable par y terminal”, que es donde se colocará el grabador o el micrófono. Si es con grabador, hará falta cambiar el cassette con frecuencia diaria.
El tercer método es la intervención de las líneas telefónicas que se hace a partir de una autorización judicial. En estos casos, el espionaje se realiza desde la oficina de Observaciones Judiciales de la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE), conocida como “OJOTA”. Allí, los espías cuentan con un sistema de escuchas legales que monitorea al mismo tiempo entre 5.000 y 7.000 números telefónicos. Según un especialista consultado por Veintitrés, este sofisticado sistema fue provisto al Estado argentino por la empresa Siemens. La computadora de “OJOTA” está conectada con todas las centrales telefónicas del país. Y su funcionamiento es bastante simple: apenas se dicta la orden judicial, los hombres de la SIDE escriben el número de teléfono en el software, presionan “enter” y la línea ya está “pinchada”.
Para las escuchas de conversaciones en teléfonos celulares se utilizan equipos denominados “receptores pasivos”, que monitorean hasta cien líneas en simultáneo. Tienen forma de maletín, y son carísimos. En nuestro país, las empresas que los fabrican los venden principalmente a organismos oficiales. Aunque también los pueden adquirir particulares, previa firma de un contrato avalado por un escribano público.
Qué bueno son los malos negocios
Según el Boletín Oficial de Mendoza, la finca que José Luis Manzano tiene en su Tupungato natal, fue rematada por deudas laborales. El predio está a nombre de Integra Consultores y Servicios, la sociedad que fundó con su ex pareja la modelo Alejandra Masilo cuando regresó al país luego de su exilio dorado en Estados Unidos. Al momento de comprarlo, la valuación fiscal era de 27.372 pesos. El precio de escritura fue 110 mil pesos. Y sin embargo, para la operación, Manzano recibió un generoso crédito de 1,2 millones por parte del Banco Credicoop.
Curiosamente, mientras remataba esa propiedad –remate, imagen de quebranto, de padeceres económicos– en otra subasta huellas manzanistas adquirían por 1,5 millones un importante viñedo de 220 hectáreas en San Rafael, que era de la Bodega Suter. Fuentes judiciales ligadas a ese expediente aseguran haber visto al ex diputado Jorge Matzkin y al propio Manzano en el remate y en la toma de posesión.
El síndico del concurso de Suter desmintió que Manzano fuera el comprador, sin embargo la conformación societaria de Asmac lo contradice. Figura en rol protagónico Patricia Gloria Azura, ex esposa de Miguel Ángel Toma y antes de eso secretaria privada de Manzano en la Cámara de Diputados. Azura aparece también en la creación de Grupo Vitivinícola de Tupungato, la empresa con la cual Manzano elabora su vino Altus.
Fuente: Revista Ventitres
