La pregunta original era relativamente sencilla: ¿por qué y para qué la Municipalidad de Rosario contrató servicios con La Derecha Diario a través de Madero Media Group y qué recibió a cambio?
La respuesta, sin embargo, no llegó por la vía administrativa que reclamaba la oposición. Primero hubo silencio cuando se conoció la pauta otorgada en 2025. Después, un pedido de informes fue aprobado en comisión y llegó a confeccionarse el despacho. Pero el expediente no llegó al recinto. Dos semanas más tarde, el tema volvió a discutirse y el oficialismo modificó su posición. Este martes, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el pedido fue finalmente rechazado por mayoría.
La votación dejó de un lado a los concejales de Ciudad Futura y del bloque peronista que acompañaron la solicitud y del otro al oficialismo de Unidos por Rosario, el socialismo y a los representantes de La Libertad Avanza.
El debate duró alrededor de 33 minutos. Los micrófonos funcionaron de manera irregular, los concejales se interrumpieron permanentemente y en varios pasajes resultó difícil distinguir las intervenciones. En ese contexto, tres notas de El Eslabón sobre el tema terminaron ocupando buena parte de la escena. Carolina Labayru las exhibió y mencionó en distintos momentos durante la discusión, cuestionando lo que consideró una operación política contra el municipio. En varios de esos pasajes, además, levantó y mostró un ejemplar del semanario.
La pregunta que volvió a la comisión
La reunión comenzó con la lectura de la Orden 5, correspondiente al expediente 281.835/2026. Se trataba del pedido que encomienda al Departamento Ejecutivo informar sobre el destino de fondos correspondientes a publicidad y propaganda contratada con Madero Media Group. La iniciativa había sido impulsada por los concejales de Ciudad Futura Juan Monteverde, Antonio Salinas, Agustina Gareis y Julián Ferrero.
Ferrero recordó que el pedido ya había sido discutido y aprobado en una reunión anterior. "Debería haber llegado a la sesión pasada", planteó el concejal de Ciudad Futura. Según explicó, el despacho había sido confeccionado, pero luego el expediente no apareció en el recinto.
La primera explicación llegó de la presidenta de la comisión, Carolina Labayru. La concejala aseguró que la Municipalidad había contratado una pauta con un portal de noticias como parte de una campaña turística destinada a promover la ciudad y mostró documentación vinculada a los banners que, según sostuvo, habían sido publicados entre agosto y noviembre de 2025.
Con esa explicación, al menos en principio, el pedido de informes parecía tener allí mismo la respuesta que buscaba: se trataba de publicidad institucional, contratada para promocionar turísticamente a Rosario y efectivamente publicada. Pero, en lugar de que esa información fuera remitida formalmente por el Departamento Ejecutivo como respuesta al expediente, la discusión tomó otro rumbo. La explicación política reemplazó a la respuesta administrativa y lo que podía haber terminado en pocos minutos comenzó a convertirse en un áspero cruce sobre la contratación, la línea editorial del medio y la figura de Fernando Cerimedo.
"¿Cuál es el problema?", preguntó Labayru. "¿Que el municipio haya pautado con el diario La Derecha?".
Ferrero respondió que el planteo no era ideológico.
Turismo, salud y una respuesta que cambió durante el debate
Labayru explicó inicialmente que se trataba de una campaña turística. Más adelante, durante la discusión, Damián Pullaro afirmó que se trataba de una pauta de "salud", para luego volver a referirse a una pauta de turismo.
La diferencia puede parecer menor, pero adquirió relevancia porque el pedido de informes buscaba precisamente conocer qué servicio había contratado el municipio, cuál había sido su destino, quién había autorizado la contratación y qué contraprestación recibió el Estado municipal.
Para Ferrero, esa era la razón por la cual debía aprobarse el expediente. "No estamos manifestando un problema ideológico", sostuvo. "Queremos preguntarle al intendente para qué contrató esos servicios".
El concejal insistió en que la herramienta legislativa no implicaba una condena previa sobre la contratación, sino simplemente solicitar una explicación formal del Ejecutivo. "Es un simple pedido de informe", repitió varias veces.
Para el oficialismo, en cambio, la formulación del pedido y el modo en que Ciudad Futura había instalado públicamente el tema demostraban que detrás había una operación política.
El fantasma de Cerimedo
El nombre que convirtió una pauta publicitaria en un problema político fue el de Fernando Cerimedo. Actualmente detenido en Bolivia, Cerimedo está acusado en ese país por el intento de femicidio de su pareja y es investigado además por presunto enriquecimiento ilícito y narcotráfico. También ha sido señalado en distintos países de Latinoamérica como articulador de campañas políticas sucias y de estrategias de desinformación.
El nombre de Cerimedo fue, precisamente, uno de los puntos que el oficialismo y La Libertad Avanza cuestionaron del planteo opositor. Pullaro sostuvo que una contratación de publicidad debe analizarse como tal, independientemente de la línea editorial del medio o de las personas vinculadas a él, y calificó de "ridícula" la relación que Ferrero establecía entre la contratación y Cerimedo. Más adelante aclararía que no estaba defendiendo al empresario y que condenaba las conductas que se le atribuyen.
Para Ferrero, en cambio, el nombre de Cerimedo no aparecía como un elemento accesorio, sino como parte de la pregunta que buscaba que el Ejecutivo respondiera: qué empresa había sido contratada, qué servicios había prestado y por qué la Municipalidad había decidido contratarla. El concejal de Ciudad Futura cuestionó que el municipio hubiera contratado servicios a través de una empresa vinculada a una persona sobre la que pesan esas acusaciones e investigaciones. Y sostuvo que la única manera de despejar las dudas era aprobar el pedido de informes y permitir que el Ejecutivo respondiera formalmente.
Fue entonces cuando Pullaro introdujo una comparación que terminaría profundizando el conflicto: la eventual vinculación entre Ciudad Futura y Nacho Levy, hasta entonces uno de los principales referentes de La Garganta Poderosa. En 2026, luego de que se conocieran denuncias públicas de violencia psicológica y abuso emocional, la organización activó su protocolo de géneros y resolvió su desvinculación. Posteriormente, Levy reconoció haber ejercido violencia psicológica y pidió disculpas.
Pullaro sostuvo que sería tan válido —según su razonamiento— vincular a Ciudad Futura con Levy como vincular la contratación de la pauta con Cerimedo. La comparación buscaba cuestionar que se estableciera una relación entre una fuerza política y las conductas atribuidas a una persona vinculada a una organización o medio.
La comparación generó una inmediata reacción de María José Poncino. La concejala peronista cuestionó que se banalizara un tema de esas características al ponerlo en el mismo plano que una discusión sobre una contratación pública. Para Poncino, la cuestión concreta seguía siendo otra: determinar qué había contratado la Municipalidad, qué servicio había recibido y a qué se habían destinado los fondos públicos.
Más adelante, Pullaro aclaró que no estaba defendiendo a Cerimedo y que condenaba las conductas que se le atribuyen. Su argumento era que la referencia a esas acusaciones no resultaba necesaria para discutir una contratación. Poncino insistió, en cambio, en que justamente por tratarse de fondos públicos correspondía que el Ejecutivo respondiera formalmente el pedido de informes.
El Eslabón, protagonista inesperado
"Mirén qué plurales que seremos", sostuvo, mientras exhibía una publicidad con la campaña Respeto publicada en el semanario.
La concejala apuntó especialmente contra la edición que había dedicado cuatro páginas al caso de Cerimedo y cuestionó que Ciudad Futura utilizara esa cobertura como parte de una operación política.
Ferrero rechazó el planteo y sostuvo que lo publicado por un medio no tiene relación con el derecho de los concejales a pedir información sobre el gasto público.
La discusión llegó a un punto particularmente áspero cuando Labayru volvió a levantar el ejemplar y Ferrero le respondió que no debería incomodarla que un medio de comunicación publicara información que al oficialismo no le gustara. Para el concejal, la existencia de una pauta publicitaria no podía impedir la publicación de una noticia crítica.
Para Labayru, en cambio, la cobertura de El Eslabón demostraba que el pedido de informes estaba siendo utilizado como parte de una campaña política.
La paradoja fue que la propia discusión sobre la libertad de prensa terminó ocupando buena parte de una reunión cuyo objeto formal era determinar el destino de una contratación publicitaria.
De la pauta a la discusión sobre el control de la información
Ferrero insistió en que el planteo no tenía que ver con la ideología de La Derecha Diario. Para el concejal de Ciudad Futura, los medios tienen derecho a sostener la línea editorial que quieran, pero eso no exime al Estado de explicar por qué contrató una pauta y qué servicios recibió a cambio.
En ese punto, la discusión volvió a desplazarse hacia la circulación de información en Rosario. Ferrero cuestionó que un tema que, según sostuvo, estaba siendo discutido en distintos países de Latinoamérica tuviera escasa o nula repercusión en los grandes medios locales. "Agarrar los 550 portales, que están controlados por ustedes, y no van a encontrar ninguna de estas noticias", afirmó, dirigiéndose al oficialismo. Y agregó: "De este tema (Cerimedo) se está hablando en toda Latinoamérica, menos en la ciudad de Rosario".
Labayru respondió: "Andá a preguntarle a los vecinos a ver si les importa".
Ferrero retomó entonces la palabra y profundizó su acusación: "Lo que se comunica o no se comunica en esta ciudad, está controlado por el intendente Pablo Javkin. Eso es así", sostuvo.
La discusión incorporaba así una dimensión mucho más amplia que la contratación de publicidad. Ferrero vinculaba el caso con lo que consideraba un problema de libertad de expresión y circulación de información en Rosario, mientras que el oficialismo buscaba presentar el pedido como parte de una operación política contra la Municipalidad. En ese cruce aparecieron también las referencias a trolls, campañas sucias, medios afines y presuntas presiones a periodistas.
La contradicción central: ¿pedido de informes u operación política?
La posición del oficialismo quedó sintetizada en una idea: no se estaba rechazando conocer información, sino rechazando el pedido porque consideraban que había sido utilizado políticamente.
Pullaro lo dijo de manera explícita: para el oficialismo, el problema apareció cuando el expediente dejó de ser, a su criterio, un pedido de informes de buena fe y comenzó a formar parte de una campaña.
Ferrero respondió que justamente la única manera de determinar si existía algún problema era aprobar el pedido y permitir que el Ejecutivo contestara formalmente.
El argumento opositor fue simple: si la contratación era regular y la campaña estaba debidamente documentada, la respuesta municipal podía despejar cualquier sospecha.
La respuesta oficialista fue la contraria: el pedido, tal como había sido presentado y comunicado, ya contenía una interpretación política sobre la contratación.
En medio de esa disputa quedó una cuestión difícil de soslayar: el mismo expediente que había obtenido respaldo en una reunión anterior dejó de contar con ese acompañamiento cuando regresó a la comisión.
La explicación sobre el expediente que no llegó al recinto
El socialista Manuel Sciutto intentó explicar que el procedimiento legislativo requiere la firma del despacho para que un proyecto pueda avanzar.
Su intervención se produjo en uno de los pasajes más confusos de la reunión, con varios concejales hablando simultáneamente.
Ferrero insistió en que el pedido había sido estudiado, discutido y aprobado previamente.
Para Sciutto, si el despacho no había sido firmado, el trámite todavía no estaba completo.
Para Ferrero, la explicación no despejaba por qué un expediente que había sido acordado en comisión no había llegado a la sesión. Ese punto se convirtió en otro de los interrogantes de la jornada.
El antecedente de la Asociación 29 de Abril
Pullaro también introdujo en el debate otro caso, ahora relacionado con publicidad política: la Asociación Civil 29 de Abril.
El concejal cuestionó que Ciudad Futura no hubiera planteado, según su argumento, un pedido similar sobre esa organización y sus vinculaciones con publicidad electoral.
La referencia apuntó a una investigación sobre el uso de fondos de esa asociación en publicidad digital durante la campaña electoral de 2025.
La discusión sobre ese expediente, sin embargo, no respondía directamente a la pregunta que se estaba tratando en la comisión: qué había contratado la Municipalidad de Rosario con Madero Media Group.
La incorporación de ese antecedente volvió a mostrar cómo el debate se había desplazado desde una cuestión administrativa hacia una disputa más amplia sobre las relaciones entre política, publicidad, medios y campañas electorales.
"No vamos a ser partícipes de una operación política"
La Libertad Avanza terminó de inclinar la votación. Franco Volpe explicó que su bloque originalmente había acompañado el pedido porque entendía que se trataba de un pedido de informes común.
Volpe sostuvo además que La Libertad Avanza está en contra de la pauta publicitaria y planteó que, si el objetivo era conocer cómo se distribuye la publicidad oficial, el pedido debería haberse extendido a otros medios, incluido El Eslabón.
"¿Por qué no hicimos también un pedido de informe por El Eslabón?", preguntó. Para el concejal libertario, el hecho de que el pedido estuviera concentrado en La Derecha Diario demostraba que no se trataba de un control general sobre la publicidad oficial.
Ferrero respondió que el pedido no tenía como objetivo auditar toda la pauta municipal, sino conocer una contratación específica que había llamado la atención al analizar la rendición de cuentas.
Poncino: "Es solamente un pedido de informes"
María José Poncino tomó la palabra desde una posición diferente y cuestionó especialmente los modos utilizados durante la reunión. La concejala sostuvo que la respuesta podía haber sido mucho más sencilla.
"Es aprobar un pedido de informes", resumió. También cuestionó que información que debería llegar formalmente desde el Ejecutivo fuera respondida en la comisión por la concejala que la preside.
Para Poncino, el Ejecutivo podía contestar directamente cuánto se gastó, qué servicio se contrató, quién lo autorizó y cuál fue la contraprestación. No hacía falta, sostuvo, transformar el pedido en una batalla política.
"Cada uno hace su pantomima política", planteó, recordando que oficialismo y oposición utilizan el recinto, las redes sociales y los medios para defender sus posiciones.
Pero eso, agregó, no debería impedir que un concejal utilice una herramienta legislativa para pedir información.
El final: mayoría en contra
Después de más de media hora de cruces, la comisión llegó a la votación. Labayru votó en contra. Pullaro también. Sciutto acompañó el rechazo. Lo mismo hicieron Franco Volpe y Lautaro Enriquez, de La Libertad Avanza. Ferrero votó a favor. Poncino también.
Por mayoría, el pedido de informes quedó rechazado.
La consecuencia concreta es que el Concejo no avanzará, por esta vía, en la solicitud formal al Ejecutivo para que informe por qué contrató publicidad con Madero Media Group, qué servicios recibió, quién autorizó la contratación y cuál fue el destino específico de los fondos.
Lo que había comenzado como una pregunta sobre una pauta publicitaria terminó, así, convertido en una disputa sobre medios de comunicación, libertad de expresión, trolls, campañas digitales, vínculos políticos y la utilización de la publicidad oficial.
Y dejó además una pregunta política que no fue respondida durante la comisión: si la contratación fue una pauta publicitaria ordinaria y la Municipalidad cuenta con toda la documentación que acredita su finalidad, ¿por qué no permitir que el Ejecutivo responda formalmente el pedido de informes?
La comisión eligió otra respuesta: rechazarlo. El expediente queda cerrado, pero la discusión probablemente no.
