La decisión del empresario Gustavo Scaglione de radicarse en Buenos Aires junto a su familia, luego de manifestar temor por su seguridad, volvió a poner en el centro de la escena la violencia que atraviesa a Rosario y, en particular, los episodios vinculados con el fútbol y las amenazas contra trabajadores de prensa. Desde el Sindicato de Prensa Rosario expresaron su preocupación y reclamaron reuniones urgentes con autoridades de Newell’s Old Boys y del Ministerio de Seguridad.
El Sindicato de Prensa Rosario manifestó este miércoles su preocupación por la situación de inseguridad que atraviesa a periodistas y trabajadores de medios de comunicación, luego de conocerse que el empresario Gustavo Scaglione, propietario de TVL y La Capital Multimedios, decidió dejar Rosario junto a su familia a raíz de los últimos episodios de violencia.
La decisión de Scaglione había sido dada a conocer por el periodista Roberto Caferra durante su editorial en Radiópolis, por Radio 2. Según relató Caferra, el empresario le manifestó: "Me voy de Rosario hasta que me garanticen seguridad". La salida se produce luego de los episodios registrados en el estadio de Newell’s Old Boys y en un contexto marcado además por mensajes intimidatorios dirigidos a periodistas de distintos medios.
Para el Sindicato de Prensa Rosario, esta situación constituye una "señal de alarma" y obliga a reforzar las medidas de protección para quienes desarrollan tareas periodísticas en la ciudad.
"Nos enteramos por Radio 2 que Gustavo Scaglione, dueño de TVL y La Capital Multimedios, y toda su familia se van de Rosario por lo ocurrido en el estadio de Newell’s Old Boys", señaló Prensa Rosario. Y agregó que la situación "nos ha sorprendido y nos lleva a redoblar los esfuerzos para proteger a nuestras compañeras y compañeros en el ejercicio de su tarea".
En ese marco, el gremio informó que este jueves mantendrá una reunión con autoridades de Newell’s Old Boys y reclamó poder concretar con carácter de urgencia un encuentro con el ministro de Seguridad.
El Sindicato también convocó a las empresas periodísticas a participar de esas reuniones para abordar el clima de hostigamiento que, según advierte, se viene generando contra quienes trabajan en los medios.
"Ningún deporte es un campo de batalla", sostuvo la organización, que llamó a "recuperar la racionalidad" y a que los distintos sectores involucrados aporten para garantizar condiciones de tranquilidad y seguridad.
El reclamo apunta particularmente a las condiciones en las que los periodistas deben desarrollar su trabajo. "Nuestra tarea diaria para informar y contar lo que ocurre, la obligación y la necesidad de mostrarle a las y los rosarinos lo que pasa nos obliga a estar allí donde está la noticia", expresó el Sindicato.
En ese sentido, el gremio remarcó que los trabajadores de prensa quieren continuar realizando su tarea, pero exigió que se garantice su integridad: "Queremos hacerlo pero exigimos seguridad para que nuestra integridad sea garantizada".
La reacción del gremio se produce mientras la decisión de Scaglione vuelve a exponer el impacto que el escenario de violencia tiene sobre distintos actores de la vida pública de Rosario y coloca también en primer plano la situación de quienes tienen la responsabilidad de cubrir e informar esos hechos.
El empresario de medios Gustavo Scaglione decidió radicarse en Buenos Aires por temor a la inseguridad, según contó este martes el periodista Roberto Caferra durante su editorial en Radiópolis, por Radio 2. La decisión se conoce en medio de una escalada de violencia vinculada con el fútbol rosarino y después de la aparición de mensajes intimidatorios contra periodistas de distintos medios y una mención a su nombre en la cancha de Newell’s.
El contraste expone una situación incómoda: mientras desde sus medios concentra buena parte del relato y la inseguridad ocupa un lugar acotado en la agenda, el propio empresario habría optado por alejarse de la ciudad hasta sentirse seguro para regresar.
"Me voy de Rosario hasta que me garanticen seguridad", le dijo Scaglione a Caferra, según relató el periodista al aire. El empresario, propietario del diario La Capital y uno de los principales referentes del sector de medios de la ciudad, habría decidido trasladarse junto a su familia a Buenos Aires hasta que considere que estén dadas las condiciones para regresar.
El episodio se produce en un momento de creciente tensión entre sectores vinculados a Rosario Central y Newell’s. En los últimos días se registraron agresiones y episodios de violencia relacionados con la rivalidad entre ambos clubes, una situación que volvió a poner en discusión el límite entre la pasión deportiva y la violencia.
Durante el partido entre Newell’s y Lanús, disputado este sábado en el Coloso del Parque, se exhibieron en las tribunas banderas con mensajes contra el diario La Capital. Una de ellas decía: "La Crapital, cómplice del silencio, diario sin aliento", mientras que otra sostenía: "Con los milicos tranzaste, con el poder te arrodillaste".
Este es el editorial de Roberto Caferra:
Arrancábamos esta mañana con una apertura, una editorial sobre la guerra en el fútbol. Vivimos en una ciudad que está atravesada no por las alegrías que da el deporte, sino por las tensiones que propone esta confrontación política que tienen las instituciones deportivas.
Hay una institución que está, digamos, creyendo que el camino está ligado a la política y está armando parte de sus blindajes alrededor de la política. Y bueno, todos, a ver, los hombres y la política se involucran con los clubes.
Ayer, cuando vi el partido de Rosario Central con Banfield y vi la bandera de "Todos Unidos Triunfaremos", insisto con que hay un sector de la hinchada de Central que está laburando políticamente, no solamente deportivamente con el club, sino políticamente. Quiere decir que el club también sea un vehículo ideológico, de discusión ideológica sobre el futuro de la Argentina. Y eso está clarísimo porque esa bandera tiene una contratación que no es convicción solamente, sino también hay una cuestión de dinero.
Esa bandera no es inocente en la hinchada de Central. "Todos Unidos Triunfaremos" remite a la Marcha Peronista y está ligado básicamente a eso. La genética de la hinchada de Central tuvo que ver con la Resistencia Peronista de los 60 y haberla manifestado y haberla expuesto de la manera que se expuso a la historia de esa hinchada.
Bueno, se cantó la Marcha Peronista en la época de la dictadura de Onganía, después en los 70, con el Tula, con el Perón que no podía llegar. Bueno, hay una cuestión cultural que liga al fútbol con ese sector popular de la Argentina, cuando el fútbol era una herramienta de lo popular.
Hoy es otra cosa: es un negocio fastuoso, donde sus protagonistas ganan en dólares, los contratos salen en dólares y nos proponen también un diálogo tenso, en donde los futbolistas son tan solo meros espectadores de ese diálogo tenso.
Ayer empezó el juicio por el crimen de Ivana Garcilazo, donde tres docentes descerebrados, bajo los efectos de las drogas, el alcohol o la propia demencia de la pasión por el fútbol, salieron a tirarle piedras a la gente que festejaba y una piedra termina con la vida de una mujer que festejaba con su bocinita de la moto la victoria de un partidito de fútbol. Digo un partidito porque era un partidito de fútbol.
No importa quién ganó, no importa quién perdió. Va a importar siempre la vida de Ivana Garcilazo. Y el considerado responsable dijo que no había sido él, que había sido el otro. Y seguramente en la guerra que vamos a tener en las calles de la ciudad de Rosario, con las camisetas de Central y Newell’s sin poder usarse libremente en las calles por miedo...
Ayer lo decía la hermana de Ivana Garcilazo: ella no puede transitar con tranquilidad las calles de Rosario cuando tiene alguna indumentaria de Central o de Newell’s. Le pasa a todos, ¿eh? Vos, con un pantaloncito de Newell’s, no llevás a tu hijo a caminar por Boulevard Avellaneda, aunque sea un miércoles a la tarde. Lo mismo pasa con una camiseta de Central en el Parque Independencia.
No vas, porque hay una frontera. No tenemos fronteras geopolíticas, tenemos fronteras estúpidamente deportivas.
Ayer me decía el dueño de esta empresa, Gustavo Scaglione —lo cito porque es una persona que hace más de diez años que está involucrada en el negocio de la comunicación—, que se va a vivir a Buenos Aires definitivamente con su familia. Se quiere ir; inclusive alentó a su familia a irse del país en estos días. Y me lo dijo con seriedad.
En realidad, uno trata, por más que sea el dueño de la empresa, y las razones del jefe las conozco de antes de ingresar a la empresa, en las tribunas de Gimnasia y Esgrima de Rosario, viendo cómo su hijo era el capitán del equipo de rugby de Gimnasia.
A Gustavo Scaglione no le importa el fútbol, le importa nada. Fue tan solo una excusa, inclusive, para algunas chicanas. Es hincha de Newell’s, su hijo y su familia también.
Y me dijo: "No vuelvo más a Rosario hasta que no me garanticen seguridad".
Entonces le pregunto —esta es una conversación informal que develo porque me parece que es un síntoma—: un empresario que ha crecido mucho en los últimos tiempos decide no participar más de la escena social rosarina, por lo menos en estas semanas, hasta que no se calme el asunto de esta guerra estúpida entre los clubes de la ciudad.
Ayer, un fletero que, evidentemente, estaba trasladando a gente con camiseta de Newell’s, fue maltratado en la calle. Podía haber alguien muerto, claro que sí. Después del caso de Ivana, cualquiera que camine por la calle y reciba un piedrazo puede morir.
Ya nos demostraron que una piedra en la mano es un arma mortal. Entonces, podía haber fallecido el fletero en el accidente o en la provocación. Digo en el accidente porque, si la piedra lo hubiera desmayado y hubiera colisionado, hubieran sucedido cosas y podría haber terminado trágicamente. Por suerte, no pasó.
Como la hincha de Central que termina con una piedra, lo que motivó el avance de la Policía en búsqueda de los agresores hace algunos días atrás.
Pero si las autoridades de las instituciones deportivas no asumen la responsabilidad política que tienen con el tema, si las autoridades, obviamente, que están a cargo de la seguridad pública no asumen también la responsabilidad sobre este tema, el fútbol va a ser una excusa para la muerte en la ciudad de Rosario. O para el terror, como decía ayer la hermana de Ivana Garcilazo, que no puede caminar por la calle si no es con miedo.
O como me decía ayer Gustavo Scaglione, que se va de la ciudad hasta que esto no se calme, porque no puede entender que haya una bandera contra el diario La Capital en una de las instituciones del club, acusando al diario. Él es el dueño del diario La Capital también. ¿Cuánto falta para que un demente vaya y ataque a un periodista por escribir tal o cual cosa?
Una volanteada en donde mencionan a algunos colegas, en donde mencionan inclusive a algunos empresarios, entre los cuales está el propio Gustavo Scaglione, pero también está un gran amigo, Martín Arribillaga, CEO del Grupo Boing. Personas muy correctas, independientemente de las humoradas que el fútbol nos ha permitido construir alrededor de sus resultados.
Pero esto es un tema para las autoridades. Autoridades de las instituciones deportivas, autoridades de las instituciones de la política, aquellos que están preocupados por la distribución judicial, que también han puesto, desde la Justicia, mucha energía para tratar de ordenar esto. Y en esto hay nombres y apellidos muy concretos, en donde se ha trabajado intensamente por esto.
Que a mí una persona con mucho poder me diga: "Che, me voy de Rosario hasta que esto no se calme, porque tengo miedo de que le pase algo a mis hijas, a mí, a mi familia", me resulta un síntoma muy peligroso.
La intolerancia, cuando empieza a ser parte de la escena social y termina uno acostumbrándose al intolerante, a la cara de traste como inicio, pero que termina siendo agresivo en el final del camino...
Vos ves que un docente, que es capaz de entregar su cuerpo, su organización personal, para ir a dar clase a Cabin 9 —tenés que dar clase en Cabin 9—, tiene un compromiso académico. No lo hace una persona por dinero: ir a dar clase a una escuela en los márgenes de la ciudad lo hace por un compromiso de transformación muy grande.
Y que, de golpe, esa persona honorable se transforme en un monstruo, capaz de ir a tirar piedras a una esquina porque no le gustó un resultado deportivo, es tremendamente contagioso. Esa enfermedad es contagiosa.
Entonces, es un grito para la autoridad. Y la autoridad es el capitán del equipo, el que forma a juveniles, el que va...
Me dijeron que el fin de semana hubo un clásico entre Central y Newell’s en un predio de la ciudad, en donde quienes fueron a jugar la pasaron mal: los técnicos, los jugadores y demás, por la tensión que ya tiene ese encuentro.
Si no paramos esto, lo que era Rosario, la capital del deporte hasta hace un ratito, con la euforia muy feliz que hubo de los Juegos Sudamericanos, se va a transformar en una locura.
Y yo creo que esto es responsabilidad de las autoridades que conducen también las instituciones deportivas. También las instituciones deportivas.
A nadie le sirve el humo en este tiempo. Y si hay otro plan, que es utilizar el fútbol para hacer política institucional, que lo digan. Que lo digan.
Que sean honestos con eso. "Vamos a utilizar las tribunas de nuestra institución para hacer una unidad básica, para hacer un comité radical. Y lo vamos a hacer. Y vamos, desde cada uno, a disputar. Y uno apoyará a tal funcionario, el otro apoyará a tal adversario. Y transformaremos las calles de la ciudad de Rosario en Gaza, en donde a piedrazos nos vamos a matar los unos a los otros".
Esto está pasando. No es que no pasa.
Porque la Justicia hoy está dirimiendo si tres personas que tiraron piedras y mataron a una jovencita que festejaba una victoria van a estar 30 años presos.
Por eso. No importa quién tiró la piedra que terminó con Ivana. Pero los fiscales creen que esas personas merecen 30 años de prisión.
Pero muchos tienen piedras en la mano. Falta muy poquito para que empiecen a tirarlas.
Muy poquito.
El comunicado del Sindicato de Prensa Rosario que publicó La Capital:
Un proyecto que parecía destinado a expresar respaldo al Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe terminó abriendo una extensa discusión sobre seguridad, menores, crimen organizado, estadísticas y políticas de Estado. María Eugenia Schmuck defendió la gestión provincial y reclamó "dejar de hacer diagnósticos"; la oposición cuestionó la baja de la edad de punibilidad y pidió un debate más profundo. En el medio, aparecieron datos, experiencias territoriales y fuertes cruces políticos.
"Hay que opinar sobre estos temas", había planteado la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck al presentar el proyecto. Lo que siguió fue una de las discusiones más extensas de la sesión. La presidenta del Concejo bajó del estrado y desde una banca habló primero para explicar el sentido de la iniciativa y volvió luego a bajar del estrado para responder a sus pares. El expediente finalmente fue aprobado por mayoría reglamentaria, aunque con ocho votos negativos y una abstención.
El debate comenzó con una definición política de Schmuck. El proyecto que impulsaba buscaba expresar el beneplácito del cuerpo por el dictado del Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe y por las condiciones que, según el oficialismo, permitieron la aplicación inmediata de la nueva Ley Penal Juvenil nacional.
Pero antes de entrar en el articulado, Schmuck eligió poner el expediente en el contexto de la crisis de violencia que atravesó Rosario.
"Nosotros venimos de una época muy complicada, hace no menos de tres años la ciudad enterraba pibes, contaba muertos", sostuvo. Y agregó que entonces "había alrededor de 300 muertos, éramos récord Guinness en materia de violencia urbana, teníamos 20 patrulleros en la calle".
Desde allí construyó el argumento central de su intervención: si durante años la violencia y el crimen organizado fueron uno de los principales problemas de Rosario, los concejales debían discutir también las herramientas con las que el Estado pretende enfrentarlos.
"No es progre decir que se imputen a los menores de 16 años, pero la verdad es que en la ciudad de Rosario, desde los 14 hasta los 18 años, estos pibes eran utilizados por las bandas criminales para extorsionar, para asesinar, para generar el período de violencia más oscura que vivimos en la ciudad en democracia", expresó la integrante del bloque Unidos por Rosario.
"Cuando venimos de esa situación, en donde la mayoría de las víctimas y la mayoría de los que perpetraban esos delitos eran adolescentes, hay que opinar sobre estos temas", afirmó.
En ese marco, Schmuck planteó que en la provincia de Santa Fe la Ley Provincial N.º 14.228, que establece que estas situaciones queden bajo la órbita de la Secretaría de la Niñez, en lugar del Ministerio de Seguridad, como ocurría anteriormente. Schmuck vinculó esta disposición con la Ley N.º 12.967, que establece el principio del interés superior del niño como eje para la intervención del Estado.
La referencia a los "300 muertos" es uno de los puntos que luego quedó expuesto al contraste con las estadísticas oficiales. La serie del Observatorio de Seguridad Pública para el departamento Rosario registra 290 homicidios en 2022 y 262 en 2023, mientras que el registro de 2024 descendió a 92.
La precisión geográfica tampoco es menor: esos números corresponden al departamento Rosario y no exclusivamente al municipio. En la infografía anual de 2024 del Observatorio de Seguridad Pública se consignaron 79 homicidios ocurridos específicamente en la ciudad de Rosario, mientras que otros hechos correspondieron a localidades del departamento.
No se trata de una diferencia meramente semántica. El departamento Rosario incluye, además de la ciudad, localidades como Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria, Pérez, Funes, Alvear, Piñero y otras. Por eso, cuando se utiliza una cifra departamental para describir exclusivamente a la ciudad, es necesario hacer esa aclaración.
El dato de 2022, de todos modos, sí marca un punto de inflexión: el propio Gobierno provincial reconoce ese año como el pico histórico de la tasa de homicidios de la ciudad, con 25 homicidios cada 100.000 habitantes.
La discusión, entonces, quedó planteada desde el comienzo entre dos planos: el recuerdo de una Rosario atravesada por una violencia extrema y la necesidad de utilizar estadísticas precisas para describirla.
Salinas: "¿Qué carajos hacemos con esos pibes?"
El concejal de Ciudad Futura, Antonio Salinas, anticipó el voto negativo de su bloque, pero dedicó buena parte de su intervención a explicar por qué. Su planteo fue que el Concejo estaba discutiendo un proyecto que había cambiado varias veces y que, en su recorrido, había terminado mezclando situaciones, diagnósticos e instrumentos diferentes.
"Ya se está volviendo costumbre en este recinto discutir cuestiones que no se sabe bien qué estamos discutiendo", advirtió.
Salinas explicó que había preparado tres argumentaciones diferentes porque, según señaló, el proyecto había atravesado tres etapas.
Primero, dijo, había sido una declaración de preocupación por una situación que finalmente no ocurrió: la decisión de una jueza de la provincia de Buenos Aires que había declarado inaplicable el nuevo régimen. Para Salinas, aquella resolución no tenía impacto jurídico directo sobre Santa Fe ni sobre Rosario.
Después, explicó, el proyecto se transformó en un beneplácito por la supuesta preparación de la provincia para aplicar el nuevo régimen penal juvenil.
Y allí planteó una de sus principales objeciones: afirmó que, tras realizar "tres o cuatro llamados a operadores del sistema judicial", recibió como respuesta que tampoco tenían conocimiento suficiente sobre la infraestructura, los cargos, los recursos humanos y los dispositivos que el proyecto daba por existentes y preparados.
"Entonces también es honesto decir que estamos celebrando o declarando el beneplácito por algo que, por lo menos nosotros como concejales, desconocemos", sostuvo.
Por eso reclamó que el propio Concejo utilizara sus comisiones y el recinto para convocar a funcionarios y operadores del sistema y conocer en detalle qué dispositivos existen, dónde están y con qué recursos cuentan.
Pero su intervención rápidamente pasó del expediente a una discusión mucho más amplia. Salinas cuestionó la tendencia a debatir seguridad mediante "instrumentos aislados" y no a partir de estrategias integrales.
"Venimos diciendo hace tiempo que el problema de la ciudad, de la provincia y del país hace un tiempo es que venimos discutiendo mal las cosas, medio hasta de manera maniquea, tratando de generar posiciones contradictorias solamente para oponernos o, en todo caso, oponernos a la oposición", afirmó.
Desde allí habló desde su propia experiencia territorial. "Milito hace 25 años en los barrios populares", recordó. Y planteó que no podía reducirse el debate a quién está preocupado por la violencia y quién no.
"¿A quién no le preocupa la muerte joven? ¿A quién no le preocupa los asesinatos de los jóvenes que mataban o eran muertos en enfrentamientos?", preguntó.
Salinas contó además que buena parte de su militancia estuvo vinculada al estudio de estas problemáticas y reivindicó un enfoque que, según dijo, tiene poca tradición en la cultura securitaria argentina: la prevención social del delito.
Reconoció la reducción de los homicidios y utilizó una metáfora para diferenciar esa mejora de la resolución de las causas profundas.
"Nos gusta mucho una frase que dice que bajó la fiebre, es decir, la tasa de homicidios bajó. ¿Quién puede negar que la tasa de homicidios bajó?", señaló.
Pero inmediatamente planteó la segunda parte de la cuestión: "Ahora también hay que atacar las causas profundas de la enfermedad, o sea, cuáles son esas causas que generan la violencia en nuestra ciudad."
Su argumento se concentró especialmente en una franja etaria que consideró crítica: los adolescentes de entre 11 y 16 años. Según explicó, en esa etapa se combinan problemas de conformación subjetiva con dificultades concretas del sistema educativo.
Afirmó que la deserción y el ausentismo escolar se multiplican "por cuatro o por cinco" entre los 11 y los 16 años y describió una situación que, según su experiencia territorial, deja a muchos adolescentes fuera de las instituciones.
"Los pibes y las pibas son muy grandes para volver a sus escuelas primarias, donde quizás han repetido dos o tres veces, entonces el sistema de educación primaria muchas veces los termina expulsando y son muy chicos para entrar a los EMPAS", explicó.
Y puso un ejemplo concreto de Nuevo Alberdi. Relató el trabajo realizado en una escuela que, según contó, el propio Ministerio de Educación terminó reconociendo como el EMPA más grande de la provincia de Santa Fe en cantidad de ingresos, permanencia y egresados.
"Me enorgullece profundamente decir que a más de 500 y 600 jóvenes hemos atravesado, hemos cortado, interceptado destinos que parecían irreductibles y se han modificado, han conseguido buenos laburos, han ido a la universidad, han estudiado tecnicaturas", afirmó.
El ejemplo también le permitió mostrar el problema que encuentra con adolescentes más chicos. Contó que madres de chicos de 13, 14 y 15 años se acercan preocupadas y que muchas veces la respuesta que reciben es que esos adolescentes todavía no pueden ingresar al EMPA, porque el sistema establece determinadas edades para el acceso.
Así llegó a una de las preguntas centrales de su exposición: "Entonces evidentemente los pibes entre 11 y 16 son muy grandes para volver a la escuela primaria y muy chicos para ir al EMPA, quedan a la intemperie. Entonces yo pregunto qué hacemos con esos pibes, yo también quiero discutir seriamente todas estas cuestiones", agregó.
Salinas también contó que venía trabajando con una fundación de Buenos Aires y destacó especialmente que se trataba de personas que pensaban políticamente distinto a él. "Me gusta entrevistar y juntarme con gente que piensa bastante distinto a lo que pienso yo", explicó.
Entre esas conversaciones mencionó a un especialista en seguridad que, según relató, se reconocía de derecha y había sido asesor del Banco Mundial. De esa conversación recuperó una definición que consideró especialmente significativa después de haber trabajado en países afectados por el narcotráfico.
Según Salinas, ese especialista le había planteado que la política de prevención social del delito más efectiva para reducir la escalada de violencia consiste en "estrangular la capacidad de reclutamiento de las bandas narco".
La expresión se convirtió en uno de los conceptos centrales de su intervención. Pero Salinas no se quedó en el diagnóstico. Preguntó directamente qué políticas están implementando actualmente los distintos niveles del Estado para conseguirlo.
"¿Cuáles son las políticas que hoy están en curso en nuestra provincia, en nuestra ciudad, en nuestro país para estrangular concretamente la capacidad de reclutamiento de las bandas narco?"
Su preocupación era que los adolescentes fueran reclutados cada vez a edades más tempranas y que la única respuesta institucional terminara siendo bajar progresivamente la edad de ingreso al sistema penal.
"¿Qué vamos a hacer? ¿Cada vez los vamos a meter en cana más temprano? Puede ser una opción, digo, discutámosla", planteó. Pero inmediatamente propuso otra perspectiva. "Quizá se puede construir instituciones, políticas públicas que los recluten antes y uso esa palabra a propósito: reclutemos antes", sostuvo.
La idea, explicó, sería intervenir antes sobre los chicos que están en situaciones de vulnerabilidad, pero también sobre aquellos que ya comenzaron a delinquir o que ya están involucrados en hechos violentos.
"Trabajemos sobre los pibes que delinquen, sobre los pibes que matan, pensemos cuál es esa mejor propuesta", agregó.
El concejal también llevó la discusión al terreno concreto de las condiciones de encierro. Recordó que el nuevo régimen establece que los jóvenes no deben permanecer alojados en las mismas instituciones carcelarias que los adultos y preguntó si esas condiciones estaban efectivamente garantizadas.
Para fundamentar la preocupación, mencionó una resolución del Ministerio Público de la Defensa, la 240, que —según relató— había sido señalada por su asesora, la doctora Jessica Pellegrini, como un documento que advertía sobre las condiciones de encierro de adolescentes y la necesidad de garantizar que no fueran alojados bajo las mismas condiciones que los adultos.
"Bueno, trabajemos eso. O sea, pensemos eso al libro abierto, traigamos funcionarios provinciales, municipales", propuso. De esta manera, Salinas volvió a su planteo inicial: discutir el sistema completo y no solamente el instrumento penal.
¿Qué hacer cuando el Estado llega tarde y un adolescente ya cometió un delito? ¿Qué dispositivos existen? ¿Cómo se garantiza una respuesta diferenciada? ¿Y cómo se evita que otros adolescentes lleguen hasta ese punto?
Pero, sobre todo, insistió en la necesidad de actuar antes. "¿Cómo estrangulamos la capacidad de reclutamiento de las bandas narcos?", volvió a preguntar.
Según sostuvo, las organizaciones sociales vienen realizando esfuerzos importantes en esa dirección, pero advirtió que observa pocas políticas públicas específicamente orientadas a cortar esa capacidad de captación.
Su propuesta final fue concreta: que el Concejo discuta y construya políticas destinadas a los chicos y chicas de entre 11 y 16 años, precisamente la franja que, según su experiencia, queda muchas veces en un vacío institucional entre la escuela primaria y los dispositivos para adultos.
Y cerró con una pregunta que terminó convirtiéndose en una de las frases más fuertes de toda la sesión: "Entonces, ¿qué carajos hacemos?"
Caruana: "No se trata de una visión blanda"
Leonardo Caruana, del Frente Amplio por la Soberanía, fue uno de los primeros en anticipar el rechazo del interbloque opositor. Sin embargo, su intervención no implicó desestimar la discusión sobre el problema de fondo.
Por el contrario, planteó la necesidad de profundizar el debate sobre qué ocurre con los adolescentes que ingresan al sistema penal y sobre la capacidad concreta del Estado para acompañar los cambios.
"No se trata de una visión blanda o de romantizar", aclaró. Y sostuvo que quienes cometen delitos deben enfrentar "la sanción y también la rehabilitación y el acompañamiento", con justicia tanto para quienes delinquen como para las víctimas.
Su preocupación se concentró especialmente en la implementación práctica de los cambios y en las dudas que existen entre los trabajadores de las distintas áreas involucradas. Según relató, trabajadores de niñez le transmitieron dificultades frente a la creación o transformación de dispositivos destinados a adolescentes que no correspondan a situaciones de privación de libertad.
En ese sentido, también mencionó pedidos de audiencia de trabajadores de Justicia Penal Juvenil que manifestaban incertidumbre frente a posibles modificaciones o disoluciones de áreas existentes. "Tenemos trabajadores de Justicia Penal Juvenil que nos están pidiendo posibilidad de audiencia porque sienten o han escuchado posibilidades de disolución o modificaciones de esas áreas, pero no tienen claridad en el cómo y en hacia dónde", señaló.
Caruana incorporó además las voces del Ministerio Público de la Acusación y de integrantes del Poder Judicial que, según su exposición, advertían sobre la falta de recursos y de jueces para afrontar las demandas que plantea el sistema. "El MPA habla que no tiene, que no cuenta con recursos, y jueces también dicen que no están en condiciones. Es decir que tenemos visiones ante un problema complejo, visiones contrapuestas", resumió.
El concejal planteó que el debate es necesario, pero advirtió que no debería quedar reducido a una disputa de carácter electoral. "Yo creo que es necesario, y por eso coincido en la necesidad de este debate, pero también en un debate que no quede solo porque a veces aparece en estos debates profundos solo una mirada de disputa electoral", sostuvo.
En ese marco, valoró como un dato relevante la reducción del índice de letalidad. "La verdad que haber bajado el índice de letalidad es un hecho importante y nadie va a estar en contra de esto y asumir ese rol", afirmó. Pero consideró que, a partir de allí, es necesario escuchar las distintas voces vinculadas con el funcionamiento del sistema.
Caruana recordó, además, experiencias previas de discusión pública en el Concejo vinculadas con problemáticas estructurales de la ciudad. "Yo he participado en audiencias públicas sobre suicidio, sobre salud mental", señaló, y anticipó que en los próximos días habrá también un debate sobre salud pública a partir de una jornada que fue votada por el cuerpo legislativo.
"¿Por qué no también escuchamos y contraponemos todas las voces?", planteó. Y puso como ejemplo el proceso de discusión que atravesó el sistema de salud rosarino durante las últimas décadas. "Rosario viene de debates estructurales. El propio sistema de salud hace 30 años se debatió con escuchar y escuchar a los equipos y escuchar para justamente poder abordar seriamente una ley que ya está y que puede generar acompañamiento de los distintos dispositivos con profundidad en la discusión", explicó.
Para el concejal, la discusión debería superar el esquema de posiciones enfrentadas y recuperar una instancia de debate más amplio. "Para salir del versus y encontrarnos en una audiencia para retomar ese debate estructural", propuso.
Por eso, planteó formalmente que el Concejo pueda funcionar como una "caja de resonancia" para una discusión que incluya a los distintos actores involucrados: "Una discusión profunda como caja de resonancia de los concejales, de las organizaciones de la sociedad civil, de jueces, de trabajadores de las distintas áreas, para seguir viendo cómo se aborda este tema".
Gigliani: "No hay nada para festejar"
Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, tomó la palabra desde una posición crítica respecto de la nueva legislación y cuestionó que se intentara simplificar una problemática que, según planteó, requiere un análisis mucho más profundo.
"No es cierto" que el principal problema sean los menores que matan personas, sostuvo, y pidió mirar las estadísticas nacionales antes de construir una percepción general a partir de casos de enorme impacto público.
Según su intervención, los delitos cometidos por personas de entre 12 y 17 años representan una proporción muy pequeña del total: "ni siquiera es 0,45%. Es inferior", dijo y agregó que una parte importante está vinculada con delitos contra la propiedad.
También cuestionó el argumento de que la reducción de la edad de punibilidad constituye por sí misma una respuesta al reclutamiento de menores por parte de bandas criminales.
Para Gigliani, si las organizaciones utilizan a adolescentes para cometer delitos, el Estado también debe perseguir a los adultos que los reclutan y explotan. "Los organismos internacionales especializados en trata y explotación justamente recomiendan a los países que incorporen en sus legislaciones este tipo de conductas, pero no para revictimizar a ese menor, sino para que esos adultos que son los que buscan a los menores para cometer delitos sean también responsables", manifestó.
Gigliani cuestionó también el modo en que, a su entender, se utilizaron dos casos ocurridos en la provincia de Santa Fe para impulsar la discusión de una ley nacional. "Se utilizaron dos casos que fueron horrorosos, dolorosísimos, y que los dos se dieron en esta provincia", sostuvo.
En particular, se refirió a uno de los casos ocurridos en Rosario y puso el foco en la trayectoria de la adolescente involucrada. Señaló que la joven había sido incorporada en dos oportunidades al Sistema de Protección de Niños y Adolescentes, lo que, según planteó, daba cuenta de que se trataba de una menor cuyos derechos estaban siendo vulnerados y que había requerido la intervención estatal. También mencionó que había tenido internaciones por problemas neuropsiquiátricos.
"Esta piba estuvo dos veces en el sistema de protección y de repente pasa de víctima a victimaria, ¿qué tenemos que festejar? ¿Qué tenemos que festejar? No hay nada para festejar", cuestionó.
Y continuó con una definición tajante: "Esto es una tragedia, señora Presidenta, una tragedia".
Gigliani cuestionó que una mayor punibilidad pueda ser presentada como una respuesta a la violencia en los barrios y rechazó especialmente que esa respuesta recaiga sobre los adolescentes. "Yo no creo que realmente la salida de la violencia en nuestros barrios sea mayor punibilidad. Y mucho menos infantil, porque la realidad es que la mayoría de las víctimas son los menores", sostuvo.
En contraposición, planteó la necesidad de fortalecer las políticas públicas y la prevención. "Necesitamos más escuelas públicas equipadas, necesitamos más clubes de barrio, necesitamos más centros de atención de adicciones y necesitamos también una persecución real del crimen organizado, señora Presidenta", enumeró.
En ese punto, marcó lo que consideró una contradicción en la agenda del Congreso de la Nación. Según señaló, mientras se discutían herramientas para evitar que las organizaciones narcocriminales recluten a menores, el mismo Congreso avanzaba con una nueva versión del denominado régimen de "Inocencia Fiscal II".
"Los tipos que están organizados en bandas narcocriminales, los tipos que llevan adelante la trata de personas, los lavadores de guita, hoy festejan", afirmó.
Para Gigliani, esa situación expone una contradicción entre ambos debates: "Hace un rato estábamos haciendo una reflexión de cómo logramos que las bandas narcocriminales no recluten menores y, por otro lado, el mismo Congreso que hoy vota esta ley, vota la Inocencia Fiscal versión II para que todos estos delincuentes se hagan la fiesta y sigan creciendo y fortaleciéndose".
Finalmente, consideró que el contexto político nacional dificulta la posibilidad de abordar de manera seria la problemática. "Estamos en un momento muy complejo de la República Argentina y es muy difícil dar debates serios de esta manera", concluyó.
Volpe: recordó la frase "los narcos han ganado" y defendió las medidas de seguridad
El concejal de La Libertad Avanza, Franco Volpe, intervino brevemente y eligió otro eje. Recordó la frase del exministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández, "los narcos han ganado", y cuestionó que recién ahora algunos sectores reclamaran una discusión profunda sobre la problemática de la violencia y el crimen organizado.
En sentido contrario, agradeció al Gobierno nacional por las medidas adoptadas en Rosario y sostuvo que esas políticas habían contribuido a recuperar el orden y la seguridad en la ciudad.
"No quería dejar pasar la oportunidad de agradecer al Gobierno Nacional por todas las medidas, por todas las políticas que han hecho volver el orden a Rosario, que han hecho volver la seguridad a Rosario y que hoy podamos festejar", afirmó, antes de adelantar su voto positivo.
Rey: la contradicción y el fracaso institucional
María Fernanda Rey, del Bloque Justicialista, introdujo una mirada diferente. Dijo tener una "contradicción muy grande", pero también "bronca" porque, a su entender, la discusión exponía un fracaso colectivo.
La pregunta que puso sobre la mesa fue directa: "¿Qué hace un chico de 14 años delinquiendo?"
Para Rey, si un adolescente de esa edad no está en la escuela, en un club o contenido por alguna institución, hay una falla social y estatal.
"Fracasamos como sociedad, pero también creo que ha fracasado el Estado", sostuvo.
Sin embargo, aclaró que no pretendía justificar el delito. "Si comete un delito debe pagar por lo que hizo", afirmó, incorporando expresamente la mirada de las familias de las víctimas.
Pero cuestionó que la respuesta pudiera reducirse a la cárcel. "Ahora bien, la consecuencia no puede ser solamente una celda", dijo.
Su posición terminó en una abstención. Consideró que el beneplácito no solucionaba el problema de fondo y pidió una discusión más profunda.
Schmuck responde Después de las intervenciones opositoras, María Eugenia Schmuck volvió a tomar la palabra. Esta vez no para presentar el proyecto, sino para responder a las críticas.
Y allí apareció una de las principales tensiones de la sesión. "La discusión seria la da el debate", afirmó.
La presidenta del Concejo rechazó que un planteo sea considerado poco serio simplemente porque no coincide con una determinada posición política.
"Uno no es serio o menos serio según que no esté de acuerdo con lo que piensa el otro", sostuvo.
Schmuck reivindicó la posibilidad de utilizar un proyecto de beneplácito como disparador para discutir problemas que exceden las competencias estrictas del Concejo.
"Un beneplácito no resuelve ningún problema", reconoció utilizando palabras de María Fernanda Rey, pero agregó que puede servir como excusa para instalar una discusión sobre cuestiones centrales para Rosario.
Y lanzó una frase que sintetizó su postura: "Me parece que está bueno ponerle un poco más de seriedad a nuestra función y a nuestra responsabilidad, que es dar debates incómodos."
A partir de allí, el discurso cambió de tono. Schmuck defendió abiertamente la política de seguridad del gobierno provincial y sostuvo que existe una estrategia, planificación y decisión política.
"Hay estrategia, puede no gustarnos o no, pero hay estrategia", afirmó.
Mencionó el sistema Lince, la cárcel para presos de alto perfil, la coordinación entre los gobiernos provincial, municipal y nacional y la presencia de fuerzas federales.
También habló del Centro de Admisión y Derivación —CAD— ubicado en Ayacucho 651 y de un futuro Centro de Referencia para adolescentes.
Según explicó, esos dispositivos trabajan con equipos interdisciplinarios y con participación de Educación, Salud Mental y Niñez, dentro del paradigma de protección integral de derechos.
Schmuck también llevó la discusión hacia los mecanismos de control dentro del sistema penitenciario y puso como ejemplo el caso de un hombre condenado por un quíntuple femicidio, actualmente detenido en Piñero. Según relató, luego de que se le permitiera acceder a un teléfono en el marco de sus garantías, el detenido habría utilizado el dispositivo para comunicarse con una familiar mujer y amenazarla.
"Hay un femicida, un quíntuple femicida que está encerrado en Piñero que, cuando le dieron acceso, porque eran sus derechos de garantía, a un teléfono, ¿saben lo que hizo? Llamó a la sexta familiar mujer para decirle: 'Cuando salgo, te toca a vos'", relató.
A partir de ese episodio, cuestionó las condiciones bajo las cuales determinados detenidos acceden a dispositivos de comunicación. "No quiero que ese tipo tenga teléfono. Lo digo en serio. No quiero que tenga acceso a teléfono", afirmó, y agregó que sus contactos con el exterior deberían estar sujetos a controles estrictos: "Va a poder tener visitas absolutamente supervisadas".
El ejemplo le sirvió para volver sobre uno de los ejes de su intervención: la necesidad de discutir no solamente las normas, sino también cómo se aplican en la práctica. "Entonces, yo digo: discutamos en serio sobre los métodos, sobre los procedimientos", planteó.
El contrapunto por las estadísticas Fue en esta segunda intervención cuando Schmuck respondió directamente a algunas de las afirmaciones de Gigliani y cuestionó que una estadística sobre delitos cometidos por adolescentes pudiera utilizarse para dimensionar por sí sola el fenómeno del reclutamiento criminal.
"¿Usted cree que los delitos que perpetran las bandas criminales que utilizan a menores son denunciados por alguien y están dentro de las estadísticas de los delitos a la propiedad privada?", preguntó. Y respondió: "No. Estamos hablando de investigación criminal, que no figura en las estadísticas".
La presidenta del Concejo sostuvo que parte de la magnitud del fenómeno se conoce a partir del trabajo territorial y no exclusivamente de las denuncias formalizadas. En ese marco, mencionó situaciones de explotación sexual y reclutamiento de menores que, según afirmó, habían sido denunciadas penalmente.
El intercambio derivó luego hacia otro indicador: las causas de muerte entre adolescentes y jóvenes. Gigliani había vinculado el debate con una discusión previa del Concejo sobre suicidio y salud mental, mientras que Schmuck sostuvo que los siniestros viales continúan siendo una de las principales causas de muerte en esos grupos etarios.
La discusión requiere, sin embargo, una precisión sobre los datos utilizados. Información oficial difundida posteriormente en el marco del programa "Rosario Habla de Suicidio" indicó que durante 2025 se registraron en toda la provincia de Santa Fe 448 suicidios, 306 muertes en siniestros viales y 210 homicidios. La tasa de suicidios fue de 12,7 casos cada 100.000 habitantes, frente a 9,8 cada 100.000 a nivel nacional. Por su parte, un informe del Ministerio Público de la Acusación contabilizó 964 muertes violentas en la provincia y señaló que los suicidios representaron el 46,5% de ese total.
Esos números no pueden trasladarse automáticamente a adolescentes y jóvenes de Rosario: corresponden al conjunto de la provincia y las estadísticas pueden abarcar poblaciones etarias diferentes. Pero sí agregan un elemento relevante al intercambio, porque muestran que las afirmaciones sobre las principales causas de muerte requieren especificar territorio, edad y período antes de establecer comparaciones.
Algo similar ocurrió al comienzo de la discusión, cuando Schmuck describió la situación de Rosario en los años anteriores como una etapa en la que la ciudad "enterraba pibes, contaba muertos" y había llegado a ser "récord Guinness en materia de violencia urbana". El debate posterior mostró que, además de discutir qué políticas aplicar, los concejales también tenían diferencias sobre qué indicadores permiten describir con mayor precisión la problemática.
Ese cruce terminó exponiendo una de las tensiones centrales de la sesión. Todos los sectores reclamaron la necesidad de un debate serio, pero justamente la utilización e interpretación de los datos se convirtió en uno de los puntos de mayor confrontación.
Fiatti: "La capacidad de reclutamiento se restringe eliminando la impunidad"
Fabrizio Fiatti, de Unidos por Rosario, llevó el debate al terreno político más explícito. A diferencia de los concejales que habían pedido evitar la grieta, sostuvo que existía una diferencia sustancial entre el oficialismo y la oposición.
Su pregunta apuntó directamente a los gobiernos anteriores: "¿Por qué no impulsaron un régimen que se hiciera cargo de este tema a lo largo de tantos años que ejercieron el gobierno nacional?"
Fiatti sostuvo que durante años existió una política que, a su criterio, evitó abordar el problema y acusó a sectores políticos, académicos e intelectuales de haber advertido el fenómeno sin actuar en consecuencia.
También cuestionó que frente a la problemática penal juvenil se respondiera únicamente con políticas educativas.
"Por supuesto que son necesarias", reconoció sobre las políticas educativas, pero agregó que las deudas pendientes no podían convertirse en una excusa para no discutir el sistema penal.
El eje de su argumento fue contundente: "La capacidad de reclutamiento se restringe, se achica, eliminando la impunidad". Para Fiatti, la nueva normativa debía ser entendida como parte de un proceso más amplio de fortalecimiento de la seguridad y de la Justicia.
Reivindicó el Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe y recordó que la provincia había avanzado en herramientas procesales antes incluso de contar con una legislación nacional específica.
Su argumento también se apoyó en el cambio de paradigma que implica pasar del viejo sistema tutelar a un sistema basado en un proceso penal con fiscalía y defensa, en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño y el régimen de protección integral.
Según explicó, no se trata simplemente de detener adolescentes, sino de establecer cuándo corresponde una respuesta penal y cuándo deben intervenir mecanismos de educación, salud mental, protección y reinserción.
Martínez: del expediente al trabajo territorial
Ana Laura Martínez, del Bloque PRO, acompañó los argumentos de Fiatti y Schmuck, pero agregó un componente especialmente territorial.
Su intervención se concentró en las políticas que, según describió, se desarrollan desde las distintas secretarías municipales y provinciales.
Recordó los años de mayor violencia y afirmó que Rosario había atravesado también un abandono en materia de niñez y educación.
Su relato tomó una dimensión personal cuando recordó el trabajo territorial realizado junto a Jerónima, responsable de un centro comunitario de barrio Tablada cuyo hijo fue asesinado a los 17 años.
Martínez habló de adolescentes que no terminaban la escuela y terminaban presos o asesinados. Desde allí describió el programa Infancias Protegidas, su trabajo en barrios como Ludueña, Larrea y Empalme, y la articulación con escuelas, clubes, iglesias, organizaciones barriales y centros municipales.
Según señaló, el programa alcanza a cientos de chicos por año y se articula con los distintos Centros Cuidar. Su intervención introdujo una dimensión que atravesó buena parte del debate pero que no siempre quedó en primer plano: la prevención territorial.
"A través de la educación es donde van a tener la libertad, que es con el conocimiento", afirmó. Y cerró defendiendo la necesidad de fortalecer simultáneamente Justicia, educación, niñez y las políticas de prevención.
Pullaro defendió la nueva ley y vinculó la punibilidad con el reclutamiento narco
Damián Pullaro, de Unidos por Rosario, fue otro de los concejales que defendió explícitamente la nueva Ley Penal Juvenil. Explicó que el régimen establece un tratamiento diferenciado para delitos graves y sostuvo que la normativa era necesaria frente al uso de menores por parte de organizaciones criminales.
"Las bandas narco-criminales claramente tomaban menores entre 16 y 14 años porque eran inimputables", afirmó. Desde su perspectiva, hacer imputables a determinados adolescentes busca desalentar ese mecanismo de reclutamiento.
Pero también reivindicó las herramientas sociales y comunitarias. Mencionó clubes, vecinales, comedores, programas de capacitación laboral y oportunidades deportivas como espacios necesarios para evitar que los jóvenes queden disponibles para las organizaciones criminales.
Su intervención, sin embargo, subió el tono al cuestionar lo que denominó "garantismo bobo". En ese sentido, planteó: "Y si no, claramente digamos que estamos a favor del garantismo bobo, de que los pibes que matan no tienen que tener una condena ejemplar, que tienen que seguir siendo imputables".
Pullaro sostuvo además que, a su entender, la edad de imputabilidad debe contemplar la capacidad de comprensión del adolescente que comete un delito. "A mí me parece que la edad de imputabilidad, pensada como está, el menor que comete un delito tiene una total comprensión", afirmó.
En esa misma línea, cuestionó expresiones que, según dijo, banalizan la discusión sobre el régimen penal juvenil. "No nos estamos yendo por la rama, como ha dicho por ahí algún concejal en un encuentro que dijo que iba a terminar pibes en las cárceles de jardín de infantes", señaló.
También criticó el modo en que algunos legisladores, según su planteo, abordan la cuestión: "Y eso es lógico, pero es razonable que en momentos como este, donde chicos matan, matan, y hay legisladores que dicen 'pobres pibitos en chancleta', y eso hay que recordarlo, y es grave".
Finalmente, defendió que los adolescentes que cometen delitos graves reciban una sanción específica dentro del régimen juvenil. "Esos chicos que cometen delitos de mayores, teniendo un completo o una completa comprensión del acto criminal que están llevando adelante, tienen que tener una condena, que no es una condena de menor, que tampoco es una condena de mayor", sostuvo.
Una discusión que terminó siendo más grande que el proyecto
El texto aprobado sostiene que el Estado no puede permanecer indiferente frente a los delitos graves ni permitir que la edad de los adolescentes sea aprovechada por organizaciones criminales para procurar impunidad.
Al mismo tiempo, la declaración sostiene que la seguridad de la población y la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes no constituyen objetivos contrapuestos, sino responsabilidades estatales que deben ser atendidas simultáneamente.
En concreto, el Concejo Municipal expresó su beneplácito por el Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe, al considerar que permitió la aplicación inmediata de la nueva Ley Penal Juvenil nacional y que generó con anticipación las condiciones necesarias para su implementación, además de garantizar el debido proceso, proteger los derechos de las víctimas y brindar posibilidades de educación, resocialización y reinserción social a los adolescentes involucrados.
El expediente fue aprobado por mayoría reglamentaria, con el voto negativo de Julián Ferrero, Antonio Salinas, Agustina Gareis, Norma López, Mariano Romero, María Fernanda Gigliani, María José Poncino y Leonardo Caruana. María Fernanda Rey se abstuvo.
Pero el resultado de la votación fue casi la parte menos interesante de una discusión que expuso algo bastante más profundo.
Por un lado, el oficialismo reivindicó la reducción de los homicidios y la estrategia provincial de seguridad como evidencia de una mayor capacidad de intervención estatal. Del otro, varios concejales reclamaron no confundir la disminución de los homicidios con la resolución del problema estructural de la violencia y cuestionaron que la reducción de la edad de punibilidad pueda presentarse como una solución suficiente.
En el medio apareció una coincidencia transversal: nadie defendió que un adolescente que comete un delito grave deba quedar simplemente librado a su suerte. Las diferencias estuvieron en qué debe hacer el Estado después, cuándo debe intervenir el sistema penal, cuánto peso debe tener la privación de libertad, cómo se combate el reclutamiento criminal y qué políticas sociales deben acompañar la respuesta judicial.
La propia Schmuck había pedido al comienzo que el tema se discutiera porque "hay que opinar sobre estos temas". Y luego, ya desde su banca, volvió a defender esa idea frente a sus pares: "La seriedad se la da los argumentos y las posiciones".
Esa terminó siendo, paradójicamente, la principal característica de la sesión: el beneplácito fue apenas el punto de partida. El verdadero expediente fue el debate sobre qué hizo el Estado cuando Rosario contaba muertos, qué está haciendo ahora que los números bajaron y, sobre todo, qué políticas deben sostenerse para evitar que un adolescente reclutado por una organización criminal termine convertido en una nueva víctima o en autor de nuevos hechos de violencia.
Detrás de la disputa por una ley, una estadística o una consigna política, quedó flotando una pregunta que atravesó las distintas intervenciones: cómo combinar la protección de las víctimas, la persecución del crimen organizado, una respuesta penal diferenciada y políticas capaces de prevenir el reclutamiento de adolescentes.
El beneplácito fue apenas el expediente formal. El debate real quedó abierto.
Cuarenta años después de la inundación de 1986, vecinos de Empalme Graneros volvieron a reunirse para discutir qué tan preparada está la cuenca del Ludueña frente a nuevas lluvias extraordinarias. Entre obras pendientes, urbanizaciones y cambios en el territorio, NU.MA.IN. sostiene una pelea que aprendió a librar mucho antes de que el agua llegue a las calles.
A las siete y media de la tarde del miércoles 2 de septiembre, la Vecinal Empalme Graneros ya empezaba a llenarse. Las sillas se ocupaban de a poco y los vecinos seguían entrando cuando la reunión estaba por comenzar. Eran casi doscientas personas.
No era la multitud de aquella asamblea de 1986, cuando alrededor de tres mil vecinos se habían reunido después de una inundación que cambiaría para siempre la historia del barrio. Pero tampoco era una reunión más.
Había gente que había vivido aquella inundación y otros que la conocían por los relatos familiares. En común tenían una preocupación que se había vuelto más concreta en los últimos meses: qué podía pasar si una lluvia extraordinaria volvía a poner a prueba el sistema de la cuenca del Ludueña.
Antes de empezar hubo un minuto de silencio por quienes habían participado de NuMaIn —Nunca Más Inundaciones—: Virginio Ottone, Leonildo Foresto, Domingo Polichiso y el padre Agustín Bullian.
También estaba, entre los presentes, Osvaldo "Lalín" Ortolani, uno de los hombres que habían atravesado las cuatro décadas de esa historia y que hoy preside la Vecinal.
NuMaIn estaba allí como una institución histórica, pero también como una presencia en la memoria de quienes habían llegado esa noche. Los nombres aparecían como aparecen los nombres de familiares: sin necesidad de explicar demasiado quiénes fueron para quienes los conocieron.
Cuarenta años de memoria y reclamo NuMaIn había nacido después de la catástrofe de abril de 1986. Desde entonces, aquella organización había participado de una pelea larga por obras que terminaron modificando las condiciones de seguridad de la cuenca.
Primero fue la presa retardadora. Después, el Aliviador 2. Más tarde, parte del Aliviador 3, en la zona de Sorrento. Cada obra había llevado su tiempo, sus discusiones y sus enfrentamientos con funcionarios de distintos gobiernos.
Por eso Ortolani no hablaba de las obras como quien enumera una serie de inauguraciones. Hablaba de ellas como quien recuerda algo que costó conseguir.
"Todo lo que se hizo es porque nosotros estamos juntos y lo peleamos", dijo en un momento de la reunión.
La frase explicaba también por qué todos estaban allí.
La historia empezaba antes de aquella noche y mucho antes de 1986. Ortolani volvió sobre los primeros años del barrio, sobre sus bisabuelos y sobre una zona de Rosario que durante décadas había sido tratada como un borde incómodo de la ciudad.
El terraplén debía contener el agua, pero del otro lado estaban los vecinos que sufrían cuando el sistema no alcanzaba.
La inundación había sido, durante buena parte del siglo XX, una presencia recurrente. Ortolani habló de diecisiete inundaciones importantes. Cada una dejaba pérdidas y cada una volvía a poner en evidencia la misma fragilidad.
Cuando el agua entraba, aparecían las donaciones, las colectas y las ayudas de emergencia. Pero los vecinos habían terminado construyendo algo más duradero con aquello que tenían a mano.
La Vecinal, las instituciones, las escuelas, la parroquia, el dispensario, el centro de jubilados. Para Ortolani, eso también era una forma de hacer patria: la que se construye cuando un grupo de vecinos se organiza para conseguir pavimento definitivo, agua, luz o un servicio que falta.
La reunión de este miércoles era parte de esa misma historia.
"Esos viejos que venían hace 40 años a la reunión de NuMaIn, los miércoles a las 20, porque ese era el día de la reunión: con lluvia, con frío, con paro. Pero el miércoles era el día. Lloviendo a cántaros, los viejos estaban acá, peleando por obras. Humildemente, los que estamos aquí presentes somos una simple continuidad. Y ojalá que en este sueño haya mucha continuidad", expresó Ortolani.
La memoria de 1986 apareció varias veces durante la noche.
En aquellos días, contó Ortolani, todavía no comprendían del todo el comportamiento de la cuenca. Los vecinos medían el avance del agua con métodos rudimentarios. Ponían un palo en una esquina para saber hasta dónde había llegado. Preguntaban cuánto había llovido en otros lugares. Trataban de reconstruir el recorrido de una tormenta que podía caer lejos y aparecer en el barrio varios días después.
En aquella inundación, el pico de la crecida había tardado cuatro días y medio en llegar. Ese dato adquiría otro significado cuarenta años después.
En 2012, recordó Ortolani, una lluvia de 396 milímetros había caído durante unos cuatro días y el agua había llegado a la zona baja en menos de veinticuatro horas. El sistema había resistido. La inundación no había repetido la catástrofe de 1986. Pero la velocidad con la que el agua había llegado había cambiado.
Eso era lo que los vecinos querían discutir. No solamente cuánto llovía, sino qué ocurría con el agua desde el momento en que caía hasta que llegaba a Empalme Graneros.
La cuenca del arroyo Ludueña abarca unas 80.000 hectáreas. Una lluvia de cien milímetros significa cien litros de agua por cada metro cuadrado. Sobre esa superficie, el volumen deja de ser una cifra sencilla. Toda esa agua tiene que desplazarse, almacenarse o evacuarse.
Y el territorio por donde circula ya no es el mismo que en 1986.
Había campos que antes absorbían agua y que ahora estaban ocupados por barrios privados y otras urbanizaciones fuera de la ciudad. Había lagunas que habían desaparecido. Había nuevas canalizaciones. Había superficies impermeabilizadas por calles, viviendas y pavimentos.
Cada modificación podía alterar el tiempo que tardaba el agua en desplazarse. Uno de los ejemplos que más se repitió durante la reunión fue el de las lagunas.
Ortolani habló del desarrollador inmobiliario como alguien que mira un terreno de una manera distinta a la de quien observa una cuenca. Si un campo o una laguna pueden comprarse barato y transformarse en un emprendimiento rentable, aparece la oportunidad de negocio.
Después vienen la entrada, el pavimento, las palmeras, las casas y la imagen publicitaria de una familia viviendo allí. Lo que deja de aparecer en esa imagen es el agua.
Una laguna que antes retenía un volumen durante horas o días deja de cumplir esa función cuando es rellenada. El agua no desaparece. Busca otro lugar. Y si además se construyen canales que aceleran su desplazamiento, puede llegar antes a los sectores bajos.
La discusión sobre las urbanizaciones llevaba inevitablemente hacia las localidades ubicadas aguas arriba. Ibarlucea, Funes, Roldán, Pérez, Soldini, San Lorenzo y otras zonas de la región fueron apareciendo en las preguntas de los vecinos.
No todos esos lugares pertenecían a la misma cuenca. Y esa diferencia era importante.
Ortolani insistió en que había que aprender a mirar el territorio de otra manera. Una cuenca no coincide necesariamente con los límites de un municipio o una comuna. Es el territorio cuyos excedentes de agua terminan confluyendo hacia un determinado curso.
En una llanura como la santafesina, pequeñas diferencias de nivel pueden definir hacia dónde se desplaza el agua. Una lluvia que cae de un lado puede terminar en el Ludueña; otra, a pocos kilómetros, puede dirigirse hacia el arroyo San Lorenzo.
El problema aparece cuando las obras y las modificaciones del suelo cambian esos recorridos.
En una ciudad donde las obras hidráulicas suelen ser explicadas con nombres que para la mayoría de los vecinos resultan lejanos —emisarios, aliviadores, represas, cuencas—, la necesidad de saber exactamente qué se está haciendo no es un detalle.
Una vecina preguntó por obras realizadas en la zona de Ibarlucea. Había visto movimientos de suelo y canalizaciones y quería saber qué consecuencias podían tener para la cuenca.
La conversación derivó hacia la posibilidad de trasvasamientos: si una cuenca pierde capacidad o recibe más agua de la que puede manejar, el excedente puede buscar otro camino.
No era necesario que alguien quisiera enviar agua hacia Empalme Graneros. Bastaba con modificar las condiciones aguas arriba para que el agua encontrara un recorrido diferente.
El arroyo San Lorenzo apareció entonces en la discusión. Se habló de puentes, pasos y restricciones para la evacuación. También de las transformaciones producidas en los campos y de la velocidad con la que el agua podía desplazarse.
Video Concejala Majo Poncino
El agua, la memoria y una lucha que continúa No fue una reunión más. Entre vecinas y vecinos volvió a aparecer una preocupación que permanece latente: el anuncio de un nuevo fenómeno de El Niño, las lluvias extremas que se pronostican y una realidad que conocen demasiado bien. Mientras en distintos puntos de la región se trabaja para acelerar el escurrimiento del agua, en Empalme saben que, tarde o temprano, una parte de ese caudal también llegará hasta el barrio.
"Nos hemos inundado siempre. Y es bueno que estemos informados", dice una vecina. Habla desde la experiencia de quien atravesó dos grandes inundaciones. La de 1986, recuerda, fue especialmente brutal. "Me recontra inundé dos veces. Fue horrible en el 86, espantoso".
La incertidumbre sigue siendo la misma: "Uno nunca sabe si va a venir mucha agua o poca". Por eso, insiste, hay que sostener la participación: "Tenemos que seguir viniendo a las reuniones e invitando a otros. Sabemos que ustedes están peleando por más obras y tenemos que acompañar".
Otra vecina vuelve sobre aquel 1986 que todavía funciona como una herida abierta. "Viví la catástrofe del 86. Tengo miedo de que volvamos a ese momento". Dice que durante estos 40 años trabajaron para reconstruirse, que consiguieron que se realizaran obras y que, sin embargo, lo que ahora escuchan demuestra que no alcanzó.
"Creo que muchas obras se hicieron para cuidar a los barrios donde vive gente de otros estratos sociales, donde el dinero cuenta. Y donde la gente trabajadora, sencilla y de barrio no pesamos aparentemente, o quizás no les importamos". En medio de esa sensación de abandono, reivindica a la institución que los reúne: "Nosotros contamos con la vecinal, que es todo para nosotros".
La historia de las obras también aparece atravesada por el agradecimiento. "Todo lo que tenemos es gracias a la puja que hizo siempre la vecinal y los vecinos. Eso es un agradecimiento que cada uno lo tiene que tener de por vida, eternamente", sostiene otra mujer.
Pero ese reconocimiento convive con el enojo. En los medios, dice, escucha a las autoridades anunciar que "Empalme cambia para siempre". La frase le provoca una reacción inmediata: "Me hincha, no quiero decir una mala palabra, pero me rompe las pelotas".
No es solamente bronca. Es también miedo. "Sabiendo dónde estamos parados, en el peligro que estamos, ¿cómo vamos a quedar quietos si el agua llega acá?". La preocupación, cuenta, ya forma parte de la vida cotidiana. "A veces no deja dormir".
Un vecino pone el foco en otro problema: el paso del tiempo y las transformaciones del territorio. "Se han hecho obras, pero tienen 40 años ya de antigüedad". Mientras tanto, explica, aparecieron nuevos barrios privados y se modificaron superficies que antes funcionaban como zonas de absorción y escurrimiento.
"Se ha impermeabilizado la capa, donde antes eso era campo o un lugar de escurrimiento del agua. Y eso traerá muchísima agua a nuestro arroyo Ludueña".
Por eso siguen reuniéndose. No como un ritual, sino como una forma de estar alertas, de reclamar y de no resignarse frente a una amenaza que conocen de memoria.
El agua no entiende de jurisdicciones Esa era una de las dificultades que aparecía una y otra vez en la reunión. Una decisión tomada en un municipio podía tener consecuencias en otro. Un canal construido en un campo podía modificar el comportamiento del agua aguas abajo. Una urbanización podía resolver su propio problema de drenaje y, al mismo tiempo, aumentar la velocidad con la que el agua llegaba a otro sector.
Empalme Graneros estaba al final de ese recorrido.
Por eso los vecinos hablaban de sí mismos como la "boca del embudo". La imagen no era nueva. La zona baja recibía el agua que llegaba desde una superficie mucho mayor y tenía que evacuarla a través de un sistema limitado.
Allí aparecía otra pregunta: cuánto podía soportar ese sistema.
La parte baja del Ludueña estaba entubada. Había conductos, aliviadores y emisarios que debían conducir el agua hacia el Paraná. Pero cada uno tenía una capacidad determinada.
En la reunión se habló del Emisario 10, de un conducto de casi cinco metros de diámetro ubicado cerca de las viviendas. Un vecino explicó que por allí podía circular un volumen enorme de agua. La preocupación era qué ocurría si la cantidad que llegaba superaba la capacidad de evacuación.
No se trataba solamente del agua que podía entrar desde arriba. También había que pensar en la salida.
Si el sistema recibía más agua de la que podía sacar, el agua podía acumularse. Y si las condiciones de descarga eran desfavorables, la evacuación podía hacerse todavía más lenta.
Por eso Ortolani insistía en una lógica que había aprendido durante décadas de discutir con ingenieros: antes de incorporar más agua al sistema había que asegurarse de que la parte baja pudiera evacuarla.
Primero había que mirar abajo. Después, arriba.
La discusión llevaba directamente a las represas pendientes.
Los vecinos sostenían que los estudios estaban hechos y que las obras necesarias eran conocidas. No estaban pidiendo que alguien comenzara a investigar qué podía hacerse. Querían saber por qué determinadas obras todavía no se habían construido.
Habían escuchado distintas propuestas a lo largo de los años. Una de ellas había sido el canal Grandoli, pensado como una alternativa para conducir parte del agua directamente hacia el Paraná antes de que alcanzara los sectores más comprometidos de la ciudad.
El problema era el costo y la complejidad.
El canal debía atravesar zonas urbanizadas, infraestructura y numerosos cruces. Hacerlo significaba construir puentes y resolver una cantidad de interferencias que convertían la obra en un proyecto de enorme magnitud.
La alternativa había sido construir represas retardadoras.
En la reunión se mencionaron distintas cantidades de represas proyectadas a lo largo de la historia, pero había una certeza: varias seguían pendientes.
Para los vecinos, esa era una de las preguntas centrales de la noche.
Si los estudios estaban hechos, si los técnicos conocían el comportamiento de la cuenca y si las obras habían sido identificadas, ¿qué faltaba para empezar?
La respuesta no estaba en la hidráulica. Estaba en la decisión política y en el financiamiento.
Mientras discutían eso, apareció otro concepto que había acompañado a NuMaIn durante años: la incidencia hidráulica cero.
La idea era que ninguna nueva intervención sobre la cuenca debía aumentar el caudal que finalmente recibía el sistema.
Si un terreno que antes absorbía agua se convertía en una superficie impermeable, había que compensar ese cambio. Si una urbanización alteraba el escurrimiento, debía contar con reservorios u otras medidas capaces de retener el volumen necesario.
La lógica parecía sencilla cuando se explicaba desde la mesa de la Vecinal.
Si antes un terreno retenía agua y ahora tenía cemento, esa agua debía ir a algún lado. Si antes había una laguna y ahora había viviendas, el agua seguía existiendo. Si antes un campo demoraba el escurrimiento y ahora había un canal que lo aceleraba, el agua llegaría antes.
El problema aparecía cuando todas esas modificaciones se acumulaban. No había una única obra responsable. Había un territorio que iba cambiando. Y una zona baja que debía recibir las consecuencias. La calle Sorrento ocupaba un lugar especial en esa memoria.
Allí había existido una laguna donde los vecinos recordaban haber pescado ranas cuando eran chicos. Con el tiempo, el lugar cambió y terminó atravesado por una infraestructura hidráulica.
Cuando comenzaron las peleas, recordó Ortolani, tuvieron la suerte de contar con el apoyo del ingeniero Gualaberto Venecia, ex vicegobernador, y de Hugo Orsolini, entonces subsecretario de Aguas de la Provincia de Santa Fe.
Hubo muchos intercambios porque ellos no creían que la situación fuera tan grave.
Por entonces, ya se había planificado la construcción del famoso canal Grandoli, aunque se trataba de otra obra. El proyecto habría permitido sacar el agua hacia el Paraná antes de que llegara hasta allí.
"Y, justamente, ustedes son los primeros que no lo quieren", les planteaban.
El Grandoli contemplaba un tramo a cielo abierto y otro entubado, porque debía atravesar la ciudad. De haberse construido, habría permitido sacar toda el agua.
Pero el proyecto tenía sus inconvenientes: exigía la construcción de numerosos puentes y resultaba mucho más caro.
Por eso, finalmente, fue reemplazado por otra alternativa: cuatro, cinco o seis represas.
Ahora había nuevas obras previstas para el sector, además de intervenciones viales en avenida Casiano Casas. Los vecinos querían saber cómo cada una de esas obras encajaba en el sistema general.
No bastaba con mirar una máquina trabajando en una esquina. Había que saber qué ocurría antes y después.
Esa forma de mirar las obras también era una consecuencia de la experiencia de 1986. Al principio habían confiado en la información que recibían. Después aprendieron a comprobarla.
Ortolani recordó una época en la que los vecinos medían las lluvias por sus propios medios.
Un recipiente en un lugar. Otro vecino en otra localidad. Una llamada telefónica. Un número anotado.
Habían aprendido a distinguir entre la lluvia que caía en Rosario y la que caía sobre el resto de la cuenca.
También habían armado una radio FM para comunicar lo que estaba ocurriendo. Cada dos horas intentaban transmitir información sobre la lluvia y el comportamiento del agua.
La razón era sencilla: durante una emergencia, la información también podía convertirse en un problema.
La televisión podía hablar de inundaciones en Brasil, Chile, Perú o cualquier otro lugar. Pero para quienes vivían en Empalme Graneros había una pregunta más urgente: cuánto estaba lloviendo sobre la cuenca que los afectaba.
Los vecinos habían aprendido a no quedarse esperando la información.
También habían aprendido a desconfiar de la primera explicación. Una obra anunciada como solución debía ser examinada. Un canal nuevo podía ser útil en un lugar y problemático en otro.
Una urbanización podía tener su propio sistema de drenaje y, sin embargo, modificar el comportamiento de toda una cuenca.
La prevención, para ellos, consistía también en preguntar.
Video de la Vecinal Empalme
Una organización que aprendió a preguntar En esa noche apareció además una preocupación más inmediata: qué hacer con las personas si el sistema finalmente no alcanzaba.
Se habló de Defensa Civil y de las consultas que se habían comenzado a realizar.
¿Dónde se evacuaría a los vecinos? ¿Qué escuelas podrían recibir personas? ¿Qué instituciones servirían como refugio? ¿Quién daría la alerta? ¿Quién mediría la lluvia?
La experiencia de 1986 había dejado una memoria concreta de lo que significaba quedar aislado por el agua.
Por eso la prevención no podía limitarse a construir una obra hidráulica. También había que saber cómo reaccionar si la obra no alcanzaba.
El fenómeno de El Niño había puesto esas preguntas nuevamente sobre la mesa.
Un integrante de la Vecinal, Daniel, tomó la posta y explicó durante la reunión que el océano Pacífico, frente a las costas de Perú, presentaba temperaturas superiores a las normales. Habló de cambios en los vientos alisios y de modificaciones atmosféricas que podían favorecer precipitaciones extraordinarias en la región.
La preocupación no era afirmar que una inundación iba a ocurrir. Era reconocer que existía un escenario capaz de aumentar las lluvias y que ese escenario coincidía con un territorio que ya había cambiado.
También estaba el Paraná.
Un río alto podía dificultar la evacuación del agua porque los sistemas de desagüe debían descargar hacia un curso cuyo nivel podía encontrarse elevado.
La suma de factores era lo que inquietaba a los vecinos.
No una lluvia aislada. No El Niño por sí solo. No el Paraná por sí solo. No una urbanización por sí sola.
El problema estaba en la combinación.
Y frente a esa combinación aparecía la misma cuestión que los había llevado a organizarse cuarenta años atrás: cuánto podía soportar el sistema antes de que el agua volviera a entrar en las casas.
La política llegó a la reunión de la mano de esa pregunta.
Los vecinos habían pedido reuniones con funcionarios provinciales. Habían intentado reunirse con el área de Obras Públicas y con Recursos Hídricos. También habían pedido ser recibidos por el gobernador Maximiliano Pullaro.
Según relataron durante la asamblea, no habían conseguido esa reunión. La ausencia había generado malestar.
Ortolani evitaba presentar la historia como una disputa partidaria.
Había discutido con intendentes y gobernadores de distintos signos políticos, siempre. Había apoyado obras impulsadas por gobiernos con los que no coincidía y había criticado decisiones tomadas por gobiernos que consideraba cercanos.
La regla, decía, era otra. Si una obra servía, había que reconocerla. Si una obra perjudicaba al barrio, había que combatirla.
Por eso, cuando llegó el momento de hablar del gobernador, la acusación fue directa.
"Si lamentablemente llega a haber una catástrofe en la cuenca del Ludueña, en esta oportunidad no le van a poder echar la culpa a la lluvia", La frase estaba dirigida a Pullaro.
Y después vino la explicación política que correspondía a esa acusación: si una catástrofe ocurría, sostuvo Ortolani, la responsabilidad no podía atribuirse únicamente a un fenómeno meteorológico si el gobierno conocía el riesgo y no había realizado las obras que los vecinos reclamaban.
Era su planteo. No una conclusión del cronista. La diferencia importaba.
Porque en la reunión también había quienes preferían no hablar de una catástrofe como si fuera inevitable. Ortolani insistió varias veces en que no había que caer en ninguno de los dos extremos.
No se trataba de afirmar que el barrio necesariamente se iba a inundar, pero tampoco de convencerse de que ya no podía suceder.
Había niveles de seguridad. Las obras construidas después de 1986 habían elevado ese nivel. Pero ningún nivel era eterno. El territorio cambiaba. Las lluvias podían cambiar. La capacidad del sistema podía quedar atrás.
Y por eso una obra que había sido suficiente para determinada condición podía dejar de serlo cuando las condiciones cambiaban. La conversación volvió entonces a las represas. No pedían necesariamente que se construyeran todas de inmediato. La discusión tenía otro punto de partida: que empezaran.
"Que empiecen por la que quieran", dijo Ortolani. La prioridad, para él, era salir de la discusión permanente sobre cuál debía ser la primera y comenzar a ejecutar alguna. La frase tenía detrás cuarenta años de experiencia.
Los vecinos habían aprendido que una obra puede tardar años en concretarse. Primero aparece el estudio. Después el proyecto. Luego la discusión presupuestaria. Después la licitación. Después la obra.
Mientras tanto, el territorio sigue cambiando. Por eso la demora también formaba parte del riesgo. La historia de NuMaIn estaba llena de esas demoras.
Ortolani recordó reuniones con intendentes, gobernadores, ministros e ingenieros. Habían hablado con gobiernos de distintos signos. Algunos funcionarios los recibían con frecuencia. Otros no querían verlos. La organización había sobrevivido a todos.
Eso también explicaba la presencia de las concejalas Norma López, vicepresidenta primera del Concejo Municipal de Rosario, y María José Poncino, del bloque Peronista, durante la reunión.
El Concejo podía ser un espacio para trasladar el reclamo, llevar el problema al recinto, llenar el lugar de vecinos, hacer que los funcionarios respondieran, conseguir que los medios registraran la discusión.
El reclamo tenía que salir de la Vecinal.
Ortolani recordó también que, durante las movilizaciones de 1986, los vecinos habían intentado acceder a reuniones con funcionarios. Les habían puesto límites. Les habían dicho que determinadas reuniones eran para técnicos y que ellos no podían participar.
Después marcharon. Fueron miles. La presión abrió las puertas que las reuniones no habían conseguido abrir.
A partir de entonces llegaron otras discusiones y otras obras. El Aliviador 2 fue una de ellas. También la presa. También el Aliviador 3. Pero la historia no había terminado con la última obra.
Al contrario: las obras habían permitido que nuevas zonas pudieran desarrollarse. Terrenos que antes eran considerados demasiado expuestos habían adquirido otro nivel de seguridad y comenzaron a ser urbanizados. La paradoja era evidente para los vecinos.
Una obra contra las inundaciones podía generar las condiciones para que aparecieran nuevas viviendas. Las nuevas viviendas podían impermeabilizar el suelo. La impermeabilización podía aumentar el escurrimiento. Y ese nuevo escurrimiento podía volver a poner a prueba la obra original.
No era una contradicción de la hidráulica. Era una contradicción del crecimiento urbano cuando no estaba acompañado por una planificación de toda la cuenca.
La reunión avanzaba entre ejemplos concretos. Un vecino mencionó las alcantarillas debajo de las vías. Habían sido observadas y, según explicaron, necesitaban limpieza. No era una represa ni una gran obra de infraestructura. Era algo mucho más pequeño.
Pero si el agua necesitaba pasar por allí durante una emergencia, una alcantarilla obstruida podía convertirse en un problema.
La prevención también estaba hecha de esas cosas. Limpiar. Revisar. Controlar. Saber qué funciona. Saber qué está tapado. No esperar a que llegue el agua para descubrirlo.
En otro momento se habló de los medios y de cómo se construía la información durante una emergencia.
Los vecinos habían aprendido que no podían depender de que alguien desde un estudio de televisión explicara lo que estaba pasando en su barrio.
La experiencia les había enseñado a producir información propia.
Era una consecuencia inesperada de aquella vieja pelea. La organización había comenzado reclamando obras y había terminado acumulando conocimientos sobre lluvias, cuencas, drenajes, tiempos de respuesta y funcionamiento de la infraestructura.
También había producido memoria.
Ortolani podía recordar nombres de funcionarios, fechas, proyectos y discusiones de décadas atrás porque para él no eran episodios separados. Formaban parte de una misma historia.
Recuerda una escena ocurrida durante la pelea por el Aliviador 2.
Juan Carlos Zabalza, exsenador por el departamento Rosario, estaba con ellos en la Vecinal cuando llegaron unas lluvias terribles. Llovió tanto que hasta cayeron piedras y las calles quedaron intransitables.
Zabalza no podía irse: no había por dónde salir, estaba todo cortado.
"Entonces, estábamos por ahí y se baja la ventanita de un auto. Y alguien mueve la mano", cuenta Ortolani, mientras reproduce con un gesto la escena que todavía recuerda. "Era Zabalza y dijo: 'No puedo salir por ningún lado'".
A partir de aquel episodio, según el relato de Ortolani, Zabalza comenzó a trabajar con ellos en lo que luego se conoció como la Ley de Incidencia Hidráulica Cero.
El principio, explica Ortolani, es que cada modificación que se realiza sobre una cuenca debe mantener sin cambios la cantidad de agua que esta recibe durante una lluvia determinada.
"En este lugar se entrega a la cuenca tanto metro cúbico de agua por segundo. Ante una característica de estas lluvias, si se hace una modificación, hay que hacer un reservorio o lo que fuera para que entregue, luego de la modificación, la misma cantidad de metros cúbicos de agua por segundo", explica.
La idea, en términos sencillos, es que una obra no genere un nuevo problema aguas abajo: si una intervención altera el escurrimiento del agua, debe compensarse de modo que la cuenca siga recibiendo el mismo caudal que antes.
La memoria volvía a servir como herramienta. No para idealizar el pasado. Para comparar.
En 1986 el agua había tardado cuatro días y medio. En 2012 había llegado en menos de un día.
Después de 1986 se habían construido obras. Después de esas obras habían aparecido nuevas urbanizaciones y otras modificaciones del territorio.
La pregunta era qué nivel de seguridad quedaba ahora. Nadie podía responderla con una frase.
Había que estudiar la cuenca completa. Había que conocer cuánta agua entraba. Cuánto podía retenerse. Cuánto podía evacuarse. Cuánto demoraba en llegar. Qué ocurría cuando el Paraná estaba alto. Qué obras existían. Cuáles faltaban. Qué se hacía aguas arriba. Y quién controlaba que cada nueva intervención cumpliera las condiciones necesarias.
Esa era la razón por la que los vecinos insistían tanto en mirar más allá de Empalme Graneros.
La inundación podía comenzar a muchos kilómetros de distancia. Un canal podía estar en otro municipio. Una urbanización podía aparecer en un campo que nadie del barrio había visto nunca. Una represa podía faltar en un lugar que parecía lejano.
Pero el resultado terminaba llegando al mismo sitio. La zona baja. El barrio. La boca del embudo.
Hacia el final de la reunión, la discusión ya no tenía la tensión de las primeras intervenciones. Habían pasado cerca de dos horas.
Algunos vecinos seguían haciendo preguntas y otros conversaban entre ellos. La cantidad de temas tratados hacía difícil encontrar una respuesta que cerrara todo.
Pero tampoco era ese el objetivo.
Una asamblea no podía construir una represa. No podía modificar de inmediato la capacidad de un emisario. No podía detener por sí sola una urbanización. No podía decidir qué obra debía financiar la Provincia.
Lo que sí podía hacer era otra cosa.
Organizar el reclamo. Poner preguntas sobre la mesa. Hacer que las autoridades respondieran. Convocar a más vecinos. Llevar la discusión al Concejo. Hablar con periodistas. Recorrer las obras. Mirar qué se estaba haciendo y preguntar qué faltaba.
Eso era lo que había funcionado en 1986. Y era lo que seguían haciendo ahora.
La organización había sobrevivido porque había aprendido que esperar no era una estrategia. Habían esperado alguna vez que las autoridades entendieran por sí solas. Después dejaron de hacerlo.
Aprendieron a pedir reuniones. A insistir. A marchar. A estudiar. A preguntar. A volver. La bandera de NuMaIn había pasado de una generación a otra de esa manera.
Muchos de los nombres recordados ya no estaban. Pero sus reclamos seguían apareciendo en las conversaciones.
Los hombres y mujeres que habían comenzado la organización después de la inundación habían dejado algo más que una lista de obras: habían dejado un método.
Ortolani era parte de esa continuidad y seguía explicando una cuenca frente a un salón lleno de vecinos.
Seguía recordando cómo había comenzado todo. Seguía contando quién había estado, qué obra se había conseguido y cuál había quedado pendiente.
No hablaba como un hombre que esperara una solución definitiva. Hablaba como alguien que había aprendido que las soluciones también envejecen.
La presa construida después de 1986 había sido necesaria. Los aliviadores también. Las obras habían reducido el riesgo. Pero la reducción del riesgo no significaba la desaparición del riesgo.
Mientras la reunión se acercaba al final, quedó planteada una agenda más concreta que la del comienzo: limpiar las alcantarillas, controlar las obras, seguir recorriendo la cuenca, pedir información, exigir reuniones, llevar el reclamo al Concejo y volver a reclamar las represas pendientes.
Nada de eso parecía espectacular.
No había una inauguración. No había una máquina nueva. No había una fecha de finalización. Había, otra vez, vecinos organizándose.
En la primera fila todavía estaban algunos de los que habían escuchado a Ortolani hablar durante buena parte de la noche. Otros seguían comentando entre ellos.
Las concejalas habían participado de la reunión y el reclamo ya tenía una próxima estación: el Concejo Municipal.
Afuera, mientras tanto, Empalme Graneros seguía siendo el mismo barrio y otro distinto. Las casas estaban donde habían estado. El terraplén seguía formando parte del paisaje.
Pero, fuera de los límites de la ciudad, el territorio también había cambiado: habían aparecido nuevas urbanizaciones, calles, canales y construcciones.
El territorio que los vecinos habían aprendido a mirar cuarenta años atrás ya no era el mismo. El agua tampoco había cambiado su naturaleza.
Seguía buscando la pendiente. Seguía acumulándose donde encontraba una depresión. Seguía entrando por donde podía. Lo que había cambiado era el camino que recorría antes de llegar.
Por eso la pregunta de aquella noche no era si iba a llover. Eso era imposible de saber con precisión. Tampoco era si el barrio se iba a inundar. Nadie allí podía prometerlo ni descartarlo. La pregunta era qué se estaba haciendo mientras todavía no había agua en las calles.
Esa diferencia explicaba buena parte de la historia de NuMaIn.
En 1986 habían esperado que la ciudad entendiera lo que estaba ocurriendo y terminaron organizándose para obligarla a hacerlo.
Después llegaron las obras. Con ellas llegó una mayor seguridad. Y cuando el territorio volvió a cambiar, los vecinos volvieron a reunirse.
La obra pública, para ellos, no podía aparecer solamente después de una catástrofe. Tenía que llegar antes. Y, una vez construida, había que seguir controlándola.
Porque tampoco alcanzaba con inaugurarla. Había que saber qué pasaba aguas arriba. Qué pasaba aguas abajo. Cuánto recibía el sistema. Cuánto podía evacuar. Qué faltaba. Quién debía hacerlo. Quién lo estaba controlando. Y qué ocurriría si la respuesta llegaba demasiado tarde.
Cuarenta años después de aquella inundación, Lalín Ortolani seguía allí, rodeado de vecinos, hablando de una historia que no había terminado.
Los hombres cuyos nombres habían sido recordados al comienzo ya no podían participar de la discusión. Pero otros habían ocupado sus lugares.
La reunión terminó sin una nueva represa, sin una obra anunciada y sin una solución definitiva. Terminó con algo más modesto y, para quienes conocían la historia, bastante más importante: la decisión de seguir.
No esperar a que el agua volviera para preguntar qué había pasado. Preguntar antes. Mirar antes. Reclamar antes. Porque las obras podían reducir el riesgo, pero no podían detener el tiempo ni impedir que el territorio siguiera transformándose.
Y si el agua alguna vez volvía a poner a prueba todo lo construido desde 1986, los vecinos querían poder decir que, esta vez, habían estado allí antes de que llegara.
