martes, 31 de mayo de 2022

Paro en Clarín y Olé: La empresa se victimiza, la asamblea dice basta

Otra paritaria a espaldas de la asamblea, igual o peor que las anteriores, agitó la indignación. Con un mail institucional en el que no se explican con claridad los alcances de una recomposición tan insuficiente como humillante, arrancó la jornada de lucha con paro de 24hs en Clarín, Olé, revistas y publicaciones de AGEA.

Ante la victimización de la empresa, que por un lado invierte más de 300 millones de pesos en acciones de otras compañías, y, por el otro, sostiene a 6 de cada 10 de sus redactores y redactoras con salarios por debajo de la canasta básica, la respuesta fue unánime: ¡Basta!

No se puede responsabilizar a la empresa de la crisis económica del país, pero sin dudas AGEA es responsable de la gravísima situación económica que atraviesa el sector de prensa escrita: comandan la cámara AEDBA que año tras año firma paritarias con un gremio trucho que no tiene afiliados ni afiliadas en ninguno de los principales medios periodísticos. Y lo hace sistemáticamente por debajo de la inflación, para financiar sus negocios con la miseria de nosotros, las trabajadoras y los trabajadores, al punto que muchos necesitamos pedir dinero prestado para cuestiones tan básicas como pagar el alquiler o comprar pañales para hijas e hijos.
Esta situación límite, además, tiene otros afluentes: la precarización laboral, el aumento de la cantidad y complejidad de trabajo, la permanente falta de proyecto, la incertidumbre como moneda corriente, los destratos y las condiciones en las que realizamos nuestras tareas generan un cóctel explosivo. Un simple ejemplo, las periodistas y los periodistas de AGEA absorben el costo de la televisión cable, del teléfono y de la conexión a Internet en sus domicilios, siendo que la empresa es la principal proveedora del servicio en el país. Situación que se agudizó durante la pandemia.

Estamos hartos y hartas. Porque lo padecemos, sabemos del #PeriodismoEnEmergencia. Las condiciones de trabajo y la depreciación de nuestros salarios atentan contra el libre ejercicio de nuestra tarea. Nos arrastran al pluriempleo y condicionan la libertad de expresión cuando el negocio de los jefes son los canjes y la pauta publicitaria para espacios por fuera de la redacción. Queremos hacer el mejor periodismo posible, producir contenidos de calidad para todas las plataformas. Nos capacitamos a costa de nuestros precarizados bolsillos y a pesar de las limitaciones que nos imponen todos los días. Para eso necesitamos salarios dignos, porque garantizar el derecho al trabajo es, únicamente, con sueldos a la altura.
Asamblea Clarín/AGEA - SiPreBA

lunes, 30 de mayo de 2022

Trabajador de televisión deberá ser resarcido por cableoperadora y productora que negaban el vínculo laboral

El Superior Tribunal de Justicia confirmó una sentencia que obliga a un cableoperador y a una productora publicitaria de contenidos de Viedma a indemnizar a un trabajador por un "reclamo por diferencias de haberes y resarcimiento por despido". El litigio giró en torno a si era un empleado o un trabajador independiente y también, eventualmente, para cual de las dos empresas prestaba servicios.

La Cámara había tenido por probado que el trabajador se desempeñó para la productora "en tareas de venta y cobranza de publicidad audiovisual así como en la producción de contenidos televisivos comercializados" por el cableoperador. Realizaba "tareas técnicas atinentes al informativo del canal".

Los jueces laborales habían acreditado la subordinación del trabajador respecto a la productora, "cuya administración lo autorizara a realizar gestiones en su nombre, ejerciendo además sobre él su facultad disciplinaria".

Advirtió también que "sus labores técnicas en el informativo del canal, de edición de programas y transmisiones desde el exterior, así como de limpieza y mantenimiento de equipos, encuadraban en las de técnico de mantenimiento electrónico de 2da. categoría del Grupo Dos del CCT 223/75"

Las firmas Supercanal y Antaxus S.A. habían negado la regularización laboral, por lo que el trabajador se dio por despedido. Respecto a a empresa cableoperadora en primera instancia los jueces tuvieron en cuenta que "dicha firma se hallaba habilitada por los organismos competentes para prestar servicio de radiodifusión por suscripción mediante vínculo físico y que, por ende, su actividad se hallaba regida por la Ley 26522".

Según la Cámara, quedó por lo demás acreditado que Antaxus SA se dedicó a programas periodísticos de interés general e informativo local con producción publicitaria, transmitidos por el canal de televisión por cable explotado por Supercanal SA; es decir, productos emitidos y publicitados por la señal -y desde el edificio- del cableoperador".

De esta manera, "al delegar Supercanal SA tal producción y comercialización de su programación, aun parcialmente, desatendió con ello lo establecido en el art. 44 de la Ley 26522, es decir, el carácter indelegable del servicio de comunicación audiovisual por parte de la firma adjudicataria de su licencia o autorización".

Argumentos encontrados
La empresa cableoperadora argumentó entre otras cuestiones que el trabajador facturaba servicios relacionados con la actividad, por lo que "era un prestador independiente".

Explicó que "el mero cotejo de la actividad societaria de Supercanal no permite relacionarlo con la venta de publicidad y cobro de la misma por parte del trabajador, tanto menos teniendo en cuenta que se habría acreditado que él efectuaba servicios de publicidad con autonomía".

El trabajador dijo que "se encontraba desde el principio en una relación laboral sin registración formal, de suerte que desconocía absolutamente quien era su empleador y, en ese mismo orden de ideas, tampoco sabía qué tipo de vínculo jurídico unía a las empresas demandadas".

Expuso una nota del presidente de la productora a Edersa, que lo autorizaba a gestionar en nombre de aquella. También los correos electrónicos entrecruzados con los directivos de ambas empresas.

El fallo del Superior Tribunal de Justicia
El Máximo Tribunal describió que las cuestiones apeladas, como "la existencia misma de la relación laboral", o las tareas desarrolladas por el trabajador, no correspondían a esta instancia.

El STJ aseveró que los jueces de la instancia anterior no se limitaron a los dichos de un solo testigo, como dice la apelación. Antes bien, tomaron en cuenta las pericias informáticas, los correos electrónicos, 12 talonarios de facturas, entre otras pruebas.

También recalcó que la "relación laboral no requería legalmente para ser tal de exclusividad en la prestación del trabajador para con Antaxus SA, o en su caso, para con Supercanal SA".

Agregó que "en este sentido no era obstáculo que el demandante tuviera un emprendimiento particular, porque, en definitiva, en lo que hacía a las codemandadas, actuaba como un trabajador dependiente".

Para el STJ, quedó "acreditado que el actor no sólo hacía venta y cobranza de publicidad sino diversas actividades correspondientes al giro normal y específico de Supercanal SA, conforme lo ponderó en definitiva acertadamente el tribunal de grado".
Fuente: STJ

Ucrania: Un periodista francés fue asesinado en Donbass

Frédéric Leclerc-Imhoff, trabajaba para el canal de televisión francés BFMTV. El jefe de la administración militar de la zona ha indicado que la muerte se ha producido durante un ataque ruso contra un vehículo blindado de evacuación.

El periodista fue asesinado por las fuerzas armadas rusas cerca de Severodonetsk. Así lo anunció Serhiy Haidai, gobernador de Lugansk, según informó The Guardian. Leclerc-Imhoff, resultó herido en el cuello mientras seguía la evacuación de civiles en la región. Según un tuit de Ukrainska Pravda, sería Frédéric Leclerc Imhoff.

"Hoy nuestro vehículo blindado de evacuación estaba a punto de recoger a diez personas de la zona y quedó bajo fuego enemigo. La metralla de las balas atravesó el automóvil, un periodista francés acreditado resultó herido de muerte en el cuello. Estaba recogiendo material sobre la evacuación", escribió Haidai en Telegram, y añadió que "un policía de patrulla se salvó porque llevaba casco".

Haidai indicó que la muerte del periodista se produjo durante un ataque contra un vehículo blindado de evacuación en la zona, operación que fue suspendida.

La foto de la acreditación de prensa de Frédéric Leclerc-Imhoff, emitida por el Ministerio de Defensa de Ucrania, fue publicada por Ukrainska Pravda, pero de momento no hay confirmación oficial. Hoy se encuentra en Kiev la ministra francesa de Asuntos Exteriores, Catherine Colonna.

Poco antes, Haidai había informado de dos civiles muertos y cinco heridos por un bombardeo en a las afueras de la localidad. Además, ha alertado de que en la zona se están produciendo "fuertes enfrentamientos" a medida que las tropas rusas han entrado en zonas del sureste y noreste de la ciudad.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, acusó el domingo a última hora a Rusia de dañar el 90 % de las casas de la ciudad de Severodonetsk y alertó de que los atacantes querían izar su bandera en el edificio de la administración de Severodonetsk, que se encuentra en el Bulevar de la Amistad de las Naciones.
Fuente: ilriformista

domingo, 29 de mayo de 2022

Papel Prensa: el monopolio ataca de nuevo

El precio del insumo básica para cualquier medio gráfico aumenta por encima de la inflación. Las consecuencias y el peligro para la actividad
Por: Federico Amigo (@amigofede), presidente de la Cooperativa Por Más Tiempo

La tonelada de papel de diario costaba 54.300 pesos cuando comenzó 2021. Once días después ya había subido un 8%, para alcanzar los 58.600 pesos cada mil kilos. La escalada nunca se detuvo. El valor actual es de $ 114.115 y en los últimos 17 meses computa un incremento mayor al 110 por ciento. Le gana a la inflación en un contexto en el que los precios se disparan sin control.

Los aumentos impuestos por Papel Prensa SA, empresa controlada en forma mayoritaria por Clarín y La Nación, son una constante. Actúan como una censura silenciosa –y sin pausa– para cientos de medios gráficos de todo el país cuyo insumo principal es el papel de diarios. Los incrementos no son estacionales ni responden a las diversas crisis o las coyunturas. Tampoco a un fenómeno propio de la actividad. Los dos principales periódicos del país se adueñaron de la empresa durante la última dictadura y crecieron sobre la base de la apropiación ilegal de la compañía. Si el actual mapa de medios –cada vez más concentrado– tiene al Grupo Clarín en lo más alto del podio como el mayor conglomerado de la Argentina, se debe en gran parte a esa maniobra ejecutada por los altos mandos militares en complicidad con un sector empresario. Tiempo lo denunció en una investigación especial en 2010.

El sector autogestivo lleva años señalando la gravedad de la situación, que no solo responde a una cuestión de precios: también afecta a la pluralidad de voces porque, sin papel, no hay medios gráficos. Su valor condiciona la actividad por completo. Al igual que ocurre en Tiempo, para todas esas experiencias este insumo fundamental representa el gasto más grande en la estructura de costos y cada aumento pone en riesgo la propia existencia. Y también cercena el derecho a la información de las audiencias.

Desde sus inicios como cooperativa, Tiempo absorbe buena parte del aumento del papel por una razón fundacional: cuidar la asociación que fortalecimos con las lectoras y los lectores, los principales destinatarios de nuestra tarea periodística y quienes nos sostuvieron en los momentos más críticos.
El precio de tapa del diario dominical aumentó apenas tres veces en los últimos 18 meses. Desde junio, cada ejemplar valdrá 190 pesos. En cambio, Papel Prensa suele decretar incrementos casi todos los meses del año. La corporación inventó sus propias reglas para, entre otros beneficios, ganarle siempre a la inflación sin importar el contexto.

Las consecuencias, sin embargo, son a largo plazo y más graves que el impacto concreto en los costos de producción de un periódico. De manera silenciosa, constante y casi sin oposición, dañan la libertad de expresión en un sistema de medios cada vez más desigual, concentrado en unas pocas manos y dominado por las corporaciones.
Foto: Mariano Martino
Fuente: Tiempo Argentino

Periodistas se capacitaron para abordar noticias sobre suicidios

En un taller para periodistas se trató cómo citar el tema en los medios, que datos brindar, o el uso de la terminología empleada por parte de los comunicadores.
Responsables del equipo técnico de la Defensoría del Pueblo, llegaron a Concepción del Uruguay y sostuvieron una reunión de trabajo con periodistas de la ciudad para abordar el tratamiento del suicidio en los medios de comunicación. La actividad fue organizada por la Dirección de Salud Mental en conjunto con la Asociación de Periodistas del Departamento Uruguay.

Días pasados, Sofía Hammoe, integrante de la Dirección de Capacitación y Promoción y, Romina Paolino, directora de Análisis, Investigación y Monitoreo de la Defensoría del Público llegaron hasta Concepción del Uruguay, para participar de una jornada de trabajo y capacitación a periodistas de la ciudad y la región, sobre la temática del suicidio: Como citar estos temas, que datos brindar, que datos no pueden brindarse, como tratarlos, entre otras características como el uso de la terminología empleada por parte de los comunicadores.

El encuentro se realizó en el salón de Sesiones del Concejo Deliberante, y allí, las funcionarias explicaron con ejemplos las distintas modalidades de tratamiento de un tema, del que poco se habla desde la prevención, algo que se intentará incrementar en adelante.

Cabe destacar que este es un tema que se intenta abordar desde la Dirección de Salud Mental en las escuelas, en los clubes, y en todas las instituciones a las que se convoque al equipo técnico municipal.

La Defensoría del Público
La Defensoría del Público tiene la misión de promover, difundir y defender el derecho a la comunicación democrática de las audiencias de los medios de comunicación audiovisual en todo el territorio nacional.

Su existencia se sustenta en una concepción del Derecho a la Libertad de Expresión que contempla las facultades y obligaciones de quienes producen y emiten y también de quienes son receptores/as de medios. En este sentido, la figura del Defensor del Público oficia de intermediaria entre ambos extremos en representación de los intereses y derechos de las audiencias. Es articuladora entre los distintos sectores y actores de la comunicación y el público.

La Defensoría, es una organización bicameral que depende del Poder Legislativo Nacional. Recibe y canaliza las consultas, reclamos y denuncias del público para que sus derechos ciudadanos como receptores de medios sean respetados. Por eso, promueve la participación y el debate y lleva adelante una tarea pedagógica para explicar en qué consiste el derecho a la comunicación, cómo ejercerlo y cómo reclamar si no es respetado.

La función de la Defensoría del Público es contribuir, desde su especificidad, a la profundización de un nuevo mapa comunicacional desde el paradigma de Derechos Humanos y los valores democráticos.

Una perspectiva respetuosa
Por: Sergio Brodsky
Una vez me convocaron para dar una charla informativa de prevención del suicidio en un pueblo pequeño, donde tres vecinos se habían quitado la vida en el término de un mes. Uno de los asistentes, a modo de confesión, expresó que todo el pueblo -como en Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez- sabía que una de esas historias podía tener un trágico final.

Con una actitud que contenía algo de vergüenza y picardía a la vez, el participante de la jornada dijo que allí todos saben algo del vecino, murmuran; "pueblo chico, infierno grande", reparó.

En secreto se decía que la infidelidad y el maltrato del esposo de la mujer suicidada era la causa de su aspecto depresivo, lloroso, angustiado, que llevaba por la calle en los días previos a quitarse la vida. Pregunté si acaso se hubiera podido hacer algo para evitar el desenlace trágico. El encuentro entonces giró alrededor de esa idea. En el ida y vuelta de pareceres, se fue alentando la convicción de que contenerla, interactuar con ella, invitarla a "matear", acompañarla para radicar una denuncia por violencia, o buscar una asistencia profesional la hubiera ayudado, tal vez, a encontrar otras vías para su dolor.

La prevención de las conductas suicidas, desde una perspectiva comunitaria, participativa, requiere de la construcción de esos lazos solidarios. Precisamente lo contrario del chisme, ese goce cruel sobre la desdicha del otro.

Como vemos, chusmerío y empatía se oponen: el predominio de uno u otro revela la relación y el posicionamiento que una comunidad tiene frente al dolor del otro. Así, la prevención del suicidio supone, en lo esencial, una ética de la preocupación por el semejante.

El ejemplo sirve para reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación, que muchas veces, en el tratamiento de casos de suicidio, se comportan como vecinas con ruleros.

En otra ocasión, durante una charla dirigida a comunicadores, un periodista me preguntó qué haría en su lugar, cómo reaccionaría cuando la audiencia escribiera mensajes demandando información cuando se produjera un suicidio.

Al fundamentar, el trabajador de prensa aseguró que los lectores quieren saber todo: las causas de la determinación, si hubo infidelidades, quiebres económicos, alguna pasión insana, y cuál fue el método.

Ante la interpelación, se me ocurrió proponer que una buena idea sería remitirle la pregunta al inquisidor, para confrontarlo con su propia morbosidad. "¿Qué quiere saber, por qué?", le diría. Con paciencia le explicaría que la víctima y su familia, sus amigos, su sufrimiento, merecen respeto. Por eso, sencillamente, no publicaría ese tipo de información.

Si tuviera un poquito más de tiempo, hablaría del efecto Werther, ese contagio dominó, o conducta imitativa que una cobertura sensacionalista de los suicidios puede generar.

Lo curioso es que este intercambio era parte de una charla dirigida a comunicadores, sobre el rol de los medios en el tratamiento de la autodeterminación. Ante mi respuesta, el consultante se retiró de la sala.

Otra situación puede abonar esta reflexión. Recientemente, en San Salvador, familiares de una persona que se quitó la vida postearon en las redes sociales su indignación, debido a que fue filmada, fue revelado su nombre, y la forma en la que se suicidó, por parte de un medio de comunicación. La noticia también contenía una interpretación simplificada de los motivos, cuando se sabe que el suicidio es un fenómeno multidimensional.

Cuando a uno de los periodistas involucrados se lo cuestionó -a partir de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, acerca de cómo debe ser una cobertura responsable de los hechos de suicidio- respondió exaltado que no creía "en esas estupideces". Para él, evidentemente, no era cierto lo que los hechos han comprobado; es decir, el efecto Werther.

El contagio
Es oportuno recordar lo señalado por el psiquiatra, filósofo y psicoanalista francés Jacques Lacan. "Ciertamente el suicidio posee una belleza horrenda que lleva a los hombres a condenarlo de forma tan terrible, y también una belleza contagiosa, que da lugar a esas epidemias de suicidio de lo más reales en la experiencia".

Por su parte, el escritor alemán Johann Wolfgang Goethe, produjo, a fines del siglo XVIII, una novela que traducía, talento literario mediante, un drama personal: un desengaño amoroso del autor que lo deprimió profundamente. En ese contexto, necesitó "escribir para no morir", como decía Alfonsina Storni.

A su obra, la llamó "Las penas del joven Werther". Cuenta la historia de un enamorado no correspondido, cuya frustración termina en la determinación suicida. La publicación de este libro generó la conducta imitativa de cientos de jóvenes en toda Europa, al punto tal, que fue prohibida en varios países.

El sociólogo norteamericano, David Philips, fundamentó, a través de sus investigaciones, hipótesis sobre el efecto dominó que generó la novela de Goethe.

Lo que Philips corroboró es que cuando el diario New York Times publicaba de modo sensacionalista hechos de suicidio, estos se incrementaban notablemente. Más aún cuando se trataba de una celebridad. A este efecto contagio, imitativo, lo llamó efecto Werther.

Con los años, estos hallazgos llevaron a la Organización Mundial de la Salud a recomendar pautas para la cobertura responsable de este tipo de casos. Entre otras sugerencias, se encuentra la de no publicar el suicidio en tapa; no mostrar imágenes de la persona que se quitó la vida; no dar detalles sobre el método utilizado ni el escenario del suceso; no dar explicaciones simplistas; y no circunscribir el suicidio a una solución a problemas y, mucho menos, asociarlo a causas hipotéticamente nobles.

En el mismo sentido, en un material llamado "Abordaje de la problemática del suicidio en los medios: claves para una comunicación responsable", el Ministerio de Salud de la Nación y la Defensoría del Público, aconsejan "desarrollar un abordaje riguroso e integral, evitando conjeturas y difusión del método. El suicidio tiene muchas dimensiones y causas. Por eso se sugiere evitar la difusión de hipótesis y análisis personales sobre los hechos y las causas que pudieron derivar en un suicidio o en su intento".

Del mismo modo, la ley nacional de prevención del suicidio, 27.130, establece la necesidad de la capacitación de los medios de comunicación para brindar una cobertura responsable.

El valor de preguntar
Más allá de lo que puntualmente indican las normas, parece claro que se precisa de políticas públicas que ayuden a transformar la instalada cultura del morbo, por otra más respetuosa de las personas.

Lamentablemente sigue predominando el "como si" de los programas estatales, quedando desprotegidas muchas personas y sus familiares. Sobre todo, en este contexto pandémico y post pandémico que fragiliza aún más las condiciones de la salud mental de la población.

El periodista de San Salvador que, como muchos otros, no tuvo reparos en humillar a la víctima y a su entorno familiar, dijo que su deber era informar. Está claro que sí; pero no de ese modo.

Hay que decir que los comunicadores pocas veces interpelan con el mismo ahínco a las autoridades, y que casi nunca preguntan y repreguntan sobre una realidad tan grave y penosa a los responsables de tratarla. Tampoco se animan a interrogar a los funcionarios sobre la existencia y/o eficacia de programas de prevención del suicidio. Claro, pareciera que es más sencillo ejercer ese "deber de informar" lastimando y mancillando a la víctima y sus allegados.

Buenas prácticas
Así como hay experiencias cuestionables, hay otras que merecen ser destacadas por el compromiso y el valor de sus aportes.

Por iniciativa del municipio de Los Charrúas, el psicólogo Sergio Brodsky fue convocado para abordar este asunto complejo, como el suicidio, que ha generado inquietudes en esta comunidad. Entre las estrategias desplegadas aparece la participación durante media hora en un programa radial que conduce Walter Schvintt, en FM Sol.

En ese micro, se comparte información preventiva básica para la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio.

La audiencia participa y en los intercambios se explica por qué el suicidio se puede prevenir, cuáles son los factores protectores y de riesgo, a qué le llamamos indicadores de riesgo, de qué modo se puede ayudar, y temas conexos como la depresión, las adicciones, o el bullying.

Así, un medio de comunicación contribuye a que se venzan prejuicios que pesan sobre ir al psicólogo, y se aprovecha para compartir teléfonos de equipos que prestan asistencia.

Como vemos, la comunicación social tiene mucho que hacer en estos temas vinculados a las transformaciones en la cultura y en las formas de pensar.
Fuentes: UNO Entre Ríos y El Diario

viernes, 27 de mayo de 2022

Al Jazeera presentará asesinato de periodista Abu Akleh en la Corte Penal Internacional

La cadena de televisión ha acusado desde el principio a las fuerzas israelíes por la muerte de su reportera.

La cadena de televisión catarí Al Jazeera anunció que llevará el caso del asesinato de su periodista Shireen Abu Akleh, del que acusa a Israel, a la Corte Penal Internacional (CPI).

Al Jazeera "ha formado una alianza legal internacional que incluye a sus abogados y a expertos internacionales para preparar un expediente completo sobre el caso y mandarlo al fiscal de la Corte Penal Internacional", indicó el canal en un comunicado. El medio reiteró en la nota su compromiso para "recurrir a todas las vías posibles para llevar a los responsables del asesinato a la justicia internacional para que reciban el castigo legal que merecen".

El anuncio de Al Jazeera se produce después de que el fiscal general de la Autoridad Nacional Palestina, Akram al Kahteeb revelara los resultados de una investigación sobre la muerte de la periodista palestina, ocurrida el pasado 11 de mayo en la ciudad de Yenín, en el norte de Cisjordania ocupada, y apuntara a las tropas israelíes. El fiscal palestino afirmó que Abu Akleh y otros periodistas que la acompañaban ese día fueron disparados deliberadamente, por lo que calificó su muerte como un crimen de guerra. Tras el informe, el ministro de Defensa israelí, Beny Gantz, rechazó categóricamente que el Ejército le disparara deliberadamente a Abu Akleh: "Es una mentira descarada", dijo en un comunicado.

El Estado judío, que un principio afirmó que los autores de los disparos que acabaron con la vida de la reportera fueron milicianos palestinos, aseguró posteriormente que no contaba con información suficiente para atribuir responsabilidades.
Fuentes: DPA y EFE

Amazon Prime Video anuncia la segunda temporada de Iosi, el espía arrepentido

Amazon dio luz verde para la segunda temporada de la serie creada por Daniel Burman y protagonizada por Gustavo Bassani y Natalia Oreiro, cuya primera temporada, ya disponible en la plataforma, es una de las más comentadas de los últimos tiempos.

Amazon Prime Video anunció hoy que dio luz verde para la segunda temporada de la serie "Iosi, el espía arrepentido", creada por Daniel Burman y protagonizada por Gustavo Bassani y Natalia Oreiro, cuya primera temporada, ya disponible en la plataforma, es una de las más comentadas de los últimos tiempos.

Además, la empresa informó que los intérpretes israelíes Moran Rosenblatt (reconocida por serie como "Fauda" y "Hit & Run") y e Itzik Cohen (también actor de "Fauda") se sumarán al elenco ya establecido por Natalia Oreiro, Gustavo Bassani, Mercedes Morán, Alejandro Awada, Carla Quevedo, Minerva Casero, Marco Antonio Caponi, Daniel Kuzniecka, Matías Mayer, Juan Leyrado, Damian Dreizik, Carlos Belloso, Roly Serrano y César Troncoso.

Ambientada en 1994, la segunda temporada de la serie aborda el atentado al edificio de la AMIA, que dejó 85 muertos y que al día de hoy no tiene culpables de la conexión internacional, aunque por la local sí fueron juzgados y detenidos miembros de las fuerzas de seguridad y personas vinculadas a ellos.

"La nueva temporada nos muestra a nuestro protagonista, Iosi (Bassani), prófugo y decidido a hablar públicamente con la ayuda de un famoso periodista, cuando el servicio de inteligencia israelí le pide investigar el secreto mejor guardado de los traficantes de armas argentinos: el misil Cóndor", indicó Amazon Prime Video en un comunicado.

Los ocho episodios de la primera temporada se centran en la historia de José Pérez, luego rebautizado como Iosi Peres, un espía que la policía planta bajo la delirante aunque popular teoría conspirativa antisemita de que Israel preparaba el “Plan Andinia” para anexarse la Patagonia.

La serie muestra cómo Pérez/Peres recoge información durante años pero que luego inicia un camino redentor tras comprobar que su trabajo pudo ser usado para perpetrar los terribles atentados a la Embajada de Israel y la AMIA.

Burman, que codirigió la serie con el también cineasta Sebastián Borensztein, abordó así desde un ángulo nuevo el universo de la comunidad judía de Buenos Aires, que visitó acaso con un enfoque más cercano a la comedia o comedia dramática en filmes como “Esperando al Mesías” (2000), “El abrazo partido” (2003) o “El rey del Once” (2016).

La segunda temporada de Iosi, El Espía Arrepentido estará disponible exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios a nivel mundial.
Fuentes: Agencia TelAm, Señales

jueves, 26 de mayo de 2022

Expertos reiteran que las plataformas digitales deben pagar por el uso de sus contenidos noticiosos

Expertos de medios de comunicación reiteraron que las plataformas digitales deben pagar una retribución justa y razonable por el uso de los contenidos que aquellos generan. Lo plantearon en un panel sobre la sostenibilidad de la industria periodística organizado ayer por el Diálogo Interamericano (IAD).

Durante la actividad "Sostenibilidad de los Medios en la Era de Plataformas Digitales", el presidente de la SIP, Jorge Canahuati Larach, dijo que "la buena salud económica de los medios de comunicación es un atributo fundamental de su independencia, y esta es a su vez esencial para el papel que los medios tienen en una sociedad".

Canahuati, CEO de Grupo Opsa, de Honduras, dijo que la pandemia aceleró la crisis económica de la industria periodística, a la que se sumó el deterioro de su mayor sustento, la publicidad, que en el ámbito digital fue absorbida en un alto porcentaje por las grandes plataformas globales.

Danielle Coffey, vicepresidenta ejecutiva de la News Media Alliance, de Estados Unidos, enfatizó que, gracias a internet, "la audiencia y la demanda por más contenido se ha multiplicado por 10 en la última década", pero, paradójicamente, "los ingresos de los medios se redujeron al 50%". Agregó que esa anomalía se debe a que Facebook y Google se quedan con los beneficios de la distribución de los contenidos periodísticos y de la publicidad que generan con ellos.

Sobre el proyecto de "Ley de Competencia y Preservación del Periodismo (JCPA, en inglés) —que podría ser presentado al pleno antes de fin de año, según lo explicaron congresistas de ambos partidos a la misión de la SIP—, Coffey dijo que se fortaleció debido a decisiones regulatorias en otros países. Explicó que la ley permitirá y obligará a los medios y a las plataformas a negociar un precio justo por los contenidos noticiosos.

Ante una pregunta de Santiago Canton, director del Programa Legal Peter D. Bell Rule de IAD y moderador del panel, Martín Etchevers, presidente de la Comisión de Asuntos Legales de la SIP, dijo que, si bien "son valorables las iniciativas de Google y Facebook para llegar a acuerdos voluntarios con los medios", estos "están lejos de ser justos y razonables". Y agregó: "Tenemos que sentarnos en una mesa de diálogo para lograr que las compensaciones sean de común acuerdo".

Sobre la resistencia de las plataformas a pagar por los contenidos noticiosos, Etchevers, gerente de Relaciones Externas de Grupo Clarín, de Argentina, indicó: "Observamos que en aquellos lugares donde hubo un abordaje legal (Australia y países de la Unión Europea) se alcanzan compensaciones mucho más relevantes, incluso antes de que se aplique la negociación legal obligatoria".

A su vez, Canahuati dijo que "las empresas digitales no deben escatimar esfuerzos para respaldar a los medios, no solo por razones de derecho intelectual, sino porque los contenidos periodísticos les ayudan a contrarrestar la desinformación y las noticias falsas de sus plataformas".

Etchevers agregó que no se entiende que las plataformas se resistan a pagar por el valor de una creación intelectual como son las noticias, cuando no se discute el valor de la música o de una creación cinematográfica. "¿Por qué tenemos que discutir el valor de los contenidos periodísticos, cuando es absolutamente comparable en términos de protección a cualquier otra creación?", preguntó el panelista.

Canton, quien fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Relator Especial para la Libertad de Expresión, consideró que los organismos del Sistema Interamericano podrían ser incentivados para establecer estándares sobre la sostenibilidad de los medios, la libertad de prensa y los desarrollos digitales, como beneficios directos para las democracias.

Canahuati y Etchevers integran una delegación internacional de la SIP que permanecerá hasta el 27 de mayo en Washington, DC, en reuniones con congresistas y funcionarios estadunidenses, embajadores de la Organización de Estados Americanos y con el secretario general de ese organismo, Luis Almagro, por temas de libertad de prensa y sostenibilidad de los medios.

También integran la misión de la SIP, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, director periodístico de La Voz del Interior, Argentina; Andrea Miranda, miembro de la Junta de Directores, editora general del Grupo Debate Media, México; Sebastián Pastor, secretario general de las Asociación de Medios de Comunicación de Honduras (AMC) y director ejecutivo de la Fundación Televicentro, Honduras, y Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP. Gilberto Urdaneta, miembro del Comité Ejecutivo de la SIP, de El regional del Zulia, Venezuela, así como las representantes del Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa (RCFP, en inglés), Lisa Zycherman, directora jurídica adjunta y asesora política, y Sasha Dudding, abogada, participan en varias de las reuniones.
Otros aspectos relevantes que emergieron del panel

Canton: "La situación económica endeble en la que se encuentran los medios representa una amenaza para la libertad de expresión y, como consecuencia, para la fortaleza de la democracia". En referencia a las regulaciones en otros países, dijo: "El objetivo para nuestra región no es copiar las soluciones externas, pero sí crear una que funcione en el contexto político, social y económico de las Américas".

Canahuati: "Debido a las crisis económicas, en todos los países vemos la retracción de los medios y cómo las arenas de los desiertos informativos se están expandiendo". Sobre las consecuencias, agregó: "Sin información local de calidad e independiente, las comunidades no suelen comprometerse con los procesos electorales; la corrupción aumenta, así como las injusticias y las violaciones a los derechos humanos".

Coffey: "Es importante recordar que no hay nada comparable a un derecho sostenible. No podemos descansar en pagos benevolentes que están por fuera de regulaciones o del ámbito legal. Nunca van a reflejar o acercarse a reflejar el verdadero valor de mercado, porque, por definición, en un mercado que está roto, siempre hay un monopolio dominante que obviamente disfruta del statu quo".

Etchevers: "América Latina es la región del mundo donde más se destruyó la publicidad tradicional y no está compensada por la publicidad digital. El crecimiento de la publicidad digital no compensa las pérdidas de las fuentes de ingresos tradicionales. Es un fenómeno que atraviesa a toda la industria periodística y que debe ser abordado como se hizo en Canadá, Europa y Australia, de una manera transversal a toda la industria periodística".
Fuente: Sociedad Interamericana de Prensa

Rosario: El TresTV se consolida como el canal más visto de la región

En Rosario el canal de Televisión Litoiral, el TresTV se consolida como líder en la ciudad y la región sumando a más de 300 mil hogares a través de DirecTV, penetrando en la ciudad de Santa Fe y en la provincia de Entre Ríos. Además, los 10 programas más vistos, según datos de IBOPE, son de elTresTV.
La emisora televisiva emite su señal por el Canal 3 analógico, 32.1 en la TDA, en Express y Cablevisión, entre otros espacios lo que le permite alcanzar una audiencia estimada en 3 millones de personas.
Los 10 programas más vistos de Rosario son de elTresTV, muchos de contenido local: "Antes de Salir", "Cada Día", el clásico "De 12 a 14", con más de 35 años en el aire, y la versión local de "Telenoche". Desde el canal, explicaron que se trata de programas de producción local que lideran la audiencia y marcan la agenda de la ciudad de Rosario.

lunes, 23 de mayo de 2022

Dinamarca aprueba impuesto para servicios de streaming para apoyar la televisión local

Los legisladores de Dinamarca acordaron que los servicios globales de transmisión de TV como Netflix, Amazon y Disney deben pagar un impuesto del 6 % de sus ingresos en el país para apoyar la producción de televisión local.

El proyecto de ley, que se acordó el sábado, se produce cuando los gobiernos de toda Europa intentan obtener apoyo para la producción local de películas y televisión tras el rápido aumento de la popularidad de los servicios de transmisión.

"Dinamarca debe ir lo más lejos posible para brindar un buen servicio público a los niños y jóvenes, que pueda servir como una alternativa real a las plataformas de los gigantes tecnológicos y al contenido extranjero", dijo el sábado el Ministerio de Cultura en un comunicado.

Asimimso, el funcionario danés agregó que el panorama mediático fragmentado tras la entrada de los servicios de transmisión global "puede desafiar la cohesión y el diálogo democrático en nuestro país".

Suiza y Portugal han introducido medidas similares y España planea introducir un impuesto.

Los servicios de transmisión de Estados Unidos ya han realizado varias producciones en Dinamarca. Recientemente, Netflix se asoció con la emisora ​​danesa DR para producir la cuarta temporada de "Borgen", que se emitió este año.
Fuente: Reuters

domingo, 22 de mayo de 2022

PáginaI12: La otra mirada de sus trabajadores

Nosotros y nosotras, trabajadorxs que hacemos PáginaI12 todos los días buscando que efectivamente decir “la otra mirada” tenga sentido.

Nosotras y nosotros, lxs lectorxs consecuentes a lo largo de 35 años y también aquellxs que nos fuimos sumando en estas décadas por la cobertura periodística de temas de género, lgbtiq, arte, por el respeto por las militancias y los logros políticos de las juventudes.

Nosotros y nosotras, socixs que sostenemos el diario con un aporte mensual y fuimos invitades a discutir su futuro y actualidad.

Nosotras y nosotros, protagonistas de distintos ámbitos como la política, la cultura, los Derechos Humanos, el deporte y la sociedad toda, que siempre encontramos en PáginaI12 la posibilidad de decir, de debatir, de mostrar lo que hacemos, de politizar nuestro hacer.

Nosotros y nosotras, familiares de detenidos-desaparecidos, de asesinados y sobrevivientes de la última dictadura cívico-militar, quienes siempre encontramos en PáginaI12 eco de nuestras demandas de Memoria, Verdad y Justicia, y una manera de honrarlos a través de la publicación de recordatorios.

Nosotras y nosotros decimos:
Que en este 26 de mayo, la celebración por los 35 años de un diario que irrumpió entre la prensa hegemónica para quedarse, a pesar de las crisis políticas y económicas, se ve opacada por las condiciones en las que sus trabajadorxs llevan adelante sus tareas cotidianas.

Porque el Grupo Octubre, propietario del diario desde 2016, depreció sus salarios hasta colocarlos por debajo del valor de una canasta básica: la gran mayoría cobra sueldos por debajo de la línea de pobreza.

Porque el Grupo Octubre, para profundizar su cometido, no recibe a la Comisión Interna del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), los legítimos representantes de un amplio colectivo de trabajadorxs que debate y vota medidas de lucha en asambleas. Es sepulcral el silencio de la empresa que lidera Víctor Santa María frente a las demandas de quienes llenan las páginas del diario.

Porque lxs trabajadores quieren seguir haciendo periodismo pero el sueldo no alcanza y ni siquiera les es posible discutirlo con la empresa.

Porque el producto editorial no es el mismo sin sus trabajadores y trabajadoras, y los contenidos que aparecen en la web están cada vez más lejos del periodismo de análisis, de crónicas en territorio, de investigaciones sobre el poder, del respeto y la difusión de lo mejor de la cultura, de la cobertura de los Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad, de las movilizaciones y transformaciones del movimiento feminista y lgbtiq, y del largo etcétera que PáginaI12 propuso desde hace décadas.

Porque sin sus trabajadores y trabajadoras PáginaI12 no es el mismo, y sin PáginaI12 la prensa argentina no es la misma, es que decimos basta a la prepotencia patronal y exigimos una respuesta a la altura de los principios que nuestro diario predica desde hace 35 años.

Podes acompañar la lucha de trabajadores y trabajadoras firmando este documento acá

sábado, 21 de mayo de 2022

Defensoría del Público: Análisis, reclamos y propuestas en la Audiencia de Resistencia

Con una agenda muy variada y una amplia representación sectorial, la Defensoría llevó adelante durante siete horas la Audiencia Pública para la región NEA, que nucleó a las provincias de Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes. La próxima cita, dentro de un mes, será en Paraná, para la región Centro
Luego de siete horas, la Defensora del Público, Miriam Lewin, resumió lo vivido en la jornada que se llevó adelante en Resistencia, en la segunda Audiencia Pública del año. Esta vez fue para la región NEA, que nuclea a Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones: alrededor de 70 personas tuvieron la palabra en esta nueva cita federal que tuvo una doble modalidad: virtual y presencial.

En el Campus Resistencia de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), la Defensora del Público, Miriam Lewin, fue quien abrió el encuentro: "Estamos para hacer un relevamiento, para llevarnos sus voces y para construir políticas públicas, para ampliar el derecho a la comunicación. Estamos convencidos de que los públicos, las audiencias, son cada vez más activas". Y destacó cómo los feminismos se apropiaron de los mecanismos de la Defensoría para hacer sus reclamos: "Acompañamos a cada una de las editoras de género, hay once en todo el país", enfatizó.

Un punto muy sensible de la Audiencia fue cuando expuso Nancy Sotelo, representante del INADI en Chaco, quien hizo foco en las violencias contra las mujeres y en los abordajes de los medios sobre la temática. Su hermana, Soledad, fue víctima de un femicidio el año pasado. Entre lágrimas, expresó: "El camino para revertir la desigualdad es no solamente denunciar, demandar, sino luchar por la reivindicación de los derechos. Democratizar la pauta y jerarquizar el trabajo periodístico".

Otro momento que generó impacto entre quienes estaban presentes fue cuando expuso Ana María Gorosito Kramer, de la Universidad Nacional de Misiones, quien fue al centro de una problemática: "Mi propuesta es la gratuidad de Internet y telefonía celular para garantizar el derecho a la comunicación de comunidades guaraníes".

Las temáticas relacionadas a niñez y adolescencia, a personas mayores, junto con la realidad de los medios comunitarios y su vinculación con la pauta, más la accesibilidad comunicacional, tuvieron mucho relieve durante la jornada.
Otra línea que sobresalió a lo largo del día fue la del abordaje de casos de violencias contra las mujeres, lesbianas, travestis y trans, y el tratamiento periodístico responsable de derechos LGBTTTIQ+. Hubo pedidos de ampliación de competencias de la Defensoría, que los pueblos originarios tengan más espacios en los medios y que sean ellos que hablen de sí mismos. Se enfatizó sobre el acceso a Internet, como también los ataques a la libertad de prensa. Sobrevolaron las críticas y las preocupaciones por los discursos de odio, porque haya gravámenes a plataformas, se puso el foco en la concentración mediática, y también se habló sobre medio ambiente y abordaje sobre afordescendientes en los medios.

"Para construir una ciudad justa, tenemos que tener en cuenta la voz de los chicos y las chicas", expresó Valeria Cruz, Defensora de niños, niñas y adolescentes de Resistencia.

En la Audiencia, además, Diana Della Bruna, de la Agencia Timbó, destacó el fallo judicial que reconoció la responsabilidad del Estado en la masacre de Napalpí de 1924 en Chaco.

No fue la única expresión, se multiplicaron los mensajes a lo largo del día. En esa línea, se oyeron más opiniones. "Queremos ser visibles, que se conozca nuestra voz. Estamos en pie, tenemos proyecto, organización, escuela. Y una radio", detallaron desde la FM QOMunitaria, de Pampa del Indio.

Gustavo Bulla, representante de la línea de las Audiencias Públicas en la Defensoría, fue quien presentó a la diputada provincial de Chaco, Teresa Cubells, quien elaboró un proyecto que declara de interés provincial a la Audiencia Pública. "Me parece sumamente importante, como diputada, poder venir a decir que este encuentro, que este ida y vuelta entre la ciudadanía, es fundamental. Se necesita el respeto a la diversidad en su conjunto de la cultura", dijo Cubells.

"Visibilizar e incluir a las personas con discapacidad en toda política pública respecto a medios audiovisuales y digitales debería ser una prioridad", destacó Amalia Dolinsky, Fundacion Cabildo Abierto Discapchaco.
Por otra parte, también tuvieron su espacio los Medios Públicos de Chaco. "Presentamos el código de ética de los medios públicos de Chaco porque la comunicación es un derecho y tenemos que estar a la altura", analizó Gabriela Pellegrini, Editora de Género, sobre la actividad de la que, un día antes, participó la Defensora Miriam Lewin. Nicanor Moreno, de Chaco TV, amplió el concepto: "Necesitamos entender una nueva comunicación, inclusiva, con diversidad".

También hubo un momento para destacar la labor de Aldo Avellaneda, Director de la Carrera de Comunicación de la Universidad Nacional del Nordeste, sede presencial de la Audiencia.

"Para tener una comunicación no sexista debemos trabajar por una comunicación más amplia y plural", explicó Úrsula Sabarece, de la Dirección de Diversidad, Disidencia Sexual e Identidad de Género Chaco.

El objetivo de las Audiencias Públicas es generar instancias de participación ciudadana para evaluar el funcionamiento de los medios audiovisuales. Este año, la convocatoria invita a expresarse específicamente sobre "concentración de la propiedad, nuevos medios digitales y derecho humano a la comunicación". En Paraná, el próximo mes, será la nueva cita federal organizada por la Defensoría del Público.

El Frente de Trabajadoras de la Comunicación del Chaco estuvo presente en la Audiencia y marcaron nuevamente "la necesidad de un reparto equitativo de la pauta oficial, de capacitar en perspectiva de derechos a aquellas personas al frente de medios masivos de comunicación, de generar herramientas para continuar luchando contra la desinformación y dar cuenta de la creciente precarización laboral en nuestros espacios de trabajo".

"Como Frente decimos que faltamos en los medios, se sigue reproduciendo el sesgo estereotipado en los roles. Varones que conducen, mujeres que dan los datos del tiempo, varones hablan de Economía, Derecho y Política, mujeres de Sociedad y Espectáculos, ni hablar de cumplir con el cupo laboral travesti trans de un 1%", expresó la periodista Luz Figueroa, integrante de la organización chaqueña.

"Seguimos bregando por medios más responsables e inclusivos, libres de informalidad y violencias", remarcaron para cerrar.

El debate formoseño: "Es imposible garantizar el derecho al acceso a la comunicación en una provincia donde se persigue al periodismo"
"Es interesante habla hablar de hegemonía por la concentración de medios en Buenos Aires pero hay que ocuparse respecto de la hegemonía en los medios en las provincias donde los gobiernos provinciales manejan la pauta. En Formosa tenemos la particularidad de la pauta oficial orientada hacia medios afines lo que constituye una censura encubierta, que ha sido tratada ya desde hace 20 años en la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero que no se ha resuelto porque a todos los gobiernos más allá de la identidad partidaria les sirve para manejar las líneas editoriales" dijo el jefe de redacción de el diario El Comercial, Leonardo Fernández Acosta.

Como introducción de los cinco minutos que tenía cada expositor para argumentar, Fernández Acosta, aseguró que: "Es imposible garantizar el derecho al acceso a la comunicación social si primero no se asienten las primeras bases que tienen que ver con el derecho a la información dentro del respeto que debe haber por el trabajo de los comunicadores. En Formosa venimos de una pandemia que ha sido atípica respecto de lo que ha sucedido en otras provincias en donde puntualmente se han respetado más allá de las restricciones, el derecho al acceso a la información y el derecho a la libertad de expresión".

De la misma manera, aclaró que: "En Formosa el periodismo ha sido duramente perseguido y atacado en detrimento de la calidad de la información. Hemos tratado de usar las redes al igual que todos los periodistas de la región pero a diferencia de otros lugares el gobierno ha tenido una actitud muy hostil en el sentido de enjuiciar o criminalizar el trabajo del periodismo a sabiendas que, dentro de la información propia que se manejaba en la pandemia de manera oficial, había inconsistencias que eran descubiertas por los trabajadores de medios. Aparecieron las contravencionales no respetando el trabajo esencial de los periodistas y aparecieron además las causas penales como por ejemplo, Intimidación pública, que es la figura preferida que se le aplica a los comunicadores para castigarlos por la propia curiosidad del trabajo y el escepticismo de no quedarse con las fuentes oficiales cuando hay un trabajo de investigación".

Un par de expositores después, estaría el Defensor del Pueblo, Leonardo Gialluca, por lo que el periodista lo expuso como el único funcionario de la características de un Defensor en todo el país, que denuncia al periodismo para quedar bien con el gobierno, "Dentro de un rato nada más va a estar el propio Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, quien es un precursor de una denuncia contra el periodismo por intimidación pública y este es uno de tantos escollos que debe superar el periodismo para poder trabajar por el solo hecho de ser críticos o independientes al gobierno".

Con respecto a la pauta oficial, explicó que hace años no ha habido intención de trabajar para regular la misma, "Como se hace con la coparticipación, se le reparte de manera se reparte para ayudar a medios que están en desventaja comparativa respecto de otros hegemónicos".

Explicó que: "Es interesante habla hablar de hegemonía por la concentración de medios en Buenos Aires pero hay que ocuparse respecto de la hegemonía en los medios en las provincias donde los gobiernos provinciales manejan la pauta. En Formosa tenemos la particularidad de la pauta oficial orientada hacia medios afines lo que constituye una censura encubierta, que ha sido tratada ya desde hace 20 años en la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero que no se ha resuelto porque a todos los gobiernos más allá de la identidad partidaria les sirve para manejar las líneas editoriales.

El gobierno de la provincia de Formosa no solo maneja los medios públicos aseguró Fernández Acosta, "En esto me quiero retrotraer a la Ley de Medios Audiovisuales, que después de tantas audiencias y tantos procesos, para hacer más plural la voz de todos, solo sirvió para darles más cargos a autoridades "federales de medios", que como en el caso de Formosa era a la vez interventor de uno de los canales oficiales en donde oficiaba de censor, para no permitir esto que contradictoriamente se venía a garantizar con la Ley de medios que era la pluralidad de voces. La pauta privada también sufre el mismo direccionamiento que la pauta pública ya que aquellos medios que quieran pautar en medios que sean críticos al gobierno, tienen el temor de una posterior represalia en sus comercios".

Dijo que la pandemia ha expuesto el verdadero espíritu de gobiernos feudales de varias provinciales atentando contra varios derechos, entre ellos el derecho a la libertad de expresión. "No les estoy contando nada nuevo pero si queremos avanzar en un respeto hacia las audiencias, si los comunicadores no podemos trabajar y evidentemente el producto que recibirán las audiencias no será con la calidad que se merecen".

Detalló además la anarquía en el espectro radioeléctrico con más de 100 fm en donde se enciman las radios y en donde inclusive se utilizan frecuencias para interferir las radios con perfiles independientes. "A las licencias en un espectro radioeléctrico saturado, con radios pautadas para interferir en bandas de otros medios, se suman las licencias provisorias o definitivas de radios comunitarias que lejos de cumplir el rol para el cual están destinadas, explotan la licencia comercialmente y de manera irregular. Uno de los casos relevantes, es la Radio de la Mutual Policíal, que opera dentro de un predio del Comando Radioeléctrico, utiliza los servicios como luz y agua de la dependencia y tiene pauta oficial como privada dentro de su programación".

El licenciado en Comunicación Social, también se refirió a los cableoperadores: "Respecto de la televisión, ocurre exactamente lo mismo puesto que el gobierno provincial, influye para que las cableras o cableoperadores de relevancia no incluyan en su grilla de canales, productoras independientes y si todos los canales públicos provinciales y afines al gobierno".

Continuó diciendo que: "Hay muchas cuestiones que deberían ajustarse para poder avanzar hacia una tercera generación de cultura digital en cuanto a derechos. Somos un país muy normativo en cuanto a las leyes respecto de la comunicación y otros derechos pero solo en palabras no en la realidad".

Y finalmente aclaró que: "El gobierno de Formosa tampoco se adhiere a la Ley Nacional del Acceso a la Información por lo que el trabajo de los comunicadores es muy difícil, imagínense lo que nos falta para llegar a garantizar todavía una mejor calidad de la comunicación y de respeto por las audiencias".

Un Defensor del Pueblo pide a la Defensoría del Público: "que se tomen medidas en los contenidos"
El Defensor del Pueblo de Formosa, Leonardo Gialluca, utilizó su tiempo para atacar a la prensa que "él" considera tendenciosa y puso de manifiesto las agresiones permanentes a los que son expuestos los destinatarios de la información, quienes diariamente reciben "Fake news", mensajes tendenciosos, fragmentados o descontextualizados, emitidos por ciertos comunicadores que, lejos de hacer uso del ejercicio de la libertad de expresión y/o de prensa como manifestación de la misma, persiguen únicamente intereses personales, político partidarios, económicos y/o corporativos, contrarios al Derecho Humano a la Comunicación que tenemos todos. Ello, recrea, afirmó, un escenario de libertinaje mediático, enmarcado incluso dentro de fuertes tintes de violencia verbal sin fundamento alguno, ni de los hechos que se reproducen y menos aún en normativa jurídica vigente.

El Funcionario apuntó al que denominó "periodismo militante" ejercido por quienes se disfrazan de independientes y abanderados de la libertad de prensa para, lisa y llanamente, realizar militancia político partidaria, desde los espacios a los que pueden llegar la mayoría de las veces bien apadrinados por candidatos de turno o incluso haciendo un doble juego, durante las campañas cuasi periodística de opinión y luego en las elecciones aspirantes a diferentes cargos partidarios. Gialluca, además, cargó contra quienes actúan con impunidad, haciendo uso del prestigio de los buenos periodistas, ganado por respetables profesionales de la actividad que los precedieron y a los cuales les hacen poco favor al utilizar los espacios de comunicación, para desinformar tendenciosamente en aras de viciar la comprensión de la realidad que puedan llegar a tener los destinatarios de las comunicaciones.

El Ombudsman Provincial, finalmente, resaltó la labor de los medios que "mantienen las líneas editoriales y periodísticas" en la provincia, a quienes calificó como "baluartes del derecho humano de la comunicación que tienen todos los habitantes de la Provincia y que sabemos quiénes son, como también reconocemos a los otros, a quienes no les importa la objetividad, ni la verdad real, pues apuntan a otros intereses que nada tienen que ver con el ejercicio de la noble labor del periodista". Sugirió Gialluca a las Autoridades de la Defensoría del Público, "que se tomen medidas en los contenidos que producen casi todos los medios, para evitar que se naturalice o se minimicen las temáticas relacionadas, con el consumo de estupefacientes y otras sustancias derivadas de los mismos, como así también poner límites a quienes pretenden naturalizar la violencia de género o todo tipo de violencia, pues somos espectadores de que estos medios incitan además al consumo de alcohol, tabaco, bebidas energizantes, mediante de programas que no llevan una información objetiva, sino que tienen por finalidad expandir el consumo de elementos que son dañinos para la salud psicofísica de nuestros jóvenes y ciudadanos en general".

La titular de la Defensoría del Publico, Mirian Lewin, le aclaró al Defensor del Pueblo que ese organismo no tiene potestad sancionatoria, "ni desea tenerla" porque ellos trabajan a través de la mediación y la pedagogía.
La primera Audiencia del año se llevó a cabo en Mendoza, para la región Cuyo. También de manera virtual y presencial, el público de las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja, tuvo la oportunidad de dar a conocer su mensaje en la Nave UNCuyo, de la Universidad Nacional de Cuyo.
Fuentes: Defensoría del Püblico, Señales, El Comercial

viernes, 20 de mayo de 2022

Las industrias culturales podrían quedarse sin recursos

A fin de año, organismos como el INCAA, el Instituto Nacional del Teatro o el Instituto de la Música dejarán de recibir los aportes directos con los cuales se financian, según establece una reforma tributaria. Hay un proyecto para revocar esa medida
Por: Demian Orosz

El campo cultural argentino se encuentra en estado de alerta. A partir de diciembre de este año, según los términos de una reforma impositiva, existe el riesgo de que se provoque el desfinanciamiento de las instituciones que apoyan la creación en diversos ámbitos, acentuando la crisis del sector.

La ley 27432, impulsada por el gobierno de Mauricio Macri y votada en el Congreso en 2017, estableció el vencimiento de las asignaciones específicas para las industrias culturales. Se trata de una modificación en el régimen de recaudación que aporta fondos para el funcionamiento de entes como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional del Teatro (INT), la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CoNaBiP), el Instituto Nacional de la Música (INaMu) y el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCA).

La mayor parte del financiamiento de esas instituciones proviene de impuestos a las entradas de cine, a los video-gramas grabados y a los servicios de comunicación audiovisual. La reforma establece que el Estado nacional seguirá recaudando esos recursos, pero ya no irán directamente a las instituciones y organismos de cada sector creativo sino que serán destinados al Tesoro Nacional para el uso discrecional del Gobierno.

En pocas palabras, podría ser el golpe de gracia para las industrias culturales y las esferas de creación independientes que subsisten gracias al apoyo de estos entes, ya que es muy probable que el dinero de los impuestos quede en los laberintos presupuestarios de turno o sea asignado a otras áreas.

Tanto a nivel individual como por medio de asociaciones, se viene expresando una marcada preocupación y un creciente malestar por la situación, que alcanza también a los ámbitos oficiales.

El ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, se refirió recientemente a la necesidad de darle una solución al tema y evitar la medida que tumbaría la autarquía de los organismos. Cabe recordar que instituciones como el INCAA, el INT o el INAMU son entes públicos no estatales, es decir que el Gobierno no define sus políticas ni interfiere en sus acciones. Tampoco está obligado a asistirlos económicamente.

En plena crisis del INCAA, uno de cuyos coletazos fue la renuncia al cargo de presidente que se le requirió al cineasta Luis Puenzo, Bauer aseguró que es una prioridad del Gobierno revertir la ley 27432 y lo que podría provocar a partir del 31 de diciembre de 2022.
Proyecto de prórroga
Hasta el momento, más allá de las declaraciones, la iniciativa más palpable para desactivar la "bomba" del vaciamiento es un proyecto de ley presentado por el diputado Pablo Carro, del Frente de Todos-Córdoba, que propone prorrogar por 50 años la asignación directa a las instituciones culturales.

El legislador cordobés es optimista y asegura que existe un amplio consenso político para lograr la aprobación. "Ya se manifestaron a favor todos los interbloques, menos Juntos por el Cambio y los libertarios", señala en diálogo con La Voz.

"Lo que hay es una oposición muy marcada desde los extremos de Juntos por el Cambio", añade. Y describe: "Los que se oponen usan tres tipos de argumentos. Uno es lo que llamo ‘el argumento Finlandia’. Dicen que este tipo de proyectos están hechos para un país como Finlandia. Con la cantidad de pobreza y desocupación que hay en la Argentina, argumentan, no tiene sentido destinarle recursos a la cultura. Defienden la idea de que la cultura que se puede sostener es la que banca el mercado. Y rechazan este sistema de fomento que lleva recursos para sostener todo un entramado cultural".

"Otro argumento es el burocrático –describe Carro–. Dicen que institutos como el INCAA tienen muchos empleados y que funcionan como un aguantadero de ñoquis. Sostienen que el dinero no llega al fomento, y le critican también una supuesta arbitrariedad del Estado nacional en el uso de recursos que de otra manera serían coparticipables. Esto no es así. La verdad es que son institutos muy federales, llegan muchos recursos a las provincias".

"Y está la discusión por los años para asegurar el fomento, que es medio pava –suma el diputado–. Hay un argumento fiscal, ortodoxo, que dice que los impuestos que tienen una asignación específica deben tener fecha de caducidad. Yo propongo 50 años, que es como decir mucho tiempo, o para siempre, o 99 años. No tiene sentido, en un país como el nuestro, pensar en dejar de promocionar y de hacer fomento. Con eso se sostiene un semillero muy grande, para usar una metáfora futbolera. En la cultura es igual. Para que alguna de las películas que se financian gane un Oscar, o que los actores reciban premios, está toda esta etapa de sostener el semillero".

Un caso: El INAMU
El Instituto Nacional de la Música (INAMU), que renovó recientemente sus autoridades, es un organismo de fomento con figura mixta que recibe asignaciones específicas para su funcionamiento, otorgadas por lo que se conoce como Ley de Medios (se trata de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nro. 26.522). Según su artículo 97, se le destina al Instituto un 2 por ciento de lo que recauda Afip por publicidades pasadas en radio y televisión.

"Es lo que permite que podamos existir como un organismo federal que otorga anualmente beneficios económicos a través de convocatorias nacionales, regionales y/o especiales a las personas músicas independientes que tenemos registradas sobre territorio argentino (actualmente más de 70 mil). Con estos fondos, en ocho años de gestión se han otorgado 8.500 beneficios a nuestro sector", explica Charo Bogarín, artista y gestora cultural, fundadora del grupo Tonolec y flamante vice presidenta del INAMU.

"La ley de 2017 nos perjudica y pone en peligro nuestra actividad –advierte Bogarín–. La mayor parte del presupuesto que maneja el INAMU viene de estas asignaciones especiales que tienen un carácter particular: son un gravamen específico a las actividades comerciales que se destina a promover las industrias culturales, convirtiéndose en una fuente genuina de financiamiento que fortalece nuestra actividad".

Del hecho de que esos fondos se sigan recibiendo "a través de la Ley de Medios y no desde el Tesoro Nacional depende de que sigamos funcionando y existiendo", analiza.

Y añade: "Estamos apoyando la iniciativa del diputado Carro".
Cultura y economía
Un argumento a favor de sostener el fomento es de orden estrictamente económico, opina Carro: "La cultura es un sector muy importante de la economía. El dinero que va al fomento son pesos que se multiplican. Estamos hablando de un sector que, entre puestos directos e indirectos, tiene unos 700 mil puestos de trabajo, más de 3 puntos del PBI. Es una industria, que además permite el ingreso de dólares. El fomento tiene sentido en términos de soberanía cultural y también en términos de industria".

El diputado asegura que se cuenta con los votos necesarios para aprobar su proyecto, y que su ingreso al recinto es algo podría ocurrir en las próximas semanas.

"A este tema lo tenemos que sacar de la grieta –enfatiza–. No es un proyecto K. Es una tontería pensar que la cultura está de un solo lado, incluso si nuestro propio espacio político cae en esa idea. La cultura nos contiene a todos, es de todos, es algo público. Cuanto más amplio sea el consenso, más rápido vamos a lograr que la cultura se afiance como una política de Estado".

Por otra parte, reconoce que su proyecto es fruto de la coyuntura: "Esta discusión atrasa 20 años. La verdad es que no tendríamos que estar discutiendo algo que ya parecía resuelto en la Argentina, que es el fomento y la promoción de la cultura".

"Deberíamos estar discutiendo proyectos que actualicen la ley a los cambios tecnológicos –sostiene–. Por ejemplo, lo que pasa con las grandes plataformas. Le Ley de Cine dice que el 10 por ciento de las entradas y del alquiler de películas en videoclubes va al fomento. Yo creo que hoy, por lo menos la mitad de los argentinos no sabe qué es alquilar en un videoclub. Hay una transferencia hacia visionar o escuchar música por streaming. Y ahí tenés un doble problema. Por un lado, impositivo. Esas plataformas no tributan en la Argentina, y los usuarios pagamos los servicios en dólares".

Cierra Carro: "Son transnacionales muy poderosas, frente a las cuales los estados nacionales tienen pocas chances de imponer condiciones o incluso de hacer cumplir normativas ya vigentes. Deberíamos estar discutiendo por qué esas plataformas no están comprendidas en la Ley de servicios de comunicación audiovisual, por la que tributan otros medios, por ejemplo un canal de televisión. En el corto plazo tenemos que estar modificando estas leyes".

Nuevas herramientas legales: Una necesidad
La abogada cordobesa Virgina Juárez es autora del reciente libro Herramientas legales para la cultura, un minucioso compendio de leyes vinculadas al desarrollo de las industrias creativas, y colaboró junto a la productora Paola Suárez en la redacción de la Ley 10.381 con la que se creó el Polo Audiovisual Córdoba.

Considera que se vive una situación preocupante, porque se verá afectada en forma directa la integración presupuestaria del Fondo de Fomento cinematográfico, que es la principal fuente de financiamiento del INCAA, por ejemplo. Explica que quitarle autonomía presupuestaria al ente significará esperar las decisiones del Poder Ejecutivo nacional en relación a esos fondos. "Algo que casi siempre se encuentra teñido de criterios técnicos, prioridades y recortes, pero no de criterios culturales", precisa.

"Tengo entendido que existe un proyecto de ley para modificar o ampliar el impuesto sobre la venta de CD o DVD, como consecuencia del cambio de los hábitos de consumo de contenido audiovisual, pretendiendo que se incluyan las plataformas de streaming", señala Juárez.

Y abre el foco hacia la necesidad de una legislación más integral: "Se deberían impulsar otro tipo de leyes o poner en marcha planes, estrategias y políticas de Estado, que permitan: a) Lograr la integración territorial, llamada en los hechos ´federalismo’. Es un desafío importante. B) Trabajar en forma urgente en los datos de consumo y de producción de bienes y servicios culturales. No existen actualizados y a mi entender es una falencia muy grande. No tenemos ese termómetro que nos indique dónde estamos y para dónde vamos. Es fundamental tener números a la hora de diseñar medidas y acciones. C) Desde hace unos años se estima que el aporte de los sectores de la cultura al PBI es de 2,7 ó 2,9 puntos, aproximadamente, pero luego regresa a los presupuestos entre el 1,7 o 1,8. Es una discusión que hay que dar en todo el arco del tercer sector de la cultura nacional (asociaciones, cámaras, colectivos), para luego presentar propuestas a nuestros representantes".
Artistas y escritores, sin institutos nacionales
Hay sectores que están incluso más indefensos, considerando que no cuentan, hasta el momento, con organismos de fomento específicos. Es el caso de las artes visuales y del campo literario y la industria del libro, cuyos trabajadores y trabajadoras luchan desde hace años por la sanción de leyes que permitan crear instituciones dedicadas a velar por sus derechos y apoyar la producción.

Diversas asociaciones vienen impulsando la creación de un Instituto Nacional de Artes Visuales (INAV), iniciativa para la cual necesitan juntar alrededor 500 mil firmas. Saben que el contexto no favorece su demanda.

Expresan un estado de alarma por la situación de la cultura en general. "Si los fondos de fomento de los institutos ya existentes corren peligro de perderse a fin de año, tampoco surgirán fondos para un nuevo instituto", señala Natalia Rizzo, integrante de Artistas Visuales Autoconvocades de Argentina, agrupación que trabaja en permanente contacto con Unidxs por la Cultura, espacio de coordinación de colectivos y voluntades creado para frenar la caducidad de los impuestos específicos destinados a los sectores creativos.

"Hay una proyección que dice que se perderían alrededor 700 mil puestos de trabajo con la caducidad de los fondos, ni qué hablar de que todas las producciones que reciben subsidios de esos fondos no podrán realizarse, y de que la producción empezaría a ser más escasa o a depender de fondos privados como sucede con las producciones que paga Netflix, por ejemplo. En artes visuales no existe un instituto, y su creación requeriría de fondos específicos para su existencia y el fomento y promoción de las artes visuales y las prácticas artísticas. Todo está ligado. La lucha por nuestra cultura es una sola, y todes tenemos que defenderla. Tenemos que evitar el apagón cultural", enfatiza Rizzo.

Una visión similar tienen desde la Unión de Escritoras y Escritores, que viene reclamando una ley que permita la creación de un Instituto Nacional del Libro Argentino (INLA). En noviembre del año pasado, se presentó un nuevo proyecto que retoma el texto de una iniciativa que en 2020 perdió estado parlamentario.

El tarifario para regular el cobro de honorarios por el trabajo intelectual, presentado en el inicio de la última Feria del Libro de Buenos Aires, se vivió como una conquista histórica, pero en la Unión de Escritoras y Escritores no ven con optimismo la posibilidad de tener una nueva ley para el sector.

"El nuevo proyecto de Ley del Libro contó con nuestro aval y participación –cuenta Enzo Maqueira, vocal de la Unión–. Es un proyecto que contempla y mejora la situación de los autores y autoras con respecto a proyectos anteriores que no nos tenían tan en cuenta. Este sí. Pero la verdad es que, en la situación en la que está el país, el Gobierno, la situación en la que están las industrias culturales, con la probable caída de los fondos especiales en diciembre, por lo cual están en riesgo el INCAA, la Conabip, el INAMU, la verdad es que vemos con bastante pesimismo el tema de la Ley del Libro. ¿Qué lugar hay para poder crear un Instituto del Libro si está a punto de destruirse lo que se había construido? Esperemos primero que se mantenga lo que teníamos, y a partir de ahí poder insistir para que de una vez por todas tengamos un Instituto del Libro que haga que esta industria en crisis empiece a funcionar como debería y como se merece".
Fuente: Diario La Voz

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