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jueves, 24 de abril de 2025

Gustavo Scaglione pagaría más de $420 millones por El Diario, según valuación judicial

El contador José María González, designado como evaluador en el expediente judicial por el concurso preventivo de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), estimó cuánto debería pagar Difutec SA —firma vinculada al empresario Gustavo Scaglione— por el paquete accionario de El Diario, fundado por la familia Etchevehere hace más de un siglo.

El método aplicado sigue los lineamientos del juez Ángel Moia y se basa en un principio clave: los socios de la empresa deben asumir un sacrificio económico equiparable al de los acreedores quirografarios.

Según explicó, ese "sacrificio igualitario" implica que el valor de las acciones se reduzca en la misma proporción en que se reduce la deuda quirografaria, calculada a valor presente tras el acuerdo con Difutec SA.

González partió del acuerdo alcanzado con los acreedores quirografarios, quienes aceptaron una quita del 30% del capital de sus créditos, comprometiéndose a cobrar el 70% restante en cinco cuotas anuales, sin intereses compensatorios. Este esquema implica un esfuerzo financiero mayor, ya que los pagos se realizarán a largo plazo y sin ajuste por el valor del dinero en un contexto inflacionario como el argentino.

"El plazo de cinco años –insistió-, con las características de la economía argentina y las expectativas inflacionarias, resultan de compleja definición. En la búsqueda de una medición objetiva del esfuerzo que realizarán los Acreedores Quirografarios, este Evaluador ha considerado pautas publicadas por el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A), considerando la inflación núcleo prevista para los próximos años, en función de la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC)": 23,1% para 2025; 15% para 2026 y 9,5% para 2027.

En cuanto a los otros dos años restantes, 2028 y 2029, González estimó un 5% y un 2% respectivamente.

Estos porcentajes permitieron dimensionar el esfuerzo económico total de los acreedores, que alcanza un 61% de pérdida real al combinarse la quita de capital con la desvalorización provocada por la inflación.

Según los estados contables de SAER, el valor patrimonial neto asciende a $1.106 millones, con un valor por acción inicial de $122.922,40. Aplicando la reducción estimada, el valor total de las 9.000 acciones se ubicaría entre:
$431.457.660, considerando la inflación núcleo proyectada por el BCRA hasta 2027.
$420.394.590, si se extiende la estimación inflacionaria hasta 2029.
De este modo, el valor de cada acción se reduce a entre $47.939 y $46.710, con una quita total del 62%.
 
Quién vende y quién compra
La empresa que adquiriría el paquete accionario es Difutec SA, una sociedad anónima cuyo objeto social abarca desde negocios inmobiliarios y financieros hasta la edición y comercialización de medios gráficos, radiales y televisivos. Detrás de esta firma está Gustavo Scaglione, empresario rosarino y actual propietario de los diarios UNO de Paraná y Santa Fe, así como de La Capital de Rosario. También posee radios y señales de TV en distintas ciudades del país.

Scaglione recientemente se sumó como accionista del Grupo América, compartiendo sociedad con Daniel Vila, José Luis Manzano y Claudio Belocopitt.

Si bien su nombre no figura formalmente en Difutec, la sociedad está integrada por los abogados Alexis Weitemeier y Natalin Belén Martínez, ambos vinculados al estudio CMS Abogados, encabezado por Leonardo Salvatierra, un especialista en reestructuración empresarial y salvatajes societarios. Este mismo estudio fue clave en la compra del multimedio La Capital en 2019, operación que también lideró Scaglione. Otro de los socios del estudio, Diego Feser, integra actualmente el directorio de Televisión Litoral SA, reforzando la conexión directa con el empresario.

Difutec adquirirá las acciones que hoy están en manos de Ramiro Nieto, actual socio mayoritario de SAER, y de los Etchevehere, la familia fundadora de El Diario, que conserva una participación minoritaria.

Entre los bienes de SAER figuran:
  • El edificio de la esquina de Urquiza y Buenos Aires (885 millones de pesos).
  • Un galpón en Avenida Zanni 1591.
  • Terrenos en los barrios privados Puerto Urquiza y Puerto Barrancas.
  • Un estacionamiento en Santa Fe 322, frente a Casa de Gobierno.
  • Una propiedad en Los Vascos 745, ocupada por la familia Etchevehere.
  • Un inmueble en Pueblo El Carmen, General Racedo.
  • Un campo en Mojones Norte.
Estos bienes suman en total 1.641.920.091 pesos (1.641 millones de pesos), aunque su tasación se realizó a valor fiscal y no de mercado.

sábado, 29 de marzo de 2025

La justicia autorizó a Gustavo Scaglione a comprar las acciones de El Diario

El empresario Gustavo Scaglione, dueño de los diarios UNO de Paraná y Santa Fe, La Capital y accionista del Grupo América, entre otros medios, se quedará con la totalidad del paquete accionario de El Diario de Paraná, Entre Ríos. El juez Ángel Moia homologó un acuerdo con un grupo de acreedores, pero todavía no hay novedades sobre el pago de indemnizaciones a más de ochenta trabajadores despedidos hace siete años
Por: Juan Cruz Varela

El Diario tiene nuevo dueño. Es un hito en la historia del matutino: por primera vez, desde 1914, ya no habrá un Etchevehere entre los accionistas, a partir de una decisión judicial que autorizó al empresario rosarino Gustavo Scaglione a quedarse con la totalidad del paquete de la sociedad e incluso pagar a la baja.

La decisión la tomó el juez Ángel Moia, en el marco del concurso preventivo de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la editora de El Diario, luego de que Scaglione obtuviera acuerdos de pago con un grupo de acreedores que le exige la ley.

Lo que sigue en el proceso, explicó el magistrado, es una revaluación de las acciones: “La determinación del valor a pagar a los accionistas debe someterse a un sacrificio congruente con el de los acreedores. Así, quedará reducido proporcionalmente considerando la disminución del pasivo concursal quirografario producido por el acuerdo” y “la reducción se aplica teniendo en cuenta su valor presente”.

A mediados de 2024, el evaluador determinó que SAER posee bienes por un valor de 2.481.691.663 pesos (2,481 millones de dólares tomando como referencia el MEP de aquel momento). Como contrapartida, arrastra un pasivo que ha sido calculado en 715.169.792 pesos, entre deudas por indemnizaciones, honorarios de profesionales, aportes previsionales, contribuciones sociales, impuestos y tasas.

Ahora bien, el concurso preventivo de El Diario distingue dos tipos de acreedores: quirografarios y privilegiados. Los primeros son aquellas personas o entidades que han concedido un crédito a la empresa sin obtener ningún tipo de garantía, por ejemplo, proveedores, prestadores de servicios comerciales, prestamistas o salarios atrasados de empleados. En el segundo grupo se cuentan las deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), la Municipalidad de Paraná, entes públicos e indemnizaciones por despido, entre otras. El acuerdo que ahora le permite a Scaglione quedarse con la totalidad de las acciones de SAER se dio con el primer grupo y fue homologado por Moia.

La propuesta para los acreedores quirografarios consiste en el pago del 70 por ciento de los créditos verificados, sin intereses y en un plazo de cinco cuotas anuales, iguales y consecutivas; mientras que a los acreedores privilegiados se les ofrecía el pago del 70 por ciento de los créditos verificados, computándose a tal fin el importe correspondiente a la fecha de presentación del concurso, sin ningún tipo de interés posterior.

El juez señaló “que la determinación del valor a pagar a los accionistas debe someterse a un sacrificio congruente con el de los acreedores. Así, quedará reducido proporcionalmente considerando la disminución del pasivo concursal quirografario producido por el acuerdo” y “la reducción se aplica teniendo en cuenta su valor presente”, en base a lo establecido por la Ley de Concursos y Quiebras.

En virtud de esos acuerdos, “el evaluador habrá de considerar la tasa de interés contractual de los créditos, la tasa de interés vigente en el mercado argentino y en el mercado internacional si correspondiera” y determinar la proporción de la reducción que aplicará a lo que pagará por las acciones que detentan Ramiro Nieto, el socio mayoritario; y los integrantes de la familia Etchevehere, socios minoritarios.

El dueño
Scaglione es dueño de los diarios UNO de Paraná y Santa Fe, La Capital de Rosario, además de una lista difícil de contabilizar de radios y señales televisivas; y recientemente se incorporó como accionista del Grupo América, convirtiéndose en socio de Daniel Vila, José Luis Manzano y Claudio Belocopitt.

La empresa a través de la cual se quedaría con las acciones de SAER es DIFUTEC, una sociedad anónima cuyo objeto social abarca desde los negocios inmobiliarios y financieros hasta la edición, publicación, distribución y comercialización de diarios, revistas, periódicos, boletines y la explotación de frecuencias de radio, telefonía, televisión, cable, satélite, internet y fibra óptica.

El nombre de Scaglione no aparece en la sociedad, sino que aparecen como socios los abogados Alexis Weitemeier y Natalin Belén Martínez. El primero integra además el Estudio CMS Abogados, liderado por Leonardo Salvatierra, especialista en la resolución de conflictos societarios, reestructuración de pasivos y salvataje de compañías en crisis. Fue el buffet que preparó el terreno para que Scaglione adquiriera el Multimedio La Capital en 2019. Sin embargo, en los hechos, Salvatierra es algo más que el abogado de Scaglione en ese complejo entramado de negocios, ya que otro de socios del estudio, Diego Feser, también integra el directorio de Televisión Litoral SA.

Hace unos años, en 2021, el abogado Weitemeier fue el encargado de tantear a los trabajadores despedidos de El Diario con la oferta que finalmente resultó homologada por Moia. En cambio, no ha habido ninguna propuesta para el pago de las indemnizaciones.

Sin embargo, nada parece indicar que El Diario vuelva a funcionar como empresa periodística, sino que detrás de la operación hay un fenomenal negocio inmobiliario.

Entre los bienes de SAER figuran:
  • El edificio de la esquina de Urquiza y Buenos Aires (885 millones de pesos).
  • Un galpón en Avenida Zanni 1591.
  • Terrenos en los barrios privados Puerto Urquiza y Puerto Barrancas.
  • Un estacionamiento en Santa Fe 322, frente a Casa de Gobierno.
  • Una propiedad en Los Vascos 745, ocupada por la familia Etchevehere.
  • Un inmueble en Pueblo El Carmen, General Racedo.
  • Un campo en Mojones Norte.
Estos bienes suman en total 1.641.920.091 pesos (1.641 millones de pesos), aunque su tasación se realizó a valor fiscal y no de mercado.

miércoles, 7 de agosto de 2024

Los salvadores que quieren quedarse con El Diario

El concurso preventivo de la empresa editora de El Diario ingresó en una instancia definitiva. Un evaluador ha establecido el valor de la sociedad anónima a pedido de la justicia para iniciar un proceso en el que terceros interesados puedan pujar por las acciones y gestionar acuerdos con los acreedores. El tercero es un viejo conocido: Gustavo Scaglione, dueño de un amplio conglomerado de medios en la región
Por: Juan Cruz Varela

El cierre de empresas periodísticas, la precarización laboral del sector y la concentración digital han puesto en crisis a la industria de la información; una crisis que se traduce en caída de audiencias, anunciantes y trabajadores.

En localidades medianas y pequeñas de la Argentina, aquellas alejadas de las grandes ciudades, la existencia de medios de comunicación es amenazada por una economía que impide financiarlos orgánicamente y el sector más golpeado es, sin lugar a dudas, la prensa gráfica.

El Diario, histórico matutino paranaense, aduna a esta crisis global la suya propia, derivada de los desmanejos empresarios y un vaciamiento patrimonial que la puso "de rodillas" y a la sociedad controlante "en estado de cesación de pagos" y "casual de disolución" hacia finales de 2014, en palabras de la contadora Mariana Cerini, síndica del concurso preventivo de acreedores de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER).

La empresa editora de El Diario se presentó en concurso preventivo de acreedores en 2018, tras despedir sin causa y sin indemnización a unos ochenta trabajadores. Durante los últimos seis años el juez Ángel Moia, que tiene a su cargo el concurso, ha sabido estirar como chicle los tiempos de tramitación del expediente. Recientemente admitió que "el concurso preventivo fracasó" y ahora, en una entrevista con Radio Costa Paraná, anunció que la empresa había entrado en una especie de "repechaje", en la búsqueda de acuerdos con los acreedores para evitar la quiebra.

Concretamente, el magistrado explicó que "no está en miras la liquidación en el sentido de subasta pública o interesados en comprar tal o cual bien, sino en la idea de la continuidad de la empresa con los mismos socios, si fuera SAER, la que tiene el acuerdo de los acreedores; o con una tercera que sea la que consiga esas conformidades".

La familia Etchevehere conserva un tercio de las acciones de SAER, mientras el paquete mayoritario está en manos del Nea Capital Creativo SA, cuya cabeza visible es el empresario rosarino Ramiro Héctor Nieto.

El tercero interesado es Gustavo Santiago Scaglione, un empresario rosarino, dueño de los diarios Uno de Paraná y Santa Fe, La Capital de Rosario, el vespertino El Litoral, medios en Río Negro, Tucumán, Salta, Bahía Blanca y una lista difícil de contabilizar de radios y señales televisivas, entre ellas El Tres, Radio 2, LT8 AM 830 y las repetidoras de La Red.

"Los medios son mi pasión", dijo alguna vez, entrevistado por el portal Letra P.

Lo cierto es que, más allá de las pasiones, hace algunas semanas, el Multimedio La Capital solicitó la apertura de un procedimiento preventivo, en una maniobra que el Sindicato de Prensa de Rosario denunció como un plan para avanzar con un profundo recorte de personal.

La nave insignia de ese conglomerado de medios es Televisión Litoral SA, que preside el propio Scaglione e integran su pareja, Josefina Daminato, y la hija de ambos, Margarita Scaglione. Sin embargo, el desembarco en El Diario se concretaría a través de Difutec, una sociedad anónima cuyo objeto social abarca desde los negocios inmobiliarios y financieros hasta la edición, publicación, distribución y comercialización de diarios, revistas, periódicos, boletines y la explotación de frecuencias de radio, telefonía, televisión, cable, satélite, internet y fibra óptica.

Si bien Difutec aparece como rescatista interesada en una instancia del concurso preventivo, Scaglione lleva varios años teniendo injerencia en la administración de El Diario. De hecho, en los registros contables aparece un préstamo a SAER por 12.113.550 pesos; y uno de sus socios, el abogado Diego Feser, aportó otros 17.713.550 pesos que acrecientan el pasivo de la empresa editora del matutino paranaense.

De todas maneras, el nombre de Scaglione no aparece en la sociedad; son socios de Difutec los abogados Alexis Weitemeier y Natalin Belén Martínez. El primero integra además el Estudio CMS Abogados, liderado por Leonardo Salvatierra, que se presenta como especializado en la resolución de conflictos societarios, reestructuración de pasivos y salvataje de compañías en crisis. Fue el buffet que preparó el terreno para que Scaglione adquiriera el Multimedio La Capital en 2019. Justo lo que necesita para resolver el concurso de El Diario, trabado en los tribunales entrerrianos. En los hechos, Salvatierra es algo más que el abogado de Scaglione en ese complejo entramado de negocios, ya que otro de socios del estudio, Diego Feser, también integra el directorio de Televisión Litoral SA.

Hace unos años, en 2021, el abogado Weitemeier fue el encargado de tantear a los trabajadores despedidos de El Diario con una oferta de pago de las indemnizaciones que se ubicó bastante lejos de las expectativas.

Pero Scaglione tiene intereses diversificados: el entramado de sociedades que maneja la familia va desde el mercado cambiario, la publicidad vial, el turismo, la agricultura y el desarrollo inmobiliario. Y como nota al pie debe agregarse que la operación de compra de los medios que pertenecían a Daniel Vila fue un puente que también le permitió a relacionarse con un tal Sergio Massa.

El futuro de El Diario es incierto. Pero conviene tomar nota de lo que hace un tiempo dijo Scaglione para intentar predecir el futuro que podría depararle al centenario matutino: "Nadie sabe hacia dónde va la comunicación. Hay una constante evolución, que debe ser acompañada. La base del periodismo siempre estará en la nota, en lo que se escribe, lo que se investiga. Lo que cambia es la manera de comunicar. Va a evolucionar, no me gusta mucho la palabra cambio. La certeza hoy no la tiene nadie".
Fuente: Página Judicial

martes, 29 de agosto de 2023

Nuevamente despidos en El Diario de Paraná, la misma impunidad

A través de un comunicado el Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación (SETPyC), alertó que 15 trabajadores y trabajadoras fueron despedidos sin causa luego de no aceptar el retiro voluntario ofrecido. Estos despidos se suman a los 80 periodistas, gráficos y administrativos que fueron despedidos de la empresa en 2018, y quienes hasta el momento no cobraron sus indemnizaciones
Desde el Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación (SETPyC) en la FATPren expresamos nuestro repudio y enérgico pedido de justicia ante los nuevos despidos en El Diario de Paraná. Este 29 de agosto, 15 trabajadores y trabajadoras de prensa quedaron en la calle, así como hace más de 5 años más de 80 periodistas, gráficos y administrativos también vivieron la misma situación, sin que hasta ahora hayan recibido su debida indemnización y amparo de las leyes laborales vigentes en la República Argentina. La Justicia sólo protege a los empresarios que saquean empresas a costa de los laburantes y sin el castigo de la Ley, los ceba para que sigan cometiendo sus mismas fechorías.

En horas de la mañana de este martes 29 de agosto, los empleados de SA Entre Ríos (SAER) editora de "El Diario" de Paraná, fueron citados por la gerencia de la empresa a comunicarles novedades. Grande era la expectativa porque la firma que se encuentra en concurso de acreedores desde 2018, luego de haber echado sin indemnización a más de 80 trabajadores y trabajadoras de prensa, no levanta cabeza. Sólo se mantiene a los tumbos con lo que a cuenta gotas rapiña de la publicidad del Estado.

Lo que en principio era una alharaca para justificar el pago fuera de término de los sueldos fue una "invitación" a que 15 personas con nombre y apellido firmen la conformidad para un retiro voluntario, a cambio del pago del 50% de lo que les corresponde como indemnización, pagaderos en cinco días. Esta novedad sólo trajo preguntas y más incertidumbre porque este camino planteado "no era optativo", y no hubo más respuestas del abogado de la empresa, Alexis Weitemeier, y el apoderado, Pablo Eduardo Arino. Éste último se presentó como oriundo de la ciudad de Rosario en nombre de los intereses del empresario Ramiro Nieto, quien representa NEA Capital Creativo SA, dueña del 66% de la empresa, ya que el 33% restante pertenece a la familia Etchevehere, que componen Leonor Barbero Marcial y sus hijos Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego Etchevehere. Todos estos nombrados, responsables impunes desde haber despedido hace cinco años a más de 80 trabajadores sin compensación alguna que hoy reinciden, cargando en sus jugarretas empresariales con el trabajo de 15 personas más y sus familias. Ante la negativa de firmar un papel trucho que convalide este atropello, Weitemeier y Arino dejaron los buenos modos y pasaron a directamente decir que esos 15 retiros voluntarios eran 15 despidos sin causas, por lo cual intervino ahí mismo el escribano José Luciano Fettolini para convalidar las actas de despidos que nadie convino a firmar.

A 5 años, la misma impunidad
Como en 2018, el SETPyC, junto a los trabajadores y trabajadoras de "El Diario" despedidos, rechaza este tipo de accionar de empresarios que sólo ven una salida a sus
desmanejos y negocios turbios en el ajuste por el eslabón más débil: los trabajadores. Y este es un hecho más grave aún porque comenten esta violación a la Ley ante los oídos sordos y la desidia de la Justicia.

Hoy, a más de 5 años de los primeros despidos, SAER, la empresa que administra "El Diario", sigue en un eterno concurso preventivo, en un trámite que el titular del Juzgado Civil y Comercial N° 9, Ángel Luis Moia, se empecina en prolongar con recursos insólitos y extemporáneos, en una situación que sólo beneficia a los socios ocultos de Nieto y también a Barbero Marcial, Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego Etchevehere.

Los ex trabajadores y trabajadoras sólo quieren terminar esta triste historia, que no se dilate más la indefectible quiebra a la que se encamina la empresa, y se remate de una buena vez los cuantiosos bienes inmueble que posee la SA –valuados en más de 2 millones de dólares– para poder reparar en algo los daños económicos que le han producido a los ex trabajadores.

Sin Justicia no habrá paz en nuestro país y quienes padecemos de la falta de derechos no descansaremos en reclamar lo que es un bien común, de todas y todos los habitantes de este país que quieren vivir en acuerdo y libertad. Y tampoco dejaremos de señalar a quienes hoy son los responsables y les toca el papel de administrar justicia, porque esa es la carga pública a la que se han comprometido llevar; si no están en condiciones, que renuncien o dejen actuar a quienes no le tiemble la mano para encuadrar bajo la ley a los poderosos o los prepotentes que tan solo por el hecho de elevar el tono de voz se creen por encima de los demás.

Justicia para los 80 trabajadores de prensa despedidos de 2018, justicia para los 15 despedidos en 2023.
Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación (SETPyC)
Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren)

jueves, 24 de noviembre de 2022

Vaciamiento de "El Diario" de Entre Ríos: procesan a los Etchevehere

La jueza de Garantías Carola Bacaluzzo procesó al exministro de Agroindustria de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, a sus hermanos, Arturo Sebastián y Juan Diego, a la madre de los tres, Leonor María Magdalena Barbero Marcial, al dueño de Red Mutual y exaccionaista de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), Walter Grenón, y de su hermana, Viviana Grenón, y al empresario pizzero Germán Buffa por el delito de vaciamiento empresario. En cambio, la magistrada los sobreseyó en la acusación fiscal de toma de un crédito a tasa subsidiada con fines productivos, pero que sin embargo tuvo otros fines.

En su resolución la jueza dispuso:
I)Dictar el sobreseimiento de Leonor María Magdalena Barbero Marcial, Arturo Sebastián Etchevehere y Juan Diego Etchevehere, imputados como autores de los delitos de administración fraudulenta y tentativa de administración fraudulenta. Primer hecho.

II)  Dictar el sobreseimiento de Luis Miguel Etchevehere, imputado como partícipe necesario de los delitos de Administración Fraudulenta y Tentativa de Administración Fraudulenta– Primer Hecho-

III) Dictar el procesamiento de Viviana Graciela Grenón, Leonor María Magdalena Barbero Marcial y Germán Esteban Buffa como autores del delito de administración fraudulenta –Segundo Hecho- .

IV) Dictar el procesamiento de Walter Roberto Grenón, Luis Miguel Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Juan Diego Etchevehere como partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta– Segundo Hecho- .

V) Dictar el sobreseimiento de Luis Alberto Guevara imputado como autor del delito de administración fraudulenta- Segundo Hecho-.

Las imputaciones
En el primer hecho, el requerimiento fiscal atribuyó a Leonor Barbero Marcial, Arturo Sebastián Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, "en su carácter de directores de la sociedad Las Margaritas S.A., con la necesaria complicidad de Luis Miguel Etchevehere, en su carácter de socio de dicha firma, haber solicitado préstam os al Banco Itaú por U$S 250.000, los que le fueron otorgados en fechas 29/07/2011 (U$S 200.000) y 12/08/2011 (U$S 50.000), (…), a tasa subsidiada y con el fin preciso de ser destinados a actividades productivas los que, en lugar de ello, fueron distribuidos entre ellos para fines personales y distintos del solicitado al banco".

Agrega que la devolución de tales créditos por parte de la sociedad al banco "fue pactada en dólares americanos, a una tasa del 8% anual, y a cinco años, mientras que -paralelamente- los nombrados devolvían a la sociedad el dinero distribuido, mediante valores a cobrar -cheques de pago diferido-, en pesos argentinos y a una tasa fija anual más beneficiosa, por lo que mientras el valor del dólar subía, se encarecían los valores de las cuotas a pagar al Banco Itaú, y las que devolvían los miem bros de la sociedad no alcanzaban a igualar tales valores, al punto tal que la sociedad debió gestionar por ante el Banco de la Nación Argentina otro crédito a tasa subsidiada destinado a pequeños productores por $ 900.000", con el propósito de destinarlo a saldar la última cuota pendiente de los créditos del banco Itaú, conforme fuera decidido mediante acta de Directorio de fecha 01/11/2016, frustrándose dicha operación por cuanto el banco Nación no realizó los desembolsos correspondientes".

La segunda imputación fiscal planteó que entre 2011 y 2015, "Viviana Grenón, Leonor María Magdalena Barbero M arcial (vda.) de Etchevehere, Luis Alberto Guevara y Germán Esteban Buffa, en su carácter de directores, contemporáneos y sucesivos de la firma Sociedad Anónim a de Entre Ríos (SAER), obligaron abusivamente a la empresa cuyos bienes e intereses dirigían y administraban, perjudicándola, al aprobar en fecha 16/03/2012 la venta de los inmuebles ubicados en la ciudad de Paraná, sitos en: 1) Urquiza N° 1050, partida N° 10-7242-00; 2) 25 de Junio N° 33, partida N° 10-3658-09; 3) 25 de junio s/n, partida N° 10-16104-05; 4) 25 de junio N° 19, partida N° 10-118565-07; 5) Urquiza N°1036, partida N° 10-66810-08, a la firma Arroyo Ubajay S.A.; y los inmuebles sitos en: 1) calle Buenos Aires N° 11, partida N° 10-10154-04; 2) Tratado del Pilar N° 526, partidas N° 106927/8 y 126179/5, ambos de la ciudad de Paraná, a la firma Nexfin S.A., desconociéndose la fecha en que se concretó cada una de tales operaciones. También la obligaron abusivamente cuando en fecha 20/03/2012, aprobaron la venta de los inmuebles sitos en 1) Urquiza Nº1119/23 – subsuelo – (partida DGR 120.979/03); 2) Urquiza Nº 1119/23, P.B. (partida DGR 10-6638-08); 3) Urquiza Nº 1119/23, piso 1º (partida DGR 10-120861-01); 4) Urquiza Nº 1119/23, piso 2º (partida DGR 10-120862-00), todos de la ciudad de Paraná; 5) Camoirano Nº 63 (partida Nº 13-11463801), de la ciudad de Victoria; 6)- Caseros Nº 9898 (partida DGR 09-107636-4), de la ciudad de Nogoyá; 7) Etchevehere s/n (partidas DGR 03-102359-03 y 03-102358-4), de la ciudad de Diamante, a la firma Construcciones del Paraná S.A., desconociéndose también en tales casos la fecha en que se concretó cada una de dichas operaciones. Tales operaciones contaron con la cooperación imprescindible de Walter Grenón, Luis Miguel Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Juan Diego Etchevehere, en sus dobles caracteres de socios de SAER y de las empresas Arroyo Ubajay S.A. y Nexfin S.A., el primero, y de la firma Construcciones del Paraná S.A., los demás; quienes no solo aprobaron las ventas de aquellos bienes de capital en la Asamblea Extraordinaria de SAER de fecha 21/03/2012, sino que -a su vez- decidieron la adquisición de tales bienes para las sociedades que integran, en connivencia y de previo y común acuerdo con los Directores de SAER, con el objetivo de obtener ventajas patrimoniales personales de tales operaciones, y causar un daño a ésta al dejarla descapitalizada de bienes inmuebles con los cuales garantizar y cumplir sus obligaciones contractuales, comerciales, financieras y fiscales. De tal forma, y por un lado, las firmas Arroyo Ubajay S.A. y Nexfin S.A., ambas bajo la dirección y control de W alter Grenón, propusieron al Directorio de SAER la compra de los inmuebles ya detallados; de la misma forma que también hizo lo propio la firma Construcciones del Paraná S.A., cuya sociedad la integran los referidos miembros de la familia Etchevehere. Una vez concretadas las operaciones de venta de tales inmuebles, el producido fue distribuido, también siguiendo un acuerdo previo, entre Luis Miguel Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Leonor María Magdalena Barbero Marcial (vda.) de Etchevehere y la Asociación Mutual Unión Solidaria, de propiedad de Walter Grenón, en función de supuestas obligaciones adeudadas previamente a ellos por SAERy en detrimento de otros acreedores. De esa forma, las mismas personas físicas que en sus respectivos roles funcionales decidieron la venta de aquellos bienes, fueron luego quienes se vieron beneficiados con los mismos y también con el producido de ellos a través de las distintas personas jurídicas que también conforman; dejando a SAER vacía de bienes de capital y con un cúmulo de deudas tal que debió inmediatamente recurrir a fuentes de financiamiento no bancarias para hacer frente a esas otras obligaciones".

"Luego, la maniobra fraudulenta de descapitalización de la sociedad se termina de concretar con la venta de los bienes inmuebles sitos en calles Pedro Zanni s/n, y Buenos Aires esq. Urquiza de Paraná, a la Mutual 10 de abril, garantizando con ello dos operaciones de mutuo por un total de tres millones de pesos, que terminó con sendas acciones judiciales de escrituración de tales inmuebles por parte de ésta última ("Asociación Mutual 10 de Abril c/Sociedad Anónima Entre Ríos – Ordinario – Escrituración», que tramita por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 8 de Paraná; y «Asociación Mutual 10 de Abril de Paraná c/Sociedad Anónim a de Entre Ríos – M onitorio Ordinario – Escrituración», que remitiera el Juez en lo Civil y Comercial Nº 7 de Paraná), ante la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos en tales operaciones. De esa última forma, el Directorio de SAER nuevamente obligó abusivamente a la firma, perjudicándola al dejarla ya vacía de bienes inmuebles, acordando como garantía de aquellos mutuos la venta de los mismos por un valor muy por debajo al de mercado y al propio revalúo que sobre los mismos realizara la empresa por intermedio del Arquitecto Mario J. Zufotinsky, conforme Acta de Directorio del 29/06/2013; con lo cual el perjuicio a la sociedad se ve agravado porque no solo perdería los mismos, sino que los habría comprometido a un menor valor». 

Dolores, la hermana, denuncia
De ese modo, la Justicia le da la razón a la denuncia que planteó Dolores Etchevehere, miembro de la familia.

La presentación judicial ocurrió en 2013 pero los tres hermanos no se sentaron a dar cuentas ante un juez sino hasta siete años después, en 2020.

En el ínterin, la denuncia estuvo a punto de ir a dormir el sueño de los justos, luego de los dictámenes de dos fiscales que juzgaron que el tema no tenía la menor importancia.

Así
El  6 de diciembre de 2013, el fiscal Ignacio Aramberry elevó al entonces juez de Instrucción Alejandro Grippo la "denuncia presentada por la ciudadana Dolores Etchevehere ante esta Fiscalía a mi cargo": 20 carillas de mucha información que ponía contra las cuerdas a sus tres hermanos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, y a su madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial.

El 20 de diciembre de ese año, Dolores Etchevehere ratificó ante el juez Grippo los términos de la denuncia formulada por escrito.

Contó de qué modo, con qué maniobras, bajo qué paraguas su familia pretendió cometer una serie de hechos ilícitos en las empresas familiares que tendrían alto impacto social: en 2018, una de las firmas del holding familiar, Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), editora de El Diario, dejó en la calle a 80 trabajadores sin pagarles indemnización, e ingresó en concurso preventivo.

Bajo el paraguas del urribarrismo, en 2010 había ingresado a SAER el empresario santafesino Walter Greón, que estuvo hasta 2012 cuando fue la incursión de otro santafesino, Ramiro Nieto: en la última década, el negocio periodístico de los Etchevehere y sus socios circunstanciales viró de tal forma que convirtieron a un medio clave en la Provincia en un libelo con ideario negociable.

Pero en el génesis de la causa por estafa que involucra a los Etchevehere ocurrió lo impensado.

Extrañamente, el 6 de febrero de 2014, la agente fiscal Evangelina Santana dictaminó lo que sigue: "Atento a la entidad del hecho que diera inicio a las presentes y siendo factible que el conflicto suscitado en autos pueda ser resuelto mediante el proceso de mediación, ante la pronta implementación en nuestra jurisdicción del nuevo ordenamiento adjetivo, remítase las presentes actuaciones a la Delegada Judicial del Ministerio Público Fiscal, Dra. Paola Farinó, a fin de que consulte a las partes y en caso de que presten su consentimiento, celebre la mediación".

El 24 de febrero, y tras entrevistarse con Dolores Etchevehere, Farinó informa que la mediación resulta inviable. El 6 de marzo, la agente fiscal Santana anoticia al juez Grippo de la continuación de la causa penal. La primera medida que dicta el magistrado es pedir a la Dirección de Personas Jurídicas de Entre Ríos información sobre la composición societaria de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario, y de Construcciones del Paraná SA. También, a los bancos Itaú y de Entre Ríos para que informen sobre líneas de crédito otorgadas a la firma Las Margaritas, también del holding de los Etchevehere.

Dolores Etchevehere dice en un segundo escrito, presentado el 10 de abril de 2014: "Básicamente he denunciado la forma en la que abusivamente se ha obligado a la sociedad en beneficio de un grupo de accionistas (mis hermanos y mi madre) lo que posibilitó  la extracción de fondos líquidos para ser aplicados a otra maniobra también de una tercera: Construcciones del Paraná, de la cual naturalmente no soy accionista (sí lo soy de SAER y Las Margaritas, como oportunamente explicara)".

De ese modo, la menor del clan Etchevehere contaba de qué modo se había «vaciado» a Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER)

En la primera denuncia, la mujer habló de la "toma fraudulenta de un crédito del Banco Itaú por la suma de $1.066.000 equivalentes a u$s 250.000 al cambio de entonces (año 2011, aproximadamente $4,24242 por dólar) cuyo importe fue retirado  por los denunciados según así surge de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de aquel año". Los denunciados son, claro, sus tres hermanos  y su madre.

Después, abundó en las cifras y detalló que el fraude bancario fue mayor a los u$s 250.000.  Hubo otros dos montos de u$s 360.000 y u$s50.000 que los denunciados tomaron de préstamos bancarios y se repartieron en provecho personal. Por eso, en 2014 Dolores Etchevehere pidió el allanamiento de la sede de la sociedad Las Margaritas SA, en Urquiza 1123, tercer piso, el mismo edificio donde funcionó la Redacción de El Diario, con el propósito de secuestrar los libros contables "y toda otra documentación que tenga que ver con el hecho que se denuncia". También pidió allanamientos a las sedes de SAER, en la misma dirección, Urquiza 1123, tercer piso , dirección que corresponde a otra firma, Construcciones del Paraná, cuyo allanamiento también solicitó.

Los préstamos, después se supo, fueron pedido por los Etchevehere a los bancos Itaú y Nación, a tasa subsidiada, en teoría para fines productivos, pero que en la práctica fueron a dar al bolsillo de la familia.

Con su denuncia, Dolores Etchevehere procuraba establecer "la ruta del dinero" y la "posible utilización de los fondos (o parte de ellos) de los préstamos tomados por Las Margaritas SA en la transferencia de los inmuebles" propiedad de SAER. Desvío de fondos, vaciamiento, estafa: delitos gravísimos que una fiscal, más adelante, entendería como una simple peleíta familiar.

Efectivamente ello todo fue como lo denunció Dolores Etchevehere, según un sesudo dictamen de los fiscales Alejandro Cánepa y Viviana Ferreyra, que más tarde intervendrían en el caso tras la desafortunada intervención de la fiscal Santana y, más tarde, de su colega Laura Irene Cattáneo.

Nada que ver
Todo lo tramitado hasta entonces en la causa Etchevehere fue nada ante un dictamen que firmó el 3 de noviembre de 2014 la fiscal Laura Irene Cattáneo, tercera fiscal que interviene en la causa en menos de un año. Después de analizar la denuncia, Cattáneo concluyó que el caso "no reviste gravedad y es de escasa trascendencia o impacto social por cuanto se trata de un conflicto económico intrafamiliar, sin afectación de intereses colectivos".

La fiscal dijo que el tema denunciado "escapa a la órbita del Derecho Penal", y, oh sorpresa, apeló a "una dosis de prudencia en la aplicación del sistema penal, justificándose su intervención sólo cuando medie una afectación de un bien jurídico importante o porque no existan otros canales para resolverlos".

En base a esos argumentos, la fiscal Cattáneo pidió a la segunda jueza de la causa, Susana María Paola Firpo, que la denuncia de Dolores Etchevehere "sea desestimada y se disponga el archivo" .

Firpo catalogó como un "enjundioso dictamen" el de la fiscal, y "siendo la representante del Ministerio Público Fiscal la titular del ejercicio de la acción penal pública, entiendo que no puedo adoptar una decisión diferente a la propugnada". En ese marco –"amén de compartir en su totalidad lo dictaminado por la señora Agente Fiscal», aclaró- corresponde, dictaminó, «dictar sin más el archivo de las presentes actuaciones".

Eso dispuso la jueza Firpo el 14 de noviembre de 2014,

Contragolpe
Dolores Etchevehere apeló el archivo de la causa con artillería pesada, y dijo en su escrito que "bajo el ropaje que le otorgan los arbitrarios y antojadizos argumentos señalados en el pedido de desistimiento fiscal de fecha 3 de noviembre  pasado, se esconde un enorme temor de investigar hechos que ostensiblemente exceden la órbita familiar y que derivan en irregularidades". Y habló del "temor reverencial que muchos aquí en la ciudad de Paraná le tienen a mi familia en general y a mi madre y hermano Luis Miguel en particular: ahora lo confirmo".

El 26 de noviembre la jueza Firpo le concedió el recurso de apelación.

Desde el vamos, la causa se caratuló como "Estafa".

Los camaristas José María Chemez, Elvio Garzón y Miguel Giorgio tomaron intervención el 3 de marzo de 2015 y consideraron que el archivo de la causa resultó "prematuro y desacertado, toda vez que advertimos que se trata de un caso que reviste gravedad, con importantes sumas de dinero en juego, que excede el marco de un simple conflicto de familia y merece al menos que se produzcan algunas de las medidas de prueba interesadas por la denunciante a los fines de dilucidar la posible existencia o no de delito".

De ese modo, los camaristas resolvieron revocar el archivo de la causa.

El 31 de marzo de 2015 emite dictamen el entonces fiscal de Cámara Rafael Martín Cotorruelo –hoy juez de juicio-: analizó la causa, releyó el dictamen de la fiscal Cattáneo, que había pedido el archivo y también había desestimado la denuncia, y concluyó que "corresponde en este estado ordenar la continuidad de la investigación".

El 1° de abril de 2015 Cotorruelo devuelve el expediente de la causa Etchevehere al despacho de la jueza Firpo. Entonces, interviene una quinta fiscal, Viviana Margarita Ferreyra.

En 2016 la causa tiene nuevo juez, Pablo Zoff –hoy agente fiscal- y se incorpora otro miembro del Ministerio Público Fiscal, Alejandro Joel Cánepa –actual juez de juicio- y se produce una petición que ya había hecho Dolores Etchevehere: los fiscales Cánepa y Ferreyra le piden al juez que libre orden de allanamiento a Las Margaritas y el secuestro de libros contables, que se libre oficio al Banco Central para que aporte toda información referida a esa compañía de los Etchevehere, y se pida al Registro del Notariado de la Provincia un informe de los inmuebles registrados como propiedad de esa sociedad. También, que luego de levantar el secreto fiscal, la AFIP y la ATER informen declaraciones juradas de los períodos 2010 a 2016 de Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere y también de Leonor María Magdalena Barbero Marcial.

También, los fiscales pidieron la indagatoria de los tres hermanos Etchevehere y su madre, pero el 23 de diciembre de 2016 los fiscales solicitan que se suspenda la indagatoria en virtud de la nueva prueba incorporada a la investigación penal.

Allanamiento y sorpresa
El juez Pablo Zoff hace lugar al pedido y, además, dispone que la Dirección de Investigaciones y la División Delitos Económicos de la Policía realicen el allanamiento en la sede de Las Margaritas.

El 26 de diciembre de 2016, un día después de la Navidad, la Policía allanó la sede de Las Margaritas SA, en el edificio de El Diario.

Un informe que produjo el oficial Enzo Gutiérrez el 27 de diciembre, y que dirigió al juez Zoff, dio cuenta de un imponderable: no se pudo dar con los libros contables por cuanto la mater familias, Leonor Barbero Marcial, los anotició de en un hecho policial: en 2012, habiendo viajado a Buenos Aires a visitar a su hija Dolores –a quien no encontró en su casa- fue sorprendida por desconocidos que le arrebataron esos documentos.

La causa siguió tramitándose, incorporando pruebas e informes contables y periciales, y el 28 de diciembre de 2017, un año después de la primera petición, los fiscales Cánepa y Ferreyra solicitan que se fije fecha de indagatoria para los hermanos Etchevehere y su madre.

Uno días antes, el 20 de diciembre de 2017, Firpo reasume en el Juzgado de Transición y retoma el manejo de la causa.

Pero ocurre un incidente procesal planteado por los defensores de la familia Etchevehere, Julio Federick y Leopoldo Lambruschini, y en ese marco la jueza Firpo decide aplazar ese trámite, la indagatoria, sin fecha.

Federik y Lambruschini recusaron a la jueza Firpo por declaraciones periodísticas a Entre Ríos Ahora, y todo eso llevó a un berenjenal. Después, los letrados desistieron de la recusación, pero la jueza se autopercibió como inmersa en una situación de "violencia moral" y pidió ser apartada de la causa Etchevehere.

El caso llegó a manos del juez Gustavo Maldonado, que entendió que las razones de Firpo para inhibirse "resultan un tanto excesivas de susceptibilidad", y por tanto rechazó el pedido para apartarse de la causa.

La decisión se tomó el 14 de marzo de 2018.

Otra vez
El 18 de marzo de 2018 los fiscales Cánepa y Ferreyra reiteran el pedido de indagatoria para el clan Etchevehere. No prospera. Lo vuelven a plantear el 18 de abril de ese año en un escrito en el que precisan el requerimiento de instrucción fiscal y detallan, de modo minucioso, de qué modo, mediante un sistema de triangulación, se vacía a SAER, la editora de El Diario, de todas sus propiedades a través de un complejo mecanismo en el que intervinieron Construcciones del Paraná, SA, de los Etchevehere, y Arroyo Ubajay y Nexfin SA, de los hermanos Walter y Viviana Grenón, dueños también de la Mutual AMUS.

Toma y daca
"Se advierte relevante que el producido de la venta de aquellos inmuebles fue a parar a manos tanto de aquellas empresas dirigidas por Grenón, como por Luis Miguel Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Leonor María Magdalena Barbero Marcial (vda) de Etchevehere y que solo dos meses después, SAER buscaba obligarse con otras instituciones, distintas de las bancarias, para obtener más dinero ´fresco´para hacer frente a los compromisos económicos contraídos (…) lo que da la pauta que la venta de inmuebles tenía como destino exclusivo hacer circular el dinero  entre las empresas de los socios de SAER, vaciando a esta última y quedándose con sus bienes", dice el dictamen fiscal.

El movimiento "circular" de dinero se explica así: la mutual AMUS (bajo la dirección de Walter Grenón) "prestó dinero a SAER y a Construcciones del Paraná SA (Flia Etchevehere); con el mismo, ésta última adquirió distintos bienes inmuebles a SAER, con cuyo producido se abonaron las deudas de ésta con Luis Miguel Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Leonor María Magdalena Barbero Marcial (vda) de Etchevehere; es decir, que la firma Construcciones del Paraná se quedó con los bienes de SAER, y sus socios, los miembros de la Flia Etchevehere ya referidos, con parte del producido de dicha venta. Por otro lado, también similar operación habría realizado Walter Grenón a través de sus empresas, quien le presta dinero a SAER a través de AMUS, y luego compra sus bienes a través de Arroyo Ubajay SA y Nexfin SA, quedándose también con parte del producido de dichas ventas".

El dato que agregan los fiscales es que en la decisión de la venta de los inmuebles de SAER, que compraron las empresas de los Etchevehere y de los Grenón, "intervinieron siempre las mismas personas: Viviana Grenón y Leonor María Magdalena Barbero Marcial (vda) de Etchevehere, como miembros del directorio, y luego Walter Grenón, Arturo Sebastián Etchevehere,y aquella última en representación de Luis Miguel y Juan Diego Etchevehrere".

A la par de la descapitalización de SAER, editora de El Diario, dice el informe fiscal, "también se decidió ceder en garantía de distintos créditos con las mutuales descriptas –Mutual 10 de Abril, Mutual AMUS- los derechos de cobro de publicidad realizada al Gobierno de Entre Ríos por El Diario, que derivó en embargos judiciales sobre las cuentas de la empresa. Esa situación se originó por cuanto los Etchevehere y los Grenón "privilegiaron" la cancelación de las acreencias de los propios socios con la venta de inmuebles  "antes que a cualquier otro" acreedor.

En el dictamen que firmaron el 18 de abril de 2018 los fiscales Cánepa y Ferreyra pidieron la formal instrucción de causa penal y la indagatoria de los hermanos y la madre de los Etchevehere y también, por primera vez, de Walter y Viviana Grenón, dueños de Red Mutual, Nexfin SA, Arroyo Ubajay y Mutual AMUS; de Luis Alberto Guevara y Germán Coronel, socios en SAER.

Pero en vez de resolver el planteo del Ministeiro Público Fiscal, la jueza Firpo se enredó en una polémica con los fiscales.

El 24 de mayo de 2018 la jueza Firpo firmó un escrito en el que pidió a los fiscales que dictaminen "fundadamente": les mojó la oreja. Los fiscales Cánepa y Ferreyra le respondieron que el escrito elevado "contiene de modo fundado en la evidencia recabada hasta la fecha" todos los datos necesarios. Y que resolviera como mejor le plazca, traducido esto del dialecto tribunalicio.

No sos vos, soy yo, y así.

La causa llevaba entonces cinco años tramitándose en la Justicia entrerriana.

El 11 de septiembre de 2018 interviene en la causa otro fiscal, el séptimo, Ávaro Piérola, para plantear su disconformidad al pedido de sobreseimiento formulado por los Etchevehere.

El 16 de octubre, y tras la declaración en sede judicial de Dolores Etchevehere, Piérola insiste en que resulta prematuro abordar el pedido de sobreseimiento de los imputados.

En aquella declaración ante la jueza Firpo, Dolores Etchevehere no menciona, como lo diría en 2020, a partir del episodio de la toma del campo Casa Nueva, en Santa Elena, que fue presionada a firmar un acuerdo para desistir de todas sus reclamaciones.

"Recuerdo que ellos me ofrecen dos parcelas de tierra y eso es lo que recuerdo. No se ha efectivizado, son dos parcelas de partes de campo acá en Entre Ríos, que acepté", dice respecto del acuerdo privado que su familia exhibe, rubricado en 2018. "Necesito esa cesión, sí, claro, cómo no", declaró ante la jueza Firpo.

El 9 de marzo de 2020, el fiscal Piérola insistió en el pedido de citación a declaración indagatoria de los Etchevehere, los hermanos Grenón, Guevara y Buffa. La petición fue acogida favorablemente por el cuarto juez de la causa, Carlos Hugo Ríos, pero sin fecha. El magistrado, en un escrito del 20 de mayo, dispuso que las audiencias serían "a determinar y conforme a la posibilidad de realización de las mismas, en el marco de la situación planteado por el aislamiento social, preventivo y obligatorio».

Es decir, un cuadro de total incertidumbre.

Sin espacio en el disco rígido
En los 10 cuerpos que acumula la causa -casi 2.000 fojas- hay relatadas situaciones hilarantes, como la observación hecha por la abogada María Florencia Sieber, de la Sección Penal Tributaria de la Afip Paraná, quejándose de que al intentar enviar al Juzgado de Transición N° 1 diferentes informes requeridos, los mails rebotaban una y otra vez.

El 25 de agosto de 2020 le responde la abogada María Belén López Vargas, secretaria del Juzgado de Transición, anunciándole que "ya liberaron espacio en la cuenta para que puedan enviar la información requerida".

Así, de ese modo tan ramplón, y de otros modos posibles, con planteos, recusaciones, excusaciones, dudas, observaciones, demoras, apelaciones, la causa por estafa que denunció Dolores Etchevehere lleva tramitándose en la Justicia 7 largos años.
Fuente: Entre Ríos Ahora

lunes, 14 de diciembre de 2020

El Diario: Trabajadores despedidos piden la quiebra de SAER

Hace más de dos años y medio, Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario, decidió despedir a más de 80 trabajadores sin abonarles las indemnizaciones correspondientes y con seis meses de sueldos impagos.

Al poco tiempo, además, SAER se presentó a un concurso de acreedores, todavía en desarrollo.

En todo ese lapso, los trabajadores despedidos apenas han cobrado –con cuentagotas– algunas pocas cuotas de los Pronto Pago, por montos irrisorios, mientras el concurso se extiende sin novedades de interés para ellos.

Ante este escenario, y hartos de esperar el cobro del dinero que por derecho les corresponde, cada vez son más los periodistas y gráficos que están dispuestos a pedir la quiebra de SAER.

"Pasaron 28 meses desde que fuimos despedidos y seguimos sin cobrar la plata que es nuestra", dijo uno de los trabajadores –que hoy sigue desocupado–, ofuscado por "el interminable" concurso.

"El juez (Ángel Moia) pareciera que se va a tomar todo el tiempo del mundo para resolver qué hacer, los síndicos casi que están de adorno y ni siquiera nos contestan cuando les enviamos mensajes para que nos den información, y los dueños de la empresa, principales responsables del drama que estamos viviendo, siguen sin dar la cara, dan asco", agregó.

Para estos días, los trabajadores esperan la concreción de un nuevo Pronto Pago, pero hasta ahora "no hay nada de nada", comentó otro de los despedidos que, igualmente, cargó contra el juez y la sindicatura porque "no nos dan ninguna información" y eso para nosotros "es una falta el respeto".

"Nos vienen cuenteando desde hace rato", señaló por su parte un trabajador gráfico echado aquel aciago 18 de mayo de 2018 y que hoy sobrevive "gracias a algunas changas que hago cuando aparece algo". Y añadió: "Da mucha bronca comprobar que a los jueces nos les importa nada, absolutamente nada, la desgracia de los laburantes. Es más: a veces me pregunto qué harían si un mes dejaran de cobrar sus sueldos".

Sin expectativas que el concurso de acreedores concluya en un lapso razonable –el juez Moia ha otorgado todas las prórrogas solicitadas por la empresa–, sin fecha de cobro del próximo Pronto Pago, con los sindicatos sin desarrollar ninguna acción en este conflicto, y con la certeza que han sido, lisa y llanamente, burlados, periodistas y gráficos, por estos días, analizan seriamente la posibilidad de pedir la quiebra de SAER.

Piden que El Diario se declare en quiebra y salde la deuda con los más de 80 empleados cesanteados
"Hace más de dos años y medio, Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario de Paraná, decidió despedir a más de 80 trabajadores sin abonarles las indemnizaciones correspondientes y con seis meses de sueldos impagos. Y hace más de dos años y medio, esperamos que la Justicia actúe en amparo de nuestros derechos", afirman los afectados.

"Han sido innumerables las veces que el magistrado actuante, Ángel Moia, ha prorrogado los plazos a los administradores de la firma para celebrar un acuerdo que permita saldar la deuda, sin que los ex trabajadores hayan obtenido un resarcimiento; sólo migajas y vanas promesas. Nunca se nos ha hecho llegar una oferta acorde con expectativas razonables", agregan. "Por eso decimos basta; que se termine la farsa y se declare la quiebra para poder cobrar lo que nos corresponde"

En el mismo contexto, los damnificados subrayan que este tiempo de dilación "sólo ha alimentado una bicicleta de saqueo de fondos de publicidad del Estado provincial, único financista de los restos de este cadáver llamado 'El Diario'. Y afirman:" Primero fueron los gestores de El Litoral de Santa Fe, con el engaño de una posible opción de compra por parte del grupo que comanda Nahuel Caputto, que derivaron millones de pesos a sus arcas. Ahora reaparece Ramiro Nieto, representante de una supuesta mayoría accionaria de NEA Capital Creativo, la SA que maneja la empresa junto con la minoría de la familia Etchevehere, pero que tan solo es el mascarón de Dios sabe qué funcionarios públicos trastornados por algún sueño entrerriano".

"Actualmente el Estado provincial, que sistemáticamente ha sido cómplice de la fuga de dinero a través del pago de facturas de publicidad cedidas en forma de garantías por préstamos cuyo dinero nadie sabe a dónde fue a parar, adeuda 17 millones de pesos", detallan. "Sí, a poco de finalizar este 2020, la Provincia debe 17 millones de pesos de tantas otras remesas ya enviadas y que ahora esperan ser giradas desde la Dirección General Administrativo Contable de Entre Ríos para alimentar a los buitres de siempre".

Y concluyen: "Por eso decimos basta! Que liquiden de una vez los cuantiosos bienes y propiedades de SAER y se le pague a los ex trabajadores para que haya Justicia" 
Extrabajadores de El Diario

Bordet, el campo de los Etchevehere y El Diario
El Gobernador decidió investigar lo sucedido con tierras que eran del Estado. ¿En qué está esa pesquisa? Las declaraciones del Gobernador sobre los dos temas que incumben a la familia Etchvehere en una reciente entrevista. Los dardos de los ex trabajadores de El Diario contra el Poder Judicial y el Estado provincial
Por: Federico Malvasio @fedemalva
Este domingo Gustavo Bordet fue entrevistado por el ceo de Perfil, Jorge Fontevecchia, en su tradicional reportaje que se publica los domingos. El Gobernador dejó declaraciones (y afirmaciones) interesantes sobre un tema que se mantiene en la agenda: la trama por la cual Luis Félix Etchevehere adquirió a precio vil hectáreas que pertenecían a la Escuela Agrotécnica Nº 151 en el paraje “El Quebracho” durante el tercer mandato de Jorge Busti. Luego de la venta, como si fuera poco, la reconocida familia usurpó otras hectáreas.

El 18 de noviembre pasado, en una visita oficial a Santa Elena, el mandatario anunció que iba a investigar lo que sucedió con el establecimiento educativo. “Quiero ser muy claro en este sentido, nosotros como Estado tenemos la obligación de reclamar por las tierras que nos pertenecen y vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que quienes usurparon esas tierras las devuelvan a la escuela que es su legítima propietaria; y a los alumnos que son los que hacen allí sus prácticas y tienen una posibilidad de futuro”, afirmó ante la comunidad de Santa Elena.

Según pudo saber Página Política, Fiscalía de Estado ha reunido toda la documentación perteneciente a esas tierras y sólo queda constatar con un agrimensor si se condice con la propiedad que fue adquirida por la familia Etchevehere en un marco de tumultuosas jornadas llevadas a cabo en 2007 con movilizaciones que protagonizaron organizaciones sociales y gremios.

Fontevecchia se interesó por ese tema y lo consultó. La respuesta de Bordet fue: “Este campo perteneció en primera instancia a la fábrica Bovril, un frigorífico inglés, y después le compraron a un precio muy bajo al Estado entrerriano las tierras. Después se tomaron más tierras que correspondían a una escuela agrotécnica”.

Busti, activo todas estas semanas cuando las balas le picaron cerca, dejó trascender que él lo único que él hizo fue acatar lo que decidió un “consejo de tasación”, dictamen que fue ratificado por el Tribunal de Cuentas, que en ese momento, recuerda el ex gobernador, tenía como integrante a Elvio Bordet, padre de Gustavo.

La novela en el campo Casa Nueva, con las figuras de Dolores Etchevehere y Juan Grabois, destaparon otra olla tras 7 años de quietud judicial: la causa en la que se investiga el vaciamiento de El Diario. Los principales imputados son los integrantes de la familia Etchevehere (Luis Miguel, Juan Diego, Sebastián y Leonor Barbero Marcial); y Walter Grenon, empresario mutualista que se hizo cargo del paquete accionario mayor a instancia de Sergio Urribarri para apropiarse de la línea editorial del matutino. Hace poco, el santafecino fue noticia por ser el principal aportante de la campaña presidencial de Alberto Fernández.

En la entrevista Bordet se refirió a El Diario, quizás por primera vez. Fue cuando los consultaron si los gobiernos “compraban el beneplácito y las posibles críticas del diario con alguna ventaja económica a la familia Etchevehere”.

-No todos, pero fue una práctica habitual para poder tener beneficios desde el Estado.

El Gobernador reconoció que tras los 80 despidos en 2018, “el diario quedó en una situación realmente muy precaria y sigue estando así”.

En las últimas horas, los trabajadores despedidos emitieron una carta abierta en la que cuestionan el accionar del Poder Judicial, pero también al gobierno provincial.

En el primer caso apuntaron al juez Ángel Moia, por haber “prorrogado los plazos a los administradores de la firma para celebrar un acuerdo que permita saldar la deuda, sin que los ex trabajadores hayan obtenido un resarcimiento acorde; sólo migajas y vanas promesas”, dice el texto.

Sobre el segundo punto, los ex trabajadores (periodistas y gráficos) denunciaron que durante todo “el tiempo de dilación sólo se ha alimentado una bicicleta de saqueo de fondos de publicidad del Estado provincial, único financista de los restos de este cadáver llamado El Diario. Primero fueron los gestores de El Litoral de Santa Fe, con el engaño de una posible opción de compra por parte del grupo que comanda Nahuel Caputto, que derivaron millones de pesos a sus arcas. Ahora reaparece Ramiro Nieto, representante de una supuesta mayoría accionaria de NEA Capital Creativo, la SA que maneja la empresa junto con la minoría de la familia Etchevehere, pero que tan solo es el mascarón de Dios sabe qué funcionarios públicos trastornados por algún sueño entrerriano”.

Según la información a la que accedieron los ex trabajadores, el Estado provincial adeuda al matutino 17 millones de pesos, “remesas que ahora esperan ser giradas desde la Dirección General Administrativo Contable de Entre Ríos para alimentar a los buitres de siempre”. Tienen razón.

Una empresa vaciada, de las que se desconoce a ciencia cierta quienes son los verdaderos dueños, que reciben fondos del Estado. Ante ese cuadro, los ex trabajadores solicitan la quiebra y que la Justicia liquide los cuantiosos bienes y propiedades de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), editora de El Diario, y pague las indemnizaciones de ley.
Fuentes: Análisis Digital, Diario Junio y Página Política

lunes, 16 de noviembre de 2020

#EtchevehereAIndagatoria: Justicia para los trabajadores de El Diario

Este martes martes 17 de noviembre a las 13 hs. los Etchevehere corruptos, culpables del vaciamiento de El Diario de Paraná, darán la cara frente a la Justicia de Entre Ríos. En ese marco, las y los trabajadores junto a la comunidad de Entre Ríos y Dolores Etchevehere, convocamos a una asamblea frente a los Tribunales de Paraná para exigir que se haga verdadera justicia. Desde el año 2018, somos 85 las familias que quedamos en la calle por los negociados de los Etchevehere y peleamos por nuestros derechos. Hoy al fin, las causas cajoneadas se reactivan en el contexto del Proyecto Artigas y seguimos exigiendo justicia
El exministro de Agroindustria durante la presidencia de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, acudirá este martes, a las 13, a los tribunales de Paraná a indagatoria en una causa por estafa que tramita el juez de Transición Carlos Ríos. Lo denunció su hermana, Dolores Etchevehere, en 2011, y en la causa también están involucrados sus hermanos Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, citados ambos para el 24, también a las 13, y la madre de los cuatro, Leonor María Magdalena Barbero Marcial, que de momento no será indagada.

El abogado del exministro Etchevehere, Rubén Pagliotto, señaló a su vez que todos los integrantes de la familia prestarán declaración indagatoria. «Es lo que corresponde», aseveró. «Ellos quisieron hacerlo y yo comparto plenamente que así sea», agregó.

La indagatoria de los Etchevehere en la causa por estafa -dos créditos solicitado por empresas familiares a los bancos Itaú y Nación a tasa preferencial, dizque para fines productivos aunque habrían ido parar a manos de los propios socios, integrantes de la familia- más el proceso de vaciamiento de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario, había sido solicitada en 2017 y en 2018 por el Ministerio Público Fiscal, pero la anterior jueza que tramitó la causa, Susana María Paola Firpo, había rechazado la petición. Ahora, Carlos Ríos, que fue su secretario y fue nombrado juez de forma interina, decidió cumplir con ese trámite.

La indagatoria será presencial, y según dijo el exministro Etchevehere a Entre Ríos Ahora, se hará presente ante el magistrado para cumplir con el trámite.

El caso de estafa denunciado por Dolores Etchevehere en la Justicia provincial también llegó a los tribunales Federales, a partir de un informe que produjo, en 2015, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Su entonces titular, Carlos Gonella, denunció penalmente a integrantes del Grupo Etchevehere por evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Ganancias en el marco préstamos por alrededor de $4,5 millones contraídos en 2012 por la empresa Construcciones del Paraná S.A. y otorgados por la Asociación Mutual Unión Solidaria (AMUS), entidad también denunciada por la maniobra. Los préstamos habrían sido utilizados para la concreción de operaciones inmobiliarias que tuvieron como su objeto el vaciamiento de otras firmas del grupo. «Importa examinar -indica la denuncia- si las mencionadas simulaciones podrían haber generado en cabeza de los integrantes del Grupo Etchevehere (…) obligaciones tributarias que no habrían sido ingresadas debidamente al organismo fiscal nacional», es decir, la AFIP.
Al evaluar los primeros elementos recabados en la investigación, la Procelac concluyó que las pruebas «sugieren» que «dichos préstamos fueron parte de una gran simulación destinada a ocultar la falta de capacidad económica de la firma Construcciones del Paraná S.A. para adquirir los inmuebles investigados» y que «en el marco de esa simulación, se habría contado con la participación de quienes ostentaron la dirección de la mutual bajo investigación para aparentar que fondos que en verdad ya pertenecían al propio patrimonio de la empresa Sociedad Anónima Entre Ríos, habrían sido originados por la actividad de un tercero», en este caso, la propia mutual.

La presentación de la Procelac había sido consecuencia de una investigación preliminar iniciada a raíz de la denuncia formulada ante esa Procuraduría por Dolores Carmen Etchevehere, quien denunció maniobras de restantes miembros del grupo económico tendientes a vaciar empresas que ella integraba en carácter minoritario, con el objetivo de perjudicarla. En su presentación, la denunciante también refirió la obtención de préstamos en dólares por parte de otra firma del grupo que fueron desviados de su finalidad declarada y la existencia de cuentas bancarias radicadas en el exterior con dinero que no fue declarado ante las autoridades argentinas.

El resultado de la investigación preliminar de la Procelac fue remitida al fiscal general de Paraná, Ricardo Álvarez, quien es coordinador del distrito. Álvarez derivó la denuncia al fiscal federal de primera instancia, Mario Silva, quien impulsó la acción penal para que se investigue al grupo económico.

De acuerdo con la investigación de la Procelac, el grupo económico «habría simulado la suscripción de siete contratos de mutuo» -sobre los que no se encuentra acreditada su existencia- con la mutual AMUS con el objetivo de «posibilitar el hecho de que la empresa Construcciones del Paraná S.A. pueda alegar una disposición y tenencia de fondos [de los] que en realidad carecería» y, así, lograr la adquisición de siete inmuebles ubicados en Paraná. Esos siete inmuebles eran propiedad de otra firma del grupo, Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), en la que tenía participación minoritaria la denunciante (Dolores Etchevehere). Por esos préstamos, la AMUS habría percibido intereses por casi $3,3 millones.
Fuente: Proyecto Artigas, Análisis digital

lunes, 15 de junio de 2020

Amenazan de muerte a periodista de Paraná

Soraya Berutti, quien desempeña su tarea periodística en FM Litoral, sufrió un tenso momento al regresar a su hogar, luego de una jornada de trabajo. Desde el Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación repudian estos hechos y apoyan a la trabajadora de prensa
Desde el Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación (SETPyC) expresamos nuestra total solidaridad con nuestra compañera Soraya Berutti, de FM Litoral, y repudiamos las agresiones, intimidaciones y amenazas que recibió por un grupo de personas encabezado por un funcionario provincial.

Exigimos que cesen ya ese tipo acciones y que se tomen las medidas necesarias ante semejante atropello hacia la trabajadora de prensa. Desde este gremio solicitamos el rápido accionar de la Justicia para esclarecer el terrible hecho intimidatorio y pedimos que el Gobierno provincial brinde la protección necesaria para la periodista.

Nuestra compañera relató el violento momento que vivió al regresar de su trabajo: “Fui interceptada por veinte personas que me amenazaron a plena luz del día y en presencia de mi compañero de radio que asombrado vio todo desde su auto. Las amenazas fueron hacía mi familia y mi persona. Según decían debía cortarla de hablar de su agrupación o iba a terminar mal y si seguía me tenía que aguantar lo que se venía. Estas personas responden directamente al señor Juan Carlos Albornoz y a la señora Verónica Martínez. Ambos, funcionarios del gobierno y presidentes y vice del Club Banfield del barrio Francisco Ramírez, de Paraná. Considero este suceso como un atropello directo a la libertad de prensa y a la libertad de expresión.

Personalmente me siento avasallada por personas escrupulosos que no aceptan una crítica, que se manejan de modo patoteril y mafioso. Le pido encarecidamente a las autoridades que se hagan cargo si a mi familia o a mí nos sucediera algo. Temo por mis hijos”.
Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación

sábado, 6 de junio de 2020

Periodismo en la precariedad

Las y los trabajadores de prensa entrerrianos conmemoramos este 07 de junio el Día del Periodista. Lo hacemos en condiciones extraordinarias impuestas por la pandemia de coronavirus, que nos ha afectado a todos y en particular golpea nuestro oficio profundizando una situación de creciente precariedad.

En este contexto de crisis sanitaria, nuestro trabajo es colocado entre las labores esenciales para sostener el aporte de información clara, responsable y precisa, la cual se hace necesaria para asegurar la salud de la población. Asimismo, el acercar datos, opiniones y puntos de vista, se hacen imprescindibles para fortalecer el acceso a nuestros derechos ciudadanos. Pero al mismo tiempo, tiempo nuestro oficio se ha vuelto más vulnerable. Porque esta situación de fragilidad es aprovechada por sectores empresarios y patronales para ajustar nuestros salarios y recortar los derechos sociales que nos corresponden.

En Entre Ríos dueños de medios de comunicación social no cumplen con el convenio de prensa, con los haberes acordados en las mesas paritarias y fraccionan el pago de los haberes, tornándolos en una “nueva normalidad” que no aceptamos. En este orden es necesario que la Dirección de Trabajo Provincial realice las inspecciones correspondientes en los medios de prensa para erradicar el trabajo no registrado. Alertamos que en los medios cooperativos y autogestivos la pauta de publicidad del Estado se ha visto recortada y retaceada, vulnerando los ingresos de carácter alimentario y horadando asimismo la posibilidad de una pluralidad de voces que fortalezca el debate necesario para una vida en democracia. Y denunciamos también el accionar desvergonzado e Ilícito como el de SA Entre Ríos, administrada por Artes Gráficas del Litoral (AGL) de diario El Litoral, que incumple y desacata la orden judicial de pagar deudas e indemnizaciones a los 80 despedidos de El Diario de Paraná.

No aceptamos, ni legitimamos estas condiciones de precariedad ni hoy, Día del Periodista, ni en cualquier otro momento en que se sigan repitiendo estas situaciones de injusticia y vulneración de derechos. Estaremos así entonces para denunciar a los responsables, reclamar ante las autoridades y alzar la voz todas las veces que sea necesario por nosotros, por nuestras familias y por la sociedad que integramos y que pretendemos sea más justa, libre y soberana.
SETPyC - Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación
FATPren - Federación Argentina de Trabajadores de Prensa

lunes, 18 de mayo de 2020

El Diario: A dos años de los despidos, los trabajadores esperan justicia y el pago de las indemnizaciones

Este 18 de mayo se cumplen dos años del despido masivo de trabajadores en Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), empresa editora de El Diario, y, al día de la fecha, los más de 80 empleados echados no han recibido un solo peso de las indemnizaciones que les corresponden.

Una empresa redituable y posicionada en un mercado complejo y en transformación, pero que fue destruida con fines espurios. Un medio de comunicación plural que fue desguazado en post de proyectos políticos faraónicos y en complicidad aviesa con la más oscura tradición de empresarios explotadores.

No fue azaroso ni por arte de magia. Fue el accionar deliberado de una banda que dejó en la miseria a muchas familias y puso a muchos trabajadores en situaciones desesperantes, como la de nuestro compañero que estuvo al borde de la muerte, deshidratado y perdido en el medio de la nada en un camino de la Patagonia a donde terminó porque no tenía dinero para ir a una entrevista de trabajo y emprendió a pie un viaje a través de ese desierto.
Esta desventura tiene nombres y apellidos, y muchos cómplices que miraron y miran para otro lado. Pero los trabajadores de prensa tenemos memoria, y la historia no se va a olvidar de estos malhechores. Walter Grenón, Sergio Urribarri, Pedro Báez, Leonor Barbero Marcial de Etchevehere, Luis Miguel Etchevehere, Sebastián Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, Ramiro Nieto y Nahuel Caputto son algunos cabecillas de esta runfla.

No nos vamos a olvidar porque han hecho mucho daño y las cuentas que no se pagan a tiempo en la Justicia, no es Justicia.

Queremos recordar que SAER se encuentra actualmente en concurso de acreedores, en un paquidérmico proceso que se lleva adelante en el Juzgado del Dr. Ángel Moia. En esta instancia sólo hemos recibido migajas y quienes siguen como empleados de la concursada firma, no cuentan con aportes, ni sociales, ni patronales; tampoco cobran sus sueldos al día. Es por todo esto que aguardamos una urgente resolución que atienda en tiempo y forma los derechos que reclamamos como trabajadores, porque sólo así podremos decir que hay Justicia en nuestra provincia.
SETPyC » Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación

miércoles, 13 de mayo de 2020

Prensa Entre Ríos: No admitimos represores ejerciendo la medicina

Desde el Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación nos movilizamos inmediatamente al tomar conocimiento de que el médico represor condenado por crímenes de lesa humanidad Hugo Mario Moyano, formaba parte de la cartilla de profesionales prestadores en nuestra Obra Social. En el comunicado que compartimos rechazamos y repudiamos la actitud tanto de la Superintendencia de Servicios de Salud como del Círculo Médico de Paraná, responsables de tal incorporación, y decimos bien claro: ningún genocida atenderá a nuestras y nuestros afiliados.

Al tomar conocimiento de que el médico condenado Hugo Mario Moyano —represor durante la última dictadura cívico-militar que vivió el país— había sido incluido en la cartilla de prestadores de nuestra obra social, Silvina Ríos, nuestra Secretaria General, estableció contacto con FATPren para que se lo excluya de la lista de profesionales, teniendo en cuenta la gravedad de sus antecedentes.

Nos negamos a que cualquier persona que haya sido condenada por delitos de lesa humanidad, pueda prestar servicios a nuestros afiliado.

Rápidamente la Secretaria General de FATPren, Carla Gaudensi, tomó cartas en el asunto y a las pocas horas desde la Obra Social se emitió el siguiente comunicado, que compartimos:
Desde la Obra Social del Personal de Prensa de la República Argentina, Repudiamos y Rechazamos en su totalidad que el Médico Moyano Hugo Mario, condenado por crímenes de lesa humanidad y recientemente dado de alta por el Círculo Médico de Paraná, sea prestador de nuestra obra social.
Guido Dreizik - Presidente de Osppra

Sumándonos a esto, señalamos y repudiamos también la actitud del Círculo Médico de Paraná, al dar de alta al médico permitiéndole que ejerza cuando este ha sido condenado culpable de la comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. Moyano además, al momento, tiene en curso otro proceso por participar en sesiones de tortura, por lo que nos resulta inadmisible la definición de que ahora se le permita ejercer la medicina.

Instamos a la Superintendencia de Servicios de Salud (que habilitó la matrícula al médico) y al Círculo Médico de Paraná (que le dio de alta) a que revisen y vuelvan atrás en sus definiciones. Las condenas pueden pasar pero los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Mucho menos nuestra Memoria.
SETPyC – Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación

martes, 1 de octubre de 2019

Sobre noticias falsas


El Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación -SETPyC- repudia las manifestaciones de directivos de la empresa estatal ENERSA que califican de noticias falsas a las emitidas en torno de sus ingresos mensuales, pero se niegan a la vez a clarificar cuánto cobran.

Este Sindicato entiende que los directivos no tienen derecho, por un lado, a negarse a difundir los haberes de funcionarios públicos, y por otro, descalificar a los periodistas que sostienen que cobran 400 mil pesos mensuales.

Si se tratara de noticias falsas, como ellos afirman, tendrán que demostrarlo, y es muy sencillo: mostrando sus haberes completos. Pero consideramos una práctica inaceptable la desautorización de los periodistas y al mismo tiempo el hermetismo insólito en que mantienen sus ingresos. ¿Cómo hará el periodismo para documentar sus informaciones, si ellos se niegan a informar? La situación se ha tornado inaceptable.

Cuando la mitad de todos los niños de la provincia vive bajo la línea de pobreza, y el propio presidente del Superior Tribunal de Justicia hace público el problema de los sueldos exorbitantes de algunos organismos del Estado, entonces el único modo de aclarar la situación planteada es con información fidedigna, con recibos a la vista.

Si los periodistas están equivocados, sabrán pedir disculpas y rectificar. Si los funcionarios mienten, sabrán rectificarse y también pedir disculpas. Pero mientras escondan información pública como lo están haciendo, no podemos sino sentirnos maltratados y considerar que en verdad cobran cifras astronómicas y pretenden que el periodismo sea su cómplice.
SETPyC – Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación

miércoles, 21 de agosto de 2019

El Diario: ordena la Justicia pagar a los trabajadores despedidos

La Justicia ordenó a Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER) iniciar la cancelación de la deuda que mantiene con los aproximadamente 70 trabajadores que despidió entre mayo y junio de 2018 sin pagarles la indemnización a la que obliga la ley
La medida fue dispuesta por el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nº 9 de Concursos y Quiebras de Paraná, Ángel Luis Moia, en la causa “Sociedad Anónima Entre Ríos s/Pedido de concurso preventivo”.

Moia resolvió este martes 20 cuatro puntos en esa causa: 1) estableció la fecha para la liquidación del pronto pago laboral; 2) aprobó la liquidación practicada por la Sindicatura; 3) intimó a SAER a depositar los montos adeudados a los despedidos; y encomendó a la Sindicatura la confección de una planilla para la distribución del monto liquidado entre los beneficiarios del pronto pago reconocidos.

En septiembre de 2018, la Justicia autorizó la apertura del concurso preventivo de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario, de Paraná, cuyo directorio está hoy presidido por el abogado laboralista Andrés Arias, y el empresario pizzero Germán Buffa, procesado en la Justicia por una causa de corrupción junto al exgobernador Sergio Urribarri y el exministro de Cultura, Pedro Ángel Báez, y sindicado como testaferro de este último en una causa por enriquecimiento ilícito.

La decisión, adoptada por el titular del Juzgado Civil y Comercial N° 9, Ángel Luis Moia, incluye la clasificación del proceso de El Diario como “gran concurso”, y es un punto de inflexión en la debacle de uno de los principales medios de comunicación de la provincia. En su resolución, el magistrado dispuso decretar la “inhibición general de bienes de la entidad deudora, librándose los respectivos oficios a los registros pertinentes”.

El jueves 4 de julio hubo una audiencia en el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), convocada por el juez Moia, La audiencia tuvo tres puntos a tratar, dos de ellos estuvieron vinculados al pronto pago de deudas que tienen carácter alimentario, es decir cómo y cuándo se va a pagar. En esa audiencia, se denunciaron 307 acreedores de SAER por 178 millones de pesos. “Tenemos un cuello de botella para definir cómo se liquida el primer pronto pago y estamos tratando de consensuar y coordinar con jueces de Trabajo, a los fines de poder dar respuesta a todos”, dijo Moia, según recogió el sitio Análisis Digital.

Hay una resolución de pronto pago que colocó a los acreedores laborales como privilegiados para cobrar. En una segunda resolución, se estableció que el crédito reconocido hasta hoy está dividido en dos: la primera parte fija cuánto de lo que se debe son créditos considerados privilegiados y sujetos a pronto pago (es decir que se vaya pagando durante el concurso); y una segunda parte que verifica todos los créditos.

El último informe mensual de la Sindicatura a cargo del concurso, arrojó un dato neto sobre la facturación SAER. Por eso se convocó a audiencia. Sobre esa facturación hay un porcentaje que fija la ley que es del 3% para distribuir entre todos los acreedores de pronto pago, es decir con derechos laborales.

Hubo un plazo prolongado desde la apertura del concurso preventivo hasta poder contar con los informes de la Sindicatura. Hace aproximadamente un año que SAER entró en concurso preventivo de acreedores.

“Este informe es el primero que fija una pauta del estado de las finanzas y liquida ese 3% que define la ley de concursos”, acotó Moia. Ese 3% es sobre los ingresos brutos de la empresa.

Algunas copias del documento fueron repartidas entre los presentes.

Se pidió que el porcentaje del 3% sea traducido a números. Se respondió que “en el mes de marzo, el primer 3% que se aplica fue de $135.215,68. En el mes de abril es de $ 131.067,13”.

Esos montos serían a cobrar mensualmente entre todos los acreedores laborales, lo cual implica, hasta ahora, poco más de 1.000 pesos por mes por ex empleado, mientras el concurso esté abierto.

“La decisión de la concursada es hacer una propuesta superadora al 3%”, dijo el abogado Andrés Arias en esa audiencia en Tribunales.

En esa instancia se conoció que la liquidación del 3% debe hacerse contra informe de la Sindicatura que se presentará el 26 de julio. Nada de eso ocurrió, y los dueños de El Diario siguen en falta con sus ex trabajadores.
Fuente: Entre Ríos Ahora

jueves, 4 de julio de 2019

Ex empleados de El Diario cobrarán menos de 136 mil por mes entre todos

Trabajadores despedidos de El Diario participaron de una audiencia este jueves, en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia. Representantes de la Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER) y la Sindicatura a cargo del concurso preventivo, mostraron montos mensuales que no superan los $136.000 a repartir entre todos los ex empleados. “Hoy esperábamos definiciones, no hubo nada”, contó uno de los damnificados a Análisis.

Para ingresar a la audiencia, cada participante firmó en una planilla. El objetivo del registro, según dijo el propio juez Ángel Moia, a cargo del Juzgado que dirige el concurso preventivo de SAER, fue volcarlo en formato digital al expediente.

La audiencia tuvo tres puntos a tratar, dos de ellos estuvieron vinculados al pronto pago de deudas que tienen carácter alimentario, es decir cómo y cuándo se va a pagar.

En el lugar estaba Andrés Arias, actual director del medio y presidente de SAER y decenas de ex empleados, abogados laboralistas y representantes sindicales.

El vaciamiento
Uno de los primeros puntos que se aclaró fue que la causa por el vaciamiento que tramita la jueza de Transición Paola Firpo, podrá tener incidencia o no en el concurso preventivo. Así lo respondió el juez Moia, cuando uno de los trabajadores le pidió precisiones al respecto. “Lo que tramitamos acá es el pasivo de Sociedad Anónima de Entre Ríos (SAER) y cómo atenderlo”, puntualizó.

Se denunciaron 307 acreedores de SAER por 178 millones de pesos. “Tenemos un cuello de botella para definir cómo se liquida el primer pronto pago y estamos tratando de consensuar y coordinar con jueces de Trabajo, a los fines de poder dar respuesta a todos”, dijo Moia.

El pasivo laboral
Hay una resolución de pronto pago que colocó a los acreedores laborales como privilegiados para cobrar. En una segunda resolución, se estableció que el crédito reconocido hasta hoy está dividido en dos: la primera parte fija cuánto de lo que se debe son créditos considerados privilegiados y sujetos a pronto pago (es decir que se vaya pagando durante el concurso); y una segunda parte que verifica todos los créditos.

El último informe mensual de la Sindicatura a cargo del concurso, arrojó un dato neto sobre la facturación SAER. Por eso se convocó a audiencia. Sobre esa facturación hay un porcentaje que fija la ley que es del 3% para distribuir entre todos los acreedores de pronto pago, es decir con derechos laborales.

Hubo un plazo prolongado desde la apertura del concurso preventivo hasta poder contar con los informes de la Sindicatura. Hace aproximadamente un año que SAER entró en concurso preventivo de acreedores.

“Este informe es el primero que fija una pauta del estado de las finanzas y liquida ese 3% que define la ley de concursos”, acotó Moia. Ese 3% es sobre los ingresos brutos de la empresa.

Algunas copias del documento fueron repartidas entre los presentes.

¿Y los números en pesos?
Se pidió que el porcentaje del 3% sea traducido a números. Se respondió que “en el mes de marzo, el primer 3% que se aplica fue de $135.215,68. En el mes de abril es de $ 131.067,13”.

Esos montos serían a cobrar mensualmente entre todos los acreedores laborales, lo cual implica, hasta ahora, poco más de 1.000 pesos por mes por ex empleado, mientras el concurso esté abierto.

La pauta oficial
Entre los trabajadores presentes surgió la inquietud sobre las pautas oficiales reconocidas que no se efectivizaron a SAER por estar en concurso preventivo, concretamente a SAER se le debe publicidad del gobierno de Entre Ríos. Cabe señalar que en medio de los conflictos gremiales, antes de ser los despidos, un grupo de trabajadores se reunió con la ministra de Gobierno Rosario Romero por este tema.

Esa consulta puntual no se pudo responder en ese momento. “Es algo que estamos analizando, todo el pasivo y todo el activo de SAER”, dijo Mariana Cerini, a cargo de la Sindicatura del concurso.

¿Hay algún tipo de informe respecto de los créditos que tiene la empresa y todavía no cobró sobre lo cual se pueda aplicar ese 3%?
Esa pregunta se hizo al menos tres veces antes de que los trabajadores consiguieran una respuesta concreta.

Las facturas cedidas
Inmediatamente, los trabajadores volvieron al punto de la pauta oficial que debe el gobierno de Entre Ríos. “Nosotros entendemos que hay pauta oficial que debe cobrar la empresa, que es anterior a la apertura del concurso preventivo. Teníamos entendido que es un ingreso de dinero muy importante y que se iba a destinar a las deudas laborales”, explicaron. “Concretamente queremos saber si está determinado cuánto es la deuda del Estado provincial con El Diario y si ese monto que es pre-concursal se afecta a ese 3% y se destina en su totalidad al pago de las deudas laborales”.

Moia reconoció que parte de esas facturas fueron cedidas a acreedores, que no son acreedores laborales. “Parte de lo que está liquidado a nombre de SAER habría sido cedido a otros acreedores”, admitió el juez.

En plena audiencia salió que esas facturas cedidas fueron a parar, por ejemplo, a una mutual.

El abogado laboralista César Bechetti marcó que la cesión de esas facturas de pauta oficial a acreedores que no son trabajadores, es un eje central en la discusión. “La facturas cedidas, en su gran mayoría, fueron objeto de una incidente que hoy está ejecutoriable. Eso significa que ninguno de los cesionarios, deberían estar cobrando esas facturas cedidas. Ergo, esas facturas cedidas deberían estar ingresando a lo que se conocen como fondos líquidos de donde se deduce el 3%. La pregunta es si tanto la Sindicatura como el Juzgado y la empresa adoptaron medidas para saber que esa resolución que fue objeto de incidente se esté cumpliendo. Es decir que los cesionarios no estén cobrando algo que hoy no deben cobrar”, advirtió.

Lo que debería liquidarse ya
En segundo lugar, el abogado contó que en diciembre interpuso un incidente de pronto pago frente a la mora procesal. “Ese porcentaje (es decir el 3%) está previsto en la ley, pero la ley no prevé la mora procesal, sino regularidad. Estamos pidiendo saber si se va a afectar con retroactividad un 3% de los fondos que ingresan desde la apertura del concurso. Esto no es menor porque los Juzgados de Trabajo levantaron de oficio los embargos sobre las facturas cedidas y fueron destinados a la cuenta judicial del concurso. Los fondos que hoy existen en la cuenta judicial del concurso que son las facturas cedidas más este 3% que se logró determinar, debería liquidarse ya, en forma inmediata con afectación a los créditos pronto pagables, lo que tornaría esto más prolijo para los acreedores laborales”, señaló.

Prometieron mejorar el porcentaje
Andrés Arias, presidente del Directorio de SAER respondió a Bechetti. Pidió en primer lugar que el 3% no sea retroactivo a la apertura del concurso preventivo. Luego dio marcha atrás con esa idea y aseguró estar de acuerdo con que el 3% sea retroactivo a la apertura del concurso. Ese cambio de opinión sobrevino a una advertencia de la contraparte: la mora judicial tiene que ver con las prórrogas que la propia empresa pidió, porque no entregaba toda la documentación.

Por otro lado, el representante de SAER prometió que mejorarían ese porcentaje de acá en adelante. “La decisión de la concursada es hacer una propuesta superadora al 3%”, remarcó Arias, aunque no contó cuánto más van a pagar.

Los trabajadores reclamaron que la propuesta superadora sea presentada la primera semana después de la feria judicial, que comienza la semana próxima.

Por otro lado, Arias aseguró que la idea de la empresa es hacer acuerdos grupales con demandas similares en los Juzgados de Trabajo.

Los que están en la Secretaría de Trabajo
En el lugar también estuvo Fernando Quinodoz, secretario de Trabajo de la provincia, porque allí aún se tramitan algunos casos. “Pueden presentarse a la homologación en sede administrativa que tiene carácter de sentencia, lo que pedimos es que el porcentaje requerido a la deudora debe ser racional para que el acuerdo sea homologable, al igual que el modo de pago”, dijo.

Los que no llegan a un acuerdo en sede administrativa, pasan a la vía judicial. “Todos los que estamos acá, estamos bajo la Ley de Concursos y Quiebras”, acotó Moia, en referencia a que el 3% sobre los ingresos que debe pagar SAER también corre para los casos que tramitan en la Secretaría de Trabajo.

Resoluciones
  • La liquidación del 3% debe hacerse contra informe de la Sindicatura que se presentará el 26 de julio.
  • La concursada tiene un plazo de diez días para definir una propuesta superadora del 3%.
Los humanos que están detrás de la aplicación de la ley
En el último tramo de la audiencia que se extendió más de dos horas, Carlos Ramírez, un trabajador con más de 35 años en El Diario contó: “Con mi esposa nos conocimos trabajando en El Diario, nos casamos y tuvimos un hijo. Usted habló de que la empresa está en terapia intensiva, nosotros estamos en terapia intensiva. Tenemos un muy mal recuerdo de la instancia en la Secretaría de Trabajo (en referencia a cuando el área era conducida por Oscar Balla). Pedimos consideración sobre las mentiras de la empresa. Los linyeras que están en Plaza de Mayo hoy pueden mostrar más patrimonio que lo que puede mostrar el doctor Arias. Los que tuvimos trayectoria en El Diario sabemos cómo se manejaron los números. Le voy a pedir que si hubo recursos que nos pertenecían, nosotros fuimos los que quedamos en la calle, que considere que venimos de años de mentiras y engaños. Como saben, Ramiro Nieto es el socio mayoritario y ellos no están en terapia intensiva. Ustedes no imaginan lo que es quedarse después de 35 años sin cobrar un peso. A nosotros no nos pueden engañar, somos los verdaderos damnificados. Pareciera que nosotros tenemos que ser psicólogos de estas personas sin escrúpulos. Analicen esas situaciones. No tuvieron escrúpulos en mentir ni en llevarse lo que no era de ellos. Pido disculpas por mi modo de hablar pero la experiencia que tuvimos es terrible. Nos partieron al medio y de eso nos otorgan un 3% vaya a saber de qué facturación, así que tengan en cuenta mi caso y el de todos mis compañeros”.

Su intervención provocó el aplauso cerrado de los presentes.

“Queremos que en la medida de las posibilidades, el secretario de Trabajo gestione, si es que existen fondos publicitarios de organismo oficiales que no se efectivizaron a la empresa porque está en concurso, para que nos paguen ese 3% de base”, se requirió por último.

Los otros acreedores
El concurso preventivo tiene además de la Sindicatura conformada un comité de control que conforman la empresa Magnus SA (con sede en Salta y dedicada la comercialización de instrumental médico y odontológico); la Mutual América y la Mutual 10 de Abril, los acreedores de mayor envergadura.
Fuente: Análisis Digital

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