Río Albigasta
En las Sierras de Ancasti, en el este de Catamarca, el avance de un proyecto de exploración de litio en roca comenzó a encender las alarmas de las comunidades que habitan la región. La preocupación no se limita a las transformaciones que podría ocasionar la actividad minera sobre el paisaje serrano, los bosques nativos y las formas tradicionales de producción. El centro de la disputa es el agua: un recurso que atraviesa los límites provinciales, sostiene a poblaciones enteras y alimenta una cuenca compartida entre Catamarca y Santiago del Estero.
En ese territorio, vecinos y vecinas vienen organizándose para defender los bienes comunes y el patrimonio natural, arqueológico y cultural de la región. Uno de los principales puntos de referencia de esa resistencia es el proyecto minero de litio en roca impulsado por Litios del Norte S.A., una firma internacional que pretende desarrollar actividades en las cumbres de la Sierra de Ancasti, dentro de los departamentos catamarqueños de Ancasti y El Alto.
Edgar Ahumada, integrante de la Asamblea Departamental por el Agua de El Alto, brindó detalles sobre el conflicto en declaraciones al programa Señales, donde repasó los antecedentes del proyecto, cuestionó la falta de información oficial y advirtió sobre los posibles impactos ambientales, hídricos y productivos de la iniciativa. Según explicó, la información que llegó a las comunidades resulta insuficiente frente a la magnitud de las intervenciones proyectadas.
El primer intento reciente de avanzar con una instancia de información pública se produjo durante los primeros días de octubre, cuando el Gobierno provincial y la empresa buscaron convocar a una reunión técnica informativa. Sin embargo, la convocatoria fue impugnada por las organizaciones vecinales, que cuestionaron el incumplimiento de los plazos previstos para comunicar el encuentro y permitir que los habitantes accedieran con anticipación a la documentación correspondiente.
La presentación consiguió postergar la reunión, que hasta el momento no se había concretado. Para Ahumada, el episodio dejó al descubierto uno de los principales problemas del proceso: la distancia entre los mecanismos institucionales de participación y las posibilidades reales de intervención de las comunidades afectadas.
En ese contexto, también cuestiona el alcance de la denominada licencia social, un concepto que suele aparecer en los procesos de aprobación de proyectos extractivos, pero cuya aplicación considera ambigua. Según plantea, no existe una reglamentación que establezca con claridad qué porcentaje de habitantes debe manifestar su consentimiento ni un procedimiento preciso para determinar cuándo una comunidad acepta efectivamente una iniciativa de estas características. En la práctica, señala, el mecanismo puede terminar reducido a la recolección de firmas.
La impugnación de la convocatoria tuvo, además, un efecto que excedió el cuestionamiento administrativo. El reclamo permitió articular a tres espacios de organización territorial: la Asamblea Departamental por el Agua de El Alto, la Asamblea Ancasti por la Vida y la Asamblea Friense por el Albigasta, integrada por vecinos autoconvocados de Frías, en Santiago del Estero, y de la microrregión vinculada al río Albigasta.
La confluencia de estas organizaciones expresa una preocupación que no reconoce fronteras provinciales. El Alto y Ancasti pertenecen a Catamarca, mientras que Frías se encuentra en Santiago del Estero. Sin embargo, las comunidades comparten una misma trama hídrica y productiva. Los cursos de agua que nacen en las sierras catamarqueñas alimentan el sistema del río Albigasta, recargan los acuíferos subterráneos y sostienen actividades agropecuarias y poblaciones de ambos lados del límite interprovincial.
Para comprender la dimensión del conflicto, Ahumada propone mirar más allá de la presentación actual del emprendimiento. Aunque la empresa denomina exploratoria a esta etapa, recuerda que en 2010 ya se habían realizado 17 perforaciones en el cerro, sin que los habitantes de la zona tuvieran conocimiento de esos trabajos.
Según su reconstrucción, se trató de perforaciones de aproximadamente 300 metros de profundidad y seis pulgadas de diámetro, equivalentes a unos 150 milímetros. Con el paso del tiempo, explica, fueron los propios vecinos quienes encontraron los lugares donde se habían efectuado las intervenciones.
Ese antecedente es central para las asambleas, porque pone en discusión la idea de que la actividad recién estaría comenzando. Ahumada sostiene que, después de aquellas perforaciones, las empresas ya contarían con información sobre la composición mineral del subsuelo y los porcentajes de los recursos presentes en las formaciones rocosas. En ese sentido, considera que las tareas anunciadas no pueden analizarse como si no existiera una historia previa de exploración.
La preocupación se extiende también a la situación legal y ambiental de los territorios involucrados. El referente señala que buena parte de los sectores donde se proyectan las intervenciones corresponden a áreas clasificadas como zonas amarillas dentro del ordenamiento territorial de los bosques nativos, tanto bajo la Ley Nacional de Bosques como en la normativa provincial. Se trata de sectores en los que, según explica, existen restricciones para realizar modificaciones que comprometan la conservación de esos ecosistemas.
En cuanto a la superficie alcanzada, Ahumada estima que el área central prevista para la exploración comprende alrededor de 34.000 hectáreas, con una posible expansión que podría llevar el total hasta unas 75.000. Reconoce que las cifras pueden presentar variaciones de 500 o incluso 1.000 hectáreas, pero advierte que, más allá de esas diferencias, se trata de una extensión territorial considerable.
Uno de los sectores señalados como punto de partida de esta primera etapa es Jerónimo. Allí, según relata, después de las perforaciones realizadas en 2017 comenzaron a observarse modificaciones en el entorno y algunas vertientes dejaron de existir. La situación genera especial inquietud porque se trata de una región donde la producción agroganadera constituye una de las principales fuentes de subsistencia y actividad económica de sus pobladores.
Cerro del Ancasti
La relación entre el agua, el territorio y la producción aparece una y otra vez en las explicaciones de Ahumada. Las perforaciones, sostiene, se concentran en una zona estratégica de la cabecera de la cuenca, desde donde se alimentan distintos cursos de agua que confluyen en el sistema del Albigasta.
Entre ellos menciona los ríos Grande, Malpaso y La Plata, vinculados a la red hídrica que desemboca en el río Albigasta y continúa hacia el embalse artificial conocido como Dique El Bolsón o Dique del Albigasta.
La importancia de ese sistema excede ampliamente a las localidades cercanas a las sierras. El embalse, ubicado a unos 25 kilómetros de Frías y vinculado territorialmente con la zona de El Alto, forma parte de una red de abastecimiento y regulación hídrica fundamental para el sudoeste santiagueño y el este catamarqueño.
De esa misma cuenca dependen, además, obras interprovinciales de infraestructura que se encuentran proyectadas o en ejecución. Ahumada menciona los acueductos destinados a irrigar el departamento La Paz, en Catamarca, y sectores del departamento Choya y de la zona de Frías, en Santiago del Estero.
Cualquier alteración en las cabeceras, advierte, podría repercutir sobre un sistema del que dependen tanto el consumo humano como las actividades productivas.
La discusión adquiere otra dimensión cuando se considera el tipo de explotación que se pretende desarrollar. A diferencia de los proyectos de litio en salmuera, habituales en el oeste catamarqueño y en otras regiones de la Puna, la iniciativa de las Sierras de Ancasti apunta a extraer litio contenido en formaciones rocosas.
Ahumada explica que la explotación de litio en salmuera utiliza grandes piletones en los que se concentra el líquido extraído de los salares. A través de un proceso de evaporación que puede extenderse durante seis, ocho o incluso veinte meses, el agua se reduce progresivamente y permite obtener carbonato de litio, que luego pasa a las etapas de procesamiento.
La modalidad proyectada para Ancasti es diferente. Se trata de litio en roca, un sistema que contempla la extracción de material del cerro, su posterior trituración y molienda y, finalmente, los procedimientos necesarios para separar y obtener el mineral. El referente describe el método como una explotación a cielo abierto, conocida como open pit, que supone una intervención directa sobre la formación geológica.
Ahumada explica que los cerros de la región poseen una característica que considera un beneficio natural: la presencia de agua dulce a poca profundidad. En distintos sectores, las primeras napas pueden encontrarse a tres, cinco o doce metros, e incluso en algunos lugares a profundidades menores.
Se trata de reservas que, según señala, presentan condiciones de calidad que permiten su utilización para consumo humano, una vez sometidas a los tratamientos correspondientes, así como para el abastecimiento de actividades ganaderas y agrícolas.
El temor de las asambleas se concentra en la posibilidad de que las perforaciones profundas conecten distintos niveles de agua subterránea. Ahumada advierte que, si durante los trabajos no se sellan adecuadamente las napas atravesadas, podrían generarse vías de comunicación entre acuíferos superficiales de agua dulce y reservorios más profundos que contienen sales y distintos elementos metálicos.
En su explicación, el problema radica en que las perforaciones de hasta 300 metros pueden atravesar sucesivas capas subterráneas con características químicas diferentes. Si esas capas quedan comunicadas, sostiene, existe el riesgo de que aguas de distinta composición se mezclen y alteren la calidad de las reservas utilizadas por las poblaciones locales.
Entre los elementos que menciona se encuentran metales pesados como plomo, mercurio, arsénico, cadmio y talio. También señala la presencia de otros elementos, como hierro, zinc, cobre y molibdeno, cuya concentración y composición deben evaluarse de acuerdo con las características de cada acuífero.
La preocupación expresada por el referente apunta a que una eventual comunicación entre las napas podría comprometer reservas de agua dulce destinadas al consumo, al riego y a la producción agroganadera. Para las comunidades, la posibilidad de que esos recursos se deterioren representa una amenaza que no puede evaluarse únicamente desde la superficie donde se instalarían las actividades mineras.
En una región donde el agua de las sierras alimenta cursos que atraviesan dos provincias, la discusión sobre el litio termina convirtiéndose también en una discusión sobre el futuro de toda la cuenca. Lo que sucede en las alturas de Ancasti, advierten las organizaciones, no queda necesariamente circunscripto al territorio donde se desarrolla el emprendimiento: puede proyectar sus consecuencias aguas abajo, hacia los pueblos, los campos y las obras de abastecimiento que dependen de ese sistema hídrico.
Un ecosistema bajo presión: agua, bosques y producción familiar
Las advertencias de las comunidades no se limitan a los posibles efectos de las perforaciones sobre los acuíferos subterráneos. Para Edgar Ahumada, el proceso de exploración y una eventual explotación del litio en roca podrían desencadenar una serie de impactos sobre el conjunto del ecosistema serrano, desde la disponibilidad de agua hasta la conservación de los humedales, la vegetación y las actividades productivas que sostienen a las familias de la región.
Uno de los primeros aspectos que señala es el consumo de agua que requiere el propio procedimiento de perforación. La intervención a profundidades de hasta 300 metros necesita, explica, un flujo constante de agua para enfriar las brocas y facilitar la extracción del material rocoso triturado. Esa demanda representa, desde su perspectiva, una presión adicional sobre las fuentes hídricas locales, especialmente en una zona donde el agua dulce se encuentra a escasa profundidad.
El problema podría agravarse si las intervenciones no cuentan con controles adecuados. Ahumada advierte que una alteración de las reservas subterráneas puede afectar la profundidad y disponibilidad de las capas de agua, con consecuencias sobre las vegas, los humedales y los ojos de agua que forman parte del paisaje serrano. Esos ambientes cumplen funciones fundamentales para la biodiversidad y también para la actividad ganadera.
En ese punto, insiste en que el territorio donde se proyectan las intervenciones no está deshabitado ni constituye un espacio improductivo. Por el contrario, se trata de una zona habitada por familias que desarrollan pequeñas explotaciones ganaderas y agrícolas. No son grandes establecimientos empresariales, sino unidades familiares cuya economía depende directamente de los recursos naturales del lugar.
"Son zonas de familias, de ganaderos o de agricultores, de pequeños ganaderos. No estamos hablando de grandes producciones, que son su medio de subsistencia, su medio de vida", remarca.
A la preocupación por el consumo de agua se suma el posible manejo de los residuos generados durante las distintas etapas del emprendimiento. Ahumada advierte que una gestión inadecuada podría producir lodos capaces de contaminar las reservas subterráneas y, posteriormente, alcanzar los cursos superficiales que alimentan el sistema del río Albigasta.
También menciona posibles alteraciones en las capas profundas del subsuelo y la liberación de gases durante las intervenciones sobre determinadas formaciones rocosas. En su explicación, la presencia de minerales sulfurados y compuestos nitrogenados requiere especial atención, debido a las transformaciones químicas que podrían producirse durante las operaciones.
Entre los escenarios que plantea se encuentra la generación de compuestos de azufre y nitrógeno que, al incorporarse a la atmósfera y reaccionar con el agua, podrían contribuir a procesos de precipitación ácida. Ahumada sostiene que ese fenómeno tendría consecuencias sobre la vegetación de la zona y sobre el equilibrio ambiental de los ecosistemas serranos.
El referente también describe las etapas posteriores que, según su interpretación, podría demandar una explotación industrial del mineral. Una vez extraída la roca, el material sería sometido a voladuras, molienda y procesos térmicos en hornos de altas temperaturas, que estima en aproximadamente 1.100 grados centígrados. Luego, los productos resultantes deberían atravesar tratamientos químicos, entre ellos el uso de ácido sulfúrico.
Para las asambleas, ese conjunto de operaciones abre nuevos interrogantes sobre el manejo de los residuos y los posibles efectos sobre el agua. Ahumada advierte que los tratamientos químicos podrían modificar el pH de los cauces y afectar la biodiversidad acuática. Su preocupación es que los impactos no queden circunscriptos al área de intervención minera, sino que puedan extenderse a través de los cursos de agua que conectan las distintas localidades de la cuenca.
Una resistencia que cruza las fronteras provinciales
La defensa del territorio fue adquiriendo, en ese contexto, una dimensión colectiva e interprovincial. Mientras se desarrollaba una nueva actividad de la Asamblea Ancasti por la Vida en la villa de Ancasti, representantes de la Asamblea Departamental por el Agua de El Alto y de la Asamblea Friense por el Albigasta participaban del encuentro, reflejando la articulación que se viene construyendo entre las comunidades.
Para Ahumada, ese rechazo compartido tiene una explicación concreta: los pueblos están unidos por una misma cuenca hídrica. Las comunidades de Ancasti, El Alto y Frías pueden pertenecer a jurisdicciones administrativas diferentes, pero dependen de un sistema de agua dulce que atraviesa las fronteras provinciales.
"Hay un rechazo social que unificó a comunidades geográficamente, a las comunidades de Ancasti, El Alto y de Frías, porque es una cuenca hídrica compartida", explica. Y agrega que existen manifestaciones claras de que el proyecto no puede avanzar de manera unilateral sobre un recurso que involucra a poblaciones de dos provincias.
La discusión vuelve así sobre la licencia social. Para las organizaciones, el consentimiento de las comunidades no está otorgado y no puede darse por supuesto a partir de una convocatoria formal o de un procedimiento administrativo. La participación ciudadana, sostienen, debe garantizar el acceso a información suficiente, la posibilidad de analizar los antecedentes y la intervención efectiva de quienes pueden resultar afectados.
Una de las expresiones públicas de esa resistencia tuvo lugar el 22 de octubre, cuando vecinos y vecinas realizaron una caravana desde la pasarela del río Guayamba hasta Tintigasta (en el Departamento El Alto, Catamarca), donde se desarrolló una reunión comunitaria. La movilización reunió a habitantes de la región que se trasladaron en distintos vehículos para participar del encuentro y expresar sus preocupaciones frente al avance del proyecto.
La convocatoria tuvo una característica que Ahumada considera importante: no estuvo dirigida únicamente a los vecinos y a las organizaciones ambientales. También se invitó a representantes institucionales y autoridades de distintos ámbitos, entre ellos el intendente del departamento El Alto, el senador departamental, autoridades religiosas y funcionarios del Gobierno provincial.
La intención, aclara, no era realizar una manifestación opositora por el solo hecho de oponerse a la minería. Las asambleas buscaban respuestas, información técnica y explicaciones sobre las características del emprendimiento, sus antecedentes y las consecuencias que podría tener sobre el territorio.
Sin embargo, según relata, ninguno de los invitados asistió presencialmente a la reunión comunitaria. La única respuesta institucional que recibieron fue una nota escrita del senador por el departamento El Alto, quien tampoco participó personalmente del encuentro.
En esa comunicación, el legislador se apoyó en un informe del Ministerio de Minería de Catamarca para explicar la situación administrativa del proyecto de Litios del Norte S.A. Allí se remarcaba que la iniciativa se encontraba únicamente en una fase inicial de exploración, con perforaciones destinadas a la investigación geológica, y que todavía no estaba en una etapa de producción.
La nota también señalaba que el informe de impacto ambiental no había sido aprobado y que el Gobierno provincial había solicitado información complementaria a la empresa el 2 de octubre. Asimismo, informaba que las instancias presenciales de participación ciudadana habían sido postergadas preventivamente, precisamente a raíz de los cuestionamientos planteados por las comunidades.
La respuesta incluía referencias técnicas y el número de expediente para que los interesados pudieran acceder a la documentación pública. Sin embargo, para Ahumada, esa información no despejaba las principales dudas ni respondía a uno de los puntos centrales del reclamo: los antecedentes de las perforaciones realizadas años atrás.
El referente considera que presentar el emprendimiento como una exploración inicial sin incorporar lo sucedido en años anteriores constituye una omisión relevante. Según su reconstrucción, en 2017 ya se habían realizado aproximadamente veinte perforaciones, algunas de las cuales alcanzaron los 300 metros de profundidad. Los caños de unos 150 milímetros que quedaron en el territorio, sostiene, forman parte de una memoria material que los vecinos pueden reconocer.
Por eso cuestiona que la comunicación oficial transmita tranquilidad al describir una etapa exploratoria como si se tratara del comienzo de las actividades. A su entender, esa caracterización minimiza el impacto acumulativo que las intervenciones anteriores podrían haber producido sobre el territorio y sus recursos naturales.
"Hay carencias en la información", resume, al referirse a una respuesta que considera políticamente cautelosa, pero insuficiente en cuanto a la precisión de los antecedentes y las características del proyecto.
Cuevas, bosques y memoria: el patrimonio también está en juego
A las preocupaciones ambientales e hídricas se agrega otro aspecto que las organizaciones consideran fundamental: la preservación del patrimonio arqueológico y cultural.
En la zona se encuentran las Cuevas de Oyola (foto superior) se identificaron 38 cuevas y aleros con arte rupestre, con testimonios de pueblos originarios de más de mil años.
Se trata de sitios que forman parte de la historia y la identidad cultural de la región y que, según advierten las asambleas, podrían quedar expuestos a las transformaciones derivadas de las actividades mineras. La preocupación aumenta porque esos espacios se encuentran dentro del área territorial vinculada al proyecto.
Para las comunidades, la posible afectación del patrimonio arqueológico no puede analizarse de manera separada del resto de los riesgos ambientales. La conservación de los bosques nativos, las fuentes de agua, los sitios históricos y los paisajes serranos forma parte de una misma discusión sobre el futuro del territorio y la continuidad de las formas de vida que se desarrollaron allí durante generaciones.
La referencia a las leyes nacional y provincial de bosques también atraviesa los cuestionamientos. Ahumada considera que las respuestas institucionales no alcanzan para despejar las dudas sobre la compatibilidad de las intervenciones proyectadas con las restricciones de conservación que rigen en buena parte de esos sectores.
¿Desarrollo para quién? El impacto sobre las economías locales
El conflicto tiene, además, una dimensión económica que las asambleas consideran central y que, según sostienen, no está siendo suficientemente contemplada en la discusión pública.
En las comunidades de Ancasti y El Alto, la ganadería y la agricultura constituyen actividades históricas, a las que se suman el turismo y otras formas de aprovechamiento del entorno natural.
Ahumada cuestiona especialmente la distancia entre los beneficios laborales que se anuncian habitualmente para justificar los emprendimientos mineros y la cantidad de puestos de trabajo que, según indica, figuran en la información disponible sobre este proyecto.
De acuerdo con lo que señala, la iniciativa contempla mano de obra para apenas ocho personas. Frente a esa cifra, plantea el interrogante sobre quiénes asumirían los costos de una eventual afectación de las fuentes de agua y de las condiciones ambientales de las que dependen las familias de la región.
"Va a dar mano de obra a muy poca gente y va a perjudicar abiertamente la capacidad productiva y el medio de subsistencia", advierte.
El referente sostiene que las economías locales están profundamente vinculadas a la producción ganadera y que no se trata de una actividad marginal dentro de la provincia. Según afirma, la producción de la zona involucrada representa aproximadamente el 50 por ciento de la producción ganadera de Catamarca, una dimensión que, desde su perspectiva, debería ser considerada antes de evaluar cualquier transformación del territorio.
La discusión, entonces, no enfrenta solamente dos actividades económicas, sino también dos perspectivas sobre el desarrollo. Por un lado, un modelo extractivo que presenta al litio como un recurso estratégico y una oportunidad de inversión. Por otro, comunidades que advierten que la explotación podría poner en riesgo actividades productivas existentes, los bienes naturales y las condiciones que permiten su permanencia en el territorio.
La resistencia de los vecinos se sostiene, por eso, en tres ejes que se repiten en cada encuentro y cada presentación: organización, participación y acceso a la información. No se trata, insiste Ahumada, de rechazar cualquier discusión sin conocer los proyectos, sino de exigir que las decisiones se tomen con información completa y con la intervención de quienes habitan los lugares donde se pretenden desarrollar las actividades.
Las responsabilidades políticas y el futuro de la cuenca
En ese escenario, también comenzaron a expresarse cuestionamientos desde el ámbito político local. Ahumada menciona una manifestación pública del intendente del departamento Ancasti, Piñero, quien habría señalado la falta de información y de acciones suficientes por parte de las autoridades involucradas. El referente interpreta esas declaraciones como una señal de que incluso dentro de las estructuras institucionales existen dudas sobre el conocimiento y la comprensión de este tipo de emprendimientos y sus posibles consecuencias.
Sin embargo, el posicionamiento del Gobierno provincial aparece, según plantea, claramente alineado con el desarrollo de los proyectos mineros. Ahumada señala que el gobernador Raúl Jalil respalda estas iniciativas y que la política provincial mantiene una coincidencia con la orientación del Gobierno de Javier Milei en materia de promoción de la actividad extractiva.
La distancia entre ese respaldo político y las demandas de las comunidades vuelve a colocar en el centro de la discusión la pregunta sobre quién decide el destino de los territorios y bajo qué condiciones se utilizan sus recursos.
En la microrregión Albigasta, el agua no reconoce los límites que separan a Catamarca de Santiago del Estero. Los ríos que nacen en las sierras alimentan el Dique El Bolsón, recargan los acuíferos y sostienen tanto el consumo de las poblaciones como la producción agrícola y ganadera de la región. Por eso, las organizaciones advierten que cualquier alteración en las cabeceras de la cuenca puede repercutir mucho más allá del lugar donde se realicen las perforaciones.
La disputa por el litio en las Sierras de Ancasti excede así los límites de un expediente minero o de una discusión técnica sobre los métodos de extracción. Involucra el agua, los bosques, el patrimonio arqueológico, las economías familiares y la posibilidad de que las comunidades participen de las decisiones que comprometen su futuro.
Mientras esperan respuestas y reclaman acceso a información completa, las asambleas de Catamarca y Santiago del Estero continúan articulando acciones en defensa de la cuenca. Frente a un proyecto que consideran una amenaza para el equilibrio ambiental y la vida de las comunidades, sostienen una consigna que resume el sentido de su resistencia: "El agua del Albigasta no se vende, se defiende".
La defensa del territorio fue adquiriendo, en ese contexto, una dimensión colectiva e interprovincial. Mientras se desarrollaba una nueva actividad de la Asamblea Ancasti por la Vida en la villa de Ancasti, representantes de la Asamblea Departamental por el Agua de El Alto y de la Asamblea Friense por el Albigasta participaban del encuentro, reflejando la articulación que se viene construyendo entre las comunidades.
Para Ahumada, ese rechazo compartido tiene una explicación concreta: los pueblos están unidos por una misma cuenca hídrica. Las comunidades de Ancasti, El Alto y Frías pueden pertenecer a jurisdicciones administrativas diferentes, pero dependen de un sistema de agua dulce que atraviesa las fronteras provinciales.
"Hay un rechazo social que unificó a comunidades geográficamente, a las comunidades de Ancasti, El Alto y de Frías, porque es una cuenca hídrica compartida", explica. Y agrega que existen manifestaciones claras de que el proyecto no puede avanzar de manera unilateral sobre un recurso que involucra a poblaciones de dos provincias.
La discusión vuelve así sobre la licencia social. Para las organizaciones, el consentimiento de las comunidades no está otorgado y no puede darse por supuesto a partir de una convocatoria formal o de un procedimiento administrativo. La participación ciudadana, sostienen, debe garantizar el acceso a información suficiente, la posibilidad de analizar los antecedentes y la intervención efectiva de quienes pueden resultar afectados.
Una de las expresiones públicas de esa resistencia tuvo lugar el 22 de octubre, cuando vecinos y vecinas realizaron una caravana desde la pasarela del río Guayamba hasta Tintigasta (en el Departamento El Alto, Catamarca), donde se desarrolló una reunión comunitaria. La movilización reunió a habitantes de la región que se trasladaron en distintos vehículos para participar del encuentro y expresar sus preocupaciones frente al avance del proyecto.
La intención, aclara, no era realizar una manifestación opositora por el solo hecho de oponerse a la minería. Las asambleas buscaban respuestas, información técnica y explicaciones sobre las características del emprendimiento, sus antecedentes y las consecuencias que podría tener sobre el territorio.
Sin embargo, según relata, ninguno de los invitados asistió presencialmente a la reunión comunitaria. La única respuesta institucional que recibieron fue una nota escrita del senador por el departamento El Alto, quien tampoco participó personalmente del encuentro.
En esa comunicación, el legislador se apoyó en un informe del Ministerio de Minería de Catamarca para explicar la situación administrativa del proyecto de Litios del Norte S.A. Allí se remarcaba que la iniciativa se encontraba únicamente en una fase inicial de exploración, con perforaciones destinadas a la investigación geológica, y que todavía no estaba en una etapa de producción.
La nota también señalaba que el informe de impacto ambiental no había sido aprobado y que el Gobierno provincial había solicitado información complementaria a la empresa el 2 de octubre. Asimismo, informaba que las instancias presenciales de participación ciudadana habían sido postergadas preventivamente, precisamente a raíz de los cuestionamientos planteados por las comunidades.
La respuesta incluía referencias técnicas y el número de expediente para que los interesados pudieran acceder a la documentación pública. Sin embargo, para Ahumada, esa información no despejaba las principales dudas ni respondía a uno de los puntos centrales del reclamo: los antecedentes de las perforaciones realizadas años atrás.
El referente considera que presentar el emprendimiento como una exploración inicial sin incorporar lo sucedido en años anteriores constituye una omisión relevante. Según su reconstrucción, en 2017 ya se habían realizado aproximadamente veinte perforaciones, algunas de las cuales alcanzaron los 300 metros de profundidad. Los caños de unos 150 milímetros que quedaron en el territorio, sostiene, forman parte de una memoria material que los vecinos pueden reconocer.
Por eso cuestiona que la comunicación oficial transmita tranquilidad al describir una etapa exploratoria como si se tratara del comienzo de las actividades. A su entender, esa caracterización minimiza el impacto acumulativo que las intervenciones anteriores podrían haber producido sobre el territorio y sus recursos naturales.
"Hay carencias en la información", resume, al referirse a una respuesta que considera políticamente cautelosa, pero insuficiente en cuanto a la precisión de los antecedentes y las características del proyecto.
A las preocupaciones ambientales e hídricas se agrega otro aspecto que las organizaciones consideran fundamental: la preservación del patrimonio arqueológico y cultural.
En la zona se encuentran las Cuevas de Oyola (foto superior) se identificaron 38 cuevas y aleros con arte rupestre, con testimonios de pueblos originarios de más de mil años.
Se trata de sitios que forman parte de la historia y la identidad cultural de la región y que, según advierten las asambleas, podrían quedar expuestos a las transformaciones derivadas de las actividades mineras. La preocupación aumenta porque esos espacios se encuentran dentro del área territorial vinculada al proyecto.
Para las comunidades, la posible afectación del patrimonio arqueológico no puede analizarse de manera separada del resto de los riesgos ambientales. La conservación de los bosques nativos, las fuentes de agua, los sitios históricos y los paisajes serranos forma parte de una misma discusión sobre el futuro del territorio y la continuidad de las formas de vida que se desarrollaron allí durante generaciones.
La referencia a las leyes nacional y provincial de bosques también atraviesa los cuestionamientos. Ahumada considera que las respuestas institucionales no alcanzan para despejar las dudas sobre la compatibilidad de las intervenciones proyectadas con las restricciones de conservación que rigen en buena parte de esos sectores.
El conflicto tiene, además, una dimensión económica que las asambleas consideran central y que, según sostienen, no está siendo suficientemente contemplada en la discusión pública.
En las comunidades de Ancasti y El Alto, la ganadería y la agricultura constituyen actividades históricas, a las que se suman el turismo y otras formas de aprovechamiento del entorno natural.
Ahumada cuestiona especialmente la distancia entre los beneficios laborales que se anuncian habitualmente para justificar los emprendimientos mineros y la cantidad de puestos de trabajo que, según indica, figuran en la información disponible sobre este proyecto.
De acuerdo con lo que señala, la iniciativa contempla mano de obra para apenas ocho personas. Frente a esa cifra, plantea el interrogante sobre quiénes asumirían los costos de una eventual afectación de las fuentes de agua y de las condiciones ambientales de las que dependen las familias de la región.
"Va a dar mano de obra a muy poca gente y va a perjudicar abiertamente la capacidad productiva y el medio de subsistencia", advierte.
El referente sostiene que las economías locales están profundamente vinculadas a la producción ganadera y que no se trata de una actividad marginal dentro de la provincia. Según afirma, la producción de la zona involucrada representa aproximadamente el 50 por ciento de la producción ganadera de Catamarca, una dimensión que, desde su perspectiva, debería ser considerada antes de evaluar cualquier transformación del territorio.
La discusión, entonces, no enfrenta solamente dos actividades económicas, sino también dos perspectivas sobre el desarrollo. Por un lado, un modelo extractivo que presenta al litio como un recurso estratégico y una oportunidad de inversión. Por otro, comunidades que advierten que la explotación podría poner en riesgo actividades productivas existentes, los bienes naturales y las condiciones que permiten su permanencia en el territorio.
La resistencia de los vecinos se sostiene, por eso, en tres ejes que se repiten en cada encuentro y cada presentación: organización, participación y acceso a la información. No se trata, insiste Ahumada, de rechazar cualquier discusión sin conocer los proyectos, sino de exigir que las decisiones se tomen con información completa y con la intervención de quienes habitan los lugares donde se pretenden desarrollar las actividades.
Las responsabilidades políticas y el futuro de la cuenca
En ese escenario, también comenzaron a expresarse cuestionamientos desde el ámbito político local. Ahumada menciona una manifestación pública del intendente del departamento Ancasti, Piñero, quien habría señalado la falta de información y de acciones suficientes por parte de las autoridades involucradas. El referente interpreta esas declaraciones como una señal de que incluso dentro de las estructuras institucionales existen dudas sobre el conocimiento y la comprensión de este tipo de emprendimientos y sus posibles consecuencias.
Sin embargo, el posicionamiento del Gobierno provincial aparece, según plantea, claramente alineado con el desarrollo de los proyectos mineros. Ahumada señala que el gobernador Raúl Jalil respalda estas iniciativas y que la política provincial mantiene una coincidencia con la orientación del Gobierno de Javier Milei en materia de promoción de la actividad extractiva.
La distancia entre ese respaldo político y las demandas de las comunidades vuelve a colocar en el centro de la discusión la pregunta sobre quién decide el destino de los territorios y bajo qué condiciones se utilizan sus recursos.
En la microrregión Albigasta, el agua no reconoce los límites que separan a Catamarca de Santiago del Estero. Los ríos que nacen en las sierras alimentan el Dique El Bolsón, recargan los acuíferos y sostienen tanto el consumo de las poblaciones como la producción agrícola y ganadera de la región. Por eso, las organizaciones advierten que cualquier alteración en las cabeceras de la cuenca puede repercutir mucho más allá del lugar donde se realicen las perforaciones.
La disputa por el litio en las Sierras de Ancasti excede así los límites de un expediente minero o de una discusión técnica sobre los métodos de extracción. Involucra el agua, los bosques, el patrimonio arqueológico, las economías familiares y la posibilidad de que las comunidades participen de las decisiones que comprometen su futuro.
Mientras esperan respuestas y reclaman acceso a información completa, las asambleas de Catamarca y Santiago del Estero continúan articulando acciones en defensa de la cuenca. Frente a un proyecto que consideran una amenaza para el equilibrio ambiental y la vida de las comunidades, sostienen una consigna que resume el sentido de su resistencia: "El agua del Albigasta no se vende, se defiende".
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