Durante meses, el Complejo Educativo Gurruchaga, tuvo durante meses un escenario de incertidumbre, malestar y organización colectiva. Desde mayo de 2025, la institución atravesaba una intervención dispuesta por el Ministerio de Educación de Santa Fe, que había colocado al frente de la escuela a dos directivos interventores. Lo que comenzó como una decisión administrativa terminó convirtiéndose en un conflicto que involucró a estudiantes, familias y docentes, y que puso en discusión no solamente quién debía conducir la institución, sino también qué escuela se estaba construyendo y qué lugar tenían las voces de quienes la habitaban todos los días.
En una entrevista anterior con Señales, de Aire Libre, Radio Comunitaria, Adriana y Carolina habían reconstruido los meses de conflicto: reuniones sin respuestas, denuncias, restricciones que afectaban la vida cotidiana de los alumnos, situaciones de maltrato y abuso de autoridad, y una creciente preocupación por el rumbo institucional. También habían contado cómo los estudiantes comenzaron a organizarse a través del Centro de Estudiantes, con sentadas, carteles, asambleas y distintas manifestaciones pacíficas para reclamar por sus derechos.
Las familias acompañaron esa organización desde el primer momento. Sin embargo, la incertidumbre continuaba: la intervención seguía vigente y no había definiciones sobre quién conduciría la escuela.
En esta nueva conversación, Carolina llegó junto a Yanina, quien se sumó a esta segunda instancia de reconstrucción del conflicto. Esta vez, las madres traían una noticia diferente: la comunidad educativa había conseguido el apartamiento de los dos interventores y el Ministerio había convocado al escalafón interno para cubrir los cargos de dirección y vicedirección de la secundaria. Finalmente, dos docentes de la propia institución fueron designados para asumir esas responsabilidades.
"Logramos el objetivo que queríamos", resumió Carolina. La madre explicó que, antes de esa resolución, el Ministerio había organizado reuniones por separado con los distintos cursos y divisiones. Durante aproximadamente diez días, se convocó a estudiantes de primero, segundo y otros años para escuchar sus planteos y dejar constancia de lo conversado mediante actas.
En esos encuentros se les comunicó que los dos directivos interventores ya habían sido apartados y que se realizaría el llamado por escalafón interno. También se reclamó que se abriera un proceso de investigación sobre las actuaciones de Antonella Scolari y Ezequiel Bressán, quienes habían estado al frente de la intervención.
La decisión finalmente llegó mediante un comunicado oficial que informó los nombres de los dos docentes de secundaria que asumirían la dirección y la vicedirección. Para las familias, se trataba de una conquista concreta: el fin de la intervención, el apartamiento de quienes habían sido cuestionados y la recuperación de un mecanismo de designación que consideraban legítimo.
Sin embargo, el resultado no significaba que todo estuviera resuelto. Las madres todavía esperaban una reunión con las nuevas autoridades para conocer cómo continuaría la organización de la secundaria y cuáles serían los próximos pasos. También querían agradecer públicamente a los medios de comunicación, organizaciones y personas que habían acompañado el reclamo.
Pero, sobre todo, buscaban dejar un mensaje para otras comunidades educativas que atraviesan situaciones similares. Carolina insistió en la importancia de contar con un Centro de Estudiantes, de que los chicos puedan hablar en sus casas y encuentren familias dispuestas a escucharlos, y de que existan docentes capaces de acompañar y prestar atención a lo que sucede.
"El Centro de Estudiantes siempre fue el centro del amor. Ellos tienen un corazón enorme. La verdad que son mejores que nosotros, son mejores que nosotros", afirmó, con una admiración que atravesó buena parte de la conversación.
La experiencia también les permitió comprobar las dificultades que existen para hacer circular una denuncia cuando las instituciones no ofrecen respuestas. Las madres eligieron exponerse públicamente, recurrir a los medios y contar lo que estaba sucediendo. En ese recorrido encontraron espacios de comunicación que les permitieron amplificar sus voces, aunque también señalaron que algunos medios tradicionales ignoraron sus reclamos, rechazaron tomarles notas o editaron sus declaraciones de manera que, según denunciaron, terminaban tergiversando el sentido de lo que querían comunicar.
"No escrachamos a nadie, nunca fue nuestra intención", aclararon. Lo que buscaban, explicaron, era que las situaciones fueran conocidas y que las autoridades se hicieran responsables.
Un año y medio de denuncias y una escucha que todavía falta
Para las madres, el apartamiento de los interventores no alcanza para cerrar el conflicto. Hay denuncias presentadas ante el Ministerio de Educación que, según sostienen, permanecen sin respuestas, y todavía esperan que se les entregue el registro de las actas de las distintas reuniones mantenidas durante el proceso.
Carolina consideró que sería importante que el Ministerio convocara a las familias, mostrara esa documentación y explicara cómo llegó a las decisiones que finalmente tomó. No espera demasiado de esa posibilidad. "No creo que pase", expresó, al describir una relación institucional atravesada por desencuentros y falta de comunicación.
Yanina puso el foco en el tiempo que duró la intervención. Habló de "un año y medio de crueldad" y sostuvo que durante ese período no se atendieron adecuadamente las situaciones denunciadas.
En ese recorrido, ambas destacaron especialmente el acompañamiento de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, donde un grupo de madres pudo exponer las experiencias que venían atravesando. Yanina recordó las reuniones convocadas por el Ministerio para escuchar a los distintos cursos y relató que había participado en la correspondiente a primero, donde también estaban presentes estudiantes que contaban situaciones muy difíciles.
"Me parecía todo el tiempo que no les pasaba nada con lo que contábamos", recordó. Según describió, las intervenciones de los chicos no parecían generar una reacción de escucha por parte de quienes conducían ese encuentro.
La reunión con segundo año, en cambio, tuvo otra dinámica. Allí encontró a dos personas que, según su percepción, sí lograron conmoverse con los testimonios y prestar atención a lo que estaba sucediendo. Las madres consideran que esa escucha pudo haber contribuido a que se tomara la decisión de apartar a los interventores.
También recordaron que durante esos encuentros se había cuestionado la tarea de quienes habían llegado a la escuela con el propósito de reorganizarla. "Fueron muy mal organizadores. Venían a organizar la escuela y no organizaron nada", señalaron.
Reconocieron que quizá se realizaron algunas tareas administrativas, aunque insistieron en que faltó una dimensión fundamental: la humana. Porque una escuela, explicaron, no puede limitarse a transmitir contenidos. También debe ofrecer condiciones emocionales para que los estudiantes puedan aprender, sentirse cuidados y construir vínculos.
La Defensoría, según contaron, comenzó a reunir denuncias, actas, fotografías, videos, grabaciones y descargos. Las madres remarcaron que cada una conserva copias de las presentaciones realizadas y rechazaron las versiones que sostenían que no existían denuncias contra las autoridades cuestionadas.
En ese sentido, pidieron no dar crédito a la información publicada por el diario La Capital, en la que se defendía la continuidad de la intervención y se reproducían declaraciones de Daiana Gallo Ambrosis, secretaria de Gestión Territorial del Ministerio de Educación de Santa Fe. "Hay denuncias", insistieron.
Pero hay otra preocupación que consideran todavía más importante: evitar que las personas denunciadas sean trasladadas a otros establecimientos sin que se investigue lo sucedido.
"Lo que no queremos es que estén en otros establecimientos. Me parece súper peligroso, después de esta experiencia, que los trasladen a otros lugares y que esto se replique", sostuvo Yanina. Para ella, no se trata solamente de conseguir un cambio de autoridades en la Gurruchaga, sino de impedir que las situaciones de violencia denunciadas puedan repetirse en otras comunidades.
Carolina agregó que durante las conversaciones con la Defensoría también apareció la necesidad de investigar una posible conexión entre lo ocurrido en primaria y secundaria. Las madres señalaron que observan un hilo conductor en determinadas formas de ejercer el poder, impartir directivas y relacionarse con las familias.
En ese marco, mencionaron a la directora de primaria, quien, según informaron, dejaría temporalmente ese cargo para asumir una suplencia como supervisora. La decisión generó inquietud porque temen que se trate de un desplazamiento transitorio y que, una vez que pase el conflicto, pueda regresar a la institución.
"De la misma manera que los directivos interventores no pueden estar en otro sitio", plantearon, al reclamar que las denuncias sean investigadas y que se adopten decisiones concretas. "La violencia se debe terminar".
El FestiRock: una escuela que pudo organizarse desde el amor
A pocos días de finalizar las reuniones con el Ministerio, la secundaria tenía por delante uno de sus acontecimientos más importantes: el FestiRock. También se acercaba la tradicional peña de fin de año, una celebración que reúne a los distintos niveles del Complejo Educativo Gurruchaga.
La realización del FestiRock se convirtió en una nueva prueba para la comunidad. Como todavía no había un equipo directivo definido, desde el Ministerio se solicitó conformar un grupo de responsables integrado por docentes y familias.
La propuesta fue aceptada sin demasiadas vueltas. Madres, padres, docentes y estudiantes se organizaron para garantizar que el festival pudiera realizarse.
Sin embargo, a dos días del evento descubrieron que faltaban la habilitación y el seguro, documentación que, según les habían comunicado los interventores, ya estaba resuelta. Las familias tuvieron que ocuparse de conseguir los papeles y gestionar el convenio que finalmente terminó firmando el Ministerio de Educación.
La incertidumbre llegó hasta el día anterior. Recién entonces pudieron confirmar que el festival se realizaría. "No lo dudamos, lo hicimos. Nos organizamos y no sucedió absolutamente nada", contó Carolina, al recordar el trabajo colectivo que permitió sostener la actividad.
El FestiRock finalmente salió hermoso. Participaron las familias, el Centro de Estudiantes y los docentes. Algunos habían acordado turnarse para colaborar durante dos horas, pero terminaron quedándose mucho más tiempo del previsto.
Para Yanina, esa respuesta fue una demostración concreta de lo que representa la comunidad educativa cuando trabaja unida. "Eso es el amor, es amor", expresó.
El cierre del festival tuvo un momento especialmente emotivo. El Centro de Estudiantes leyó un escrito de despedida en el que apareció una frase que conmovió profundamente a las madres: la Gurruchaga no era solamente el segundo hogar de los estudiantes, sino que para muchos era directamente el primero.
"Pasan más horas en la escuela que en su propia casa", explicó Yanina. Por eso, esa declaración no era una metáfora vacía, sino una manera de expresar el vínculo que los chicos construyeron con la institución.
La celebración también dejó en evidencia una contradicción: mientras la comunidad de secundaria lograba organizarse para sostener uno de sus acontecimientos más importantes, los niveles inicial y primario, junto con la cooperadora, suspendían la peña de fin de año.
Las madres dijeron desconocer los motivos concretos de esa decisión, aunque consideraron que estaba relacionada con el conflicto de secundaria. Por eso, reclamaron que se revierta la suspensión, especialmente ahora que la escuela cuenta nuevamente con autoridades.
"Si no había directivos, estaba el Ministerio. Tienen que hablar con la gente del Ministerio", plantearon. Las respuestas que recibieron, según contaron, fueron que las autoridades ministeriales no sabían nada de la suspensión.
La situación se sumó a otra serie de cuestionamientos sobre el funcionamiento de la cooperadora, que, según explicaron, comprende a los tres niveles educativos. Las madres señalaron que algunas personas vinculadas a su administración tendrían designaciones relacionadas con el Ministerio y cuestionaron la falta de información y participación de las familias.
El malestar se profundizó cuando algunas madres descubrieron que existía una cuenta de Instagram de la cooperadora, a través de la cual se difundían actividades y decisiones que desconocían. Una de ellas contó que había pagado la cuota anual y, sin embargo, no estaba informada sobre las reuniones ni sobre lo que ocurría con los recursos y las actividades.
Al preguntar cuándo se realizaban los encuentros, aseguró que fue bloqueada de la cuenta. Otra madre contó que, a través de un contacto privado con una integrante de la cooperadora, pudo obtener alguna respuesta, aunque también apareció la referencia a cuestiones políticas que, según entendieron, atravesaban el funcionamiento de la organización.
Las entrevistadas mencionaron además la necesidad de investigar lo que ocurre en la Vecinal Maradona y su posible vinculación con algunos de los actores que intervienen en el conflicto. Sobre este punto, señalaron la importancia de que los medios indaguen en la situación institucional de esa organización.
Las puertas que no se abrieron
La búsqueda de respuestas no se limitó al Ministerio de Educación. Las familias también intentaron llevar el conflicto al Concejo Municipal de Rosario.
Yanina recordó que se acercaron a ese espacio cuando todavía no había estallado el conflicto de secundaria y la preocupación estaba concentrada principalmente en lo ocurrido en primaria. Allí fueron recibidas por representantes de Ciudad Futura y pudieron explicar parte de la problemática.
Después redactaron una nota solicitando una reunión con la Comisión de Cultura y Educación, presidida por Alicia Pino. Pero la respuesta nunca llegó.
Según relataron, cuando comenzaron a consultar por la posibilidad de concretar el encuentro, desde el Concejo les pidieron más información para conocer qué sucedía en la escuela. Las madres cuestionaron esa respuesta porque entendían que ya habían presentado los elementos necesarios para justificar la reunión.
También señalaron que no se trata de una experiencia aislada: conocen otros casos de familias y organizaciones que solicitan encuentros con autoridades y no consiguen concretarlos, o reciben llamados de último momento para que desistan de asistir.
En ese escenario, destacaron que la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes fue el espacio institucional que efectivamente les permitió exponer lo sucedido y avanzar en la recopilación de pruebas.
La otra ausencia que cuestionaron fue la del gremio docente. Las madres manifestaron su desconcierto por la falta de acompañamiento de AMSAFE durante el conflicto, especialmente porque, según denunciaron, los propios docentes también habrían sido víctimas de presiones, amenazas y malos tratos.
Recordaron que algunos sectores gremiales, como el Frente 4 de Abril, habían acompañado reclamos en algunas marchas. "Acompañen a los docentes. Los docentes son amenazados, son apretados, ganan dos mangos, lidian con un montón de cosas", reclamó una de ellas.
En ese sentido, describieron situaciones que consideraron graves: docentes que habrían discutido con autoridades y sufrido descompensaciones, familias a las que se habría descalificado por organizarse y expresiones políticas utilizadas para desacreditar a quienes reclamaban.
También mencionaron el caso de una portera que, según su relato, habría sido sometida a una situación humillante a raíz de la desaparición de un teléfono celular que posteriormente apareció. Las madres afirmaron que existen numerosas denuncias relacionadas con el trato hacia trabajadores de la institución y reclamaron que tanto el Ministerio como el gremio intervengan.
La inclusión no puede depender de un certificado
En la conversación, el conflicto de la Gurruchaga se amplió hacia una problemática que las madres consideran extendida en el sistema educativo: las dificultades para garantizar el acompañamiento de estudiantes que necesitan apoyos específicos para transitar su escolaridad.
Carolina y Yanina denunciaron que hay niñas y niños que requieren acompañantes terapéuticos o maestras integradoras y no reciben esos recursos. Según contaron, algunas escuelas especiales argumentan que no tienen personal disponible, mientras que en otras ocasiones se les dice a las familias que se trata de problemas de conducta que no justifican una integración.
En determinados casos, explicaron, se les propone a las madres que contraten un acompañante particular, pero después tampoco se garantiza que esa persona pueda ingresar a la escuela.
Para ellas, se trata de una situación que expone tanto a los estudiantes como a los docentes. Una maestra de grado no puede hacerse cargo por sí sola de un curso de treinta alumnos cuando algunos necesitan una atención específica que requiere formación y recursos adicionales.
"Para eso hay docentes que estudiaron y se capacitaron, maestras especiales, acompañantes terapéuticos, que son los que tienen que estar ahí acompañando", señalaron. Ese acompañamiento, agregaron, también es necesario para que los docentes de grado puedan desarrollar su trabajo con mejores herramientas.
Carolina relató entonces su propia experiencia con uno de sus hijos, que había presentado dificultades en algunas asignaturas y realizaba un tratamiento con una psicopedagoga. La familia había acercado informes profesionales en los que se solicitaban orientaciones y herramientas pedagógicas para trabajar sobre un diagnóstico de déficit de atención.
No estaban pidiendo una adaptación curricular, sino algunas indicaciones que permitieran acompañar mejor el proceso de aprendizaje.
Sin embargo, según contó, la respuesta de la dirección fue que no podían hacer nada si el estudiante no tenía un Certificado Único de Discapacidad (CUD).
La situación fue todavía más preocupante cuando, de acuerdo con su testimonio, le plantearon que, si no conseguía ese certificado, tendría que cambiar a su hijo de escuela porque la Gurruchaga era una institución técnica con determinadas exigencias.
Carolina cuestionó esa respuesta y señaló la contradicción que implicaba admitir situaciones de convivencia o dificultades de conducta sin exigir cambios de institución, mientras que a su hijo se le planteaba que debía irse por no contar con un certificado de discapacidad.
"No es para sacar certificado", explicó que había repetido en varias oportunidades. Lo que necesitaba era que la escuela pudiera escuchar a los profesionales que acompañaban al estudiante y ofrecerle herramientas para sostener su trayectoria educativa.
Yanina agregó que también conocía casos en los que ocurría exactamente lo contrario: familias que sí presentaban el CUD y recibían como respuesta que no era necesario ningún acompañamiento.
Según explicaron, es la escuela de nivel común la que debe solicitar la intervención de la modalidad especial y generar los espacios de evaluación necesarios para determinar qué apoyos requiere cada estudiante. Por eso, cuestionaron que las instituciones desestimen informes de neurólogos, psicólogos, fonoaudiólogos y psicopedagogos sin abrir instancias de diálogo.
También reclamaron capacitaciones para los equipos educativos y las autoridades, de manera que exista mayor claridad sobre los criterios para solicitar certificados y garantizar acompañamientos.
"La escuela tiene que ser un lugar que aloje", resumieron. Y agregaron que, como mínimo, no debería ser un espacio donde los chicos la pasen mal.
Las consecuencias de esas experiencias, explicaron, no siempre aparecen en forma de denuncias explícitas. Muchas veces se manifiestan en el cuerpo y en el comportamiento de los estudiantes: dolores de panza, dolores de cabeza, rechazo a asistir a clases e incluso situaciones de regresión en chicos que ya habían dejado atrás determinadas conductas infantiles.
"Hacen síntomas enseguida", advirtieron. Para las madres, esa dimensión emocional debería estar en el centro de cualquier política educativa. No alcanza con que un estudiante tenga una vacante o permanezca físicamente dentro del aula. También necesita sentirse cuidado, respetado y acompañado.
La identidad de la Gurru, entre el teatro, la memoria y la pertenencia
En medio de los cuestionamientos, las madres encontraron en distintas expresiones culturales de la escuela una forma de recordar qué es aquello que estaban defendiendo.
Yanina contó que había asistido a una presentación del elenco teatral de la institución y que la experiencia la había conmovido profundamente. Invitó a la comunidad de Rosario a acercarse a conocer el trabajo de ese grupo de actores y actrices, que había construido una obra alrededor del amor por la escuela.
Los estudiantes de sexto año estaban próximos a egresar y, desde el escenario, expresaban qué cosas iban a extrañar cuando dejaran de asistir a la Gurruchaga. También decían que, aunque ya no estuvieran físicamente allí, seguirían formando parte de la institución porque se la llevaban en el corazón.
Para Yanina, esa escena sintetizaba la identidad que las familias buscaban recuperar. "Yo quiero quedarme con el Centro de Estudiantes mil veces y con los alumnos de la escuela. Para mí son un ejemplo", afirmó.
La emoción tenía también una razón dolorosa. Las madres recordaron que uno de los primeros espacios cuestionados durante la intervención había sido precisamente el teatro y las clases del elenco. Según relataron, las restricciones y observaciones sobre la vestimenta de los estudiantes también formaron parte de las situaciones denunciadas.
Recordaron comentarios sobre el uso de gorras, remeras cortas y determinadas formas de vestirse, que interpretaron como expresiones de discriminación y prejuicio. Una de las frases que mencionaron fue especialmente contundente: "Acá no queremos villeros".
También recordaron advertencias dirigidas a estudiantes sobre su vestimenta y la posibilidad de que determinados comportamientos pudieran generar denuncias falsas contra docentes.
En ese contexto, la presentación teatral adquirió otro significado: era una manera de mostrar que la escuela que defendían estaba hecha de vínculos, experiencias, creatividad, participación y pertenencia.
La situación edilicia, además, sumaba dificultades a la vida cotidiana. Una de las madres recordó que su hija terminaba sexto año y que, junto con la emoción de verla egresar, no podía dejar de pensar en las condiciones en las que había transitado la secundaria.
"Llueve afuera y llueve adentro", describió. Habló de techos que se caen, de aulas afectadas por el calor y el frío y de una estudiante que durante el invierno llevaba una bolsa de agua caliente para poder permanecer sentada en clase.
La precariedad material contrastaba con el compromiso de muchos docentes, a quienes las madres reconocieron por el trabajo que realizan pese a los bajos salarios y las dificultades cotidianas.
La Gurruchaga, insistieron, no es solamente un edificio ni una estructura administrativa. Es una comunidad que se construyó a partir de años de trabajo, experiencias compartidas y una perspectiva de derechos que sus estudiantes reconocen como propia.
Por eso, la intervención había generado un dolor que iba mucho más allá de las decisiones institucionales.
El miedo, las amenazas y la decisión de no callarse
Otro de los aspectos que las madres quisieron visibilizar fue el temor que, según denunciaron, atravesó a las familias y a los trabajadores durante el conflicto.
Yanina pidió especialmente a otras comunidades educativas que no tengan miedo de contar lo que sucede. Reconoció que, en su experiencia, hubo amenazas, presiones y distintas formas de intimidación.
Entre los episodios relatados mencionó la circulación de capturas de pantalla de conversaciones de grupos de WhatsApp. Según contó, una directora habría recibido imágenes de los intercambios entre las familias y luego las habría reenviado a docentes.
También denunció que la directora de primaria habría amenazado a algunas madres con no firmarles el próximo certificado de escolaridad. En uno de los ejemplos que relató, una autoridad habría utilizado el cobro de la escolaridad para cuestionar a una familia que manifestaba dificultades económicas para comprar un libro de Matemática cuyo costo, según señaló, rondaba los 200.000 pesos.
La lógica de esas situaciones, para Yanina, era clara: convertir un trámite o una responsabilidad institucional en una herramienta de presión.
"Pero somos más, y ganamos porque ganamos desde el amor. Es así, ganamos desde el amor", afirmó.
Las madres reconocieron que su propia reacción había sido intensa. "Las madres somos una fiera. Se metieron con nuestros hijos y con nuestras hijas", expresó una de ellas.
Sin embargo, insistieron en que el movimiento estudiantil siempre buscó sostener una conducta respetuosa. Recordaron las manifestaciones en la calle, los cortes y las canciones que acompañaban los reclamos, pero también la insistencia del Centro de Estudiantes para que se cuidaran las palabras y se mantuviera el respeto.
Esa actitud contrastaba, según su mirada, con las acusaciones de violencia que recibían desde algunos sectores del Ministerio.
Una de las madres recordó que Sergio Libonati, coordinador pedagógico de Escuelas Secundarias del Ministerio de Educación, había calificado de violenta a una mamá que planteó la posibilidad de salir a reclamar públicamente.
También contó que, incluso después de las reuniones ministeriales, continuaban algunas restricciones en la escuela, como el cierre de los baños y el control de quiénes podían ingresar. En ese contexto, una estudiante del Centro de Estudiantes les había transmitido que les pedían que dejaran de quejarse y terminaran con la violencia.
La respuesta de las madres fue otra: quienes debían revisar sus prácticas eran las propias autoridades.
"Cuando yo levanto mi voz y digo basta, no estoy siendo violenta. Yo no le estoy pegando a nadie", sostuvo Yanina. Para ella, las manifestaciones eran la consecuencia de situaciones mucho más violentas que habían ocurrido dentro de la institución.
Recordó también una reunión en la que había explicado que no quería estar allí, discutiendo con autoridades, ni pasar sus días redactando denuncias o viendo carteles que expusieran las situaciones que los estudiantes decían haber vivido.
"Me hubiera sido más fácil estar en mi casa tomando mate", contó que había dicho. Pero había decidido estar presente porque sentía que se habían producido muchas crueldades y que alguien tenía que hacerse cargo.
Esa decisión tenía una razón concreta: sus hijos pasaban aproximadamente once horas por día en la escuela.
"Yo quiero estar tranquila, que estén en una escuela donde los cuidan, donde se sienten protegidos", había explicado durante una de las reuniones. Sus hijos aman la Gurruchaga, afirmó, y la sienten como una segunda casa.
Por eso, la posibilidad de que estuvieran expuestos a malos tratos mientras ella permanecía en su hogar era algo que no podía aceptar.
En un momento llegó a pensar que su hijo no debía continuar en la institución. Cuando se lo planteó, el propio chico le dijo que no quería dejar la Gurruchaga. La respuesta que recibió entonces de una autoridad fue que quizá debía cambiarlo de escuela porque esa institución no era para él y existían otros establecimientos a los que podía enviarlo.
El episodio quedó grabado en su memoria como una expresión de una lógica de exclusión: ante una dificultad, en lugar de buscar herramientas para acompañar al estudiante, se proponía que abandonara la escuela.
Una nueva etapa, con una comunidad que seguirá atenta
La recuperación de la conducción por escalafón interno abrió una etapa diferente. En la secundaria, las madres perciben un cambio de clima y aseguran que los estudiantes están más tranquilos.
Yanina contó que había conversado con su hijo menor, que cursa primer año y tiene trece años, para preguntarle cómo se sentía después del apartamiento de los interventores.
La respuesta fue breve: "Mamá, se fueron". Después, el chico le explicó que antes sentía que podía ocurrir una tragedia en el patio y que las autoridades seguirían tomando café como si nada pasara.
La imagen que construyó ese adolescente impresionó a su madre. Para ella, expresaba de una manera muy clara la sensación de indiferencia que los estudiantes habían experimentado.
También recordó los carteles que habían aparecido por toda la escuela durante las manifestaciones. En ellos, los chicos expresaban de manera creativa y artística las situaciones que denunciaban. Algunos ya no estaban, pero para las madres habían sido una prueba de la valentía con la que los adolescentes lograron poner en palabras experiencias dolorosas.
Durante el FestiRock, Yanina miraba esos carteles y pensaba en todo lo que los estudiantes habían tenido que atravesar para defender la escuela.
"Estoy horas y horas pensando cómo defender una escuela. Es terrible", reconoció. Pero dejó claro que continuaría haciéndolo y acompañando a sus hijos y al resto de la comunidad.
Ahora, el horizonte debía ser otro: trabajar con los docentes, fortalecer los vínculos y dejar atrás las prácticas que habían provocado tanto sufrimiento.
"Hay que apostar por eso. Desterrar todo lo que ya está, ya está. Ahora vamos por otro horizonte", planteó. Un horizonte, agregó, que necesariamente debía ser más humano.
La nueva conducción también deberá comprender que la Gurruchaga no es una institución que pueda administrarse de espaldas a quienes la integran. Las madres señalaron que cualquier equipo directivo debe saber que existe una comunidad formada por estudiantes, Centro de Estudiantes, familias y docentes, y que la comunicación es la base de cualquier vínculo institucional.
Pidieron que las autoridades informen lo que hacen, dialoguen con las familias y comuniquen incluso las situaciones cotidianas, los accidentes y los problemas que puedan surgir.
"Nosotros vamos a escucharlos, nosotros siempre vamos a darle para adelante con la escuela", aseguró Carolina. No reclaman una institución sin límites ni normas. Entienden que es necesario establecerlos, pero sostienen que eso debe hacerse desde el respeto y el cuidado.
En cuanto a la estabilidad de las nuevas autoridades, explicaron que todavía no tienen certezas sobre cuánto tiempo permanecerán en sus cargos. Según su interpretación del mecanismo de escalafón, podrían producirse modificaciones cuando se incorporen nuevos puntajes, posiblemente entre marzo y abril del año siguiente, aunque también existe la posibilidad de que continúen.
En primaria, mientras tanto, la directora se encontraba cumpliendo una suplencia como supervisora hasta el 31 de diciembre. Las madres expresaron que esperan que encuentre otro espacio laboral, pero advirtieron que, si regresa a la institución, continuarán con los reclamos.
"Hay audios, hay videos, hay actas, hay denuncias", enumeraron.
La decisión de seguir organizadas no responde únicamente a lo que ocurrió en la Gurruchaga. También tiene que ver con la necesidad de que otras familias, estudiantes y centros de estudiantes sepan que pueden reclamar cuando sus derechos son vulnerados.
"Hablen, digan, muévanse, hagan lío", pidió Yanina. Y explicó que, en su experiencia, las familias adultas se encuentran muchas veces con bloqueos en las redes institucionales, falta de respuestas, reuniones que no se concretan y situaciones de intimidación.
Contó que algunas madres ni siquiera pueden acceder a las publicaciones de las cuentas oficiales de la escuela porque fueron bloqueadas, aunque allí continúen apareciendo fotografías de sus propios hijos.
A eso se suma, según denunció, la circulación de capturas de conversaciones privadas en grupos de WhatsApp y el aislamiento de quienes se atreven a cuestionar decisiones de las autoridades.
"Me parece a mí que esto, que el abuso de poder, se tiene que desterrar", sostuvo.
La conquista de la nueva conducción no borra esas experiencias, pero sí demuestra que la organización colectiva pudo modificar una decisión que parecía inamovible.
"Otra vez, se defendió la identidad de la Gurru"
Al cierre de la conversación, las madres volvieron sobre una idea que había aparecido desde el comienzo: la importancia de no naturalizar el maltrato dentro de las instituciones educativas.
Recordaron que durante el conflicto habían aparecido carteles en las aulas con una consigna tan sencilla como contundente: "Basta de maltrato".
Yanina contó que había llevado esa imagen a las reuniones con el Ministerio para plantear una pregunta que, según consideró, merecía una reflexión profunda: ¿es necesario que los propios estudiantes tengan que pedir que no los maltraten dentro de un aula?
Para las entrevistadas, esa pregunta resume buena parte de lo ocurrido. Una escuela debería ser un espacio de cuidado, aprendizaje, participación y respeto. Cuando los chicos necesitan organizarse para reclamar algo tan básico, hay un problema institucional que no puede minimizarse.
La conversación también recuperó una contradicción que las madres consideraron especialmente significativa. Mientras el gobierno provincial participaba de la inauguración de un espacio destinado a que las infancias conocieran sus derechos, en una escuela pública de Rosario los estudiantes habían tenido que salir a la calle para reclamar que esos mismos derechos fueran respetados.
La comparación, señalaron, expone la distancia entre los discursos públicos sobre las infancias y las experiencias concretas que pueden atravesar dentro de las instituciones.
El balance, entonces, no es el de un conflicto definitivamente cerrado. Es el de una comunidad que consiguió una modificación importante, pero que todavía reclama investigaciones, respuestas, garantías para los docentes, recursos para la inclusión y condiciones para que los estudiantes puedan transitar la escuela sin miedo.
También es el de una experiencia que puso en primer plano el valor de la participación estudiantil y el acompañamiento familiar. Los chicos no fueron espectadores de un conflicto entre adultos: fueron protagonistas de una organización que encontró en las asambleas, las expresiones artísticas, los carteles y las manifestaciones una manera de defender su escuela.
Por eso, el Centro de Estudiantes, que se mantuvo más resguardado durante esta etapa, también hizo llegar su agradecimiento a través de un comunicado. Las madres explicaron que los jóvenes conocían la realización de la entrevista y que habían decidido expresar su reconocimiento por los espacios de comunicación que permitieron que sus voces circularan.
Carolina y Yanina agradecieron especialmente a Aire Libre Radio Comunitaria y a los programas que les dieron lugar para contar lo sucedido. Destacaron que sus testimonios pudieron recorrer distintos espacios y que eso permitió que una problemática que no encontraba suficiente difusión llegara a más personas.
"Es el único medio que cuenta las verdades y que está siempre del lado del oprimido, de quien sufre", expresaron, al valorar el acompañamiento recibido.
La historia de la Gurruchaga todavía tiene capítulos por escribir. Quedan denuncias por investigar, responsabilidades por establecer, decisiones institucionales por explicar y una comunidad que necesita recuperar la confianza. Pero también hay una certeza que las madres ya no quieren soltar: los estudiantes demostraron que pueden organizarse, defender sus derechos y hacerse escuchar.
La recuperación de la conducción por escalafón interno fue el resultado de esa persistencia. No fue una concesión aislada ni una decisión que llegó sin reclamos. Fue la consecuencia de meses de organización, exposición pública, reuniones, denuncias y acompañamiento colectivo.
En aquella primera entrevista, la incertidumbre era el sentimiento dominante. Hoy, con nuevas autoridades en la secundaria y la intervención apartada, aparece una esperanza que no desconoce lo ocurrido, pero que busca construir otra etapa.
La Gurruchaga quiere volver a ser una escuela donde los chicos puedan aprender, expresarse, hacer teatro, encontrarse con sus compañeros y sentirse parte de algo que los excede.
Una escuela que no obligue a sus estudiantes a pedir que no los maltraten. Una escuela donde las familias puedan preguntar sin temor y donde los docentes tengan las condiciones necesarias para enseñar.
Porque, como reivindicaron los estudiantes en su comunicado, una vez más se defendió la identidad de la Gurru.
Y porque, después de todo lo vivido, Carolina y Yanina se quedan con una convicción que también quieren transmitir a otras comunidades educativas: "Luchar sirve".
Pero hay otra preocupación que consideran todavía más importante: evitar que las personas denunciadas sean trasladadas a otros establecimientos sin que se investigue lo sucedido.
"Lo que no queremos es que estén en otros establecimientos. Me parece súper peligroso, después de esta experiencia, que los trasladen a otros lugares y que esto se replique", sostuvo Yanina. Para ella, no se trata solamente de conseguir un cambio de autoridades en la Gurruchaga, sino de impedir que las situaciones de violencia denunciadas puedan repetirse en otras comunidades.
Carolina agregó que durante las conversaciones con la Defensoría también apareció la necesidad de investigar una posible conexión entre lo ocurrido en primaria y secundaria. Las madres señalaron que observan un hilo conductor en determinadas formas de ejercer el poder, impartir directivas y relacionarse con las familias.
En ese marco, mencionaron a la directora de primaria, quien, según informaron, dejaría temporalmente ese cargo para asumir una suplencia como supervisora. La decisión generó inquietud porque temen que se trate de un desplazamiento transitorio y que, una vez que pase el conflicto, pueda regresar a la institución.
"De la misma manera que los directivos interventores no pueden estar en otro sitio", plantearon, al reclamar que las denuncias sean investigadas y que se adopten decisiones concretas. "La violencia se debe terminar".
El FestiRock: una escuela que pudo organizarse desde el amor
La realización del FestiRock se convirtió en una nueva prueba para la comunidad. Como todavía no había un equipo directivo definido, desde el Ministerio se solicitó conformar un grupo de responsables integrado por docentes y familias.
La propuesta fue aceptada sin demasiadas vueltas. Madres, padres, docentes y estudiantes se organizaron para garantizar que el festival pudiera realizarse.
Sin embargo, a dos días del evento descubrieron que faltaban la habilitación y el seguro, documentación que, según les habían comunicado los interventores, ya estaba resuelta. Las familias tuvieron que ocuparse de conseguir los papeles y gestionar el convenio que finalmente terminó firmando el Ministerio de Educación.
La incertidumbre llegó hasta el día anterior. Recién entonces pudieron confirmar que el festival se realizaría. "No lo dudamos, lo hicimos. Nos organizamos y no sucedió absolutamente nada", contó Carolina, al recordar el trabajo colectivo que permitió sostener la actividad.
El FestiRock finalmente salió hermoso. Participaron las familias, el Centro de Estudiantes y los docentes. Algunos habían acordado turnarse para colaborar durante dos horas, pero terminaron quedándose mucho más tiempo del previsto.
Para Yanina, esa respuesta fue una demostración concreta de lo que representa la comunidad educativa cuando trabaja unida. "Eso es el amor, es amor", expresó.
El cierre del festival tuvo un momento especialmente emotivo. El Centro de Estudiantes leyó un escrito de despedida en el que apareció una frase que conmovió profundamente a las madres: la Gurruchaga no era solamente el segundo hogar de los estudiantes, sino que para muchos era directamente el primero.
"Pasan más horas en la escuela que en su propia casa", explicó Yanina. Por eso, esa declaración no era una metáfora vacía, sino una manera de expresar el vínculo que los chicos construyeron con la institución.
La celebración también dejó en evidencia una contradicción: mientras la comunidad de secundaria lograba organizarse para sostener uno de sus acontecimientos más importantes, los niveles inicial y primario, junto con la cooperadora, suspendían la peña de fin de año.
Las madres dijeron desconocer los motivos concretos de esa decisión, aunque consideraron que estaba relacionada con el conflicto de secundaria. Por eso, reclamaron que se revierta la suspensión, especialmente ahora que la escuela cuenta nuevamente con autoridades.
"Si no había directivos, estaba el Ministerio. Tienen que hablar con la gente del Ministerio", plantearon. Las respuestas que recibieron, según contaron, fueron que las autoridades ministeriales no sabían nada de la suspensión.
La situación se sumó a otra serie de cuestionamientos sobre el funcionamiento de la cooperadora, que, según explicaron, comprende a los tres niveles educativos. Las madres señalaron que algunas personas vinculadas a su administración tendrían designaciones relacionadas con el Ministerio y cuestionaron la falta de información y participación de las familias.
El malestar se profundizó cuando algunas madres descubrieron que existía una cuenta de Instagram de la cooperadora, a través de la cual se difundían actividades y decisiones que desconocían. Una de ellas contó que había pagado la cuota anual y, sin embargo, no estaba informada sobre las reuniones ni sobre lo que ocurría con los recursos y las actividades.
Al preguntar cuándo se realizaban los encuentros, aseguró que fue bloqueada de la cuenta. Otra madre contó que, a través de un contacto privado con una integrante de la cooperadora, pudo obtener alguna respuesta, aunque también apareció la referencia a cuestiones políticas que, según entendieron, atravesaban el funcionamiento de la organización.
Las entrevistadas mencionaron además la necesidad de investigar lo que ocurre en la Vecinal Maradona y su posible vinculación con algunos de los actores que intervienen en el conflicto. Sobre este punto, señalaron la importancia de que los medios indaguen en la situación institucional de esa organización.
La búsqueda de respuestas no se limitó al Ministerio de Educación. Las familias también intentaron llevar el conflicto al Concejo Municipal de Rosario.
Yanina recordó que se acercaron a ese espacio cuando todavía no había estallado el conflicto de secundaria y la preocupación estaba concentrada principalmente en lo ocurrido en primaria. Allí fueron recibidas por representantes de Ciudad Futura y pudieron explicar parte de la problemática.
Después redactaron una nota solicitando una reunión con la Comisión de Cultura y Educación, presidida por Alicia Pino. Pero la respuesta nunca llegó.
Según relataron, cuando comenzaron a consultar por la posibilidad de concretar el encuentro, desde el Concejo les pidieron más información para conocer qué sucedía en la escuela. Las madres cuestionaron esa respuesta porque entendían que ya habían presentado los elementos necesarios para justificar la reunión.
También señalaron que no se trata de una experiencia aislada: conocen otros casos de familias y organizaciones que solicitan encuentros con autoridades y no consiguen concretarlos, o reciben llamados de último momento para que desistan de asistir.
En ese escenario, destacaron que la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes fue el espacio institucional que efectivamente les permitió exponer lo sucedido y avanzar en la recopilación de pruebas.
La otra ausencia que cuestionaron fue la del gremio docente. Las madres manifestaron su desconcierto por la falta de acompañamiento de AMSAFE durante el conflicto, especialmente porque, según denunciaron, los propios docentes también habrían sido víctimas de presiones, amenazas y malos tratos.
Recordaron que algunos sectores gremiales, como el Frente 4 de Abril, habían acompañado reclamos en algunas marchas. "Acompañen a los docentes. Los docentes son amenazados, son apretados, ganan dos mangos, lidian con un montón de cosas", reclamó una de ellas.
En ese sentido, describieron situaciones que consideraron graves: docentes que habrían discutido con autoridades y sufrido descompensaciones, familias a las que se habría descalificado por organizarse y expresiones políticas utilizadas para desacreditar a quienes reclamaban.
También mencionaron el caso de una portera que, según su relato, habría sido sometida a una situación humillante a raíz de la desaparición de un teléfono celular que posteriormente apareció. Las madres afirmaron que existen numerosas denuncias relacionadas con el trato hacia trabajadores de la institución y reclamaron que tanto el Ministerio como el gremio intervengan.
La inclusión no puede depender de un certificado
En la conversación, el conflicto de la Gurruchaga se amplió hacia una problemática que las madres consideran extendida en el sistema educativo: las dificultades para garantizar el acompañamiento de estudiantes que necesitan apoyos específicos para transitar su escolaridad.
Carolina y Yanina denunciaron que hay niñas y niños que requieren acompañantes terapéuticos o maestras integradoras y no reciben esos recursos. Según contaron, algunas escuelas especiales argumentan que no tienen personal disponible, mientras que en otras ocasiones se les dice a las familias que se trata de problemas de conducta que no justifican una integración.
En determinados casos, explicaron, se les propone a las madres que contraten un acompañante particular, pero después tampoco se garantiza que esa persona pueda ingresar a la escuela.
Para ellas, se trata de una situación que expone tanto a los estudiantes como a los docentes. Una maestra de grado no puede hacerse cargo por sí sola de un curso de treinta alumnos cuando algunos necesitan una atención específica que requiere formación y recursos adicionales.
"Para eso hay docentes que estudiaron y se capacitaron, maestras especiales, acompañantes terapéuticos, que son los que tienen que estar ahí acompañando", señalaron. Ese acompañamiento, agregaron, también es necesario para que los docentes de grado puedan desarrollar su trabajo con mejores herramientas.
Carolina relató entonces su propia experiencia con uno de sus hijos, que había presentado dificultades en algunas asignaturas y realizaba un tratamiento con una psicopedagoga. La familia había acercado informes profesionales en los que se solicitaban orientaciones y herramientas pedagógicas para trabajar sobre un diagnóstico de déficit de atención.
No estaban pidiendo una adaptación curricular, sino algunas indicaciones que permitieran acompañar mejor el proceso de aprendizaje.
Sin embargo, según contó, la respuesta de la dirección fue que no podían hacer nada si el estudiante no tenía un Certificado Único de Discapacidad (CUD).
La situación fue todavía más preocupante cuando, de acuerdo con su testimonio, le plantearon que, si no conseguía ese certificado, tendría que cambiar a su hijo de escuela porque la Gurruchaga era una institución técnica con determinadas exigencias.
Carolina cuestionó esa respuesta y señaló la contradicción que implicaba admitir situaciones de convivencia o dificultades de conducta sin exigir cambios de institución, mientras que a su hijo se le planteaba que debía irse por no contar con un certificado de discapacidad.
"No es para sacar certificado", explicó que había repetido en varias oportunidades. Lo que necesitaba era que la escuela pudiera escuchar a los profesionales que acompañaban al estudiante y ofrecerle herramientas para sostener su trayectoria educativa.
Yanina agregó que también conocía casos en los que ocurría exactamente lo contrario: familias que sí presentaban el CUD y recibían como respuesta que no era necesario ningún acompañamiento.
Según explicaron, es la escuela de nivel común la que debe solicitar la intervención de la modalidad especial y generar los espacios de evaluación necesarios para determinar qué apoyos requiere cada estudiante. Por eso, cuestionaron que las instituciones desestimen informes de neurólogos, psicólogos, fonoaudiólogos y psicopedagogos sin abrir instancias de diálogo.
También reclamaron capacitaciones para los equipos educativos y las autoridades, de manera que exista mayor claridad sobre los criterios para solicitar certificados y garantizar acompañamientos.
"La escuela tiene que ser un lugar que aloje", resumieron. Y agregaron que, como mínimo, no debería ser un espacio donde los chicos la pasen mal.
Las consecuencias de esas experiencias, explicaron, no siempre aparecen en forma de denuncias explícitas. Muchas veces se manifiestan en el cuerpo y en el comportamiento de los estudiantes: dolores de panza, dolores de cabeza, rechazo a asistir a clases e incluso situaciones de regresión en chicos que ya habían dejado atrás determinadas conductas infantiles.
"Hacen síntomas enseguida", advirtieron. Para las madres, esa dimensión emocional debería estar en el centro de cualquier política educativa. No alcanza con que un estudiante tenga una vacante o permanezca físicamente dentro del aula. También necesita sentirse cuidado, respetado y acompañado.
La identidad de la Gurru, entre el teatro, la memoria y la pertenencia
Yanina contó que había asistido a una presentación del elenco teatral de la institución y que la experiencia la había conmovido profundamente. Invitó a la comunidad de Rosario a acercarse a conocer el trabajo de ese grupo de actores y actrices, que había construido una obra alrededor del amor por la escuela.
Los estudiantes de sexto año estaban próximos a egresar y, desde el escenario, expresaban qué cosas iban a extrañar cuando dejaran de asistir a la Gurruchaga. También decían que, aunque ya no estuvieran físicamente allí, seguirían formando parte de la institución porque se la llevaban en el corazón.
Para Yanina, esa escena sintetizaba la identidad que las familias buscaban recuperar. "Yo quiero quedarme con el Centro de Estudiantes mil veces y con los alumnos de la escuela. Para mí son un ejemplo", afirmó.
La emoción tenía también una razón dolorosa. Las madres recordaron que uno de los primeros espacios cuestionados durante la intervención había sido precisamente el teatro y las clases del elenco. Según relataron, las restricciones y observaciones sobre la vestimenta de los estudiantes también formaron parte de las situaciones denunciadas.
Recordaron comentarios sobre el uso de gorras, remeras cortas y determinadas formas de vestirse, que interpretaron como expresiones de discriminación y prejuicio. Una de las frases que mencionaron fue especialmente contundente: "Acá no queremos villeros".
También recordaron advertencias dirigidas a estudiantes sobre su vestimenta y la posibilidad de que determinados comportamientos pudieran generar denuncias falsas contra docentes.
En ese contexto, la presentación teatral adquirió otro significado: era una manera de mostrar que la escuela que defendían estaba hecha de vínculos, experiencias, creatividad, participación y pertenencia.
La situación edilicia, además, sumaba dificultades a la vida cotidiana. Una de las madres recordó que su hija terminaba sexto año y que, junto con la emoción de verla egresar, no podía dejar de pensar en las condiciones en las que había transitado la secundaria.
"Llueve afuera y llueve adentro", describió. Habló de techos que se caen, de aulas afectadas por el calor y el frío y de una estudiante que durante el invierno llevaba una bolsa de agua caliente para poder permanecer sentada en clase.
La precariedad material contrastaba con el compromiso de muchos docentes, a quienes las madres reconocieron por el trabajo que realizan pese a los bajos salarios y las dificultades cotidianas.
La Gurruchaga, insistieron, no es solamente un edificio ni una estructura administrativa. Es una comunidad que se construyó a partir de años de trabajo, experiencias compartidas y una perspectiva de derechos que sus estudiantes reconocen como propia.
Por eso, la intervención había generado un dolor que iba mucho más allá de las decisiones institucionales.
El miedo, las amenazas y la decisión de no callarse
Otro de los aspectos que las madres quisieron visibilizar fue el temor que, según denunciaron, atravesó a las familias y a los trabajadores durante el conflicto.
Yanina pidió especialmente a otras comunidades educativas que no tengan miedo de contar lo que sucede. Reconoció que, en su experiencia, hubo amenazas, presiones y distintas formas de intimidación.
Entre los episodios relatados mencionó la circulación de capturas de pantalla de conversaciones de grupos de WhatsApp. Según contó, una directora habría recibido imágenes de los intercambios entre las familias y luego las habría reenviado a docentes.
También denunció que la directora de primaria habría amenazado a algunas madres con no firmarles el próximo certificado de escolaridad. En uno de los ejemplos que relató, una autoridad habría utilizado el cobro de la escolaridad para cuestionar a una familia que manifestaba dificultades económicas para comprar un libro de Matemática cuyo costo, según señaló, rondaba los 200.000 pesos.
La lógica de esas situaciones, para Yanina, era clara: convertir un trámite o una responsabilidad institucional en una herramienta de presión.
"Pero somos más, y ganamos porque ganamos desde el amor. Es así, ganamos desde el amor", afirmó.
Las madres reconocieron que su propia reacción había sido intensa. "Las madres somos una fiera. Se metieron con nuestros hijos y con nuestras hijas", expresó una de ellas.
Sin embargo, insistieron en que el movimiento estudiantil siempre buscó sostener una conducta respetuosa. Recordaron las manifestaciones en la calle, los cortes y las canciones que acompañaban los reclamos, pero también la insistencia del Centro de Estudiantes para que se cuidaran las palabras y se mantuviera el respeto.
Esa actitud contrastaba, según su mirada, con las acusaciones de violencia que recibían desde algunos sectores del Ministerio.
Una de las madres recordó que Sergio Libonati, coordinador pedagógico de Escuelas Secundarias del Ministerio de Educación, había calificado de violenta a una mamá que planteó la posibilidad de salir a reclamar públicamente.
También contó que, incluso después de las reuniones ministeriales, continuaban algunas restricciones en la escuela, como el cierre de los baños y el control de quiénes podían ingresar. En ese contexto, una estudiante del Centro de Estudiantes les había transmitido que les pedían que dejaran de quejarse y terminaran con la violencia.
La respuesta de las madres fue otra: quienes debían revisar sus prácticas eran las propias autoridades.
"Cuando yo levanto mi voz y digo basta, no estoy siendo violenta. Yo no le estoy pegando a nadie", sostuvo Yanina. Para ella, las manifestaciones eran la consecuencia de situaciones mucho más violentas que habían ocurrido dentro de la institución.
Recordó también una reunión en la que había explicado que no quería estar allí, discutiendo con autoridades, ni pasar sus días redactando denuncias o viendo carteles que expusieran las situaciones que los estudiantes decían haber vivido.
"Me hubiera sido más fácil estar en mi casa tomando mate", contó que había dicho. Pero había decidido estar presente porque sentía que se habían producido muchas crueldades y que alguien tenía que hacerse cargo.
Esa decisión tenía una razón concreta: sus hijos pasaban aproximadamente once horas por día en la escuela.
"Yo quiero estar tranquila, que estén en una escuela donde los cuidan, donde se sienten protegidos", había explicado durante una de las reuniones. Sus hijos aman la Gurruchaga, afirmó, y la sienten como una segunda casa.
Por eso, la posibilidad de que estuvieran expuestos a malos tratos mientras ella permanecía en su hogar era algo que no podía aceptar.
En un momento llegó a pensar que su hijo no debía continuar en la institución. Cuando se lo planteó, el propio chico le dijo que no quería dejar la Gurruchaga. La respuesta que recibió entonces de una autoridad fue que quizá debía cambiarlo de escuela porque esa institución no era para él y existían otros establecimientos a los que podía enviarlo.
El episodio quedó grabado en su memoria como una expresión de una lógica de exclusión: ante una dificultad, en lugar de buscar herramientas para acompañar al estudiante, se proponía que abandonara la escuela.
Una nueva etapa, con una comunidad que seguirá atenta
Yanina contó que había conversado con su hijo menor, que cursa primer año y tiene trece años, para preguntarle cómo se sentía después del apartamiento de los interventores.
La respuesta fue breve: "Mamá, se fueron". Después, el chico le explicó que antes sentía que podía ocurrir una tragedia en el patio y que las autoridades seguirían tomando café como si nada pasara.
La imagen que construyó ese adolescente impresionó a su madre. Para ella, expresaba de una manera muy clara la sensación de indiferencia que los estudiantes habían experimentado.
También recordó los carteles que habían aparecido por toda la escuela durante las manifestaciones. En ellos, los chicos expresaban de manera creativa y artística las situaciones que denunciaban. Algunos ya no estaban, pero para las madres habían sido una prueba de la valentía con la que los adolescentes lograron poner en palabras experiencias dolorosas.
Durante el FestiRock, Yanina miraba esos carteles y pensaba en todo lo que los estudiantes habían tenido que atravesar para defender la escuela.
"Estoy horas y horas pensando cómo defender una escuela. Es terrible", reconoció. Pero dejó claro que continuaría haciéndolo y acompañando a sus hijos y al resto de la comunidad.
Ahora, el horizonte debía ser otro: trabajar con los docentes, fortalecer los vínculos y dejar atrás las prácticas que habían provocado tanto sufrimiento.
"Hay que apostar por eso. Desterrar todo lo que ya está, ya está. Ahora vamos por otro horizonte", planteó. Un horizonte, agregó, que necesariamente debía ser más humano.
La nueva conducción también deberá comprender que la Gurruchaga no es una institución que pueda administrarse de espaldas a quienes la integran. Las madres señalaron que cualquier equipo directivo debe saber que existe una comunidad formada por estudiantes, Centro de Estudiantes, familias y docentes, y que la comunicación es la base de cualquier vínculo institucional.
Pidieron que las autoridades informen lo que hacen, dialoguen con las familias y comuniquen incluso las situaciones cotidianas, los accidentes y los problemas que puedan surgir.
"Nosotros vamos a escucharlos, nosotros siempre vamos a darle para adelante con la escuela", aseguró Carolina. No reclaman una institución sin límites ni normas. Entienden que es necesario establecerlos, pero sostienen que eso debe hacerse desde el respeto y el cuidado.
En cuanto a la estabilidad de las nuevas autoridades, explicaron que todavía no tienen certezas sobre cuánto tiempo permanecerán en sus cargos. Según su interpretación del mecanismo de escalafón, podrían producirse modificaciones cuando se incorporen nuevos puntajes, posiblemente entre marzo y abril del año siguiente, aunque también existe la posibilidad de que continúen.
En primaria, mientras tanto, la directora se encontraba cumpliendo una suplencia como supervisora hasta el 31 de diciembre. Las madres expresaron que esperan que encuentre otro espacio laboral, pero advirtieron que, si regresa a la institución, continuarán con los reclamos.
"Hay audios, hay videos, hay actas, hay denuncias", enumeraron.
La decisión de seguir organizadas no responde únicamente a lo que ocurrió en la Gurruchaga. También tiene que ver con la necesidad de que otras familias, estudiantes y centros de estudiantes sepan que pueden reclamar cuando sus derechos son vulnerados.
"Hablen, digan, muévanse, hagan lío", pidió Yanina. Y explicó que, en su experiencia, las familias adultas se encuentran muchas veces con bloqueos en las redes institucionales, falta de respuestas, reuniones que no se concretan y situaciones de intimidación.
Contó que algunas madres ni siquiera pueden acceder a las publicaciones de las cuentas oficiales de la escuela porque fueron bloqueadas, aunque allí continúen apareciendo fotografías de sus propios hijos.
A eso se suma, según denunció, la circulación de capturas de conversaciones privadas en grupos de WhatsApp y el aislamiento de quienes se atreven a cuestionar decisiones de las autoridades.
"Me parece a mí que esto, que el abuso de poder, se tiene que desterrar", sostuvo.
La conquista de la nueva conducción no borra esas experiencias, pero sí demuestra que la organización colectiva pudo modificar una decisión que parecía inamovible.
"Otra vez, se defendió la identidad de la Gurru"
Al cierre de la conversación, las madres volvieron sobre una idea que había aparecido desde el comienzo: la importancia de no naturalizar el maltrato dentro de las instituciones educativas.
Recordaron que durante el conflicto habían aparecido carteles en las aulas con una consigna tan sencilla como contundente: "Basta de maltrato".
Yanina contó que había llevado esa imagen a las reuniones con el Ministerio para plantear una pregunta que, según consideró, merecía una reflexión profunda: ¿es necesario que los propios estudiantes tengan que pedir que no los maltraten dentro de un aula?
Para las entrevistadas, esa pregunta resume buena parte de lo ocurrido. Una escuela debería ser un espacio de cuidado, aprendizaje, participación y respeto. Cuando los chicos necesitan organizarse para reclamar algo tan básico, hay un problema institucional que no puede minimizarse.
La conversación también recuperó una contradicción que las madres consideraron especialmente significativa. Mientras el gobierno provincial participaba de la inauguración de un espacio destinado a que las infancias conocieran sus derechos, en una escuela pública de Rosario los estudiantes habían tenido que salir a la calle para reclamar que esos mismos derechos fueran respetados.
La comparación, señalaron, expone la distancia entre los discursos públicos sobre las infancias y las experiencias concretas que pueden atravesar dentro de las instituciones.
El balance, entonces, no es el de un conflicto definitivamente cerrado. Es el de una comunidad que consiguió una modificación importante, pero que todavía reclama investigaciones, respuestas, garantías para los docentes, recursos para la inclusión y condiciones para que los estudiantes puedan transitar la escuela sin miedo.
También es el de una experiencia que puso en primer plano el valor de la participación estudiantil y el acompañamiento familiar. Los chicos no fueron espectadores de un conflicto entre adultos: fueron protagonistas de una organización que encontró en las asambleas, las expresiones artísticas, los carteles y las manifestaciones una manera de defender su escuela.
Por eso, el Centro de Estudiantes, que se mantuvo más resguardado durante esta etapa, también hizo llegar su agradecimiento a través de un comunicado. Las madres explicaron que los jóvenes conocían la realización de la entrevista y que habían decidido expresar su reconocimiento por los espacios de comunicación que permitieron que sus voces circularan.
Carolina y Yanina agradecieron especialmente a Aire Libre Radio Comunitaria y a los programas que les dieron lugar para contar lo sucedido. Destacaron que sus testimonios pudieron recorrer distintos espacios y que eso permitió que una problemática que no encontraba suficiente difusión llegara a más personas.
"Es el único medio que cuenta las verdades y que está siempre del lado del oprimido, de quien sufre", expresaron, al valorar el acompañamiento recibido.
La historia de la Gurruchaga todavía tiene capítulos por escribir. Quedan denuncias por investigar, responsabilidades por establecer, decisiones institucionales por explicar y una comunidad que necesita recuperar la confianza. Pero también hay una certeza que las madres ya no quieren soltar: los estudiantes demostraron que pueden organizarse, defender sus derechos y hacerse escuchar.
La recuperación de la conducción por escalafón interno fue el resultado de esa persistencia. No fue una concesión aislada ni una decisión que llegó sin reclamos. Fue la consecuencia de meses de organización, exposición pública, reuniones, denuncias y acompañamiento colectivo.
En aquella primera entrevista, la incertidumbre era el sentimiento dominante. Hoy, con nuevas autoridades en la secundaria y la intervención apartada, aparece una esperanza que no desconoce lo ocurrido, pero que busca construir otra etapa.
La Gurruchaga quiere volver a ser una escuela donde los chicos puedan aprender, expresarse, hacer teatro, encontrarse con sus compañeros y sentirse parte de algo que los excede.
Una escuela que no obligue a sus estudiantes a pedir que no los maltraten. Una escuela donde las familias puedan preguntar sin temor y donde los docentes tengan las condiciones necesarias para enseñar.
Porque, como reivindicaron los estudiantes en su comunicado, una vez más se defendió la identidad de la Gurru.
Y porque, después de todo lo vivido, Carolina y Yanina se quedan con una convicción que también quieren transmitir a otras comunidades educativas: "Luchar sirve".
