El lado "B" de la noticia: "Violento" escrache a Felipe Solá

Escribió Dario Aranda en su perfil de Facebook:

Como el 26 de junio de 2002, muchos "periodistas" dicen que las víctimas son los violentos.

Felipé Solá manejaba la policía bonaerense que participó de la represión y asesinó a Darío y Maxi

Hoy, la patota de Solá atacó al hermano y compañeros de Darío.

El Frente Popular Darío Santillán publicó el siguiente comunicado

Si no hay justicia hay escrache!!!
Felipe Solá, Responsable Político de la Masacre de Avellaneda..!
Familiares y compañeros de Darío Santillán organizados en la Comisión Independiente Justicia por Darío y Maxi, le exigieron al ex gobernador de Buenos Aires Felipe Solá, que se presente ante la Justicia por sus responsabilidades durante la Masacre del Puente Pueyrredón. Asistentes del candidato agredieron a los manifestantes presentes.

La Comisión Independiente Justicia por Darío y Maxi, constituida por los familiares y compañeros de Darío Santillán, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y personalidades de diversos sectores de nuestra sociedad, concurrió a la sede de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde el candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires por el massismo realizó un acto. A viva voz se le exigió que se presente ante la Justicia por sus responsabilidades políticas en la masacre más feroz que tuvo lugar en nuestro país mientras él era gobernador de la provincia más grande del país.

La reacción de los colaboradores de Solá fue la agresión a varios compañeros que se encontraban pidiéndole explicaciones sobre lo ocurrido en el 2002, estás agresiones generaron forcejeos e incidentes que retrasaron el comienzo del acto de campaña del ex gobernador de Buenos Aires.

En los días previos al 26, Felipe Solá y Duhalde, por entonces Presidente de la Nación, mantuvieron un encuentro en el que decidieron la realización de una reunión con representantes de las policías Federal y Bonaerense. Esta reunión era el producto de las inquietudes de Solá en relación a los refuerzos de los controles policiales en la Capital.

El gobernador consideraba que esta decisión convertía a su provincia en un "paraíso de inseguridad" en la medida que sólo beneficiaba al distrito federal. Duhalde respondió a ese temor proponiéndole incorporarse al esquema de unificación de las fuerzas de seguridad a nivel nacional. Esta invitación tomó contundencia en el primer operativo conjunto ejecutado por las cuatro fuerzas represivas, integrando a la Policía Bonaerense en el esquema de las fuerzas federales, el 26 de junio del 2002. Pasada la Masacre, Solá se encargó de felicitar personal y públicamente a Alfredo Fanchiotti (uno de los asesinos materiales), comisario y funcionario del gobierno provincial a su cargo.

En el juicio por las responsabilidades materiales de la Masacre, el Cabo Acosta declaró que Solá le prometió al comisario Fanchiotti "tramitar su pase a otra dependencia" para que "no quedara expuesto" después de los crímenes. Aparecidas las fotografías que demostraban que los piqueteros no se habían matado entre ellos, tal como señalaban los primeros relatos del gobierno, Felipe Solá debió cambiar su discurso. Se paseó entonces por los programas de TV y atendió los llamados de todas las radios reforzando la teoría que señalaba a Fanchiotti como un "psicópata, un demente".

El ex gobernador fue así uno más entre los funcionarios que aseguraron que las muertes respondían a una supuesta interna de los propios piqueteros para luego desdecirse y pretender minimizar los hechos reduciéndolos a la responsabilidad de un policía enloquecido Además, Duhalde se encargó de limpiar su imagen aduciendo que "tampoco tenía que ver directamente" y sostuvo: "Es evidente que fue una locura del personal policial". En las elecciones de 2003 fue electo como gobernador, revalidando su cargo. En 2007 encabezó la lista de diputados nacionales por el Frente para la Victoria. En sus años de secretario de Agricultura de Menem y Cavallo, autorizó la introducción de la soja transgénica resistente al poderoso veneno randup. En 2008 votó en contra del proyecto de ley de retenciones móviles al sector agrario, acción que hizo que el kirchnerismo le soltara la mano, teniendo que pasar a formar un bloque con la impronta propia de su tradición a la derecha del peronismo. En mayo de 2009 renunció a su banca de diputado nacional (que finalizaba en 2011) para convertirse en candidato a diputado nacional con el sello de Unión-PRO, alianza formada junto a Francisco de Narváez y Mauricio Macri. Durante 2013, renovó su banca en el espacio del Frente Renovador en la lista encabezada por Sergio Massa. Hoy es nuevamente candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Es, sobre cualquier candidatura, un candidato a la cárcel.
Yo pido cárcel para los responsables políticos de la masacre de Avellaneda

Comisión Independiente Justicia por Darío y Maxi

Exigimos que Felipe Sola de la cara por su responsabilidad en la masacre de Avellaneda

Denunciamos la agresión de la patota de Felipe Sola ante la protesta en la Facultad de Ciencias Económicas. Si no hay justicia, hay escrache

Ante un escrache a Felipe Sola, la patota del Frente Renovador agredio a familiares y compañeros de Dario Santillan.

Desde el Frente Popular Dario Santillan denunciamos una vez a Felipe Sola, candidato a gobernar la provincia de Bs As por su responsabilidad en el asesinato de Dario y Maxi el 26 de junio de 2002.

Ante el reclamo hecho hoy nuevamente en la facultad de ciencias economicas, los integrantes del Frente Renovador comenzaron a arrojar sillas a nuestros compañeros. Este acción violenta no nos llama la atención de quien se sento a tomar mate con el policia que disparo el 26 de junio. Igual.que Duhalde y Anibal Fernández, Sola es responsables de la Masacre ordenada en Avellaneda en 2002.

Desde el Frente Popular Darío Santillán repudiamos la presencia de Solá, quien en 2002 durante la Masacre de Avellaneda, ocupaba el mismo cargo para el que se postula en estas elecciones.No olvidamos que fue Solá quien en ese entonces felicitó y avaló públicamente el accionar del comisario Alfredo Luis Fanchiotti, condenado junto con Alejandro Acosta de ser los autores materiales de los asesinatos.

Repudiamos que no hayan sido citados a declarar ante la Justicia los principales responsables políticos, miembros del Poder Ejecutivo al momento de producirse la represión, siendo que se cuenta con sobradas pruebas de la existencia de un plan represivo con reuniones previas, una autoría ideológica, directivas, responsabilidades y complicidades necesarias.

El 26 de junio de 2002, mientras miles de trabajadoras y trabajadores desocupados salían a las calles a exigir trabajo, justicia y dignidad, el entonces presidente Eduardo Duhalde, dio la orden de reprimir a los manifestantes en el Puente Pueyrredón. Dos jóvenes muertos y más de 30 heridos con balas de plomo fue el saldo de lo que se conoce como la Masacre de Avellaneda. El objetivo político aparecía claro: desarticular al movimiento popular que había protagonizando jornadas históricas como las de diciembre del 2001.

Por todo esto, decimos que Duhalde, Aníbal Fernandez, Felipe Solá son nuestros candidatos… ¡pero a la cárcel! Creemos que es nuestra responsabilidad como pueblo repudiarlos dondequiera que vayan.
Pongamos nuestra presencia y nuestra memoria para impedir que los asesinos de la democracia se legitimen en las urnas. Allí estaremos cantando, como en cada repudio a los que tienen las manos manchadas con la sangre del pueblo: “como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”.

Felipe Solá, Juan José Álvarez, Alfredo Atanasof, Aníbal Fernández, Eduardo Duhalde, y todos los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda, candidatos… ¡a la cárcel!

El escrache a SOLA fue violento. Mira el video donde patota de SOLA le tira con mesas a familiares d Dario Santillan pic.twitter.com/uglVVtwU0I

— FPDS (@fpdsnacional) octubre 7, 2015

La causa que sigue dejando impune a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda

A 6 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, la causa que debía investigar las responsabilidades políticas de estos crímenes no avanzó más allá de su mera existencia formal. Los funcionarios denunciados no fueron investigados; ni siquiera fueron citados a declarar. La pista que apuntaba a la participación de la SIDE fue descartada sin más. Como si faltara algún otro dato que certifique la falta de voluntad política, al día de hoy la última foja del expediente que instruye el fiscal Osorio señala que aún no pudieron, después de 6 años, establecer a qué personas corresponden 4 líneas telefónicas utilizadas para comunicarse con los asesinos el mismo día de los crímenes. Analizamos el expediente junto a Alberto Santillán, papá de Darío, que sintetizó: "en todos estos años lo único que hicieron el fiscal y el gobierno fue encubrir el asesinato de mi hijo". La lucha por justicia seguirá con movilizaciones y escraches, anuncian desde los movimientos sociales que hoy se movilizan y mantienen el reclamo por el esclarecimiento de los asesinatos de sus compañeros.
La causa caratulada como "Ruckauf y otros sobre homicidio" lleva el número de expediente 14215/2003 y fue presentada días después de los asesinatos por Mabel Ruiz, mamá de Maximiliano Kosteki, para que se investiguen las responsabilidades políticas, pidiendo que se cite a indagatoria al entonces canciller Carlos Ruckauf, al ex presidente Eduardo Duhalde y al entonces gobernador bonaerense, Felipe Solá. En seis años acumuló 12 cuerpos, pero su lectura no da cuenta de ningún avance, según reconocen fuentes del juzgado y pudimos constatar junto a Alberto Santillán y Marcial Bareiro, uno de los manifestantes heridos del Frente Popular Darío Santillán, y querellante en la causa junto a otros heridos y los familiares.

Los responsables políticos del accionar represivo, impunes.
El 9 de enero de 2006 culminó el juicio a los actores materiales, con condenas a cadena perpetua a los policías que dispararon causando la muerte a los jóvenes manifestantes. En el transcurso de aquel juicio, el ex presidente Duhalde, el entonces secretario de Seguridad de la Nación Juan José Álvarez, y el ex jefe de Gabinete Alfredo Atanasof, fueron excusados de prestar declaración bajo el argumento de que debían ser investigados por su presunta responsabilidad en esos hechos, y para ello existía la causa que instruía el Fiscal Osorio en la Fiscalía Federal Nº 10 de los tribunales de Comodoro Py. En los fundamentos de la denuncia se hace referencia a las declaraciones de Atanasof que un día antes alertó que se iba a impedir la protesta "fuera como fuera" y que el gobierno estaba ante "una declaración de guerra"; los dichos de Duhalde, señalando que la protesta "no se iba a permitir, que había que poner orden", y las declaraciones en el mismo sentido de Ruckauf, Juan José Álvarez y el entonces gobernador Solá, creando previamente el clima político necesario para la represión y las muertes, y justificando los crímenes realizados con afirmaciones que se demostraron tendientes a encubrir los asesinatos. En el caso de Álvarez, su responsabilidad directa como secretario de Seguridad de la Nación ante un operativo que contó con la participación coordinada de tres fuerzas Federales bajo su mando en la represión, tampoco dio lugar a investigación alguna. A dos años y medio de aquella chicana jurídica elaborada desde el duhaldismo, ninguno de ellos tiene motivos para estar preocupado ante una causa en la que no hubo voluntad política de investigar. Hoy, Atanasof es representante del país ante el MERCOSUR; Duhalde vuelve a mostrarse como un político en plena actividad, y su secretario de entonces, José Pampuro (también mencionado en la causa) es un encumbrado referente del gobierno actual.

La pista de la SIDE, descartada sin más.
La vinculación probada entre la sede Billingursth de la SIDE y el comisario Fanchiotti, dato surgido por el análisis de cruces de llamadas realizado como parte de la instrucción de la causa que se tramitó contra los policías en Lomas de Zamora, fue descartada por el fiscal Osorio sin más. Una sola foja en los 12 cuerpos hace referencia al informe que la SIDE remitiera a la fiscalía, que lleva un membrete con la leyenda "Estrictamente secreto y confidencial" y al final la firma de Hugo Gándara, Director de Asuntos Jurídicos del organismo de inteligencia en ese entonces, donde el responsable jurídico de la SIDE se limita a "informar", de manera más que confusa, que "las llamadas efectuadas al celular aludido (por el celular de Fanchiotti) habrían sido hechas por un agente del organismo de rango inferior, en función de un aparente relación de conocimiento mutuo con el nombrado, y "prima facie", en cumplimiento de tareas regulares como obtener información luego de producido los trágicos sucesos". "Habrían sido", una "aparente" relación de conocimiento, "prima facie" en cumplimiento… Evasivas para cumplir con la formalidad de encubrir la actuación de agentes del organismo en el desarrollo de la represión que terminó con los crímenes conocidos. Haber dejado sin profundizar este indicio concreto adquiere mayor gravedad si se tiene en cuenta que la SIDE es un organismo dependiente en forma directa de presidencia de la Nación, y de lo que se trata en esta causa es de establecer los vínculos del poder político de entonces con los asesinatos.

Aún no averiguaron con quiénes hablaron los asesinos aquel día.
De los llamados telefónicos que aparecen como sospechosos, realizados o recibidos por los policías condenados por los crímenes, hay cuatro números que aún no fueron identificados en la causa. Después de 72 meses, en la última foja que tiene el expediente y que lleva el número 2192, el fiscal cita a los responsables de las compañías telefónicas para que expliquen por qué los números que la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) establece en un informe del pasado 12 de junio de 2008 que deberían figurar en su nómina, no pueden ser identificados. Es decir: desde teléfonos no reconocidos por las compañías Telefonías Móviles Argentinas SA (hoy Movistar), Telecom Personal y Nextel, que deberían tener información sobre sus titulares, se realizaron comunicaciones que triangulan a ministros del gobierno de Duhalde con el Jefe del operativo condenado a prisión perpetua, Alfredo Fanchiotti. Sin una investigación adecuada, no se puede confirmar pero tampoco descartar que se trate de teléfonos no registrados, justamente con el fin de garantizar vías de comunicación necesarias para la coordinación represiva ilegal que terminó con muertos en Avellaneda aquel 26 de junio de 2002. Curiosamente, la cita para identificar con quiénes hablaron ese día los asesinos, será este mismo 26 de junio, a la misma hora en que se cometieron los crímenes, pero seis años después. Aún así, fuentes de la fiscalía descreen que esas entrevistas con directivos de las empresas lleguen a algo: "pasó mucho tiempo, tal vez esos números ya no se puedan identificar", explican.

Búsqueda de justicia por fuera de los tribunales
El Fiscal Miguel Ángel Osorio, ya había sufrido una movilización de protesta un año atrás, en vísperas del 5º aniversario de los asesinatos. Ante los tribunales de Comodoro Py donde tiene su despacho, protestaron los familiares de los jóvenes asesinados y sus compañeros de militancia, hoy agrupados en el Frente Popular Darío Santillán. Desde estas organizaciones convocan para este 26 de junio a una nueva movilización al Puente Pueyrredón para conmemorar a los jóvenes caídos, y para renovar el reclamo de justicia: "ya no vamos a esperar más nada de esta causa. Con la movilización logramos las condenas perpetuas de los policías, y con la movilización vamos a instalar a partir de ahora la responsabilidad de Duhalde y sus ministros en los hechos, y de este fiscal (por Osorio) en la impunidad. Recordemos aquella consigna que marcó la lucha por justicia en los últimos años: si no hay justicia, hay escrache", advierte Marcial Bareiro, querellante y militante del MTD y del Frente Popular Darío Santillán.

Fuente: Prensa de Frente