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lunes, 1 de septiembre de 2025

La escuela 'Madres de Plaza 25 de Mayo', blanco de un operativo que vulneró derechos y sembró miedo

La comunidad educativa de la ESSO N°514 "Madres de Plaza 25 de Mayo" fue escenario, el pasado viernes 29 de agosto, de un operativo policial sorpresivo que incluyó la requisa de alumnos y alumnas —muchos de ellos menores de edad— sin orden judicial ni autorización formal. La intervención generó un fuerte rechazo por parte de organismos de derechos humanos y del gremio AMSAFE Rosario, que emitieron dos comunicados expresando su repudio, preocupación y solidaridad con la comunidad escolar.

El testimonio desde adentro: "Nos remonta a épocas oscuras"
En diálogo con el periodista José Maggi (RosarioI12), la docente y secretaria de Derechos Humanos de AMSAFE Rosario, Jésica Daloisio, relató con detalles lo vivido por docentes y estudiantes durante el allanamiento: "Todo ocurrió el viernes 29 de agosto a las 15:15 horas, en plena jornada normal, hasta que ingresaron unos treinta policías, entre ellos fuerzas especiales. No mostraron orden judicial ni documentación alguna que justificara su presencia. Dijeron que había una denuncia anónima por la supuesta presencia de un arma y que debían revisar todo el edificio".

El personal directivo fue apartado y el operativo se desplegó a lo largo de todo el turno tarde, con requisas en todas las aulas.

"Ingresaban al aula, hablaban con el docente a cargo y luego comenzaban a revisar mochila por mochila. Fue una situación de total avasallamiento. Tenemos divisiones desde primero a quinto año. Algunos chicos terminaron con ataques de pánico", relató Daloisio.

La docente también cuestionó la ausencia de protocolos claros y el accionar del Ministerio de Educación: "Consultamos a las autoridades ministeriales y nos dijeron que la policía actuó bajo normativa preexistente, pero nadie sabía cómo actuar. Quedamos helados. Esto nos remonta a épocas oscuras, cuando las fuerzas de seguridad ingresaban a las escuelas en los años más oscuros de nuestra historia reciente".

"La escuela debe ser un territorio de paz"
Desde AMSAFE Rosario manifestaron su profunda preocupación y repudiaron enfáticamente el accionar policial. En su comunicado afirmaron: "Esta acción generó un clima de miedo y ansiedad entre los estudiantes, el personal docente y no docente, y toda la comunidad educativa. Vulneró el derecho a un entorno educativo seguro y protegido".

También remarcaron que la intervención, basada en una denuncia que luego resultó infundada, debería haberse evitado: "La presencia policial en la escuela debe ser evitada en pos de proteger el bienestar emocional de los alumnos. Exigimos que se investigue lo sucedido y se tomen medidas para que no se repitan incidentes similares en el futuro".

"No a la militarización de las escuelas"
Por su parte, la Mesa de Organismos de Derechos Humanos Rosario, junto a otras entidades y colectivos, también emitió un comunicado en el que expresó su más enérgico repudio al operativo: "Este procedimiento, realizado sin orden judicial, se inscribe en la prepotencia e impunidad de las fuerzas policiales que avanza en nuestra provincia, de la mano del alineamiento del Gobernador Pullaro con los protocolos y planes represivos de la ministra Bullrich y el Gobierno Nacional".

El texto reafirma que las escuelas no pueden ser escenario de prácticas autoritarias: "Las escuelas deben ser espacios de formación académica y cultural, donde se protejan los derechos de niños, niñas y adolescentes. De ninguna manera es tolerable el ingreso de fuerzas policiales a los establecimientos educativos".

Finalmente, manifestaron su solidaridad con estudiantes, docentes, directivos y toda la comunidad educativa de la ESSO N°514.

Firman ese comunicado: Mesa de Organismos de Derechos Humanos Rosario – Ronda de la Plaza 25 de Mayo – Centro Cultural Madres de la Plaza 25 de Mayo – HIJOS Rosario – Nietes Rosario – Colectivo de Ex Presos Políticos Rosario – LADH Rosario – MEDH Rosario – Asociación Anahí Filial Rosario – Sitio de Memoria Biblioteca Popular Constancio C. Vigil – APDH Rosario – Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas Rosario

Pasado y presente: una escuela que enseña desde la memoria
En el año 2013, la comunidad educativa eligió nombrar al establecimiento como "Madres de Plaza 25 de Mayo", ubicada en pasaje Lejarza 5430 (Larrea al 3200), en barrio Triángulo de Rosario. La decisión fue el resultado de una votación interna, en la que ese nombre resultó el más elegido, en homenaje al ejemplo de resistencia, valor, conducta ética y respeto por las leyes de las Madres, así como por su compromiso cívico y dignidad frente al terrorismo de Estado.

En el acto de imposición oficial estuvieron presentes las Madres María Adela Panelo de Forastello, Elvira Finsterweld, Norma Birri de Vermeulen y Elsa Pozzi de Massa, acompañando con su testimonio y su presencia a toda la comunidad escolar.

sábado, 30 de agosto de 2025

¿Dónde está Valentín? Nueve años de silencio, impunidad y encubrimiento

El 13 de noviembre de 2016, Valentín Ezequiel Reales, un joven de apenas 15 años, desapareció en el barrio perecino (es decir, del municipio de Pérez), situado en el límite oeste de Rosario, en un hecho que sigue marcado por la incertidumbre y el dolor. Casi nueve años después, su paradero sigue siendo un misterio, y la causa permanece activa en la justicia federal. El caso, calificado como desaparición forzada, está bajo la supervisión de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros delitos del Área de Investigación de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Rosario, a cargo del fiscal Andrés Montefeltro. Además, la Fiscalía General, encabezada por Javier Arzubi Calvo, dispuso una recompensa de 10 millones de pesos para quienes puedan brindar información que permita esclarecer lo sucedido.

La comunidad de Cabín 9, el barrio donde desapareció Valentín, se encuentra atravesada por la falta de recursos, problemas sociales y la presencia de bandas criminales que operan impunemente. Pese al paso del tiempo, el caso de Valentín ha sido uno de los pocos que logró captar algo de atención pública, aunque la cobertura mediática fue limitada.

En ese territorio —disputado por bandas como Los Cuatreros, Los Stifler, Los Sosa y Los Camargo— Valentín, amante de los caballos, inquieto y rebelde, estableció vínculos con el grupo liderado por Roberto "Narigón" Cabrera, conocido por sus actividades delictivas: tráfico de drogas, armas, sicariato y usurpaciones violentas.

Carlos del Frade, quien ha seguido de cerca el caso, señaló que Valentín estaba involucrado con una banda narcopolicial que explotaba a jóvenes como él. A pesar de que la justicia provincial había detenido a varios miembros del grupo, poco se hizo para proteger al adolescente. Su desaparición y la violencia que lo rodeaba reflejan las tensiones entre las estructuras criminales barriales y las fuerzas de seguridad locales. Del Frade reafirma su apoyo a la familia en la Legislatura y sostiene que la causa es una herida abierta.
En Señales, revista semanal de Aire Libre Radio Comunitaria, la madre de Valentín, María de los Ángeles Reales, compartió su dolor y su incansable lucha por encontrar respuestas. A su lado estaba Antonella, la hermana de Valentín. Ambas contaron cómo era el joven antes de su desaparición.

María de los Ángeles lo recuerda como un chico rebelde, pero respetuoso, que disfrutaba de momentos familiares, jugaba con sus hermanos y tenía una vida normal para su edad. Sin embargo, su destino cambió cuando se involucró con la delincuencia organizada. Hoy, ella dirige un comedor comunitario llamado Asociación Civil Valentín, en honor a su hijo. En ese espacio se brindan alimentos a más de 150 personas, principalmente niños y niñas, como forma de mantener viva su memoria.
María recuerda el último día que vio a Valentín: el 13 de noviembre de 2016, cuando estuvo en su casa durante un encuentro familiar. Al día siguiente, le pidió que pintara una puerta como una manera de mantenerlo ocupado. Pero fue la última vez que lo vio. Tras su desaparición, comenzó una búsqueda desesperada, y más tarde se presentó la denuncia ante la policía. Un mensaje anónimo indicaba que su cuerpo podría estar en un terreno de Pérez, conocido como el campo de Braulio. La familia, junto a algunos amigos, acudió al lugar, pero la respuesta policial fue nula. A pesar de ello, persistieron.

Esa madrugada, con las luces de los celulares, la familia logró encontrar una zapatilla y una media que pertenecían a Valentín, pero no su cuerpo. La policía, que inicialmente se negó a intervenir, luego volvió, pero para entonces ya no había rastros. Para la familia, la intervención policial y el accionar de las bandas criminales siguen siendo piezas clave en este rompecabezas.

El abandono del Estado y la constante lucha de la familia
La búsqueda de justicia ha sido una lucha no solo por respuestas, sino por lograr que el Estado se involucre. La familia sintió abandono e indiferencia por parte de las instituciones. En una conversación con el entonces Ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, María de los Ángeles le preguntó si la policía tenía alguna responsabilidad en la desaparición. Su respuesta fue: "quédese tranquila que si la policía tiene algo que ver, se va a saber". Pero ya han pasado casi nueve años, y la familia sigue esperando. Pullaro, hoy gobernador, aún no ofrece respuestas.

El intendente de Pérez, Pablo Corsalini, fue uno de los pocos que mostró preocupación por la seguridad de la familia. Logró que se les otorgara una vivienda en otro barrio debido a las amenazas y ataques que recibían. Sin embargo, la falta de apoyo real en la investigación sigue siendo una fuente de frustración.

Antonella relata cómo, a pesar de las amenazas y agresiones, lograron salir de esa situación de peligro y encontrar un lugar donde vivir en paz. Sin embargo, ese respiro no les devolvió lo más importante: a Valentín. A pesar de las recompensas ofrecidas y las investigaciones en curso, no hay respuestas claras. La causa podría prescribir en 2026, cuando se cumplan diez años de la desaparición.

Tanto María como Antonella insisten en que el sistema judicial nunca supo cómo abordar los casos de jóvenes como Valentín. A pesar de los intentos de ayuda, las respuestas fueron siempre insuficientes. "Nos preguntaban si quería volver a la escuela, como si eso resolviera todo", recuerda Antonella. Pero Valentín, ya en una situación crítica, no encontraba salida. "Ni con muletas se quedaba quieto", cuenta su hermana, sobre una vez en que se fugó de la casa estando lesionado.
Violencia, abuso policial y un sistema que no responde
La situación en la casa se volvió insostenible. Valentín desafiaba las reglas familiares, y su comportamiento se agravaba. A pesar de todo, su madre insiste: "Nada de eso justifica lo que le pasó". Valentín fue víctima de un sistema que lo dejó a la deriva.

Además, el accionar de la policía dejó marcas profundas. Antonella cuenta cómo los agentes ingresaban a su casa sin orden judicial, generando un clima de constante vulnerabilidad. "Nos sentíamos expuestos, sabían todo, y no hacían nada".

Tiempo después de la desaparición, un comisario fue a la casa donde vivían antes y preguntó dónde estaba viviendo ahora la familia. ¿Por qué quería saber eso? Nadie supo responder. Para Antonella, fue otra señal de que alguien sabía más. "Policía, política… hay algo groso que no se está destapando", asegura.

La denuncia internacional, las pistas ignoradas y el tiempo que corre
El caso de Valentín llegó a instancias internacionales. La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos activaron protocolos de urgencia ante la denuncia de la Cátedra de Criminología de la UNR, la Fundación Igualar y el abogado Jorge Barbagallo. Se pidió al Estado argentino garantizar la búsqueda e involucrar a la familia.

El Comité de la ONU también expresó preocupación por las reiteradas detenciones previas que sufrió Valentín, muchas sin intervención del sistema de Niñez ni del fuero de Menores. Eso refuerza la hipótesis de participación estatal en su desaparición.

La causa, que en un comienzo estuvo en la justicia provincial, fue trasladada al fuero federal bajo la figura de desaparición forzada. El nombre del fiscal Guillermo Apanowicz genera desconfianza en la familia. "Salía con más dudas que certezas", recuerda María. Además, Apanowicz ya había intervenido en los casos de Franco Casco y Gerardo "Pichón" Escobar, también relacionados con desapariciones forzadas en Rosario.

El hallazgo de una zapatilla y una media ensangrentadas fue el único indicio material. Cerca del lugar, un móvil policial fue visto antes del operativo. ¿Qué hacía allí? Nadie pudo explicarlo. El campo, conocido como el campo de Braulio, estaba asociado a bandas, Allí, en una tapera se juntaban Los Cuatreros a desarmar motos, a llevar las cosas que robaban. Para la familia, esa coincidencia no fue casual.

Hoy, con una recompensa oficial de 10 millones de pesos, la causa no muestra avances. "Ni una llamada, nada", repiten madre e hija, con una mezcla de frustración y tristeza. La esperanza está puesta en que alguien, al menos de forma anónima, se anime a hablar. Porque "Cabín 9 no es tan grande", dicen. "Todos saben algo".
"Nos dejaron solos": negligencia, pistas ignoradas y una búsqueda sin respuestas
Aquel 15 de noviembre, la subcomisaría 18ª de Cabín 9 tenía solo un agente de guardia, pese a los conflictos barriales. Los refuerzos de Pérez se retiraron tras pinchar una rueda y no regresaron. "Nos dejaron a la deriva", repite María. "Quizás si hubieran estado con nosotros, lo encontrábamos esa misma noche".

Porque había pistas. Tierra removida. Un pozo. Una rama encima. Y un mensaje de texto que decía que Valentín estaba ahí. Pero ese mensaje desapareció. Ya nadie lo tenía. "Desapareció como desapareció Valentín", dice Antonella.

El tiempo que se perdió en esas horas fue clave. ¿Quién necesitó ese margen para mover el cuerpo? ¿A quién se protegía?

También se habló de una posible denuncia de Valentín contra la banda. Pero su madre lo desmiente: "Él nunca me dijo que quería salir". Sin embargo, sí saben que había dejado de vincularse con Los Cuatreros y se acercaba a un grupo rival. Eso pudo haber desencadenado represalias.

En 2016, el fiscal Fernando Dalmau describió a Los Cuatreros, liderados por Roberto "Narigón" Cabrera, como una organización dedicada al narcotráfico, el robo de ganado, sicariato y usurpaciones. Se enfrentaban con Los Stifler, Los Camargo y Los Sosa, en un escenario de violencia e impunidad.

"Todos saben quiénes son", repiten vecinos y familiares. "La policía también. Pero no hace nada".
La causa hoy y el tiempo que se agota
Actualmente, el caso está en manos del fiscal federal Andrés Montefeltro, dentro de la Unidad Fiscal de Rosario especializada en delitos complejos, trata de personas y crimen organizado. La recompensa fue autorizada por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, y se enmarca en el Programa Provincial de Protección y Acompañamiento de Testigos y Víctimas.

Las personas que deseen aportar información pueden comunicarse al correo fisdistrito-ros@mpf.gov.ar o dirigirse a la sede del Ministerio Público Fiscal (MPF), Unidad Fiscal Rosario, Mitre 601. La identidad será preservada de manera confidencial.

Para la familia Reales, el tiempo apremia. En 2026 se cumplen diez años de la desaparición, y con ello, la causa podría prescribir. Por eso, claman por respuestas.

"Sabemos que Valentín estuvo ahí", insisten. "Lo que no sabemos es por qué lo sacaron. Quién lo sacó. A quién están encubriendo".

Porque Valentín tenía solo 15 años. Porque su familia sigue viviendo con miedo, con bronca, con la impotencia de no tener un cuerpo ni una verdad. Porque nadie desaparece así nomás.

Casi diez años después, el paradero de Valentín sigue siendo un misterio. "El problema de la droga no lo quieren parar porque el negocio es grande. Y Valentín sabía mucho", asegura su madre, que hoy sostiene un merendero como forma de resistir al abandono y la violencia. Tres de sus otros seis hijos fueron baleados en diferentes episodios vinculados a la defensa de su hermano.

En Cabín 9, todos saben quiénes mandan.

Todos saben que falta alguien.
Falta Valentín.

Escuchá la entrevista completa:

domingo, 17 de agosto de 2025

'Sentí que lo volvieron a fusilar': dolor y desilusión por la condena a la policía que mató a Maxi Lucero

Pasó nuevamente por Señales Luisa Pourpour, mamá de Maximiliano Lucero. Esta semana se conoció la sentencia contra Antonella Ortiz, exefectiva de la Policía Santafesina, condenada a 15 años de prisión por el homicidio de Maxi.

El hecho ocurrió durante una discusión entre Maxi y la pareja de Ortiz. Ella no estaba directamente involucrada, pero intervino con su arma reglamentaria y disparó a corta distancia, causándole la muerte.

El tribunal integrado por Trinidad Chiabrera, Silvana Lamas González y Carlos Leiva dictó el fallo en el Centro de Justicia Penal de Rosario. La pena quedó muy por debajo de lo solicitado: el fiscal Lisandro Artacho había pedido 22 años, la querella que representa a uno de los hijos de Maxi adhirió a ese pedido, y los abogados de la familia reclamaron 33 años y 4 meses, la máxima posible. Argumentaron que el disparo fue certero, que no existía peligro en la vivienda y que Ortiz abusó de su función pública y de su arma reglamentaria frente a una víctima indefensa.

"Es muy difícil", expresó Pourpour. "Yo siempre pedí prisión común, sin beneficios y de cumplimiento efectivo. Eso lo logré. Pero la condena fue de 15 años: se computan los tres de prisión preventiva y en realidad va a cumplir 12. Me sentí decepcionada. Entre los 22 años que pidió el fiscal y los 33 que solicitamos nosotros, al menos esperaba 25".

Reconoció que algunas familias consideran justa la sentencia, pero aclaró: "No es porque fuera mi hijo. Es porque estos abusos policiales no pueden seguir ocurriendo. Ese 12 de agosto sentí que lo volvieron a fusilar".

Sobre las palabras de la condenada fue tajante: "Ortiz dijo que le destruimos la vida. ¿Y qué me hizo ella a mí? Me mató en vida. Me cuesta mucho seguir. Sí, tengo otros hijos, hijas, nietos… pero me falta esa parte fundamental que era Maximiliano".

También denunció la impunidad policial y el maltrato recibido durante el juicio: "Nos maltrataron, no nos dejaban entrar, y era un juicio oral y público. El día de la sentencia hubo burlas, sonrisas. Siempre digo: hay policías buenos, que llevan su rol en el alma. Y hay otros que son corruptos, narcocriminales, incluso drogados. Lo veo en mi barrio. Maltratan a los pibes que van a los volquetes a buscar comida. Los golpean en las comisarías. Voy a nombrarlas: la subcomisaría segunda de Nuevo Alberdi, la 10ª de Darragueira y la seccional 30. Ya no tengo miedo de decirlo".

"Siempre cuidé mucho a mis hijos. Nunca pensé que un uniformado iba a matar a uno de ellos. Perdí el respeto a la policía y la justicia me defraudó. Todos merecen justicia. Un uniforme y un arma no le dan a nadie el poder de quitar una vida".
Se refirió también a las autoridades provinciales: "Rosario es peligrosa, sí, pero las balaceras siguen. Llenar de patrulleros y motos no arregla nada. Y ahora suman las Taser. No me digan que son armas no letales: son picanas eléctricas, una forma de tortura. Para algunos policías va a ser un juego".

Recordó otros casos de violencia institucional: "Antes los mataban a tiros, después los chocaban con patrulleros, después los golpeaban en comisarías. Y decían que se suicidaron. No me olvido de María de los Ángeles Paris, la bibliotecaria que terminó muerta en la comisaría décima tras ir a denunciar un robo. ¿Sola se mató? No".

Confirmó que habrá apelación: "Estamos esperando los fundamentos de la sentencia, que deberían estar en unos días. Después veremos cómo seguimos".

Durante el juicio también fue acusada de amenazas: "La hermana de Ortiz declaró que yo la amenazo. No es cierto. Yo escracho públicamente a la oficial, pero no me meto con su familia. Solo me interesa la asesina de mi hijo. Y la voy a seguir señalando. Ella tiene una inhabilitación de diez años para portar armas, pero después puede volver a ejercer. No estoy de acuerdo: un policía que mata no debería portar un arma nunca más".

Consultada sobre si esperaba algún gesto de Ortiz, respondió: "Sí, esperaba que me mirara, que me pidiera disculpas. Pero no pasó. Estuvo por Zoom, jamás me dirigió la palabra. Es una persona fría, prepotente. Ni ella ni su familia mostraron respeto. Al contrario, nos insultaron: 'negros de la villa'. Yo viví muchos años en una casa humilde, y no me avergüenzo. En la villa hay gente generosa y solidaria, mucho más que en otros lados".

"No siento nada por ella. Ni lástima, ni piedad. Nada".

Sobre Maxi quiso dejar un recuerdo: "No era un santo, pero tampoco una mala persona. Tenía valores. Me enteré de que era donante: dio su corazón, que sigue latiendo en otro cuerpo. Eso me hace pensar que no fracasé como madre. Siempre le enseñé el respeto, tu derecho, y dónde empieza el del otro. Era apolítico, odiaba la política. Lo obligaba a votar porque era un derecho. No era religioso, solo creía en Dios. Y cuando llegue el momento de apelar, espero que logremos una condena más alta".

Pidió además que se revisen otras causas: "Que se reabran las que están cerradas o por cerrarse. Que escuchen a las víctimas. Porque al final terminamos siendo nosotros, los familiares, quienes quedamos insultados y bastardeados".
En la entrevista también habló Fernando Vergara, tío de Brandon Romero. Destacó que este caso permitió visibilizar otros hechos de violencia institucional y gatillo fácil: "Se probó que Ortiz actuó con alevosía: disparó a corta distancia, sin amenaza alguna, y hasta intentó fugarse. La médica forense dijo que el tiro fue certero y letal. Practicaba tiro regularmente, sabía lo que hacía. Aun así, la condena fue de 15 años. Queremos entender en qué se basaron los jueces para reducirla".

Vergara contextualizó lo ocurrido con Maxi dentro de un patrón más amplio de impunidad: "Como este, hay muchos casos que siguen sin justicia. El de Pichón Escobar, el de Bocacha, el de Alan Rivero, que intentaron hacer pasar por accidente. Son patrones que se repiten".

La propia Pourpour coincidió: "Antes lo veía en los noticieros. Nunca pensé vivirlo. Cuando pasó lo de Maxi, me sorprendí de tantos pibes chocados por patrulleros, víctimas de gatillo fácil o torturas en comisarías. Es un patrón".

El impacto también golpeó a su familia: "Estoy muy agradecida por el acompañamiento. Mi familia me apoya, pero con otros familiares de víctimas comparto cosas que no me animo a hablar en casa. Una de mis hijas cayó en depresión. Esa bala que mató a Maxi nos mató a todos".

Sobre la falta de arrepentimiento de Ortiz fue contundente: "No hay empatía. Casi tres años me pregunto cómo alguien puede matar y dormir tranquila. La frialdad de ella me supera".

Repasó además lo que se expuso en el juicio sobre la mecánica del disparo: "Maximiliano estaba a 6,60 metros. El perito de Gendarmería explicó que fue un disparo certero con resultado muerte. Ella sabía usar un arma. Después de disparar, montó el arma de nuevo y dejó una bala en recámara, lista para seguir. Si mi hijo se movía, lo remataba. No fue un disparo al aire: tenía 26 balas. Quedó demostrado que lo quería muerto".

También cuestionó la supuesta motivación por una garrafa: "No creo que fuera solo por eso. La discusión era con su pareja, no con ella. Mi hijo quiso mediar, incluso estaba dispuesto a pagar por la garrafa robada. Una discusión así no puede terminar con alguien muerto. Nunca lo voy a entender".

Luisa agradeció especialmente a Aire Libre, Radio Comunitaria, por el espacio y el acompañamiento. Subrayó que mientras otros medios "más importantes", como El Tres TV y Telefe Rosario, les cerraron la puerta, allí encontraron un lugar para visibilizar el caso.

Durante la charla, el conductor reafirmó la apertura permanente de la radio a las familias víctimas de gatillo fácil y anticipó la cobertura de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Fernando Vergara explicó que el lunes se reunirían para definir la fecha y probablemente acoplar la convocatoria al miércoles 27, en coincidencia con la marcha de los jubilados, con la idea de "unificar fuerzas y energías".

"Mi agradecimiento como mamá de Maximiliano es inmenso, porque ustedes nos dieron la posibilidad cuando otros no lo hicieron", concluyó Luisa.

Escuchá la entrevista completa:

lunes, 4 de agosto de 2025

La lucha de una madre por justicia: arranca un nuevo juicio por gatillo fácil en Rosario

Los familiares de distintas víctimas de violencia institucional están convocando a participar del inicio del juicio por el asesinato de Maximiliano Andrés Lucero. Un hecho que, como muchos señalan con claridad, fue un fusilamiento. Ocurrió el 7 de septiembre de 2022, en el barrio municipal de Nuevo Alberdi, una zona rural de Rosario. El crimen fue perpetrado por Antonella Celeste Ortiz, oficial de la policía perteneciente a la seccional 12.

En el marco de este reclamo de justicia, y con el propósito de introducir y contextualizar desde la voz más cercana al dolor, compartimos un archivo de audio registrado en vivo por El Tres TV ese mismo día. En él, Luisa Leonor Pourpour —la mamá de Maximiliano— expresa con crudeza e indignación lo que estaba ocurriendo.
"No tenía derecho a pegarle un tiro en la cabeza a mi hijo, Maximiliano Andrés Lucero. Mi hijo no es choro, no es narco. Trabajó 32 años en una hamburguesería. Se lo llevaron con la ropa puesta, justo al lado de la estación de tren y de su trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Que el jefe de la policía de Santa Fe me lo explique. ¿Por qué un efectivo de su fuerza mata a mi hijo si no era un delincuente?

A mí, Luisa Leonor Pourpour, que me responda. ¿Por qué un policía decide matar a un chico inocente? ¿Por qué? ¡A nadie, a nadie! Quiero explicaciones.

—¿Él conocía a esa mujer?

No sé… todos la conocemos de investigaciones. Yo llegué corriendo cuando una vecina me avisó. Encontré a mi hijo agonizando. Tardaron casi una hora. Los milicos se reían. Ahí, todos esos que estaban ahí: 'Déjalo, que se muera total, es un negro de la villa'. ¿Por qué esa discriminación? ¿Por qué tanto odio? ¡La reputa madre que los parió! ¿Por qué?

Ese hijo, como el hijo de cualquiera… si hubiese sido delincuente, en el barrio decimos 'murió en la ley'. Pero mi hijo era honesto, por el amor de Dios. Y ahora me falta un pedazo. Tengo once hijos, pero ahora me falta uno.

El intendente, el gobernador, el ministro de Justicia y toda esta policía narco… ¡son todos narcos! ¡Porque lo sé! Porque trazan, hijos de puta. No tengo más que decir. Solo pido que pasen esta nota, no por mí. Porque acá allanan casas y drogan por todos lados. Es un desastre.

Y esa policía de mierda que está ahí, porque es de la fuerza… Yo le estoy diciendo lo que sé".
En ese mediodía, frente a las cámaras, Luisa no solo gritaba desde su dolor, sino que también denunciaba, interpelaba, reclamaba. Porque en medio de la desesperación, ella supo poner en palabras todo lo que estaba mal, todo lo que se repite, todo lo que no puede seguir ocurriendo.

Hoy, agosto de 2025, a casi tres años del hecho, Luisa está con nosotros en las Señales, a su lado -en el estudio de Aire Libre, Radio Comunitaria- la acompaña Fernando Vergara, tío de Brandon Romero, otro joven víctima de gatillo fácil. Antes de comenzar esta entrevista, le preguntamos si quería que pasaramos ese audio. Es muy fuerte volver a poner el cuerpo y la voz en un momento tan brutal. Pero nos pareció que su testimonio de entonces —tan claro, tan visceral, tan certero— era necesario para empezar a hablar.
La voz de Luisa

Recordar es doloroso, dice Luisa. Pero lo que dijo aquel mediodía en televisión, frente a las cámaras, lo sigue sosteniendo con la misma firmeza. Maximiliano no era un delincuente, y lo que le hicieron fue un fusilamiento. Murió de un disparo entre los ojos, y esa herida, que atraviesa a la familia y al barrio, sigue abierta.

Hablar de Maxi, sin embargo, también la lleva a un territorio distinto, más íntimo, más lleno de luz. Tenía 33 años y era uno de sus cinco hijos varones. Cada uno con su carácter, pero Maximiliano, dice Luisa, era la alegría de la casa. Estaba siempre con ella. Discutían, sí, como madre e hijo, pero a los pocos segundos se le pasaba. Era el que compartía los mates, el que apenas caían dos gotas le pedía que hiciera tortas fritas. El que le pedía un cigarrillo para sentarse a conversar. Su confidente. Con él, nada quedaba sin hablar.

Maxi trabajaba en Burger, pero además era electricista, techista, albañil. Hacía changas en el barrio, cortaba el pasto aunque no le pudieran pagar. Un verdadero buscavida. En los últimos años se había interesado mucho por la gastronomía: pasó por parrillas, bares, hacía delivery. Incluso trabajó con el chef Rodrigo Casagrande. Como madre, Luisa no lo idealiza: reconoce que pudo tener errores, como todos. Pero afirma con certeza que su hijo no era un narco, no era un tiratiros, no estaba en ninguna disputa de territorio, como se intentó hacer creer. Esas disputas las tienen otros, no su hijo.

Después del asesinato, se sorprendió con la cantidad de personas que se acercaron, que le contaron que conocían a Maxi, que eran sus amigos. Incluso gente que nunca hubiera imaginado. Hasta el día de hoy, nadie le ha dicho una palabra mala sobre él, ni en la calle ni en las redes. Luisa sigue preguntándose por qué. ¿Por qué alguien apretó ese gatillo? ¿Por qué le quitó la vida? Esa es la pregunta que espera que Antonella Celeste Ortiz, la oficial que le disparó, le responda durante el juicio. Porque nadie —insiste— mata sin un motivo. Cree que tal vez quiso ocultar algo. Tal vez hay una explicación. La busca.

El juicio está previsto entre el 5 y el 8 de agosto. Luisa espera que la escuchen. Que haya una condena firme, de cumplimiento efectivo, en cárcel común. Porque eso es lo que considera justo.

Recuerda que Ortiz fue detenida desde un primer momento, junto a su pareja, Damián Solís, el Pelado. El 9 de septiembre —el mismo día en que sepultaron a Maxi— fue la audiencia imputativa. Luisa estuvo de acuerdo con que Solís quedara en libertad. No por bondad, sino porque pensó en los hijos de Ortiz: uno con autismo, la otra una niña pequeña. No sabía si Ortiz tenía familia que pudiera cuidarlos. Por eso, accedió a que Solís saliera. Pensó como madre.

Aclara, también, que lo que busca no es venganza, sino justicia. Y recuerda algo que muy pocos saben: ese mismo día, frente a Ortiz, le ofreció su perdón. Lo hizo mirándola a los ojos. No para quedar bien, no para aliviar la carga de la otra. Lo hizo por ella misma. Porque no quiere vivir con odio. Porque no es ese tipo de persona. Y porque sabe que su hijo, si hubiera sobrevivido con alguna secuela, le habría dicho: "Má, ya está. Déjela". Porque así era Maxi. No guardaba rencores.

Asegura que, incluso con alguna discapacidad, ella habría sido feliz si pudiera tenerlo vivo. Pero ya no lo va a abrazar, no va a compartir mates ni cigarrillos con él. El día que Ortiz lo mató, algo dentro de ella también murió. Aunque tenga más hijos y nietos, dice que quedó vacía.

Por más años que le den a la policía, ella no va a recuperar a su hijo. Y aunque sigue pensando en los hijos de Ortiz —en cómo una madre puede ser capaz de mirar a otra a los ojos y no decir ni una palabra—, lamenta profundamente que nunca haya recibido ni un gesto de arrepentimiento. Ni un pedido de perdón. Nada.

Dice que si lo hubiera habido, por sus hijos, quizás habría intentado ayudar a que su condena fuera más leve. Porque ella piensa como madre. Pero Ortiz, afirma, no pensó en ella como madre. Y eso también duele.
Una verdad que no se apaga

Cuando fueron a detener a Antonella Celeste Ortiz, ella ya estaba lista para fugarse. Tenía bolsos, valijas, pasaportes, dinero en dólares y pesos. Todo preparado. Según relata Luisa, fueron tres móviles policiales los que llegaron antes que el fiscal Gastón Ávila, para sacar pertenencias de la casa. Fue cuestión de minutos. Si el fiscal se hubiese demorado diez o quince más, la misma policía se la llevaba. La ayudaban a escapar.

Eso fue lo que Luisa denunció desde el principio, incluso en vivo, en El Tres TV, y lo sigue sosteniendo con convicción. Porque todo lo que dijo entonces —con la bronca, con el dolor— era verdad. Y lo seguirá repitiendo hasta el último día de su vida. No son palabras impulsivas. Es su verdad. Una verdad que no se apaga.

Ella misma reconoce que antes veía estos casos en la televisión. Lloraba. Se conmovía. Pero nunca pensó que un día le tocaría estar de este lado, ser una madre atravesada por la violencia institucional, convertida en testimonio vivo de algo que no para de repetirse. Y aunque desearía que nunca más ocurriera, sabe que sigue pasando.

Para Luisa, la responsabilidad no es solo individual. No recae únicamente sobre quien apretó el gatillo. Es de toda la institución policial. Desde los jefes en cada comisaría hasta las más altas autoridades: la Ministra de Seguridad de la Nación, el Ministro de Seguridad provincial, el Gobernador. Todos. Nadie puede lavarse las manos. Todos son responsables de permitir el funcionamiento de una estructura que habilita el gatillo fácil, el abuso, el atropello. Una fuerza que, en lugar de cuidar, golpea, humilla, discrimina. No importa si se trata de un niño, una adolescente, una mujer. El daño es sistemático.

Luisa lo dice con claridad: a la policía ya no le tiene respeto. Perdió la confianza. No por prejuicio, sino por experiencia. Porque la propia institución hizo que el pueblo le pierda el respeto. Es una realidad que ella, con 62 años, lamenta profundamente.

Y sabe que su historia no es única. En esa misma casa donde hoy habla, también se han seguido de cerca otros casos emblemáticos: el de Franco Casco, el de Jonathan Herrera, el de Gerardo "Pichón" Escobar. Allí mismo, todos los sábados, el papá de Bocacha realiza su programa, denunciando y construyendo memoria. Y está también el caso de Brandon Romero. La lista es larga.

Según los registros de CORREPI, desde el inicio de la democracia hasta hoy, hubo más de 10.500 casos de gatillo fácil en Argentina. Y aunque la cifra se actualiza cada año, lo más desgarrador es que no deja de crecer. Porque no paran. No paran los disparos, las coberturas, los silencios, las justificaciones. No paran los muertos.

Luisa lo dice sin rodeos: la policía debería cuidarnos. Pero en muchos barrios populares, lo que genera es miedo. Y eso no cambió. Ni siquiera después del asesinato de Maximiliano. El barrio, afirma, sigue igual. Como si nada hubiera pasado.

Y ella, desde el dolor, insiste. Porque su hijo no fue el primero, pero tampoco quiere que sea uno más.
La promesa

La imagen que Luisa relató desesperada aquel mediodía en televisión sigue intacta. La escena congelada en su memoria es la misma que hoy puede describir sin cerrar los ojos: Maximiliano tirado en la calle, agonizando, mientras todo alrededor era desidia, indiferencia y desprecio.

Aquel 7 de septiembre no fue casual la presencia de la periodista Almudena Munera Muñoz de El Tres TV. No fue coincidencia. El día anterior, en ese mismo barrio, había habido una balacera. Un chico cayó herido, y Luisa —sin saber siquiera quién era— corrió a socorrerlo. Le hizo un torniquete con sus propias manos para evitar que se desangrara. Terminó bañada en sangre, pero no se detuvo a preguntar nombres ni antecedentes. Actuó. Porque la vida está primero.

Esa mañana, Almudena recorría el barrio buscando la dirección del tiroteo anterior, cuando un vecino le preguntó: "¿A quién buscás? ¿A lo de anoche o al que está tirado agonizando hoy?". Así llegó hasta el cuerpo de Maximiliano, tendido en el asfalto, sin asistencia médica, sin reacción de la policía. Estuvo casi una hora en esa condición. Una hora que pesa eternamente.

Luisa logró acercarse un momento. Lo único que le salió fue: "Maxi... ¡no!". Él no hablaba, solo la miraba, débil, y alcanzaba a decirle "mamá". Una súplica muda. Un pedido desesperado que ella no pudo olvidar jamás.

Gritó. Gritó con una fuerza que no sabía que tenía. Pedía una ambulancia, auxilio, alguien. Nada. La policía no hacía nada. Cuando quiso abrazarlo, no la dejaron. Solo su hermano pudo tocarle la mano un instante, antes de que lo apartaran también. Y sí: lo que dijo Luisa en televisión ese día fue cierto. La frase racista se escuchó, directa, sin filtros: "Dejá a este negro de la villa. Que se muera. El hijo de esta negra paridora".

Luisa lo repite sin vergüenza. Tiene once hijos biológicos y dos del corazón. Siempre se ocupó de todos. Maximiliano era su alegría. Decía que ella era una madre intensa, posesiva, que lo ahogaba de tanto cuidado. Pero era sincero y cariñoso. Aquel día, a las ocho y media de la mañana, estuvieron conversando mientras ella preparaba el mate. Él fumaba un cigarrillo en el sillón. De repente le pidió que le abriera la puerta. "No te olvides que a las cinco tenés que ir a trabajar", le dijo ella. "Sí, ma. Voy y vengo", le respondió. Y se fue.

Fue la última vez que se vieron.

Cerca del mediodía, una vecina golpeó su puerta con la noticia. Nunca imaginó encontrar a su hijo tirado en la calle de esa forma. Pero apenas lo vio, supo. Las madres lo saben. Luisa supo en ese instante que Maximiliano no iba a sobrevivir. Que lo estaba perdiendo.

Desde entonces, desde aquel 7 de septiembre de 2022, se siente muerta en vida. Solo sigue respirando porque tiene la obligación de seguir por los demás. Pero su alma, dice, quedó con su hijo.

A él le prometió hacer justicia. A Dios le pidió que la ayudara a no caer. Cree profundamente. En Dios como juez y como testigo. Le pidió fuerza y le pidió también que decida sobre su destino una vez cumplida la promesa. Porque su fe es firme, y porque cree que habrá justicia, confía en que el juicio que se acerca esté a la altura de lo que Maximiliano merece.

Luisa insiste en que no busca venganza. No guarda rencor. Solo quiere justicia. Quiere una condena efectiva, en cárcel común y sin beneficios. Porque, recuerda: Ortiz no tuvo piedad.

Y aún más duro: nunca hubo un pedido de perdón.

Nunca recibió una palabra. Ninguna señal. Ningún gesto. Nada. "Si no lo tuve antes, no creo que ahora. Yo lo lamento. De verdad lo lamento. Que ella me haya demostrado un poquito de arrepentimiento...".

Ese silencio, esa ausencia total de humanidad, pesa tanto como la pérdida misma. 
La lucha colectiva

Este martes comienza el juicio por la muerte de Maximiliano. Fernando conoce bien la difícil batalla que implica enfrentar a la justicia tras la pérdida de un ser querido a manos de la policía. Por fin, la justicia empieza a rodar. La esperan con esperanza, aunque esa esperanza venga acompañada de años de dolor.

Desde Rosario, la voz se multiplica. No solo Luisa, no solo su hijo Maximiliano. Son muchísimos más, familias enteras golpeadas por una violencia policial que parece sistemática, repetida, sin fin. Desde los noventa, desde el regreso de la democracia, estos casos no han cesado. El Estado, en vez de proteger, restringe, limita, encierra a los jóvenes de barrios humildes, como si eso pudiera contener el miedo y la injusticia.

Como el caso de Brandon Romero, sobrino de quien habla, panadero joven, que un día de agosto de 2020 salió a una "juntada” con amigos, una reunión común para compartir y distraerse en medio de la pandemia. Pero todo terminó en tragedia.

Mientras salía a comprar más alcohol, Brandon se topó con la moto de un policía en la ruta. Fue entonces cuando todo se desató: un disparo en el talón, otro tras otro, hasta siete balas en el cuerpo y el último, letal, en la nuca. Lo fusilaron arrodillado, indefenso.

Intentaron borrar pruebas: lo pasaron por encima con patrulleros, destrozando el cuerpo. La escena la inventaron ellos mismos. Los medios, desde un primer momento, difundieron mentiras: "un delincuente abatido", "tenía antecedentes", "fue un enfrentamiento". Incluso mintieron con la edad y la historia de Brandon.

Su familia, en shock, recibió un llamado terrible: "Tu hijo está muerto, ven a reconocerlo". Pero no se quedaron callados. Organizaciones sociales se sumaron, se hicieron presentes en la comisaría. Empezaron a pelear contra la versión oficial, a exigir verdad y justicia.

Los casquillos quedaron en la ruta, pero nadie los levantó. No hubo frenada, no hubo señal de enfrentamiento. La causa fue cerrada, pero la familia y la comunidad no se rindieron. Lucharon, marcharon, hicieron ruido, hicieron visible lo invisible.

Así lograron reabrir la causa y llegar a juicio. Esta vez, un juicio por jurado en Mar del Plata, un pequeño paso para que la verdad salga a la luz y el sistema deje de proteger a los verdugos.

Es la lucha de muchos. Un grito colectivo que resuena desde Rosario, Mar del Plata y todos los rincones donde la impunidad pisotea la dignidad.

Fernando recuerda con dolor el juicio por el crimen de su sobrino Brandon Romero, asesinado por la policía en agosto de 2020. El proceso judicial se realizó por jurado popular, una instancia que llegó marcada por el prejuicio mediático: "Ya les habían metido en la cabeza que Brandon era un delincuente”, dice. "Que tenía antecedentes, que estaba armado, que fue un enfrentamiento. Todo mentira. Pero esa es la imagen que instalaron".

El juicio duró entre cinco y ocho días. Fue un proceso duro, repleto de escenas difíciles de soportar. "Tuvimos que ver cosas aberrantes, como la autopsia, el cuerpo de mi sobrino destrozado. Lo velamos en un cajón cerrado. Tenía un tiro en la nuca". El horror no terminaba ahí. Entre las pruebas presentadas, se incluyó una pericia psiquiátrica sobre el policía imputado, Pedro Arcángel Bogado, que señalaba claramente que no estaba apto para portar un arma. "El informe decía que era cínico, sádico. Que no estaba en condiciones de convivir en sociedad".

A pesar de todo, el veredicto final fue un golpe más. Durante los alegatos, el defensor del policía se enfocó en generar empatía con el jurado. "Les hizo sentir el miedo al que dicen que sintió el policía. Que se sintió acorralado, que pensó que lo iban a robar. Un tipo entrenado, que desde 23 metros le dispara a un pibe de 18 años que se estaba bajando de una moto. ¡Le disparó cuerpo a tierra!".

Fernando remarca que ese "miedo" no fue casual, sino parte de un discurso que se reproduce a diario en los medios y que alimenta el pánico social. "Ese miedo que te hace pedir más policía, más represión. Miedo a salir a la calle porque 'te van a robar'. Eso les hizo sentir al jurado. Y el jurado votó que no era culpable. No dijeron que no mató a Brandon, dijeron que no era culpable de haberlo matado".
El policía quedó libre. Hoy continúa trabajando en el Servicio Penitenciario de la ciudad de Mar del Plata, incluso con menores. "Un tipo con pericias psiquiátricas que lo declaran inestable, sigue ejerciendo poder sobre chicos. Ese fue el final del juicio. Eso fue lo que pasó con Brandon".

Volviendo al presente, Fernando se prepara para acompañar el juicio por Maximiliano, que comienza este martes. Su pedido es claro: que la gente se acerque, que pregunte, que escuche. "Que se interioricen en lo que nos pasa y por qué. Porque no están ajenos, más si viven en un barrio. Con la policía que tenemos, y los derechos que les han vuelto a dar, la situación es peor".

Cuenta ejemplos concretos: "Acá nomás, por Boulevard Seguí y Rouillón, paran los colectivos, hacen bajar a los pasajeros, y si hay pibes sin documentos, se los llevan detenidos. En los barrios no podés andar ni en bicicleta, te paran, te cargan la bici en la camioneta y te la llevan a la comisaría para hacerte averiguación de antecedentes. Están prohibiendo la circulación de los ciudadanos a pie. Pero solo en los barrios".

"Y es a cualquier hora", agrega. "No hay horario. Es un patrón que se repite". Por eso insiste en desarmar prejuicios: "No somos los loquitos que cortan calles, que no trabajan. Yo trabajo muchas horas al día, y aun así me hago lugar para acompañar a familiares, para estar en los momentos donde se necesita estar".

Fernando cuenta que participó activamente en la Multisectorial contra la Violencia Institucional de Rosario, aunque luego se alejó para poder acompañar a otros familiares, por una cuestión de tiempos. Hoy continúa articulando con otros espacios. Lo acompañan Julieta Riquelme, hermana de Jonathan Herrera; Cintia Villar, de Pañuelos en Rebeldía; Eduardo Orellano, papá de Bocacha; y organizaciones como ATE y AMSAFE. Están organizando la convocatoria para el juicio de Maxi, pero también buscando visibilizar que estos casos no son aislados. "Sucede en los barrios, sucede en la ciudad, en todo el país. No estamos ajenos. Los que tenemos hijos adolescentes lo sabemos".

Fernando hace una confesión que atraviesa a muchas familias: "Tengo dos hijos adolescentes. Me da miedo cuando salen, pero no porque les vayan a robar o hacer daño... me da miedo que pase algo parecido. Que no vuelvan". Por eso dice algo que debería alarmar: "Yo a mi hija le aconsejo que, si tiene un problema, no se acerque a un policía. Que busque otra chica, un muchacho, a alguien... pero no a un policía. Porque hoy, la policía no da seguridad".

A pesar de los eslóganes oficiales que dicen lo contrario —las campañas que prometen presencia policial y más luces azules—, Fernando es categórico: "La seguridad no te la da la policía. Falta mucho en materia de seguridad real, y en especial para que esto que pasó con Maxi, con Brandon, con tantos otros, no vuelva a suceder".
La policía y una formación que falla desde la base

Para Luisa, no hay dudas: lo que falta es formación. "La policía tiene que tener una buena formación para poder servir al ciudadano", dice con claridad. Y lamenta profundamente que hoy tenga que aconsejar a sus nietos que no se acerquen a un policía si tienen un problema. "Es tristísimo tener que decir eso. Pero es así".

Apunta al sesgo de clase y racismo estructural que atraviesa los operativos cotidianos: "Estigmatizan a los chicos de los barrios por usar gorrita, por tener ropa deportiva o simplemente por el color de piel. Antes éramos los negros, ahora somos los marrones. Bendita sea mi piel marrón", afirma con firmeza.

Luisa no suele hablar de política partidaria, pero dice no poder callar cuando el presidente de la Nación utiliza el insulto como modo de expresión. "Nos llama parásitos mentales, simios… cosas irreproducibles. Me da vergüenza ajena. Porque un presidente representa a todos los argentinos. No importa el color político. Si el presidente insulta, ¿qué podemos esperar de la sociedad?".

Y sigue: "Después aparecen frases como 'lágrima de zurdo', y la gente repite. Pero esto no se trata de ser zurdo o de izquierda o derecha. Esto le puede pasar a cualquiera. Yo no eduqué a mis hijos así. A pesar de que muchos dicen: 'le pasó porque es negro de la villa', 'porque es pobre', 'porque es marginal'. Y no. Yo les digo a todas las madres y padres: no importa si sos del centro, de clase media, baja o alta. Te puede pasar. No esperes a que te pase para entender. Cuando estés en mis zapatos, hablá conmigo, y te voy a ayudar. Pero no esperes".

Luisa reconoce el acompañamiento de organizaciones sociales y personas que la han apoyado. También menciona que el Estado le ofreció asistencia psicológica a ella y a su familia, pero decidió rechazarla. "No porque no quiera ayuda, sino porque si la policía hubiera estado bien instruida, mi hijo no estaría muerto. No estaría muerto".

Sobre el momento del crimen, recuerda las acusaciones falsas: "Dijeron que mi hijo estaba armado. Que en una mano tenía un arma y en la otra una piedra del tamaño de una bolita de golf. Pensemos: si hubiese tenido un arma, ¿por qué le tiró una piedra?”

Cuestiona el argumento de la policía Antonella Celeste Ortiz, quien dijo haberse sentido aterrorizada. "Si estaba tan aterrorizada, si temía por su vida, ¿por qué disparó? ¿Por qué no actuó como corresponde una policía instruida? Además, ella reconoció haber tirado el tiro, pero dijo que no lo mató. Que justo 'pasó una palomita' y que la bala le dio en la frente a Maximiliano. Siempre hay una excusa".

Fernando agrega con ironía: "Muchas veces las balas rebotan, nomás. No son apuntadas a la cabeza. Siempre el error es del muerto. Si el muerto no se hubiera corrido, la bala no le habría llegado. Como en las películas de Matrix: rebotan en el piso y se incrustan en la cabeza de las personas".
El lugar dónde ocurrió todo, en Nuevo Alberdi, en el Norte de Rosario

La culpa que no corresponde, pero pesa igual
Luisa vuelve al momento del disparo. La versión oficial dice que el tiro fue dirigido a los pies, pero la herida fue en la frente. Ella misma alza la voz con incredulidad: "Por favor, que alguien me explique, un especialista. ¿Cómo puede ser que un disparo dirigido a los pies termine en medio de los ojos? Porque yo levanté a mi hijo. Cuando llegó la ambulancia, el chofer estaba aterrorizado de lo que vio. Yo ayudé al otro enfermero a levantarlo. Cayó el plomo, vi todo. Muchos me criticaron porque dicen que fui fría, que cómo pude hablar en la tele en ese momento. Pero no sé. Uno reacciona como puede".

Luisa necesitó hablar, salir a defender la memoria de su hijo cuando los rumores y las versiones malintencionadas empezaban a circular. "Yo todavía no hice el duelo. No lloro, o lloro muy poco. Soy muy dura conmigo misma. Y en una parte me siento culpable".

Esa culpa viene de una conversación que tuvo con Maximiliano poco tiempo antes. Él le pidió que dejara de controlarlo tanto, que ya era un hombre. Tenía 33 años. Luisa, como toda madre, accedió con dificultad. "Llegamos a un acuerdo: que no iba a estar tan encima. Pero a veces pienso... si yo hubiese estado detrás de él ese día... Tal vez hubiese sido igual, tal vez nos mataban a los dos. Porque yo estaba decidida a hacer cualquier cosa".

La culpa, lo sabe, no le pertenece. Pero pesa igual. "Siempre fui así con todos mis hijos. Y ahora muchos me dicen: '¿Vos no tenés miedo?' ¿Miedo a qué? Si el miedo más grande que tenía ya me pasó. Me mataron un hijo".

Y ahí aparece otra herida profunda: la confianza rota. "Yo siempre les enseñé a mis hijos que a la policía se la respeta, que si tienen un problema vayan a la comisaría. Me equivoqué. Me arrepiento. Hoy no les diría eso".

Luisa recuerda que Maximiliano cumpliría 37 años este 19 de octubre. Nació en 1988, un Día de la Madre. "Y este año, su cumpleaños vuelve a caer justo el Día de la Madre. Mirá vos".

La charla cierra con una convocatoria clara. El juicio por la muerte de Maximiliano comienza este martes, y desde las 7 de la mañana familiares, organizaciones y vecinos estarán presentes en el Centro de Justicia Penal. Fernando invita a todos a acercarse, a escuchar, a preguntar. A dejar de mirar de lejos: "La gente de a pie también tiene que saber. Esto nos puede pasar a todos".

También adelantan que se viene una nueva Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, el próximo 28 de agosto. Aún no está definido si se realizará ese mismo día o el fin de semana más próximo, pero la organización ya está en marcha.

Agradecen el espacio. Agradecen poder hablar sin ser interrumpidos, sin ser editados, sin ser recortados. Agradecen que alguien escuche, sin apurar ni maquillar la verdad.

Luisa, mamá de Maximiliano, dice lo que lleva en el corazón: "Que haya justicia. No solo por mi hijo, por todos los casos que todavía no tienen resolución".

Y entonces, antes de apagar el micrófono, antes de salir del estudio, queda flotando esa frase que duele y despierta: "Los pibes no son peligrosos. Los pibes están en peligro".

Escuchá la entrevista completa: 

jueves, 3 de abril de 2025

Kaloian Santos, fotoperiodista: Estamos saliendo a trabajar en las condiciones de un conflicto bélico, eso es locura

Kaloian Santos Cabrera es fotoperiodista y fue quien capturó la imagen que mostró al cabo Héctor Guerrero, el mismo efectivo que disparó la granada de gas lacrimógeno que hirió gravemente en la cabeza al fotógrafo Pablo Grillo. Tras el análisis de diversos videos y fotos, y con el respaldo de peritos, se identificó al agresor como un cabo primero de la Gendarmería, perteneciente a la Unidad Móvil 6 de la fuerza federal. Esta información salió a la luz gracias al trabajo de Mapa de la Policía, una red que realiza un seguimiento exhaustivo de los hechos de violencia institucional, compuesta por actores como el CELS, el colectivo editorial Crisis, CorRePI, Instiruto en Foco, el Movimiento Nuestra América y legisladores, entre otros, con la colaboración de peritos especializados.

Este miércoles, en medio de un cordón de Infantería de la Policía Federal y diversos manifestantes, Kaloian continuaba con su labor, como lo hace en cada evento, documentando lo que ocurre desde hace más de 15 años. Sin embargo, esta semana se enteró de que no le renovaron el contrato en la Secretaría de Cultura de la Nación.

"Fui el único al que no le renovaron en el área de prensa y comunicación de la Secretaría de Cultura", comenta, y recuerda que varios de sus compañeros y compañeras de otras áreas sí recibieron la renovación de su contrato. "Mi nombre no figuraba en la lista, la orden vino de más arriba," agrega.

¿Este despido tendrá alguna relación directa con la foto que logró capturar y que ayudó a identificar al responsable del disparo? Kaloian afirma: "Como dicen por aquí, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Aunque hay algunos indicios, creo que esto es el resultado de una acumulación de situaciones, no solo por esa foto. He estado realizando una lectura crítica de lo que sucede y publicando al respecto, tanto en mis redes sociales como en otros medios. Como fotoperiodista, he dejado mi marca en las marchas, especialmente en la de los jubilados. Obviamente, esa foto fue un factor que no se pudo ignorar, sobre todo con lo que ocurrió con Pablo."

El pasado lunes, Kaloian se encontraba en su lugar de trabajo, el CCK, como aún lo sigue llamando, cuando recibió un llamado de la directora de Comunicación de la Secretaría de Cultura, María José Pérez Insúa: "Mi jefa me informó que habían decidido no renovar mi contrato. Antes de que llegara el correo, ella quería decírmelo. Le pregunté si había algún problema con mi trabajo. Es paradójico, porque en esta gestión varias veces fui felicitado por el trabajo que realicé allí, al igual que mis compañeros como parte del equipo de fotografía. Es decir, mi directora, que conoce mi trabajo, me está diciendo que desde recursos humanos le notificaron que debía ser desafectado. Y esa misma noche, cuando faltaban dos horas para que terminara el día y mi contrato, me llegó el correo notificando el despido, a mi cuenta personal de Gmail, no al institucional, que es por donde debería haber llegado," detalla.
Al día siguiente, Kaloian fue a conversar con la gente del gremio y la respuesta fue la misma, según contó. Rindió el examen de idoneidad que el gobierno libertario aplicó a los trabajadores del Estado nacional: "Lo rendí perfectamente, aprobé en la primera y antes de diciembre," señala con orgullo. También menciona que la renovación de su contrato debía ser por un año, pero a él solo le llegó por tres meses. Cuando pidió explicaciones, asumieron que fue un error burocrático y le aseguraron que en abril se lo renovarán automáticamente.

"No esperaba que esto ocurriera," dice el fotógrafo y agrega: "A pesar de la política del gobierno, de los despidos masivos, nunca imaginé que podría ser el siguiente. He trabajado en el mismo contexto durante años, realizando las mismas coberturas, y siempre he sido reconocido por mi labor. Incluso durante el macrismo, seguía haciendo las mismas fotos, cubriendo las mismas cuestiones, y seguía trabajando en el Ministerio de Cultura, siempre con ética y profesionalismo, haciendo lo mejor posible." El trabajador recuerda haber sido felicitado por el propio Leonardo Cifelli (secretario de Cultura de la Nación). "No tenía ningún indicio, más allá de la intolerancia con la que se maneja el Gobierno," remarca.

"Si este despido fue por esa foto, me siento orgulloso de mi profesión y de haberla tomado," cuenta Kaloian, y resalta que lo ocurrido "no es hacia mí, es hacia nuestro gremio." Además, señala que detrás de esto "hay un disciplinamiento que no va solo hacia mí; mañana puede ser otro." A pesar de todo, subraya que "no hay que tener miedo, no hay que decir ‘no voy a más ninguna marcha’ o ‘no voy a tomar la foto que ejemplifique o que determine que se cometió un delito y me la voy a guardar por temor a represalias."

"Quedé impactado por lo que le había pasado a Pablo Grillo, sentí que eso me podía haber pasado a mí," apunta Kaloian.

El Mapa de la Policía
"A la madrugada, cuando gracias al Mapa de la Policía logran reconstruir desde dónde salió el disparo, yo estaba ahí, a esa misma hora, en paralelo, haciendo fotos a ese pelotón. Empecé a buscar, a determinar la hora, a revisar los metadatos de las fotos, y encontré grandes indicios de que tenía una foto del posible efectivo que había disparado," afirma.

Era de madrugada, Kaloian pensó si debía enviar lo que había encontrado al Mapa de la Policía y confiesa: "Con todo lo que ha pasado, la historia de este país y la historia del fotoperiodismo, y pensando en (José Luis) Cabezas, tuve miedo. Si mando esta foto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Pensé en mi esposa y en mi familia en Cuba, en un montón de cosas, y ¿sabes qué, compadre? Pensé y me acordé de algo que me impactó mucho. Cuando vi la foto de mi colega, Pablo Grillo, tirado en el piso, con la cabeza abierta por hacer una foto, pensé que si eso me hubiese pasado a mí y Grillo hubiese tenido esa foto – la del gendarme –, la habría entregado. Así que el miedo no me inmovilizó y dije, sea lo que sea, esa foto tiene que salir, no tengo que guardarla," ratificó.

"Más adelante, recordó: ‘Esa represión fue brutal, no la vi en ninguna de las que yo he participado y tengo experiencia a lo largo de estos 15 años haciendo fotoperiodismo. Incluso en esa desbandada de los gendarmes, que disparaban y le dieron a Pablo Grillo, pero también estaban disparando a manifestantes que estaban en la plaza, donde había jubilados, familias y donde estábamos muchos trabajadores de prensa. Ahí, en ese momento, sentí mucho temor, me resguardé y comencé a hacer mi labor como pude.’"

Viendo sus fotos, advierte que hay un efectivo que dispara de forma correcta, en un ángulo de 45 grados: "Esa foto la tengo, y en ese mismo pelotón había otro que se creía Rambo y disparaba en línea recta. En ese momento, hasta yo sentí miedo y pensé, ¿dónde caía este proyectil? Al que le dé, lo mata, sin saber lo que había ocurrido con Pablo."

Kaloian destaca que hay una gran solidaridad entre los reporteros y las reporteras gráficas: "Nos cuidamos. Ese día de la represión, en un momento determinado, vino Rodrigo Abd, un colega fotógrafo, reconocido de Associated Press, me agarró por el brazo y me dijo: ‘No andes solo.’ Los colegas que hicieron fotos con Grillo en el piso, hicieron dos fotos y enseguida vieron cómo asistirlo," afirma.

"Yo estoy orgulloso de ARGRA (Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina), de la cual soy parte, de la profesión que tengo, y eso también me llevó a decir cuando empezó este gobierno, que yo tengo un nombre en las redes donde comenzaba a poner mis fotos de todas las cuestiones, de las marchas. Pensé en hacerlo con un seudónimo, pero luego me dije: ¡No puedo ser tan cagón! Debo honrar mi profesión, poner el cuerpo en la calle. Eso fue lo que me movió, más allá de todo," reflexiona.

¿Se tiene miedo de las fuerzas de seguridad? El reportero proclama: "Uno empieza a tener temor, estaban desaforados, reprimiendo. Hoy, en el gremio fotoperiodístico, en vez de hablar de cómo compras cámaras y lentes, estás viendo dónde comprar una careta antigás y un casco. Estamos saliendo a trabajar en las condiciones de un conflicto bélico, eso es locura."

Para finalizar, pidió una pronta recuperación para Pablo Grillo: "Mucha fuerza, quiero encontrarme con él, que venga a la calle, a hacer fotos, que es donde tiene que estar. Pablo, un abrazo grande."
Testimonio de Fabián Grillo, padre de Pablo Grillo, sobre la salud de su hijo y las críticas al gobierno represor

Fabián Grillo, padre de Pablo Grillo, el fotógrafo gravemente herido por la represión ordenada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, durante una manifestación en el Congreso de la Nación, compartió un desgarrador testimonio sobre la salud de su hijo y las difíciles situaciones de violencia que enfrentan los trabajadores de prensa. En sus palabras, se reflejan los avances positivos en la salud de Pablo, al tiempo que expresa duras críticas a las políticas represivas del gobierno de Javier Milei.

La salud de Pablo: un panorama esperanzador
Fabián inició su relato con una nota de optimismo: "Pablo está evolucionando muy bien, estamos recibiendo buenas noticias sobre su estado. Están evaluando su salida de terapia intensiva, y aunque aún no hay una fecha definida, está cada vez más cerca. Los médicos nos han mencionado que hay un pequeño problema con el sodio, que está algo bajo, pero están trabajando en regularlo. También están ajustando los antibióticos, ya que Pablo no ha tenido fiebre. Una vez que esto se estabilice, lo trasladarán a una habitación común y podrá comenzar con la rehabilitación."

El padre de Pablo también compartió detalles sobre el estado de ánimo de su hijo: "Está alerta, habla, lee mucho; incluso terminó un libro en un solo día. Se la pasa leyendo y cantando. Está de buen humor, bromea con los amigos y se muestra optimista. Aunque en algunos momentos se apaga un poco, como si estuviera somnoliento, es un paciente ejemplar. Está comiendo bien, lo cual es muy positivo," comentó.

Los primeros días, sombríos y angustiosos
Sin embargo, Fabián recordó los primeros días después del ataque, cuando el pronóstico era muy incierto: "Los primeros días fueron terribles, el panorama era sombrío. Nos aferrábamos a la mínima posibilidad, a ese 1 en 1000. Los médicos nos dijeron que, incluso, uno de ellos pensó que Pablo no iba a sobrevivir a la primera operación. Pero aquí estamos, gracias a la intervención médica, Pablo sigue adelante."

Reacción ante la represión y las políticas del gobierno
El testimonio de Fabián también se centró en las políticas represivas que, según él, ha adoptado el gobierno frente a las manifestaciones sociales y la labor de los trabajadores y las trabajadoras de prensa. Fabián criticó duramente la forma en que se maneja la represión contra quienes protestan o cubren las protestas.

"Es evidente que este gobierno ha adoptado un método de represión, no solo contra los manifestantes, sino también contra quienes muestran esas protestas. La violencia parece ser una herramienta para implementar sus políticas. Hoy en día, parece que no tenemos derecho a manifestarnos, ni a cubrir una manifestación. Esto es una grave violación de los derechos civiles, y lo más preocupante es que está ocurriendo en un contexto en el que la Corte Suprema sigue sin tomar acción. Este protocolo de represión está durmiendo en la Corte, y no se hace nada al respecto," afirmó Fabián.

Para él, las políticas del gobierno son una continuación de métodos autoritarios: "Esto ya no es un gobierno democrático, es cada vez más parecido a una dictadura. La represión está justificada por el miedo, y vivir con miedo es una situación insoportable. La gente no puede vivir así. Tenemos derechos constitucionales, y uno de esos derechos es el derecho a peticionar ante las autoridades. Es lo que dice el artículo 14 de la Constitución, y parece que se olvida," dijo, refiriéndose a las protestas sociales que el gobierno ha intentado sofocar con fuerza.

La represión, un método que se repite
Fabián también mencionó la constante represión que han sufrido los periodistas en el país. Relató que, a pesar de la magnitud de la manifestación que su hijo estaba cubriendo, los métodos represivos siguen siendo los mismos: "La manifestación en la que Pablo fue herido era grande, pero los métodos no cambiaron. Siempre lo mismo: la represión y la criminalización de quienes protestan o de quienes muestran esa protesta," afirmó.

El padre de Pablo también hizo referencia a un caso reciente de otro periodista herido, Diego Gómez, y destacó cómo la represión parece estar dirigida no solo a los manifestantes, sino también a los periodistas que cubren los hechos. "Los argumentos que presentan son absurdos. A mi hijo primero le dijeron que era un militante, que estaba allí para causar disturbios, y por eso lo atacaron. Pero cuando se trata de un periodista, como Diego, los argumentos son igual de vacíos. A uno le tiran una moto encima, y a otro le disparan con balas de goma. Todo esto es una muestra de la represión sistemática que el gobierno aplica, y los fotoperiodistas, como en el caso de Pablo, son víctimas," señaló Fabián.

Atropellado
Una vez más, los jubilados se manifestaban de manera pacífica frente al Congreso, pero las fuerzas de seguridad bloquearon su paso cuando intentaron rodear el edificio. Al llegar a la altura de Callao, la Gendarmería comenzó a reprimir la marcha, seguida poco después por la policía motorizada. Fue en medio de los empujones y los ataques con gases lacrimógenos que el periodista Diego Gómez fue atropellado por un efectivo de la Policía Motorizada de la Federal y tuvo que ser trasladado al Hospital Ramos Mejía debido a un traumatismo en la rodilla.
Fuentes: C5N, Código QR, Señales

lunes, 17 de marzo de 2025

Rosario se movilizó en apoyo a Pablo Grillo y en repudio a la violencia del gobierno libertario

El Sindicato de Prensa Rosario (SPR) y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) realizaron este lunes un acto en la Plaza Príngles de Rosario en solidaridad con el fotógrafo Pablo Grillo, quien fue gravemente herido durante la marcha por los jubilados el pasado miércoles, en la zona del Congreso, en el marco de la represión ordenada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y avalada por el presidente Javier Milei.

El acto contó con el acompañamiento de diversas organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y el Frente de Jubilados en Lucha. Fueron parte también, los diputados nacionales Germán Martínez y Eduardo Toniolli, y los concejales Norma López, Caren Tep, Juan Monteverde, Mariano Romero, entre otros, quienes expresaron su solidaridad con el compañero Pablo Grillo. Entre las consignas, se destacaron las siguientes: "Levantamos nuestras cámaras contra la violencia y la represión institucional que pone en riesgo nuestras vidas. Defendemos el derecho a la protesta y la libertad de expresión. No queremos ser el blanco de ataques de las fuerzas de seguridad en cada movilización".
Celina Mutti Lovera, fotoperiodista de La Capital, fue una de las voces de ARGRA que tomó la palabra y expresó: "Las reporteras y reporteros de Rosario, que estamos agrupados en ARGRA, queremos solidarizarnos y sumarnos al apoyo y al abrazo para con Pablo Grillo y toda su familia en este momento tan crítico que están viviendo. Desde el año pasado venimos denunciando cómo las fuerzas de seguridad empezaron a atacarnos, primero arrojándonos gases y luego apuntando muy cerca de los ojos. Lo que le ocurrió a Pablo es algo cruel, tremendo. Nosotros no queremos seguir trabajando con miedo, no podemos seguir trabajando con miedo. Nuestro lugar es en la calle y vamos a seguir en la calle, vamos a seguir informando. Pero para eso necesitamos un mínimo de seguridad, que nos respeten. Somos trabajadores, trabajadores de prensa, y hoy todos los trabajadores de la República Argentina están en peligro. Así que les agradecemos su apoyo y le mandamos muchísima fuerza a Pablo y a toda su familia", concluyó.

A continuación, Franco Trovato Fuoco, fotógrafo de El Ciudadano, hizo referencia a la violencia institucional y dijo: "Recién me preguntaban un par de colegas de Canal de Televisión cómo desde la reportería gráfica tomamos este tipo de hechos, cómo nos afecta, y Celina ya lo explicó un poco. Me gustaría hacer un pequeño inciso: esto le puede haber pasado a cualquier ciudadano. Yo no creo que esto solo nos vaya a pasar a nosotros, los reporteros gráficos, que estamos siendo blanco de ataque desde hace bastante. Cualquier ciudadano que se atreva en un régimen como este a intentar ejercer la libertad de expresión tiene un blanco marcado. Lo que ustedes vieron en estos días fue el fusilamiento de un ciudadano argentino, que además es fotógrafo, que además es un trabajador de prensa, que quería ejercer un derecho constitucional, un derecho que nos costó horrores conseguir. Así que de nuevo, agradecemos a todos los que forman parte de esta multitud que se ha congregado aquí. Este acto no es solo de los fotógrafos, no solo de los periodistas, no solo de las organizaciones sociales y sindicales. Esto tiene que ver con nuestra ciudadanía y con las luchas que ya los argentinos hemos dicho basta una y mil veces, y vamos a seguir diciendo basta. No vamos a dejar de expresarnos, vamos a seguir informando, ¡la calle es nuestra!", cerró. 
Por último, Edgardo Carmona, secretario general del Sindicato de Prensa Rosario, expresó: "Lo primero es agradecer la presencia de todos ustedes aquí, en esta plaza. Ustedes le dieron volumen a este 'camarazo'. Nosotros lo imaginábamos con un grupo de compañeros trabajadores de prensa, de cámaras de fotoperiodistas alzando su cámara en repudio a lo ocurrido el miércoles, pero fuimos sintiendo las adhesiones, las ganas de participar, y ustedes le dieron este marco. ¿Cuáles son los objetivos de este camarazo? El primero es, a la distancia, abrazar a Pablo Grillo y a su familia, desear con fuerzas, amor y solidaridad que se recupere íntegramente. Nadie en nuestro país debe pasar por una situación así, por estar manifestándose, militando o registrando lo que ocurre en la calle. El segundo objetivo es extender esa solidaridad a Beatriz, una bastonera agredida terriblemente por la policía, que fue empujada contra el piso, y a todos los demás heridos, perseguidos, gaseados, arrestados arbitrariamente en esta cacería que ya no nos sorprende, ya que las fuerzas federales, que supuestamente protegen el orden y la seguridad, están al servicio de unos pocos. Y desde ya reafirmar nuestro compromiso en la participación de cada miércoles con los compañeros y las compañeras jubiladas en su reclamo legítimo por un haber digno.
Nada nos ha sorprendido, ya lo sabíamos y lo denunciamos muchas veces. Este plan económico de hambre, exclusión y precarización al servicio de unos pocos poderosos termina, o empieza, en represión. Sabíamos que el llamado protocolo de seguridad anti-piquetes, que no es más que el intento de legalizar fuerzas represivas y salvajes para evitar manifestaciones, tenía como víctimas al pueblo argentino y, en particular, a los periodistas. No se puede destruir el estado ni precarizar a los trabajadores solo con represión. También se requiere ocultamiento, manipulación y tergiversación, y para eso montaron un operativo comunicacional infernal. Es por eso que no nos quieren en la calle, porque no quieren que cubramos lo que ocurre en nuestra patria. Nos quieren silenciar a balazos de goma, gaseadas, persecuciones sistemáticas a los compañeros que cubren las marchas y movilizaciones.
Vimos a nuestra ministra estrella (Patricia Bullrich), que hace décadas tiene agitado al pueblo argentino, intentando imponer modelos de hambre a los jubilados y de represión. La vimos justificando las acciones de las fuerzas a su mando, tanto en términos operativos como políticos, para deslegitimar las protestas. Nadie en esa movilización fue 'barra brava', como intentaron hacer creer. Lo que vimos fue el pueblo futbolero, rompiendo el aislamiento de los jubilados, movilizando a la sociedad para impedir que estos delincuentes sigan golpeando al pueblo en la puerta del Congreso cada miércoles. Lo sabíamos, y lo denunciamos: la única forma de contrarrestar este discurso repetido por las grandes cadenas de comunicación fue con las imágenes de los compañeros en la calle. Las filmaciones de camarógrafos y fotoperiodistas demostraron sin lugar a dudas que el disparo de la cápsula de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza de Pablo Grillo no fue un accidente, no fue un error, sino que hubo intencionalidad de lastimar. El disparo salió directamente de un hombre de Gendarmería, que desde abajo hacia arriba disparó e impactó en la cabeza. No fue un error, hubo un objetivo claro de matar.
Estos tipos están dispuestos a todo. Y solo la solidaridad y la unidad de nuestro pueblo, en la calle, pondrá fin a esta patota que quiere regalar el país y ponerlo al servicio de los poderosos. Nosotros, los trabajadores de la comunicación, no podemos elegir si estar o no estar; nuestra obligación es contar, simple y llanamente, contar lo que ocurre en cada rincón de nuestra patria. Nuestro objetivo es mostrar lo que el poder quiere ocultar. No podemos elegir no estar. Sentimos el compromiso ético de estar donde se nos necesita, porque somos servidores. La información es patrimonio del pueblo. Desde esta plaza renovamos nuestro compromiso, pero le exigimos al estado que nos permita trabajar libremente, que nos permita contar lo que pasa sin arriesgar nuestra integridad ni nuestra vida. ¡Basta de mentiras! ¡Basta de explotación! Queremos urgentemente que renuncie la responsable política y operativa de este siniestro operativo que montaron en la plaza frente a la manifestación de los jubilados. Queremos la renuncia de Patricia, como todos en este gobierno: muy valientes con los débiles, pero muy cobardes con los poderosos. ¡Basta de represión! Queremos que el pueblo, único baluarte que asegura la liberación de nuestra gente, marche por las calles junto a los jubilados, contra la derrota económica que nos sumerge en la pobreza y la marginalidad. Compañeros, gracias por estar aquí", finalizó.
Fotos: Sindicato de Prensa Rosario y Fernando Mut
Fuente: Señales

lunes, 2 de diciembre de 2024

De condenado a asesor: el regreso de Nocelli reaviva la doctrina Chocobar en Santa Fe

Tras la anulación de su condena por la Corte Suprema provincial, el ex policía Luciano Nocelli recuperó la libertad y fue designado como asesor en el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe. Nocelli había sido sentenciado a 25 años de prisión por el homicidio de dos motochorros en mayo de 2019, en la intersección de Buenos Aires y 27 de Febrero, en Rosario. Sin embargo, el máximo tribunal santafesino revocó el fallo y ordenó un nuevo juicio.

El anuncio de su incorporación al ministerio generó un inmediato revuelo político y social.

El caso
El episodio que llevó a juicio al entonces policía ocurrió en mayo de 2019, en el cruce de la avenida Buenos Aires y 27 de Febrero, en Rosario. Ese día, Jimena Daiana Gramajo, de 25 años, y Maximiliano Rosasco, de 35, intentaron robarle a mano armada la cartera a una mujer que caminaba junto a su pareja.

La escena fue advertida por Nocelli y su compañero, Hugo Leone, quienes intervinieron de inmediato y comenzaron a intercambiar disparos con los atacantes.

En el juicio realizado en 2022, el tribunal determinó que el agente le disparó a Gramajo cuando ya estaba en el suelo, indefensa. La defensa de Nocelli sostuvo que se trataba de un caso de legítima defensa, pero los jueces no lo aceptaron y lo condenaron a 25 años de prisión.

La voz de Nocelli
Al recuperar la libertad, el ex policía se mostró agradecido: "Esto cambia todo. Se termina la condena a los policías, que era también una condena hacia la sociedad. Estoy agradecido con todos los que me apoyaron, desde mi familia hasta los funcionarios. Estos cinco años fueron horribles, indescriptibles. Estar privado de la libertad es un dolor constante, los días son eternos".

Nocelli contó que padeció pesadillas durante su encierro: "Veía a mi compañero muerto todas las noches, aunque no lo estaba. Me arrebataron cinco años de mi vida".

La "Ley Luciano"
El gobernador Maximiliano Pullaro defendió su designación y anunció el envío a la Legislatura de un proyecto denominado "Ley Luciano".

"La idea es que todos los funcionarios judiciales reciban formación para evaluar el estrés que vive un policía en determinadas situaciones. Desde una oficina con aire acondicionado es fácil juzgar, pero cuando un agente tiene que decidir en segundos ante un ataque, la situación es distinta", sostuvo el mandatario.

Según explicó, los hechos de presunto abuso de autoridad o exceso en la legítima defensa deberán resolverse mediante juicios por jurados. "No vamos a encubrir a ningún policía que abuse de las herramientas del Estado, pero tampoco los vamos a dejar desamparados, como sucedió con Nocelli", afirmó.

"La reedición de la doctrina Chocobar"
En diálogo con Señales, la ex diputada provincial y abogada en Derechos Humanos, Matilde Bruera, cuestionó con dureza la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro: "El gobierno provincial en seguridad todo viene siendo un acting. Esto es la reedición de la doctrina Chocobar y es preocupante el criterio del gobernador y del ministro de Seguridad. Mientras la Corte provincial absolvió a Nocelli, la Corte Suprema de la Nación acaba de condenar a tres policías cordobeses que dispararon por la espalda".

Bruera remarcó que "cuando una policía le dispara a una persona por la espalda se trata de un homicidio; eso no está en discusión, lo que se debate es si es justificado o no". Y agregó: "De esta manera, lo que hace el gobernador es reivindicarlo e instalar esa política en el Ministerio de Seguridad. Pullaro propicia la violencia institucional".

La ex legisladora advirtió además que esta orientación "no solo deja desprotegida a la ciudadanía, sino que genera riesgos para los propios policías, que más temprano que tarde van a terminar con un problema legal y presos". Y concluyó: "El gobernador debería tomar algún curso de Derecho para entender que hay una legislación vigente y que no se puede propiciar la comisión de un delito para impedir otros delitos".

Norma Ríos: "Se le da a la policía licencia para matar"
También en Señales, Norma Ríos, presidenta honoraria de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y referente de la Mesa Directiva Regional Rosario, consideró "terrible" la designación de Nocelli y la iniciativa de la llamada "Ley Luciano".

"Pullaro aplica la política de Patricia Bullrich en la Nación. Y yo a Bullrich la denuncié penalmente en 2019 por los casos de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y otros. Pullaro es su alumno número uno, convencido de que los votos le permiten hacer cualquier cosa. Lo que está diciendo ahora a la policía es que puede matar sin consecuencias, que puede ser jurado, juez y ejecutor de una pena de muerte que no existe en la legislación argentina".

Ríos advirtió que la medida implica "poner en riesgo a toda la ciudad de Rosario" y planteó interrogantes: "¿Qué arreglo hizo Pullaro con algún sector de la delincuencia para que este policía pueda volver a salir a la calle? ¿Y qué confianza podemos tener en las sentencias si un fallo de cinco jueces es anulado de este modo? Si no sirven esas condenas, habría que revisar todas las que dictaron".

La dirigente recordó que a su propio sobrino lo mató un policía que, pese a recibir prisión perpetua, "a los pocos días estaba vendiendo flores en la calle". Y remarcó que en el caso de Nocelli "no había ninguna justificación: fueron dos vidas humanas, una en una clara ejecución en el suelo y la otra a corta distancia. No lo estaban rociando de balas ni había un enfrentamiento como se quiso instalar".

Para Ríos, la decisión judicial y política "busca mandar un mensaje a la policía, que va a ser la fuerza brava que necesita el gobierno de Pullaro —y también el de Milei— para reprimir a trabajadores desocupados, mujeres y cualquiera que salga a reclamar por los derechos que les están quitando".

La referente de la APDH también recordó que la policía santafesina "es absolutamente corrupta, mafiosa y asesina", y denunció que el gobierno provincial prefiere reivindicar a un agente cuestionado antes que ocuparse de la gran cantidad de efectivos condenados por narcotráfico.

"Hoy fueron dos presuntos delincuentes —alertó—, mañana puede ser cualquier joven en la calle. Estas políticas basadas en discursos de odio y muerte no tienen buen final. Además, no es menor el recibimiento que Nocelli tuvo por parte de la fuerza al salir en libertad: es un mensaje de impunidad. Y el futuro, en este marco, se nos presenta oscuro".

Por último, Ríos vinculó el caso con una larga historia de connivencia y violencia dentro de la propia fuerza: "En la época de Reutemann contabilizamos más de 19 policías asesinados por sus propios compañeros o suicidados en circunstancias dudosas. Todo aquel que no quería entrar en el negocio, terminaba muerto. Nosotros no olvidamos".

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