La comunidad de Cabín 9, el barrio donde desapareció Valentín, se encuentra atravesada por la falta de recursos, problemas sociales y la presencia de bandas criminales que operan impunemente. Pese al paso del tiempo, el caso de Valentín ha sido uno de los pocos que logró captar algo de atención pública, aunque la cobertura mediática fue limitada.
En ese territorio —disputado por bandas como Los Cuatreros, Los Stifler, Los Sosa y Los Camargo— Valentín, amante de los caballos, inquieto y rebelde, estableció vínculos con el grupo liderado por Roberto "Narigón" Cabrera, conocido por sus actividades delictivas: tráfico de drogas, armas, sicariato y usurpaciones violentas.
Carlos del Frade, quien ha seguido de cerca el caso, señaló que Valentín estaba involucrado con una banda narcopolicial que explotaba a jóvenes como él. A pesar de que la justicia provincial había detenido a varios miembros del grupo, poco se hizo para proteger al adolescente. Su desaparición y la violencia que lo rodeaba reflejan las tensiones entre las estructuras criminales barriales y las fuerzas de seguridad locales. Del Frade reafirma su apoyo a la familia en la Legislatura y sostiene que la causa es una herida abierta.
María de los Ángeles lo recuerda como un chico rebelde, pero respetuoso, que disfrutaba de momentos familiares, jugaba con sus hermanos y tenía una vida normal para su edad. Sin embargo, su destino cambió cuando se involucró con la delincuencia organizada. Hoy, ella dirige un comedor comunitario llamado Asociación Civil Valentín, en honor a su hijo. En ese espacio se brindan alimentos a más de 150 personas, principalmente niños y niñas, como forma de mantener viva su memoria.
Esa madrugada, con las luces de los celulares, la familia logró encontrar una zapatilla y una media que pertenecían a Valentín, pero no su cuerpo. La policía, que inicialmente se negó a intervenir, luego volvió, pero para entonces ya no había rastros. Para la familia, la intervención policial y el accionar de las bandas criminales siguen siendo piezas clave en este rompecabezas.
El abandono del Estado y la constante lucha de la familia
La búsqueda de justicia ha sido una lucha no solo por respuestas, sino por lograr que el Estado se involucre. La familia sintió abandono e indiferencia por parte de las instituciones. En una conversación con el entonces Ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, María de los Ángeles le preguntó si la policía tenía alguna responsabilidad en la desaparición. Su respuesta fue: "quédese tranquila que si la policía tiene algo que ver, se va a saber". Pero ya han pasado casi nueve años, y la familia sigue esperando. Pullaro, hoy gobernador, aún no ofrece respuestas.
El intendente de Pérez, Pablo Corsalini, fue uno de los pocos que mostró preocupación por la seguridad de la familia. Logró que se les otorgara una vivienda en otro barrio debido a las amenazas y ataques que recibían. Sin embargo, la falta de apoyo real en la investigación sigue siendo una fuente de frustración.
Antonella relata cómo, a pesar de las amenazas y agresiones, lograron salir de esa situación de peligro y encontrar un lugar donde vivir en paz. Sin embargo, ese respiro no les devolvió lo más importante: a Valentín. A pesar de las recompensas ofrecidas y las investigaciones en curso, no hay respuestas claras. La causa podría prescribir en 2026, cuando se cumplan diez años de la desaparición.
Tanto María como Antonella insisten en que el sistema judicial nunca supo cómo abordar los casos de jóvenes como Valentín. A pesar de los intentos de ayuda, las respuestas fueron siempre insuficientes. "Nos preguntaban si quería volver a la escuela, como si eso resolviera todo", recuerda Antonella. Pero Valentín, ya en una situación crítica, no encontraba salida. "Ni con muletas se quedaba quieto", cuenta su hermana, sobre una vez en que se fugó de la casa estando lesionado.
Violencia, abuso policial y un sistema que no responde
La situación en la casa se volvió insostenible. Valentín desafiaba las reglas familiares, y su comportamiento se agravaba. A pesar de todo, su madre insiste: "Nada de eso justifica lo que le pasó". Valentín fue víctima de un sistema que lo dejó a la deriva.
Además, el accionar de la policía dejó marcas profundas. Antonella cuenta cómo los agentes ingresaban a su casa sin orden judicial, generando un clima de constante vulnerabilidad. "Nos sentíamos expuestos, sabían todo, y no hacían nada".
Tiempo después de la desaparición, un comisario fue a la casa donde vivían antes y preguntó dónde estaba viviendo ahora la familia. ¿Por qué quería saber eso? Nadie supo responder. Para Antonella, fue otra señal de que alguien sabía más. "Policía, política… hay algo groso que no se está destapando", asegura.
La denuncia internacional, las pistas ignoradas y el tiempo que corre
El caso de Valentín llegó a instancias internacionales. La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos activaron protocolos de urgencia ante la denuncia de la Cátedra de Criminología de la UNR, la Fundación Igualar y el abogado Jorge Barbagallo. Se pidió al Estado argentino garantizar la búsqueda e involucrar a la familia.
El Comité de la ONU también expresó preocupación por las reiteradas detenciones previas que sufrió Valentín, muchas sin intervención del sistema de Niñez ni del fuero de Menores. Eso refuerza la hipótesis de participación estatal en su desaparición.
La causa, que en un comienzo estuvo en la justicia provincial, fue trasladada al fuero federal bajo la figura de desaparición forzada. El nombre del fiscal Guillermo Apanowicz genera desconfianza en la familia. "Salía con más dudas que certezas", recuerda María. Además, Apanowicz ya había intervenido en los casos de Franco Casco y Gerardo "Pichón" Escobar, también relacionados con desapariciones forzadas en Rosario.
El hallazgo de una zapatilla y una media ensangrentadas fue el único indicio material. Cerca del lugar, un móvil policial fue visto antes del operativo. ¿Qué hacía allí? Nadie pudo explicarlo. El campo, conocido como el campo de Braulio, estaba asociado a bandas, Allí, en una tapera se juntaban Los Cuatreros a desarmar motos, a llevar las cosas que robaban. Para la familia, esa coincidencia no fue casual.
Hoy, con una recompensa oficial de 10 millones de pesos, la causa no muestra avances. "Ni una llamada, nada", repiten madre e hija, con una mezcla de frustración y tristeza. La esperanza está puesta en que alguien, al menos de forma anónima, se anime a hablar. Porque "Cabín 9 no es tan grande", dicen. "Todos saben algo".
Aquel 15 de noviembre, la subcomisaría 18ª de Cabín 9 tenía solo un agente de guardia, pese a los conflictos barriales. Los refuerzos de Pérez se retiraron tras pinchar una rueda y no regresaron. "Nos dejaron a la deriva", repite María. "Quizás si hubieran estado con nosotros, lo encontrábamos esa misma noche".
Porque había pistas. Tierra removida. Un pozo. Una rama encima. Y un mensaje de texto que decía que Valentín estaba ahí. Pero ese mensaje desapareció. Ya nadie lo tenía. "Desapareció como desapareció Valentín", dice Antonella.
El tiempo que se perdió en esas horas fue clave. ¿Quién necesitó ese margen para mover el cuerpo? ¿A quién se protegía?
También se habló de una posible denuncia de Valentín contra la banda. Pero su madre lo desmiente: "Él nunca me dijo que quería salir". Sin embargo, sí saben que había dejado de vincularse con Los Cuatreros y se acercaba a un grupo rival. Eso pudo haber desencadenado represalias.
En 2016, el fiscal Fernando Dalmau describió a Los Cuatreros, liderados por Roberto "Narigón" Cabrera, como una organización dedicada al narcotráfico, el robo de ganado, sicariato y usurpaciones. Se enfrentaban con Los Stifler, Los Camargo y Los Sosa, en un escenario de violencia e impunidad.
"Todos saben quiénes son", repiten vecinos y familiares. "La policía también. Pero no hace nada".
Actualmente, el caso está en manos del fiscal federal Andrés Montefeltro, dentro de la Unidad Fiscal de Rosario especializada en delitos complejos, trata de personas y crimen organizado. La recompensa fue autorizada por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, y se enmarca en el Programa Provincial de Protección y Acompañamiento de Testigos y Víctimas.
Las personas que deseen aportar información pueden comunicarse al correo fisdistrito-ros@mpf.gov.ar o dirigirse a la sede del Ministerio Público Fiscal (MPF), Unidad Fiscal Rosario, Mitre 601. La identidad será preservada de manera confidencial.
Para la familia Reales, el tiempo apremia. En 2026 se cumplen diez años de la desaparición, y con ello, la causa podría prescribir. Por eso, claman por respuestas.
"Sabemos que Valentín estuvo ahí", insisten. "Lo que no sabemos es por qué lo sacaron. Quién lo sacó. A quién están encubriendo".
Porque Valentín tenía solo 15 años. Porque su familia sigue viviendo con miedo, con bronca, con la impotencia de no tener un cuerpo ni una verdad. Porque nadie desaparece así nomás.
Casi diez años después, el paradero de Valentín sigue siendo un misterio. "El problema de la droga no lo quieren parar porque el negocio es grande. Y Valentín sabía mucho", asegura su madre, que hoy sostiene un merendero como forma de resistir al abandono y la violencia. Tres de sus otros seis hijos fueron baleados en diferentes episodios vinculados a la defensa de su hermano.
En Cabín 9, todos saben quiénes mandan.
Todos saben que falta alguien.
Falta Valentín.
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