Tiene contrato hasta el 2027. https://t.co/gdHm2XSmJy
— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 16, 2025
Un canal en la mira del Gobierno
Canal 1, operado por Plural Comunicaciones S.A.S., obtuvo la concesión en 2017 tras una licitación pública y una inversión de más de 117.000 millones de pesos. Desde entonces, ha consolidado una oferta informativa plural e independiente, con una parrilla de contenidos reconocida por incluir voces de diversos sectores sociales y políticos. Actualmente, su audiencia supera los 13 millones de televidentes al mes y más de 15 millones de seguidores en redes sociales.
No obstante, el presidente Petro justificó su orden alegando presuntas irregularidades en el manejo del canal, aunque no presentó pruebas concretas durante su intervención. "Debe ser una nueva forma de manejar la televisión, que no sea del gobierno ni de los potentados económicos, sino de las juventudes, de la cultura y del arte", afirmó.
Canal 1, operado por Plural Comunicaciones S.A.S., obtuvo la concesión en 2017 tras una licitación pública y una inversión de más de 117.000 millones de pesos. Desde entonces, ha consolidado una oferta informativa plural e independiente, con una parrilla de contenidos reconocida por incluir voces de diversos sectores sociales y políticos. Actualmente, su audiencia supera los 13 millones de televidentes al mes y más de 15 millones de seguidores en redes sociales.
No obstante, el presidente Petro justificó su orden alegando presuntas irregularidades en el manejo del canal, aunque no presentó pruebas concretas durante su intervención. "Debe ser una nueva forma de manejar la televisión, que no sea del gobierno ni de los potentados económicos, sino de las juventudes, de la cultura y del arte", afirmó.
El Gobierno alega irregularidades; el canal denuncia persecución
Desde mayo de 2025, el MinTIC adelanta una investigación contra Plural Comunicaciones por presuntas modificaciones en su composición accionaria sin autorización previa, como lo exige el contrato de concesión No. 001 de 2017. Según el Ministerio, los cambios de socios efectuados a finales de 2022 no fueron reportados oportunamente al Registro Único de Operadores (RUO), lo cual podría configurar un incumplimiento contractual.
Sin embargo, Plural Comunicaciones rechaza estas acusaciones y sostiene que no hubo cesión de la concesión ni incumplimientos. La Superintendencia de Sociedades respaldó esta posición al indicar que la compraventa de acciones no requería su aprobación y que no se evidencian relaciones de subordinación entre el canal y grupos económicos como Prisa.
Ramiro Avendaño, presidente de Canal 1, ha sido enfático en calificar la decisión como arbitraria: "No existe sustento jurídico para lo que solicita el presidente. La concesión está vigente por ley de la República hasta mayo de 2037. Lo que vemos aquí es un matoneo sistemático contra un medio libre, plural e independiente".
Desde mayo de 2025, el MinTIC adelanta una investigación contra Plural Comunicaciones por presuntas modificaciones en su composición accionaria sin autorización previa, como lo exige el contrato de concesión No. 001 de 2017. Según el Ministerio, los cambios de socios efectuados a finales de 2022 no fueron reportados oportunamente al Registro Único de Operadores (RUO), lo cual podría configurar un incumplimiento contractual.
Sin embargo, Plural Comunicaciones rechaza estas acusaciones y sostiene que no hubo cesión de la concesión ni incumplimientos. La Superintendencia de Sociedades respaldó esta posición al indicar que la compraventa de acciones no requería su aprobación y que no se evidencian relaciones de subordinación entre el canal y grupos económicos como Prisa.
Ramiro Avendaño, presidente de Canal 1, ha sido enfático en calificar la decisión como arbitraria: "No existe sustento jurídico para lo que solicita el presidente. La concesión está vigente por ley de la República hasta mayo de 2037. Lo que vemos aquí es un matoneo sistemático contra un medio libre, plural e independiente".
El anuncio ha generado un rechazo generalizado por parte de periodistas, gremios y líderes de opinión. Luis Carlos Vélez lo calificó como "un ataque contra la empresa privada y la libertad de expresión". Jaime Cabal, presidente de Fenalco, afirmó que se trata de “un atentado directo contra la democracia", mientras que Cristian Verbel, director de La Opinión, advirtió que "el único canal abierto con voces plurales está en la mira del Gobierno".
Desde el Congreso también se alzaron voces. El concejal de Bogotá Daniel Briceño denunció una posible "expropiación" disfrazada de licitación, mientras que el senador Wilson Arias convocó un debate de control político por una supuesta "masacre laboral" en el canal, tras el fin del contrato con CM& y el nuevo acuerdo del canal con el Grupo Prisa.
Unos 19 millones de colombianos ven televisión abierta, que llega a un 95 % de los hogares de forma gratuita como servicio público de gestión privada. De concretarse los ataques del presidente, los televidentes pierden acceso gratuito a información y entretenimiento¿Un precedente peligroso?
Más allá del caso puntual de Canal 1, este episodio plantea preocupaciones de fondo sobre el respeto del Gobierno a los contratos del Estado y a la independencia de los medios de comunicación. Expertos advierten que romper anticipadamente una concesión sin una sentencia judicial o fallo administrativo firme puede sentar un precedente negativo para la seguridad jurídica en el país.
El debate no es menor. En un contexto donde la desinformación y la polarización crecen, los medios independientes se convierten en pilares fundamentales para el equilibrio democrático. Canal 1 ha albergado espacios como Noticentro 1, La Silla Vacía, Mesa Central, La W, Caracol Radio y otros que representan la pluralidad de voces en Colombia. Su posible salida por decisión gubernamental enciende las alarmas sobre el futuro de la prensa libre en el país.
Fuentes: El Colombiano, El Tiempo, La Silla Vacía, La Opinión, Señales
