Marzo del 2024: Una mujer palestina sostiene el cuerpo de un niño asesinado en un bombardeo israelí durante la noche, que alcanzó un edificio en el campo de refugiados de Nuseirat
"La buena conciencia es la mejor almohada para dormir", SócratesUn conjunto de periodistas y figuras políticas circulan por diferentes espacios mediáticos difundiendo narrativas que configuran violencia simbólica contra los habitantes de Gaza. Son las únicas voces que se escuchan agravando la percepción de falta de pluralidad democrática en los medios. Sus intervenciones reproducen discursos de odio que podrían apoyar, de forma implícita o explícita, las acciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la Palestina ocupada.
Las mismas narrativas, de dudosa base moral y legal, que contribuyeron históricamente a favorecer la persecución de judíos a principios del siglo XX, se explayan en los distintos canales sin oposición contra los palestinos. El ejemplo del Holocausto ilustra cómo la propaganda nazi cultivó estereotipos que desembocaron en perjuicio de un colectivo.
En 1948, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por la Asamblea General de la ONU define genocidio como actos destinados a destruir total o parcialmente a un grupo étnico, nacional, racial o religioso, mediante prácticas como asesinato, daño físico o mental grave, sometimiento intencionado a condiciones de vida que provoquen daño, imposición de medidas destinadas a impedir nacimientos, provocaciones de hambrunas y traslado forzado de niños entre grupos. Las presentes consideraciones son relevantes ante la situación en Gaza, donde también se niegan o silencian las cifras reportadas de 61 mil víctimas civiles entre ellas 18500 niños y niñas y más de 100 mil sepultados en los escombros.
Los comunicadores y comentaristas de la derecha locales deberían saber que, según fuentes fidedignas, los organismos internacionales de DDHH y de Justicia como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Oxfam y las propias agencias de la ONU, están tomando nota de estos comentarios que podrían constituir un delito y, por lo tanto, ser susceptibles de sanción penal.
En tal sentido, Hannah Arendt, con la “banalizadad del mal”, subraya la responsabilidad individual dentro de estructuras totalitarias, sosteniendo que la ejecución de órdenes sin cuestionamiento revela un fallo moral de renuncia a la capacidad de juicio propio. Su crítica indica que ciertos discursos describen los hechos de forma que minimiza la responsabilidad de los victimarios y destaca que la obediencia ciega legitima la acción violenta. La apología del genocidio se tipifica como delito en distintos marcos internacionales cuando se incita a la violencia o directamente a defender actos delictivos. En este marco, urge la necesidad de una resistencia moral frente a discursos que normalizan el genocidio.
A partir de la acción del grupo Hamas el 7 de octubre de 2023, varios comunicadores han responsabilizado de forma elíptica a la víctima, el pueblo gazatí, por la violencia desmedida ejercida por las fuerzas israelíes. Sus discursos deshumanizan a los palestinos mediante lenguaje, gestos y eufemismos presentados como neutralidad periodística.
En la estructura de estos relatos, los horrores se describen de forma banal, obviando el recorrido histórico que antecede a tal masacre y minimizando la responsabilidad de los ocupantes, ocultando información sustantiva, y presentando los sucesos con un tono sobrio de supuesta objetividad. Estos discursos pro genocidas minimizan la violencia y eluden la responsabilidad individual manifiesta en no exhibir la realidad de las víctimas y tratarlas como cuerpos invisibles y estereotipados, culpabilizan a las víctimas por sostener o encubrir supuestas alianzas con organizaciones violentas. Todo constituye un precedente de violaciones de derechos.
Condenar la apología del genocidio en el contexto de Palestina ocupada, como en otros conflictos históricos y actuales, es esencial para la protección de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su origen étnico, religioso o cultural, conforme a las normas internacionales. Normas que obligan a los periodistas a actuar con responsabilidad en el manejo de la información.
La jurisprudencia internacional, desde la posguerra, ha definido criterios para oponerse y restringir expresiones que fomenten discriminación y violencia contra grupos específicos. Las normas de derechos humanos reconocen la libertad de expresión con límites razonables para proteger seguridad, reputación y derechos ajenos. Por ejemplo, la Convención Europea de Derechos Humanos permite restricciones neutrales y necesarias en una sociedad democrática; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíbe discursos que inciten a la violencia, al odio o propaganda de guerras, la Convención Americana prohíbe propaganda de guerra y discursos que atenten contra la seguridad pública. En conjunto, buscan equilibrar la libertad de expresión con la seguridad pública, el orden y los derechos de terceros.
La distinción entre crítica política y apología del delito camina por una línea muy delgada. La libertad de expresión no es absoluta cuando se incita a la violencia, invisibiliza a colectivos vulnerados o los agravia con calificativos. Los especialistas en DDHH indican que la oposición a la apología del genocidio debe fundamentarse en principios morales sólidos y en la aplicación eficaz de la normativa nacional (citada en el código penal) e internacional de prevención y sanción del genocidio. La penalización de actitudes deliberadamente irresponsables de comunicadores, junto con políticas públicas educativas, debería contribuir a desarticular un aparato discursivo autoritario para evitar futuros conflictos y la desintegración de la sociedad.
Foto: Agencia AFP
Fuente: Tiempo Argentino
