La Unión Europea marca un antes y un después en la regulación del ecosistema mediático con la entrada en vigor, este viernes, del Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación (European Media Freedom Act, EMFA). La norma tiene como objetivos centrales proteger a periodistas frente a presiones políticas o económicas, garantizar la independencia editorial, y exigir transparencia en la propiedad y financiación de los medios en todo el bloque comunitario.
"La entrada en vigor de la EMFA marca un hito en nuestros esfuerzos por fomentar un entorno mediático más sólido y seguro en la UE", aseguró Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia.
Nuevos derechos y garantías para periodistas
La nueva legislación —la primera de su tipo en la historia del bloque— establece salvaguardias sin precedentes para los profesionales de la información, incluyendo protección frente al espionaje digital, como el uso de software espía (spyware), y la garantía de confidencialidad de las fuentes.
"Los medios de comunicación independientes son la columna vertebral de cualquier democracia", afirmó el comisario europeo para el Estado de Derecho, Michael McGrath. "Con esta ley, los periodistas obtienen nuevas garantías legales, y los ciudadanos pueden confiar en que las noticias se basan en hechos, no en intereses comerciales o políticos".
Reglas claras para los medios públicos y privados
La EMFA también impone obligaciones a los medios públicos de radiodifusión, que deberán contar con estructuras editoriales independientes, procesos transparentes de nombramiento de directivos y financiación adecuada y sostenible para cumplir con su misión de servicio público.
Además, se prohíbe expresamente cualquier intento gubernamental de interferencia en las decisiones editoriales de medios, tanto públicos como privados, así como presiones económicas o políticas encubiertas.
Transparencia en propiedad y publicidad institucional
Uno de los ejes clave del nuevo marco legal es la transparencia de la propiedad de los medios. Cada medio de comunicación deberá hacer pública información detallada sobre quiénes son sus propietarios reales —tanto directos como indirectos— y quién tiene capacidad para influir en sus decisiones editoriales. Esta información deberá estar disponible en sus sitios web y se centralizará también en bases de datos nacionales.
Por otro lado, la norma obliga a gobiernos y administraciones públicas a publicar detalles sobre el dinero destinado a publicidad institucional, incluyendo montos, criterios de reparto y los grupos mediáticos beneficiarios. Esta publicidad deberá repartirse de manera justa y no discriminatoria.
Supervisión europea y desafíos nacionales
El cumplimiento del reglamento será supervisado por el recién creado Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, presidido este año por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España. Su consejero Carlos Aguilar señaló en conversación con EFE que, aunque algunos países han cumplido a tiempo con la transposición de la norma, otros —como España— aún tienen avances pendientes.
"Algunos Estados lo han tomado como el punto de partida, cuando en realidad el reglamento ya es directamente aplicable", advirtió Aguilar. "Lo importante es que todas las legislaciones nacionales se armonicen cuanto antes para evitar vacíos legales".
España, avances parciales y tensiones políticas
España se sitúa en la media europea en cuanto a cumplimiento. El pasado 29 de julio, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la Ley de Gobernanza Democrática de los Servicios Digitales y de Ordenación de los Medios, que adapta al derecho nacional varias disposiciones del reglamento europeo.
Sin embargo, la tramitación parlamentaria se ha visto envuelta en controversia política, con críticas del Partido Popular a lo que considera un uso partidista del plan de acción democrático impulsado desde Bruselas.
Aguilar lamentó que el debate se esté politizando: "Esta ley nace del consenso europeo y de la demanda de los propios periodistas profesionales. No debe convertirse en una batalla partidista, porque su esencia es proteger tanto al informador como al ciudadano que quiere acceder a información veraz".
Llamado a la acción y vigilancia internacional
Desde la sociedad civil, organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) celebraron la entrada en vigor de la EMFA, pero advirtieron que su efectividad dependerá de la implementación real por parte de los Estados miembros.
"Pedimos una acción rápida y proactiva por parte de las autoridades nacionales y europeas para garantizar los derechos, principios y libertades que esta ley promete proteger", expresó la organización en un comunicado.
Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también saludó la puesta en marcha del reglamento: "En Europa y en el mundo, los periodistas deben poder ejercer su labor sin miedo, amenazas ni interferencias. Esta ley es un avance clave para fortalecer nuestras democracias".
El Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, aprobado en 2024 y plenamente aplicable desde este 8 de agosto, establece por primera vez un marco legal común para proteger la independencia y el pluralismo del ecosistema mediático en toda la Unión Europea. Su objetivo principal es garantizar que tanto los medios públicos como privados puedan operar con libertad, sin interferencias indebidas y adaptándose al contexto digital transfronterizo que caracteriza el panorama informativo actual.
Entre sus disposiciones más relevantes, el reglamento prohíbe expresamente cualquier forma de injerencia política o económica en las decisiones editoriales, protege la confidencialidad de las fuentes periodísticas frente al uso de tecnologías de vigilancia, y obliga a los Estados miembros a evaluar el impacto de posibles concentraciones empresariales en el pluralismo informativo. Asimismo, refuerza la independencia de los medios públicos al exigir financiación suficiente, estable y previsible, y criterios transparentes para la designación de sus directivos.
La nueva normativa también introduce exigencias de transparencia inéditas: los medios deberán informar públicamente sobre quiénes son sus propietarios efectivos y sobre el origen de su financiación, mientras que las administraciones estarán obligadas a publicar los datos relativos al gasto en publicidad institucional, incluyendo los montos y los medios beneficiarios.
Además, las grandes plataformas digitales no podrán eliminar contenidos de medios de comunicación sin justificación razonada, y se garantiza a los ciudadanos el derecho a personalizar la oferta mediática que reciben en dispositivos y servicios en línea.
Para velar por la correcta aplicación de estas normas en todos los países, se ha creado el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, un organismo independiente que comenzará a operar formalmente en febrero de 2025 y que coordinará la labor de los reguladores nacionales bajo supervisión de la Comisión Europea. Este organismo sustituye al anterior grupo ERGA y tendrá la misión de asegurar la implementación uniforme del reglamento en los 27 Estados miembros.
Además del marco legal, la UE complementa este esfuerzo con financiación específica para apoyar el periodismo libre, la innovación en medios locales y regionales, la vigilancia del pluralismo mediático y la protección práctica a periodistas amenazados, reafirmando así su compromiso con la libertad de prensa como pilar esencial de la democracia europea.
Foto: Archivo AFP - Kenzo Tribouillard / AFP
Fuentes: Agencias ANSA, EFE, AFP, Reuters, Señales y RSF
