Vila y Manzano vendieron Supercanal, agendan El Cronista y Clarín

Daniel Vila y José Luis Manzano cerraron la venta del cable Supercanal a tres fondos de inversión. La compañía de tevé por cable tiene presencia en 14 provincias y necesitaba reforzar inversiones. Los nuevos dueños dicen que desembolsarán US$ 400 millones para una red de fibra óptica. Joost Newbery será el nuevo presidente de Supercanal, y lo secundarán Pablo Venturino y Mariano Gilles, adelantan los matutinos

Supercanal anunció ayer que tendrá un nuevo accionista controlante. La compañía fue fundada por Daniel Vila en 1985 y otro de sus directivos es el ex ministro de Carlos Menem, José Luis Manzano. CVI Austral -un grupo inversor especializado en proyectos de telecomunicaciones y tecnología- manejará "sus destinos", según un escueto comunicado oficial. Carlos Joost Newbery, titular de ICondor y uno de los fundadores de Movicom y CTI Móvil, originalmente del Grupo Clarín.

En el grupo inversor controlante sobresale el fondo ICondor, entre otros inversores como Pablo Venturino y Mariano Gilles, de White-Bridge.

Con presencia en 14 provincias del interior, se estima que Supercanal posee entre 400.000 y 500.000 clientes. Está detrás de Cablevisión, DirecTV y Telecentro. La mayor presencia de la compañía está en la región cuyana, donde están sus orígenes. También pisa en la Patagonia y provincias cordilleranas (La Rioja).

Aunque la operación se venía negociando desde el año pasado, el cierre de la venta fue informada recién ayer después de arduas negociaciones y un due dilligence extenso, dijeron fuentes del mercado. Los compradores comprometieron una inversión de u$s 400 millones, cifra que incluyen el valor de la compañía y el despliegue de una red de fibra óptica para mejorar el servicio de internet de banda ancha, en vista de la competencia que implica la fusión recientemente aprobada de Telecom y Cablevisión.

Tras el cambio de manos, Supercanal será presidido por Carlos Joost Newbery, acompañado en el directorio por Pablo Venturino y Mariano Giles, socios de White Bridge. Detrás de esta adquisición está el fondo CarVal Investors, creado a fines de los años ´80 por Cargill, que aportó la financiación para concretar la operación.

CarVal Investors trabajó junto a Newbery y White-Bridge en proveer la financiación que permitió la adquisición de Supercanal. La última operación fuerte de este fondo fue cuando desembolsó US$ 60 millones en Recoleta Mall, el shopping que gira en torno a los Village Cines de ese barrio. En 2010, lo puso en venta, pero no encontró oferentes atractivos. Luego, traspasaron la operación a los operadores del Solar de la Abadía.

CarVal también participó de la reestructuración de la deuda de Mastellone Hermanos y en Autopistas del Sol, en la que participó como asesor. Aunque Carval llegó a formar parte de la estructura de Cargill, ahora está separada de la cerealera.

Según un comunicado del nuevo directorio, esta adquisición se enmarca en "proyecto de innovación tecnológica que generará puestos de trabajo, contribuirá a cerrar la brecha digital y acercará la mejor propuesta de contenidos para los usuarios de Supercanal en 14 provincias.

En el segmento de las telecomunicaciones se dice que la infraestructura de Supercanal quedó algo obsoleta frente a tanta demanda de datos por parte de los consumidores y que no cuenta con redes modernas. Eso le impide dar mayor velocidad de Internet. Eso no le sucede en todas las locaciones, ya que en Mendoza está mejor equipado que en otros rincones donde posee operaciones, según cuentan proveedores de contenidos.

Aunque su red necesita una actualización tecnológica, la compañía posee una base de red en 14 provincias, permisos otorgados para operar y otras condiciones que le pueden resultar atractiva a un inversor en telecomunicaciones dispuesto a crecer.

Las negociaciones que culminaron en la venta de la red de cable con epicentro en Mendoza se habían inicialdo una vez que se destrabó el conflicto por las bandas de 4G que se había adjudicado el grupo Vila-Manzano en 2014 pero un año más tarde, al no concretar el pago, fueron transferidas a la compañía satelital estatal Arsat.

En octubre de 2017, Vila-Manzano acordó con el Enacom desistir de una presentación judicial y aceptar la devolución de u$s 20 millones que el grupo había aportado como caución al momento de presentarse a la licitación.

Precisamente, el 17 de noviembre, un mes después de ese paso, las partes involucradas habían acordado las condiciones para esenciales para la cesión del control del grupo. En las negociaciones de las partes el precio por cada abonado fue materia de discusión, así como las condiciones en que estaban cada uno de los clientes del servicio.

En tanto, la habilitación del llamado cuádruple play (telefonía fija y móvil, internet y TV por parte de un mismo operador) para los conglomerados de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe a partir del 1ero de enero de este año, impulsó que varias empresas cableoperadoras solicitaran permisos para ofrecer telefonía móvil. En este contexto, el Enacom otorgó a Supercanal una licencia de Operador Móvil Virtual (OMV) en el mes de enero.

Por otra parte, la reciente aprobación por parte de Defensa de la Competencia de la fusión entre Cablevisión y Telecom, terminó de dibujar un nuevo mapa de las telecomunicaciones con jugadores bien definidos y un ámbito en el que sólo es posible competir si se cuenta con tecnología de avanzada.

Hoy, la red de Supercanal cuenta con 410.000 usuarios de cable y 83.000 de internet en 14 provincias, desde Tucumán a Tierra del Fuego. El desafío de los nuevos compradores es renovar las conexiones de cablemódem por otras de fibra óptica, una tecnología que ofrece mayor velocidad y calidad en las comunicaciones. Su objetivo es "conectar a un millón de personas (320.000 hogares) para el 2021.
Fuentes: Diarios El Cronista y Clarín

Cooperativa prepara un “triple play” a 600 pesos

CoSeGA, la cooperativa de General Acha, La Pampa, espera que la licencia de TV se le adjudique en agosto. Además, ya analizan la programación local del canal, que contaría con un noticiero y programas culturales

La Cooperativa de Servicios Públicos de General Acha (CoSeGA) lleva adelante una extensión de la fibra óptica para cubrir el 70% de la ciudad. Mientras espera la licencia para el canal de televisión, la cooperativa achense avanza en la cobertura para poder brindar el servicio de triple play a los vecinos. Estiman que el costo no superará los 600 pesos.

En diálogo con El Diario, el tesorero de la CoSeGA, Norberto De Cristófaro, explicó como viene trabajando la entidad solidaria para instalar el triple play en General Acha. “La cooperativa busca brindar Internet, telefonía fija y televisión por cable a un costo mucho menor que los privados”, indicó De Cristófaro. “La única licencia que aún nos falta es la televisión por cable. Ahora estamos cubriendo el 70% de la ciudad con fibra óptica para brindar el triple play”, agregó.

El objetivo en la primera etapa es cubrir el 70% de la ciudad y el grado de avance es del 50%. “Estamos colocando fibra óptica directa al hogar, antes teníamos un híbrido y ahora se mejora la conectividad. En unos 45 días terminaremos de cubrir la primera etapa de la obra”, adelantó el contador.

¿Cómo realiza estas inversiones la CoSeGA en momentos que la mayoría de las cooperativas están con problemas económicos? “Son situaciones distintas -explicó De Cristófaro-, estas obras se realizan con un crédito de 10 millones de pesos del Ministerio de la Producción, que se gestionó el año pasado y se acreditó en enero. Se denomina ‘Internet pampeano’, es a tasa baja y con dos años de gracia”.

Este beneficio se debe utilizar para la colocación de la fibra óptica y para la compra del equipamiento para el canal de TV. “Estamos analizando los equipamientos y el sistema que se va a utilizar, los modelos van cambiando y los costos también”, sostuvo el dirigente cooperativista.

Este análisis también incluye a la empresa Aguas del Colorado (AdC), quien provee de Internet a la zona. De Cristófaro explicó que “si nos decidimos a usar el sistema CENSA, éste se basa en una buena distribución de Internet y AdC tiene que hacer un replanteo de sus obras. Actualmente está entregando 300 mb de Internet y se necesitan 500 mb mínimo para transmitir TV”. Ante esta dificultad, la cooperativa utilizará la fibra óptica de Telefónica como “rueda de auxilio”.

Licencia
Todas las decisiones sobre conectividad y transmisiones de datos están sujetas a que ENaCom otorgue la licencia de TV a la CoSeGA, trámite que está en su etapa final.

“Todos los trámites en ENaCom están entregados, la pedimos en 2016 y ya lleva más de 400 días en trámite. Ahora pasó a Defensa de la Competencia, quien notificó a TELEGA (el canal de cable local) que hay otro prestador de servicio de TV que está tramitando la licencia”, relató el tesorero. Y manifestó: “Se inició un expediente en el que la TELEGA presentó reclamos por el nuevo prestador y algunos cuestionamientos hacia la CoSeGA. Estamos esperando la contestación de ese expediente, pero igualmente no hay impedimento. Es un trámite que hay que hacer”.

Cumplimentada la habilitación en ENaCom, que calculan saldrá en agosto, se lanzará la segunda etapa para cubrir el 30% restante de la ciudad con fibra óptica.

Costos
Desde la CoSeGA ya estiman cuánto saldría el servicio de triple play y en qué tiempo podría estar brindándose el servicio. “El costo del servicio triple play será de entre 500 y 600 pesos aproximadamente. Una vez que tengamos la habilitación, se calculan unos 30 días para comenzar a brindar el servicio”, contó De Cristófaro.

Este posible precio ha generado mucha expectativa entre los asociados a la cooperativa ya que, por ejemplo, solo el servicio de televisión por cable cuesta 700 pesos. “El triple play de la CoSeGA incluiría 60 señales SD, 2 HD, 2 mb de internet y el teléfono cooperativo a un costo de 600 pesos aproximadamente”, detalló el tesorero.

Una de las condiciones que debe cumplir el canal de TV es tener programación propia, tal como lo establece la ley. De Cristófaro anunció: “Queremos producir un noticiero local y otras programaciones, como por ejemplo culturales”.

Fuente: El Diario de la Pampa

El municipio de Escobar competirá con Cablevisión con su propio servicio triple play

El proyecto contempla la creación de una empresa pública de telecomunicaciones para brindar los servicios de internet, telefonía y televisión con una red propia de fibra óptica. Será la primera empresa estatal municipal de telecomunicaciones del país. El Concejo Deliberante ya le dio luz verde

En su sesión del miércoles, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un ambicioso proyecto de ordenanza enviado por el intendente Ariel Sujarchuk que autoriza al municipio a brindar el servicio de triple play: internet, telefonía y televisión. Toda una innovación, que busca poner a Escobar a la vanguardia de las telecomunicaciones a nivel nacional, ya que sería el primer distrito del país en ofrecer estas prestaciones, compitiendo con los actuales operadores del mercado a precios comparativamente más accesibles para los vecinos y con abonos diferenciales para los sectores de menores recursos.

Se trata del primer paso de una serie de acciones que el municipio deberá concretar hasta estar en condiciones técnicas, legales y comerciales de lanzarse al mercado de las telecomunicaciones, que hoy cuenta con varios operadores. Entre otros, Tele Red y Telecentro, que son las dos empresas que dan el triple play en Escobar. Pero donde también hay otras como DirecTV, en televisión satelital; Arnet, Cotelnet y Fibertel, en Internet.

Lo que el Concejo Deliberante hizo es darle luz verde al Ejecutivo para empezar a desandar este camino. Para esto, declaró “servicio público” al triple play y autorizó a la Comuna a “llevar a cabo todas las acciones y planes para prestar el servicio a través de una licencia propia y/o cedida por terceros”, apegándose a la Ley Orgánica de las Municipalidades y a las condiciones establecidas por el Ente Nacional de Comunicaciones.

Entre sus fundamentos, la ordenanza plantea “la necesidad de trabajar en la inclusión y en la reducción de las brechas digitales y sociales, ante el impacto que las nuevas tecnologías tienen en la vida diaria de todas las familias, teniendo en cuenta los barrios con menores posibilidades de acceso a estas tecnologías, de menores recursos y menos densamente poblados”.

Los precios de los planes todavía no están definidos, pero se contemplarán abonos sociales para los sectores económicamente menos favorecidos. Y, en general, se habla de paquetes a precios inferiores a los existentes en la plaza. El ancho de banda de Internet sería de hasta 30 megas, la televisión de alta definición y la telefonía tendrá la modalidad fija e IP. Además, cualquiera de los tres servicios se podrá contratar por separado.

Técnicamente, la Comuna ya cuenta una amplia red de fibra óptica a través de la cual están conectadas las cámaras de monitoreo. Ese mismo tendido es el que se utilizaría para transportar los contenidos audiovisuales y realizar la transferencia de datos.

Con las salvedades propias de un emprendimiento nuevo y sin precedentes en el país, funcionarios consultados por El Día de Escobar indicaron que la intención es que el triple play esté disponible antes de fin de año. El avance sería por zonas, empezando por Garín, aunque la idea es abarcar rápidamente las demás localidades del distrito.

Otro aspecto central del programa es la conformación de una empresa pública, que estaría controlada por un directorio compuesto por miembros del oficialismo y de la oposición, para garantizar transparencia en su funcionamiento.

Obviamente que la implementación de esta iniciativa generará nuevos ingresos a las arcas públicas, si bien los márgenes de utilidades son difíciles de mensurar en una instancia tan preliminar. Es una de las tantas cuestiones que se irán puliendo y definiendo en el transcurrir de las próximas semanas y meses.

Lo cierto es que, de concretarse, este proyecto pondrá a Escobar a la vanguardia de las telecomunicaciones a nivel nacional, con los vecinos como principales beneficiarios. Algo realmente impensado.

Fuente: El Día de Escobar

Clarín va por triple play, no más licencias para la TDA

Mientras el decreto de necesidad y urgencia que modificó la Ley Audiovisual aguarda tratamiento parlamentario, el Gobierno dispuso dejar sin efecto los llamados a concurso para las licencias de Televisión Digital Abierta (TDA). El mismo DNU habilita un cambio drástico de las condiciones en que se prestan actualmente los servicios de televisión por cable, internet y telefonía por el cual técnicamente el grupo Clarín -a través de Cablevisión- podría empezar a ofrecer los tres servicios en pocos meses

Por: Silvia Peco
Sin ratificación parlamentaria, el DNU 267 le permite a Clarín ingresar ya al mercado del triple play. Mientras tanto, ENaCom cerró los llamados a concurso para el otorgamiento de licencias de televisión digital abierta.

Aún cuando el Decreto de Necesidad y Urgencia 267 que modificó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual todavía debe pasar por el Congreso, el Gobierno avanza con medidas amparadas en ese DNU. Así, el último viernes, a través de la resolución 11 del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) el Poder Ejecutivo dispuso, dejar sin efecto los llamados a concurso para licencias de televisión digital abierta.

La norma se fundamenta en que el DNU 267 modificó los artículos de la llamada ley de medios referidos a condiciones de admisibilidad de las personas jurídicas, condiciones societarias, régimen de licencias y apertura del capital accionario. Además se ampara en que una decisión judicial había frenado la apertura de las ofertas a solicitud de Perfil TV.

En la misma línea, el ENaCom anunció la semana pasada que archivó los expedientes de adecuación a la ley de medios que había abierto la AFSCA, ahora disuelta por el mismo decreto.

El DNU habilita además a un cambio drástico de las condiciones en que se prestan actualmente los servicios de televisión por cable, internet y telefonía, estimándose que técnicamente el grupo Clarín, a través de Cablevisión, podría empezar a ofrecer los tres servicios en pocos meses.

La posibilidad está dada porque Cablevisión tiene tendida una red de fibra óptica en casi todo el país que puede usar para dar telefonía fija, además de los servicios de televisión por cable e internet que ya ofrece. Actualmente, en la Ciudad de Buenos Aires y localidades del conurbano, ya hay un operador de triple play desde 2008: Telecentro.

Hasta esa fecha, Cablevisión ya había preparado la red para prestar los tres servicios pero no había logrado que la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) le asignara numeración para dar telefonía. Y después salió la ley de medios que la obligó a presentar un plan de adecuación y desinversión. Esa norma legal además le prohibía dar telefonía por ser un servicio público, mientras permitió la subsistencia de lo que existía desde antes, en relación con Telecentro.

Ese artículo de la ley de medios, al igual que la cantidad de licencias que puede tener una empresa a nivel país y a nivel local, fueron derogados por decreto 267. De este modo, Cablevisión podría ofrecer triple play si se le asigna numeración, mientras va modernizando a Nextel, la empresa de telefonía celular cuyo 100% acaba de adquirir. Y mientras da la pelea por las frecuencias para dar servicios 3G y 4G que están vacantes.

Desde la década del noventa, la red de fibra óptica de la televisión por cable fue pensada como la competencia natural de las dos empresas a las que se les otorgó en monopolio, la prestación del servicio telefónico básico en medio país. Otras redes como las de las transportadoras de gas o las de electricidad también podían servir para dar telefonía, pero cuando llegó la desregulación en la telefonía en 2000, el mercado ya estaba económicamente saturado, y por eso sólo aparecieron competidores en las zonas más rentables, como el microcentro porteño.

Cablevisión, al igual que Telecentro, cuentan además con la ventaja de tener cableados que llegan hasta el domicilio del usuario, por lo que no necesita más que una inversión mínima para agregar telefonía y ofrecer triple play. El esquema tiene como primera limitación que Telecentro no compite con Cablevisión ni siquiera en toda la zona del Area Metropolitana Buenos Aires (AMBA), y sólo en los barrios de mayor poder adquisitivo hay posibilidad de elegir entre los dos prestadores.

En ese contexto, las telefónicas son las únicas que podrían competir con Cablevisión en todo el país, porque tienen las redes adecuadas y porque ya llegan a los domicilios con la telefonía fija y con internet. Sin embargo, el decreto 267 recién les permite agregar la TV paga en un plazo de dos años, prorrogables por otros tres.

Entretanto, el DNU del Gobierno no establece criterios para la fijación de precios, aunque Cablevisión debería respetar las actuales tarifas para la telefonía básica. Con un solo prestador autorizado a nivel nacional, y con dos o tres en un par de años, los analistas de la actividad plantean la necesidad de un marco regulatorio específico para el triple y el cuádruple play que incluye la telefonía móvil, como hay en EE.UU., México y otros países del mundo. Pero por ahora sólo hay un decreto que cambia dos leyes.
Fuente: Ámbito Financiero

Un estudio sostiene que los argentinos se inclinan por el "Triple Play"

Cada vez son más los usuarios de telefonía fija, televisión paga e Internet que prefieren abonar el combo
Los argentinos que en sus hogares cuentan con teléfono fijo, televisión paga e Internet a la hora de elegir los proveedores de estos servicios prefieren las opciones que ofrezcan un paquete combinado, en la búsqueda de un mejor precio y comodidad.

En la Argentina, el 54 por ciento de los hogares tiene Internet, televisión paga y telefonía fija, mientras que la zona del sur del país es la que presenta la menor convergencia.

Los datos surgen del análisis realizado por Kantar Worldpanel, empresa líder mundial especializada en conocimiento y comprensión del consumidor a través de paneles de consumo.

De acuerdo con el estudio, más de la mitad de los hogares argentinos cuentan con todos los servicios, mientras que en 2010 alcanzaba sólo a un 33 por ciento. Actualmente, un tercio de los hogares de la base de la pirámide social poseen los tres productos y la mayor convergencia se da en los niveles altos.

El 60 por ciento de los usuarios prefiere tener un paquete combinado, principalmente en búsqueda de mejores precios al contratar en conjunto. También los consumidores de estos servicios eligen el denominado combo al buscar la practicidad y comodidad de tener centralizados los servicios en un solo proveedor. Asimismo, el combo con mejor precio conjunto es en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El restante 40 por ciento prefiere optar por servicios individuales para poder analizar el precio y la calidad de cada uno en particular. Los motivos más relevantes son mantener distintos proveedores para diferenciar el servicio. Además, los usuarios destacan que el precio conveniente de los combos es sólo al inicio y finalmente es más costoso que abonar todo por separado.

En referencia a las zonas del país que presenta la menor convergencia, el estudio mencionó a las provincias de Buenos Aires (sin AMBA), Chubut, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan y San Luis.

"Las empresas deberían enfocarse en ofrecer paquetes a un precio más accesible, ya que tener un mismo proveedor debería ser no sólo más económico sino que también más práctico para el usuario", destacó Diego del Pozo, director de Cuentas de Kantar Worldpanel.

Además, señaló que "la mayoría de los argentinos no planea sumar ningún gasto en los próximos meses, con lo cual es un gran desafío para las empresas de telecomunicaciones tener ofertas atractivas para fidelizar a sus clientes y poder sumarles nuevos servicios dentro de algún pack".
Fuente: Noticias Argentinas

¿Claro lanza un servicio de IPTV en la Argentina?

Los rumores apuntan a que ofrecería un abono básico de alrededor de 350 pesos mensuales en las zonas donde ofrece Internet a través de fibra óptica, como algunas localidades del Gran Buenos Aires y de Mendoza
A diferencia de otros países de la región, el triple-play no ha podido desarrollarse al máximo en la Argentina, salvo algunas excepciones. Pero el operador Claro podría romper con el "estigma" antes de fin de año: fuentes consultadas por TyN aseguran que el proveedor estaría planeando ofrecer IPTV (Televisión por Protocolo de Internet, según sus siglas en inglés) durante el cuarto trimestre de 2015.

Según las versiones, el servicio correría por la infraestructura de fibra óptica al hogar (FTTH) de Claro, así que no estaría disponible en la ciudad de Buenos Aires, pues la regulación porteña exige que todo nuevo cableado debe ser subterráneo, lo cual retrasó la llegada a la capital argentina. Pero sí en las locaildades donde Claro ya ofrece su servicio de Internet FTTH, a saber: Avellaneda, Berazategui, Hurlingham, Morón, Tigre y Tres de Febrero, en el Gran Buenos Aires; y Mendoza Capital y Guaymallén, en la provincia de Mendoza.

La firma ya ofrece el servicio IPTV bajo la marca "Claro TV" (incluye toda su oferta de TV paga, como DTH y CATV) en varios países de Latinoamérica, como Puerto Rico y República Dominicana. La propuesta es similar al de la TV por cable, pero usando a Internet como vehículo: ofrece un set-top-box (conversor) desde cual acceder a cerca de un centenar de canales (en resolución estándar, HD y señales premium), alquiler de películas estreno, posibilidad de grabar programas y algunas funciones de smart TV. Lo más probable es que el proveedor ofrezca un servicio de Internet de alta velocidad (10 mbps o más) en combo con el servicio de IPTV básico, que rondaría los 350 pesos. Es importante mencionar que en la Argentina el operador posee a Claro Video, una alternativa a Netflix para el alquiler de películas, que podría estar integrado a la plataforma de Claro TV.

Claro podría ofrecer un combo de Internet de alta velocidad (10 mbps o más) e IPTV básico, a un precio cercano a los 350 pesos.

El triple-play estaba vedado para las telefónicas en la Argentina debido a la ley de privatización de Entel, donde una cláusula les prohíbe dar servicios de televisión, cuestión no fue modificada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por ello, Telefe, canal de televisión de aire que alterna el liderazgo de audiencias y es propiedad de Telefónica, está en la mira de las críticas. Por el lado de las cableras, Telecentro ofrece triple-play, pero Cablevisión sólo brinda TV paga e Internet. Desde esta empresa siempre afirman que no pueden dar telefonía fija porque la Secretaría de Comunicaciones no les adjudica numeración, a partir del conflicto que mantiene el Gobierno con el Grupo Clarín. Sólo ofrece el servicio a un número reducido de clientes a modo de "prueba".

Claro no sería el primero en ofrecer IPTV: cooperativas lo brindan en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa.

Sin embargo, tras la entrada en vigor de la Ley 27.078 (bautizada "Argentina Digital"), las prestadoras de telefonía pueden ofrecer IPTV a través de sus redes. De hecho, ya lo están haciendo varias cooperativas en el interior del país: la Cooperativa TelViso, la Cooperativa de Tortuguitas y la Cooperativa Telefónica de Pinamar (TelPin) en la provincia de Buenos Aires; la Cooperativa Telefónica de Villa Gobernador Gálvez (TELVGG) y la Cooperativa de Telecomunicaciones de Servicios Múltiples, Vivienda, Provisión y Consumo de Funes (FunesCoop), en Santa Fe; la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero (RIOTEL), la Cooperativa de Servicios Públicos Morteros (COOPTEL) y la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María (COOP5), en Córdoba; y la Cooperativa Regional de Electricidad, de Obras y otros Servicios de la Ciudad de General Pico (CORPICO), en la Pampa.

TyN se comunicó con Claro, pero afirmaron que no tenían información para compartir.
Fuente: TyN

Argentina llegó tarde y mal a la ola del triple play

Hubo un tiempo en que las redes eran para un servicio único. La red telefónica daba telefonía, la red de TV daba video y las redes de datos, Internet y datos en general. Con la digitalización, esta especialización de las redes desapareció, dando lugar a la convergencia. Y a partir de allí, las redes se hicieron multiservicio, pudiendo transmitir voz, video y datos. Dejó de haber entonces límites técnicos, subsistiendo sí los regulatorios y/o políticos.

Esta situación tiene como consecuencia que hoy los principales ISP del país (Speedy, Fibertel y Arnet) pertenezcan a empresas que ofrecen otros servicios, sea de TV como de telefonía, aunque claramente no son los únicos. Por eso no sorprende que casi 9 de cada 10 hogares tengan su acceso a Internet como parte de un combo de servicios, sea con telefonía, con TV paga o ambos. Esto surge del informe “Acceso a Internet y tecnología residencial – 2015” realizado por Carrier y Asociados.

Como resultante del predominio de las telefónicas en el acceso a Internet, el combo Internet+Telefonía es el más popular, con un 52%. Luego sigue el de Internet+TV paga con el 26%. Y un 9% tiene triple play (Internet, Telefonía y TV paga). Conviene aclarar que aquí se incluyen también a los combos entre las telefónicas y Direct TV, que aunque sus servicios no comparten la misma red, fueron vendidos en un mismo paquete comercial.

Así, apenas un 10% únicamente contrata el servicio de acceso a Internet a su proveedor. Esto último se da más en los hogares jóvenes, donde el valor llega casi al doble.

En cuanto a la evolución del triple play, no hay que esperar importantes crecimientos para los próximos años. Con los cambios en la regulación como consecuencia de la aprobación de la ley Argentina Digital, las empresas de telecomunicaciones pueden ahora dar servicios de TV. No obstante esta medida no tendrá una incidencia importante en el corto plazo. Las redes de telefónicas no están mayormente en condiciones técnicas de permitir la capacidad de transporte necesaria para combinar Internet de banda ancha y TV. Esto requiere de inversiones, las cuales competirán por presupuesto con los despliegues de redes móviles, particularmente con 4G. Por lo tanto, los avances en este sentido serán lentos.

Por el lado de las empresas de TV paga, muchas ya tienen una oferta triple play salvo la más grande de todas, Cablevisión. Esto no se debe a una limitación técnica ni regulatoria, sino política. Sus redes pueden hacerlo y tienen licencia para dar telefonía. Lo que no se les ha otorgado es la numeración necesaria. Y para cuando lo hagan, el negocio de la telefonía fija será (ya lo es) poco interesante para un entrante. En otras palabras, Argentina llegó tarde y mal a la ola del triple play.
Fuente: Carrier y Asoc.

Cablevisión sale a ofrecer telefonía a los hogares

Comenzó a brindar este servicio a algunos de sus clientes. En una primera instancia, dará números a un grupo de prueba, a modo de beneficio. Luego irá reforzando gradualmente la promoción para avanzar de modo más agresivo en su comercialización traes el cambio de Gobierno
Por: Patricio Eleisegui
A poco más de tres meses de aprobada la ley "Argentina Digital" que regula las telecomunicaciones -y pese a que el marco todavía no fue reglamentado- Grupo Clarín, a través de Cablevisión, ya comenzó a poner en marcha una nueva estrategia orientada a aumentar sus posibilidades de negocio.

Archivos encontrados: Cablevisión no podrá dar telefonía

Así, y haciendo uso de las ventajas que le ofrece su licencia, la compañía ya comenzó a sondear potenciales clientes para la venta a gran escala de su servicio de telefonía a través de Internet.

La prestación (que Clarín intentara ofrecer en tiempos de buena sintonía con el Gobierno) ya se brinda de forma acotada a algunos de los usuarios de Cablevisión-Fibertel.

Incluso, fuentes cercanas a la empresa aseguraron a iProfesional que comenzará a promocionarse con mayor agresividad con el correr de los meses.

“Se va a publicitar con fuerte énfasis durante el segundo semestre, aunque la idea es que se lance como un servicio más a partir del 2016. Los equipos para dar telefonía ya están, el inconveniente radica en la reticencia del Gobierno de no liberar más números para poder llegar a un mayor volumen de clientes”, precisó.

Según pudo saber iProfesional, este servicio de telefonía por Internet irá escalando en etapas.
La primera ya comenzó y se está ofreciendo a aquellos usuarios de Cablevisión-Fibertel que residen en zonas para las cuales Clarín dispone de números a otorgar.

Basta comunicarse con el área de ventas para saber si el interesado se encuentra en un área compatible con el servicio.

“Lo que se hace primeramente es chequear la cobertura. La oferta se irá expandiendo con el correr de los meses, si bien por ahora es acotada. Algunos números están disponibles desde la primera habilitación para Fibertel. Ahora se espera que se flexibilice la cantidad de opciones para los clientes”, explicó otro ejecutivo cercano a la compañía que, por la sensibilidad del tema, prefirió no ser mencionado.

Así las cosas, de avanzar con un lanzamiento a gran escala, Grupo Clarín habrá cumplido con su postergado sueño de desembarcar en el ultra mencionado negocio del Triple Play. Esto es, la provisión de servicios de televisión, Internet y telefonía a través de un solo cable.

Por supuesto, en su arranque la propuesta de Cablevisión corre en desventaja con respecto a las de compañías como Telecentro, que desde hace años ostenta una suerte de monopolio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en donde comercializa el servicio mediante una red única atada a una sola tarifa.

En el interior, empresas como Supercanal –controlada por el binomio Daniel Vila-José Luis Manzano– ofrecen la alternativa combinada desde hace más de siete años, en Rosario este servicio también lo ofrece CableHogar.

Por ende, poseen una ventaja comercial importante por sobre la opción que impulsará Clarín a todo vapor, especialmente en varias provincias del país.

En paralelo, las "cenicientas" del mercado de las telecomunicaciones, como son las cooperativas del interior de la Argentina, comercializan también desde hace años paquetes de Triple Play en jurisdicciones como Córdoba, La Rioja o Neuquén, entre otras.

En tanto, Vila-Manzano también promueve la alternativa en Santa Fe, Catamarca, Santiago del Estero y buena parte de la Patagonia.

El hecho de arrancar desde atrás motivaría a Clarín a ofrecer telefonía incorporada a las tarifas que ya se cobran por cable + Internet como parte de su estrategia para ganar terreno, señalaron a iProfesional desde el área de comercialización de servicios de Cablevisión.

Se brindará prácticamente gratis con la contratación o el uso de las prestaciones restantes. Es decir, en combo.
"Se están realizando trámites para obtener más números y así ofrecer telefonía mediante una oferta compacta. Hasta hay una campaña en gestación. La empresa tiene todo listo para empezar en breve”, aseguró una fuente.

Traba política
Analistas como Enrique Carrier, de la consultora Carrier & Asociados, destacan que la irrupción tardía del Grupo Clarín en el negocio del triple play “tiene más que ver con una cuestión política que con la imposibilidad de brindar el servicio”.

“Cablevisión tuvo la posibilidad de dar telefonía incluso antes de la fusión con Multicanal. Desde entonces tiene la licencia y, por supuesto, la tecnología. El inconveniente siempre estuvo por el lado de la falta de numeración”, sostuvo a iProfesional.

“En su momento lograron hacerse de hasta 10.000 números que les fueron ofrecidos a algunos clientes. El servicio comenzó funcionando para uso interno. Tras la pelea con el Gobierno, automáticamente se cortó la entrega de esos números. Ahora la situación del mercado y la legal es muy diferente para poder lanzar el servicio”, agregó.

Según Carrier, “hoy la telefonía ya no es un negocio en sí mismo. El atractivo viene por el lado de ofrecer el servicio a modo de paquete. En todo caso, es la posibilidad de que funcione como cuña o puerta de entrada a los hogares para desplazar a Telefónica o a Telecom y quedarse directamente con toda la prestación”.

En julio de 2009, y a través de la Secretaría de Comunicaciones (SeCom) que hoy le impide acceder a más numeración, el kirchnerismo autorizó al Grupo Clarín a incluir a la telefonía entre sus ofertas comerciales.

Fue a través de la resolución 146, publicada en el Boletín Oficial, que Cristina Kirchner entregó al multimedio la numeración -geográfica y no geográfica- para brindar telefonía local.

En ese momento, la SeCom otorgó a Fibertel, propiedad de la operadora Cablevisión, 30.000 números para el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA); 5.000 para Rosario, Santa Fe, La Plata y Córdoba; y 1.000 para Bahía Blanca, Campana, Escobar, Mercedes (Buenos Aires), Zárate, Luján y Paraná.

La norma también le adjudicó al Grupo Clarín 100 números para los servicios 0610, 0611 y 0612; 10.000 para cobro revertido automático (0800) y la misma cantidad para cobro compartido (0810).
Pese a ese aval, la oposición de las telefónicas a dar la interconexión rápidamente comenzó a complicar los planes del multimedio.

Telecom y Telefónica puntualizaron en sendas presentaciones que Fibertel no era una sociedad y, como tal, no podía tener licencia ni numeración.

Bajo ese argumento, negaron a la compañía la interconexión que ésta les solicitaba para prestar telefonía en toda la Argentina.

En cuestión de semanas, siempre en el mismo mes de 2009, la SeCom -que en ese momento encabezaba Lisandro Salas- pasó de liberar números a cuestionar la naturaleza accionaria de Fibertel.

El paso siguiente consistió en revocar el permiso de numeración lo cual, en definitiva, culminó por congelar cualquier pretensión de Clarín.

Los números, una traba
Martín Becerra, reconocido catedrático especialista en medios, sostuvo a iProfesional que “hasta tanto no se liberen números desde la SeCom, Cablevisión seguirá estando limitada para promover la telefonía”.

En la compañía, según pudo averiguar este medio, hay confianza en que el Triple Play se volverá una realidad con el cambio de Gobierno.

“Otro inconveniente está en el acuerdo que la operadora deberá cerrar con las telefónicas, que son las actuales dueñas de las redes troncales, a fin de permitirle la interconexión. Hoy Telecom y Telefónica le cobran una suerte de peaje a Telecentro para darle la comunicación a otros teléfonos”, dijo.

“La aprobación de la ley Argentina Digital establece una regulación para ese ámbito. Hay que ver cuando se reglamente cómo se materializa esa regulación y qué se establece para los que poseen la infraestructura”, completó.

El marco que se promulgó en diciembre incluye disposiciones que, precisamente, comprenden la interconexión de redes entre mayoristas y las condiciones en las que debe llevarse a cabo este vínculo.

"El Estado tendrá las herramientas para fijar cuánto le podrá cobrar un operador fijo a Cablevisión para que esta compañía avance con sus planes en telefonía”, concluyó el experto.

Aseguran que el intendente de La Plata prohibirá la llegada de Telecentro

El portal Infoplatense publicó: La decisión ya fue tomada, el intendente Pablo Bruera se enfrentará a una nueva elección y quiere un año tranquilo con los dos grandes grupos mediáticos que más se consumen en la Ciudad, y a través de un pacto con el diario El Día y Clarín, impedirá el desembarco de la empresa Telecentro, que ofrece el servicio Triple Play (TV Digital, internet y teléfono) a bajo costo

En las últimas horas, personal de la subsecretaría de Control Urbano que conduce Gustavo Luzardo empezó la embestida contra la empresa Telecentro que se ha convertido en el mayor temor del grupo Clarín los últimos años, ya que brinda un servicio superior al de Cablevisión, al ofrecer un combo de televisión digital, internet y teléfono, con un valor un 50% menor al del monopolio de Ernestina Herrera de Noble.
Esta medida, adoptada con un claro trasfondo político detrás, fue acordada por el intendente Pablo Bruera con los gerentes del Grupo Clarín y el dueño del diario El Día, Raúl Kraiselburd, quienes venían reclamando un freno a la avanzada que la empresa de Alberto Pierri viene realizando en la zona norte y oeste de la ciudad a través de la colocación de postes para efectuar el tendido de cables que le permitan brindar el servicio en la ciudad.
“Camiones de la empresa de comunicaciones que se encontraba realizando el plantado de postes para el tendido de cable sin autorización, fueron secuestrados y se encuentran en el depósito de 20 y 50”, anunció Luzardo a través de un comunicado en el que informaba de supuestas denuncias vecinales por la colocación de postes en la avenida 132 desde 38 hasta 42.
Justificando la medida, Luzardo dijo que “la empresa planta sus postes tan rápidamente que no dan tiempo a verificar si es un trabajo autorizado” y aseguró que los frentistas se quejan por “lo que consideran invadido el frente de su propiedad, generando el exceso de postes en las veredas y conglomerado de cables con la consecuente contaminación visual”.
Pero esta medida adoptada por el organismo municipal claramente no responde a una decisión individual de Luzardo, sino que viene a colación del pacto político y económico que trazó el intendente Bruera con el Grupo Clarín y El Día, los cuales desde hacía varias semanas venían reclamando el accionar del municipio frente a la avanzada de la firma Telecentro.
Fue así como el diario de la familia Kraiselburd denunció de manera sistemática una “ocupación compulsiva de las veredas” por la radicación de los postes, ya que en la actualidad mantiene un acuerdo con el grupo Clarín, a raíz del cual le cedieron la señal de TV “Imagen Platense” para su explotación.
“Este acuerdo implica que el diario va a presionar para impida la llegada a la ciudad de Telecentro”, explicaron a este medio fuentes de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, quienes venían gestionando la llegada de la firma a la Ciudad con el objetivo de ampliar la oferta del servicio de TV e internet, hoy concentrado en manos de la empresa Cablevisión del Grupo Clarín.
Vale recordar que la firma del empresario Alberto Pierri, había logrado el visto bueno del vicegobernador provincial y ex titular del AFSCA, Gabriel Mariotto, para poder explayarse por los municipios bonaerenses, haciendo principal hincapié en su arribo a nuestra ciudad.
El acuerdo, en que Bruera también participó, estableció que Pierri podría comenzar a operar en la zona oeste de La Plata argumentando que era un lugar en donde Cablevisión llegaba con muchos inconvenientes.
Aunque por entonces muchos sostenían que no sería rentable operar en ese sector de la periferia, otros replicaban que una vez formalizado el ingreso de Telecentro, no tardaría en extenderse a otros barrios de la Ciudad, y eso precisamente está empezando a ocurrir en zona norte, con la radicación de postes en City Bell y Tolosa.
En total, Telecentro suma 43 extensiones de licencia que la habilitan a prestar servicio en 37 partidos del Gran Buenos Aires y la Capital Federal, pero por las presiones del Grupo Clarín no logra avanzar en otros distritos bonaerenses, como es el caso de nuestra ciudad, donde Kraiselburd logró que Bruera se subordinara ante las presiones y bloqueara al menos hasta el fin de su mandato, la llegada del “Triple Play” a la Ciudad.
Fuente: infoplatense.com.ar

Cuando el periodismo se enrosca con el poder siempre termina contaminado

Por: Gonzalo Peltzer, Director El Territorio
A veces entretenidos y otras bastante aburridos asistimos, capítulo por capítulo, a la pelea entre el Gobierno nacional y el Grupo Clarín. Al intento de ir por todo se opone la defensa denodada del grupo de medios, dispuesto a que no vayan por ellos. A causa de las posiciones terminantes y definitivas de unos y de otros, quien pierde seguro es la verdad, que es la materia esencial del periodismo.
La novedad de estos días ha sido un proyecto de ley llamado Argentina Digital que establece que internet es un servicio público y que permitirá el triple play: internet, teléfono y televisión en un solo cable y provisto por distintas empresas que se sirven del conducto ya instalado por un tercero o por ellos mismos. Hoy la mayoría de los hogares de la Argentina ven televisión y acceden a internet por un cable provisto por una sola empresa que también es propietaria de gran parte de los contenidos que van por ese cable.
No pretendo resolver ahora si eso es un monopolio o una posición dominante en el mercado. Esta claro que el triple play limitará cualquier posible posición dominante, pero también está claro que el proyecto de ley tiene el propósito casi exclusivo de limar el negocio del Grupo Clarín. Lo que no consiguieron con la Ley de Medios lo intentan con Argentina Digital y no les importa que una ley contradiga a la otra, entre otras cosas porque ese es precisamente el mecanismo de las leyes.
Lo que me interesa explicar es que el triple play es tan anacrónico como la Ley de Medios de hace cinco años, que ni mencionaba a internet cuando ya todo el mundo tenía acceso a la red de redes. Hoy internet, telefonía y televisión son la misma realidad: accedemos a ellos a través de pantallas de distintos tamaños en las que redactamos un informe, vemos televisión, oímos la radio, sacamos fotos, filmamos a los nietos, buscamos una receta, pasamos música, leemos las noticias, vemos películas, mandamos mensajes y a veces hablamos por teléfono. El 3G con suficientes antenas se convierte en un wifi como el de nuestra casa o el del bar, pero para toda una ciudad. Todo esto sin hablar del 4G, que hoy existe en Chile o Uruguay y que no tardará en llegar a la Argentina. Muchos de nosotros elegimos hace rato hablar por Viber o Skype con costo cero y sólo nos importa la compañía telefónica porque necesitamos tener un smartphone habilitado que nos permita todas las prestaciones de esa maravillosa pantalla que va a todos lados con nosotros. El que opere esos milagros no será el propietario de ningún cable sino el de las antenas.
El periodismo es otra cosa. Usa esos medios y los que vengan en el futuro como usó los del pasado y tiene todo el derecho de buscar la verdad y de informarla. Y el Gobierno tiene también el derecho de cuestionarla si considera que esa no es la verdad. En las democracias republicanas la información se rebate con información y la opinión con opinión y los ciudadanos son los que le creen o adhieren a una y otra. Pero hoy no está ocurriendo eso.
No está ocurriendo porque hasta un día del primer semestre de 2008 los que hoy se quejan de la persecución del Gobierno almorzaban en la quinta de Olivos casi todas las semanas y conseguían privilegios increíbles, como la ley que les permitió convertirse en el monopolio que ahora quiere impedir el mismo Gobierno que lo permitió. Todo eso lo consiguieron a cambio de apoyar el régimen, primero de Néstor y luego de Cristina Kirchner. En aquellos años y gracias a su amistad con el Gobierno, conseguían todas las primicias del poder y lo hacía fregándose en el resto de los medios. Se acercaron tanto al poder que quedaron atrapados en su dialéctica y casi no pudieron escapar cuando las garras del oso lo abrazaron para quedarse con sus despojos. Las mismísimas personas que antes echaban risas en la mesa de los Kirchner son las que ahora intentan zafar a un costo inmenso. El periodismo debe convivir con el poder y no me refiero sólo al poder político. Esa convivencia no es la de los hermanos o parientes y mucho menos la de los compinches de pesca. Es imprescindible mantener la distancia y el respeto que se merecen las personas honorables o los buenos vecinos. Siempre entre el poder y el periodismo tiene que haber esa convivencia tensionada que ayuda a los dos: fortalece al poder porque le señala los abusos y fortalece al periodismo porque lo hace creíble. En cambio, cuando el periodismo se enrosca con el poder, siempre terminan contaminados, uno por el cinismo y el otro por el descrédito, que son pésimas señales para la democracia, la república y el periodismo, con triple play o sin triple play.
Fuente: Diario El Territorio

Subasta 4G: los grandes ganadores fueron Manzano-Vila y David Martínez

Por: José Crettaz
Telecom Personal pagó más caro, pero se llevó la mayor tajada durante las nueve horas de "puja" -12 horas en total, incluido un ensayo- que llevó la subasta de espectro para telefonía 3G y 4G realizada anteayer en Tecnópolis. AMX Claro salió hecho y Telefónica Movistar fue la que menos frecuencias logró. Arlink, propiedad del grupo Manzano-Vila, pasó a retirar lo suyo (el bloque de espectro asignado para el "nuevo entrante" en el negocio móvil), pagó el precio base y se retiró.
Según anunciaron el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, y el subinterventor en la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), Nicolás Karavaski, el gobierno nacional recaudó US$ 2233 millones. No quedó claro en qué moneda se pagará: el pliego de condiciones exige dólares, pero las circulares aclaratorias (que tienen valor de pliego) permiten pagar en bonos nominados en pesos. Los funcionarios anunciaron además que recién en 15 días se difundirá el resultado de la subasta, que con el sistema de "rondas" se realizó a puertas cerradas en el parque temático del gobierno nacional.
Según pudo saber La Nación, Personal se quedó con el lote 8, de 50 MHz (20 MHz en la banda del 700 y 30 MHz en la de 1700) y pagó US$ 602 millones; Claro, con el lote 9, también de 50 MHz (30 MHz en 700 y 20 en 1700), y pagó US$ 590 millones, y Telefónica, a cambio de US$ 427 millones con el lote 10, que en total tiene 40 MHz, es decir, diez menos que sus dos competidores. Por el tipo de frecuencias, la ubicación y la limpieza de la banda, Personal pagó más, pero se quedó con el mejor lote. La estrategia de Telefónica parece ser otra: gastará menos, tiene una mejor red -en los últimos meses consiguió nuevos sitios donde instalar radiobases- y consideraría suficiente el espectro que tendrá, entre el que ya opera y el que subastó.
Personal es la operadora móvil del grupo Telecom, cuyo accionista principal es Telecom Italia, acompañado en minoría por el grupo Werthein y el recién ingresado Fintech, del mexicano David Martínez (también accionista de Cablevisión y uno de los mayores tenedores de bonos de la deuda argentina reestructurada).
Telecom Italia (cuya facturación en 2013 fue de 23.407 millones de euros) tiene en venta su participación en la operadora argentina desde hace meses. Una oferta de compra por parte de Fintech por unos US$ 900 millones fracasó debido a la demora de las autoridades argentinas en aprobar la transacción. Como eso ponía en riesgo la participación de Personal en la licitación de 4G (clave para el futuro de la empresa), Fintech retiró la propuesta y decidió comprar sólo el 17% y hacer una oferta por el resto de las acciones que le permitirán controlar la compañía y que quedará supeditada a la aprobación oficial.
Personal también obtuvo un lote de espectro 3G clave para mejorar fácil y rápidamente las comunicaciones actuales, de muy mala calidad en todas las operadoras. Además, si el Congreso aprueba el proyecto de ley de telecomunicaciones, Fintech no tendrá que vender su participación en Cablevisión. El proyecto oficial "exceptúa" a las telefónicas de cumplir con el artículo de la ley de medios que les prohibía dar TV por cable. Esa cuasi derogación también beneficia a Telefónica de España, que ahora podrá retener Telefé y no afectará la adecuación de Radio Continental (donde también tiene intereses a través de su participada Grupo Prisa) y a Claro, del poderoso Carlos Slim, también mexicano.
Martínez, que se caracteriza por comprar empresas endeudadas o en problemas, recomponerlas y venderlas, tuvo siempre una excelente relación con los Kirchner, a quienes asesoró en varios tramos de la negociación con los fondos buitre. En sus balances, Personal declara una buena cantidad de bonos nominados en pesos con vencimiento en 2015, los mismos que el gobierno aceptaría para pagar el espectro. Una fuente que participó de la subasta afirma que el espectro se pagará 50% en pesos y 50% en dólares.
Otro hombre cercano a los Kirchner es José Luis Manzano, ex diputado y ministro menemista. Ese vínculo se gestó a principios de los años 90 y nunca se cortó. Manzano, reconvertido en empresario y asociado a su comprovinciano Daniel Vila, mantuvo viva la relación incluso cuando su socio acusó al Gobierno de "parecer una dictadura", cuando impulsó la ley de medios en 2009. Ahora, con Arlink, proveedora de Internet de su cableoperadora Supercanal (cuyo concurso de acreedores aún no se cerró), Manzano-Vila accede al negocio de la movilidad. Y todos los ojos vuelven sobre Nextel, que podría proveerles de los sitios necesarios para desplegar la red 4G.
La subasta fue celebrada como un éxito por Berner y Karavaski, dos referentes de la agrupación La Cámpora. De hecho, el interventor de la CNC desde 2004, Ceferino Namuncurá, no apareció en el acto ni en la propaganda difundida por la Secretaría de Comunicaciones.

2233 millones de dólares Es el monto recaudado por el Gobierno en la subasta de espectro para 3G y 4G

Fuente: Diario La Nación

El mapa de intereses cruzados detrás del proyecto de Ley de Telecomunicaciones

Telefónica, empresa que está ‘vinculada’ con las investigaciones por Ciccone y la efedrina, retiene Telefe. Martínez, en Telecom, con vía libre para el cable. Clarín tendría más competencia

Por: Gabriel Ziblat
“La velocidad con la que presentaron el proyecto obedece a la pelea política”. La conclusión no es de un opositor, sino de un funcionario oficialista que reconoce que el proyecto de ley Argentina Digital, con el que el Gobierno promete liberalizar el mercado de las telecomunicaciones, se inscribe como un capítulo más de la batalla abierta con el Grupo Clarín, al tiempo que afecta intereses cruzados de otros importantes grupos económicos.
La convergencia digital es una medida necesaria y defendida desde todos los sectores políticos. El problema es cómo implementarla sin generar fuertes desequilibrios. Telefónica aparece como la principal beneficiada. Tenía dificultades para seguir conservando Telefe, algo que la Afsca seguía esquivando tratar pero que tenía que afrontar luego de rechazar la adecuación voluntaria de Clarín. El proyecto no sólo le permitiría a Telefónica seguir controlando el canal de mayor rating sino que también podría empezar a prestar un servicio de TV paga (en otros países de la región tiene TV satelital). En el último año, la empresa, de capitales españoles, quedó envuelta en importantes casos judiciales: por un lado, Movistar fue allanada por estar sospechada de adulterar registros de llamados de funcionarios involucrados en la causa que investiga el tráfico de efedrina, y por el otro, un ex gerente de Telefe, Gabriel Bianco, atestiguó en la causa Ciccone que presentó a los dueños de la empresa con Amado Boudou en un estudio de TV.
Telecom y Claro, las otras dos “telcos” principales, también quedan bien perfiladas con el proyecto, ya que podrán incorporar la televisión a sus servicios de telefonía e internet que ya prestan. El caso de la primera es especial. El empresario mexicano David Martínez compró el 22% de las acciones de Telecom Argentina y sólo necesita el visto bueno del Gobierno para quedarse con el control de la empresa. Además, tiene el 40% de Cablevisión, algo que según la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no podría mantener, pero con el nuevo proyecto no habría incompatibilidad. Además, sus fondos de inversión tienen en su cartera deuda argentina y en su momento Martínez declaró que aceptaría el cambio de sede de pago, lo que nunca ocurrió.
Desde el Grupo Clarín ya salieron a decir que el proyecto busca “destruir” Cablevisión/Fibertel, la principal fuente de ingresos del multimedio. La empresa es dominante en el terreno audiovisual pero queda relegada a un lejano cuarto lugar en el plano de las telecomunicaciones. Durante cinco años logró trabar la aplicación de la Ley de Medios, y se encaminaba a dividirse en seis, bajo su criterio, pero el Gobierno decidió aplicarle la adecuación de oficio. El viernes, la Justicia frenó parcialmente esa medida pero rechazó otro pedido del grupo para frenar la licitación de frecuencias 4G. El problema es que Cablevisión quería entrar al negocio de la telefonía móvil pero no jugó en la licitación aduciendo que el pliego favorecía a los actores existentes y no a los entrantes, y que había que pagar en dólares.

Vila-Manzano, al acecho en el 4G
Cablevisión quería entrar al negocio de la telefonía móvil, pero no jugó en la licitación de 4G que se subastó el viernes aduciendo que el pliego favorecía a los actores existentes y no a los entrantes, y que había que pagar en dólares. El lugar para nuevos actores lo ocupó Arlink, de Daniel Vila y José Luis Manzano, que en la pata audiovisual presentaron un plan para dividir sus empresas (y así adecuarse a la ley), pero ahora se presentan en conjunto (Afsca rechazó el plan de Clarín diciendo que había vínculo societario entre miembros de las unidades 1 y 2). Los resultados y la forma de pago de la subasta del 4G recién se conocerán en quince días. Hubo ofertas por US$ 2.233 millones.
Fuente: Diario Perfil

Argentina Digital: Una ley para las telcos

Por: Gustavo Fontanals*
Al igual que Carlos Menem y Néstor Kirchner, Cristina Fernández elige el final de su mandato para intervenir en la configuración del mercado de las telecomunicaciones y radiodifusión. El proyecto Argentina Digital replica la principal falencia del marco normativo vigente: la capacidad discrecional del Ejecutivo sobre la toma de decisiones sectoriales, excluyendo a otros canales institucionales.

El Gobierno volvió a sorprender esta semana a propios y extraños con el anuncio del envío al Congreso de un Proyecto para una nueva Ley Nacional de Telecomunicaciones, al que denominó Argentina Digital. El mismo busca englobar bajo una misma normativa al vasto campo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), alentando la confluencia de redes de telecomunicaciones fijas, móviles y satelitales para la prestación de servicios de transmisión de voz, audio, video y datos en general. Y que, a diferencia de lo que sucede actualmente, permite a las empresas de telecomunicaciones ingresar en radiodifusión, especialmente a TV paga, habilitando así la denominada convergencia tecnológica (el Triple o Cuadruple Play, la provisión de todos los servicios por parte de un mismo proveedor). El texto modifica en ese punto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), aunque se cuida en remarcar que no contempla la regulación de radiodifusión y generación de contenidos, que seguirán bajo la órbita de la LCSA.
Nos proponemos aquí un análisis político institucional, que pase revista a las motivaciones potenciales y a los principales ejes regulatorios, para terminar enfocando en el esquema de toma de decisiones que emerge del proyecto. Por una cuestión de espacio, no nos dedicaremos a su desglose, para lo cual recomendamos los análisis de Juan Gnius, Fernando Krakowiak y Martín Becerra.

Los tiempos de la política
No deja de ser llamativo el momento elegido por el Gobierno para anunciar el proyecto. Por un lado, es entendible que se decida a avanzar antes del fin de su mandato en un campo de alta trascendencia y que presenta notorias falencias. Como referimos al analizar la convocatoria a la licitación de espectro, cuando se mira retrospectivamente las políticas de telecomunicaciones en la región se observa una fuerte coincidencia: los gobiernos salientes buscan cerrar las asignaciones u otras decisiones sectoriales de importancia que tienen al alcance de la mano. Esto les permite recaudar fondos fiscales y/o poner sobre la mesa su capacidad para intervenir en la conformación del mercado, condicionando la actuación de otros actores involucrados. En el caso argentino, eso se registró al final del Gobierno de Menem con su intención de reglamentar la liberalización de las telecomunicaciones y la convocatoria a la última licitación de espectro, o incluso estirándonos un poco al final del mandato de Néstor Kirchner con la sanción de la LSCA.
En este caso en particular no se trata específicamente de fondos fiscales (los que sí vienen con la subasta de espectro también en marcha), pero sí permite al Gobierno poner en evidencia su capacidad para avanzar sobre la configuración del sector, condicionando al resto de los actores involucrados. Lo que, como marcamos, no sólo impacta sobre telecomunicaciones, sino también sobre radiodifusión. Un poder considerable para un Gobierno amenazado por el "síndrome del pato rengo".
Por otro lado, no puede pasar desapercibido que el anuncio se haya hecho tan sólo dos días antes de que se concrete la mayor subasta de espectro de la historia, dado que implica un cambio radical del marco normativo al que se verán sujetas las empresas adjudicatarias. El Gobierno no dio ningún indicio de que evaluara avanzar con una nueva ley, ni abrió ninguna instancia de intercambio previo con los actores interesados, al menos públicamente (a diferencia del extenso proceso de foros federales de la LSCA). Esto ha dado lugar a dos interpretaciones distintas. Por un lado, que el proyecto y la habilitación del ingreso a TV paga es una herramienta de cambio de último momento con las telcos, que se mostraban renuentes a pagar en dólares por la subasta de espectro. O por el contrario, que las telcos ven con desconfianza el sorpresivo anuncio de cambio normativo a días de la subasta, por el que se sienten perjudicadas, planteando dudas sobre su participación. Poco podremos clarificar aquí sobre las intenciones mentadas de los decisores, pero no se puede negar que se trata de una coincidencia de tiempos sorprendente. Por otro lado, el proyecto parece redactado con alto nivel de generalidad, derivando gran parte de sus aspectos centrales a la reglamentación posterior, lo que lleva a preguntarse si no pasó muy rápidamente de los cajones a la mesa de negociaciones. Eso hace probable que reciba modificaciones y/o especificaciones de importancia durante el tratamiento legislativo.

Los ejes de la política
El Gobierno justificó el proyecto como respuesta a dos falencias notorias, que eran resaltadas por diversos sectores y pesaban sobre sus hombros: la existencia de un marco sectorial vetusto y fragmentado, que no da cuenta de los cambios registrados ni logra afrontar las evidentes falencias en la prestación de los servicios; y la exclusión de la convergencia tecnológica en la Ley Audiovisual. En este sentido, se propone reemplazar la totalidad de las normas que regulan el sector, que tienen como base el Decreto-Ley de Telecomunicaciones sancionado en 1972 por el Gobierno de Lanusse, complementado por una sucesión de regulaciones ad hoc que se fueron acumulando por más de 40 años (entre las que se destacan los contratos de privatización de ENTel y el Decreto 764/00 de Liberalización de las Telecomunicaciones).
Y apunta a incorporar buena parte de las recomendaciones y/o prácticas en boga para el sector a nivel mundial y regional, entre las que se destaca la consideración de las TIC como un derecho humano a ser solventado como servicio público por parte de operadores en competencia (privados, cooperativos y/o públicos), bajo la tutela de un Estado planificador que se sustenta en un fuerte poder regulador e interventor. Así, el Estado tiene la capacidad para otorgar o quitar las licencias de prestación de servicios o de uso del espectro radioeléctrico, direccionar recursos de inversión en redes por medio del programa de Servicio Universal y de la Coordinación con los gobiernos provinciales o municipales, fijar las tarifas mayoristas y finales, determinar si algún operador es preponderante e imponerle una serie de medidas asimétricas para contrarrestar su dominio, entre otras. Debemos destacar, sin embargo, que muchas de estas capacidades se encuentran enunciadas pero sin que se defina sus formas concretas de aplicación, las que se derivan a su reglamentación posterior por parte de la Autoridad de Aplicación.
A su vez, el proyecto reincorpora otra serie de medidas regulatorias que ya están presentes en la normativa por el Decreto 764/00, como las obligaciones de interconexión entre prestadores y de desagregación del bucle final o del abonado a precios regulados. Medidas que, remarquemos, han tenido una aplicación precaria o nula por más de una década, bajo la propia decisión del Gobierno. Y que, aunque positivas, presentan ahora un impacto menor frente a un mercado maduro con grandes operadores consolidados, y en el que el cambio tecnológico quitó atractivo a las redes locales de pares de cobre de las grandes operadoras.

La convergencia tecnológica
A esto se suma uno de los puntos centrales que introduce el proyecto: la convergencia. Como analizamos en esta columna, el desconocimiento de la convergencia en la LSCA conllevó un fuerte desincentivo para el desarrollo de las redes cableadas, provocando que las principales empresas del sector (las grandes telefónicas pero también las principales cableras) pusieran un freno a su actualización tecnológica. Eso nos llevaba concluir la conveniencia de una normativa que distinguiera entre distribución y generación de contenidos, regulando en forma diferenciada cada esfera. Algo que, de forma un poco más laxa, propone este proyecto: no impide a las propietarias de las redes participar en la generación de contenidos, pero les exige la conformación de unidades de negocio separadas, prohibiendo la aplicación de ventas atadas, subsidios cruzados y otras "prácticas anticompetitivas".
Hay dos características fundamentales que se deben tener presente respecto a las redes de telecomunicaciones en la actualidad. Por un lado, que tras la digitalización la distinción histórica entre redes de telecomunicaciones y de TV por cable perdió sentido: con mayor o menor capacidad, ambas transportan datos, que pueden corresponder a diversos servicios. Eso determina que la convergencia sea inexorable, y hace obtuso pretender separar por ley aquello que la tecnología ha puesto junto. Pero hay otro dato crucial: la importancia de las economías de escala (a mayor cantidad de usuarios servidos, menores costos; a mayor tamaño de empresa, mayor capacidad de afrontar inversiones de envergadura con altos costos hundidos). De este modo, tanto por tamaño como por capacidad de diferenciación, existe una fuerte tendencia a la consolidación y concentración del mercado.
Frente a ello, la mejor forma de frenarla no es la imposición de límites normativos a los servicios y la cobertura de las redes, sino propiciar lo más posible la competencia de infraestructuras. Y es aquí que el Estado retoma una función esencial: se requiere una regulación pública que limite el abuso de posiciones dominantes, con foco en medidas de asistencia asimétrica para impulsar la competencia o, en su defecto, un control efectivo sobre el prestador preponderante o monopólico.
Es aquí donde se justifican muchas de las herramientas regulatorias introducidas en el proyecto, como la desagregación de redes, la prohibición de subsidios cruzados y la capacidad de imponer regulaciones asimétricas a los actores dominantes. A su vez, el proyecto mantiene la vigencia de las limitaciones de cobertura introducidas por la LSCA (el máximo de 24 licencias y el tope de 35 % del mercado nacional). Eso refuerza la posibilidad de que las telefónicas opten por concentrar su incursión en TV paga en las localidades más rentables, los principales centros urbanos, en los que obtendrían mayor valorización de las necesarias inversiones de red (hay que remarcar que para brindar IPTV se requiere de una conexión de banda ancha robusta, que permita transmitir señales de video a más de un televisor junto con el uso cotidiano que se haga de Internet). Por otro lado, tampoco hay que descartar que las grandes telefónicas se decidan por un sistema de TV satelital DTH al estilo de DirecTV, algo por lo que ya han optado en otros países de la región y que les permitiría contar con una única licencia con cobertura en todo el país.
Por otro lado, el proyecto no incorpora la principal demanda de los cableoperadores respecto a la convergencia, que ya fue aplicada en varios países: un período de transición que les permita tanto adaptar sus redes a servicios digitales como acceder a una cuota del mercado de telecomunicaciones antes de la apertura a la competencia.

El problema político-intitucional
Hay una salvedad crucial al proyecto con la que queremos concluir el análisis. Se trata de la forma en la que se replica la principal falencia del marco normativo vigente: la capacidad discrecional del Ejecutivo sobre la toma de decisiones sectoriales.
El Proyecto deriva a la Autoridad de Aplicación que designe el Ejecutivo la capacidad para tomar todas y cada una de las potestades de regulación que se le asignan al Estado. No se le pone nombre, pero se puede inferir que se trataría de una Secretaría o incluso un Ministerio de Comunicaciones. A la vez, se le adjudica a esa autoridad la capacidad para definir la reglamentación concreta de la mayoría de sus capacidades de regulación, y para modificarla. De este modo, a diferencia de lo que sucede en otros casos citados como referencia en el proyecto, no se prevé la conformación de un órgano de aplicación y regulación autónomo (como el Instituto Federal de Telecomunicaciones de México), de un organismo colegiado que contemple la integración de otros actores (como por ejemplo fue concebido el AFSCA con directores nombrados por la oposición) ni ningún otro canal institucional que contemple el acceso de otros organismos públicos (como el Congreso) o sociales (colegios profesionales, representantes académicos, asociaciones de usuarios o consumidores, etc) ni de los operadores del servicio. Tampoco se prevé, como en el caso de Colombia, la realización periódica de audiencias o consultas públicas, ni la presentación de agendas de trabajo.
De este modo, se vuelve a otorgar la plena capacidad de la toma de decisiones sobre las políticas sectoriales a la cúpula del Gobierno, y no sólo del presente sino también de los que le sigan. Y el problema principal no es la dependencia de lo correctas o erradas que sean las intenciones del Gobierno de turno. La experiencia de las décadas pasadas ha mostrado que esa concentración de la capacidad de decisión no significa la exclusión del resto de los actores interesados (entre los que se destacan las grandes operadoras). Sino que más bien resalta la conformación de un esquema de negociaciones informales con centro en la alta jerarquía política del sector: el Ministro de Planificación, el Secretario de Comunicaciones y sus intercambios con otros altos funcionarios del gobierno y con otros actores públicos o privados que coyunturalmente logran acceso. Un esquema del que por norma no emerge información pública, quitando toda posibilidad de transparencia y accountability. Y que aumenta considerablemente las oportunidades de captura del decisor y/o del regulador, que muchas veces quedan sujetos a intereses particulares de corto plazo (sean políticos, sean de negocios) que se imponen sobre objetivos sectoriales o sociales de más largo plazo. Es sobre ese punto que debemos llamar la atención, y sobre el que sería interesante que los legisladores pongan una señal de alerta.
*Politólogo. Investigador UBA. Especialista en telecomunicaciones
Fuente: Bastión Digital

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y su impacto sobre la infraestructura de telecomunicaciones

Por: Gustavo Fontanals* Twitter: @Phillynewrocker
Hay un aspecto derivado de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) del que poco que se habla: su impacto sobre la infraestructura de telecomunicaciones del país. El argumento de esta columna es que la forma en que finalmente se sancionó la ley, que por un lado desconoce el principio de convergencia tecnológica y por otro limita la extensión de la cobertura, conlleva unfuerte desincentivo para el desarrollo de las redes fijas, tanto de telecomunicaciones como de televisión por cable.
Esto ha provocado que las principales empresas del sector, las grandes telefónicas, pero también los principales cableoperadores, hayan puesto un freno a la actualización tecnológica de sus redes cableadas. Algo de lo que ya se evidencian las consecuencias, como se observa en las recientes noticias sobre la mala perfomance comparativa de la velocidad de banda ancha, que registra no sólo una muy baja velocidad promedio, sino también la escasez de planes de alta velocidad.

Las Telcos y el Triple Play: una convergencia que no fue
El anteproyecto de LSCA presentado por el Poder Ejecutivo para el tratamiento en el Congreso sí daba cuenta de la convergencia tecnológica, que era entendida básicamente como la posibilidad de las telefónicas de ofrecer “servicios de radiodifusión por suscripción prestados por enlace físico”, habilitando de ese modo el denominado Triple Play. Los defensores del proyecto entendían que no se podía frenar un avance tecnológico irreversible, reconociendo que las actuales redes digitales transportan datos que no distinguen entre contenidos de “telecom” o “audiovisuales”, y que en todo caso correspondía al Estado regular sus consecuencias para que no tuvieran un efecto perjudicial sobre los otros actores del mercado.
De este modo, el artículo 25 del proyecto original incluía una serie de exigencias a las telefónicas para autorizar su ingreso en TV paga, orientadas a limitar su capacidad de dominio. Entre ellas se destacaban: a) la existencia de competencia efectiva en la localidad respectiva (es decir, la presencia de otro prestador y un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia); b) la exigencia de libre interconexión de sus redes y la desagregación de su infraestructura (facilitando el acceso a postes, mástiles y ductos); c) la vigencia de la portabilidad telefónica (fija y móvil); y d) la obligación de conformar unidades de negocio separadas con el fin de evitar el uso de subsidios cruzados entre servicios.
A lo que se sumaban las limitaciones generales para todos los titulares de licencias de servicios de radiodifusión: a). un límite máximo de 24 licencias, b). una cuota máxima del 35 % del total nacional de habitantes o de abonados al servicio, y c). un máximo de 30 % a la participación de capital extranjero, sin que ello implique el control de la sociedad. Esta última instancia volvía a dejar afuera a las telefónicas incumbentes, ya que ni Telefónica ni Telecom cumplían –ni cumplen– con la limitación al capital extranjero. Pero también cabía en general a las telcos de menor tamaño (con la excepción de pymes o cooperativas locales), como Telmex, iPlan o Global Crossing-Level3.
Quedaba abierta, por cierto, la posibilidad de que esas empresas avanzaran en la conformación de unidades de negocio separadas para el servicio que se adecuaran a esa exigencia, incluyendo a socios locales más o menos vinculados. No obstante, hubieran seguido vigentes los límites a la extensión de cobertura, lo que en todo caso parecía concentrar la incursión de las telcos en TV paga a las localidades más rentables, los principales centros urbanos, hasta alcanzar las 24 licencias o el 35 % del mercado. Localidades en las que entrarían a competir con los cableoperadores más consolidados.
Finalmente, la posibilidad de participación de las telefónicas (así como de toda empresa de servicio público, salvo cooperativas) fue totalmente dejada de lado por decisión del Poder Ejecutivo, que la quitó del proyecto con la intención de lograr el apoyo legislativo de sectores de centroizquierda (entre los que se encontraban el Frente Amplio Progresista, el tándem Pino Solanas-Claudio Lozano, Libres del Sur y ex kirchneristas como Miguel Bonasso). Éstos se oponían bajo el argumento de que “se substituiría un monopolio por otro”, dado que se habilitaba a las telcos a hacer uso de su posición dominante en telefonía para expandirse sobre TV paga.
Sostenían que no sólo las telefónicas se habían autoexcluido al momento de la privatización de ENTel en 1990 y de fin del período de exclusividad en 1999 (donde suscribieron contratos que les impiden expresamente participar en radiodifusión), sino principalmente que su ingreso implicaría la desaparición de alrededor de 700 pequeños cableoperadores (pymes o cooperativas) de todo el país. El Gobierno no quiso dejar pasar la oportunidad de sancionar la Ley (se acercaba el recambio legislativo), tomó nota de la objeción y quitó del proyecto toda consideración a la convergencia tecnológica.

El freno a la actualización tecnológica: una banda que no se ensancha
La exclusión de las telefónicas dio por tierra con los incentivos que pudieran tener para actualizar sus redes de modo de comenzar a ofrecer TV por suscripción bajo el modelo IPTV. Recordemos que para prestar el servicio en forma eficiente, se requiere de una conexión de banda ancha robusta, de modo de poder transmitir señales de video a más de un televisor junto con el uso cotidiano que se haga de Internet. Eso implica fuertes inversiones para el desarrollo de fibra óptica (FTTX en sus diversas variantes), o al menos una estructura de centrales y planta externa suficientemente optimizada para respaldar los enlaces ADSL.
En el caso de la fibra, los montos varían entre US$ 700 y US$ 2000 por cliente a alcanzar, dependiendo de la tecnología elegida. Las telefónicas incumbentes habían deslizado la ejecución de esas inversiones mientras se debatía la ley, pero tras la sanción perdieron ese aliento, los proyectos quedaron suspendidos y la actualización de las redes quedó estancada. Lo que a su vez se reflejó en general sobre la provisión de acceso a Internet, dado que Telefónica y Telecom prestan cerca del 60 % del total de accesos del país.
Hay otro impacto de la LSCA sobre las redes cableadas, que viene por el lado de los cableoperadores. Se trata de las limitaciones a la cobertura (el máximo de 24 licencias y el tope de 35 % del mercado), que representan otro freno a la expansión y actualización tecnológica de las redes. Esto se aplica principalmente a la empresa más grande del sector, Cablevisión, que ya veía superados ambos límites al momento de la sanción de la ley. Y que condujo a la retracción de un programa de modernización que la empresa había puesto en marcha en 2009 para aumentar el ancho de banda de sus redes, de modo de ofrecer servicios de Internet de alta velocidad, HDTV y Video On Demand, que finalmente fue limitado a zonas centrales. Y que también impactó en general sobre los servicios de provisión de Internet, habida cuenta que Fibertel concentra cerca del 28 % del total de accesos y es la única competencia de alcance nacional a las telefónicas.
Pero el impacto es más profundo aún, puesto que la caída del incentivo competitivo para la innovación tecnológica de los jugadores principales se extiende al resto de los actores del mercado, que tienden a actuar en consonancia. De esta forma, la dinámica del sector deja de ser la innovación, que se ve reducida a unos pocos prestadores que buscan diferenciarse en lugares y hacia clientes de buena rentabilidad.
Podría sostenerse que el Proyecto Federal de Fibra Óptica puesto en marcha por ArSat en el contexto del Plan Argentina Conectada vendría a solucionar este problema, habilitando una red troncal moderna para la prestación de servicios de última generación. Sin embargo, el proyecto no contempla a los tendidos locales o de última milla, que quedarían a cargo de los prestadores preestablecidos, con las falencias ya remarcadas. Lo que conduce a una última observación: cuando se habla en defensa de los cerca de 700 pequeños operadores regionales que podrían desaparecer, poco se dice que en la mayoría de los casos se trata de operadores únicos, sin competencia. De ese modo, los habitantes de esas zonas se ven limitados a una sola opción, que además por motivos de escala tiende a tener mayores costos, que se reflejan en menores servicios y/o mayores tarifas.

De cara al futuro: una ley que distinga entre transporte y producción de contenidos
Considerada desde el punto de vista del desarrollo de las redes de telecomunicaciones, resultaría más pertinente una normativa que distinguiera entre distribución y generación de contenidos, regulando en forma diferenciada cada esfera, tal como se ha hecho, por ejemplo, en Brasil. Focalizando en el transporte, hay dos características fundamentales a tomar en cuenta. Tras la digitalización, ha perdido sentido la distinción histórica entre redes de telecomunicaciones: originadas en la transmisión de voz por vía telefónica; y de TV por cable, nacidas para conducir video analógico. Con mayor o menor capacidad, ambas transportan datos, que pueden corresponder a diversos servicios: telefonía, Internet, video bajo demanda, radiodifusión, etcétera.
A lo que se suma un dato crucial de todo servicio brindado por redes: la importancia de las economías de escala: a mayor cantidad de usuarios servidos, menores costos; a mayor tamaño de empresa, mayor capacidad de afrontar inversiones de envergadura con altos costos hundidos. De este modo, tanto por tamaño como por capacidad de diferenciación, existe una tendencia inexorable a la consolidación y concentración del mercado.
Frente a ello, la mejor forma de evitarla no es la imposición de límites (legales) a la cobertura de las redes, sino propiciar la competencia de infraestructuras. Tendencia que se viene expandiendo a nivel mundial: con la habilitación del Triple Play, se ha puesto a competir a las telefónicas con las cableras. En este contexto, el Estado toma una función esencial: implementar una regulación pública que limite el abuso de posiciones dominantes, con foco en medidas de asistencia asimétrica para impulsar la competencia o, en su defecto, un control efectivo sobre el prestador preponderante o monopólico.
Como vimos, el artículo 25 del proyecto original incorporaba varias de estas medidas, como exigencia de competencia, desagregación de redes, prohibición de subsidios cruzados. A lo que se podría incorporar la principal demanda de los cableoperadores: un período de transición que les permita tanto adaptar sus redes a servicios digitales como acceder a una cuota del mercado de telefonía antes de la apertura a la competencia. Y sumarle un punto esencial en toda regulación basada en la distinción entre distribución y contenido: la neutralidad de las redes, en el sentido de evitar toda discriminación del operador respecto a los contenidos que transporta.
*Politólogo, Investigador de la Universidad de Buenos Aires, Visiting Scholar en la Universidad de Pennsylvania

Fuente: RedUsers

Los ingresos por triple-play alcanzarán los 144.000 millones de dólares en 2018

China tendrá 115 millones de suscriptores de triple play en 2018 (con sólo 9 millones registrados a finales de 2012) y el 34 % del total mundial
Las empresas de telecomunicaciones y operadores de cable están invirtiendo fuerte en sus redes para poder ofrecer a sus abonados mejores paquetes en triple-play y double-pay. Estos operadores deberán recoger los frutos de esta inversión como los ingresos totales de suscripción (televisión de pago -incluyendo servicios a la carta, banda ancha y telefonía fija) incrementándose en un 65%, pasando de unos 124.000 millones de dólares en 2012 hasta los 205.000 millones en 2018, según revela un informe de Digital TV Research.
Analizando un total de 97 países, Digital TV Research considera que los ingresos de suscripción de triple-play alcanzarán 144.000 millones dólares en 2018, frente a los 80.000 en el total de 2012. Los ingresos derivados del priple-play supondrán 70 % de los ingresos totales por abonado en 2018, frente al 52% en 2012 y al 36% en 2008.
Estados Unidos (60.000 millones en 2012 ) representarán el 42% de los ingresos de triple-play del mundo en 2018, aunque este crecimiento esté por debajo de la cuota del 59 % en 2008.
Simon Murray, analista principal en este estudio ha afirmado que “los ingresos de triple-play superaron los ingresos de televisión en 2009. Los ingresos de televisión independiente comenzarán a acaer desde 2013 con suscriptores desertando a paquetes y operadores de DSL/cable y fibra que ofrecen una ofertan a bajo precio debido a la mayor competencia de otras plataformas”.
Según Digital Tv Research, los suscripciones de triple-play alcanzarán los 333 millones en 2018, con un aumento de más de 300 millones de dólares desde 2008 y hasta 239 millones en el total de 2012. China tendrá 115 millones de suscriptores de triple play en 2018 (con sólo 9 millones registrados a finales de 2012) y el 34 % del total mundial.
El número de hogares de triple-play superará el total de abonados a servicios de televisión independientes en 2016. El total de televisión independiente comenzará a disminuir a partir de 2016 a medida que más y más hogares pasen a contratar paquetes.
Alrededor del 21% de los hogares con televisión del mundo (en el entorno de los 97 países que analiza el estudio) se suscribirá a los servicios de triple play en 2018. Esto representa un aumento de sólo el 7% de penetración a fines de 2012 y sólo el 2% a finales de 2008.
A pesar del rápido crecimiento de las suscripciones de IPTV, el cable contribuirá a casi dos tercios de los suscriptores de triple play en 2018. La penetración de triple-play seguirá siendo mucho más alta en DSL y fibra al hogar (71% en 2018) que en los hogares con cable (42%).
Fuente: Panorama Audiovisual

Daniel Torre (AFSCA): "Aspiramos a que haya unidades de negocios distintas que rompan con el tema monopólico"

Daniel Torre, Delegado de la AFSCA en San Juan, en el programa “A todo o nada”, de Radio Sarmiento, reivindicó la Ley de Medios y habló de cómo se intentan acomodar los medios locales
Para el titular de la delegación local de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Daniel Torre, hay mucho que ordenar en los medios audiovisuales de la provincia a partir de la nueva Ley de Medios. Según el funcionario, la mayoría de las radios está en una situación “clandestina” y algunos canales de televisión deben hacer ajustes para cumplir con las nuevas exigencias. Por otra parte, negó que a nivel nacional exista una concentración mediática a favor de Cristina Fernández de Kirchner porque son más los programas opositores que oficialistas.

¿Cuáles son las facultades que la Ley de Medios le da a la AFSCA?
A diferencia del viejo ComFeR, trabajamos sobre la constitucionalidad de la ley en cuanto a la cantidad de licencias que se pueden tener, trabajamos para que se cumplan los límites de publicidad que exige la ley, que fuera del horario de protección al menor no haya palabras obscenas, lenguaje soez, todo lo que está relacionado a escenas de violencias para niños, niñas y adolescentes, trabajamos para que no haya violencia de género y femicidio, que no exista discriminación. Trabajamos para que exista el 33 por ciento comunitario, para que exista el 33 no gubernamental, me refiero a las radios municipales...

En el tema licencias, ¿cuánto hay que ordenar en San Juan a partir de la aplicación de la Ley de Medios?
Por el lado de la televisión, hay que ordenar porque la concentración no se toma únicamente por la cantidad de licencias que uno tiene, sino cómo las tiene. Se puede tener 10 licencias puestas a diferentes nombres de personas, con diferentes unidades productivas, que eso está bien, me parece que no atenta a nadie.

Si la ley me obliga a desprenderme de licencias para evitar las grandes concentraciones y que haya pluralidad de voces, ¿es una trampa que se las traspase a mis familiares y que la línea editorial siga siendo la misma?
Nosotros no controlamos contenidos, podemos controlar que no haya subsidios cruzados en la composición de una sociedad. Nosotros aspiramos a que haya unidades de negocios distintas que rompan con el tema monopólico. Hasta en los Estados Unidos el dueño del New York Times no es el dueño de la CNN, no lo puede hacer, el dueño del Washington Post no se mete con otro cable. Una cosa es la composición social y otra cosa es el tema del contenido. Sí nos vamos a meter fuertemente con que haya legalidad.

Aún con unidades de negocios distintas, ¿en la práctica no termina siendo una especie de concentración?
Te voy a contestar con la realidad. Hay 39 grupos que presentaron plan de adecuación y todos están en proceso de estudio para ver la admisibilidad que tienen esos planes. En San Juan, Canal 8 está en el plan de adecuación que presentó el Grupo Vila y los equipos técnicos del AFSCA están resolviendo si esos planes son correctos. Supercanal es propietaria de Canal 8, que es el aire, y de Supercanal, que es el canal de cable. El Grupo Vila se tiene que desprender de uno y en el plan de adecuación ya presentan una transferencia, que es Canal 8.

¿Es el único grupo de TV que se tuvo que adecuar a la ley?
Sí, en cuanto al punto de vista de incompatibilidad por transferencia. Pero vamos a la otra parte, Canal 5* es otro grupo que tiene una situación que resolver. A través de un proceso que el AFSCA genera sobre que todos aquellos canales que se hayan censados en 2010 o que hayan querido participar de algún concurso de TV abierta, que por una resolución habían sido anulados ya que no se iban a dar más canales de TV abierta porque en 2016 venía el apagón tecnológico, esto se postergó entonces hay muchos canales que tienen existencia real, que tienen producción, que salen al aire, que no están en ningún lado o están con recursos de amparos. Canal 5 está en ese proceso -el del recurso de amparo- y hay que definir cómo va a avanzar en la autorización. Después está el caso del Triple Play, que ya presentó su plan de adecuación.

Entonces, están todos trabajando para adecuarse...
Todos están trabajando, hay voluntad. Yo digo que en San Juan no existe la concentración mediática que hay en Buenos Aires, pero también digo que tiene todas las posibilidades de convertirse en una provincia donde todas las voces puedan estar al aire y lo estamos trabajando. Nosotros, después de 30 años, le dimos una licencia a una radio comunitaria que tiene una línea totalmente adversa al Gobierno.

¿Qué hay que hacer para ordenar el espectro de radios?
Hay que reestructurar el espectro. En San Juan hay aproximadamente 130 o 140 emisoras. Lo primero que hay que hacer es saber cuántas son, relevarlas, los que están adentro se quedan adentro, los que quieren entrar para regularizar la situación lo tendrán que hacer y los que no quieran, se tendrán que ir.

¿Hay que hacer un reempadronamiento?
Tiene que venir a pedir la apertura de concurso. Hoy no hay posibilidad de abrir concurso, pero sí dicen “nosotros queremos que se abra el concurso”, sabemos cuántos son los que van a querer estar dentro de ese aspecto legal y ese espectro nuevo que hay que construir en la provincia.

¿En qué condiciones está la mayoría de esas 130 o 140?
Hay más de la mitad en clandestino y me quedo corto. Clandestino, digo la palabra.

¿Y las que están legales?
Se tienen que quedar tranquilas, las que tienen la licencia otorgada, igual que el PPP, que es Permiso Precario y Provisorio. Esto es un error del Estado que dejó que una licencia esté en el aire durante 25 años y eso se tiene que terminar. Yo digo que no es un derecho adquirido, pero que el tipo que viene trabajando hace 25 años, que tiene un espacio ganado en el aire, tiene una audiencia que lo escucha todos los días, paga los impuestos, tiene los trabajadores en blanco, tiene que tener a través de una resolución que esa persona se pueda subir legalmente al espacio.

Usted viene diciendo que hay que regular la publicidad oficial, ¿cómo propone que se haga?
No es criterio del organismo, esto lo digo en forma particular. Creo que debe haber una ley que regule que todos aquellos a los que se le dé pauta tiene que estar debidamente inscripto y legalmente constituido. Esto es como cualquier negocio, yo quiero ser proveedor del Estado, tengo que presentar un montón de papeles. No se puede que todo el mundo tenga pauta porque es amigo de. Y también tiene que haber una ley que regule porcentajes.

Por lo que has visto, ¿hay voluntad de dueños de radio de ponerse en regla?
Sí, hay voluntad de adecuarse a la ley por razones muy concretas. Nosotros hemos hablado con muchos, donde encontramos muy buena recepción. En el organismo de radio y televisión si había 8 o 10 emisoras que cumplían era mucho. Hoy ya estamos pasando más de 40 o 50. Hay voluntad de todo punto de vista. La ley va mucho más allá de los 3 artículos polémicos, hay que remarcar que tiene muchas cosas que son interesantes y lo hablamos con los propietarios de los medios. Por ejemplo, el tema de la producción de contenidos.

¿Qué le impone la ley a las radios en ese sentido?
Tienen que tener un mínimo de 30 por ciento de producción local y el 60 por ciento de música nacional. Dentro de ese 60 por ciento, un mínimo del 30 por ciento de música local, no lo cumple casi nadie.

¿Cree que en Capital Federal hay concentración de contenidos que son afines al Gobierno nacional?
Te lo contesto con lo que vemos en la franja de la noche del domingo, que es uno de los más polémicos. Grondona en Canal 26, Charly Fernández en América, La Cornisa con Majul, Lanata en el 13, el muchacho que es periodista que está solo en C5N, Víctor Hugo a las 11 y de a ratitos 678. Es 6 a 3. Salvo la editorial de TN y Canal 13, el resto son bastantes variados. Yo digo que en programas de política, en América tenés un tipo como Majul que le pega al Gobierno todo el día y tenés a Braña (Sic) y Silvestre, que tienen una posición más proclive al Gobierno. Es parte del juego de la democracia. No quiero ponerme a opinar de contenidos. Si vos hacés la cuenta, siempre gana 6 a 3 la oposición contra el Gobierno.

*Según el diario Perfil Gastón Gioja, el mayor de los tres hijos del gobernador, quién se convirtió en un hombre de peso en el mundo empresarial de la provincia desde los medios de comunicación que fue adquiriendo. Se destacan Canal 5 Telesol, que retransmite Telefe, C5N y programación local, además del diario El Zonda, la AM 1020, FM Del Sur, FM La Mega, FM La Voz, FM Cadena Latina y el servicio triple play de IO Total, entre otros.
Fuente: Diario de Cuyo