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sábado, 18 de julio de 2026

Osvaldo Nemirovsci: "La inteligencia artificial no es el peligro; el problema es quién la controla"

El ex diputado nacional cuestiona en Señales el RIGI como estrategia de desarrollo, advierte sobre el poder creciente de las grandes corporaciones tecnológicas y reclama un Estado capaz de regular la inteligencia artificial sin resignar soberanía. En ese recorrido también reivindica la Televisión Digital Abierta como la prueba de que la innovación tecnológica puede convertirse en una política pública con impacto productivo, industrial y social

El énfasis de la nada

Osvaldo Nemirovsci (foto) no cree que los anuncios del Gobierno sobre convertir a la Argentina en un polo de desarrollo de inteligencia artificial tengan, por ahora, un correlato real. Detrás de la promesa del gobierno de Javier Milei, que presenta al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) —y su versión ampliada, el denominado "Super RIGI"— como la herramienta para atraer inversiones tecnológicas de escala global, el ex diputado nacional observa más una construcción discursiva que una política de desarrollo.

Su definición es deliberadamente provocadora: se trata de "polvo en el viento". Incluso ensaya otra imagen, todavía más contundente: lo que hace el Gobierno en esta materia es "el énfasis de la nada", acompañado por "cierto barroquismo para palabras devaluadas".

Nemirovsci, ex diputado nacional por Río Negro, coordinador general del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre y analista de políticas públicas, ha dedicado buena parte de sus trabajos a estudiar la relación entre comunicación, tecnología, democracia y soberanía. Desde esa perspectiva, interpreta que la apuesta oficial por la inteligencia artificial como eje casi excluyente de la política científica y tecnológica responde antes a una definición ideológica que a una estrategia de desarrollo.

Según plantea, el Gobierno busca exhibir a la Argentina ante el mundo como "el país con mayor libertad", con "las políticas más liberales de la historia de la humanidad". Bajo esa lógica, sostiene, se diseñó un régimen de inversiones pensado para garantizar que los grandes capitales no encuentren obstáculos a su rentabilidad y puedan retirar recursos del país con amplias facilidades.

Para Nemirovsci, el RIGI expresa un extremo ideológico: la idea de que la ausencia de controles es, en sí misma, una ventaja competitiva. Desde esa mirada, cuestiona el esquema tributario previsto por el régimen porque considera que resulta ampliamente perjudicial para el Estado argentino.

Enumera que contempla beneficios como la exención de impuestos como Ganancias e Ingresos Brutos, facilita la salida de capitales al exterior y no establece condiciones que históricamente estuvieron vinculadas a los procesos de promoción industrial: la incorporación de proveedores nacionales, la participación de pequeñas y medianas empresas en las cadenas de valor o la generación de empleo argentino.

"El RIGI no pide mano de obra nacional", resume.

Habla desde su experiencia en Bariloche, donde reside y conoce de cerca uno de los entramados tecnológicos más importantes del país: el desarrollado alrededor de INVAP y su articulación con ARSAT. Allí, recuerda, unas 200 o 250 pymes participan como proveedoras de materiales, insumos y componentes, conformando un ecosistema productivo que, a su juicio, el nuevo régimen ignora.

Para el ex legislador, ese modelo de incentivos no apunta a construir capacidades nacionales, sino a enviar una señal política al mercado internacional: mostrar que la Argentina está dispuesta a desregular como pocos países.

Peter Thiel, Palantir y el debate que falta
En esa discusión ubica también la cercanía del Gobierno con Peter Thiel y con Palantir Technologies, la empresa de análisis de datos e inteligencia artificial vinculada al empresario.

Nemirovsci aclara que su preocupación no pasa simplemente por la existencia de una compañía tecnológica, sino por la concepción política que atribuye a Thiel. Lo describe como un empresario que "juega a la ciencia política con mucha fuerza" y que sostiene que el capitalismo no necesita de la democracia para desarrollarse.

Esa idea, advierte, entra en tensión con la tradición democrática que, según su visión, debe orientar la actividad económica. También considera que esa concepción atraviesa la manera en que Thiel entiende la inteligencia artificial.

"No es la inteligencia artificial científica; es la de él", plantea, diferenciando entre una tecnología orientada al conocimiento y otra vinculada a determinados intereses empresariales y estratégicos.

Por eso considera que una eventual expansión de ese universo tecnológico en la Argentina debería abrir un debate público más profundo. Aunque reconoce que quizás hoy no sea una preocupación cotidiana para millones de personas, sostiene que debería serlo porque la inteligencia artificial y la automatización ya están modificando las relaciones laborales y las condiciones de vida.

El reemplazo de tareas humanas por sistemas robotizados, explica, dejó de ser una hipótesis de ciencia ficción. Menciona las discusiones internacionales sobre la posibilidad de establecer mecanismos como un salario universal para quienes pierdan definitivamente sus empleos por la automatización y observa que sectores como la industria automotriz y el transporte avanzan cada vez más hacia procesos con menor incorporación de trabajadores.

"Esto está ocurriendo", afirma. No se trata, dice, de un escenario futuro lejano, sino de una transformación que ya comenzó.

En uno de los pasajes más gráficos de la conversación, Nemirovsci recurre a una metáfora para explicar la dimensión del fenómeno. Dice que suele pensar a Peter Thiel y Palantir como una versión "casi documental" de las películas de terror, zombis y ciencia ficción.

La diferencia, explica, es que esas historias pertenecen a la ficción, mientras que aquello que representa Thiel "existe, ocurre". Esa es la razón por la que busca instalar el debate: no porque la inteligencia artificial sea una amenaza en sí misma, sino porque considera necesario discutir quién la conduce y bajo qué reglas.

La tecnología no es el problema; la ausencia de reglas, sí
Nemirovsci rechaza cualquier interpretación que lo ubique en una postura contraria al avance tecnológico. Aclara que está "lejísimos" de quienes históricamente intentaron frenar las innovaciones por temor a sus consecuencias.

Recuerda, como ejemplo, a los agricultores franceses que en el siglo XVIII destruyeron máquinas cosechadoras y trilladoras porque temían perder sus empleos. Su posición, afirma, está en las antípodas: cree que el desarrollo tecnológico debe mejorar la vida humana.

La inteligencia artificial, y también la futura evolución hacia tecnologías como la inteligencia cuántica, forman parte de un camino científico que considera irreversible. El desafío, sostiene, no es detener ese proceso, sino acompañarlo con instituciones capaces de equilibrar sus efectos.

"Hay que tomarla, es un camino de la ciencia, es un camino de la tecnología, es un camino del mundo digital", plantea.

El punto central, para él, está en establecer regulaciones que impidan que las grandes corporaciones tecnológicas acumulen un poder capaz de afectar las bases de las sociedades democráticas.

Esa preocupación, explica, viene de lejos. Recuerda que en 2006, cuando era diputado nacional, presentó junto a la entonces legisladora Rosario Romero un proyecto sobre delitos informáticos que terminó derivando en modificaciones al Código Penal.

En aquel momento, el escenario digital era mucho más limitado: los debates giraban alrededor del correo electrónico y de las primeras formas de comunicación informática. Sin embargo, ya advertían sobre la necesidad de establecer límites legales frente a los nuevos usos de la tecnología.

Desde entonces, sostiene, insistió en la necesidad de crear una institucionalidad específica para abordar el mundo digital. Incluso durante gobiernos con los que tuvo afinidad política —"yo soy peronista", aclara— planteó la creación de un organismo que reuniera las áreas dispersas entre Economía, Ciencia y Tecnología, Cancillería y otros sectores vinculados a las comunicaciones.

Su propuesta era avanzar hacia un Ministerio de las Comunicaciones y de la Informática que pudiera diseñar políticas públicas y establecer una estrategia nacional frente al crecimiento de las plataformas digitales.

Para Nemirovsci, esa sigue siendo la única forma de equilibrar el poder de las grandes compañías algorítmicas, las denominadas GAFAM —Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft— y las nuevas empresas vinculadas a la inteligencia artificial.

"Lo único que puede detener en tiempo el avance descontrolado de las empresas algorítmicas es una regulación que vaya equilibrando el poder de estas empresas y de esta tecnología con el derecho", sostiene.

A su entender, algunos países ya avanzan en esa dirección. Destaca especialmente el trabajo regulatorio de la Unión Europea, menciona los avances de España y los intentos realizados por Chile. En contraste, considera que la Argentina quedó rezagada.

La disputa por el control de los recursos estratégicos
Cuando la conversación avanza hacia el impacto económico y ambiental de los grandes proyectos vinculados a la inteligencia artificial, Nemirovsci vuelve sobre una idea que considera central: apoyar la tecnología no significa aceptar cualquier modelo de implementación.

Su posición, insiste, está lejos de cualquier rechazo al progreso. Cree que el avance tecnológico puede mejorar la vida de las personas, pero bajo una condición: debe estar conducido por la sociedad y no exclusivamente por intereses privados.

"Cada paso tecnológico tiene que tener una figura humana visible, notoria y personalizada a su frente", plantea. Para eso, propone transparencia, códigos abiertos que permitan comprender cómo funcionan los desarrollos digitales y una formación educativa que prepare a las nuevas generaciones con pensamiento crítico.

Desde su perspectiva, la escuela tiene un papel fundamental. La alfabetización tecnológica, sostiene, no debe limitarse al aprendizaje de herramientas, sino incluir una mirada humanista capaz de comprender las consecuencias sociales de cada innovación.

La preocupación aparece, especialmente, cuando imagina la administración privada de algoritmos en áreas estratégicas para un país. Menciona la salud, el transporte, los sistemas bancarios y las redes energéticas como sectores donde las decisiones automatizadas podrían quedar subordinadas a criterios exclusivamente económicos.

Para explicarlo, plantea escenarios extremos: una empresa que decidiera interrumpir el suministro eléctrico durante dos días para reducir costos energéticos, o un sistema sanitario cuya infraestructura tecnológica quedara paralizada en medio de una emergencia porque una decisión empresarial priorizó la rentabilidad sobre la seguridad pública.

No se trata, aclara, de negar la participación privada, sino de establecer límites cuando están en juego derechos básicos.

Ese es también el punto desde el cual vuelve a cuestionar la visión asociada a Peter Thiel. Si el empresario sostiene que el capitalismo puede desarrollarse sin democracia, Nemirovsci plantea exactamente lo contrario: la democracia debe ser capaz de conducir al capitalismo.

"No planteo un modelo económico diferente al capitalismo", aclara. La discusión, explica, pasa por definir quién orienta ese sistema y con qué objetivos.

A lo largo de la historia, sostiene, existieron modelos capitalistas con una fuerte dimensión social, solidaria y comunitaria que generaron niveles de bienestar superiores a los producidos por un capitalismo sin límites.

La pregunta de fondo, entonces, no es tecnología sí o tecnología no. Es quién establece las reglas.

Desregulación como modelo

Desde esa perspectiva, Nemirovsci observa una contradicción entre el rumbo que toma la Argentina y el camino que recorren otros países.

Mientras varias regiones avanzan hacia marcos regulatorios para limitar el poder de las grandes plataformas tecnológicas, sostiene, el Gobierno argentino profundiza una política basada en la desregulación.

En ese punto señala especialmente al ministro Federico Sturzenegger, a quien define como "un adalid de la desregulación exagerada".

Su crítica, explica, no se limita al campo tecnológico. Como ejemplo menciona los proyectos destinados a flexibilizar las restricciones para la venta de tierras a extranjeros, una discusión que, desde su mirada, involucra cuestiones económicas pero también estratégicas.

Habla desde la experiencia patagónica. Recuerda que la región tiene una historia marcada por conflictos limítrofes y que la protección de determinados territorios fronterizos responde a razones de soberanía, no a posiciones xenófobas.

Menciona la tensión histórica con Chile hace más de cuatro décadas, cuando ambos países estuvieron cerca de un enfrentamiento armado por cuestiones territoriales, y sostiene que esas experiencias explican la existencia de determinadas restricciones legales.

También recuerda un caso en Río Negro donde, según afirma, un empresario árabe adquirió unas 10.000 hectáreas de manera irregular. Para él, ese episodio representa el riesgo de una lógica donde la eliminación de controles se presenta como sinónimo de modernización.

La misma preocupación la traslada al terreno tecnológico.

Mientras la Argentina ofrece beneficios fiscales y regulatorios a grandes inversiones a través del RIGI y el denominado Super RIGI, Nemirovsci observa que otros países avanzan en sentido inverso: regulan para que las inversiones produzcan beneficios concretos en las sociedades donde llegan.

Menciona el caso europeo y recuerda las investigaciones y sanciones contra grandes plataformas digitales. Señala especialmente las discusiones alrededor de Meta y las responsabilidades exigidas a sus autoridades por el uso de las redes sociales.

El contraste, según su análisis, es evidente: mientras algunos Estados buscan equilibrar el poder de las empresas tecnológicas, la Argentina corre el riesgo de entregar ventajas sin exigir compromisos equivalentes.

Con una expresión contundente, define ese modelo como "un manual de baratura ética nacional".

La frase sintetiza, según explica, una política donde el país se presenta como un territorio barato para los grandes capitales: barato en impuestos, barato en controles y barato en exigencias.

Río Negro como ejemplo del debate
Nemirovsci vuelve sobre su provincia para explicar cómo esa lógica se expresa en el territorio.

Recuerda que Río Negro adhirió al RIGI nacional y aprobó además un régimen propio. Su preocupación se concentra especialmente en las zonas portuarias vinculadas al desarrollo energético, como Punta Colorada en San Antonio Oeste, donde cuestiona que los organismos públicos tengan una participación limitada frente a los inversores privados.

Menciona el proyecto asociado a los buques licuefactores de gas y advierte que un esquema donde municipios y provincias quedan sin capacidad efectiva de intervención puede generar espacios sin controles suficientes.

"Ese es el reino de la entrada de la droga, del viva la pepa", afirma para describir lo que considera una consecuencia extrema de la ausencia de supervisión estatal.

Frente a ese escenario, insiste en que su planteo no busca excluir a las empresas. Por el contrario, sostiene que deben formar parte del proceso de construcción de reglas.

También deben participar, afirma, las universidades, la comunidad científica, las cooperativas, los actores sociales y el Estado.

La regulación adecuada, plantea, no puede surgir de una sola parte, sino de una inteligencia colectiva capaz de acompañar una transformación que siempre avanza más rápido que las instituciones.

"La tecnología siempre va más veloz que el derecho; tenemos que correr muy de atrás", resume.

Tecnología, empleo y una economía en tensión
Nemirovsci rechaza también las visiones apocalípticas sobre el futuro laboral.

No imagina una guerra entre humanos y máquinas ni un escenario donde la inteligencia artificial termine enfrentándose a las personas. Tampoco cree que la respuesta sea destruir tecnología para preservar empleos.

La convivencia entre trabajadores y sistemas automatizados, sostiene, es posible.

Reconoce que existen estimaciones que proyectan la pérdida de alrededor de 90 millones de puestos de trabajo en el mundo como consecuencia de la robotización, pero recuerda que otras proyecciones calculan una creación similar de nuevos empleos vinculados a esas mismas tecnologías.

El resultado, afirma, todavía no está definido.

El desafío es construir un marco político y económico que permita aprovechar la innovación sin sacrificar derechos laborales ni capacidades productivas.

Sin embargo, considera que la Argentina atraviesa hoy un escenario particularmente complejo para discutir ese futuro.

Asegura que, aunque el deterioro productivo tiene antecedentes previos, los últimos dos años profundizaron la crisis hasta niveles que define como "catastróficos".

Según su diagnóstico, con excepción de sectores como la minería, la energía y el petróleo, prácticamente todas las ramas de la economía muestran retrocesos. Incluye allí a la industria automotriz, textil, del cuero, del caucho, el comercio y también al agro.

Ese proceso, advierte, tiene consecuencias directas sobre el empleo y el poder adquisitivo.

Cuestiona la idea de que una baja de la inflación sea suficiente para describir una mejora económica. Para millones de trabajadores, sostiene, el problema central es que el salario dejó de alcanzar.

Incluso quienes tienen empleo formal, con obra social, vacaciones y aguinaldo, enfrentan dificultades para sostener su nivel de vida.

Nemirovsci señala una paradoja que considera inédita: trabajadores registrados que siguen siendo pobres.

A su entender, una economía que pierde capacidad productiva, empleo y salario difícilmente pueda presentarse como preparada para liderar una transformación tecnológica.

Por eso concluye que las promesas de grandes desarrollos de inteligencia artificial y empresas algorítmicas, en el contexto actual, corren el riesgo de convertirse en una ilusión más que en un verdadero proyecto nacional.

La Televisión Digital Abierta como otra idea de desarrollo

Hacia el final de la conversación, la mirada de Nemirovsci vuelve sobre una experiencia concreta que, para él, funciona como ejemplo de una política tecnológica con una lógica diferente: la Televisión Digital Abierta (TDA).

El dato que dispara el recuerdo es el comportamiento del mercado durante el Mundial. A diferencia de lo ocurrido en Qatar 2022, el actual ciclo mundialista no produjo un aumento significativo en la venta de televisores de gran tamaño. Sin embargo, sí generó un crecimiento notable en la demanda de antenas para acceder a la señal digital abierta.

Para Nemirovsci, ese fenómeno tiene un significado que excede el consumo tecnológico. Es, según su interpretación, una reivindicación de una política pública que ayudó a crear y poner en marcha durante ocho años.

"Yo puse el alma ahí", recuerda al hablar del proceso de construcción de la TDA. Durante ocho años estuvo al frente como coordinador general del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, desde donde participó del diseño, la implementación y la expansión de una política pública que considera una de las experiencias tecnológicas más exitosas de aquellos años.

Aclara, además, que la Televisión Digital Abierta nunca fue concebida como una herramienta partidaria, una crítica que, sostiene, se instaló desde algunos sectores que la definieron como "la televisión kirchnerista".

Para él, esa interpretación desconoce el verdadero objetivo del proyecto. La TDA fue pensada como un sistema de estandarización tecnológica para modernizar toda la televisión argentina, no solamente la televisión pública.

Recuerda que las primeras pruebas se realizaron junto con señales privadas como Canal 13 y Telefe, además de otros actores del sector audiovisual, compartiendo información técnica y conocimientos para acompañar la transición hacia la digitalización.

El impacto, sostiene, fue mucho más amplio que la incorporación de una nueva tecnología de transmisión.

La implementación de la TDA permitió recuperar capacidades industriales vinculadas a la fabricación de antenas, cables y equipamiento electrónico. Generó exportaciones hacia países vecinos como Bolivia, Chile y Paraguay y abrió oportunidades laborales vinculadas a la producción audiovisual.

También destaca la creación de polos audiovisuales en universidades nacionales de todo el país, donde se llegaron a producir unas 7.000 horas de contenido.

Ese entramado permitió el surgimiento de nuevos trabajos para actores, guionistas, directores, técnicos, maquilladores y trabajadores vinculados a la industria cultural.

Para Nemirovsci, esa experiencia representa exactamente el modelo que reclama cuando habla de tecnología y soberanía: una política donde el conocimiento, el Estado, las empresas, las universidades y la sociedad pueden formar parte de un mismo proceso de desarrollo.

Una señal del futuro posible
El crecimiento reciente de la venta de antenas, que estima en un 2.500 por ciento, refuerza para Nemirovsci esa lectura.

Explica que los televisores actuales ya incorporan internamente la tecnología necesaria para recibir la señal digital y que, por eso, dejaron atrás los conversores que se fabricaban durante los primeros años de implementación.

También reivindica las ventajas técnicas del sistema: una imagen en alta definición de 1080 píxeles, una calidad superior a muchos servicios tradicionales de televisión y una transmisión sin el retraso que suelen tener otras plataformas.

"Uno ve los goles en tiempo real, ve las camisetas con el color real, ve el verde del pasto de la cancha en el color real", describe para explicar la diferencia tecnológica.

Pero su satisfacción no está puesta solamente en la calidad de imagen.

La importancia de la TDA, en su relato, está en demostrar que el desarrollo tecnológico puede seguir otro camino: uno donde una innovación no sea solamente una oportunidad de negocios para grandes corporaciones, sino una herramienta para generar capacidades propias.

En ese sentido, la experiencia de la televisión digital abierta funciona como el contrapunto de toda la conversación. Frente a un modelo basado en incentivos y desregulación, Nemirovsci reivindica una estrategia donde la tecnología se articula con la producción, el empleo, la educación y la soberanía.

La discusión, entonces, vuelve al punto de partida.

La inteligencia artificial no es, para él, el problema. Tampoco lo son las nuevas tecnologías ni la llegada de inversiones internacionales. El desafío consiste en decidir bajo qué reglas se desarrollan y quién tiene la capacidad de orientar ese proceso.

Porque, en su mirada, la diferencia entre una tecnología que concentra poder y una tecnología que amplía derechos no está en la herramienta.

Está en la política que la conduce.

Escuchá la entrevista completa:

Fotos: Archivos Señales, Ina Fassbender / AFP

domingo, 12 de abril de 2026

La otra escena del crimen adolescente: el mundo digital como territorio oculto

El crimen de San Cristóbal no solo sacudió a Santa Fe por su violencia, sino por lo que dejó al descubierto: un entramado digital donde adolescentes pueden ser captados, expuestos a contenidos extremos y, en algunos casos, empujados hacia la radicalización. La mirada del especialista en ciberseguridad Rodrigo Álvarez, en diálogo con Señales, aporta claves para entender cómo funcionan estos entornos, cómo se produce la captación y por qué la respuesta no puede ser solo la prohibición
La lupa se posa sobre un caso que sacudió a la provincia de Santa Fe y que, más allá de su crudeza, abre interrogantes mucho más profundos sobre el mundo digital, la violencia y la adolescencia. La investigación por el crimen ocurrido en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal —donde un adolescente de 15 años mató de un escopetazo a un compañero de 13 e hirió a otros estudiantes— continúa sumando derivaciones, tanto en el plano judicial como en el tecnológico.

En las últimas horas, la Fiscalía Regional Nº 5 de Rafaela imputó a un segundo adolescente, de 16 años, como partícipe secundario del ataque. Según la Justicia, existen elementos que indican que el joven sabía lo que iba a ocurrir. La imputación incluye homicidio agravado por el uso de arma de fuego y tentativa de homicidio en concurso real, y se dispuso su prisión preventiva por 90 días.

Sin embargo, el expediente judicial es apenas una parte de un entramado más amplio que comenzó a emerger con el avance de la investigación. El foco se desplaza ahora hacia un ecosistema digital complejo: comunidades internacionales en línea donde se analizan, se comentan y, en algunos casos, se glorifican hechos de violencia extrema. Entre ellas aparece la denominada "True Crime Community", un fenómeno que crece en visibilidad y que plantea nuevos desafíos.

En ese contexto, la mirada se dirige hacia especialistas capaces de interpretar estas dinámicas. Rodrigo Álvarez, con más de 20 años de trayectoria en fuerzas de seguridad y más de una década dedicado a la investigación de ciberdelitos, aporta una perspectiva clave. En 2021 fue responsable de la creación de la División Cibercrimen de la provincia de Santa Fe y estuvo al frente del Departamento de Cibercrimen Provincial. Su trabajo también se proyecta a nivel internacional, donde se desempeña como director de inteligencia estratégica en ciberterrorismo y amenazas híbridas digitales del CNT en México. Además, coordina la ONG argentina Cibersegura, desde donde impulsa acciones de prevención vinculadas al grooming, las ciberestafas y los riesgos digitales.

Desde hace tiempo, Álvarez viene advirtiendo sobre un fenómeno que crece en silencio pero de manera sostenida: la captación de jóvenes en redes sociales abiertas que luego migran hacia foros cerrados, espacios donde el contenido puede derivar en la normalización —e incluso en la glorificación— de la violencia.

En ese marco, su análisis se vuelve central para intentar comprender qué está ocurriendo, cuán extendido está este fenómeno y, sobre todo, qué herramientas existen para prevenirlo.

Del crimen real al consumo de violencia: el origen de la True Crime Community
Para entender el fenómeno, Rodrigo Álvarez sitúa primero el origen y la lógica de estas comunidades. Explica que la llamada True Crime Community —o TCC— es apenas una entre muchas otras agrupaciones digitales donde personas con intereses comunes se reúnen para investigar, debatir o intentar comprender determinados temas. En este caso, se trata de un espacio que nació en los años 90 con un objetivo claro: analizar crímenes reales.

Con el tiempo, ese interés inicial fue mutando. Dentro de la TCC comenzaron a surgir subcomunidades cada vez más específicas, algunas de ellas enfocadas no tanto en el análisis sino en la fascinación por la violencia en sí misma. Álvarez describe que, en estos grupos, aparece una suerte de atracción —incluso cercana a lo parafílico— por los aspectos más crudos de los hechos: lo sangriento, lo explícito y el contenido violento en su forma más extrema. En esos espacios, señala, no solo se consume ese material, sino que también se lo glorifica.

De un "like" a un foro cerrado: el circuito de captación digital
El límite entre la curiosidad legítima por el crimen real y la deriva hacia la radicalización no siempre es evidente. Sin embargo, el especialista advierte que hay patrones claros en la forma en que estas comunidades crecen y suman nuevos integrantes. La captación, explica, suele comenzar en plataformas masivas y abiertas como TikTok, Instagram o X. Allí, una interacción aparentemente inocente —un "me gusta", un comentario en un video de un accidente o en una noticia violenta— puede convertirse en la puerta de entrada.

A partir de esas señales, los miembros de estas comunidades identifican posibles interesados. El siguiente paso es establecer contacto directo. Según relata Álvarez, ese acercamiento funciona como un filtro progresivo: comienzan enviando imágenes o comentarios vinculados a la violencia para medir la reacción, para evaluar hasta dónde llega el interés o la tolerancia del usuario.

Plataformas neutrales, usos peligrosos: el rol de Discord, Reddit y otras redes
Cuando detectan receptividad, el proceso avanza hacia espacios más cerrados. Los usuarios son invitados a migrar a plataformas como Discord, Reddit o 4chan, donde existen foros o servidores con distintos niveles de privacidad. Incluso dentro de esos entornos, aclara, hay subespacios aún más restringidos dedicados exclusivamente a compartir y discutir contenido violento.

El mecanismo, insiste, no es improvisado. Se basa en comunicación constante y en técnicas de ingeniería social. Los administradores o participantes más activos investigan a los usuarios: rastrean qué publican, de dónde son, a qué escuela asisten, qué otros comentarios hicieron. Ese trabajo minucioso les permite construir perfiles y detectar vulnerabilidades.

En ese punto, la selección se vuelve más precisa. Álvarez advierte que el objetivo principal suelen ser adolescentes en situaciones de fragilidad: jóvenes enojados, frustrados, con dificultades para socializar o con sensación de no encajar. Esos perfiles, señala, representan un blanco más accesible para este tipo de captación, donde la pertenencia a una comunidad —aunque sea tóxica— puede funcionar como un imán poderoso.

Las platafornas no deben ser demonizadas
En ese entramado, Rodrigo Álvarez introduce un matiz clave: las plataformas en sí mismas no son el problema. Insiste en que no deben ser demonizadas, ya que fueron creadas con fines legítimos, orientadas a facilitar la comunicación, el aprendizaje o la construcción de comunidades. En ese sentido, menciona ejemplos concretos como Discord, Reddit, Telegram o TikTok, y subraya que todas pueden ser utilizadas de manera positiva o negativa según el usuario.

Para ilustrarlo, recurre a su propia experiencia: utiliza Discord como herramienta educativa, donde organiza materiales y mantiene contacto con alumnos en un entorno privado y ordenado. Esa misma lógica, advierte, es la que también pueden aprovechar estas comunidades, que encuentran en los servidores privados una estructura ideal para sostener intercambios más cerrados y difíciles de monitorear.

El problema, entonces, no reside en la tecnología sino en el uso que se hace de ella. Cada plataforma tiene sus particularidades, y en muchos casos esas características —como la posibilidad de crear espacios privados o semiprivados— terminan siendo funcionales a dinámicas de captación y radicalización.

Anonimato relativo: lo que se ve y lo que se puede rastrear
En ese contexto aparece otra dimensión sensible: el anonimato. Álvarez plantea que más que una invisibilidad total, lo que existe es una sensación de anonimato que varía según la plataforma. En espacios como Discord, explica, la mayoría de los usuarios no utiliza su nombre real. Se presentan con apodos asociados a intereses personales —videojuegos, deportes, personajes de ficción— y acompañan esos perfiles con imágenes genéricas, memes o ilustraciones. Esa construcción identitaria funciona como una primera barrera que dificulta la identificación.

Sin embargo, aclara que ese anonimato no es absoluto. Desde el punto de vista técnico, siempre quedan rastros. Para acceder a la identidad de un usuario, las fuerzas de seguridad deben realizar solicitudes formales a las empresas, que pueden aportar datos vinculados al registro: correos electrónicos, números de teléfono o direcciones IP. Es decir, información asociada al acceso, no necesariamente al contenido de las conversaciones.

Sobre este punto, Álvarez es enfático: el contenido de los mensajes —qué le dijo un usuario a otro— no suele ser compartido, salvo en situaciones excepcionales y bajo condiciones muy específicas. Lo habitual es que las plataformas colaboren únicamente con datos de conexión.

También introduce una diferencia importante con Telegram, que en los últimos años modificó parcialmente su política de colaboración tras la detención de uno de sus creadores en Francia. A partir de ese episodio, señala, se abrió una ventana mayor para que las autoridades puedan acceder a ciertos datos, aunque el margen sigue siendo limitado.

Aun así, el especialista advierte que existen herramientas y conocimientos que permiten a algunos usuarios reforzar su anonimato hasta niveles muy altos. Sin entrar en detalles —deliberadamente—, explica que muchos de estos actores investigan, experimentan y aprenden a camuflarse mejor dentro del ecosistema digital. Esa capacidad, sumada a las características propias de las plataformas, termina por complejizar el trabajo de identificación y seguimiento, y agrega una capa más de dificultad a las investigaciones.


Cuando la investigación por el caso de San Cristóbal empieza a hablar de "redes internacionales", la expresión puede sugerir una estructura organizada, casi conspirativa. Sin embargo, Rodrigo Álvarez baja esa idea a tierra y propone una lectura distinta: más que coordinación formal, lo que existe es un fenómeno de contagio de ideas entre comunidades digitales dispersas.

Explica que sería exagerado hablar de una organización criminal detrás de estas subculturas, que en algunos casos llevan más de dos o tres décadas de existencia. En particular, señala que los espacios que glorifican la violencia extrema —como las masacres escolares— tienen un punto de inflexión claro en la Masacre de Columbine. A partir de ese hecho, se consolidó una comunidad que no solo analiza estos ataques, sino que en ciertos casos los venera, generando con el tiempo nuevos espacios y sumando adeptos.

Comunidades sin jefes: contagio de ideas y radicalización adolescente
Lo que se produce, entonces, no es una cadena de mando sino una circulación de emociones y discursos. Personas con conflictos personales encuentran en estos entornos un lugar donde ese malestar no solo es comprendido, sino amplificado. Y, en algunos casos, otros usuarios terminan siendo convencidos de adoptar esa misma mirada. Álvarez traza un paralelo con la subcultura de los "incel" (celibato involuntario), donde también se observa un proceso de captación y radicalización basado en comunidades digitales, con discursos de odio que terminan moldeando la percepción del mundo de quienes participan.

Ese "contagio" puede tener consecuencias concretas. El especialista advierte que la exposición constante a estos contenidos y discursos puede influir en la psiquis de ciertos individuos, especialmente adolescentes, y empujarlos hacia conductas extremas. Para graficarlo, menciona incluso representaciones culturales actuales, como la serie Adolescencia, que refleja cómo estas dinámicas digitales impactan en los vínculos y en la construcción de identidad.

Señales de alerta: cuándo el consumo se vuelve un riesgo
En ese marco, la detección temprana se vuelve central. Álvarez insiste en que las señales de alerta no aparecen de forma aislada, sino como una acumulación de cambios. Entre ellas menciona el aislamiento repentino, la fascinación obsesiva por ataques escolares, el consumo reiterado de contenido violento o gore, y transformaciones bruscas en la conducta. También señala la aparición de lenguaje de odio constante, una irritabilidad generalizada o una visión extremadamente negativa del mundo.

A eso se suman otros indicadores que, combinados, pueden encender alarmas: cambios en los consumos culturales —como música o contenidos que glorifican la violencia—, la presencia de simbología extremista (como referencias nazis o de ultraderecha), el interés creciente por las armas, la crueldad hacia animales o incluso mensajes ambiguos que funcionan como despedidas encubiertas.

Muchas veces, advierte, estos signos son minimizados por el entorno adulto bajo la idea de que "es cosa de la edad". Y ahí introduce una diferencia clave: la rebeldía adolescente puede ser esperable, pero no lo es una expresión sistemática de odio, autodestrucción o fascinación por la violencia extrema.

Por eso, el rol de los adultos —familiares y docentes— resulta decisivo. Son quienes están en contacto cotidiano con los adolescentes y quienes pueden detectar más rápidamente estos cambios. En el ámbito escolar, de hecho, señala que hay antecedentes donde docentes lograron advertir señales a tiempo, activar equipos interdisciplinarios y hablar con los estudiantes para evitar desenlaces trágicos.

Esa dimensión preventiva, subraya, suele quedar invisibilizada. Cuando la intervención es eficaz, el hecho violento no ocurre, y por lo tanto no hay un caso que trascienda públicamente. Sin embargo, allí es donde radica uno de los mayores logros: actuar a tiempo para desactivar un proceso que podría haber terminado en tragedia.

Videojuegos en debate: entre la simplificación y la evidencia
En el debate público, cada vez que ocurre un hecho de violencia extrema protagonizado por adolescentes, los videojuegos suelen aparecer en el centro de la escena. Rodrigo Álvarez propone correrse de esa mirada simplista. Así como ocurre con las redes sociales, insiste en que no se puede demonizar una plataforma de entretenimiento por sí sola. Para explicarlo, recurre a una comparación histórica: títulos clásicos como Mortal Kombat o Tekken ya incluían violencia explícita décadas atrás, y sin embargo no generaban el mismo tipo de fenómenos.

La diferencia, sugiere, no está en el videojuego en sí, sino en el ecosistema que rodea hoy a los adolescentes. Juegos actuales como Call of Duty, Fortnite o Free Fire no son, por sí mismos, disparadores directos de conductas violentas en el mundo real. El punto clave está en otro lado: cuando un adolescente ya atraviesa un proceso de exposición o atracción hacia contenidos violentos, es más probable que elija este tipo de juegos porque dialogan con ese estado emocional o ese interés previo.

En ese sentido, los videojuegos pueden funcionar como un elemento más dentro de un entramado mayor. No originan el problema, pero pueden integrarse a una lógica donde la violencia empieza a naturalizarse o a ocupar un lugar central en la vida cotidiana del joven. Álvarez señala que, en algunos casos extremos, esa frontera entre lo virtual y lo real puede desdibujarse. Menciona antecedentes internacionales donde atacantes intentaron replicar dinámicas propias de los videojuegos en situaciones reales, trasladando mecánicas o imaginarios del entorno digital al mundo físico.

Pero rápidamente vuelve al eje principal: el foco no debe ponerse únicamente en los consumos culturales, sino en los procesos que atraviesan los adolescentes y en los contextos donde esos consumos adquieren sentido.

Estados en desventaja: los límites de la investigación y la prevención
Desde su experiencia, Álvarez plantea que este escenario no debería sorprender. La migración del delito hacia entornos digitales, explica, era previsible y, por lo tanto, exigía una preparación específica de las fuerzas de seguridad. En esa línea, recuerda el trabajo que encabezó en la provincia de Santa Fe para formar capacidades dentro de la policía, tanto en recursos humanos como tecnológicos, con el objetivo de investigar este tipo de delitos.

Sin embargo, traza un contraste contundente con el presente. Sostiene que hoy esas capacidades no se ven reflejadas en Santa Fe, ni en la estructura ni en los resultados, y que buena parte de lo construido en aquel momento se diluyó con el tiempo. Aclara que no se trata de una crítica dirigida a una gestión puntual, sino de un problema más amplio, pero advierte una tendencia que considera preocupante: la priorización de políticas visibles para la ciudadanía por sobre desarrollos más profundos, aunque menos perceptibles, como la preparación frente al delito digital.

Para el especialista, la falta de respuesta no se explica solo por la complejidad del fenómeno. Reconoce que se trata de un terreno difícil, pero insiste en que, cuando existe una decisión real, el propio recurso humano dentro de las instituciones puede capacitarse y adaptarse. "Nadie quiere no hacer nada ni sentirse inútil", sintetiza, al describir el compromiso que suele encontrar en quienes trabajan en estos ámbitos.

Cibercrimen: capacidades sin respaldo
En ese sentido, destaca también el perfil de quienes se dedican a la ciberinvestigación: profesionales atravesados por la curiosidad y la vocación, para quienes cada nuevo desafío representa una oportunidad de aportar soluciones. Pero ese impulso, advierte, no alcanza si no está acompañado por una estructura estatal que lo sostenga.

La conclusión es directa: hoy, sostiene, el Estado provincial de Santa Fe —y en muchos casos también el de otras provincias del país— no está preparado ni para investigar ni, mucho menos, para prevenir este tipo de delitos en entornos digitales. Y es precisamente allí donde, insiste, debería estar puesto el foco.

La raíz de esa dificultad es múltiple. Por un lado, el propio entorno digital ofrece ventajas a quienes delinquen, especialmente por las posibilidades de anonimato que reducen el riesgo de ser identificados. Por otro, existe una falta de inversión sostenida en capacitación y en la construcción de equipos especializados.

Álvarez marca una diferencia fundamental entre investigar y prevenir. La investigación llega cuando el daño ya ocurrió, cuando hay víctimas. La prevención, en cambio, implica anticiparse, detectar patrones, intervenir a tiempo. Y, según su experiencia, eso no solo es necesario sino posible.

Habla de la importancia de los estudios de campo, del trabajo con equipos interdisciplinarios y del compromiso de profesionales que entienden la dinámica digital. En ese terreno, asegura, hay una oportunidad concreta: la de actuar antes de que un proceso de captación, aislamiento y radicalización desemboque en una tragedia.

Prohibir no sirve: el desafío de educar en el mundo digital
En medio del impacto que generó el caso, el debate público empezó a desplazarse también hacia posibles respuestas. Durante la presentación de su informe en la Legislatura, la fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, advirtió sobre el aumento de la violencia entre adolescentes y planteó la necesidad de discutir el rol de las redes sociales, incluso deslizando la posibilidad de restringir su uso.

Rodrigo Álvarez se muestra tajante frente a esa idea. Desde su experiencia y su trabajo en el campo de la ciberseguridad, sostiene que la prohibición no es una solución efectiva. Lo explica con ejemplos cotidianos: las conductas adictivas no desaparecen por decreto, y las restricciones formales —como las leyes de tránsito vinculadas al consumo de alcohol— no eliminan por sí solas las conductas de riesgo. Con la tecnología, plantea, ocurre algo similar.

De hecho, menciona experiencias recientes a nivel internacional, como el caso de Australia, donde se avanzó en restricciones al acceso de adolescentes a redes sociales y dispositivos móviles. Los primeros resultados, señala, muestran límites claros: una gran proporción de jóvenes encontró formas de eludir los controles, ya sea mediante herramientas tecnológicas o mediante la falsificación de datos para crear perfiles. El efecto, lejos de resolver el problema, terminó desplazándolo.

Para Álvarez, el camino pasa por otro lado. Considera que el contexto actual —marcado tanto por el caso de San Cristóbal como por avances normativos en Santa Fe vinculados a la ciberseguridad— representa una oportunidad para encarar el problema de manera más profunda. La clave, insiste, está en la concientización y la alfabetización digital, no solo de adolescentes sino también de adultos.

En su mirada, existe una brecha evidente: muchos adultos aún mantienen una relación distante o temerosa con la tecnología, lo que dificulta el diálogo con los jóvenes. Esa desconexión, advierte, impide detectar a tiempo situaciones de riesgo. Por eso propone recuperar un espacio básico pero muchas veces ausente: el encuentro, la escucha, la conversación entre generaciones. Que el adulto pueda comprender el mundo digital en el que se mueven los adolescentes, y que a la vez pueda aportar criterios para identificar peligros.

VPN y evasión: por qué las restricciones técnicas tienen límites
En ese punto, el especialista introduce una dimensión técnica que ayuda a entender por qué las prohibiciones resultan insuficientes. Explica, por ejemplo, el funcionamiento de las VPN (redes privadas virtuales), herramientas que permiten ocultar o modificar la ubicación desde la cual un usuario se conecta a internet. En términos simples, una conexión tiene asociada una dirección IP —una especie de "identificador" público que indica desde dónde se accede—, pero mediante una VPN esa dirección puede "disfrazarse", simulando que el usuario se encuentra en otro país. Este tipo de recursos, disponibles incluso de forma gratuita, son utilizados con frecuencia para sortear bloqueos o restricciones geográficas.

Así, cualquier intento de limitar el acceso a plataformas sin un abordaje más integral corre el riesgo de quedar rápidamente obsoleto frente a las propias dinámicas de internet. La tecnología, sugiere Álvarez, siempre encuentra caminos alternativos.

La prevención invisible: lo que funciona antes de que ocurra la tragedia
Frente a ese escenario, vuelve a subrayar una idea central: la prevención es posible, pero requiere trabajo sostenido, formación y compromiso. Implica no solo desarrollar capacidades dentro del Estado, sino también fortalecer el rol de las familias, las escuelas y la comunidad en general.

Al cerrar la conversación, Álvarez deja abierta una puerta a ese mismo trabajo de concientización que promueve. Comparte su perfil de Instagram: @rodrigo.alvarez.ok y se muestra disponible para capacitaciones y charlas, con el objetivo de seguir ampliando una discusión que, como queda claro, excede largamente un caso puntual y se inscribe en los desafíos más complejos de la vida digital contemporánea.

Escuchá la entrevista completa:

domingo, 8 de marzo de 2026

Martín Lucero: el dirigente que desafía el relato educativo del gobierno de Santa Fe

El abogado y dirigente gremial Martín Miguel Lucero lleva varios años al frente de la seccional Rosario del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), el gremio que representa a los docentes de establecimientos educativos privados. Desde ese lugar participa de negociaciones paritarias, debates sobre políticas educativas y acciones gremiales orientadas a la defensa de los derechos laborales del sector. Su presencia también se extiende al plano sindical más amplio: integra la conducción de la Confederación General del Trabajo Rosario como secretario adjunto, una posición desde la cual busca fortalecer la representación del sector docente dentro de la central obrera.

Un dirigente en el centro del conflicto educativo
Lucero ha sido reelecto en distintas oportunidades con un respaldo amplio de los afiliados y se ha consolidado como una de las voces más visibles del gremialismo docente en la región. A lo largo de su trayectoria intervino activamente en discusiones sobre salarios, condiciones laborales y el rumbo de la educación. Además de su actividad sindical, es abogado y cuenta con formación académica específica: es especialista en Comunicación Política por la Universidad Nacional de Rosario y especialista en Gestión Educativa por Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Fuera de la arena gremial, se define como hincha canalla y recuerda con orgullo su paso por la presidencia del club Logaritmo. En diálogo con Señales, analizó el estado de la educación en Santa Fe y las políticas del gobierno provincial.

La relación tensa entre el gobierno y la docencia
Para Lucero, la tensión entre el gobierno y el sector docente no puede entenderse sin observar la mirada que la actual administración tiene sobre el Estado. A su juicio, existe una concepción profundamente economicista que condiciona las decisiones políticas. En ese marco, explica que el sistema educativo implica uno de los mayores gastos del presupuesto provincial debido a la cantidad de trabajadores que involucra. Esa dimensión económica, sostiene, termina convirtiendo a maestras, maestros, profesoras y profesores en el primer objetivo de las políticas de ajuste.

El dirigente también vincula la dureza oficial frente al reclamo docente con el posicionamiento que el gobernador Maximiliano Pullaro adoptó al inicio de su gestión. Recuerda que desde el comienzo hubo una fuerte intención de evitar paros docentes, lo que derivó —según su mirada— en una especie de sobreactuación política. A ese factor se suma otra convicción presente en muchos gobiernos: la idea de que los sindicatos no representan verdaderamente a sus bases. Esa combinación, plantea, terminó endureciendo el vínculo entre la administración provincial y el sector educativo. Pero también generó un problema político para el propio gobernador: después de haber fijado una postura tan rígida, retroceder resulta cada vez más difícil.

En ese contexto, Lucero percibe un creciente malestar en la base docente. Durante años —dice— la docencia protestó prácticamente en soledad. Sin embargo, otros conflictos recientes dentro del Estado provincial comenzaron a modificar esa percepción. El reclamo policial, por ejemplo, sirvió para mostrar que el descontento no es exclusivo del ámbito educativo. Esa sensación se reflejó en las manifestaciones que se multiplicaron en los días previos al paro docente, con concentraciones en plazas y espacios públicos de distintas ciudades de la provincia.

El dirigente observa con preocupación que, mientras el gobierno impulsa mecanismos de control sobre la tarea docente, el sistema educativo enfrenta desafíos estructurales mucho más profundos. Entre ellos menciona el impacto demográfico que se proyecta para los próximos años, con estimaciones que anticipan una caída de la matrícula que podría alcanzar el 25% hacia 2030. Desde su perspectiva, el problema central es que la discusión pública se concentra en la disciplina o el control del trabajo docente en lugar de abordar el futuro del sistema educativo.
Un sistema educativo sin rumbo
Esa crítica se apoya en una convicción más amplia: para Lucero, el gobierno provincial llegó al poder sin un plan educativo. "Van a los volantazos", resume. Como ejemplo menciona el plan de alfabetización anunciado en los primeros meses de la gestión de Pullaro. Según explica, el programa fue presentado públicamente mucho antes de que existiera un convenio formal para implementarlo. Ese acuerdo, firmado con la Asociación Civil Propuesta Dale!, terminó implicando un gasto cercano a los 1.700 millones de pesos. Para el dirigente sindical, ese desfasaje revela la ausencia de planificación previa.

La falta de diagnóstico es, en su opinión, uno de los principales problemas. Lucero sostiene que la actual gestión ingresó al gobierno sin datos precisos sobre el sistema educativo y que esa carencia todavía no fue subsanada. Sin información clara sobre la realidad de las escuelas, las condiciones laborales o las tendencias demográficas, argumenta, resulta imposible diseñar políticas públicas consistentes. Por eso, dice, muchos debates directamente no se dan: el gobierno evita discutir porque no cuenta con argumentos sólidos sobre la política educativa.

En su diagnóstico, además, existe una distancia cultural entre quienes conducen hoy la provincia y el sistema educativo. Lucero considera que buena parte de los funcionarios no proviene del ámbito educativo ni conoce en profundidad sus particularidades. Esa falta de familiaridad con el funcionamiento del sistema conduce, según explica, a respuestas simplificadas y a lugares comunes. Desde esa lógica, afirma, se intenta "enderezar a los gritos" un sistema que en realidad es complejo, diverso y con dinámicas propias.

La discusión sobre las prioridades del gasto público también aparece como un punto de conflicto. En la apertura de sesiones legislativas, Pullaro anunció inversiones de magnitud similar tanto para infraestructura escolar como para la construcción de cárceles. Ese dato generó críticas desde distintos sectores, que sostienen que un mayor esfuerzo en educación podría reducir, a largo plazo, la necesidad de ampliar el sistema penitenciario.

La seguridad y el marketing político
Lucero interpreta esa señal política dentro de una estrategia más amplia del gobierno. A su entender, la gestión provincial ha organizado gran parte de su discurso alrededor del tema de la seguridad. Desde esa perspectiva, muchos debates públicos son desplazados hacia ese terreno. En ese marco, observa un cambio simbólico: mientras en otras épocas la construcción de escuelas era celebrada socialmente como un logro, hoy se intenta generar el mismo entusiasmo alrededor de nuevas cárceles.

El dirigente menciona incluso la decisión oficial de poner nombres a algunas de esas unidades penitenciarias, como "El Infierno", algo que interpreta como parte de una lógica de marketing político. Más allá de ese gesto, advierte que el problema de fondo es la ausencia de una mirada integral sobre las políticas públicas.

Lucero evita caer en una simplificación directa —no afirma que más escuelas impliquen automáticamente menos cárceles—, pero insiste en que el Estado necesita políticas consistentes en varios frentes al mismo tiempo. Educación, salud, trabajo y seguridad deberían formar parte de una estrategia articulada. Sólo a partir de ese enfoque integral, sostiene, es posible mejorar las condiciones de vida de la población.

En su evaluación, el dirigente considera que buena parte de las críticas al discurso del gobernador se explican por la distancia entre las consignas oficiales y la experiencia cotidiana de la gente. A su juicio, la gestión provincial ha producido numerosos eslóganes pero pocas respuestas concretas a los problemas diarios. Y advierte que, si bien la reducción de la violencia o la delincuencia es un objetivo importante, no alcanza por sí sola. Para enfrentar los desafíos de la provincia, concluye, se necesitan políticas mucho más profundas, discusiones más amplias y un gobierno dispuesto a dar esa pelea.

Cuando intenta identificar logros concretos de la actual gestión en materia educativa, Lucero admite que no encuentra respuestas claras. Si tuviera que señalar cuál ha sido el principal avance del gobierno provincial en esta área, dice que le resultaría difícil mencionar alguno. Desde su perspectiva, no se perciben transformaciones significativas ni avances de fondo.

En cambio, lo que observa son políticas que retoman iniciativas de gestiones anteriores o modificaciones menores sobre programas que ya existían. Incluso menciona que durante los gobiernos del Frente Progresista Cívico y Social se desarrollaron políticas educativas que, a su juicio, resultaban valiosas y que hoy fueron discontinuadas, aun cuando algunos de los actuales funcionarios participaron en aquellas administraciones. Esa decisión, sostiene, debilita aún más la continuidad de las políticas públicas.

A partir de ese panorama, el dirigente sindical no duda en utilizar una palabra fuerte para describir el estado actual del sistema educativo: mediocridad.
El paro docente y la disputa por los números
El conflicto docente y el paro que acompañó el inicio de clases también forman parte de su análisis. Mientras el gobierno provincial aseguró que el ciclo lectivo comenzó con normalidad, Lucero sostiene que la realidad fue distinta. Anticipando que habría una lectura oficial basada en datos que, según afirma, suelen manipularse a partir de declaraciones juradas, desde el gremio decidieron realizar un relevamiento propio, escuela por escuela, para conocer qué había sucedido realmente en el primer día de clases.

El resultado del relevamiento arrojó un dato que, en apariencia, coincidía con el discurso oficial: el 92% de los colegios había abierto sus puertas. Pero el dirigente aclara que ese número no describe lo que ocurrió dentro de las instituciones.

Cuando el sindicato preguntó específicamente si las clases se habían desarrollado con normalidad, el panorama cambió de manera significativa. Sólo el 43% de los establecimientos tuvo una jornada de clases normal. En otras palabras, cerca del 60% de las escuelas no funcionó con normalidad.

Las situaciones fueron diversas. En algunos casos se dictaron clases únicamente en determinados cursos; en otros, las instituciones realizaron actividades simbólicas de inicio del ciclo lectivo en lugar de clases regulares. También hubo escuelas en las que los docentes se presentaron a trabajar, pero la propia institución decidió suspender actividades como parte de una modalidad de protesta impulsada por el gremio.

En términos generales, explica Lucero, el 57% de las escuelas tuvo algún tipo de alteración en su funcionamiento habitual, lo que contradice la afirmación oficial de que el inicio de clases fue completamente normal.

El inicio de clases y la disputa por el relato
El sindicato también indagó en un detalle que, dentro del sistema educativo, tiene un fuerte valor simbólico: el acto de apertura del ciclo lectivo. Para quienes forman parte de la vida escolar —explica el dirigente— ese momento marca realmente el comienzo de las clases. Es el acto en el que se convoca a las familias, se da la bienvenida a los estudiantes que comienzan una nueva etapa y se despide a quienes transitan su último año en cada nivel.

A partir de ese criterio, el relevamiento incluyó una pregunta directa: cuándo se había realizado ese acto en cada institución. El resultado dejó, según Lucero, un dato llamativo. En aproximadamente la mitad de las escuelas el acto de inicio del ciclo lectivo no se realizó el día fijado oficialmente por el gobierno provincial, sino al día siguiente.

Eso significa que, en la práctica, en esas instituciones las clases comenzaron el 3 de marzo y no el 2, como sostenía el discurso oficial. Para el dirigente, ese dato muestra con claridad la distancia entre la narrativa del gobierno y lo que efectivamente ocurrió en las escuelas.

El paro docente también tuvo un nivel de adhesión significativo dentro del sector privado representado por el sindicato. Según las estimaciones preliminares del gremio —que aún estaban terminando de depurar datos vinculados con turnos y modalidades— la medida de fuerza tuvo un acatamiento de entre el 50 y el 60% en los siete departamentos donde SADOP tiene representación.

Lucero interpreta ese porcentaje como una señal contundente. A su juicio, se trató del paro más fuerte que enfrentó hasta ahora la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro en el ámbito educativo. Recuerda que otras medidas de fuerza anteriores habían tenido más dificultades para alcanzar altos niveles de adhesión, mientras que esta convocatoria logró una respuesta más extendida.

El impacto del conflicto no se reflejó únicamente en el funcionamiento de las escuelas. El dirigente también destaca la movilización que se realizó en la ciudad de Santa Fe, donde confluyeron trabajadores de distintos sectores del empleo público. Según su evaluación, fue la movilización más grande protagonizada por empleados estatales desde el inicio de la actual gestión provincial.

Para Lucero, esa demostración de fuerza explica en parte la reacción del gobierno. Interpreta que la magnitud de la protesta generó incomodidad en las autoridades, que intentaron minimizar su impacto. Sin embargo, desde su mirada, el paro funcionó como un fuerte llamado de atención para la administración provincial.

Ese escenario, concluye, también ayuda a entender el tono de algunas respuestas oficiales posteriores al conflicto. El dirigente percibe en las declaraciones de funcionarios un nivel de reacción y agresividad que, a su juicio, refleja la preocupación que generó dentro del gobierno la contundencia de la protesta docente.
Declaraciones juradas y presentismo: las políticas en debate
En el conflicto docente de Santa Fe, uno de los puntos más cuestionados por el gremio es el mecanismo de declaraciones juradas que el Ministerio de Educación de Santa Fe exige completar a los docentes para evitar descuentos salariales durante las medidas de fuerza. Para Martín Miguel Lucero, ese sistema no sólo es problemático desde el punto de vista administrativo, sino que además distorsiona la lectura real del conflicto.

El dirigente de la seccional Rosario del Sindicato Argentino de Docentes Privados sostiene que la lógica misma de la declaración jurada resulta inapropiada para este tipo de situaciones. Según explica, ese tipo de instrumento tiene sentido cuando se utiliza para acreditar datos objetivos —por ejemplo, declarar que no existe superposición de cargos o que una persona no trabaja en dos lugares al mismo tiempo—. Sin embargo, considera que exigir una declaración jurada sobre una decisión personal, como adherir o no a un paro, implica una naturalización de una práctica que obliga a los trabajadores a pronunciarse sobre algo que forma parte de su derecho individual.

Para ilustrar la situación, Lucero recurre a comparaciones deliberadamente exageradas. Sostiene que pedir a un docente que declare anticipadamente si hará paro sería tan absurdo como exigirle una declaración jurada asegurando que no se enfermará o que no respirará. En su visión, la medida resulta aún más llamativa en el ámbito de la educación privada: imagina el escenario hipotético de que el Estado exigiera a cualquier trabajador del sector privado —de un banco, un comercio o un taller mecánico— que jure por adelantado si participará o no de una medida de fuerza.

A su juicio, se trata de una práctica excepcional que sólo se aplica en la provincia de Santa Fe y que termina alterando el sentido mismo del derecho a huelga. Lucero interpreta que el objetivo de este mecanismo no es obtener un dato estadístico confiable, sino construir un relato público favorable al gobierno.

Según su análisis, el sistema permite inflar números a partir de la cantidad de declaraciones juradas completadas. De esa manera, el dato que se difunde posteriormente no es cuántos docentes hicieron paro, sino cuántos completaron el formulario. Para el dirigente sindical, esa diferencia es clave: el mecanismo estaría pensado más para producir un titular de diario o una gacetilla de prensa que para reflejar un indicador objetivo sobre la adhesión a la medida de fuerza.

También sostiene que el carácter anticipado de la declaración busca desalentar la participación en el paro. En algunos momentos —admite— esa estrategia pudo haber tenido cierto efecto disuasorio, pero considera que con el tiempo perdió eficacia. En la actualidad, afirma, ese mecanismo habría fracasado en su intento de reducir la adhesión a las medidas de fuerza.

Otra de las críticas del gremio se centra en el universo de trabajadores que son convocados a completar la declaración jurada. Lucero explica que el formulario se envía de manera generalizada, sin distinguir situaciones particulares. Eso incluye docentes que se encuentran con licencias médicas, personas que están trabajando en el propio ministerio, docentes que ese día no tienen clases asignadas o profesores que comienzan su actividad en días distintos de la semana.

Al incorporar a todos esos casos dentro del mismo registro, sostiene, el número final se vuelve engañoso. El dato surge de un universo mucho más amplio que el de los docentes que realmente podrían adherir a un paro ese día. En otras palabras, la estadística queda "viciada" desde el origen porque incluye personas que, aun queriendo, no podrían participar de la medida de fuerza. Lucero lo resume con un ejemplo extremo: una persona internada en un hospital no puede hacer paro, pero igualmente se le exige completar una declaración jurada.
Ausentismo, presentismo y estadísticas en discusión
Desde su mirada, todo el mecanismo responde a una lógica comunicacional orientada a influir en la opinión pública. El dirigente sostiene que detrás de la medida hay una estrategia para instalar la idea de un enfrentamiento entre la sociedad y la docencia, o entre la ciudadanía y los sindicatos. En ese marco, los números difundidos al día siguiente del paro funcionarían como parte de esa narrativa.

Lucero afirma que, si el gobierno realmente quisiera medir cuántos docentes adhieren a una medida de fuerza, el procedimiento sería mucho más simple. El propio Estado dispone de herramientas administrativas suficientes para verificar, al día siguiente, cuántos trabajadores faltaron efectivamente a sus puestos. Sin embargo, ese dato —según señala— nunca se difunde públicamente.

La discusión sobre las estadísticas también aparece cuando se aborda otro tema recurrente en el debate educativo: el ausentismo docente. El dirigente sindical reconoce que se trata de un asunto real dentro del sistema educativo, pero cuestiona la forma en que el gobierno lo presenta públicamente.

Recuerda que el gremio comenzó a plantear este debate cuando la administración provincial impulsó el sistema de presentismo, una política salarial que premia la asistencia. Desde el sindicato advirtieron entonces que esa medida no resolvería el problema del ausentismo, porque muchas de las ausencias responden a causas legítimas: enfermedades o situaciones administrativas previstas en la normativa.

Lucero subraya que, en muchos casos, lo que el Estado contabiliza como ausencias en realidad corresponde a situaciones normales dentro del funcionamiento del sistema. Por ejemplo, docentes que son relevados temporalmente para trabajar en el propio Ministerio de Educación, o maestros que asumen cargos de mayor jerarquía mientras otros ocupan su lugar en el aula. En esos casos —explica— ambas personas están trabajando, aunque las estadísticas puedan registrarlo como una ausencia en la escuela.

Durante ese debate, el gremio solicitó reiteradamente conocer datos precisos: cuál era el nivel real de inasistencias antes de la implementación del presentismo y cuál era el porcentaje posterior, para evaluar si la medida había tenido algún efecto concreto. Según Lucero, esa información nunca fue publicada.

En un primer momento —recuerda— desde el gobierno se mencionó una cifra cercana al 33%, pero ese número, sostiene, respondía a cálculos presupuestarios vinculados con el gasto del Estado y no a un indicador real de ausentismo. A pesar de que la cifra fue repetida públicamente por el ministro de Educación José Goity y por el ministro de Gobierno e Innovación Pública Fabián Bastia, el origen metodológico de ese porcentaje nunca fue aclarado.

Lucero afirma que en algún momento sí existió un sistema informático que permitía consultar datos concretos sobre el ausentismo en cada escuela y en el sistema educativo en general. A partir de esa herramienta, el sindicato habría detectado que el porcentaje de ausencias por enfermedad era del 12,57%. Sin embargo —asegura— ese acceso posteriormente fue eliminado del sistema.

Para el dirigente, esa falta de transparencia no es casual. Considera que el ocultamiento de datos forma parte de una estrategia destinada a sostener un relato político. Si el gobierno publicara cifras reales sobre el ausentismo docente, argumenta, quedaría en evidencia que el problema no tenía la magnitud que se instaló públicamente.

En su interpretación, el sistema de presentismo no fue diseñado para resolver abusos ni para corregir irregularidades, sino como una herramienta de ajuste salarial. Dado que ese adicional no lo perciben todos los trabajadores, funciona —según sostiene— como una forma de aumentar el salario únicamente a una parte del personal docente.

Lucero señala además que existen situaciones particularmente sensibles que quedan excluidas de ese beneficio: docentes embarazadas, trabajadores con enfermedades graves, personas con hijos internados o docentes que sufrieron accidentes laborales y deben tomar licencias médicas. En todos esos casos, explica, el presentismo no se paga.

Desde su punto de vista, si el Ministerio de Educación difundiera con claridad los datos reales sobre ausentismo y sobre el funcionamiento del presentismo, esa política quedaría seriamente cuestionada. Por eso, concluye, la información nunca se publica con precisión: porque revelar esos números implicaría desmontar uno de los pilares discursivos de la actual gestión provincial.

Plan Banderas
En Rosario, la aparición de nuevas amenazas frente a escuelas vuelve a instalar una preocupación que en los últimos años atravesó al sistema educativo de la región. La colocación de una bandera intimidatoria frente a un establecimiento de la zona sur reavivó el debate sobre cómo debe actuar el Estado cuando la violencia vinculada al narcotráfico o al delito alcanza directamente a las instituciones educativas.

Para Lucero, el problema es más amplio de lo que suele aparecer en la agenda pública. Según advierte, los casos de escuelas baleadas o amenazadas son numerosos y muchos de ellos no llegan a tener visibilidad mediática. Recuerda, por ejemplo, que durante el año pasado se registraron varios episodios de ese tipo en Villa Gobernador Gálvez, aunque pocos trascendieron más allá del ámbito local.

El dirigente sindical sostiene que la respuesta oficial frente a estos hechos es preocupante. En su evaluación, el gobierno provincial adopta una actitud que consiste en minimizar o negar el problema. "Siga, siga, que no pasa nada", resume como la lógica que, según afirma, predomina cuando se producen amenazas o episodios de violencia contra instituciones educativas.

Esa postura —explica— se traduce en una directiva clara hacia las escuelas: evitar el cierre de los establecimientos y continuar con las actividades educativas como si nada hubiera ocurrido. Para Lucero, esa reacción resulta particularmente peligrosa porque implica intentar ocultar o tapar los hechos en lugar de abordarlos abiertamente.

El dirigente plantea una preocupación de fondo: si la estrategia consiste en negar el problema, existe el riesgo de que se continúe ignorando la situación hasta que ocurra un hecho de mayor gravedad. Aunque aclara que no desea alimentar escenarios alarmistas ni especular con tragedias, considera que la responsabilidad del Estado es reconocer el problema y actuar con prudencia frente a situaciones que involucran amenazas directas.

A su juicio, la actitud del gobierno responde a la necesidad de sostener un relato político centrado en la idea de que los niveles de violencia han disminuido. En ese marco, afirma, admitir públicamente episodios de amenazas contra escuelas podría contradecir esa narrativa.

Lucero utiliza una metáfora para describir la situación: como si el gobierno arrojara una moneda al aire. Si los hechos no derivan en consecuencias graves, el discurso oficial se mantiene intacto; si ocurre un episodio serio, entonces habrá que lamentar algo que nadie desea imaginar. Por eso insiste en que la negación del problema resulta irresponsable.

En su relato, los signos de esa violencia siguen apareciendo dentro del sistema educativo: banderas intimidatorias, balas encontradas en las puertas de las escuelas o mensajes amenazantes dirigidos a la comunidad educativa. Aun así —asegura— en muchos casos la indicación del Ministerio de Educación es continuar con la actividad escolar con normalidad.

Para el dirigente sindical, esa decisión refleja una prioridad política: evitar que la situación afecte el relato oficial sobre la seguridad en la provincia, impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro. El problema, advierte, es que cuando la respuesta institucional frente a un hecho de violencia consiste simplemente en afirmar que "no pasa nada", el sistema educativo queda en una situación de vulnerabilidad.
Entre la tradición pedagógica pública y un programa enlatado de empresas privadas
Otro eje de crítica del sindicato se vincula con el plan de alfabetización impulsado por el gobierno provincial. Desde SADOP cuestionaron la decisión de destinar alrededor de 1.700 millones de pesos al programa RAÍZ a través de convenios con organizaciones privadas.

Lucero explica que la inquietud del gremio comenzó cuando intentaron conocer el origen de la Asociación Civil Propuesta Dale!, la organización encargada de implementar el programa de alfabetización en la provincia. Según relata, les llamó la atención que una provincia con una larga tradición pedagógica optara por contratar a una organización externa para diseñar e implementar una política educativa de esa magnitud.

En ese sentido, el dirigente recuerda la herencia pedagógica de Santa Fe, marcada por figuras como Olga Cossettini, Leticia Cossettini, Rosita Ziperovich y Ovide Menin, entre muchos otros referentes del pensamiento educativo. En una provincia con esa tradición —plantea— resulta llamativo recurrir a una ONG que no tiene raíces en el sistema educativo local.

A partir de las investigaciones del sindicato, señala, se encontraron con que la organización ya había comercializado el mismo programa educativo en otras provincias del país. Además, detectaron que la iniciativa estaba financiada por la Fundación Natura y que el desarrollo del programa en Santa Fe se articulaba también con la Fundación Pérez Companc.

Para el dirigente, la decisión resulta todavía más cuestionable si se considera el contexto nacional de debate sobre la educación pública. En la provincia —recuerda— existen cinco universidades nacionales y numerosos institutos superiores con especialistas capaces de desarrollar políticas educativas propias.

A pesar de esa capacidad instalada, el gobierno optó por contratar de manera directa a una organización externa. Lucero subraya que no hubo un proceso de licitación ni un concurso que permitiera presentar propuestas alternativas. En cambio, se firmó un convenio directo para implementar el programa.

Cuando el sindicato finalmente accedió a los datos sobre el costo del plan, la cifra reforzó sus cuestionamientos. El convenio implicó una inversión inicial cercana a los 1.700 millones de pesos, correspondiente a los primeros dos años de implementación. Según las estimaciones del gremio, el monto total podría alcanzar alrededor de 2.500 millones de pesos hacia el final del año.

Lucero considera que se trata de una suma muy elevada, especialmente en un contexto económico que el propio gobierno describe como restrictivo. Pero su crítica no se limita al aspecto presupuestario. También cuestiona el contenido pedagógico del programa.

Desde su perspectiva, el plan de alfabetización responde a modelos educativos antiguos, basados en enfoques que considera superados. Además —afirma— al tratarse de un programa diseñado para aplicarse en distintas provincias, carece de adaptación a las particularidades culturales, sociales y pedagógicas de cada región.

Ese carácter "enlatado", como lo define, obliga al programa a mantener una estructura suficientemente general como para implementarse tanto en Santa Fe como en Jujuy o en la Patagonia, lo que en su opinión impide reconocer las realidades locales y la historia educativa propia de cada territorio.

El dirigente también cuestiona la falta de transparencia con la que, según afirma, se manejó la información sobre el convenio. Explica que el sindicato debió insistir durante más de 18 meses para obtener los datos completos del acuerdo. Durante ese período realizaron múltiples presentaciones administrativas y finalmente iniciaron una demanda judicial contra la provincia para acceder a la documentación.

Para Lucero, el hecho de que haya sido necesario recurrir a la Justicia para conocer los detalles del programa es, en sí mismo, un indicio de que el proceso no fue transparente. Por eso, concluye, la crítica principal del sindicato no se limita al monto invertido, sino que apunta también a la decisión de contratar de manera directa a una ONG externa en una provincia que, a su juicio, cuenta con suficientes especialistas y tradición pedagógica para diseñar sus propias políticas educativas.

Denuncian campañas digitales contra docentes financiadas desde el Estado
Desde la llegada del actual gobierno provincial, el dirigente gremial asegura que se instaló una fuerte campaña contra los docentes y las organizaciones sindicales. Según plantea, esa ofensiva ya no se limita únicamente a declaraciones de las máximas autoridades políticas, sino que se trasladó con intensidad al terreno de las redes sociales.

En ese contexto, sostiene que existen estructuras digitales organizadas que operan de manera coordinada para difundir mensajes contra los gremios y algunos de sus dirigentes. Para Lucero, no se trata de acciones aisladas ni de usuarios individuales.

El secretario general de la seccional Rosario del Sindicato Argentino de Docentes Privados afirma estar convencido de que estas campañas cuentan con financiamiento estatal.

"Nosotros estamos seguros de que la campaña contra los sindicatos y contra algunos dirigentes está financiada por el Estado", sostiene. A su entender, el volumen y la coordinación de las publicaciones en redes sociales no podrían sostenerse sin recursos importantes detrás.

Según explica, el despliegue incluye avisos pagos, difusión sistemática de contenidos y una presencia simultánea en distintas plataformas. "No hay forma de que una estructura que no sea el Estado financie este nivel de amplitud en redes sociales", asegura.

Lucero afirma que detrás de estas estrategias suelen intervenir empresas privadas especializadas en comunicación digital y manejo de redes. En su descripción, no se trata simplemente de usuarios anónimos que crean cuentas falsas desde sus casas para difamar a dirigentes.

"Esto no es una persona que armó una cuenta trucha para atacar a alguien. Son empresas privadas nacionales que se dedican a esto", afirma.

El dirigente incluso vincula ese tipo de estrategias con sectores cercanos a la conducción política del gobierno provincial de Santa Fe, a los que atribuye antecedentes en la organización de campañas digitales agresivas, incluyendo el uso de cuentas coordinadas o "granjas de trolls".

Para Lucero, este tipo de prácticas resultan incompatibles con el funcionamiento democrático. "Nos parece una aberración en tiempos de democracia", señala, al tiempo que insiste en que existen funcionarios públicos que, según su visión, aportan recursos económicos para financiar esas campañas.

El dirigente sostiene que durante el conflicto docente reciente se pudo observar con claridad ese funcionamiento. Según relata, al comienzo aparecieron cuentas vinculadas al ámbito local de la provincia, pero durante el paro la difusión se amplió a perfiles y portales de alcance nacional.

Entre ellos menciona cuentas como La Derecha Diario, que cuentan con cientos de miles de seguidores y que, según su versión, difundieron información falsa sobre lo ocurrido durante la medida de fuerza en Santa Fe.

Para el dirigente sindical, este tipo de intervenciones generan una situación de fuerte desigualdad en el debate público.

"Uno deja de ser, más allá de la responsabilidad que tenga en una organización social, un ciudadano común frente a todo el aparato del Estado", afirma. En ese escenario, concluye, enfrentar campañas de ese tipo resulta muy difícil porque se trata de estructuras con recursos y capacidad de amplificación mucho mayores.

Escuchá la entrevista completa:

jueves, 25 de diciembre de 2025

Activista británico contra la desinformación queda protegido contra eventual deportación de EE. UU.

Imran Ahmed, uno de los cinco funcionarios europeos a los que Estados Unidos acusa de censura por sus advertencias contra los discursos de odio y la desinformación en línea, quedó amparado por la orden judicial de un tribunal de distrito de Nueva York, que impide que se materialice la detención con miras a la deportación, anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio. Ahmed es el único de los activistas digitales a los que se les dictara prohibición de entrada que ya vive en Estados Unidos
Un activista indio sostiene un cartel con el retrato del director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, durante una protesta contra la desinformación frente a la entrada de las oficinas de Meta en Londres. 17 de abril de 2024

Un juez estadounidense impidió temporalmente este 26 de diciembre que la administración Trump detenga al activista británico contra la desinformación Imran Ahmed, después de que este residente permanente en Estados Unidos demandara a las autoridades por prohibirle la entrada al país, debido a su papel en lo que Washington considera censura en línea.

El martes, el Departamento de Estado impuso prohibiciones de visado a Ahmed y a cuatro europeos, entre ellos el excomisionado francés de la Unión Europea Thierry Breton.

Washington los acusa de trabajar para censurar la libertad de expresión o atacar injustamente a los gigantes tecnológicos estadounidenses con regulaciones onerosas. Ahmed vive en Nueva York y se cree que es el único de los cinco que se encuentra actualmente en el país.

La medida provocó la indignación de los gobiernos europeos, que argumentan que las regulaciones y el trabajo de los grupos de monitoreo hicieron que internet fuera más seguro al destacar la información falsa y obligar a los gigantes tecnológicos a hacer más para combatir el contenido ilegal, incluido el discurso de odio y el material de abuso sexual infantil.

Para Ahmed, de 47 años y director ejecutivo del Centro para la Lucha contra el Odio Digital, con sede en Estados Unidos, también ha despertado el temor a una deportación inminente que lo separaría de su esposa e hijo, ambos ciudadanos estadounidenses, según una demanda que presentó el 25 de diciembre ante el Distrito Sur de Nueva York.

Amenaza creíble de deportación
Al anunciar las restricciones de visado, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que había determinado que la presencia de los cinco en Estados Unidos tenía consecuencias potencialmente graves para la política exterior del país y que, por lo tanto, podían ser deportados.

Ahmed nombró a Rubio, a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y a otros funcionarios de Trump en su demanda, argumentando que los funcionarios estaban violando sus derechos a la libertad de expresión y al debido proceso con la amenaza de deportación.

El juez federal Vernon Broderick dictó el 26 una orden de restricción temporal que prohíbe a los funcionarios arrestar, detener o trasladar a Ahmed antes de que tenga la oportunidad de que se escuche su caso, y programó una conferencia entre las partes para el 29 de diciembre.

Ahmed, en una declaración proporcionada por un representante, elogió los controles y equilibrios del sistema legal estadounidense y dijo que estaba orgulloso de llamar a este país su hogar.

"No me dejaré intimidar para que abandone el trabajo de mi vida, que es luchar por mantener a los niños a salvo del daño de las redes sociales y detener el antisemitismo en Internet", afirmó el activista.

En respuesta a las preguntas sobre el caso, un portavoz del Departamento de Estado dijo: "El Tribunal Supremo y el Congreso han dejado claro en repetidas ocasiones que Estados Unidos no tiene la obligación de permitir que los extranjeros entren en nuestro país o residan aquí".

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a una solicitud de comentarios.

Antecedentes de muy alto perfil
Los residentes legales permanentes, conocidos como titulares de la tarjeta verde, no necesitan un visado para permanecer en Estados Unidos, pero la administración Trump ya ha intentado deportar al menos a uno este año.

Mahmoud Khalil, detenido en marzo tras su destacada participación en las protestas a favor de Palestina en la Universidad de Columbia, fue puesto en libertad por un juez que argumentó que castigar a alguien por un asunto civil de inmigración era inconstitucional.

En septiembre, una jueza de inmigración de Estados Unidos ordenó la deportación de Khalil por haber omitido información en su solicitud de tarjeta verde, pero él apeló esa decisión y siguen vigentes otras órdenes que bloquean su deportación.
Foto: AP - Kirsty Wigglesworth
Fuente: Agencia Reuters

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