El Concejo Municipal aprobó una declaración de beneplácito por los resultados obtenidos a partir de la implementación y continuidad del Plan Bandera, pero el trámite de la iniciativa generó una de las discusiones más ásperas de la sesión.
El expediente, impulsado por el concejal de La Libertad Avanza Juan Pedro Aleart, proponía que el cuerpo expresara su beneplácito por los resultados obtenidos a partir de la implementación y continuidad del Plan Bandera, al que atribuye una contribución en la recuperación del control territorial, la reducción de los homicidios y de los niveles de violencia y el fortalecimiento de la presencia y coordinación de las fuerzas de seguridad, con participación de los gobiernos nacional, provincial y municipal.
La comunicación posterior del Concejo resumió el asunto en pocas líneas bajo el título "Plan Bandera". Sin embargo, en el recinto la discusión fue bastante más extensa y estuvo atravesada por una controversia que excedió el respaldo o rechazo al plan de seguridad: varios concejales cuestionaron la propia construcción del expediente y pidieron que regresara a comisión para ser corregido y documentado.
Aleart: "Una cosa es reconocer lo que falta y otra negar lo evidente"
Aleart defendió la iniciativa reivindicando los resultados de la política de seguridad y trazando una comparación con los años anteriores.
Sostuvo que Rosario pasó de tasas superiores a 20 homicidios cada 100.000 habitantes a registros sustancialmente menores y afirmó que, hasta agosto del año en curso, se habían contabilizado 50 homicidios contra 156 en el mismo período de 2023.
"Una cosa es reconocer lo que falta y otra negar lo evidente", planteó.
En una extensa exposición, el concejal atribuyó la mejora a la implementación del Plan Bandera y a una serie de medidas impulsadas durante la actual gestión nacional. Mencionó procedimientos, detenciones e incautaciones de drogas y armas, además de la ley antimafia, el régimen de reiterancia, el sistema acusatorio, el banco genético criminal y el nuevo régimen penal juvenil.
Pero su discurso también tuvo una fuerte carga política. Aleart vinculó los años de mayores tasas de homicidios con las gestiones del kirchnerismo y cuestionó lo que definió como las "ideas socialistas". También reivindicó la figura de Javier Milei y la gestión de Patricia Bullrich en materia de seguridad.
El reconocimiento, dijo, debía alcanzar también a los policías provinciales, federales, prefectos, gendarmes y agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria desplegados en Rosario.
El primer pedido: "Esto es un mamarracho legislativo"
La respuesta más dura llegó de Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular) quien pidió que el expediente regresara a comisión.
Su cuestionamiento no fue, en primer término, contra el Plan Bandera, sino contra la manera en que se había elaborado la declaración. "Es un mamarracho legislativo", afirmó.
Gigliani señaló que las declaraciones del Concejo no deberían presentar un articulado como el que tenía el expediente y cuestionó que, bajo el paraguas del beneplácito al Plan Bandera, se hubieran incorporado referencias a leyes nacionales, resoluciones ministeriales y otras medidas.
También objetó las estadísticas. Según explicó, dentro del propio expediente aparecían cifras diferentes sobre una misma cuestión, se utilizaban períodos de comparación distintos y se mencionaban zonas de intervención sin definirlas con precisión.
El problema, remarcó, era que no se consignaban fuentes estadísticas, organismos, informes ni metodología. "Si queremos hablar de los resultados de un programa, perfecto, discutámoslo en comisión seriamente", reclamó.
La concejala también cuestionó que el Concejo se pronunciara sobre legislación nacional cuya sanción correspondió al Congreso y sobre normas que, según dijo, todavía no tenían suficiente tiempo de implementación como para evaluar sus resultados.
Un respaldo con reparos
Pablo Gavira (UNO - Una Nueva Oportunidad) acompañó el planteo de Aleart y destacó especialmente el aporte del gobierno provincial. Señaló la inversión en personal, móviles, infraestructura penitenciaria y otras herramientas, y valoró la coordinación entre Nación y Provincia pese a sus diferencias políticas.
Damián Pullaro (Unidos por Rosario) también acompañó el proyecto. Dijo que respaldaría las herramientas que aportaran a la inteligencia criminal y valoró el Plan Bandera como un apoyo importante para Santa Fe.
Al mismo tiempo, Pullaro introdujo un matiz: sostuvo que la política de seguridad no podía reducirse a "medidas duras" o de shock y reivindicó las políticas de contención desarrolladas en clubes, vecinales, comedores y merenderos.
Sabrina Prence (Nación y Libertad), por su parte, expresó que coincidía con el contenido general del proyecto, pero fue crítica con su elaboración. Admitió que la parte técnica era "muy pobre" y cuestionó que los asesores de las comisiones debieran corregir reiteradamente los expedientes presentados por los propios concejales. Sin embargo, no acompañó el pedido de devolverlo a comisión.
La concejala Alicia Pino (Bloque Socialista) tampoco intervino en la discusión de fondo. Cuando la presidenta María Eugenia Schmuck le cedió la palabra, creyó que iba a aportar "un poco de claridad a este lío". Pero Pino aclaró que había pedido la palabra para referirse luego a otros proyectos y no para participar de la discusión sobre el Plan Bandera. La escena, breve pero significativa, ocurrió mientras el recinto intentaba ordenar un debate que ya acumulaba cuestionamientos técnicos, cruces políticos y pedidos contrapuestos sobre el destino del expediente.
"Estamos discutiendo un montón de cosas para no discutir nada"
Antonio Salinas (Ciudad Futura) introdujo otra mirada. Dijo que estaba dispuesto a discutir el Plan Bandera e incluso que algunos de sus objetivos podían generar consensos.
Pero observó que el expediente no se limitaba al plan. "Estamos discutiendo un montón de cosas, creo yo, para no discutir nada", sostuvo.
Según su planteo, el Plan Bandera definido oficialmente como un mayor despliegue y operatividad de las fuerzas federales en Rosario podía ser discutido en el Concejo: sus alcances, sus límites y sus resultados.
El problema era que la declaración incorporaba, además, decretos, resoluciones, disposiciones y leyes nacionales.
Para Salinas, esa acumulación podía terminar provocando una votación dividida sobre cuestiones que en realidad no constituían el objeto central del proyecto. "Discutamos eso", propuso, en referencia al Plan Bandera propiamente dicho.
La institucionalidad, en discusión
Mariano Romero (Bloque Peronista) también pidió la vuelta a comisión. Admitió que el Plan Bandera tenía aspectos positivos, pero consideró necesario cuidar la institucionalidad del cuerpo.
Su observación fue concreta: señaló que se estaba aprobando una declaración de diez artículos y cuestionó que el formato mismo del expediente fuera adecuado.
La devolución, sostuvo, podía servir al menos para corregir la forma y evitar que el Concejo estableciera el precedente de aprobar "absolutamente cualquier cosa".
Incluso consideró que, con un trabajo serio y algunas salvedades, el proyecto podría eventualmente conseguir un consenso amplio.
La firma de Schmuck y el "mamarracho" que iba a quedar como documento público
Labayru, una firma sin intervenciónLa concejala oficialista Carolina Labayru (Unidos por Rosario), en cambio, prefirió no intervenir en la discusión. Durante el tratamiento solicitó a la presidenta que se incorporara su firma al proyecto, pedido que fue aceptado.
El cruce por la barra
Mientras se desarrollaba la discusión apareció otro foco de tensión: los gritos provenientes de la barra. Gigliani había advertido que desde el público se estaba interrumpiendo el debate y planteó la posibilidad de solicitar su desalojo.
Franco Volpe (La Libertad Avanza) respondió señalando que durante sus dos años como concejal había recibido silbidos en otras oportunidades sin que, según su relato, se hubiera producido una intervención semejante.
La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, tomó entonces la palabra y marcó un límite. Defendió el carácter público de las sesiones y sostuvo que la barra puede aplaudir o vitorear a un concejal, pero no puede utilizarse para abuchear a quien piensa distinto.
"No voy a permitir" que una "hinchada" vaya contra otro concejal, fue el sentido de su intervención. El intercambio agregó tensión a una discusión que ya venía cargada de reproches políticos.
Volpe pidió votar
Franco Volpe defendió el tratamiento del expediente y rechazó que las objeciones técnicas justificaran devolverlo a comisión. Argumentó que la iniciativa había permanecido 15 días en tratamiento y había pasado por dos reuniones de comisión, por lo que los bloques habían tenido oportunidad de plantear allí sus reparos.
También cuestionó la participación de algunos sectores en ese ámbito y sostuvo que, una vez que el expediente había llegado al recinto con los votos necesarios, correspondía avanzar con la votación. Fue quien formalmente pidió pasar a votar.
Gigliani volvió a responder. Su argumento fue que una cosa era utilizar una comisión para discutir el fondo de un proyecto y otra muy distinta tener que dedicarla a explicar cuestiones elementales de técnica legislativa.
Insistió en que no correspondía que los concejales tuvieran que enseñar cómo se redacta una declaración, que se incorporaran estadísticas sin fuentes o que un proyecto cuyo objeto era el Plan Bandera terminara incluyendo una extensa enumeración de otras políticas.
López: antecedentes que ponen en discusión algunas de las afirmaciones del expediente
La vicepresidenta primera, Norma López (Comunidad), también respondió a las críticas sobre su participación en comisión y ofreció, con ironía, ponerse a disposición para explicar cómo se escribe e investiga un proyecto. Recordó además que el propio Concejo Municipal cuenta con instancias de capacitación para concejales, concejalas y equipos de asesores.
Luego llevó la discusión al contenido del expediente. Enumeró antecedentes regulatorios y administrativos que muestran que las políticas de bloqueo de celulares e instalación de inhibidores en establecimientos penitenciarios no comenzaron con las medidas reivindicadas en la declaración, sino que tienen antecedentes de varios años.
Uno de los puntos que planteó fue la situación de Santa Fe frente a las resoluciones nacionales que extienden mecanismos de bloqueo a las provincias. La provincia todavía no adhirió a esas disposiciones, por lo que López cuestionó que el expediente incluyera un beneplácito relacionado con su aplicación en territorio santafesino.
También señaló que no se habían incorporado auditorías técnicas externas ni informes de organismos de control que permitieran comprobar la incidencia real de esos sistemas sobre la criminalidad y la violencia dentro de las cárceles.
La concejala aclaró que sus cuestionamientos no implicaban desconocer la gravedad de la violencia que atravesó Rosario. Su planteo, insistió, era exigir seriedad en la forma de medir los resultados y atribuirlos a determinadas políticas públicas.
Según el análisis que expuso, el expediente reúne en una misma declaración estadísticas criminales, políticas contra el narcomenudeo, violencia vinculada al narcotráfico, despliegue de fuerzas federales, actuación de la policía provincial, el régimen penal juvenil —que comenzó a aplicarse apenas unos días antes de la sesión— y distintas leyes, resoluciones y políticas de seguridad.
Para López, esa acumulación dificulta establecer una relación concreta entre cada medida y los resultados que el proyecto pretende celebrar. Su crítica apuntó, en definitiva, a la posibilidad de atribuir resultados a políticas con distintos períodos de implementación y objetivos diferentes, algo que, a su entender, requería un análisis mucho más preciso antes de convertir esa evaluación en una declaración oficial del Concejo.
También cuestionó la utilización de los nombres de víctimas de hechos violentos durante el debate. Sostuvo que las personas asesinadas en Rosario no pertenecen a ningún partido político y que utilizar sus historias en una disputa partidaria podía resultar una falta de respeto para sus familias.
El expediente no volvió a comisión y finalmente se aprobó
Después de todos esos cruces llegó el momento de definir si el proyecto regresaba a comisión. La moción para revisarlo y trabajarlo nuevamente no consiguió los votos necesarios.
Por lo tanto, el expediente permaneció en el recinto y avanzó hacia la votación definitiva. Finalmente se votaron las abstenciones y la declaración resultó aprobada.
El Concejo Municipal terminó así expresando formalmente su beneplácito por los resultados atribuidos a la implementación y continuidad del Plan Bandera en Rosario y su área metropolitana.
El dato político de la jornada, sin embargo, no estuvo solamente en el resultado de la votación.
El proyecto que terminó aprobado había sido cuestionado durante la sesión por concejales de distintos espacios —incluso por quienes dijeron coincidir con aspectos centrales del Plan Bandera— debido a su técnica legislativa, a la forma de presentar las estadísticas y a la inclusión de normas y políticas que excedían, según sus críticas, el objeto de la declaración.
La discusión dejó además una pregunta de fondo: si el Concejo quería reconocer los resultados del Plan Bandera, ¿por qué no limitar la declaración a evaluar ese programa y respaldar esa evaluación con datos, fuentes y una metodología clara?
La respuesta no surgió del debate. Lo que sí quedó claro es que, mientras la comunicación institucional redujo la sesión a la aprobación de un beneplácito por el Plan Bandera, en el recinto hubo bastante más para contar.
La comunicación posterior del Concejo resumió el asunto en pocas líneas bajo el título "Plan Bandera". Sin embargo, en el recinto la discusión fue bastante más extensa y estuvo atravesada por una controversia que excedió el respaldo o rechazo al plan de seguridad: varios concejales cuestionaron la propia construcción del expediente y pidieron que regresara a comisión para ser corregido y documentado.
Aleart defendió la iniciativa reivindicando los resultados de la política de seguridad y trazando una comparación con los años anteriores.
Sostuvo que Rosario pasó de tasas superiores a 20 homicidios cada 100.000 habitantes a registros sustancialmente menores y afirmó que, hasta agosto del año en curso, se habían contabilizado 50 homicidios contra 156 en el mismo período de 2023.
"Una cosa es reconocer lo que falta y otra negar lo evidente", planteó.
En una extensa exposición, el concejal atribuyó la mejora a la implementación del Plan Bandera y a una serie de medidas impulsadas durante la actual gestión nacional. Mencionó procedimientos, detenciones e incautaciones de drogas y armas, además de la ley antimafia, el régimen de reiterancia, el sistema acusatorio, el banco genético criminal y el nuevo régimen penal juvenil.
Pero su discurso también tuvo una fuerte carga política. Aleart vinculó los años de mayores tasas de homicidios con las gestiones del kirchnerismo y cuestionó lo que definió como las "ideas socialistas". También reivindicó la figura de Javier Milei y la gestión de Patricia Bullrich en materia de seguridad.
El reconocimiento, dijo, debía alcanzar también a los policías provinciales, federales, prefectos, gendarmes y agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria desplegados en Rosario.
La respuesta más dura llegó de Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular) quien pidió que el expediente regresara a comisión.
Su cuestionamiento no fue, en primer término, contra el Plan Bandera, sino contra la manera en que se había elaborado la declaración. "Es un mamarracho legislativo", afirmó.
Gigliani señaló que las declaraciones del Concejo no deberían presentar un articulado como el que tenía el expediente y cuestionó que, bajo el paraguas del beneplácito al Plan Bandera, se hubieran incorporado referencias a leyes nacionales, resoluciones ministeriales y otras medidas.
También objetó las estadísticas. Según explicó, dentro del propio expediente aparecían cifras diferentes sobre una misma cuestión, se utilizaban períodos de comparación distintos y se mencionaban zonas de intervención sin definirlas con precisión.
El problema, remarcó, era que no se consignaban fuentes estadísticas, organismos, informes ni metodología. "Si queremos hablar de los resultados de un programa, perfecto, discutámoslo en comisión seriamente", reclamó.
La concejala también cuestionó que el Concejo se pronunciara sobre legislación nacional cuya sanción correspondió al Congreso y sobre normas que, según dijo, todavía no tenían suficiente tiempo de implementación como para evaluar sus resultados.
Pablo Gavira (UNO - Una Nueva Oportunidad) acompañó el planteo de Aleart y destacó especialmente el aporte del gobierno provincial. Señaló la inversión en personal, móviles, infraestructura penitenciaria y otras herramientas, y valoró la coordinación entre Nación y Provincia pese a sus diferencias políticas.
Al mismo tiempo, Pullaro introdujo un matiz: sostuvo que la política de seguridad no podía reducirse a "medidas duras" o de shock y reivindicó las políticas de contención desarrolladas en clubes, vecinales, comedores y merenderos.
Antonio Salinas (Ciudad Futura) introdujo otra mirada. Dijo que estaba dispuesto a discutir el Plan Bandera e incluso que algunos de sus objetivos podían generar consensos.
Pero observó que el expediente no se limitaba al plan. "Estamos discutiendo un montón de cosas, creo yo, para no discutir nada", sostuvo.
Según su planteo, el Plan Bandera definido oficialmente como un mayor despliegue y operatividad de las fuerzas federales en Rosario podía ser discutido en el Concejo: sus alcances, sus límites y sus resultados.
El problema era que la declaración incorporaba, además, decretos, resoluciones, disposiciones y leyes nacionales.
Para Salinas, esa acumulación podía terminar provocando una votación dividida sobre cuestiones que en realidad no constituían el objeto central del proyecto. "Discutamos eso", propuso, en referencia al Plan Bandera propiamente dicho.
Mariano Romero (Bloque Peronista) también pidió la vuelta a comisión. Admitió que el Plan Bandera tenía aspectos positivos, pero consideró necesario cuidar la institucionalidad del cuerpo.
Su observación fue concreta: señaló que se estaba aprobando una declaración de diez artículos y cuestionó que el formato mismo del expediente fuera adecuado.
La devolución, sostuvo, podía servir al menos para corregir la forma y evitar que el Concejo estableciera el precedente de aprobar "absolutamente cualquier cosa".
Incluso consideró que, con un trabajo serio y algunas salvedades, el proyecto podría eventualmente conseguir un consenso amplio.
El intercambio entre los concejales tuvo además un capítulo directamente relacionado con la responsabilidad institucional de la votación. Gigliani insistió en que, una vez aprobado, el expediente dejaría de ser simplemente una iniciativa de un concejal para convertirse en un documento público del Concejo.
En ese momento, la concejala advirtió que mostraría a la prensa "el mamarracho" que, según su criterio, estaba a punto de aprobarse y señaló que el documento llevaría la firma de la presidenta del cuerpo.
Schmuck respondió desde su banca: "Si está mi firma, no...". El intercambio dejó expuesto uno de los argumentos centrales de Gigliani: su preocupación no era solamente por el contenido político de la declaración, sino por que la Presidencia terminara suscribiendo institucionalmente un expediente cuya redacción había sido cuestionada durante buena parte del debate.
Su participación quedó así limitada a ese gesto de acompañamiento, sin tomar la palabra para defender el contenido de la declaración ni para responder a los cuestionamientos formulados durante la sesión.
Mientras se desarrollaba la discusión apareció otro foco de tensión: los gritos provenientes de la barra. Gigliani había advertido que desde el público se estaba interrumpiendo el debate y planteó la posibilidad de solicitar su desalojo.
Franco Volpe (La Libertad Avanza) respondió señalando que durante sus dos años como concejal había recibido silbidos en otras oportunidades sin que, según su relato, se hubiera producido una intervención semejante.
La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, tomó entonces la palabra y marcó un límite. Defendió el carácter público de las sesiones y sostuvo que la barra puede aplaudir o vitorear a un concejal, pero no puede utilizarse para abuchear a quien piensa distinto.
"No voy a permitir" que una "hinchada" vaya contra otro concejal, fue el sentido de su intervención. El intercambio agregó tensión a una discusión que ya venía cargada de reproches políticos.
Franco Volpe defendió el tratamiento del expediente y rechazó que las objeciones técnicas justificaran devolverlo a comisión. Argumentó que la iniciativa había permanecido 15 días en tratamiento y había pasado por dos reuniones de comisión, por lo que los bloques habían tenido oportunidad de plantear allí sus reparos.
También cuestionó la participación de algunos sectores en ese ámbito y sostuvo que, una vez que el expediente había llegado al recinto con los votos necesarios, correspondía avanzar con la votación. Fue quien formalmente pidió pasar a votar.
Gigliani volvió a responder. Su argumento fue que una cosa era utilizar una comisión para discutir el fondo de un proyecto y otra muy distinta tener que dedicarla a explicar cuestiones elementales de técnica legislativa.
Insistió en que no correspondía que los concejales tuvieran que enseñar cómo se redacta una declaración, que se incorporaran estadísticas sin fuentes o que un proyecto cuyo objeto era el Plan Bandera terminara incluyendo una extensa enumeración de otras políticas.
La vicepresidenta primera, Norma López (Comunidad), también respondió a las críticas sobre su participación en comisión y ofreció, con ironía, ponerse a disposición para explicar cómo se escribe e investiga un proyecto. Recordó además que el propio Concejo Municipal cuenta con instancias de capacitación para concejales, concejalas y equipos de asesores.
Luego llevó la discusión al contenido del expediente. Enumeró antecedentes regulatorios y administrativos que muestran que las políticas de bloqueo de celulares e instalación de inhibidores en establecimientos penitenciarios no comenzaron con las medidas reivindicadas en la declaración, sino que tienen antecedentes de varios años.
Uno de los puntos que planteó fue la situación de Santa Fe frente a las resoluciones nacionales que extienden mecanismos de bloqueo a las provincias. La provincia todavía no adhirió a esas disposiciones, por lo que López cuestionó que el expediente incluyera un beneplácito relacionado con su aplicación en territorio santafesino.
También señaló que no se habían incorporado auditorías técnicas externas ni informes de organismos de control que permitieran comprobar la incidencia real de esos sistemas sobre la criminalidad y la violencia dentro de las cárceles.
La concejala aclaró que sus cuestionamientos no implicaban desconocer la gravedad de la violencia que atravesó Rosario. Su planteo, insistió, era exigir seriedad en la forma de medir los resultados y atribuirlos a determinadas políticas públicas.
Según el análisis que expuso, el expediente reúne en una misma declaración estadísticas criminales, políticas contra el narcomenudeo, violencia vinculada al narcotráfico, despliegue de fuerzas federales, actuación de la policía provincial, el régimen penal juvenil —que comenzó a aplicarse apenas unos días antes de la sesión— y distintas leyes, resoluciones y políticas de seguridad.
Para López, esa acumulación dificulta establecer una relación concreta entre cada medida y los resultados que el proyecto pretende celebrar. Su crítica apuntó, en definitiva, a la posibilidad de atribuir resultados a políticas con distintos períodos de implementación y objetivos diferentes, algo que, a su entender, requería un análisis mucho más preciso antes de convertir esa evaluación en una declaración oficial del Concejo.
También cuestionó la utilización de los nombres de víctimas de hechos violentos durante el debate. Sostuvo que las personas asesinadas en Rosario no pertenecen a ningún partido político y que utilizar sus historias en una disputa partidaria podía resultar una falta de respeto para sus familias.
Después de todos esos cruces llegó el momento de definir si el proyecto regresaba a comisión. La moción para revisarlo y trabajarlo nuevamente no consiguió los votos necesarios.
Por lo tanto, el expediente permaneció en el recinto y avanzó hacia la votación definitiva. Finalmente se votaron las abstenciones y la declaración resultó aprobada.
El Concejo Municipal terminó así expresando formalmente su beneplácito por los resultados atribuidos a la implementación y continuidad del Plan Bandera en Rosario y su área metropolitana.
El dato político de la jornada, sin embargo, no estuvo solamente en el resultado de la votación.
El proyecto que terminó aprobado había sido cuestionado durante la sesión por concejales de distintos espacios —incluso por quienes dijeron coincidir con aspectos centrales del Plan Bandera— debido a su técnica legislativa, a la forma de presentar las estadísticas y a la inclusión de normas y políticas que excedían, según sus críticas, el objeto de la declaración.
La discusión dejó además una pregunta de fondo: si el Concejo quería reconocer los resultados del Plan Bandera, ¿por qué no limitar la declaración a evaluar ese programa y respaldar esa evaluación con datos, fuentes y una metodología clara?
La respuesta no surgió del debate. Lo que sí quedó claro es que, mientras la comunicación institucional redujo la sesión a la aprobación de un beneplácito por el Plan Bandera, en el recinto hubo bastante más para contar.
