En diálogo con Señales, Pate Palero, directora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir, analiza el caso de Paola Ortiz, quien después de más de 13 años presa recuperó la libertad. Había sido condenada a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo tras atravesar un parto en avalancha, sin asistencia médica y en un contexto de extrema vulnerabilidad. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba revisó aquella sentencia, reconoció que no había sido juzgada con perspectiva de género y fijó una pena equivalente al tiempo que ya había cumplido. Para Palero, el caso expone los prejuicios que todavía pesan sobre las mujeres cuando la Justicia mira una emergencia obstétrica como si fuera un delito.
Una historia que apareció casi por casualidad
Paola Ortiz estaba presa desde hacía más de una década cuando su historia llegó, casi de casualidad, a las abogadas de Católicas por el Derecho a Decidir. Ellas realizaban una investigación sobre determinadas sentencias cuando encontraron su expediente. Lo leyeron y algo empezó a resultar evidente: allí podía haber una injusticia.
"Es una mujer que nunca fue escuchada en el juicio", cuenta Pate Palero. La defensa oficial, según reconstruye, había sido deficiente y no había apelado ninguna de las instancias. Para una mujer pobre, con poco conocimiento sobre sus derechos y atravesada por una situación de extrema vulnerabilidad, aquella maquinaria judicial había avanzado sin detenerse demasiado a escuchar qué había sucedido.
Era 2012. La perspectiva de género todavía no estaba instalada en la Justicia, y mucho menos había logrado atravesar de manera transversal las decisiones judiciales. Hoy, admite Palero, esa batalla continúa: todavía cuesta incorporar esa mirada en cada expediente, en cada sentencia, en cada interpretación.
Las abogadas comenzaron entonces a vincularse con Paola y a reconstruir su historia.
Pobre, sin una defensa adecuada, con escaso conocimiento de sus derechos y sin posibilidades reales de revertir lo que estaba ocurriendo, terminó estigmatizada por la sociedad y por los medios. Era, además, un pueblo pequeño. La condena tuvo una dimensión social que excedió el expediente judicial.
En 2015 recibió prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo. La sentencia quedó firme.
Lo que la primera sentencia no quiso -o no pudo- ver
Cuando las organizaciones llegaron a la causa, el problema ya no era solamente qué había ocurrido en aquel parto. La pregunta era qué elementos habían quedado afuera de la mirada judicial.
La revisión impulsada por sus abogadas, Rocío García Garro y Julia Luna, y acompañada por organizaciones feministas, de derechos humanos y académicas, puso sobre la mesa una dimensión que la condena original no había considerado adecuadamente: las condiciones concretas en las que vivía Paola.
La pobreza. La violencia. La dependencia económica y habitacional. La ausencia de redes de apoyo. Las circunstancias propias del parto y del puerperio. La desigualdad estructural. Los mandatos de género relacionados con la reproducción. Todo eso, plantea Palero, debía formar parte de la historia.
No se podía analizar una emergencia obstétrica como si hubiera ocurrido en el vacío.
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba revisó finalmente aquella condena y reconoció que la sentencia original no había incorporado una perspectiva de género. No absolvió a Paola, pero modificó sustancialmente la pena.
Fijó una condena de 13 años, 9 meses y 26 días: exactamente el tiempo que ya había pasado privada de su libertad. La consecuencia fue inmediata. Paola recuperó la libertad. Para quienes la acompañaron, fue una reparación importante, aunque incompleta.
Porque el tribunal no se pronunció sobre una cuestión central para las organizaciones: el nacimiento sin vida que Paola había relatado. Y por eso, explica Palero, están evaluando si ese aspecto puede ser llevado a otras instancias internacionales.
La posición de quienes la acompañan sigue siendo contundente: sostienen que Paola no es culpable.
Una historia que apareció casi por casualidad
Paola Ortiz estaba presa desde hacía más de una década cuando su historia llegó, casi de casualidad, a las abogadas de Católicas por el Derecho a Decidir. Ellas realizaban una investigación sobre determinadas sentencias cuando encontraron su expediente. Lo leyeron y algo empezó a resultar evidente: allí podía haber una injusticia.
"Es una mujer que nunca fue escuchada en el juicio", cuenta Pate Palero. La defensa oficial, según reconstruye, había sido deficiente y no había apelado ninguna de las instancias. Para una mujer pobre, con poco conocimiento sobre sus derechos y atravesada por una situación de extrema vulnerabilidad, aquella maquinaria judicial había avanzado sin detenerse demasiado a escuchar qué había sucedido.
Era 2012. La perspectiva de género todavía no estaba instalada en la Justicia, y mucho menos había logrado atravesar de manera transversal las decisiones judiciales. Hoy, admite Palero, esa batalla continúa: todavía cuesta incorporar esa mirada en cada expediente, en cada sentencia, en cada interpretación.
Las abogadas comenzaron entonces a vincularse con Paola y a reconstruir su historia.
En el centro estaba un parto ocurrido de manera abrupta. Paola ya tenía tres hijos. Pero ser madre no significaba, como se desprendía de la mirada que terminó imponiéndose sobre ella, estar naturalmente preparada para resolver un parto en cualquier circunstancia.
"Eso no nos da un seminario de maternidad por sí", plantea Palero. El nacimiento había ocurrido, según el relato de Paola y la descripción de uno de los peritos, "en avalancha": sin un aviso previo, como una situación que se precipitó de golpe y que ella no pudo tramitar. Paola sostuvo que el nacimiento había sido sin vida y que la experiencia había sido profundamente traumática.
A pesar de ese relato, terminó acusada de haber matado al producto de aquel parto.
El expediente y los prejuicios
La acusación por homicidio agravado por el vínculo se apoyó, explica Palero, en relatos de un policía y estuvo atravesada por una serie de prejuicios y mandatos acerca de lo que se supone que una mujer debe ser y hacer.
No se trataba solamente de determinar qué había ocurrido durante aquel parto. También parecía operar una idea previa sobre quién debía ser Paola.
Una mujer —y especialmente una madre— debería saber. Debería poder. Debería cuidar. Debería responder. Debería comportarse de acuerdo con aquello que se espera de ella.
En esa mirada también aparecen otros estereotipos: que las mujeres mienten, que siempre esconden una segunda intención, que sus relatos son sospechosos o que detrás de determinadas conductas puede haber algo perverso.
Palero encuentra incluso una raíz mucho más antigua en esa forma de observar a las mujeres. Menciona el Malleus Maleficarum (El martillo de las brujas), el tratado sobre la brujería escrito por dos frailes dominicos y publicado en Estrasburgo en 1487, históricamente asociado con la persecución de las mujeres acusadas de brujería. Según sostiene, algunas de las imágenes allí construidas dejaron una huella perdurable en el derecho occidental: la mujer asociada con la maldad, la brujería, las intenciones ocultas y el engaño.
"Todas esas cosas me parece que en algunos casos, como en este, persisten para mirar a las mujeres", dice. Paola, mientras tanto, había quedado atrapada en esa mirada.
"Eso no nos da un seminario de maternidad por sí", plantea Palero. El nacimiento había ocurrido, según el relato de Paola y la descripción de uno de los peritos, "en avalancha": sin un aviso previo, como una situación que se precipitó de golpe y que ella no pudo tramitar. Paola sostuvo que el nacimiento había sido sin vida y que la experiencia había sido profundamente traumática.
A pesar de ese relato, terminó acusada de haber matado al producto de aquel parto.
El expediente y los prejuicios
La acusación por homicidio agravado por el vínculo se apoyó, explica Palero, en relatos de un policía y estuvo atravesada por una serie de prejuicios y mandatos acerca de lo que se supone que una mujer debe ser y hacer.
No se trataba solamente de determinar qué había ocurrido durante aquel parto. También parecía operar una idea previa sobre quién debía ser Paola.
Una mujer —y especialmente una madre— debería saber. Debería poder. Debería cuidar. Debería responder. Debería comportarse de acuerdo con aquello que se espera de ella.
En esa mirada también aparecen otros estereotipos: que las mujeres mienten, que siempre esconden una segunda intención, que sus relatos son sospechosos o que detrás de determinadas conductas puede haber algo perverso.
Palero encuentra incluso una raíz mucho más antigua en esa forma de observar a las mujeres. Menciona el Malleus Maleficarum (El martillo de las brujas), el tratado sobre la brujería escrito por dos frailes dominicos y publicado en Estrasburgo en 1487, históricamente asociado con la persecución de las mujeres acusadas de brujería. Según sostiene, algunas de las imágenes allí construidas dejaron una huella perdurable en el derecho occidental: la mujer asociada con la maldad, la brujería, las intenciones ocultas y el engaño.
"Todas esas cosas me parece que en algunos casos, como en este, persisten para mirar a las mujeres", dice. Paola, mientras tanto, había quedado atrapada en esa mirada.
Pobre, sin una defensa adecuada, con escaso conocimiento de sus derechos y sin posibilidades reales de revertir lo que estaba ocurriendo, terminó estigmatizada por la sociedad y por los medios. Era, además, un pueblo pequeño. La condena tuvo una dimensión social que excedió el expediente judicial.
En 2015 recibió prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo. La sentencia quedó firme.
Lo que la primera sentencia no quiso -o no pudo- ver
Cuando las organizaciones llegaron a la causa, el problema ya no era solamente qué había ocurrido en aquel parto. La pregunta era qué elementos habían quedado afuera de la mirada judicial.
La revisión impulsada por sus abogadas, Rocío García Garro y Julia Luna, y acompañada por organizaciones feministas, de derechos humanos y académicas, puso sobre la mesa una dimensión que la condena original no había considerado adecuadamente: las condiciones concretas en las que vivía Paola.
La pobreza. La violencia. La dependencia económica y habitacional. La ausencia de redes de apoyo. Las circunstancias propias del parto y del puerperio. La desigualdad estructural. Los mandatos de género relacionados con la reproducción. Todo eso, plantea Palero, debía formar parte de la historia.
No se podía analizar una emergencia obstétrica como si hubiera ocurrido en el vacío.
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba revisó finalmente aquella condena y reconoció que la sentencia original no había incorporado una perspectiva de género. No absolvió a Paola, pero modificó sustancialmente la pena.
Fijó una condena de 13 años, 9 meses y 26 días: exactamente el tiempo que ya había pasado privada de su libertad. La consecuencia fue inmediata. Paola recuperó la libertad. Para quienes la acompañaron, fue una reparación importante, aunque incompleta.
Porque el tribunal no se pronunció sobre una cuestión central para las organizaciones: el nacimiento sin vida que Paola había relatado. Y por eso, explica Palero, están evaluando si ese aspecto puede ser llevado a otras instancias internacionales.
La posición de quienes la acompañan sigue siendo contundente: sostienen que Paola no es culpable.
La madre que la sociedad espera
El caso vuelve una y otra vez sobre una pregunta incómoda: ¿qué significa ser una "buena madre" y quién decide cuándo una mujer cumplió con ese mandato?
Palero responde desde una tradición de décadas de feminismo y organización de mujeres. Los estereotipos, dice, no desaparecen porque cambien las leyes. Siguen presentes en la cultura y también en quienes interpretan y aplican esas leyes.
El caso vuelve una y otra vez sobre una pregunta incómoda: ¿qué significa ser una "buena madre" y quién decide cuándo una mujer cumplió con ese mandato?
Palero responde desde una tradición de décadas de feminismo y organización de mujeres. Los estereotipos, dice, no desaparecen porque cambien las leyes. Siguen presentes en la cultura y también en quienes interpretan y aplican esas leyes.
Está la idea de que las mujeres deben ser madres en cualquier circunstancia. Que tienen que estar al servicio del cuidado. Que deben ser sumisas, calladas y obedientes, especialmente frente a figuras masculinas. Que lo doméstico y el cuidado son atributos naturales de las mujeres. Pero nada de eso es natural, sostiene.
Son construcciones culturales. Y aunque tienen una enorme fuerza, también pueden modificarse.
Palero vincula esos mandatos con un modelo capitalista y patriarcal que históricamente invisibilizó el trabajo doméstico y reproductivo de las mujeres, sin reconocer su verdadero peso en el funcionamiento de la sociedad.
En el caso de Paola, esos mandatos terminaron convirtiéndose en una vara con la que se midió su comportamiento. "Paola es una simple mujer de barrio que hizo lo que pudo con su realidad", dice Palero. Y fue castigada, agrega, desde una mirada "muy androcéntrica, muy patriarcal".
Trece amicus curiae y una pelea colectiva
La revisión de la condena no fue obra de una sola organización ni de una sola persona. Detrás del expediente se desplegó un trabajo colectivo.
Fueron 13 los amicus curiae que llegaron al proceso. Participaron organizaciones como el CELS, Amnistía Internacional, ELA e Innocence Project, además de organizaciones locales e internacionales y especialistas que aportaron argumentos para mirar el caso desde distintas perspectivas.
Palero destaca especialmente esa articulación.
No lo presenta como un gesto de falsa humildad. Para ella, la intervención colectiva es una de las fortalezas históricas del movimiento feminista y de derechos humanos: organizaciones diferentes que ponen en común saberes, experiencias y herramientas para intervenir allí donde una injusticia necesita ser revisada.
El propio tribunal tomó argumentos de esos amicus curiae. "Esa es una construcción de capital intelectual que el movimiento le ha dado a las democracias", sostiene Palero. Y esa construcción también explica por qué un caso como el de Paola consigue trascender sus propios límites.
Porque Paola no es la única.
Paola y Belén: cuando una emergencia llega al fuero penal
Palero menciona el caso de Belén. Son historias diferentes, aclara, pero tienen algo en común: ambas muestran cómo una emergencia obstétrica puede terminar convertida en una causa penal contra una mujer. La comparación permite mirar más allá de un expediente concreto.
¿Qué sucede cuando una mujer atraviesa una situación vinculada con el embarazo, el parto o el puerperio y la primera respuesta institucional no es comprender el contexto, sino sospechar, investigar y castigar? Para Palero, allí aparece un problema estructural.
También observa con preocupación el discurso actual sobre las llamadas "falsas denuncias", que considera una construcción falaz que continúa operando y que puede contribuir a naturalizar injusticias y desigualdades más amplias.
Por eso, la discusión sobre Paola no termina con Paola. La pregunta es qué tiene que cambiar para que la próxima emergencia obstétrica no vuelva a transformarse en una acusación penal.
Los derechos no se regalan
Palero ubica esta discusión dentro de una historia más larga. Argentina se prepara para el 39.º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades en Córdoba, pero el movimiento de mujeres tiene una historia mucho más extensa que la de los encuentros.
Durante décadas, esa construcción plural, federal e intergeneracional consiguió transformar demandas en leyes y construir un marco normativo que hoy resulta fundamental.
Pero hay algo que también aprendieron en el camino: las leyes no se defienden solas. Los derechos deben sostenerse todos los días, en cada lugar y frente a cada contexto. Deben ser defendidos y argumentados porque son conquistas, no concesiones.
Y cada conquista, dice Palero, implica también disputar privilegios de sectores que históricamente tuvieron ventajas sobre otros.
Por eso, en un momento en que existe un fuerte cuestionamiento al sistema político, entiende que también hay que "poner el ojo en la Justicia". El caso Paola obliga justamente a mirar allí.
Una libertad que todavía tiene que reconstruirse
Pate Palero vio a Paola personalmente el día anterior a la conversación. La encontró fuerte. "Increíblemente fuerte", repite.
Después de más de 13 años en prisión, ahora tiene que reconstruir su vida. Volver a armar su contexto. Recuperar vínculos. Recomponer una cotidianeidad que quedó suspendida durante más de una década.
Pero algo ya estaba allí. Los vínculos. Algunos construidos antes de la prisión. Otros nacidos dentro del penal. También las compañeras con las que compartió esos años y que ahora, algunas de ellas, ya recuperaron su propia libertad.
Paola está tejiendo nuevamente esa red. Palero habla entonces de una "resiliencia popular". Una cultura popular que resiste, que acompaña, que construye vínculos incluso en los lugares más adversos.
Se emociona cuando lo cuenta.
Quizás porque en esa imagen aparece algo que no figura en ninguna sentencia: una mujer que, después de haber sido convertida durante años en un expediente, vuelve a ser una persona que tiene que reconstruir su vida.
La Justicia modificó su condena. Le permitió salir de prisión. Reconoció que aquella primera sentencia había sido dictada sin perspectiva de género y que las condiciones de vulnerabilidad habían sido insuficientemente consideradas.
Pero todavía quedó una pregunta abierta sobre el fondo de la acusación.
Por eso, para quienes acompañan a Paola, su libertad no representa el final de la historia. Representa apenas un punto de inflexión.
También una advertencia: una emergencia obstétrica no puede ser analizada separada de las condiciones sociales, económicas y culturales en las que ocurre. Y una mujer no debería ser juzgada por no haber encarnado el modelo de maternidad que otros construyeron para ella.
En esa disputa se juega algo que excede el nombre de Paola Ortiz. Se juega la posibilidad de que la próxima mujer que atraviese una emergencia obstétrica sea escuchada antes de ser sospechada, comprendida antes de ser estigmatizada y juzgada con todas las circunstancias de su historia sobre la mesa.
Porque, como insiste Palero, ninguna emergencia obstétrica debería ser considerada automáticamente un delito. Como mínimo, debe ser entendida en el contexto de la desigualdad estructural y de los mandatos patriarcales que todavía pesan sobre la reproducción.
Paola ya está afuera.
Ahora queda por ver qué hará la Justicia con todo lo que su historia volvió a poner delante de sus ojos.
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